Introducción

Este artículo parte de una paradoja que atravesó el trabajo de la Comisión de la Memoria, creada en marzo de 2021 por el Directorio del CONICET: que nuestro organismo es un Consejo Nacional de Investigaciones que no se investigó a sí mismo; o al menos, que no hizo lo propio con su historia reciente dictatorial. En función de esa premisa, el 24 de marzo de 2022 en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, el Secretario de Derecho Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, encabezaron el homenaje a ocho víctimas del terrorismo de Estado que trabajaban en el CONICET en tiempos de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Fue el acto oficial en el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, al tiempo que fue transmitido por la Televisión Pública argentina, lo que le dio una trascendencia inesperada al homenaje.¹

Fue un acto histórico, por un lado, porque fue la primera vez que nuestro Consejo entregó copias de legajos enmendados de estas personas, un acto reparatorio que ya se había desarrollado en otras dependencias públicas, organismos de Ciencia y Técnica y Universidades Nacionales, pero no en CONICET (ver: Balé, 2018). Ya no que consigna en dicha documentación burocrática que hicieron “abandono de servicio” o fueron cesanteados por “faltas injustificadas”, sino que figura la verdad histórica: que están desaparecidos/as y/o fueron asesinados/as por el terrorismo de Estado. Por otro, porque la presidenta del organismo leyó un profundo texto de pedido de disculpas institucional, a 46 años del golpe de Estado de 1976: “El CONICET asume su responsabilidad histórica y pide perdón. Es nuestra postura ética, nuestro sentimiento más profundo y nuestro compromiso político para que nunca más se repita la violencia y la persecución”, afirmó emocionada y firme la Dra. Franchi.

Las máximas autoridades de CyT captaron la esencia de este acto reparatorio. Era una tarea de investigación pendiente sobre la historia reciente del principal organismo de CyT que funciona en nuestro país. Además, muchos/as de los/as participantes de esta iniciativa hemos colaborado en otras experiencias de homenaje realizadas en universidades nacionales, dependencias oficiales, organismos de CyT y empresas privadas, pero no habíamos emprendido esta pesquisa en nuestra propia institución. Sí habíamos trabajado en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Balseiro, Universidad de Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), YPF -entre otras instituciones-. De todas maneras, teníamos una deuda con “los/as nuestros/as” y con la reconstrucción de una parte de la trayectoria del organismo del que formamos parte: CONICET, institución que tanto creció en tiempos dictatoriales, en los que se buscaba escindir la investigación de las universidades nacionales -vistas como espacios muy politizados frente al Consejo Nacional- (ver Bekerman, 2018; también Gárgano, 2015). Este homenaje de algún modo materializó los resultados del primer año de trabajo de la Comisión de la Memoria; tuve el inmenso honor de coordinar dicho trabajo en mi carácter de investigador del CONICET, especializado desde hace más de veinte años en temas de memoria, dictadura y derechos humanos.

¿Por qué se tardó tanto tiempo? Isabel Mac Donald –fundadora e integrante de la Comisión, profesional principal de la Carrera de Personal de Apoyo (CPA) y trabajadora en gestión de CyT con más de 35 años de experiencia- sostuvo que el CONICET tiene una larga experiencia de poner su historia “debajo de la alfombra”. Además de este pasado incómodo y de la fuerte complicidad institucional con la última dictadura, seguramente para muchos de quienes “trabajamos ahí”, por momentos algo del CONICET se nos vuelve un tanto ajeno e impersonal, debido a que nuestros lugares de trabajo están en universidades o instituciones descentralizadas a lo largo de todo el país. Por eso, cuando digo que tuve el honor de coordinar el trabajo de esta comisión, quiero destacar que conocí a la gente que hace al Consejo Nacional, que lo sostiene desde su trabajo cotidiano y silencioso, mucho menos conocido que la labor de investigadores, pero que –como la mayoría de las víctimas homenajeadas- son el alma y corazón del organismo. Así tuve la posibilidad de humanizar y aprehender “desde adentro” parte de los engranajes de un organismo que tiene más de 27 mil trabajadores y del que formo parte como becario desde 2008.

En este artículo me interesa dar cuenta de cómo fue el proceso de reconstrucción de esta nómina de víctimas del terrorismo de Estado del CONICET -seguramente incompleta y parcial-. Como hace años nos enseñó Elsie Rockwell (2009), “documentar lo no documentado” fue uno de los objetivos que me impuse como antropólogo que coordina una política pública. Esta “buena práctica” de producción de conocimiento no sólo debe ser la norma cuando uno hace el típico trabajo de campo antropológico, sino también cuando uno “trabaja ahí” en experiencias como la de la Comisión de la Memoria, donde los límites entre la gestión, el activismo y la investigación son difusos (ver también Garaño, 2020). Por ello, a lo largo de estos tres años de trabajo de la Comisión, intenté registrar etnográficamente el proceso de conformación de la Comisión de la Memoria, elaborar minutas de todas las reuniones y presentar informes anuales de nuestro trabajo -que se difunden en la web de CONICET y recuperan aquella tradición del movimiento de Derechos Humanos (DDHH) de sistematizar información y documentar los casos- (ver Garaño, 2021, 2022 y 2023). Presentar estas reflexiones no sólo tiene el objetivo de relatar los desafíos que supone este tipo de tarea de investigación, sino que pretende colaborar con otras instituciones que quieran emprender empresas similares (ver también Godoy, 2020). No para crear recetas ni fórmulas, sino para transmitir experiencias y aportar una pieza más al legado de las creativas luchas del movimiento de derechos humanos, en estos tiempos de incertidumbre, retrocesos en materia de derechos humanos y creciente negacionismo.

La creación de la Comisión

El 23 de marzo de 2021, la presidenta del CONICET, Dra. Ana Franchi, firmó la resolución que puso en marcha la Comisión de la Memoria. De este modo se oficializó la labor de un grupo de miembros del Consejo que, desde hacía meses, se había planteado homenajear y reparar a las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar argentina. La resolución de creación dispuso los siguientes objetivos para la Comisión de la Memoria:

1. 1. Elaborar una nómina de trabajadores/as del CONICET víctimas de la última dictadura cívico militar en un sentido amplio (que incluya no solo asesinados/as y desaparecidas/os, sino exiliadas/os -internos y externos-, sobrevivientes de centros clandestinos, presas/os políticos, cesanteadas/os, exoneradas/os, dados de baja, renuncias y/o cambios de lugares de trabajo sin justificación, cancelación de becas, licencias sin goce, entre otros casos).
2. 2. Establecer la calidad de Detenido/a - Desaparecido/a o Asesinado/a, en los legajos de los agentes del Consejo que han sido víctimas del accionar ilícito del Estado durante la última dictadura cívico militar, dejándose constancia en los respectivos legajos los reales motivos que determinaron la interrupción de su desempeño laboral.
3. 3. Impulsar iniciativas de homenaje y reparación a los trabajadores/as del organismo desaparecidas/os y/o asesinadas/os por motivos políticos durante la última dictadura cívico militar.
4. 4. Proponer medidas que permitan garantizar el acceso a las fuentes documentales y archivos institucionales del CONICET, teniendo en cuenta la necesidad de protección de dichos repositorios con alto valor histórico.²

La Comisión de la Memoria se creó sobre la base del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1199 de 2012 que instó a las entidades descentralizadas de la Administración Pública a la reparación documental como acto de desagravio hacia todos aquellos empleados a los que se les consignó “erróneamente la causal de cese de sus funciones cuando en realidad fueron víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado”.³ En esa línea, el Directorio de CONICET dispuso la entrega de una copia de los legajos de personal a los afectados y/o familiares de las víctimas del terrorismo de Estado del Consejo, donde conste la reparación documental y restableciendo la verdad histórica (Art. 3).

Como dispositivo reparatorio, una de las estrategias más originales es que la Comisión se nutriera de representantes de las distintas áreas y sectores que forman el organismo, miembros del Directorio, de Legales, Recursos Humanos, Relaciones Institucionales, representantes sindicales, investigadoras/es y técnicos/as, y becarias/os, todxs fuertemente comprometidos con los Derechos Humanos. Sus integrantes son: Mario Pecheny, Roberto Rivarola, Miguel Laborde, Santiago Garaño (coord.), Antonio Ambrosini, Fabiana Bekerman, Gabriela Borreda, María Elena Borro, María Caldelari, Leandro Lora Fariña, Mario Rentería, Liliana Sacco, María José Sarrabayrouse Oliveira, Alan Temiño y María Isabel Zontella; además, Isabel Mac Donald, quien fuera fundadora y miembro de la Comisión desde los inicios hasta su fallecimiento en 2023. Entre 2022 y 2023 se sumaron Dr. Alberto L. Baruj, designado como representante por la Gran Área de Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales en el Directorio, y quienes integran el Archivo General del organismo, y dependen de la Gerencia de Organización y Sistemas.

A lo largo de los primeros años de trabajo, pude aportar toda la experiencia acumulada en el marco del convenio de asistencia técnica entre YPF y CONICET, mediante el que asesoré a esta compañía para que realizara un homenaje a 42 trabajadores y trabajadores víctimas del terrorismo de Estado en octubre de 2015 (ver: Garaño, 2015 y 2020).⁴ En ese marco, había elaborado un protocolo de reparación de legajos que fue tomado como base para iniciar y desarrollar las pesquisas emprendidas desde la Comisión de la Memoria del CONICET.

De todas maneras, el desafío de estas iniciativas es que tengan una impronta propia y original; no solo replicar lo ya hecho en otros lugares, sino involucrar y comprometer a la institución en la que se realiza el acto de homenaje. Antes que replicar vis a vis una receta metodológica, ensayamos y desarrollamos estratégicas nuevas, aprendimos e inventamos formas nuevas de trabajo, de manera colectiva, adaptadas desde y en función de las características de nuestro Consejo Nacional. A diferencia del trabajo más solitario que se desarrolló en YPF, en CONICET fue una experiencia grupal e institucional, desarrollada en el marco de una comisión amplia y diversa. Otra de las apuestas institucionales fue la conformación en 2022 de un pequeño equipo de investigación, integrado por el Dr. Santiago Garaño, la Dra. Fabiana Bekerman, la Mgter. María Caldelari, la Dra. Fernanda Tocho, el Lic. Roberto Salim y la Lic. María Pía Rossomando; desde mayo de 2022, prosiguieron las labores de investigación, la Lic. María Josefina Lamaisón y el Mgter. Hernán Merele.

Se delinearon dos líneas de trabajo. Por un lado, con Tocho y con Merele, nos propusimos revisar y evaluar lo actuado con anterioridad por CONICET, otros organismos de Ciencia y Técnica y Universidades Nacionales en lo que han sido iniciativas de homenaje a trabajadores/as de CyT desaparecidos/as y/o asesinadas/os por motivos políticos durante el terrorismo de Estado (investigadores/as, personal de apoyo y/o administrativo, becarias/os) y articular con repositorios y archivos de organismos de DDHH de la sociedad civil y del Estado nacional.

Por otro lado, un segundo grupo - liderado por la Dra. Fabiana Bekerman e integrado por Rossomando y Lamaisón- se encargó la elaboración de una primera nómina de víctimas del personal del CONICET (investigadores/as, personal de apoyo a la investigación y becarios/as) expulsado entre 1976 y 1983 por motivos políticos a través de diversos mecanismos (renuncia sin justificación, cancelación de actividades, baja, dejar sin efecto una designación, cesantía, cambio de lugar de trabajo, suspensión de actividades, entre otros); en una segunda etapa de trabajo se continuó con las personas despedidas entre 1973 y 1976.

Junto al permanente apoyo del Directorio, su Presidenta, y Vicepresidentes, este formato Comisión+equipo le otorgó un marco institucional permanente al trabajo de investigación –no ligado exclusivamente al evento reparatorio- y permitió el involucramiento de las distintas áreas del CONICET en el acto de homenaje. Frente a un organismo con presencia en todo el territorio nacional, un gran desafío fue “federalizar” nuestro trabajo y estimular la creación de sub-comisiones de la Memoria. Además, otra de innovaciones es que la resolución de creación garantizó el acceso y la preservación de los archivos, entendidos como parte consustancial de la “memoria” institucional del Consejo.

Los desafíos en la reconstrucción de los listados

Desde la Comisión de la memoria de CONICET no partimos de cero. Si llegamos a hacer un primer acto de homenaje en menos de un año se debió a las luchas del movimiento de derechos humanos y las políticas de la memoria desarrolladas desde 1983 en distintas dependencias del Estado nacional –con sus avances y retrocesos, incluso al interior del Consejo Nacional.

Así, el grupo de investigación potenció su trabajo gracias a la activa colaboración de María Caldelari. Además de su experiencia y fuerte compromiso con la temática, dicha integrante de la Comisión de la Memoria acercó materiales inéditos y los listados de 854 personas expulsadas del CONICET entre 1976 y 1980 -elaborado en el marco de un convenio entre INTA y CONICET entre 2015 y 2016 (Caldelari, 2016)-, tanto como los resultados de una investigación previa, realizada en la década de 1980, recién recuperada la democracia, con otra historiadora, María Ester Rapalo (AAVV, 1989). Además de estos dos informes previos de investigación sobre la historia del CONICET en tiempos de la última dictadura, la pesquisa se nutrió de los trabajos sobre la dictadura en CONICET de la investigadora Fabiana Bekerman (2018). También, fue permanente el apoyo y el diálogo con el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), cuyos investigadores nos ayudaron pulir los listados –cotejando con la información obrante en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE)–, al tiempo que colaboraron activamente en la reconstrucción y documentación de todos casos.

Ese conocimiento acumulado nos permitió partir en marzo de 2021 de un listado inicial de cuatro integrantes de la carrera del personal de apoyo (CPA) y un bibliotecario del Museo Argentino de Ciencias Naturales: Alicia Graciela Cardoso (técnica del Instituto de Astronomía y Física del Espacio –IAFE, CONICET-UBA), Dante Guede (técnico del Instituto Argentino de Radioastronomía -IAR-), Roberto Luis López (técnico del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo de la Facultad de Medicina de la UBA), Martín Toursarkissian y Manuel Ramón Saavedra (ambos del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, dependiente del CONICET).

Al igual que cuando inicié mi trabajo en YPF, la hipótesis de trabajo era que el listado del que partimos -de cinco personas- era parcial e incompleto y, por lo tanto, se debía consultar otras investigaciones para complementar ese conjunto preliminar de casos. En función de ello, contactamos a la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad, quien ha trabajado en distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional, en el marco del decreto presidencial 1199/2012. Dicha Comisión de Trabajo identificó y recuperó los legajos laborales de cientos de trabajadores/as desaparecidos/as que se desempeñaban en las diferentes empresas y organismos de la Administración Pública Nacional y llevó adelante numerosos actos conmemorativos en los cuales se convocaba a las familias de las víctimas homenajeadas para que recibieran una copia del legajo “reparado”.⁵ Sobre el personal del CONICET represaliado, tenían identificados como trabajadores desaparecidos a Dante Guede y Martín Toursarkissian.

Nos entrevistamos con diferentes grupos y/o iniciativas de homenaje y reparación de legajos desarrolladas en organismos de CyT -tales como INTA, CNEA e Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)-. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que actualmente está reconstruyendo el listado de víctimas estatales, confirmaron los nombres de Graciela Cardoso y Martín Toursarkissian, y agregaron el de Federico Lüdden. A su vez, nos alertaron acerca de que, en las bases de datos en el campo “lugar de trabajo” suele haber subregistros, información faltante e imprecisiones, al tiempo que nos invitaron a ampliar el universo de la búsqueda (sumando también, por ejemplo, docentes-investigadores de Universidades Nacionales, en donde las víctimas del sistema de CyT solían tener su lugar de trabajo).

Consultamos otras bases de datos que, al tiempo que ratificaron casos que obraban en el listado preliminar del que partimos desde la Comisión de la Memoria, aportaron nuevos nombres que no figuraban en dicha nómina. El Área de Investigación del Parque de la Memoria, base de la nómina del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, nos brindó información acerca de dos personas identificadas como pertenecientes al CONICET en sus sistemas, que no figuraban en listado original de víctimas con el que contábamos: Liliana Galletti y Federico Lüden, ambos becarios del organismo con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de La Plata. Por su parte, la Prosecretaría de DDHH de dicha alta casa de estudios nos aportó información fundamental para documentar ambos casos, en particular, su vinculación con el CONICET.⁶

De acuerdo a la información obrante en la Resolución Nº500/19 de reparación de su legajo institucional en la FaHCE/UNLP, Liliana Elida Galletti Bussi se desempeñó como docente del Departamento de Historia en varias oportunidades, al tiempo que tuvo un cargo como Profesora en el colegio Liceo Víctor Mercante (dependiente de esa misma alta casa de estudios). Precisamente en el legajo administrativo de dicho Liceo, consta el pedido realizado por la Prof. Galletti solicitando una “licencia sin goce de haberes por incompatibilidad horaria (Art. 41 de E.U.) a partir del 1º de agosto de 1974 (…) por haber obtenido una beca interna del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET), en 2 horas interinas de ‘Historia’ que desempeña en este establecimiento”.

Gracias a la búsqueda de información que realizó el equipo de investigación de la Comisión de la Memoria del CONICET, se pudo dar con la resolución interna del organismo que corrobora esto. Efectivamente Liliana Elida Galletti obtuvo en el mes de julio de 1974 una Beca Interna de iniciación en la investigación, dispuesta en la Resolución 383/74 del Interventor del Consejo. Su tema de investigación era: "El periodo de transición y la consolidación de la clase terrateniente argentina (1860-1880). Ensayo de historia económica y social sobre la evolución ganadera de la provincia de Buenos Aires”, con lugar de trabajo en el Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP; su director era el Dr. José Panettieri.

Por su parte, el testimonio de Eleonora Ana Augusta Lehmann de Lüdden ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en el año 1984 detalló que su hijo Federico “se desempeñó como investigador en la especialidad ‘Estado Sólido’ en el Departamento de Física, y como Ayudante de Trabajos Prácticos en las materias Físicas I y II de la Faculta de Exactas de la UNLP”. Fue además “contratado en el Observatorio Astronómico de la UNLP, venciendo su contrato en el año 1975. Luego se presentó a una beca de investigación en CONICET en la especialidad Rayos X, especialidad en la que ya se desempeñaba ad honorem en la Facultad” (Legajo CONADEP Nº 3216). Su vinculación a CONICET es mencionada también en la ficha interna que consta en dicho legajo, donde en la categoría “Lugar de trabajo” aparece la mención “Becado por CONICET”. Asimismo, en la información que obra en su ficha del RUVTE (ID2929) se agrega que “estaba trabajando con un equipo de físicos y biofísicos en la determinación de tejidos cancerosos [...] en el Dpto. de Física -Rayos X- de la UNLP, y estaba financiado por el CONICET”. En ese registro también se señala que Federico en su carácter de “Investigador Científico” había sido "contratado por el Observatorio astronómico de la UNLP para desarrollar un trabajo de Geofísica (prospección de suelos) para ser utilizado por YPF" y que venció en el año 1975. Por su parte, Ercilia Pensado, pareja y conviviente de Federico Lüdden, quien presenció junto a sus hijas el secuestro de su compañero en su casa de City Bell, en su declaración en el Juicio por la Verdad ante el Tribunal Oral de la Cámara Federal de La Plata en el año 2011, señaló también que dicho investigador “trabajaba como docente en la Facultad de Física de La Plata, y era investigador del CONICET”.

Me permito el uso de la primera persona para contarles un hito de nuestro trabajo de investigación. Todavía me emociona recordar una charla que tuvimos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con Carlos “Maco” Somigliana, una mañana que me reuní con él para solicitarle que nos brindara fotos de las víctimas para incluir en el homenaje del 24 de marzo del 2022. Mientras conversábamos y compartía cuantiosa información sobre las primeras siete víctimas que teníamos identificadas hasta ese momento, Somigliana recomendó la inclusión de Mario Oreste Galuppo, quien en sus bases de datos figuraba como becario de CONICET. Luego, las autoridades del Archivo Nacional de la Memoria nos enviaron una notificación oficial, en la que ratificaron este dato: “En su legajo consta que Mario era ingeniero, Jefe de Trabajos Prácticos en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Rosario, y en 1974 había obtenido una beca del CONICET para realizar una investigación en la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Rosario”.

En función de este nuevo caso, integrantes de nuestro equipo de investigación revisaron las resoluciones correspondientes a los años 1974, 1975 y 1976, esperando encontrar la nómina oficial del otorgamiento de becas internas en la que se incluyera su nombre. Así fue como logramos dar con la Resolución de CONICET N° 383/74, de fecha 15 de julio de 1974, que corroboró la pertenencia institucional de Galuppo a nuestro organismo, en carácter de becario. Tal como consta en la resolución, Galuppo obtuvo una Beca de Iniciación de CONICET, para desarrollar una investigación sobre “Simulación híbrida de procesos”, con lugar de trabajo en el Laboratorio de Electrónica, Escuela de Ingeniería Electricista de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la UNR. Su Director era el Ing. Manlio Eneas Ottalagano. Este hallazgo sucedió el día en que estábamos por terminar de definir el contenido y texto de la placa que se emplazó en el edificio del CONICET del Polo Científico. Creer o reventar.

Las tareas de reparación documental

En base a las pesquisas realizadas por el Equipo de Investigación de la Comisión de la Memoria y gracias al apoyo permanente del Archivo Nacional de la Memoria, entre marzo de 2021 y marzo de 2022, identificamos ocho víctimas pertenecientes al CONICET que fueron detenidas desaparecidas: Alicia Graciela Cardoso (personal de Apoyo en el IAFE), Liliana Élida Galletti (becaria de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación –UNLP-), Mario Oreste Galuppo (becario de la Facultad de Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario –UNR-), Dante Guede (personal de Apoyo en el IAR), Roberto Luis López Avramo (personal de Apoyo en el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, Facultad de Medicina de la UBA), Federico Gerardo Lüdden (becario de la Facultad de Cs. Exactas –UNLP-), Manuel Ramón Saavedra (bibliotecario del Museo Argentino de Cs. Naturales) y Martín Toursarkissian (técnico de dicho Museo).

Durante 2021, intentamos infructuosamente ubicar físicamente los legajos laborales de estas ocho personas en los archivos del CONICET, tarea que logramos recién hacia fin de aquel año. Primero, Liliana Sacco, María Isabel Zontella y María Elena Borro, tres integrantes de la Comisión y con larga trayectoria en el organismo, encontraron sus fichas de personal, en el viejo edificio de CONICET del barrio Congreso, en la avenida Rivadavia 1917. Luego, ellas contactaron a quien dirigió el archivo, Norma Ventín, archivista muy comprometida con el Consejo y ya jubilada, quien personalmente –junto a Omar Strazzanti– ubicó estos documentos tan valiosos en el subsuelo del organismo. Así pudimos comprobar que estas personas -víctimas de la represión ilegal- se habían desempeñado en el organismo. A partir de este hallazgo, el Directorio tomó la decisión de hacer el acto del 24 de marzo de 2022 y se emprendió “a contrareloj” la tarea, siempre con el fuerte compromiso de la Dirección de Relaciones Institucionales (DRI) del Consejo.

En aquel momento, no pudimos acceder al legajo de personal de los tres becarios -Liliana Élida Galletti, Mario Oreste Galuppo y Federico Lüdden-, pero sí hallamos documentación suficiente que nos permitió documentar su vínculo con el organismo en las resoluciones y actas del CONICET. El Directorio y la Comisión de la Memoria decidieron incluirlos debido a la fuerte evidencia que conseguimos consultando los legajos de CONADEP, documentación de la UNLP -donde dos de ellos tenían su lugar de trabajo- y teniendo en cuenta el fondo documental de Becas del Consejo no se encuentra completo. Como alertó Gabriela Borreda -representante de ATE en el CONICET y miembro de nuestra Comisión-, sumar estos casos nos permitió evitar que desaparecieran dos veces.

Me conmovió particularmente el trabajo artesanal que María Elena Borro y María Isabel Zontella hicieron para reconstruir de cero los legajos de personal de estos tres becarios, usando las carpetas actuales de CONICET y su amplísima expertise en el área de RRHH. De ahora en adelante, la documentación de Liliana, Mario y Federico ha pasado a integrar el Archivo General del CONICET; así, fueron reintegrados simbólicamente al organismo del que habían desaparecido dos veces.

Una vez identificados este conjunto de casos, accedimos a documentaciones obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria, legajos de CONADEP y de REDEFA (Registro de Fallecidos), fichas personales del RUVTE y materiales complementarios obrantes en organizaciones e instituciones comprometidas con los derechos humanos. Del cruce de ambos tipos de fuentes, reconstruimos las biografías que nos permitieron constatar su doble carácter de víctimas del terrorismo de Estado y trabajador/a de CONICET y las subimos al micrositio web de nuestra comisión en una sección titulada “Historias recuperadas” que además compila un collage de fotos, acercadas por sus familias, o brindadas por el Archivo General de CONICET, el Archivo Nacional de la Memoria y el EAAF.⁷

Pero nuestra Comisión de la Memoria se propuso una empresa poco usual para este tipo de homenajes y bastante ambiciosa. Si bien el organismo ya había realizado en el pasado actos que recordaban a las personas desaparecidas, en esta oportunidad el objetivo fue ir “más allá”. Se trató no sólo de recordar a aquellas personas que fueron asesinadas o desaparecidas, sino también de subsanar otros daños e injusticias de las que fueron también víctimas nuestros trabajadores/as e investigadores/as en el sentido amplio del término. Personas que fueron despedidas, cesanteadas o exoneradas; quienes fueron encarceladas o tuvieron que partir al exilio interno o externo; quienes a causa de esa persecución no pudieron reunir los requisitos administrativos para obtener su jubilación; quienes no pudieron completar sus becas, proyectos o tareas; en fin, todas aquellas que se vieron perjudicadas y maltratadas por la violencia estatal.

Como ya adelantamos, un segundo sub-equipo se encargó la elaboración de una nómina de víctimas del CONICET en un sentido más amplio (investigadores/as, personal de apoyo a la investigación y becarios/as) expulsado entre 1976 y 1983 por motivos políticos, a través de diversos mecanismos (renuncia sin justificación, cancelación de actividades, baja, dejar sin efecto una designación, cesantía, cambio de lugar de trabajo, suspensión de actividades, entre otros). Para ello, se encaró la revisión de las resoluciones del CONICET digitalizadas, con el fin de avanzar en la definición de las categorías y/o reconstrucción de los mecanismos institucionales por los cuales el organismo ejecutó la expulsión de las víctimas y la sistematización de esos datos (ver Bekerman, Rossomando y Lamaisón, 2023). Actualmente, el equipo de investigación pudo acceder al Archivo General del Consejo y está reconstruyendo “caso a caso” este segundo conjunto de víctimas, a partir de la consulta de sus legajos de personal del organismo. Tal como señalamos, no solo nos restringimos a la última dictadura, sino que ampliamos los listados quienes fueron expulsado/as entre 1973 y 1976, tratando de identificar continuidades y rupturas en los mecanismos de expulsión y censura en tiempos de fuerte represión social y política desde el Estado.

Por último, logramos identificar un conjunto de 64 investigadores/as miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC), que fueron exonerados/as por orden directa de la Junta Militar en 1976. Se partió del hallazgo de una caja que contenía fichas de investigadores rotuladas como “Dados de baja por la Junta Militar” que estaba en el antiguo edificio del CONICET, ubicado en Av. Rivadavia N°1917. Si bien en principio no probamos que alguno/a de ellos/as haya sido asesinado/a o está desaparecido/a, son una muestra notable del grado de persecución política que sufrió este Consejo; y, de manera general, cómo fue afectado el sistema científico, truncando, cercenando y retrasando las promisorias trayectorias académicas de estos/as investigadores/as.

Los avances durante 2022 y 2023

Así llegamos a reunir los primeros ocho casos, cuyos legajos fueron reparados y/o reconstruidos el 24 de marzo de 2022. Pero la pesquisa no terminó en dicho acto de homenaje. Entre 2022 y 2023, hemos podido identificar siete nuevos casos de personas detenidas-desaparecidas por el terrorismo de Estado que trabajaban en CONICET. Se trata de víctimas que, entre los años 1964 y 1975, se desempeñaron como becarios/as o personal administrativo de la institución: Luis Ángel Dadone Hansen (becario interno del Consejo y docente de la Facultad de Cs. Naturales y Museo de la UNLP), Alberto Horacio Giusti (docente de la Facultad de Cs. Exactas y Naturales de la UBA y computador científico de la Fundación Bariloche), Antonio Anselmo Misetich (becario externo e integrante del Departamento de Física de la CNEA), Eduardo Alfredo Pasquini (becario externo y docente de la Facultad de Cs. Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR), Arturo Miguel Rosés (secretario del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca –CONICET-Universidad Nacional del Sur –UNS-), María del Carmen Sabino (becaria del Centro de Investigaciones Educativas), y Héctor Saraceno (becario, docente e investigador de la Facultad de Medicina de la UBA).

La identificación de estos nuevos casos se realizó por distintas vías, apelando a distintas estrategias metodológicas y recursos disponibles, profundizado hipótesis de trabajo, e hilando más fino en casos sobre los que no habíamos tenido certezas en 2022. Fue central la tarea detectivesca de Hernán Merele y el cuidado y detallismo de Josefina Lamaisón.

Con el inicio de las tareas en el Archivo General de la sede de Av. Rivadavia N°1917 y del diálogo con el personal del archivo, Hernán Merele tomó conocimiento de la existencia de un bibliorato conteniendo unas doscientas cartas enviadas al CONICET durante el año 1978. Estas cartas, provenientes desde el exterior (especialmente de Europa), denunciaban y reclamaban por la suerte de cuatro investigadores desaparecidos: Alfredo Giorgi, Federico Fernando Álvarez Rojas, Antonio Anselmo Misetich y Adolfo Rubén Moldavsky. Durante el relevamiento de la citada documentación, Merele pudo establecer -a partir de distintos memorándums internos enviados entre el Departamento de Carrera de Investigador, el Departamento de Personal y Departamento de Becas- que uno de estos investigadores tuvo vinculación con CONICET: se trataba de Antonio Anselmo Misetich.⁸

Gracias a esta información y a fin de confirmar y documentar este caso, enfocó su trabajo de búsqueda en las actas del Directorio y en el relevamiento de resoluciones internas producidas entre los años ‘60 y 1976 (año de la desaparición de Misetich). En esta documentación, Merele pudo encontrar tres resoluciones en las que efectivamente figura este investigador: la N°21/64 bis en la que se le adjudica una beca de perfeccionamiento por un período de doce meses; la N°60/65 que le concede una prórroga de cuatro meses y medio; y la N°84/67 que lo autoriza a trabajar un segundo año como becario sin estipendios.

En el caso de María del Carmen Sabino la pesquisa siguió un camino diferente. Fue identificado a partir del relevamiento que realizamos sobre las actas del Directorio con el fin de elaborar un listado de becarios/as que revistieron funciones en el CONICET en la década de 1970. Como entre 2021 y 2022 habíamos constatado la existencia de tres becarios/as que fueron víctimas del terror estatal (Mario O. Galuppo, Federico G. Lüdden y Liliana E. Galletti), avanzamos sobre la hipótesis de trabajo de que podían surgir nuevos casos, si seguíamos cruzando las bases de datos de quienes obtuvieron becas del CONICET con los registros de víctimas del terrorismo de Estado que obran en el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE). Como el organismo no cuenta con un listado de becarios/as de aquella época, nuestro equipo de investigación tuvo que reconstruirlo desde cero a partir de la lectura y sistematización de las resoluciones de otorgamientos de becas. La nómina de becarios/as que elaboró Hernán Merele está integrada por 1.148 agentes y abarca aquellos/as que se desempeñaron entre los años 1971 – 1975.

Al cotejar este listado de personas que tuvieron becas con el listado de desaparecidos/as producido por el RUVTE, hemos podido identificar nuevos casos de víctimas del terrorismo de Estado pertenecientes a este organismo. Entre ellos, María del Carmen Sabino quien figura en las actas del CONICET con dos resoluciones, la N° 64/74, por la cual se le otorga una beca interna de iniciación y la N° 64/75 en la que se le concede una prórroga de doce meses. El descubrimiento del caso de Héctor Saraceno como víctima del terrorismo de Estado vinculada al CONICET también surgió a partir del cruce que realizamos entre el listado de becarios/as que confeccionamos a partir de las resoluciones del Directorio del Consejo (Becas de Iniciación, Becas de Perfeccionamiento y Becas Externas), con el listado de desaparecidos/as y asesinados/as elaborado por el RUVTE del ANM.

La identificación de Eduardo Alfredo Pasquini como víctima ligada al CONICET fue otro hallazgo de Hernán Merele, quien siguió pistas a partir de los datos que proporcionaron distintas biografías disponibles en internet. En particular, una semblanza escrita por una de sus hijas aportó un evento clave para acotar la búsqueda: entre 1971 y 1973 la familia había viajado a Francia donde Eduardo realizó sus estudios doctorales: “Nos fuimos a Francia en enero de 1971, a acompañar a papá en su estadía doctoral. De los dos años que vivimos en París tenemos muchos recuerdos. Recuerdos inolvidables son los paseos, los viajes que hacíamos alojándonos en albergues (la beca doctoral no daba para hoteles, por supuesto)”.⁹ ¿Qué tipo de beca había obtenido su padre para realizar el viaje? ¿Pudo haber sido una beca externa de CONICET?, fueron las preguntas que llevaron a Merele a relevar las actas de Directorio en el lapso de años mencionado. El resultado de esta búsqueda fueron cinco resoluciones que certifican la pertenencia al CONICET de Pasquini durante esos años como becario externo: resoluciones N° 118/70; N° 235/71; N° 92/72; N° 147/72 y N° 321/72.

Como ya fue señalado, desde sus inicios el trabajo desplegado por la Comisión de la Memoria tuvo como objetivo la elaboración de una nómina de trabajadores/as del CONICET víctimas de la última Dictadura cívico militar en sentido amplio. Durante 2021, con Fernanda Tocho habíamos solicitado al RUVTE información obrante sobre víctimas del terrorismo de Estado relacionadas con universidades nacionales (docentes, investigadores/as, graduados/as, etc.). Nuestra hipótesis de trabajo era la siguiente: era muy posible que desaparecidos y asesinados que formaban parte del sistema universitario también trabajaran en el CONICET. El RUVTE respondió el pedido aportando información de casi un total de 600 víctimas.

Durante el año 2023 la Lic. María Josefina Lamaisón retomó esta línea de trabajo y confeccionó un listado de víctimas universitarias que fue enviado al Archivo General de CONICET, con el fin de localizar la existencia de legajos de estas personas y confirmar de esta forma su vinculación con nuestro organismo. De esta búsqueda inicial, pudimos hallar en junio de 2023, el legajo de beca del Lic. Luis Ángel Dadone Hansen y confirmar que fue becario del CONICET antes de su desaparición forzada.

Respecto de Alberto Horacio Giusti, la Dra. Soledad Pérez, investigadora del CONICET-UNRN, nos hizo llegar el caso de este computador científico desaparecido, miembro de la Fundación Bariloche. En 2023, con motivo de la creación de la sub Comisión de la Memoria de Bariloche, Alberto Baruj, María Celeste Ratto y Soledad Pérez -colegas del CCT de Bariloche y fundadores de dicha subcomisión- solicitaron su inclusión como víctima del terrorismo de Estado del CONICET, confirmando que esta institución forma parte actualmente del sistema de institutos dependientes de este Consejo Nacional, moción que fue aprobada por la Comisión de la Memoria por unanimidad.¹⁰

Por su parte, el equipo de investigación de la Universidad Nacional del Sur (UNS) -liderado por la Dra. Silvina Jensen, la Dra. María Lorena Montero y la Lic. Ana Inés Seitz- notificó a la Comisión de la Memoria del CONICET sobre la existencia del caso de Arturo Miguel Rosés. A partir de la realización de una acto de reparación de legajos de personal en dicha casa de altos estudios, la Dra. Jensen señaló la necesidad de incluirlo como víctima de nuestro Consejo, debido a que Rosés había sido empleado administrativo en la secretaría de un instituto de doble dependencia entre CONICET-UNS y aportó la documentación en base a la que reconstruimos su paso por nuestro organismo.¹¹

En enero de 1972, Rosés ingresó a trabajar como personal administrativo en la secretaría del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca (INIBIBB). El INIBIBB fue fundado el 18 de junio de 1970 en la UNS, al mismo tiempo en que se creaba el Departamento de Biología. El primer director y organizador de ambos fue el Dr. Nicolás G. Bazán, quien se desempeñaba como profesor en la carrera por entonces denominada Licenciatura en Bioquímica de esa universidad. En la web del oficial de nuestro Consejo se señala: “Sus insistentes gestiones [del Dr. Bazán] lograron que desde el 30 de abril de 1973 el INIBIBB pasase a formar parte del sistema de Institutos del CONICET, además de la UNS, estando por lo tanto entre los -por entonces escasos- institutos de doble dependencia entre el CONICET y las universidades nacionales”.¹²

Como se puede ver, el desafío de federalizar el trabajo de la Comisión de la Memoria, a lo largo y ancho del país, dio sus frutos.

Además de las mencionadas hipótesis de trabajo, el equipo de investigación desplegó dos estrategias complementarias que, si bien no nos han permitido identificar nuevos casos de personas desaparecidas y/o asesinadas vinculadas al CONICET, nos ha posibilitado localizar un grupo de personas represaliadas por el terrorismo de Estado en un sentido más amplio.

Por un lado, elaboramos un listado de investigadores/as, personal de apoyo a la investigación y/o becarios/as que fueron exonerados del Consejo entre 1973 y 1983 a través de diversos mecanismos. El 13 de febrero de 2023 enviamos una notificación al RUVTE con el objeto de solicitarles una revisión de dicho listado de miembros del CONICET exonerados, para ver si en él podían identificar posibles víctimas del terrorismo de Estado. Habiendo cruzado el listado enviado por la Comisión de la Memoria del Consejo con los registros obrantes en la base de datos RUVTE, el ANM respondió que nuevamente identificaron las coincidencias ya conocidas en el acto de homenaje que se hizo el 24 de marzo de 2022: Dante Guede, Alicia G. Cardoso y Mario Galuppo. Además, pudieron localizar dos casos de personas “liberadas”, es decir, que sobrevivieron a su paso por un centro clandestino de detención, y que identificaremos por sus iniciales para preservar su identidad:

En cuanto a víctimas liberadas, las coincidencias son dos: J.A.S. y R.J.V.M. El primero, ingeniero agrónomo, empleado del CIHRSA - Inst. Nac. de Agua y docente universitario de la UNC, vinculado al Consejo en Villa Carlos Paz, Córdoba, fue secuestrado, ‘legalizado’ y liberado en Córdoba durante 1977. Del segundo, no contamos en Ruvte con datos de actividad laboral, salvo que, para la fecha de su detención, octubre de 1976, era estudiante de profesorado de 4º año (detenido a disp. del PEN, es liberado en Resistencia, Chaco, a mediados de 1977), por lo que cabe la posibilidad que se vinculara al Consejo con posterioridad a ser liberado.¹³

Luego, el 23 de febrero de 2023 escribimos al RUVTE para solicitarles la revisión de un listado de 64 investigadores/as del organismo que estaban archivados en una caja cuyo rótulo decía “Dados de baja por la Junta Militar”, con el fin de chequear posibles “cruces” con las víctimas del terrorismo. Desde el ANM, nos respondieron que, habiendo cotejado el listado enviado por la Comisión de la Memoria de CONICET con los registros obrantes en la base de datos de Ruvte, no ubicaron coincidencias.

Profundizando la hipótesis que nos permitió identificar nuevos casos, el 27 de febrero de 2023 enviamos un listado de 700 becarios/as del período 1971-1975 del CONICET al ANM, con el fin de identificar posibles víctimas del terrorismo de Estado, tanto personas detenidas-desaparecidas como y/o represaliadas. El 3 de marzo del 2023 el RUVTE nos respondió que, de este cruce, además de los casos ya conocidos en 2022, encontraron las coincidencias con los siguientes casos de personas “liberadas” (es decir, que revistieron condición de detenidas-desaparecidas, pero recuperaron su libertad). Aquí también, para preservar su identidad solo las identificaremos por sus iniciales (con la excepción del integrante de nuestra Comisión, Dr. Miguel Laborde) y nos comprometemos a continuar las pesquisas para conocer más sobre sus trayectorias en el CONICET.

Apellido de Soltero/a	Nombres
A.	A. R.
A.	M. E.
CH.	J. C.
C.	H. E.
F.	M. R.
LABORDE	Miguel A.
L.	B. R.
L.	B. R.

Prosiguiendo las líneas de investigación llevadas a cabo por el equipo de la Comisión con posterioridad a marzo de 2022, en nuestro archivo logramos hallar más documentación burocrática sobre las víctimas del organismo que habían sido becarias. Durante febrero del 2023, encontramos un archivero que contenía fichas con información acerca de las becas otorgadas por el Consejo. El mismo estaba localizado en la sede de calle Riobamba y fue trasladado a la sede de Av. Rivadavia. Cuando este material fue accesible para la consulta pública, pudimos acceder a la documentación y hallar las fichas de Liliana E. Galletti y de María del Carmen Sabino, aunque no fue posible encontrar las de Antonio A. Misetich, Alfredo E. Pasquini y Federico G. Lüdden.¹⁴

Conjuntamente al fichero de becas, Josefina Lamaisón consultó un conjunto de cajas que contenían fichas de integrantes de la Carrera del Investigador Científico (CIC). El contenido de las distintas fichas posibilitó precisar la información obtenida de otras fuentes documentales y también incorporaron información desconocida hasta el momento. Por ejemplo, se encontraron fichas que confirman que Martin Toursarkissian intentó –infructuosamente- en dos oportunidades ingresar a la CIC.

Actualmente estamos trabajando en ampliar el rango de años para cubrir la totalidad de las becas en el período 1958 – 1983; también queda pendiente realizar listar el personal administrativo y de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación (CPA), tanto como saber la cantidad de empleados/as que había en el Consejo entre su creación y la última dictadura (lo que nos permitirá saber el impacto que tuvo la expulsión de personal sobre el total de trabajadores/as).

Queremos destacar el apoyo permanente y el diálogo con el ANM, cuyos investigadores/as nos ayudaron a pulir los listados –cotejando con la información obrante en el RUVTE–, al tiempo que colaboraron activamente en la reconstrucción y documentación de los quince casos encontrados. Por ejemplo, para constatar que los casos identificados fueran efectivamente víctimas del terrorismo de Estado reconocidas por el Estado argentino, a medida que hacíamos las pesquisas notificamos de los hallazgos realizados a las máximas autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos. Así, todos los casos que incluimos en nuestras nóminas y homenajes se encuentran incorporadas al RUVTE del ANM dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.¹⁵ También, nos compartieron fotos de estas personas, permitieron el acceso a legajos de CONADEP y confiaron los contactos de las familias que iban a ser homenajeadas.

A modo de cierre

Seguramente, como resultado de este acto de memoria se sumarán más nombres a la placa que está ubicada en el frente del edificio de CONICET en el Polo Científico. De ahí que una leyenda advierte sobre el carácter inconcluso del trabajo de la Comisión de la Memoria: “Dadas las características de la represión clandestina y el carácter nunca acabado de los procesos de construcción de la memoria histórica, la lista de personas desaparecidas y/o asesinadas por el accionar del terrorismo de Estado, miembros de la comunidad del CONICET, puede estar incompleta. Toda nueva información será recibida y considerada por la Comisión de la Memoria del CONICET”.

A la par de la metáfora de los hexágonos vacíos y llenos con los quince nombres –que, a su vez, retoma ese símbolo característico de la Ciencia, tan presente en el Polo Científico-, la diseñadora de placa, Noelia Medina -trabajadora del Centro Cultural de la Ciencia (C3)- ideó un formato que permite la incorporación de futuros casos de víctimas del terrorismo de Estado que trabajaban en el CONICET. Una de ellas, es la que simboliza el acto reparatorio más potente: “El CONICET asume su responsabilidad histórica y pide perdón. Es nuestra postura ética, nuestro sentimiento más profundo y nuestro compromiso político para que nunca más se repita la violencia y la persecución”. En una propuesta artística pensada por el área de ferias y exhibiciones CONICET y Tecnópolis, se vistió el edificio del Polo Científico con una serie de banderas o “meshs”, un bellísimo collage de materiales documentales recolectados por la Comisión de la Memoria y las leyendas “Memoria”, “Verdad”, “Justicia”, “Reparación” y “Nunca Más”.

Como se puede observar, fue un trabajo de memoria colectivo y artesanal del que participaron directamente autoridades del Consejo, los miembros del Directorio y de la Comisión de la Memoria, el equipo de investigación, las distintas Gerencias y áreas, del C3, muchísimas compañeras y compañeros del CONICET que pusieron su alto profesionalismo y corazón para que todo saliera impecable. Para mí ha sido un orgullo trabajar con laburantes de la ciencia tan comprometidos con este acto de homenaje, que investigaron esas historias y reconstruyeron sus nombres y biografías; el equipo de la DRI, que invitaron amorosamente a las familias y amigos/as, organizaron magistralmente el acto, e idearon esa hermosa placa y los mesh que vistieron el Polo Científico; las compañeras de RRHH que reconstruyeron artesanalmente legajos; el personal que nos recibió y preparó todo en el Centro Cultural de la Ciencia; la Gerencia de Asuntos Legales, que elaboró los actos administrativos de reconstrucción. Y así, tantas tareas que están detrás del acto del 24 de marzo de 2022.

Nombro a tantas personas y áreas del organismo no solo para destacar el profesionalismo de quienes trabajan en CONICET, en el C3 y Ministerio de Ciencia. Desde la Comisión de la Memoria siempre consideramos que el involucramiento institucional es la mejor garantía para evitar cualquier retroceso en materia de políticas de memoria en el organismo, colaborar para evitar la repetición de la persecución puertas adentro del CONICET y la proliferación de discursos negacionistas.

Desde que nos empezamos a reunir a fines de 2020, la idea era que fuera un acto presencial, abierto al público. Uno de los grandes aciertos fue no sólo reintegrar a esas víctimas a la comunidad del CONICET y homenajear a sus familias, sino que fue un momento de reencuentro luego de dos años de pandemia de COVID 19. Por todo ello, para mí y para muchxs de quienes formamos parte de la comunidad del CONICET, el 24 de marzo de 2022 fue y será un día inolvidable.

Como ya he planteado en relación a mi paso por YPF, cuando uno emprende estas tareas se transforma y no vuelve a ser el mismo (ver Garaño, 2020). Sin dudas, el mayor desafío profesional en toda mi vida profesional, que consistió en acompañar cotidianamente un proceso de reparación, desde la experiencia adquirida en YPF, pero abierto y atento a la impronta que se le quiso dar desde CONICET. Como buen etnógrafo, registré durante todo el proceso de trabajo y por pedido expreso del área de RRHH y Legales estamos elaborando un nuevo protocolo que sistematizará nuestro trabajo. Pero, fundamentalmente, para quienes integramos la Comisión de la Memoria, fue un modo de devolver algo de todo lo que nos ha dado el CONICET, como dijo Taty Mac Donald en el acto de homenaje, ella misma ex presa política que se integró al organismo en los primeros años de la democracia y presidió la Fundación InnovaT hasta su fallecimiento en 2023.

No hay dudas de que resta mucho trabajo por delante y faltan muchos rompecabezas por reconstruir para dar cuenta de la historia reciente dictatorial del CONICET. Pero nos queda la satisfacción podido formar parte de una tarea tan artesanal como colectiva, que involucró a diversas dependencias del Consejo, supuso una activa colaboración y articulación con otras Comisiones de la Memoria y organismos de DDHH, y tuvo una impronta original en relación a otras iniciativas desarrolladas en otras instituciones. Y, fundamentalmente, como afirmó firme y emocionada la presidenta de nuestro organismo, Dra. Ana Franchi, dar un paso trascendental y pendiente: reconocer entre las suyas y los suyos a quince personas que trabajaron en el organismo y fueron víctimas del terrorismo de Estado.

Escribo estas líneas, mientras en nuestra sociedad se observan numerosas voces que intentan dar marcha atrás con la persecución penal de los crímenes de lesa humanidad, en las políticas públicas de memoria y reparación a las víctimas, pero también atacan expresamente el CONICET y ponen en duda la utilidad social de las Ciencias Sociales. En este contexto de retrocesos y de fuerte incertidumbre, se multiplican los discursos negacionistas, los que relativizan la magnitud del terrorismo de Estado, unidos a un fuerte descrédito del ya golpeado sistema de científico y tecnológico. En este escenario abierto, nuestro desafío es seguir haciendo políticas de CyT y de memoria, escribiendo etnografías y libros, profundizando nuestras líneas de trabajo y abriendo nuevos campos de estudio, para poder comprender con mayor profundidad los efectos y las huellas de ese pasado reciente que “no termina de pasar” y apostar a futuros más justos y con plena garantía de derechos.

Referencias bibliográficas

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Notas