Introducción

El presente artículo pretende dar cuenta de las conclusiones de mi tesis de maestría en la cual se analizó el rol del Estado en la producción de los espacios turísticos de las provincias argentinas de Salta y Tucumán durante el período 1930-1955.¹

Desde finales del siglo XIX y a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, la región del noroeste argentino se caracterizó por economías escasamente integradas, sociedades relativamente rígidas, desiguales y con élites muy arraigadas e influyentes. Justamente, sus principales destinos y sitios de ocio eran frecuentados por los miembros de las más respetadas familias, como era el caso de Termas de Rosario de la Frontera en Salta, Villa Nougués o Tafí del Valle en Tucumán. A estos lugares de turismo se le sumaban las capitales provinciales, centros de peregrinaje patriótico que en las temporadas invernales desde principios del siglo XX recibían contingentes de visitantes que arribaban mediante boletos de tren cuyos costos no eran precisamente módicos. Frente a este panorama donde las élites monopolizaban las prácticas y los sitios de recreación y descanso, desde finales de la década del treinta y a lo largo de los años cuarenta, el turismo comenzó a ser pensado como una actividad que podía ser usufructuada por nuevos sectores sociales y que podía granjear muchos beneficios para la identidad y el progreso del país.

En las provincias en estudio, estas premisas ganaron visibilidad en la opinión pública y encontraron consenso entre los sectores dirigentes, independientemente del signo político. Contribuyó a ello, entre otros aspectos, el turismo entendido como tarea patriótica que debía reforzar el sentido de pertenencia a una comunidad imaginaria. Esta concepción dotaba a los casos analizados de una oportunidad crucial para colocarse como centros de atracción nacional. Los roles históricos que asumían Tucumán y Salta para el mito de la “preexistencia de la nación” (Chiaramonte, 1997) podían ser reactualizados a través de la visita a sus sitios y monumentos históricos y patrimoniales. Además, esta mirada nacional se complementaba con la contemplación de paisajes serranos característicos de la región. La factibilidad de estos consumos culturales se creía posible en la medida que los cambios asociados al uso del automóvil desde los años treinta permitieron un entusiasta aunque limitado redescubrimiento de la región hacia el final de la década (Ballent, 2003). Junto con ello, este optimismo era coincidente con la intensa obra vial iniciada por los organismos expertos desde la sanción de la Ley de Vialidad en 1932 (Gruschetsky, 2012). Asimismo, el potencial arribo de “corrientes” de turistas provenientes del litoral traía consigo la promesa de ingentes recursos. “Preparar” a las provincias era un requerimiento público que interpelaba directamente al Estado: se trataba no solo de regular, sino de intervenir directamente en la organización del turismo.

El interés por estos temas está inscripto en los estudios sobre historia de turismo en Occidente (Zuelow & James, 2025), en Latinoamérica (e.g., Cunha & Campodónico, 2005; Pastoriza, 2002; Pastoriza et al., 2019) y, especialmente, en Argentina (e.g., Pastroriza, 2011; Piglia, 2014; Schlüter, 2001). En efecto, la irrupción del turismo de masas luego de la segunda guerra mundial como un fenómeno global y su crecimiento sostenido durante la segunda mitad del siglo XX generó el interés de diversos campos de estudios. En Argentina, este fenómeno fue caracterizado y descripto a partir de la “democratización del bienestar” (Torre & Pastoriza, 2002) —y puntualmente de las prácticas turísticas— iniciada en los años treinta y profundizada durante los años peronistas. No obstante, es preciso matizar que este proceso no se dio de forma lineal y homogénea en el país. Precisamente, se ha señalado que las políticas estatales beneficiaron especialmente a destinos turísticos consagrados como Mar del Plata y Córdoba (Pastoriza, 2011). Como contraparte, este trabajo plantea, a modo de hipótesis, un avance más gradual para los casos de Salta y Tucumán. En efecto, una serie de condiciones de las áreas periféricas en el país y, particularmente, de los Estados de las provincias analizadas obligan a relativizar las velocidades de la ampliación social de las prácticas turísticas en dichas jurisdicciones. Por ello, junto con las perspectivas y metodologías empleadas por la historia local, se buscan auscultar las dinámicas específicas de estos niveles subnacionales (Bonaudo, 2008; Fernández & Corte Caballero, 2001; Ortiz Bergia, 2014; Revel, 2015). Precisamente, esta profusa historiografía ha permitido alumbrar matices a procesos generales donde se tendían a oscurecer las particularidades de provincias, localidades y ciudades. En ese sentido, este artículo propone que no existía un Estado “en singular” que asumiera los distintos desafíos de producción de espacios turísticos en Argentina, sino más bien Estados “en plural” en diferentes niveles escalares (Soprano, 2007; Di Liscia & Soprano, 2017, p. 39). Dichos Estados, lejos de entenderse como entes unívocos, homogéneos, abstractos, racionales y poderosos, se comprenden, junto con los nuevos estudios del Estado (Skocpol, 1985), a partir del desenvolvimiento de normas, agencias, políticas y capacidades.

De este modo, este trabajo busca enriquecer el panorama historiográfico del desarrollo turístico en Argentina enfocando provincias que presentan ritmos particulares y que sólo recientemente han concitado un mayor interés (Rodríguez Buscia, 2022; 2024a; 2024b y 2025). Así pues, resulta loable recuperar dos espacios paradigmáticos: Tucumán y Salta. Esto es, en el primer caso, la principal economía del norte argentino desde finales del siglo XIX (aunque en declive hacia mediados del siglo XX), producto de lo cual sus élites dirigentes buscaban situarla como una “meca” del turismo en el país. En segundo lugar, Salta, la provincia más visitada de la región en la actualidad y cuyo caso conviene analizar a fin de advertir que buena parte de su progreso inicial se debió al accionar del Estado.² Junto con ello, se ponen en diálogo comparativo dos casos contiguos pero con evoluciones divergentes, que llevarían durante la segunda mitad del siglo XX al despegue turístico de Salta y al estancamiento de Tucumán. Esta elección metodológica constituye un ejercicio indispensable para comprender, complejizar y favorecer tanto las comparaciones como las conexiones entre investigaciones en curso. Con ello se buscan identificar tendencias más generales más allá del estudio de casos únicos que, a lo largo de las últimas décadas, ha sido un rasgo preponderante de la agenda historiográfica (Bacolla et al., 2025).

De esta forma, el artículo se desarrolla a lo largo de tres apartados. En primer lugar se da cuenta de las vinculaciones entre el Estado nacional y los Estados provinciales señalando la importancia de la escala subnacional en materia turística. En segundo término se exploran los cambios y permanencias de las dependencias de turismo y de las políticas públicas en cada provincia, sus puntos de contacto y sus diferencias. Por último, se indagan los alcances de las capacidades estatales, los obstáculos y dificultades que tuvieron para implementar y/o ejecutar proyectos de territorialización turística. Se concluye con apreciaciones sobre las consecuencias sociales de las intervenciones estatales limitadas.

Para llevar a cabo este trabajo se analizaron documentos de Estado tanto del nivel nacional como de las provincias citadas. Entre estos destacan: normativas, memorias de las dependencias estatales y debates parlamentarios. Asimismo, se consultó prensa escrita y revistas especializadas de distinta extracción jurisdiccional.

La fragmentación. ¿La nación o la provincia?

La creación de reparticiones turísticas de distinta jurisdicción tuvo una incidencia divergente en las provincias analizadas. En ellas, cobró especial relevancia la dimensión provincial en tanto eje que articulaba demandas, proyectaba acciones públicas y, en el mejor de los casos, alcanzaba la materialización de las mismas. La hegemonía de esta escala para organizar el turismo quedó demostrada en la multiplicidad de iniciativas públicas llevadas a cabo desde los años treinta y en las décadas subsiguientes que apuntaron a una democratización del turismo, aunque limitada y tardía. No obstante, no debe pensarse al Estado provincial como una construcción acabada, sino más bien como una forma que encontraba diseños y estructuras burocráticas en muchos casos endebles y provisorias. Esto quedó demostrado con el estudio del devenir de las múltiples dependencias de turismo que cambiaban de denominaciones, de funciones, de composición, de personal y capacidad de gestionar o no lo planificado. La evolución de estas agencias expresaba, además, la necesidad de readecuación ante desafíos irresueltos o la aparición de nuevos fenómenos que eran de interés estatal.

Los abordajes de fenómenos culturales y sociales a través de la modificación de estructuras institucionales expresaban tendencias de convergencia dispares, procesos de acoplamiento, subsumisión o descoordinación. En los casos de Tucumán y Salta, fue principalmente la provincia a través de sus dependencias turísticas la que se encargó de diseñar políticas públicas y promocionar atractivos. Desde luego, no debe pensarse la actuación de estas dependencias de forma totalmente aislada del vínculo nacional. Justamente, si bien es cierto que los organismos nacionales de turismo no ejecutaban políticas sobre las provincias, el grado de influencia se comprobaba en otra parte, ya que servían de modelos para el debate normativo provincial y como agencias a las cuales era posible imitar en algunas iniciativas. En ese sentido, no debe olvidarse que lo nacional tenía incidencia directa sobre lo provincial desde otros organismos tales como la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos (CNMMyLH) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Rodríguez Buscia, 2023a y 2023b).

Estos elementos permiten considerar que los tipos de interacción estatal entre lo nacional y lo provincial fueron múltiples y relativos. En algunos ámbitos lo nacional tenía poco o ningún grado de atribución, como por ejemplo en el diseño y ejecución de políticas públicas turísticas o en la promoción de atractivos. No obstante, fungía de espejo institucional y ofrecía herramientas culturales que motivaban la organización estatal local (véase cuadro N°1).

Lo provincial en este aspecto tenía una relevancia mayúscula. A lo largo del periodo analizado, los gobiernos de Tucumán y Salta se dotaron de dependencias especializadas en turismo que, en general, buscaron producir espacios turísticos y fomentar el arribo de visitantes. Dicho de otra forma, la producción de políticas turísticas fue encarada por organismos de turismo descentralizados que no respondían ni dependían de la autoridad nacional central. En ese sentido, la autonomía de las provincias explica el diseño institucional y la ejecución de acciones públicas específicas. Las relaciones entre ambas jurisdicciones fueron más bien escasas e indirectas, por lo que puede afirmarse que la política pública de organización del turismo en los casos abordados fue sobre todo y fundamentalmente descentralizada.

Así, los diseños institucionales plasmaban confluencias como las observadas entre turismo y vialidad. Ya sea a través de agencias aglutinantes, como la primigenia Junta General de Vialidad y Turismo de Tucumán de 1930, o bien, mediante dependencias disociadas cuyas funciones contribuían a alimentar campos colindantes. Las dependencias de vialidad nacional y provincial apuntaron entre sus funciones al despegue turístico de gran parte del país y, puntualmente, de los casos analizados.

Asimismo, determinados elementos políticos-culturales, como la construcción del folclore como objeto de consumo turístico desde una perspectiva nacional, fueron reforzados por los Estados provinciales a través de políticas y oficinas públicas específicas. Por ejemplo, la provincia de Salta alumbró una dirección de turismo que contuviera entre sus principales potestades propiciar “la divulgación de las costumbres y el folclore” (Boletín Oficial de la Provincia de Salta, 18/3/1954).

Otra forma de relación asumida por las dependencias traducía distintos grados de solapamiento o complementariedad. Estos tipos de vínculos se comprobaron especialmente a nivel interprovincial en la medida que un diagnóstico común en ambas provincias analizadas consistía en promocionar sus sitios turísticos, principalmente en la Capital Federal. Para ello coincidieron en la inauguración de edificios públicos en dicho territorio que funcionaron como una suerte de sedes provinciales. En el caso salteño, el ordenamiento turístico supra-provincial se reflejó en la creación de la Oficina de Coordinación Federal y Turismo y en el caso tucumano en el establecimiento de la “Casa de Tucumán”, ambas inauguradas durante 1950 en la ciudad de Buenos Aires. Estas oficinas funcionaban simultáneamente como replicadoras de distintas medidas de las direcciones de turismo provinciales y también como entes dinámicos con autonomías relativas para impulsar diferentes eventos de promoción y/o informar a los potenciales turistas “porteños”.

El turismo en los casos estudiados, salvo algunos convenios aislados o apoyos coyunturales, no fue organizado por el Estado Nacional. Si se repasan rápidamente la evolución de las dependencias de turismo nacional, se comprueba que sus limitadas potestades no alcanzaban a las provincias en estudio.

Las agencias de turismo de finales de la década de 1930 y principios de la década de 1940 constituyeron experiencias efímeras sin presupuesto. La Dirección de Parques Nacionales y su acción en la Patagonia Andina y en Iguazú desde 1934 (año de su creación) tampoco tuvo incidencia fáctica en las provincias abordadas, aunque la construcción del Gran hotel Llao-Llao motivó admiración y sirvió de inspiración para la elaboración de proyectos estatales. De hecho, en base a ello el gobierno conservador sancionó la ley de fomento hotelero 12.669 de 1940 que preveía la construcción de hosterías en distintos puntos del país y especialmente en el noroeste argentino. Producto de esta iniciativa se habilitó el gran hotel de Catamarca en 1941 y se previeron nuevas construcciones dentro de las cuales se hallaba favorecida Cafayate, en Salta. La Administración General de Parques Nacionales y Turismo (AGPNyT) creada en 1944 tampoco tuvo impacto en la definición de políticas públicas o en el desarrollo turístico de ciertos espacios en las provincias analizadas.³ Cabe recordar que la AGPNyT estaba habilitada a actuar en los territorios nacionales, la ciudad de Buenos Aires y en cualquier provincia que les cediera sus prerrogativas organizativas o bien firmara acuerdos específicos (Boletín Oficial de la República Argentina [BORA], 29/3/1949).Por ejemplo, el interés por promocionar los atractivos salteños en los principales centros urbanos del país -en el marco de las limitaciones de la burocracia provincial- llevó a un acuerdo entre la Dirección Provincial de Turismo y el Ministerio de Transportes de la Nación a finales de 1949, por el cual esta oficina nacional se hizo cargo de la propaganda turística de la provincia.⁴No obstante, en los casos de Tucumán y Salta, fue principalmente la provincia a través de sus dependencias turísticas la que se encargó de diseñar políticas públicas y promocionar atractivos (véase Figura 1).

Los atributos y formas institucionales que adoptaban los organismos provinciales implicaban procesos de fundamentación pública que no estaban exentos de tensiones políticas internas y que, asimismo, eran el resultado de miradas en clave de consumo turístico sobre determinados aspectos y/u objetos de la realidad social. Por ejemplo, en los debates parlamentarios que trataron la ley de turismo de Tucumán de 1936, si bien es cierto que se exaltó favorablemente el caso organizativo de Parques Nacionales o las experiencias de Buenos Aires y Mendoza, gran parte de la resolución del proyecto presentado dependía de las tensiones políticas tucumanas. Es decir, a pesar de que el Estado nacional no intervino directamente sobre las provincias, sí lo hizo en tanto forma de proyectar diseños institucionales y planear acciones públicas específicas. En síntesis, los casos provinciales no fueron un reflejo de lo nacional, pero sí se vieron influenciados en la forma de organizar lo estatal.

Figura 1

Folleto de promoción turística de Salta

Fuente: Dirección Provincial de Turismo y Cultura, 1954.

Por otro lado, la mirada nacional contribuyó a afianzar determinadas políticas y bloquear otras, ayudó a establecer urgencias y formas de organizar el Estado para alcanzar fines específicos. La modificación en las formas de movilidad como consecuencia del triunfo cultural del automóvil (Giucci, 2007) condicionó la estructuración estatal y prefiguró el tipo de desplazamiento en el país y especialmente en las provincias abordadas. De esta manera se modificó el paradigma que expresaba que la mejor manera de conocer el norte era realizando un conjunto de paradas a lo largo del recorrido que ofrecía el ferrocarril. Desde los años treinta, la prensa nacional consideró que el automóvil brindaba una posibilidad de hacer turismo coincidente con la geografía norteña. Se podía recorrer sin límite de tiempo y con mucho más detenimiento un enorme conjunto de objetos turísticos, desde capillas situadas en pequeños pueblos aislados, quebradas o cuestas famosas, hasta la cultura de los habitantes de distintas localidades. Así pues, la posibilidad de conocer asociada a la forma de movilidad interpelaba al Estado en la construcción de carreteras. Las vías de comunicación nacional elaboradas por la DNV estuvieron acompañadas por una extensa malla de caminos provinciales y municipales. Sin embargo, en muchos casos, la prioridad fundamental de la nación fue la creación de carreteras que se dirigieran hacia sitios de distribución y comercialización productiva, no necesariamente turísticos, aunque esto no era excluyente.

De ese modo, la DNV postergaba la construcción carretera hacia muchos sitios que las élites dirigentes de los Estados provinciales consideraban, siguiendo los estándares internacionales de la contemplación paisajística, dignos de ser conocidos. En ese sentido, la concepción cultural por la cual el norte del país estaba representado por paisajes montañosos llevaba a que las provincias se preocuparan por el acceso a dichos sitios. Junto con ello, la visión preponderante de las direcciones de vialidad nacional y provincial en el trazado carretero estaba imbuida por el ambiente técnico que recomendaba la construcción de carreteras panorámicas. De ese modo se integraban un conjunto de fenómenos: visión arquetípica del paisaje del noroeste, uso extendido del automóvil, reclamo por carreteras y diseño específico de las mismas por parte de las dependencias estatales especializadas.

Rupturas o permanencias. Agencias y políticas públicas

Durante el periodo conservador el surgimiento de las agencias especializadas en turismo se produjo como consecuencia de un evidente interés estatal por regular las relaciones sociales y la economía nacional. En ese marco, un primer antecedente de una política de características centralizadas, fue la ensayada por la Dirección de Parques Nacionales (DPN), organismo creado en 1934. Además de una labor eminentemente conservacionista, la DPN se encargó de construir material y simbólicamente espacios turísticos en áreas ciertamente consagradas estéticamente. A partir de este antecedente, las administraciones de Ortiz y Castillo procuraron crear una agencia nacional específicamente encargada de la política turística. De la misma forma que la DPN, estas dependencias estatales se proponían avanzar en formas más activas de intervención que excedían la función de fomento y propaganda. Apuntaban al otorgamiento del crédito hotelero, la construcción de hoteles y campamentos, la organización del turismo popular (o al menos de viajes para maestros, empleados y estudiantes), la regulación de los servicios turísticos, etc. Sin embargo, a diferencia del accionar de la DPN que suponía la turistificación de lugares previamente seleccionados como “bellezas” de acuerdo a criterios estéticos canónicos, las políticas de fines de los años treinta y principios de la década del cuarenta partían de la premisa de que casi cualquier cosa —un atributo natural, un rastro de la historia nacional, un testimonio de la modernización y la obra de gobierno— podía convertirse en un atractivo turístico si el Estado invertía en hoteles, caminos y propaganda. Por otra parte, y también a diferencia de la política de la DPN, estos organismos se planteaban como destinados a atender y posibilitar un turismo “nacional”, no solo de élites sino también de sectores medios y medios bajos, ávidos de conocer su país (Piglia, 2012a, p. 16).

En Tucumán y en Salta, las élites dirigentes concurrencistas y conservadoras, respectivamente, apuntalaron estas concepciones nacionales e impulsaron la creación de instrumentos estatales que permitieran “organizar, dirigir, controlar y fomentar” el turismo hacia sus provincias. El principal justificativo que encontraron fue el del turismo como fuente de recursos y como posibilidad de progreso material. En la medida que las “corrientes de turismo provenientes del litoral” arribaran a los distintos sitios y lugares turísticos se produciría un efecto benéfico para los sectores urbanos comerciantes, gastronómicos y hoteleros. Los legisladores de ambas provincias observaban los casos exitosos de Europa occidental, incluyendo los Estados fascistas, EE. UU. y Argentina, especialmente, Mar del Plata, y consideraban que sus distritos tendrían la misma suerte si se aplicaban los incentivos y las políticas adecuadas. Este optimismo estaba asentado en la premisa de que la causa principal del no arribo de turistas era el “desconocimiento”. Así, las primeras agencias se nutrieron de atribuciones que apuntaban a “difundir” las bellezas y las distintas características de las provincias. De esa manera, una de las principales y primeras funciones fue la promoción y publicidad de atractivos, pero también la misión informativa a través de la edición de guías donde se consignaban estadísticas, precios, condiciones de alojamiento, etc. (véase figura N°2). Estas funciones de las reparticiones de turismo de las provincias fueron coincidentes con las de las dependencias nacionales de 1938, 1941 y 1942, las cuales planteaban recurrentemente organizar y realizar la propaganda adecuada dentro del país y en el exterior (BORA, 30/03/1938, p. 3842; BORA, 04/03/1941, p. 2; BORA, 11/07/1942, p. 3).

Figura N° 2

Folleto de promoción turística de la provincia de Tucumán

Fuente: Dirección Provincial de Turismo de Tucumán, 1950.

Por otra parte, las agencias de ambos distritos buscaron ejecutar instrumentos y diseñar mecanismos para abrir los espacios de turismo y el tiempo libre a nuevos sectores sociales. Por ejemplo, en Tucumán hacia 1942 sus diputados plantearon la necesidad de organizar el “turismo económico al interior de la provincia para las escuelas, los estudiantes, empleados y obreros” (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores de Tucumán, 11/5/1942, p. 363). Estas primeras referencias no estaban exentas de contradicciones ya que coexistían con prácticas de ocio de élite y una opinión pública que mencionaba que “solo hace turismo la clase adinerada” (El Orden (8/10/1936). Hace turismo la gente adinerada, p. 4). No obstante, las primeras alusiones en debates parlamentarios y en normativas —con escaso margen y capacidad de aplicación— permiten matizar la idea de la “invención peronista del ocio popular”, tal como advirtieron Torre y Pastoriza (2002). La apertura vial favoreció este proceso, permitiendo el acceso hacia zonas “aisladas” y apropiadas históricamente por las élites. En ese sentido, la rápida habilitación de la red de carreteras, principalmente de jerarquía nacional, hacia los distintos lugares turísticos, fue el resultado de la confluencia entre la DNV y los Estados provinciales.

La continuidad observada en el periodo se refleja también en otro elemento que el peronismo consideraba inherente a sus políticas: el reconocimiento de prácticas folclóricas y su transformación en objetos de consumo para un público local y nacional. Como señala Chamosa (2012), el nacionalismo de los gobiernos previos al peronismo consideró a los pobladores del “interior profundo” como actores que contenían una sabiduría ancestral, sencilla, incontaminada (p. 13). Esta metafísica que ponía a resguardo la protección de la familia, la religión católica y la patria, se externalizaba en prácticas asumidas como rituales. Así, las primeras dependencias de turismo de Tucumán tuvieron a su cargo, por ejemplo, la organización de los festejos de la zafra y la trilla, como así también la organización de la semana de julio. En Salta, por su parte, hacia 1942 se propiciaba la organización de fiestas regionales, domas, etc.; pero también —y muy especialmente— la venta de productos regionales y el fomento de tejedurías y ponchos.

De esta manera, el periodo peronista supone una reconfiguración y resignificación de los recursos estatales de un periodo anterior, lo cual se tradujo en una ampliación de las capacidades estatales y la disponibilidad de mayores fondos. En efecto, las nuevas dependencias de turismo provincial creadas durante la etapa 1943-1955 supusieron un continuismo en el enfoque empleado respecto al turismo con una intensificación de la intervención estatal. Así, inspeccionaron precios de hoteles y tarifas de transporte; aprobaron planos de construcción de alojamientos; examinaron normas sanitarias y supervisaron el funcionamiento de agencias de turismo privadas. Este cariz normativo de mayor vigilancia fue acompañado por una tendencia que buscó ordenar las expresiones folclóricas válidas mediante la exaltación a través de ferias, festivales o eventos específicos. El Estado provincial salteño modificó su estructura burocrática con el fin de contener y organizar dichas celebraciones. Para ello creó en 1954 la Dirección de Turismo y Cultura cuyo objeto fue divulgar las costumbres y el folclore a todos los sectores de la sociedad. Se buscaba ampliar los márgenes sociales del consumo turístico incorporando un universo controlado de objetos que eran concebidos como identitarios de una cultura prístina y supuestamente inalterada del pueblo salteño.

Ahora bien, la transformación de las agencias estatales durante los años peronistas entendida como una readecuación de las condiciones institucionales previas, también tuvo su correlato en la implementación de políticas hoteleras. En el caso de las provincias que se analizaron, fueron estas las que se hicieron cargo de la proyección y construcción de alojamientos ante la prescindencia nacional. Ni en Salta ni en Tucumán se construyeron hoteles y hosterías nacionales. Si bien es cierto que el decreto N° 121.537/42 (que funcionó como una ampliación de la ley de fomento hotelero N° 12.699/40) preveía beneficiar a Salta con la construcción de dos hosterías, una en la Quebrada del Chañar y otra en Cafayate, ninguno de estos alojamientos fue realizado.

La visión de los gobiernos conservadores buscó que el Estado impulsase el desarrollo de zonas poco conocidas como el noroeste, por lo cual excluyó de los prospectos a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Se pensaba que los hoteles supondrían un complemento a la actividad privada, dinamizándola (Piglia, 2014). La selección de las provincias y, especialmente, el avance de las obras parece haber obedecido, en parte, al beneplácito sesgado que las autoridades nacionales imprimían sobre determinadas jurisdicciones en base a lealtades y lazos personales. Catamarca, beneficiaria de un hotel y dos hosterías, era la provincia de donde era oriundo el presidente Castillo. De hecho, el establecimiento construido en la localidad de Ancasti, correspondía al lugar de nacimiento del primer mandatario. El caso de Tucumán refuerza esta idea ya que la provincia, gobernada por el radicalismo, fue excluida de todo plan.

Junto con ello, resulta notable que el peronismo no propusiera una red de alojamientos que abordara las omisiones de las proyecciones de los conservadores. Más aún, sólo se abocó a completar el programa proyectado por las gestiones precedentes. No obstante, de las 25 edificaciones previstas en el decreto N° 121.537/42, durante los años de bonanza peronista solo se inauguraron el hotel de La Rioja, y las hosterías de Chilecito (La Rioja) y Andalgalá (Catamarca) (además de la ya mencionada en Ancasti). La crisis en las cuentas públicas luego de 1949, la fragmentación de la AGPNT hacia 1951, y, particularmente, la transferencia del manejo de los recursos a la Fundación Eva Perón (FEP) entorpecieron la continuidad de los proyectos hoteleros (Piglia, 2014). La FEP, orientada en términos generales al desarrollo de la acción social, y específicamente a democratizar el turismo mediante el impulso del turismo social, no se preocupó por completar la obra infraestructural. De este modo, fueron las provincias las que asumieron la absoluta responsabilidad de dotarse de establecimientos hoteleros.

En ese sentido, la materialización de infraestructuras turísticas y el ordenamiento espacial tuvo caminos divergentes para los casos de Tucumán y Salta. Preocupadas por dar acceso al ocio a los sectores medios urbanos locales, las políticas tucumanas apuntaron a la creación de villas de veraneo concebidas como segundas residencias y “circuitos chicos” como el de San Javier, atractivos para los paseos en automóvil de fines de semana. Es decir, si bien es cierto que tanto los valles calchaquíes tucumanos como las sierras de San Javier estaban “abiertas” a las “corrientes de turistas del litoral”, las primeras medidas gubernamentales tuvieron un alcance más bien local, dirigido probablemente al sustento de su base electoral. En el caso de Salta, la inauguración del Gran Hotel en 1942 dirigido a sectores altos y medios acomodados, apuntó al reforzamiento de una imagen de conjunto de la ciudad. El estilo colonial de este establecimiento no era solo una elección arquitectónica, sino una decisión pública por construir una identidad visual que concordara con la circulación de imágenes y percepciones derivadas de la regionalización turística.

Este aspecto se relaciona con los procesos de patrimonialización que atravesó la región durante el periodo en estudio y que afectaron en términos urbanos, entre otras áreas, a los “centros históricos” de las provincias en cuestión. En el escenario de las transformaciones arquitectónicas de la ciudad de Salta, la construcción del Gran Hotel fue coetánea a la labor de restauración del Cabildo por la Dirección General de Arquitectura a instancias de los estudios de la CNMMyLH. La estetización del neocolonial preponderante en el centro histórico y, especialmente, en los edificios que rodeaban la plaza principal de la ciudad expresó la confluencia del Estado en distintos niveles en torno a la producción de lo turístico bajo la forma de atractivos e infraestructuras. De la misma forma, en Tucumán la reconstrucción de la Casa Histórica, objeto irremplazable de consumo patriótico y turístico, a cargo de la CNMMyLH, favoreció la consolidación de representaciones visuales e imágenes turísticas que los Estados provinciales intentaron impulsar y reproducir.

Por otra parte, el peronismo local en ambas provincias estudiadas avanzó y profundizó la intervención directa sobre los espacios de turismo sugeridas por las gestiones predecesoras. Lo hizo especialmente en la zona de los valles calchaquíes tucumanos y salteños por medio de acciones constructivas de distintas características. En el caso salteño, hacia 1953 se aprobó un plan provincial de obras que construyó hosterías en Cafayate y Cuesta del Obispo (además de una en Juramento). En el caso tucumano, las obras previstas de 1950 alcanzaron la habilitación de la hostería de Amaicha (1955), quedando la de Tafí del Valle abandonada, a pesar de haber sido construida casi en su totalidad.

Otro mecanismo empleado para favorecer la difusión social de las prácticas y el consumo turístico de sitios y objetos podía implicar fenómenos de expropiación o estatización. Este fue el caso de la provincialización del establecimiento del gran hotel de Termas de Rosario de la Frontera efectuada en 1948. En los discursos de los legisladores salteños resonaban ideas tales como la de “conquistar los servicios fundamentales”, la de realizar una “obra de interés social” o expresiones que entendían al turismo como una actividad que debía estar “naturalmente” bajo control del Estado. Sin embargo, este primer flujo de iniciativas de carácter “popular” resultó oneroso en un contexto de escasez de recursos, de modo tal que desde 1952 se buscaron distintos mecanismos para desprenderse de todos los hoteles que se hubieran adquirido e incluso aquellos que se construyeran en un futuro con fondos públicos. Así pues, luego de un marcado, aunque breve, momento intervencionista, se cerraba un periodo en donde se producía el declive del Estado salteño en materia hotelera.

Cabe señalar que la estatización hotelera de Salta difería de las expropiaciones de tierras con fines turísticos realizadas por los gobiernos radicales tucumanos en San Javier (1936) y en Tafí del Valle (1943).

El peronismo tucumano apuntó a la profundización de las políticas realizadas durante las décadas precedentes, llevó a cabo la reglamentación de las villas veraniegas de San Javier (1948) y La Quebradita (Tafí del Valle, 1950) e impulsó la creación de otras nuevas en Rodeo Grande y El Potrerillo (1951). Las condiciones naturales de estos sitios resultaban atrayentes en la medida que se podían consumir privilegiadamente estereotipos visuales del paisaje planteados por la regionalización turística. El acceso a sitios “cerrados” simbólica y materialmente, permitió a las capas altas y medias acomodadas acceder al prestigio y el status que conllevaba contar con segundas residencias. Si bien se trataba de la configuración de una red más permeable que la de principios de siglo XX, en realidad constituía un tejido relativamente inflexible para la incorporación de sectores bajos y desposeídos.

Capacidades y límites estatales

Revisar la idea de un Estado nacional poderoso y avasallante desde una escala provincial permitió observar no sólo su ineficiencia en diversos aspectos y los resquicios a los cuales no llegó, sino dar cuenta de los resultados de estos vacíos o grises. ¿Cuáles fueron las distintas dificultades y limitaciones que demostraron los Estados salteño y tucumano en materia turística durante el período 1930-1955?⁵

Un primer aspecto, evidenciado en la preocupación estatal por regular el turismo, se reflejó en los impedimentos que encontraron las primeras reparticiones nacionales especializadas desde comienzos de los años treinta. Salvo la experiencia de la DPN, con alcance territorial acotado, las dependencias turísticas nacionales durante los gobiernos conservadores estuvieron signadas por la esterilidad. Esto fue así por el contexto crítico en el que emergieron: la Segunda Guerra Mundial afectaba negativamente amplios aspectos de la vida nacional, desde el presupuesto -menguado por la retracción de los ingresos de la aduana-, hasta la dificultad de realizar viajes en automóvil como resultado del racionamiento de combustible.

Además, como señala Piglia (2014) la política turística estatal, escasamente prioritaria, resultaba difícil de financiar. Era complejo aplicar el principio (empleado exitosamente en la construcción de la red nacional de caminos) de que las inversiones debían ser costeadas por los que se beneficiarían de ellas (Piglia, 2012a, p. 18). Desde esa mirada, incentivar al turismo a partir de la creación de impuestos y gravámenes suponía un riesgo ya que no sólo no aseguraba el despegue de la actividad, sino mucho menos su traslado benéfico a la actividad económica de las provincias y los municipios.

Las dificultades nacionales tenían su correlato a nivel provincial. En efecto, la endeblez de las estructuras burocráticas quedaba manifestada en la cantidad de dependencias que se crearon en el lapso de veinticinco años: Tucumán alumbró cuatro y Salta tres (ver cuadro N° 1). Podrá afirmarse que en cada caso esta variedad responde a los cambios de perfiles políticos de las distintas gestiones gubernamentales, y ello puede ser cierto especialmente a partir de la revolución de 1943 y/o del gobierno peronista, procesos que se auto presentaban como un parte aguas con el periodo previo. Sin embargo, esta creencia no coincide con la observación empírica ya que la dirección de turismo de Tucumán creada en 1942 fue modificada recién en 1948 y en Salta, su dirección de 1942 fue relanzada tardíamente en 1954.

En cualquier caso, la recurrente modificación normativa consistente en la redefinición de atribuciones, la (re)composición de elencos, la (re)determinación de los alcances de políticas sobre el territorio y la (re)asignación de recursos, expresaba fundamentalmente problemas y límites en el accionar de las agencias. Así pues, los cambios pueden comprenderse como respuestas estatales, fragmentarias y provisorias, ante un conjunto heterogéneo de dificultades y desafíos.

Durante los años peronistas la AGPNT apuntó a la centralización y potenciación de las intervenciones estatales precedentes, bajo la idea de la democratización (Piglia, 2012b, p.65). Sus funciones se volcaron fuertemente a la obra pública, apuntando a tres objetivos: la construcción de nuevos lugares turísticos a través de la hotelería, la democratización del turismo en los parques nacionales y la mejora del nivel de vida de las poblaciones de los parques (Piglia, 2012b, p. 66). Al respecto, si bien el turismo hacia los Parques Nacionales representaba una pequeña proporción del turismo nacional, su dificultoso y oneroso acceso resalta aún más su apertura hacia nuevos sectores sociales.⁶ De hecho, las limitadas excursiones de obreros, empleados y estudiantes a los parques tuvieron un fuerte impacto simbólico. Significaba la conquista de un espacio antes exclusivo para las élites, aun para aquellos que no tenían la posibilidad de viajar. Es decir, el turismo se convertía en una promesa y alimentaba la retórica peronista de que los distintos rincones del país eran de todo el pueblo.

Este aspecto democratizante quedó materializado con las colonias de vacaciones de Río Tercero y Chapadmalal que, bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, se destinaron a obreros y empleados del Estado. Luego de 1950 pasaron a estar controladas por la FEP y sus instalaciones se consagraron al turismo social (Pastoriza, 2011).⁷ Las dependencias turísticas de las provincias analizadas acompañaron discursivamente el tono democratizante peronista pero tuvieron magras realizaciones. Se preocuparon, más bien, en producir un salto respecto a las funciones de las reparticiones de los gobiernos conservadores. Se trataba no sólo de dar a conocer, sino de regular y coordinar los esfuerzos de las asociaciones civiles o de otras dependencias estatales de distinta jurisdicción o área de gobierno. La intervención directa comenzó a expresarse en la voluntad de supervisar la actividad empresarial —gastronómica y hotelera—, de exaltar determinados atractivos culturales a través de la organización de celebraciones. El perfil informativo y divulgatorio transmutó en uno crecientemente uniformizador y en un papel protagónico en la producción de espacios de turismo.

Uno de los principales impedimentos de la viabilidad de las dependencias de turismo fue la escasez presupuestaria. Este obstáculo pervivió a lo largo de todo el periodo analizado, aunque su impacto fue morigerado durante los años peronistas cuando las partidas fueron sensiblemente incrementadas. Por ejemplo, la falta de personal de los primeros años fue subsanado parcialmente en Salta con la designación de empleados de escasa categoría (bajo sueldos) durante los años cincuenta. Las instalaciones prestadas por la delegación del Automóvil Club Argentino de Tucumán para la Comisión de Turismo Provincial hacia 1942 dieron paso durante el peronismo a un edificio propio en el centro de la capital. En Salta, los vehículos cedidos provisoriamente por otras dependencias (que usualmente reclamaban su devolución), se convirtieron en flamantes colectivos para excursiones de turistas y uso interno durante los gobiernos peronistas.

En términos administrativos, la regularización presupuestaria fue la consecuencia de la incorporación formal de las oficinas de turismo, ya sea a través de decretos ejecutivos o leyes consensuadas, al régimen burocrático de las provincias. La endeblez de las primeras comisiones de turismo queda patente en la escasez de recursos con los que contaban, lo que contrasta con las partidas posteriores a 1943, las cuales permitían cierto grado de operatividad a pesar de sus limitaciones. Por ejemplo, si se toma la participación porcentual de turismo en el presupuesto provincial de Tucumán en 1940 esta era de un 0,04%, cifra exigua comparada con los 2,97% de 1946 o incluso el decreciente 0,84% de 1955.

Es decir, si bien la evolución presupuestaria tanto en Tucumán como en Salta tuvo una tendencia creciente, fue insuficiente para afrontar gran parte de los proyectos e ideas planteadas en forma de políticas o iniciativas públicas. En el caso tucumano, a pesar de que una ley de 1948 preestablecía un presupuesto de turismo mínimo de un 2% en relación al presupuesto general de la provincia, desde su sanción nunca se alcanzó esa cifra y de hecho se produjo una curva decreciente de partidas desde 1953.

Por otro lado, debe señalarse que el turismo no era una actividad prioritaria, a pesar de encontrar un fuerte arraigo en el discurso propagandístico peronista. Por ende, la distribución de recursos a las distintas áreas de gobierno estaba determinada no sólo por la orientación de la política económica sino por las urgencias de la coyuntura.

Otro aspecto de las limitadas capacidades de las direcciones de turismo puede observarse en las características de sus elencos. A nivel nacional, las personalidades destacadas a cargo de las distintas dependencias estatales emplearon sus influencias sociales para llevar a cabo de forma exitosa sus gestiones. Ezequiel Bustillo, director de la DPN entre 1934 y 1944, empleó sus múltiples conexiones familiares y de amistad con personajes influyentes de la élite para desarrollar distintas zonas del Parque Nacional Nahuel Huapi y alumbrar la imagen de una “suiza argentina”. Este modo de conducción también se comprueba con Ricardo Levene, a cargo de la CNMMyLH, quien empleó su prestigio académico y amistades en pos de que la dependencia alcanzara rápidamente sus objetivos en municipios y provincias de todo el país. Este tipo de gestión lograba hacer más eficiente la acción de las dependencias en contextos de dificultades presupuestarias. En las provincias analizadas, el modus operandi era similar.

Lo rudimentario de las primeras agencias se expresaba fundamentalmente en directorios colegiados cuyos miembros trabajaban a título ad-honorem. La poca profesionalización del turismo durante los años treinta y comienzo de los años cuarenta llevaba a que no existieran burócratas destinados específicamente al área y que los rangos de mayor responsabilidad fueran asumidos por miembros de la élite que tenían experiencia en la gestión pública. Esto fue así hasta los primeros años de la década de 1940 cuando se integró formalmente a estos organismos al Estado y se los dotó de personal que a su vez fueron parte de un régimen de categorías y salarios. La actividad de burócratas bajo obligaciones tales como control de precios, tarifas, condiciones de higiene, medios de movilidad, alojamiento y gastronomía permiten aludir a una faceta de supervisores de la actividad empresarial. Asimismo, la función propagandística e informativa recalcaba un vínculo entre distintos formatos de comunicación y los agentes de la sociedad civil asociados a diferentes actividades y jurisdicciones, y mediaba entre los turistas y la reproducción de imágenes esperables de lo salteño o lo tucumano y/o lo regional.

Uno de los grandes obstáculos asociados al estrangulamiento de fondos se relacionó con la implementación de políticas hoteleras tardías e inconclusas. Tanto en Tucumán como en Salta las normativas sancionadas de planes de construcción de hoteles, hosterías o villas de veraneo fueron incumplidas en la mayoría de las ocasiones.

En Tucumán, el proyecto de villas de descanso de 1936 contemplaba cuatro locaciones de las cuales solo se avanzó en San Javier. Posteriormente, se pensó la delimitación de lotes y su subasta para la formación de sitios de similares características en Amaicha del Valle (1940) o en el departamento de Trancas (1951), pero sendos planes no se iniciaron. La discusión de la construcción de un gran hotel en San Miguel de Tucumán fue un tema recurrente en la prensa como así también motivo de proyectos frustrados de los legisladores locales. En todas las ocasiones la iniciativa naufragó, aunque trató de ser compensada con la provincialización del Hotel Savoy en 1944. Las dilaciones por falta de partidas llevaron a que el plan de obras hoteleras de 1950 (que implicaba la construcción de cuatro edificaciones), se iniciase solamente en Tafí del Valle y Amaicha, pero lograra finalizar con una demora de cinco años solo la de esta última localidad.

Asimismo, en el caso salteño, la ausencia de una red de hosterías en el interior de la provincia se presentaba como un anhelo a ser satisfecho por la opinión pública. Sin embargo, los distintos planes de construcción fueron demorados hasta casi la finalización del periodo peronista cuando por medio de los fondos provinciales se alumbraron las hosterías de Cafayate y Cuesta del Obispo.

Es preciso destacar que los fondos empleados en todos estos casos eran de extracción provincial y no contaban con un apuntalamiento nacional que podría haber acelerado la construcción hotelera o impulsado otras políticas públicas. Esto obligaba a diseñar instrumentos que permitieran avanzar en la recaudación impositiva y asegurar las inversiones planificadas.

No obstante, las iniciativas que buscaban obtener mayores recursos encontraban impedimentos que eran resultado de tensiones y pujas entre el Estado y grupos de poder de la sociedad civil, cuyos miembros en muchos casos integraban distintos niveles de los órganos decisorios del gobierno.

Un ejemplo de esto lo constituye el encarnizado debate de la ley de turismo de 1936 en Tucumán. Este proyecto preveía extraer recursos del levantamiento de la prohibición de los juegos de azar sancionada en 1928 pero la influencia clerical y el conservadurismo preponderante llevaron a que el gobierno local vetara la propuesta. Por su parte, en Salta, el proyecto de ley de 1952 establecía recursos extraordinarios para el turismo provenientes de gravámenes al sector empresario gastronómico y hotelero, pero ante su oposición en un contexto de crisis económica, el gobierno decidió evitar una confrontación que pudiera desestabilizarlo y retiró la iniciativa del parlamento. Dos años después, cuando finalmente logró sancionarse un nuevo régimen de recaudación para el turismo, los sectores empresariales alcanzados con los nuevos impuestos solicitaron exitosamente la prórroga en la aplicación tributaria y pudieron, sobre todo, trasladar dichas subas a los precios de sus productos, algo que había sido prohibido taxativamente en la normativa.

Por último, cabe señalar que los límites de las capacidades estatales no fueron morigerados por el accionar de otros actores tales como los sindicatos. En efecto, a diferencia de Mar del Plata y, especialmente, Córdoba, donde el turismo sindical comenzó a tener una incidencia creciente durante los años peronistas, no se encontraron testimonios de este tipo de prácticas en las provincias en estudio.

Como balance provisorio puede advertirse, que la distancia existente entre las múltiples iniciativas estatales a través de normativas, planes o acciones inconclusas y los obstáculos que implicaron su concreción, hace preciso revisar no solo el diseño de las políticas públicas sino también sus cronologías y contextos de implementación, especialmente en las periferias del interior del país.

Conclusiones

El presente trabajo problematizó en la relación entre el desarrollo turístico y las múltiples dimensiones asumidas por los Estados provinciales en Tucumán y Salta. En ambos casos, el Estado se presentaba como el garante público de la unión nacional, del progreso material y del desarrollo de las infraestructuras necesarias. A pesar de estos legitimantes y de concebir al turismo como una política pública de largo aliento, los Estados presentaron múltiples obstáculos y recorridos sinuosos a partir de dependencias endebles, recursos escasos y capacidades limitadas. Estas estructuraciones estatales arrojaron consecuencias sociales divergentes en los procesos de extensión de las prácticas turísticas en las provincias analizadas.

El crecimiento de las clases medias en las zonas metropolitanas del país al promediar la mitad del siglo XX, donde la estructura social era más lábil y tenía tendencia a la movilidad social ascendente permitió la expansión social del bienestar. Este fenómeno, que incluyó la democratización de la práctica del turismo descripto por Torre y Pastoriza (2002) y Pastoriza (2011) para los casos de Mar del Plata y Córdoba, tuvo una cronología diferente en otras zonas del país. En provincias con sociedades más injustas y desiguales y con élites muy fuertes, como las de Tucumán y Salta, la presencia del Estado como árbitro de las relaciones sociales resultaba indispensable.

Sin embargo, como ya se mencionó, la dificultad de implementación de políticas públicas y los límites a las capacidades de funcionamiento de los organismos encargados de ejecutarlas tuvieron un impacto directo en el tipo de ciudadanía que se construyó. Agencias relativamente ineficientes, políticas tensionadas por intereses socioeconómicos o conflictos partidarios convergieron en establecer accesos más restringidos a la disponibilidad del tiempo libre. No hubo masas de obreros en las villas de veraneo de Tafí del Valle o recorriendo los caminos inaugurados por la de DNV en Salta. Sí hubo sectores medios acomodados que se apropiaron del espacio de ocio ofrecido por el Estado tucumano y un flujo de automovilistas que aprovecharon las nuevas infraestructuras para llevar a cabo prácticas de descanso y esparcimiento de fines de semana en ambas provincias.

También se propició el turismo nacional y se apostó a un despegue de los distintos sitios, hitos y atractivos durante la temporada invernal. Es decir, la democratización del ocio como objetivo estatal fue llevada a cabo por una burocracia y unas políticas públicas de características heterogéneas, fragmentarias y con capacidades relativamente limitadas. Así pues, los sectores populares de Tucumán y Salta tuvieron menores oportunidades de acceder a este tipo de bienestar, aunque formaron parte de un proceso en el cual el rol del Estado fue crecientemente más determinante en impulsarlo, beneficiando la formación limitada de un turismo de características nacionales.

En suma, las expectativas de una turistificación que incluyera una matriz social popular constituida como una eficaz herramienta discursiva y propagandística durante los años peronistas no tuvieron su correlato en la materialización de políticas públicas sistemáticas y eficientes. Es decir, las acciones públicas en materia turística impulsadas en Salta y Tucumán tendrían alcances sociales mucho más limitados que los imaginados y sensiblemente desacoplados a los ritmos y velocidades de los casos más estudiados por la historiografía.

Fuentes documentales

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Boletín Oficial de la República Argentina (consultado entre años 1930-1955).

Boletín Oficial de la Provincia de Tucumán (consultado entre años 1930-1955).

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Notas