Introducción

La magnitud y las características novedosas de la represión desplegada durante la última dictadura argentina (1976-1983) llevaron a la formación, en distintos puntos del país, de grupos de resistencia, oposición y denuncia al accionar terrorista del Estado. En algunos casos, esto supuso la creación de organizaciones netamente locales y, en otros, la constitución de filiales de organizaciones defensoras de los derechos humanos nacidas en Buenos Aires. En esta línea, si bien es cierto que el movimiento de derechos humanos en la Argentina ha sido objeto de numerosas investigaciones, que ya han merecido algunos balances (Zubillaga, 2016a), en general, y como han señalado otros investigadores (Alonso, 2015; Kotler, 2014), la mayoría de las producciones han solido centrarse en la dinámica de la Capital Federal e identificar sólo a ocho organizaciones como las integrantes del movimiento.¹ Aunque en los últimos años se han realizado importantes avances, si tenemos en cuenta las experiencias que aún no han sido estudiadas sistemáticamente, son relativamente escasos aún los estudios que den cuenta del movimiento y sus diversas expresiones en otras regiones o ciudades del país, pese al potencial explicativo que tiene hacer foco en lo local (Zubillaga, 2019a y 2023). De esta forma, nuestra mirada sobre este agente colectivo sigue siendo parcial y provisoria.

Las investigaciones que vienen reflejando la multiplicidad y diversidad de sujetos, lógicas y prácticas del movimiento de derechos humanos tienen como fin complejizar la visión predominante sobre el mismo y considerar de modo más completo el proceso histórico. La necesidad de salir del contexto capitalino y explorar otras experiencias, a fin de aportar las posibles particularidades locales al conjunto, se ve reflejada en investigaciones realizadas –algunas con mayor profundidad y sistematicidad que otras– para pensar la historia del movimiento –a partir de distintas organizaciones, dimensiones y períodos– en distintas localidades dela provincia de Buenos Aires, como la capital de la misma, La Plata, y la región que conforma con Berisso y Ensenada (Da Silva Catela, 2001; Cueto Rúa, 2008 y 2025; Nieto, 2021 y 2025; Pighin, 2023; Esponda, Godoy y Zubillaga, 2024; Zubillaga y Abattista, 2024), ciudades importantes como Mar del Plata (Zubillaga, 2016b, 2017, 2019b, 2021, 2023, 2024b; Mora, 2005; Andreotti Romanin, 2013) y Bahía Blanca (Rama, 2019 y 2023) y del conurbano bonaerense, como Tres de Febrero (Hendel, 2016) o la zona de Campo de Mayo (Guevara, 2022, 2023); en La Pampa (Morales, 2022), Jujuy (Castro, 2004), Tucumán (Kotler, 2014 y 2018); el nordeste argentino (Chao y Carnicer, 2022); en la provincia de Santa Fe, fundamentalmente Rosario (Scocco, 2016, 2021; Lezcano, 2021) y Santa Fe capital (Alonso, 2011 y 2022); en Córdoba (Solis, 2023; Puttini, 2020); en Mendoza (Bravo, 2019) y en regiones de la Patagonia, como la comarca Viedma–Carmen de Patagones (Del Carmen y Chironi, 2016), El Bolsón en Río Negro (Mereb, 2023), Neuquén y el Alto Valle (Azconegui, 2009, 2021; Mombello, 2003).²

Estas investigaciones intentan revisar, matizar y complejizar la narrativa académica “clásica” –en tanto típica o característica– (Alonso, 2015), la cual fue definiendo las agrupaciones que debían considerarse parte del movimiento de derechos humanos e hizo que fuera imposible pensar en otras organizaciones que no fueran las incluidas en el listado de “los ocho organismos”. Esta mirada dejó fuera de la interpretación no sólo a diversas agrupaciones surgidas en distintas localidades del país, sino también el análisis de la constitución de filiales de las nacidas en la Capital Federal. Esto se relaciona a su vez con otra característica de la visión clásica forjada desde los años ochenta: la trasposición de lo que ocurrió en Buenos Aires al conjunto del país. Es decir, la historia de una zona específica de la Argentina como representativa del todo. Así, los casos locales, cuando aparecen en esa narrativa, lo hacen como réplica de lo que previamente se presenta como “nacional” –algo que no ocurre sólo en los estudios sobre el movimiento de derechos humanos (Bohoslavsky y Lvovich, 2017)–, pero que no es más que la historia de una zona específica.

En este trabajo, presentamos algunas aproximaciones al surgimiento del movimiento de derechos humanos, durante la última dictadura, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. Ciertamente se trata de un territorio amplio, heterogéneo y complejo –características que comparte con el resto de la Argentina–, en el que tuvieron lugar distintas experiencias de organización y movilización colectiva. Vistas en conjunto, algunas aparecen como de desarrollos más lentos, efímeros, truncos –o la inexistencia directamente de organizaciones–, y otras, por el contrario, con desarrollos tempranos, dinámicos y duraderos desde la dictadura, como las que tuvieron lugar en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Estas últimas se diferencian, así, de aquellas experiencias de activismo propiciado en parte por el contexto de mediados de los años noventa o bien de las experiencias impulsadas en el marco de la implementación de políticas públicas de memoria por parte del Estado nacional, a partir de 2003 (Zubillaga, 2025).

Nos interesa resaltar, por un lado, que, pese a que la visión “clásica” fue vista en ocasiones como “bonaerense”, y aunque se han realizado importantes avances, existen en realidad pocas investigaciones con foco en alguna localidad o región de la provincia. Asimismo, vale preguntarse si la heterogeneidad del movimiento permite que sea englobado bajo el rótulo de “bonaerense”. A su vez, es verdad que las características del movimiento constituido en la región de La Plata, Berisso y Ensenada –una de las regiones de la provincia donde más fuerte y persistente ha sido–, y pese a sus particularidades, han quedado de alguna forma subsumidas a lo ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en los trabajos críticos de la visión “clásica”, por lo que coincidimos con quienes sostienen que aún queda mucho por indagar sobre sus especificidades (Nieto, 2025).

Por otro lado, nos interesa reforzar que existieron múltiples razones que se combinaron para que algunas personas hayan tomado una actitud de resistencia y oposición abierta contra la dictadura, distinta a la asumida por otros que se encontraban en la misma situación. Y, en el caso específico de las mujeres, reafirmar que su activismo no se puede explicar a partir de un supuesto “instinto” o “mandato” materno.

Para este trabajo, utilizamos la bibliografía existente y en constante expansión que hace foco en localidades específicas, así como diversas fuentes primarias, en especial documentos de inteligencia de la policía de la provincia.³ Luego de un primer apartado en el que retomamos algunas ideas sobre la diversidad de actitudes sociales en el contexto de la última dictadura, nos centraremos en tres lugares específicos de la provincia donde el movimiento se conformó en aquellos años. No obstante, veremos que, más allá de las particularidades locales, el análisis de estas experiencias no puede obviar la estrategia de expansión territorial de las organizaciones consideradas “históricas”. Tendremos en cuenta, especialmente, las características de las localidades, el nivel de represión sufrido en el territorio, las organizaciones formadas, y la existencia de experiencias de movilización previa. Veremos así que fue la combinación de distintos elementos, lo que permitió la formación de este agente colectivo. La exposición está ordenada a partir de la ciudad o región en la que actuaron los agentes, dado que los lugares condicionan las posibilidades de acción; a la vez que resulta dificultoso presentarlo de otra forma, debido a los avances dispares en las investigaciones respecto a organizaciones, aspectos y períodos observados y analizados.

Actitudes sociales en dictadura: la formación del movimiento de derechos humanos

Desde los años ochenta, las actitudes de la sociedad argentina frente a la última dictadura ha sido un tema de debate político y académico, en el que nos posicionamos en contra de las miradas que presentan a la sociedad sin fisuras, de forma totalizadora, ahistórica, invisibilizando o negando la diversidad de actitudes sociales que tuvieron lugar durante aquellos años. En este sentido, Crenzel (2025) ha dividido entre las posturas que presentan a una sociedad que ignoraba lo que ocurría o bien se encontraba aterrorizada y fue víctima del terrorismo de Estado; una sociedad que conocía los crímenes y apoyó al régimen; o bien una sociedad resistente que desde los inicios acompañó las luchas por memoria, verdad y justicia. Se trata claramente de miradas simplistas, de una sociedad vista en conjunto, sin matices, que han tenido expresión en luchas políticas y memoriales. Aunque debe decirse que, en los últimos años, a medida que las afirmaciones más generales y abstractas fueron cediendo, las interpretaciones se han tornado más complejas.

Ciertamente, los planteos iniciales de O´Donnell (1984), Quiroga (1994), Palermo y Novaro (2003) y Vezzetti (2003) abrieron algunos interrogantes para pensar las actitudes sociales, en especial aquellas comprendidas dentro de la “aceptación”. El primero sostuvo la existencia de una sociedad que “se patrulló a sí misma”, que “muchas personas” se ocuparon “activa y celosamente” de ejercer su propio pathos autoritario, “yendo más allá de lo que el régimen les demandaba”, ejerciendo vigilancia y la autocensura (O´Donnell, 1984, pp. 137-138). Quiroga (1994) sostuvo que una parte relevante de la población manifestó, “pasiva y silenciosamente”, su creencia en que la necesidad de recuperar un orden social dañado sólo se podría encontrar en el marco de la dominación militar. Para el autor, el régimen se apoyó en la crisis de legitimidad del régimen civil precedente, y en la existencia previa de un sistema político que combinó gobiernos civiles con militares. En esta perspectiva, la posterior deslegitimación y aislamiento social de la dictadura se debió al carácter destructivo de sus políticas económicas y a su incapacidad para lograr articulaciones sociales amplias.

En la línea de los trabajos de O´Donnell (1984) y Quiroga (1994), respecto de cierto “orden” que algunos sectores comparaban con el “caos” de los años previos, Palermo y Novaro (2003) también han señalado que fue el contraste con los últimos años del gobierno peronista lo que permitió a la dictadura construir cierta legitimidad y consenso inicial. Los autores han sostenido que, en un difundido “anestesiamiento” de las conciencias morales, muchos argentinos estaban dispuestos a aceptar un grado importante de violencia ilegal, es decir, que formaba parte del “sentido común” que acompañó la instalación del gobierno de facto y del consenso que respaldó al régimen los primeros años, la idea de que algunos derechos fundamentales debían ser dejados de lado por un tiempo en la lucha contra la “subversión” (Palermo y Novaro, 2003).

Vezzetti (2003) señaló que hubo quienes estuvieron dispuestos a brindar su apoyo mediante la delación o la proclamada adhesión y la difusión del discurso del régimen, formando parte de las condiciones que hicieron posible el terrorismo de Estado. En análisis previos, Cavarozzi (1983) sostuvo que la sociedad estaba profundamente penetrada por valores y costumbres antidemocráticos como el culto a la violencia y la intolerancia por las conductas e ideas disidentes, entre otros, lo que permitió que la dictadura alcanzara un respaldo masivo, si bien probablemente no mayoritario. Siguiendo al autor, ese respaldo se combinó con apatía y privatización de la vida, que constituyeron, en muchos casos, la respuesta adaptativa al miedo y la atomización.

Ciertamente, estos trabajos pioneros, que marcaron ciertos rumbos de investigación, abrieron la necesidad de desarrollar estudios empíricos situados que permitieran complementar, complejizar o dar fundamento a las ideas, percepciones e hipótesis que presentaron, puesto que, en gran medida, extendieron sus conclusiones a contextos sociales y geográficos amplios y dispares respecto a los examinados en sus investigaciones. Consideramos, así, que analizar las actitudes sociales implica dar cuenta de la multiplicidad y complejidad de las mismas y, por ende, renunciar a explicaciones simplistas y visiones dicotómicas.⁴

En ese sentido, como señalamos, las primeras aproximaciones a uno de los principales agentes de oposición y resistencia, también extendieron sus conclusiones, sin sustento empírico, y en muchos casos naturalizando la reacción de los familiares de las víctimas de la represión, sin buscar otras razones para la activación y sin preguntarse por qué otras personas en la misma situación no se movilizaron. Para analizar las actitudes sociales en dictadura, consideramos que es posible utilizar las nociones “aceptación” –que comprende la resignación, el apoyo y la adhesión– y “distanciamiento” –que comprende la desviación, la disidencia y la oposición– (Burrin, 1988). Respecto de las actitudes de oposición, creemos que es necesario no sobrevalorar las acciones y evitar producir lecturas “heroicas” y “moralizantes”.⁵ Así, resulta imprescindible no realizar análisis binarios que lleven a dividir entre “resistentes” y “cómplices”, y tener en cuenta las contradicciones y transformaciones temporales de las actitudes, puesto que no son fijas. Claramente, también al interior del movimiento de derechos humanos se encuentran agentes que modificaron con el tiempo su actitud respecto a la dictadura. Si bien es un actor colectivo que tomó actitudes de denuncia y resistencia frontal, no debe vérselo de forma homogénea, invariable o monolítica.⁶

Así, observar algunas experiencias que tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires puede permitir delinear algunas tendencias comunes –evitando los falsos excepcionalismos– y comprender mejor el surgimiento del movimiento de derechos humanos en nuestro país, en el marco de entender la amplitud y complejidad de las actitudes sociales que tuvieron lugar durante la última dictadura (resistencia abierta, oposición, disidencia, disentimiento puntual, indiferencia, adaptación, oportunismo, entre otras).

Ciertamente, como se puede observar en diversas fuentes como la prensa –local y de tirada nacional–, informes de inteligencia –de la policía bonaerense y de otros organismos de inteligencia–, o en diversos testimonios, el movimiento de derechos humanos representó un elemento de resistencia y oposición importante a la última dictadura, y así ha sido interpretado por diversos autores desde los años ochenta.⁷ En este sentido, creemos que el aporte de los estudios locales y la comparación entre las distintas experiencias, permite comprender mejor las conductas “no consensuales”, el accionar opositor a la última dictadura por parte de distintas organizaciones, a la vez que permite acercarse a las actitudes de otros actores sociales. Para ello, debe tenerse en cuenta que el movimiento fue creciendo, adquiriendo visibilidad y legitimidad con el correr de los años –y no inmediatamente–, en especial tras algunos hitos como la visibilidad internacional en el contexto del Mundial de Fútbol en 1978, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1979 y la publicación de su informe en 1980, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Pérez Esquivel en 1980 –y la candidatura al mismo de Madres de Plaza de Mayo–, tras la derrota en la guerra de Malvinas en 1982, y a partir de 1983, en el marco de la campaña electoral y la asunción de Alfonsín (Novaro y Palermo, 2003; Suriano, 2005; Jelin, 2005; Lvovich y Bisquet, 2008; Franco, 2018).⁸ Cada uno de los escenarios abiertos por esos hitos, combinado con contextos locales específicos, permitió, en distintas ciudades del país, posicionarse e ir adquiriendo visibilidad y, más tarde, en general hacia 1982-1983, reconocimiento, cierta legitimidad y apoyo de diversos actores, como agrupaciones estudiantiles, sindicatos, juventudes partidarias y artistas. No obstante, debe señalarse que, si bien el proceso de formación y paulatina legitimación del movimiento colaboró en la erosión del poder dictatorial, no fue su simple resistencia y oposición lo que llevó a su fin, sino un conjunto de causas más complejo (Franco, 2018; Águila, 2023).

Indudablemente, asumir una actitud pública de oposición, denuncia y resistencia al régimen, estuvo condicionada por múltiples elementos –materiales, ideológicos, emocionales– y, por ende, no fue “natural”, “lógico”, “instintivo”, “automático” o lineal, asumir esa decisión ética–política, ni siquiera entre quienes sufrieron la represión de forma más directa. En algunos casos, en parte por la información con la que se contaba (Crenzel, 2025), la actitud inicial frente al golpe de estado (como indiferencia, alivio, alegría o resignación) fue distinta a la tomada frente a la dictadura a partir de la desaparición y/o asesinato de un familiar. Es decir, la “catástrofe” (Gatti, 2011), el hecho represivo concreto y cercano como desencadenante, como punto de inflexión para la reacción (Catela Da Silva, 2001; Zubillaga, 2023). Pero el acontecimiento límite de la desaparición forzada no operó en todos los casos como impulso decisivo para actuar colectivamente. En otros, la activación fue posterior, y estuvo atravesada por la experiencia propia, los recursos disponibles, el conocimiento y aprobación de la militancia del detenido-desaparecido, el contexto local, entre otros elementos.

De esta forma, los sentimientos y pensamientos que despertó el golpe de Estado de 1976 fueron diversos en el universo de quienes serían sus principales denunciantes. Mientras que algunas personas, que luego integrarían el movimiento, imaginaron la posibilidad de un nuevo golpe de estado tras la muerte del presidente Juan Domingo Perón en 1974, otros no lo imaginaron en absoluto. Algunos testimonios sostienen que vivieron el golpe con “miedo”, “preocupación”, “angustia” o “desesperación”, reconociendo la gravedad de inmediato. Mientras que otros no dudan en admitir que ese día sintieron algo de “alivio”, porque creyeron que era “un golpe más” que venía a poner fin a la “sensación de caos” que había generado el gobierno de María Estela Martínez (Zubillaga, 2019b; Crenzel, 2025).

Estos testimonios, brindados en contextos memoriales específicos, están en línea con lo sostenido por algunos autores respecto a que fue el contraste con los últimos años de gobierno democrático lo que en parte permitió, inicialmente, a la última dictadura construir cierta legitimidad en algunos sectores –incluso entre quienes serían sus víctimas–, gracias a la creencia de que ningún gobierno podría ser peor que el derrocado. En este sentido, algunas mujeres que luego se manifestaron en el espacio público por la desaparición de un familiar, eran las mismas que habían pensado que el fin del gobierno de Martínez era algo para alegrarse, aunque su familia no opinara lo mismo.

A modo de ejemplo, una integrante del grupo de familiares marplatenses y luego integrante de las filiales de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza de Mayo, recordaba hace unos años haberse “alegrado” porque habían derrocado a la presidenta en 1976, puesto que consideraba que su gobierno era “inoperante”: “Yo me puse contenta. Por fin sacaron a Isabelita y López Rega. Las chicas tenían otra mirada”.⁹ Con “las chicas” se refiere a sus dos hijas –una de ellas, Adriana Tasca, militante de Montoneros, detenida-desaparecida en 1977 estando embarazada– y a sus compañeras de militancia. Su percepción de la situación y su actitud frente al régimen se modificaron drásticamente a partir de 1978, al comprobar, no sólo que su hija no aparecía, sino que no le entregaban a su nieto recién nacido, como había creído que sucedería. Este testimonio, de una de las principales referentes del movimiento en Mar del Plata –fallecida en 2023–, da cuenta de la complejidad del estudio de las actitudes sociales y cómo es posible encontrar en una misma persona actitudes de aceptación, indiferencia o resignación y luego de oposición, denuncia y resistencia. En este caso, a partir del acontecimiento límite que es la desaparición forzada, lo que no significa que operó como impulso para actuar en todos los casos.¹⁰

Además de señalar que los propios integrantes del movimiento de derechos humanos fueron tomando distintas actitudes, debe decirse, aunque parezca una obviedad, que no todas las personas que tenían un familiar desaparecido se organizaron colectivamente para llevar adelante acciones de resistencia y oposición a la última dictadura. Las respuestas más extendidas entre los familiares de detenidos–desaparecidos, presos políticos y asesinados, más que la lucha constante, la actuación en la vida pública, la exigencia de cumplimiento de demandas al Estado y la organización colectiva, fueron, por el contrario, la negación, la inacción –por miedo, por resignación, por desesperanza, por un sentimiento de impotencia–, la depresión, e incluso la enfermedad, la muerte o el suicidio (Gorini, 2006 y 2011). Sólo fue una minoría la que decidió dar una respuesta política a la represión, es decir, que decidió asumir la dimensión política que implicaba la búsqueda del familiar en el contexto de dictadura. Esto se observa claramente en los estudios situados, al comprobar la diferencia que existe entre la cantidad aproximada de detenidos–desaparecidos en/de la localidad y la cantidad de personas que se organizaron colectivamente para denunciar los crímenes.¹¹

Quienes sí se organizaron y tuvieron una actitud de distanciamiento y oposición pública, movilizaron distintos recursos (culturales, políticos, económicos, relacionales) en diferentes lugares del país. Esto no quiere decir que quienes tenían un familiar que había sufrido la represión estatal y no se manifestaron públicamente o no se organizaron en una asociación, hayan acompañado a la dictadura –aunque por supuesto existen casos de familiares de detenidos–desaparecidos provenientes de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas que apoyaron activamente–. La pasividad no debería interpretarse linealmente como apoyo o indiferencia e insistimos en que acordamos con quienes ya han señalado que el estudio de las actitudes sociales reviste una enorme complejidad y que presentan una amplia gama que puede ir desde la absoluta resistencia hasta la complicidad, aunque es probable que predominen los “grises” (Lvovich, 2020; 2017; 2009).

Como han señalado otros autores, el estudio de las actitudes sociales resulta complejo porque, en general, las percepciones, la opinión popular, la adhesión, el rechazo o la indiferencia no suelen presentarse de forma explícita en las fuentes (Jensen, 2014) y por el carácter heterogéneo, permeable y dinámico de las actitudes sociales y las representaciones, pasadas y presentes, que se condicionan e influyen mutuamente (Franco, 2018). Así, es posible que las actitudes hayan variado con el devenir de la dictadura, y a partir de las experiencias vividas, las percepciones, las expectativas, el conocimiento de las dimensiones de lo sucedido, las trayectorias políticas previas, los contextos locales, entre otras.

A su vez, debe tenerse en cuenta que, en el camino de posicionamientos y definiciones, algunas personas optaron por integrar distintos espacios, algunos más confrontativos que otros. Por ejemplo, las mujeres que decidieron organizarse en la Asociación liderada por Hebe Pastor de Bonafini, Madres de Plaza de Mayo –que no necesariamente eran madres biológicas de un detenido–desaparecido, sino sus hermanas, esposas o suegras–, lograron conformar una identidad y una memoria colectiva basada en los años de experiencia y lucha conjunta en torno a un discurso ético-político determinado y unas acciones colectivas acordes, encaradas de forma abierta, directa y sistemática desde la dictadura, y fundadas en consignas específicas que las diferenciaron del resto del movimiento de derechos humanos. La elección de una persona, de incorporarse a una u otra organización, en parte se explica por su red de relaciones y por las posturas y formas de accionar de cada una en dictadura. Como es sabido, algunas tenían un funcionamiento más burocrático y ligado al ejercicio del derecho, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) o el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y otras tenían más presencia en el espacio público, como Familiares o Madres de Plaza de Mayo. Una especificidad de esta última era la necesidad manifiesta de no limitarse a gestiones particulares y/o a la vía judicial, como aconsejaban organizaciones como la Liga o APDH. De esta forma, en distintas localidades, las acciones abiertas desplegadas por la Asociación resultaron atrayentes para muchas mujeres que se oponían a las actitudes “moderadas” y pedidos de “prudencia” de los grupos que originalmente componían, como lo han señalado integrantes de las filiales de Neuquén, Mar del Plata, Rosario y Tucumán (Azconegui, 2009; Zubillaga, 2019b; Scocco, 2021; Kotler, 2014 y 2018).

Ciertamente, Madres de Plaza de Mayo tuvo posturas más radicalizadas, por lo que la actitud más confrontativa y sistemática desde la dictadura representó un gran atractivo para distintas mujeres que, hacia 1982-1983 –y en la posdictadura–, decidieron formar filiales de la misma (Zubillaga, 2021).¹² Así, algunos autores han sostenido que esta Asociación fue la que inició públicamente la resistencia a la dictadura (Veiga, 1985), que representó un nuevo modo de resistencia (Alonso, 2022) o bien que se convirtió en el sujeto de resistencia pública más persistente y en un sujeto político esencial durante la última dictadura (Sirlin, 2006; Gorini, 2006). Esto, por supuesto, no significa que haya recibido un apoyo claro y sostenido de amplios sectores de la sociedad argentina.¹³

A continuación, veremos que, en ese territorio amplio, heterogéneo y complejo que es la provincia de Buenos Aires, tuvieron lugar algunas experiencias de organización colectiva que expresan actitudes sociales “no consensuales”, de oposición y resistencia durante la dictadura. Estas se diferencian de otras que hemos analizado, en las cuales las actitudes de distanciamiento se hicieron públicas más tardíamente, en algunos casos recién en los años noventa o después del 2001 (Zubillaga, 2025).

Experiencias del movimiento de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires

Como es sabido, hacia 1975-1977 empezaron a emerger agrupaciones en distintos puntos del territorio nacional que comenzaron a conformar un nuevo agente colectivo –el movimiento de derechos humanos– que se comprendió y definió a sí mismo como distinto a otros agentes sociales y políticos de actuación previa, conformando una identidad en torno a la noción de derecho y un discurso humanitario. Esto no quiere decir, sin embargo, que en su emergencia hayan estado ausentes las influencias de militantes de distintas tradiciones políticas –PCA, PCR, PRT, PST, etc.–, al tiempo que debe señalarse como un antecedente directo a las distintas comisiones de defensa de los presos políticos formadas en el período dictatorial de 1966-1973 (Eidelman, 2010).

Consideramos que la emergencia y consolidación de agrupaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos fue un proceso complejo que dependió de múltiples elementos. Así, los recorridos, formas y temporalidades que asumió el movimiento estuvieron condicionados, entre otras posibles, por las redes y experiencias de movilización previas; el nivel de represión sufrido en el territorio; las características y contextos locales –que marcaron límites y posibilidades–; los recursos movilizables (materiales y simbólicos) de los agentes; la confluencia de las trayectorias políticas–ideológicas previas de sus integrantes; las políticas de expansión de las organizaciones existentes; las estructuras de oportunidades políticas; y la combinación de sentimientos, emociones y elementos psicológicos, que llevaron a asumir la decisión ética–política de organizarse colectivamente.¹⁴

Creemos que es posible afirmar que el movimiento tuvo desarrollos tempranos y duraderos en los centros urbanos más poblados, universitarios, con trayectorias previas de movilización estudiantil, sindical y política y con altos índices de represión estatal ilegal, en los que intervinieron distintos actores para conformar el movimiento –abogados, militantes de izquierda, religiosos, etc.–, con un peso específico de mujeres pertenecientes a las clases medias. A estos elementos debe sumársele la política de expansión territorial de las organizaciones capitalinas, que vieron en otras ciudades la posibilidad de ampliar la denuncia, absorbiendo a los grupos locales o creando nuevos.

En esa línea, a continuación, nos aproximaremos a la experiencia de formación temprana y persistente de organizaciones defensoras de los derechos humanos en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, localidades de la provincia en las que el movimiento ha sido amplio y dinámico. Recordemos que son múltiples las experiencias que tuvieron lugar en una de las provincias más extensas, pobladas y políticamente relevantes, donde funcionaron durante la última dictadura la mayor cantidad de centros clandestinos de detención –al menos 258 de los más de 800 que existieron en todo el país– y se produjo la mayor cantidad de desapariciones forzadas (RUVTE, 2015 y 2022).¹⁵ Así, estas tres se diferencian de otras en las que las organizaciones han tenido desarrollos lentos, trucos, efímeros o dispares, como ocurrió en localidades más pequeñas, menos conectadas, en las que las estructuras represivas fueron menores, como San Nicolás de los Arroyos, Junín, Chacabuco, Olavarría, Tandil, Necochea y localidades de la zona norte del Gran Buenos Aires, entre otras, o bien de pueblos en los que no existieron agrupaciones, como San Cayetano (Zubillaga, 2025).¹⁶

Nos proponemos encontrar algunos puntos de contacto y diferencias que nos permitan observar y entender mejor la experiencia de surgimiento de este movimiento de oposición, denuncia y resistencia a la última dictadura.¹⁷ Y, a la vez, reafirmar que existieron múltiples condicionamientos, que hacen imposible señalar que el activismo resulta algo “natural” entre quienes se vieron particularmente afectados.

La experiencia del movimiento en La Plata es quizás la más estudiada y conocida de la provincia, por su importancia política, en tanto capital de la misma, por la cercanía geográfica a la Capital Federal y porque figuras emblemáticas del movimiento desarrollaron su activismo en ambas ciudades. Junto a Berisso y Ensenada, conforma una de las zonas más afectadas por el accionar represivo de la última dictadura, en la que funcionaron al menos veintiún centros clandestinos de detención, al tiempo que es una de las más pobladas.¹⁸

Esto no debe sorprendernos, dado que, en la estrategia represiva y de control del territorio y de la población, las concentraciones urbanas, industriales y estudiantiles eran especialmente importantes. De esta forma, se delinearon cuatro regiones prioritarias: Capital Federal y Gran Buenos Aires; Gran La Plata; la región ribereña del Río Paraná; y Córdoba (Garaño, 2023; Canelo, 2021). Según el RUVTE (2022), se trataría de más de 750 las personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado aquí, aunque sabemos que las “listas” de detenidos–desaparecidos y asesinados aún hoy revisten una importante complejidad para su elaboración, por el propio accionar clandestino y porque no todos los casos fueron denunciados. De esta forma, dependiendo de los criterios con los que se trabaje, el universo asciende a más de mil, aunque las organizaciones de derechos humanos sostienen que la cifra rondaría las dos mil personas.¹⁹

Tras el golpe de Estado, las administraciones municipales de las tres localidades y la Universidad Nacional de La Plata fueron ocupadas por la Armada Argentina.²⁰ Militantes de distintos ámbitos sufrieron los primeros hechos represivos en los años previos al golpe, en los que fue especialmente importante, como en Mar del Plata, la actuación de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) (Besoky, 2016; Carnagui, 2016). Desde 1974 y especialmente a partir de 1975 comenzó un ciclo de amenazas, amedrentamientos y asesinatos de obreros activistas, estudiantes y militantes políticos, que estuvieron acompañados por andamiajes represivos estatales y paraestatales y apoyos empresariales (Esponda, 2017).²¹

La Plata se destaca por su relevancia política, su ubicación geográfica, el nivel de represión sufrido, la fuerte concentración de fuerza policial y militar, ser una ciudad capital, de escala media, cabecera de arzobispado, universitaria e industrial, entre otras. Estas características, sumadas a la experiencia previa al golpe de Estado de movilización sindical, estudiantil y política, en parte explicarían las posibilidades de que se hayan conformado aquí tantas organizaciones defensoras de los derechos humanos, dando como resultado un movimiento social amplio y dinámico, en que las redes personales e institucionales tuvieron un papel importante en su formación y desarrollo.²² El movimiento contó, desde sus inicios, con profesionales –en especial vinculados al derecho, la psicología y la educación– sobrevivientes de la represión y militantes con trayectorias políticas –partidarias o sindicales– en el anarquismo, el socialismo, el comunismo y el peronismo.

Recordemos que se organizaron filiales de la APDH –en 1979–, de Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas de Plaza de Mayo –en 1985–, de Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y gremiales –en 1979–. Al igual que en otras zonas del país, muchos activistas mantuvieron una multimilitancia y las agencias femeninas tuvieron un rol protagónico. Asimismo, aunque los sectores populares fueron la principal víctima del accionar represivo, la respuesta de resistencia, organización y denuncia provino mayoritariamente –aunque no exclusivamente– de los sectores medios y medios altos, al igual que en otras localidades del país. Además de la organización de delegaciones y filiales, referentes locales se sumaron a integrar o coordinar espacios de participación en Buenos Aires.²³ A su vez, algunos integrantes de estas organizaciones han mantenido vínculos duraderos con personas que se movilizaron en otras localidades, como Mar del Plata o Rosario.

Más tarde, ya finalizada la dictadura, se conformó también la Mesa de Familiares de Ensenada, una regional de H.I.J.O.S –en 1995 y con divisiones que dieron lugar a HIJOS La Plata y, en 2021, a HIJAS La Plata-Ensenada–, la Asociación Anahí –creada en 1996 por Chorobik de Mariani–, la Unión por los Derechos Humanos, la Comisión Provincial por la Memoria (1999) y la más reciente y aún no estudiada sistemáticamente, Nietes –en 2019–. Como en Mar del Plata y Bahía Blanca, el movimiento tuvo un desarrollo continuo e impulsó un Juicio por la Verdad, a fines de los años noventa, y post 2005, juicios por delitos de lesa humanidad, entre otras iniciativas (Esponda, Godoy y Zubillaga, 2024; Zubillaga y Abbattista, 2024; Bonafini, 2022; Da Silva Catela, 2001; Cueto Rúa, 2008 y 2025; Flier y Kahan, 2018; Nieto, 2021 y 2025; Pighin, 2023).

Por su parte, Mar del Plata –cabecera del partido de General Pueyrredón– se caracteriza por ser una ciudad turística, portuaria y universitaria, de rango medio y cabecera de obispado. Funcionaron aquí al menos 16 centros clandestinos de detención y, según las distintas “listas” elaboradas desde la dictadura, existen entre 200 y 500 personas detenidas–desaparecidas, la mayoría de las cuales habrían pertenecido a algún sector del peronismo, aunque algunas agrupaciones de izquierda quedaron prácticamente desarticuladas. En los años setenta, Mar del Plata fue escenario de una importante organización y movilización de sectores estudiantiles, obreros y políticos. El ciclo de aumento de la violencia política se suele marcar en 1971 con el asesinato de la estudiante Silvia Filler o bien con el caso conocido como “5x1” en 1975, con un peso específico de la CNU. Esta ciudad balnearia tuvo, durante la última dictadura, al igual que La Plata, intendentes civiles y militares y, en 1983, asumió el radicalismo, superando por primera vez a socialistas y peronistas. En este contexto, Madres, Familiares y Abuelas de Detenidos Desaparecidos de Mar del Plata, la primera organización local de familiares en esa ciudad balnearia, se formó entre 1976-1977. En este grupo, de aproximadamente cincuenta integrantes –aunque llegaron a ser alrededor de setenta– también confluyeron personas con trayectorias políticas y profesionales diversas y las mujeres tuvieron un rol preponderante.

Esta primera organización se formó a partir de la pérdida particular de cada integrante desde el año 1975, por el rechazo que algunos sintieron en sus redes previas; por los contactos que a otros les facilitaron sus redes; por las respuestas insatisfactorias en las instituciones a las cuales recurrieron en un comienzo y de las que esperaban soluciones –las FFAA, la policía, el poder judicial, la DAIA y la Iglesia católica–; por la sociabilidad que se generó a partir de los encuentros en esos espacios; por la decisión política de unir su reclamo y su búsqueda con la de otros en un contexto hostil; por cómo operó, activando la movilización, la combinación de distintos sentimientos –miedo, angustia, ansiedad, indignación–; por los recursos disponibles para la acción; y por cierto vacío que dejó la magnitud de la represión y la desarticulación de algunas agrupaciones políticas de actuación en la ciudad (Zubillaga, 2023).

Las principales acciones colectivas, similares a las desarrolladas en La Plata, estuvieron orientadas, por un lado, a la difusión y denuncia de los crímenes cometidos en la cuidad, y, por otro lado, a la solidaridad y los apoyos mutuos, y tuvieron como objetivo visibilizar la represión, obtener información y matizar los efectos de dicha represión en los lazos sociales. La sistematicidad en el accionar llevó a que, durante la última dictadura, los agentes de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires sostuvieran que en Mar del Plata actuaba el grupo más activo y de mayor relevancia de Buenos Aires (sin contar a La Plata).²⁴

Una serie de elementos llevaron a que el grupo fuera tomando cada vez más conciencia de la necesidad de una mayor organización, que derivó en cierta institucionalidad. Dichos elementos fueron, por un lado, los consejos que les dieron tempranamente militantes locales del Partido Socialista de los Trabajadores respecto a organizarse entre los familiares de los detenidos, y los vínculos del grupo con el padre Enzo Giustozzi, miembro de la APDH y luego impulsor y presidente de la filial marplatense de la misma. Por otro lado, la desaparición de una de las mujeres del grupo de familiares en 1977, tuvo un fuerte impacto, puesto que reveló los riesgos de la exposición (Zubillaga, 2019b).

Especial importancia tuvieron los vínculos, al menos desde 1977, con otras organizaciones de derechos humanos que actuaban en la capital del país como LADH, Madres de Plaza de Mayo y su subcomisión de Abuelas –luego autonomizada–, Familiares, APDH y, más tarde, el CELS. Asimismo, fueron fundamentales los lazos construidos por fuera de las fronteras nacionales, al menos desde 1982. Así, participar en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) les permitió obtener una visión más global de la problemática, compartir estrategias y visibilizar sus actividades a partir de los boletines, congresos y reuniones de dicha Federación (Zubillaga, 2019b). Otro elemento que llevó a la institucionalización fue la necesidad de sistematizar los casos de desaparecidos de la ciudad frente a la visita de la CIDH de la OEA en 1979 y el impacto de su informe, publicado al año siguiente, que incluía el caso de algunos desparecidos de la ciudad. Por último, fue relevante la participación, desde el mismo año en que se iniciaron (1981), en los Encuentros Nacionales y las Marcha de la Resistencia de Madres de Plaza de Mayo, sin estar conformada aún la filial de la misma en la ciudad.

Estos elementos dieron una mayor conciencia de la magnitud de la represión y de la necesidad de mejorar la organización colectiva para reducir los riesgos de la exposición pública y lograr los objetivos de saber qué había pasado con las personas secuestradas y obtener justicia por los crímenes cometidos por la dictadura. De esta forma, estos elementos impulsaron el inicio de un proceso de institucionalización o formalización del grupo a partir del año 1982 que se observa en una serie de cambios: la conformación de una Comisión Juvenil de Apoyo (1982) y de una Comisión Jurídica (1983); la disponibilidad de un espacio propio en pleno centro cívico y comercial (1983); la estabilización del nombre en sus documentos, en la prensa y en los informes policiales (1983); y la posterior utilización de una hoja membretada para todo tipo de comunicaciones (1985) (Zubillaga, 2019b; 2023).

A partir de cierta institucionalización de la agrupación y la necesidad de mantener un discurso unificado, se desataron una serie de debates internos hacia el fin de la dictadura y la inmediata postdictadura que hicieron estallar la unidad construida previamente. De esta forma, el retorno a la institucionalidad democrática implicó la intensificación de las acciones, la participación de distintos actores políticos de la ciudad en las mismas –organizaciones de estudiantes secundarios y universitarios; juventudes políticas; sindicatos– y una mayor visibilidad mediática, pero también fragmentaciones a su interior que derivaron en la creación de filiales de APDH, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo. Este proceso estuvo atravesado por debates vinculados al escenario abierto con la asunción de Alfonsín, como las exhumaciones de NN, los alcances de la CONADEP, el Juicio a las Juntas, el mantenimiento de la consigna “Aparición con vida”, entre otros (Zubillaga, 2016b; 2017; 2019b; 2021; 2023).²⁵

En otra localidad importante de la provincia, Bahía Blanca, ciudad universitaria, portuaria y mediana, ubicada al sur, de aproximadamente 200.000 habitantes, funcionaron al menos once centros clandestinos. Se calcula que son más de 330 las víctimas de la represión estatal, en su mayoría militantes de la JP, JUP, Montoneros, y personas vinculadas al Frente Justicialista de Liberación Nacional. Es decir, un perfil similar al de Mar del Plata, aunque en el caso de Bahía Blanca, funcionaron en la ciudad y sus alrededores un número menor de centros clandestinos; no obstante, la represión fue muy intensa.

Ocupada por la Armada, como La Plata, la trama represiva estuvo conformada por las FF. AA., la policía, el poder judicial y el diario La Nueva Provincia (Montero, 2019; Zapata, 2022). La CNU no parece haber tenido aquí la importancia que tuvo en La Plata y Mar del Plata en la conformación de “patotas” encargadas de secuestrar personas antes y durante la última dictadura. Bahía Blanca suele ser presentada como una ciudad cuyas características particulares se vinculan a ser una sociedad conservadora, con una fuerte presencia e influencia de las instituciones militares –como en la zona de Campo de Mayo, entre otras– y con permeabilidad en el tejido social de la Iglesia católica,²⁶ de sectores empresariales tradicionales y el medio de comunicación La Nueva Provincia.

Asimismo, funcionó aquí, como en Mar del Plata, una de las delegaciones que poseía la DIPBA en distintas localidades de la provincia, la cual llevó registros, tanto durante la dictadura como en la postdictadura, del grupo que se conformó en esta ciudad. Esas características fueron entonces las que condicionaron al movimiento de derechos humanos en esta zona de la provincia, en que las convocatorias a las marchas no fueron masivas, según algunas mujeres que conformaron la filial de Madres, porque resultaba “peligroso” marchar o movilizarse en la ciudad, por la intensidad de la represión y la cantidad de instituciones de las FF. AA. en el territorio (Rama, 2019 y 2023). Se conformó aquí un grupo de familiares de alrededor de treinta personas acompañados por algunos abogados –al igual que en Mar del Plata–, del que se formó, hacia el final de la dictadura, una delegación de la APDH –institucionalizada en 1985– y una filial de Madres de Plaza de Mayo con vínculos previos con la asociación liderada por Hebe Pastor (Rama, 2023). Así, todavía en octubre de 1983 se las identificaba como “Madres de Plaza Rivadavia”, en alusión a la plaza ubicada en el centro de Bahía Blanca donde se manifestaban.²⁷ Posteriormente, se formó aquí una Comisión de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo (1986) y en los años noventa una regional de H.I.J.O.S.²⁸ También se conformaron dos comisiones de derechos humanos de carácter efímero, una vinculada al peronismo y la otra al Partido Intransigente.

Hacia el final de la dictadura, como en Mar del Plata, las acciones del grupo bahiense empezaron a ser apoyadas por algunos partidos y organizaciones políticas, como el PO, el PC, el PTP, la UCR y el MAS, entre otros.²⁹ En Bahía Blanca, desde 1983, el movimiento se mantuvo activo e impulsó el funcionamiento de la delegación de la CONADEP –que integraron miembros de la APDH local– (Rama, 2019), un Juicio por la Verdad, juicios por delitos de lesa humanidad y la realización de múltiples actividades. Aquí, sin embargo, como en otras localidades en las que las Fuerzas Armadas formaron parte del tejido social, como en el Alto Valle o la zona de Campo de Mayo, la influencia política, social y cultural, en especial de la Armada, continuó permeando actitudes, discursos y relaciones sociales (Rama, 2023).

De esta forma, vemos que, pese a sus especificidades, estas tres experiencias comparten algunos elementos: la formación de un agente colectivo en localidades de rango medio, bien comunicadas, universitarias, industriales, con fuerte presencia en el territorio de la policía, las FF.AA. y la Iglesia católica –sedes de obispado o arzobispado–, con experiencias previas de movilización –estudiantil, social, sindical, política–, con altos índices de represión desde 1975 –con el funcionamiento de un conjunto de centros clandestinos igual o mayor a provincias enteras–, en la que tuvo un papel específico la CNU –fundamentalmente en La Plata y Mar del Plata–. Las organizaciones de derechos humanos se conformaron y desarrollaron tempranamente, a partir de un conjunto heterogéneo de agentes –profesionales provenientes especialmente del derecho, familiares de las víctimas de la represión, sobrevivientes, militantes de izquierda, religiosos–, con un peso específico de las mujeres, pertenecientes fundamentalmente –pero no de forma excluyente– a las clases medias, lo que permitió movilizar distintos recursos simbólicos y materiales y articular con distintos actores –dentro y fuera del territorio–. En estas experiencias, se observa que jugaron un rol fundamental las redes personales, el conocimiento previo y las acciones de mutua contención para enfrentar los efectos de la represión (miedo, terror, desconfianza) en los lazos sociales.

Estas experiencias de formación comparativamente temprana y duradera, se diferencian así de las que tuvieron lugar en otras localidades de la provincia, la mayoría de las cuales no han sido estudiadas sistemáticamente aún, en los que los desarrollos del movimiento fueron más dispares, tardíos, efímeros, truncos, menos visibles o bien no se formaron organizaciones (Zubillaga, 2025). Ciertamente, estas experiencias muestran que no existe un vínculo mecánico entre haber recibido un daño (en este caso la represión ilegal del Estado) y constituirse en el espacio público como una víctima demandante, como un actor opositor y resistente. Coincidimos así con quienes sostienen que las personas que se organizaron y ganaron visibilidad han sido portadoras de mayor capital social, simbólico, cultural y económico, lo que les permitió elaborar distintas estrategias y establecer vínculos locales, regionales e internacionales (Cueto Rúa et al., 2025).

En otros lugares de la provincia (y del país), se observa que la falta de recursos, la actitud asumida por la Iglesia católica o metodista, y por otros actores de poder locales, el nivel de represión sufrido, el tamaño, densidad poblacional, antigüedad y relevancia de las localidades, entre otros elementos, aparecen como algunos de los determinantes para la organización y visibilización de la problemática y la formación o no de organizaciones en dictadura. Así, en otros trabajos (Zubillaga, 2025), hemos visto que experiencias como las que tuvieron lugar en otras regiones de la provincia, nos muestran que no se puede explicar el surgimiento de organizaciones de denuncia y oposición a partir de lecturas simplistas que vinculen directamente la movilización a la pérdida y el dolor particulares. A diferencia de otras narrativas que circulan, consideramos que el activismo no es “natural” o “lógico” y que no se puede explicar la acción colectiva de las mujeres, que han tenido un rol fundamental en el movimiento, a partir de un “instinto” o “mandato” materno. La maternidad y las concepciones en torno a ella, y las formas de mostrar afecto, no son “naturales”, son construcciones sociales que varían histórica y culturalmente. No están inscriptas en la naturaleza sino en las relaciones sociales. Las respuestas que dieron las mujeres que integraron el movimiento de derechos humanos –que no estaban vinculadas sólo por el lazo materno– excede a la actitud asumida por otras mujeres, incluso las que estaban en la misma situación.

De esta forma, la organización colectiva durante la dictadura –y posteriormente– no fue “natural” ni “obvia”, sino un proceso histórico determinado. Quienes asumieron actitudes públicas “no consensuales”, de oposición y resistencia y formaron las organizaciones debieron atravesar un proceso de conocimiento y toma de conciencia de la dimensión de la represión, de vencimiento del miedo a exponerse públicamente, de manifestar a otros la voluntad de organizarse colectivamente, de mantener la presencia y la constancia en el reclamo, a partir de ciertos vínculos y recursos.

En otros trabajos (Zubillaga, 2025) vimos que la organización colectiva tardía, trunca, efímera –o la falta de ella– se dio especialmente en zonas rurales y en localidades pequeñas, de baja densidad poblacional, que tuvieron una menor militarización porque no fueron consideradas “prioritarias” en la “lucha contra la subversión” y por ende la estructura represiva fue menor, o bien que la fuerte presencia de las FF. AA. en el entramado social (como en la zona de Campo de Mayo) representó un límite para la acción y la legitimidad. Localidades en las que las relaciones con otros actores, que fueron importantes para el desarrollo de otras experiencias, como el vínculo con sectores universitarios, se lograron en los años noventa o posteriormente (en ocasiones por la inexistencia de una institución de educación superior en el territorio), o difirieron las entabladas con la Iglesia católica (por ejemplo, porque no han sido sede de obispado o arzobispado). Localidades en las que los agentes contaron con menos recursos culturales, simbólicos o relacionales (por la falta de experiencias militantes previas, por no poder desarrollar estudios superiores, por la lejanía de los grandes centros urbanos, entre otras), o que no parecen haber sido consideradas como “prioritarias” en las estrategias de expansión territorial de algunas organizaciones. Estas experiencias muestran, además, que en algunas localidades fue el contexto de mediados de los años noventa (en especial el 20° aniversario del golpe), signados en parte por la impunidad tras los decretos presidenciales y por el surgimiento de H.I.J.O.S, y en el marco de un “boom de la memoria” (Lvovich y Bisquert, 2008) o bien el marco propiciado por la postura asumida por el Estado nacional argentino post 2003, lo que en parte creó las posibilidades para la formación de nuevas organizaciones (regionales, Mesas, Comisiones locales, etc.).

De esta forma, creemos que es posible sostener que los procesos de formación de agrupaciones defensoras de los derechos humanos en distintas localidades estuvieron condicionados y variaron según el nivel de represión sufrido en el territorio, por los límites y posibilidades generados por el contexto local, por las redes y experiencias de movilización previas, la combinación de distintos sentimientos y emociones, los recursos movilizables de los agentes, las trayectorias político–ideológicas de quienes tomaron la decisión de organizarse colectivamente, y por las políticas de expansión territorial de algunas organizaciones.³⁰

Conclusión

Las actitudes de la sociedad argentina ante la última dictadura ha sido un tema de debate político y académico, en el que nos posicionamos en contra de las miradas que presentan a la sociedad sin fisuras, de forma totalizadora, ahistórica, invisibilizando o negando la diversidad de actitudes sociales que tuvieron lugar durante aquellos años. Debe decirse, no obstante, que, en los últimos años, las ciencias sociales se han ido preocupando más sistemáticamente de las distintas formas de apoyo y oposición a la última dictadura, intentando examinar de forma compleja, situada e histórica las relaciones entre el régimen y la sociedad –en particular las percepciones y comportamientos de los ciudadanos “comunes” o “corrientes”–. Es decir, se trata de ir más allá de las lecturas “heroicas” que enfatizan la oposición activa y/o resistencia abierta, y de las perspectivas que presentan una sociedad victimizada en su conjunto, y en las que los efectos represivos simplifican o bien anulan el análisis de los significados y alcances del consenso social que tuvo.

Si bien claramente las asumidas por quienes conformaron el movimiento de derechos humanos son actitudes de “oposición”, nos resulta importante evitar miradas simplistas, dicotómicas, que presenten a estos agentes como “heroicos”, sin contradicciones, sin variaciones en el tiempo, o como un todo homogéneo. En ese sentido, como es sabido, desde los años ochenta el movimiento de derechos humanos ha sido objeto de numerosas investigaciones, provenientes de distintas disciplinas, pero recién en los últimos años se empezó a analizar sistemáticamente y con base empírica su diversidad. Al mismo tiempo, la visión “clásica” en ocasiones fue nombrada “bonaerense” para criticarla, sin embargo, no sólo son escasos aún los estudios que hagan foco en alguna localidad de la provincia o que realicen comparaciones entre distintas experiencias que tuvieron lugar en este territorio tan dispar y complejo, sino que habría que preguntarse si es pertinente o si nos sirve englobar a un conjunto diverso de experiencias –aunque algunas conectadas entre sí– bajo el paraguas de “bonaerenses”.

Para contribuir a los debates y la reflexión colectiva, en este trabajo hemos presentado algunas experiencias del movimiento por los derechos humanos durante la última dictadura en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, en tanto se trató de un actor colectivo que, en los lugares en que se conformó, claramente tomó una actitud “no consensual”, de distanciamiento, resistencia, oposición y denuncia del régimen, en especial en lo vinculado a sus crímenes de lesa humanidad.

Vimos que, en una de las provincias más extensas, antiguas, pobladas y relevantes del país, donde más se sintió el accionar represivo durante la última dictadura, el movimiento tuvo desarrollos tempranos y duraderos sólo en algunas localidades. Así, existieron algunas experiencias truncas, tardías, efímeras o la falta de organización colectiva y otras en las que el movimiento conformado fue amplio, dinámico y persistente, como ocurrió en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. El repaso de estas experiencias, y en diálogo con lo ocurrido en otros lugares (Zubillaga, 2025), muestra que el surgimiento, los recorridos, formas y temporalidades que asumió el movimiento varió, entre otras cuestiones, por el nivel de represión sufrido en el territorio, por las propias características de las ciudades, por las estructuras de oportunidades políticas, por las redes de relaciones y experiencias de movilización previa, por las tradiciones político–ideológicas que confluyeron en su seno, por los recursos movilizables, y por la intervención de elementos psicológicos, emocionales y afectivos que llevaron a algunas personas a asumir una decisión ética–política de organización colectiva. Creemos que es posible afirmar que el movimiento tuvo desarrollos tempranos y duraderos en los centros urbanos más poblados, universitarios, con trayectorias previas de movilización estudiantil, sindical y política y con altos índices de represión estatal ilegal, en los que intervinieron distintos actores para conformar el movimiento –abogados, militantes de izquierda, religiosos, etc.–, en general pertenecientes a las clases medias y con fuerte presencia femenina. A estos elementos debe sumársele la política de expansión territorial de las organizaciones capitalinas, que vieron en algunas ciudades la posibilidad de ampliar la denuncia, absorbiendo a los grupos locales o creando nuevos.

Así, asumir una actitud pública opositora, resistente, de disidencia, en el contexto dictatorial, estuvo condicionada –limitada o posibilitada– por diversos elementos, por lo que no fue “lógico”, “natural” o, en el caso de las mujeres, impulsado por un “instinto” o “mandato” materno, organizarse colectivamente para dar una respuesta ética–política a la represión, sino un proceso histórico determinado. Es decir, incluso entre quienes sufrieron la represión ilegal de forma más directa, la reacción frente al accionar del Estado no fue inmediata, lineal ni masiva. A la vez que fue común, entre quienes sí se organizaron, la militancia múltiple o el tránsito de una organización a otra, como también ocurrió en localidades fuera de la provincia.

Puesto que hacer foco en este agente colectivo permite acercarse a las actitudes de otros actores, debe decirse que, ciertamente, la resistencia, oposición y denuncia de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, no parece haber constituido un elemento aglutinador de una oposición amplia, por fuera del movimiento de derechos humanos, en los primeros años del régimen. En las localidades en las que el movimiento se conformó durante la dictadura, uno de los puntos claves para ganar visibilidad, legitimidad y apoyo de distintos sectores parece haber sido el escenario abierto tras la derrota en la guerra de Malvinas en 1982 y fundamentalmente el escenario abierto a partir de la campaña electoral de 1983. Tras la misma se empezaron a producir cambios incluso al interior del movimiento, como el proceso por el cual distintas mujeres comenzaron a ver la resistencia más abierta y directa de Madres de Plaza de Mayo como más cercana a las acciones que intentaban llevar adelante en sus localidades y comenzaron sus desvinculaciones de grupos percibidos como más “moderados”, “prudentes” o “pasivos”, como APDH, Familiares o agrupaciones netamente locales, y la conformación de filiales de dicha asociación, como ocurrió en Neuquén (1982), Tucumán (1983), La Rioja (1983), Mar del Plata (1984), Bahía Blanca (1985), Rosario (1985) y Santa Fe (1987) (Zubillaga, 2021).

Pese a los contextos hostiles, en las localidades que se conformaron, las distintas agrupaciones de defensa de los derechos humanos mantuvieron una dinámica de resistencia y acción colectiva opositora al régimen, algunas de forma más pública y directa que otras. Si bien el contexto 1982-1983 aparece como determinante, previamente fueron obteniendo visibilidad paulatinamente, a partir del Mundial de Fútbol de 1978, la visita de la CIDH en 1979 y la publicación de su informe en 1980, el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a Pérez Esquivel en 1980 –y la candidatura de Madres al mismo–, así como el impacto internacional obtenido gracias a las redes exiliares.

Por esta razón, hacia 1982-1983, el movimiento de derechos humanos se fue convirtiendo en un símbolo de lucha y resistencia pública y comenzó a contar con apoyos que no había recibido en los primeros años, en especial de organizaciones y partidos de izquierda y, en menor medida, del peronismo y el radicalismo –aunque las relaciones con este último se tensaron por algunas de las medidas del gobierno de Alfonsín–.

Más tarde, en los años noventa, distintos factores hicieron que se formaran nuevas comisiones, filiales y regionales en localidades donde antes no existían o habían fracasado en sus intentos –por falta de recursos, de experiencias previas, por disputas internas, por el miedo a la exposición en localidades más pequeñas, entre otras–, proceso de conformación que se profundizará post 2001.

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Notas