1. Introducción

El año 1922 marcó un punto de inflexión en la política salvadoreña. Con el mandato de Jorge Meléndez próximo a concluir, la vida pública se volcó hacia la elección presidencial que definiría el rumbo del país en el siguiente lustro. Alfonso Quiñónez Molina, vicepresidente, expresidente provisional y figura central del oficialismo, se perfilaba como sucesor casi inevitable. Sin embargo, la coyuntura estuvo lejos de ser estable: el fracaso del proyecto de federación centroamericana, las presiones diplomáticas y financieras de Estados Unidos y una creciente agitación social configuraron un escenario de tensión e incertidumbre. En medio de este clima emergió la candidatura de Miguel Tomás Molina, que articuló el descontento de diversos sectores, desde obreros y artesanos hasta mujeres organizadas en clubes políticos^[1].

De esta manera, la campaña presidencial de 1922 en El Salvador reveló la magnitud del peligro que representaba para el régimen un conjunto diverso de actores subalternos cuya movilización desafiaba los límites tradicionales del orden político. Obreros, artesanos, estudiantes y mujeres organizadas en clubes y comités cívicos participaron activamente en la contienda, articulando demandas que desbordaban las estructuras jerárquicas del sistema clientelista y cuestionaban la hegemonía de la dinastía Meléndez–Quiñónez. La participación femenina, visible, sostenida y políticamente significativa, se convirtió en un símbolo de esta ampliación del espacio político, no porque actuara de manera aislada, sino porque condensaba las aspiraciones de un movimiento social más amplio.

La candidatura de Miguel Tomás Molina catalizó ese proceso. Aunque surgió dentro de las reglas formales del sistema, pronto adquirió un significado que excedía la competencia electoral: articuló un descontento acumulado entre sectores que, desde hacía años, cuestionaban la rigidez del orden melendista. Obreros, artesanos, estudiantes y mujeres organizadas encontraron en la campaña un vehículo para proyectar demandas largamente contenidas y para ensayar formas de acción colectiva que no dependían exclusivamente de las redes de patronazgo. Este dinamismo contrasta con lo que nos dice una historiografía que, en general, ha prestado limitada atención a la creciente organización de estos grupos subalternos y a su capacidad para incidir en la vida política. La contienda de 1922, y la violenta represión ejercida contra las mujeres, revela que las presiones desde abajo no podían ser ignoradas: la política estaba dejando de ser monopolio de las élites y se estaba abriendo, aunque de manera conflictiva y desigual, a la participación de actores subalternos cuya presencia alteraba los equilibrios tradicionales del régimen.

La reacción oficial fue proporcional a la magnitud del desafío. Mediante la coerción institucional y la violencia ejercida por la Liga Roja, una organización paraestatal y clientelista creada para asegurar el control social, el gobierno intentó contener las crecientes demandas de apertura política. La represión contra las mujeres, que culminó en la llamada “masacre de Navidad”, no puede interpretarse como un episodio aislado ni como un acto puramente misógino, aunque su transgresión del orden patriarcal constituyera un agravante decisivo. Más bien formó parte de una estrategia destinada a desarticular al conjunto del bloque social que se estaba movilizando.

Las mujeres fueron atacadas porque su presencia condensaba de manera singular la amenaza colectiva: encarnaban, de forma especialmente visible y perturbadora para el régimen, la politización de sectores históricamente excluidos y la posibilidad real de una ciudadanía más amplia.

A partir de fuentes diplomáticas, prensa contemporánea y testimonios de la época, este capítulo reconstruye la secuencia de acontecimientos que condujo a la masacre de diciembre de 1922 y analiza la manera en que la violencia estatal contra las mujeres funcionó como un mecanismo para reprimir a un movimiento social en expansión. Al situar la participación femenina dentro de un entramado más amplio de movilización subalterna, se propone una lectura que entiende 1922 como un momento definitorio en la transformación de la cultura política salvadoreña y en la reacción autoritaria del Estado frente a la posibilidad de una apertura democrática.

En las páginas siguientes se examinarán los principales elementos que configuraron el escenario previo al ataque contra las manifestantes del 25 de diciembre de 1922: el colapso del proyecto unionista, que había constituido un primer vehículo de movilización para los grupos subalternos; las negociaciones del contrato de un empréstito con el magnate Minor Keith, que crearon un ambiente de considerable crispación política; las interacciones diplomáticas con Estados Unidos, interesado en imponer las condiciones del crédito; y, finalmente, el desarrollo de una campaña electoral marcada tanto por la entusiasta participación de mujeres y sectores subalternos urbanos como por episodios de violencia que culminaron en la masacre de Navidad^[2].

2. El fracaso de la Federación

En febrero de 1922 la Asamblea Nacional decretó que El Salvador recuperaba su soberanía plena después del experimento de la República Federal de Centroamérica que brevemente había unido El Salvador con Honduras y Guatemala. La iniciativa para unificar a Centroamérica se frustró después de que, en diciembre anterior, un golpe de Estado en Guatemala destituyera al presidente unionista Carlos Herrera.

Alfonso Quiñónez Molina no lamentó el fracaso de un proyecto que amenazaba sus ambiciones de poder. Si se hubiera mantenido en pie la Federación, en el mejor de los casos, lo más que podía haber aspirado al terminar el período presidencial de Jorge Meléndez (1919-1923) era la posición de jefe de un Estado supeditado a autoridades federales. Además, el llamado “movimiento unionista”, que había promovido la unificación del istmo, estuvo respaldado por mujeres, artesanos, obreros, estudiantes e intelectuales. Estas personas se sumaron al movimiento motivadas por el deseo de renovar las instituciones políticas centroamericanas y así evitar los regímenes autoritarios característicos de los antiguos caudillos. La Constitución Federal, al incluir el sufragio femenino y dar protección a los trabajadores, era un primer paso para lograr estos objetivos[³]. Un apasionado unionista salvadoreño, José Dolores Corpeño, resumía estas aspiraciones diciendo: “Unidos todos … desde el Sixaola al Suchiate, desde el Mar Caribe al Grande Océano Pacífico, acabarían los caciques de campanario, los magos de aldea, los mandarines de villorrio, los explotadores de los pueblos” (Citado en Andrade Coello, 1921).

2.1. La irrupción de las mujeres en la política

Las mujeres centroamericanas, y las salvadoreñas en especial, desempeñaron un papel importante en el movimiento unionista que hizo posible la Federación. Las dos décadas anteriores habían constituido un período de efervescencia política en el que las salvadoreñas comenzaron a reclamar un lugar propio dentro de los debates nacionales y centroamericanos. Ya en 1911, durante las celebraciones del centenario del denominado Primer Grito de Independencia, las maestras del Colegio de Señoritas de Ahuachapán dieron un paso adelante al fundar un club unionista femenino. En su carta al Comité Unionista local denunciaban que no se había dado participación “al sexo femenino en la resolución de los problemas políticos y sociales que entrañan el porvenir cada vez más amplios de los pueblos cultos y civilizados” (Campaña unionista. Una nota del comité de Ahuachapán, 1911, p. 1). Sin embargo, ellas no estaban dispuestas a quedarse al margen y estaban decididas a formar un grupo unionista solamente de mujeres. Su decisión de agruparse autónomamente marcó uno de los primeros gestos explícitos de demanda de participación política femenina organizada en el país[⁴].

Abundan ejemplos de su participación cada vez más activa en el mundo laboral y asociativo. Maestras como Adela Orantes, Josefina Mendoza y Teresa Masferrer se incorporaron tempranamente a organizaciones profesionales como la Sociedad Pedagógica (1904) y la Sociedad Central de Maestros (1914) (Flores Montalvo, 2013; Ramo de Instrucción Pública, 1915, p. 91) Paralelamente, empleadas de comercio solicitaron su ingreso a la Sociedad de Empleados de Comercio, que incluso las eximió de la cuota de inscripción (Gremios y corporaciones, 1913, p. 3). A partir de allí surgieron asociaciones exclusivamente femeninas: desde sociedades obreras como la presidida por María Martínez en 1917 hasta el Club Femenino Reformista de San Miguel (1918), integrado por mujeres de élite (Fundación de una sociedad de ahorros y protección mutua de mujeres obreras, 1917, p. 2; El Nuevo Tiempo, 7 de noviembre de 1918, p. 9283.). Las costureras fundaron en 1920 una organización orientada al “mejoramiento moral, intelectual y económico” del gremio, descrita por la prensa como un “movimiento feminista salvadoreño” (Movimiento feminista salvadoreño. Se constituye la sociedad de mujeres trabajadoras, 21 de septiembre de 1920, p. 1). En 1921 se aprobaron los estatutos de El Porvenir de la Mujer, una sociedad santaneca basada en principios de ahorro y auxilio mutuo, abierta a cualquier mujer con profesión u oficio (Estatutos de la Sociedad Femenil “El Porvenir de la Mujer”, 1921, p. 265).

Este impulso organizativo se tradujo en una presencia creciente en el espacio público y en debates políticos. Teresa Masferrer destacó como intelectual y activista: publicó Nociones de higiene (1911), dirigió una escuela nocturna para obreras, fue la única mujer fundadora del Ateneo de El Salvador (1913) y colaboró con la Universidad Popular (Masferrer, 1911). Pero la voluntad de incidencia no se limitó a mujeres ilustradas: las vendedoras del mercado de Zacatecoluca recibieron al presidente Araujo en 1913 con un arco triunfal y un discurso en el que se presentaban explícitamente como obreras y protagonistas políticas (La simpática manifestación de las señoras del mercado. Entusiasta discurso de una señorita”, 17 de enero de 1913, p. 1). Las costureras de El Despertar enviaron delegadas a la convención obrera de 1921, incluida Ana María Bonilla, tesorera del evento que fue seleccionada para representar a la convención ante el presidente (Convención de asociaciones obreras,1921, p. 2.). Incluso en espacios tradicionalmente masculinos, como la Sociedad de Tipógrafos, mujeres como la señorita Gutiérrez Muñoz participaron activamente, aunque enfrentaran resistencia (No ha sido expulsada de la sociedad de tipógrafos la señorita Gutiérrez Muñoz, 1914, p. 2). Para mediados de la década de 1920, su presencia era tan significativa que, ante una crisis en la Universidad Popular, Salvador Merlos afirmó que si los hombres se retiraban de la “obra de regeneración obrera”, las mujeres podían sustituirlos con éxito (Federación de Obreros de El Salvador, 1924, p. 43).

El impulso asociativo de las mujeres descrito en los anteriores párrafos fue paralelo a las luchas antiimperialistas de 1912 y profundizó su relación con el unionismo en 1917, cuando la propuesta unionista del presidente hondureño Francisco Bertrand generó una nueva ola de entusiasmo centroamericanista. El delegado hondureño Rafael Alduvín, enviado por Bertrand para promover la idea en El Salvador, encontró un terreno fértil entre las salvadoreñas: en Guazapa surgió el Club Unionista de Señoritas Bellos Horizontes, mientras que en Ahuachapán aparecieron las Mengalas Unionistas y el Comité Unionista de Señoras y Señoritas, liderado por figuras socialmente prominentes como Delfina Lagos y Cristina Padilla (El patriotismo de la mujer salvadoreña, 1917, p. 2; Bermúdez, 1917a, p. 172; Comité Unionista de Señoras y Señoritas de Ahuachapán, 1917, p. 2). Estas mujeres no solo pronunciaron discursos que combinaban retórica anti patriarcal con afirmaciones de capacidad política femenina, sino que también viajaron a comunidades rurales para fundar comités locales.

En 1920, la caída del dictador guatemalteco Estrada Cabrera, lograda por un movimiento amplio que incluía a mujeres, revitalizó el ideal unionista. El salvadoreño Salvador Merlos menciona en un libro contemporáneo a los eventos la presencia femenina en las marchas, la resistencia frente a la represión y la inspiración que ese ejemplo produjo en El Salvador (Merlos, 1920, p. 86). Para muchas salvadoreñas, el unionismo ofrecía un “campo ideal” donde podían proyectar aspiraciones políticas más amplias. Entre ellas destacó Prudencia Ayala, quien participó activamente en el movimiento guatemalteco, fue recluida en la cárcel guatemalteca de Santa Teresa en 1919 y regresó al país convencida de que la unión centroamericana debía ir acompañada de transformaciones democráticas y de la inclusión política de las mujeres.[⁵]

En 1921, durante el centenario de la independencia, las salvadoreñas participaron activamente en la vida pública. Trabajadoras urbanas (las “mengalas”) asistían a conferencias en las que activistas como Prudencia Ayala defendían el patriotismo femenino, el unionismo y la participación política de las mujeres (Cómo celebró Quezaltepeque la firma de la unión, 1921, p. 3). En febrero de ese mismo año, la Convención Unionista de Santa Ana reunió a 150 delegados, entre ellos nueve salvadoreñas, todas activistas con trayectoria antiimperialista o unionista (La próxima convención unionista que se celebrará en la ciudad de Santa Ana, 1921, p. 4). Ayala presentó una moción para incluir el sufragio femenino en las conclusiones del pleno, y cinco mujeres fueron elegidas vocales de la mesa directiva, un hecho sin precedentes, aunque aún no incluyera acceso a los cargos más altos (Galdámez Armas, 1943, p. 222).

El entusiasmo generado por la convención impulsó nuevas iniciativas. Las mujeres de Quezaltepeque propusieron organizar una convención centroamericana exclusivamente femenina, orientada a combatir la ocupación estadounidense en Nicaragua y a establecer alianzas con activistas en Estados Unidos (Labor de nuestro corresponsal en Quezaltepeque, 1921, p. 4). Ese mismo año, como respuesta a la presión de mujeres organizadas y sus aliados en la Asamblea Constituyente Federal, la Constitución Federal de 1921 reconoció el voto femenino, aunque con restricciones de edad, estado civil y alfabetización, un avance que reflejaba la presión de estos movimientos. Uno de los discursos durante la discusión del artículo correspondiente reconoció explícitamente la contribución de las mujeres al unionismo diciendo que había “contemplado en Santa Ana, El Salvador, un formidable movimiento político unionista encabezado por un gran número de mujeres. Ellas tienen en las luchas políticas algo que casi siempre carecemos los hombres: patriotismo y serenidad” (En la Asamblea Constituyente Federal. Discusión sobre el voto femenino, 1921, p. 6).

Tras la instauración de la Federación, las salvadoreñas continuaron movilizándose. En San Salvador se fundó un Comité Femenino Unionista encabezado por Victoria Magaña de Fortín, con la participación de obreras como Ana María Bonilla de la Sociedad de Costureras “El Despertar” (Comité Unionista de Señoras y Señoritas, 1921, p. 4), La visita a San Salvador del Comité Femenino de Santa Ana en noviembre de 1921 se convirtió en un evento multitudinario que reunió a mujeres de la aristocracia, trabajadoras urbanas y vendedoras del mercado (Movimiento femenino unionista en El Salvador. Delegación femenina de Santa Ana, 1921, p. 2). Estas últimas, que habían protagonizado una impresionante y violenta manifestación antigobiernista pocos meses antes en la que se habían defendido a pedradas de ataques del ejército, obsequiaron a las distinguidas damas de Santa Ana con un elegante concierto en el Hotel Nuevo Mundo. En un mismo plano, tanto las comerciantes como las encopetadas santanecas se sentaron a escuchar un programa que incluía una selección de Juana de Arco, la ópera de Giuseppe Verdi (Por todas partes el aura popular se levanta en torno de las gentiles musas de la Federación Centroamericana, 1921, p. 1). Se trataba de un reconocimiento de que las coaliciones exitosas tenían que superar las barreras de clase.

Entre 1911 y 1922, las salvadoreñas habían transformado su presencia pública pasando de reclamar tímidamente un espacio político a construir organizaciones propias, articular demandas antiimperialistas y feministas, y tejer alianzas que cruzaban fronteras sociales.

2.2. El crecimiento de asociaciones mutuales y su activismo unionista

La presencia de obreros y artesanos en el movimiento unionista también se explica con procesos que se desenvolvieron en las dos décadas anteriores. Desde comienzos del siglo XX, El Salvador experimentó un notable crecimiento del espíritu asociativo entre artesanos y obreros urbanos. Este fenómeno se inscribía en una tendencia regional más amplia, visible también en Guatemala y otros países latinoamericanos, donde las sociedades mutualistas se convirtieron en espacios de educación, sociabilidad y defensa de intereses laborales dentro del marco liberal. El aumento de la población de artesanos, como tipógrafos, zapateros, barberos, carpinteros, panaderos y empleados de comercio, generó un entorno propicio para la proliferación de asociaciones que buscaban mejorar la vida material y moral de sus miembros[⁶].

Estas sociedades mutualistas no solo ofrecían servicios de ahorro, seguros y apoyo mutuo, sino que promovían activamente la educación, la higiene, la temperancia y la formación cívica. Su discurso, como lo sintetizaba Alejandro Bermúdez, combinaba la aspiración al progreso moral e intelectual con la defensa de ideales unionistas y la protección contra la ignorancia y la miseria. Las asociaciones funcionaban como instituciones de superación personal y como espacios de politización moderada, preparando a los trabajadores para ejercer derechos ciudadanos y participar en la vida pública (Bermúdez, 1917 p. 171).

Entre 1900 y 1919, al menos 43 nuevas asociaciones obtuvieron reconocimiento oficial, cifra que subestima la magnitud real del movimiento (Acuña Ortega, 1993, p. 275). Los libros de actas de la Sociedad de Artesanos El Porvenir permiten observar la densidad y diversidad del asociacionismo entre 1912 y 1915, con al menos 48 organizaciones representadas en sus sesiones públicas. Estas incluían sociedades de obreros, tipógrafos, carpinteros, barberos, albañiles, agrupaciones católicas, círculos juveniles y ligas patrióticas. La distribución geográfica revela una mayor concentración en las zonas central y occidental del país, especialmente en San Salvador, Santa Tecla y Santa Ana (González Márquez, 2012).

En este periodo, las organizaciones artesanales y obreras superaron el enfoque asistencialista y moralizante del siglo XIX. Aunque el sindicalismo pleno aún estaba en gestación, se fraguaba una transición hacia la reivindicación laboral activa y una conciencia de cooperación regional. Un hito clave fue el Congreso Centroamericano de Obreros de 1911, que demostró la capacidad de articular demandas comunes y establecer vínculos transnacionales, ratificados en octubre del año siguiente con la reunión del Consejo Federal Centroamericano de Obreros en Costa Rica que incluyó delegados de toda la región (Inauguración del congreso obrero, 1912, p. 2).

Paralelamente a la expansión de sus redes, los obreros se aliaron con estudiantes e intelectuales para resistir el imperialismo estadounidense en la región y combatir el autoritarismo de la naciente dinastía Meléndez-Quiñónez. Este espíritu nacionalista impulsó el apoyo a la candidatura presidencial de Tomás García Palomo en 1918, campaña que Miguel Mármol recordaría como una respuesta popular frente al despotismo oficial (Isunza Vera, 1993, p. 70)[⁷]. Uno de los ejemplos más claros de colaboración entre estudiantes universitarios y asociaciones obreras en actividades de oposición a la élite gobernante se dio durante los violentos motines en contra de la compañía de tranvías en 1919. Un despacho diplomático mexicano explica que, en esa ocasión, “los estudiantes universitarios, de medicina y derecho, en compañía de gran número de obreros y pueblo, armados de picas, hachas, azadones, etc., impidieron el tráfico de los tranvías urbanos (de tracción animal) volcando diez y seis carros, destruyendo algunos de ellos e incendiando a más de tres” (Antonio Hernández Ferrer al Licenciado don Salvador Diego Fernández, Encargado de Despacho, 4 de julio de 1919).

Según detalla Rubén González Márquez, entre 1919 y 1921 El Salvador vivió un ciclo intenso de huelgas y movilizaciones que marcó el paso del gremialismo tradicional hacia estructuras combativas. Este dinamismo facilitó una expansión federativa inédita, consolidando organismos como la Confederación Obrera Centroamericana (COCA) y la Unión Obrera Salvadoreña (UOS). Simultáneamente, la sociedad civil absorbió idearios anarquistas, socialistas y comunistas mediante la prensa y el contacto con agitadores internacionales; este proceso de radicalización culminó en 1922 con la integración de delegados salvadoreños en el naciente Partido Comunista de América Central (González Márquez, 2017, p. 76). En enero de 1921, la UOS convocó a una convención nacional que congregó a diversos gremios, desde sastres y zapateros hasta tipógrafos. En este escenario, destacó la participación de la Sociedad de Costureras “El Despertar”, cuya integrante Ana María Bonilla asumió la tesorería del Consejo Supremo, evidenciando la creciente integración y liderazgo femenino en los espacios de decisión laboral (Convención de asociaciones obreras, 1921. p. 2).

Ese mismo año, una huelga de zapateros en San Salvador ilustró la disposición de los trabajadores a recurrir a la acción directa para defender sus derechos. Paralelamente, la Convención Unionista de Santa Ana ofreció un marco ideal para que los obreros discutieran cómo aprovechar políticamente el Pacto de Unión Centroamericana aprobado en diciembre de 1920. En febrero de 1921, en el Teatro Principal de Santa Ana, se fundó la Liga Obrera Unionista Centroamericana, con la asistencia de 500 obreros y delegados de los cinco países de la antigua Federación (Liga Obrera Unionista Centroamericana, 1921, p. 4).

La Liga Obrera Unionista se convirtió en un actor clave en la articulación de demandas laborales y en la promoción del unionismo centroamericano. Mientras estaba reunida en Tegucigalpa la Asamblea Constituyente encargada de escribir la carta fundamental de la Federación, la Liga Obrera Unionista designó a tres miembros para elaborar propuestas formales sobre las protecciones a los obreros que debería de incluir la nueva Constitución. El documento preparado por la Liga contenía once puntos que abarcaban el derecho a la libre organización obrera, la jornada de ocho horas, el descanso dominical, la protección de mujeres y niños, la participación de los trabajadores en la educación y medidas para enfrentar los problemas del inquilinato urbano y rural. Como resultado al activismo de estos grupos, un capítulo de la Constitución federal estaba dedicado al “Trabajo y cooperación social” incluyendo artículos sobre la jornada de ocho horas, el descanso dominical, protecciones especiales para el trabajo de mujeres y menores de 14 años, derecho a suspender labores y medidas para promover la educación rural y urbana.

Entre 1900 y 1921, las asociaciones artesanales y obreras salvadoreñas evolucionaron desde sociedades mutualistas de corte moralizante hacia organizaciones con capacidad de movilización, articulación regional y ambición política. Como veremos más adelante, su creciente interés en el unionismo centroamericano y su intervención directa en la Asamblea Constituyente de 1921 estuvieron directamente relacionadas con su apoyo a la candidatura de Molina. Es lógico pensar que su reconocida habilidad para organizar fue un factor clave detrás de las extensas y efectivas actividades en respaldo a la candidatura constitucionalista.

El carácter reivindicativo y progresista de las asociaciones de artesanos, obreros y mujeres y su creciente activismo político ponían muy nerviosos a los poderes tradicionales. Aunque públicamente los quiñonistas apoyaban la popular idea de unir Centroamérica, en realidad se oponían vehementemente a ella en privado. De hecho, Quiñónez trató de impedir que El Salvador se uniera a la Federación. Un informe diplomático señaló en octubre de 1921 que “el doctor Alfonso Quiñónez, vicepresidente y cuñado del presidente, a través de agentes, está obteniendo las firmas de empleados y funcionarios públicos de una petición para protestar contra el reconocimiento de la Unión por parte de El Salvador” (Schuyler al Departamento de Estado, 14 de octubre de 1921)[⁸]. Tras el fracaso de estos planes, un periódico de California informó que el vicepresidente salvadoreño intentó organizar un golpe de Estado contra las autoridades federales (Un golpe de estado se había proyectado para hacer fracasar la unión de los países centroamericanos en la Rep. del Salvador, 1921, p. 1).

Tras el fracaso de la unión, distintos sectores sociales continuaron desarrollando acciones orientadas a la consecución de sus objetivos. Grupos obreros como la Sociedad de Obreros de El Salvador Confederada mantuvieron una agenda activa de reuniones y eventos, y las mujeres que habían participado en el movimiento por la integración regional y el sufragio femenino fundaron una nueva asociación dedicada a “elevar la dignidad de la mujer y otorgarle los derechos a que es acreedora”. Esta organización estableció vínculos con una sociedad feminista en los Estados Unidos (En el Ateneo, 1922, p. 5).

Mientras la sociedad civil independiente buscaba reorganizarse y proyectar nuevas formas de participación, el Estado enfrentaba presiones de otra naturaleza. En ese mismo contexto, las negociaciones de un importante empréstito con la banca estadounidense revelaron cómo las disputas internas se entrelazaban con influencias externas y con intereses financieros transnacionales.

3. El empréstito y la injerencia imperial

A partir de mediados de 1921, el gobierno de El Salvador había iniciado gestiones dirigidas a la obtención de un empréstito con instituciones bancarias estadounidenses, con el objetivo de renegociar la deuda externa y atender una coyuntura fiscal especialmente compleja. Desde las fases iniciales, el proceso suscitó inquietudes en diversos sectores. Estas reservas respondían, por una parte, a precedentes existentes en la región, en particular el caso de Nicaragua, donde la intervención de Estados Unidos en la gestión de las finanzas públicas resultó en una disminución significativa de la soberanía nacional. Además, despertaba desconfianza la presencia de Minor Keith, quien era fundador de la United Fruit Company y dueño de la empresa ferroviaria, ya que actuaba en nombre de los bancos de Wall Street. También resultaba cuestionable la participación de su agente en El Salvador, René Keilhauer, quien fue nombrado representante del gobierno salvadoreño durante las negociaciones, ignorando el evidente conflicto de intereses.

Las informaciones que se filtraban sobre el contenido de las gestiones con los bancos reforzaban la preocupación pública. Diversas fuentes señalaban que el acuerdo contemplaba el compromiso de una porción significativa de los ingresos aduaneros como garantía del préstamo, además de la aceptación de un interventor fiscal designado directamente por los bancos acreedores. Tales condiciones sugerían un grado de supervisión externa que, para muchos observadores, evocaba los mecanismos de control financiero aplicados por Estados Unidos en otros países de la región.

Las fases finales de la negociación revelaron con particular claridad la interdependencia entre la coyuntura política interna, la presión diplomática ejercida por Washington y los intereses financieros involucrados. El proceso estuvo marcado por acusaciones de soborno, evaluaciones sobre el riesgo político que representaba la situación salvadoreña y discusiones sobre la eventualidad de una intervención estadounidense vinculada al acuerdo crediticio.[⁹] A comienzos de 1922, René Keilhauer logró una prórroga para cerrar el contrato de préstamo en San Salvador y regresó semanas después con el acuerdo firmado, convencido de que el proceso avanzaba (Telegrama de Henry Fletcher, Secretario de Estado en funciones a Legación de Estados Unidos en El Salvador, 21 de febrero de 1922)[¹⁰]. Pero en medio de ese optimismo, el Ministerio de Hacienda cambió de manos: Reyes Arrieta asumió el cargo, y el Consejo de Ministros se reunió para debatir el contrato antes de enviarlo a la Asamblea. Circulaban rumores de que el ministro anterior había renunciado para evitar estampar su firma en el documento, aunque el embajador estadounidense se apresuró a desmentirlo. Mientras tanto, el ambiente político se tensaba. La oposición al contrato crecía, y algunos funcionarios empezaban a describir su aprobación como un acto de “suicidio político” (Telegrama de Schuyler al Departamento de Estado, 16 de marzo de 1922). En medio de la incertidumbre, el representante de Estados Unidos intervino con determinación. Desaconsejó aceptar una propuesta alternativa presentada por Benjamin Bloom, un banquero estadounidense residente en el país, quien anteriormente había otorgado préstamos al gobierno. El embajador cuestionó abiertamente tanto la reputación de Bloom como la influencia financiera que ejercía en el país.

No tardaron en aflorar rumores inquietantes: se decía que el Ministro de Hacienda había recibido $75,000 por romper el acuerdo y favorecer los intereses de Bloom (Telegrama de Legación al Departamento de Estado, 15 de mayo de 1922) Las negociaciones con Keilhauer se interrumpieron en mayo. Pero, a fin de cuentas, probablemente debido a las presiones diplomáticas, el acuerdo con Bloom no llegó a nada y el presidente Meléndez decidió reanudar las conversaciones con Keilhauer. Cabe notar que Minor Keith tenía muy buenos contactos con el Departamento de Estado y que, más adelante, el ministro Schuyler apareció como uno de los principales compradores de la deuda salvadoreña.

El presidente Meléndez explicó que había sido un error negociar con Bloom y le dijo al ministro Schuyler “que su gobierno había sido insincero y desatinado”. El diplomático estadounidense informó a sus superiores que el mandatario había llegado “a arrojarse a mis brazos” porque solamente de él “podía esperar ayuda y consejos realmente desinteresados” (Telegrama de Schuyler al Departamento de Estado, 19 de mayo de 1992). Con las gestiones en marcha, el nuevo Ministro de Hacienda finalmente autorizó a Keilhauer a firmar el contrato con Minor C. Keith, quien aceptó proporcionar el préstamo. Las tensiones no cesaban: se hablaba de amenazas, presiones y demandas de crédito vinculadas a proyectos de infraestructura. El 24 de junio, Keilhauer firmó el contrato en Nueva York, representando al gobierno salvadoreño (Lester Woolsey al Departamento de Estado, 30 de junio de 1922). El Departamento de Estado dio su aprobación y resumió en un documento los términos del crédito, destacando que Minor C. Keith había actuado como banquero principal en la operación. Las cláusulas del contrato permitían a los banqueros solicitar protección estadounidense, incluían la figura de un interventor fiscal nombrado por los bancos de Wall Street y el compromiso de 70% de los ingresos aduanales salvadoreños como garantía. La solución a cualquier diferendo entre las partes contratantes quedaba en manos estadounidenses. Poco después, el contrato llegó a San Salvador. La Asamblea lo discutió con intensidad, y el 12 de julio lo aprobó por unanimidad (Telegrama de Schuyler al Departamento de Estado, 12 de julio de 1922).

El periodo de finalización del contrato elevó las tensiones políticas durante los primeros meses de 1922. La crisis fiscal, junto con el riesgo de que el contrato del empréstito pudiera afectar la soberanía nacional, ocasionaba gran descontento. El 16 de febrero, estallaron disturbios en la Escuela Politécnica, el centro de estudios para oficiales del ejército. Los cadetes levantaron barricadas y emboscaron a tropas gubernamentales, causando unas cincuenta bajas. Sin apoyo de otros cuarteles, la revuelta fue sofocada fácilmente (Ching, 2014, p. 191). Ese mismo día, el gobierno declaró el estado de sitio, medida que se mantuvo vigente por más de cinco años. El levantamiento militar conmocionó a la capital. En el mismo telegrama que el ministro de Estados Unidos informaba a sus superiores sobre el incidente, solicitaba la llegada de un barco de la flota del Pacífico al puerto de La Libertad explicando que anticipaba “problemas entre el momento en que se haga pública la firma del contrato de préstamo y sea aprobado por el Congreso, ya que los elementos descontentos creen que esta es la última oportunidad para oponerse al préstamo” (Telegrama de Schuyler al Departamento de Estado, 16 de febrero de 1922)

A la mañana siguiente de los disturbios, el Ministerio de Guerra tomó medidas drásticas: abolió por completo la Escuela Politécnica. En las calles y cafés se comentaban conspiraciones, presiones externas y divisiones internas (Schuyler al Departamento de Estado, 16 de febrero de 1922). Los rumores de golpe de Estado estaban a la orden del día. Emigrados salvadoreños en Guatemala estaban conspirando. Esas son las circunstancias en las que el Ministro de Hacienda había renunciado en marzo (Schuyler al Departamento de Estado, 10 de marzo de 1922). En mayo, la situación se había deteriorado aún más. El gobierno, al límite y plagado de disfunciones, ya no podía alimentar a su propio ejército. La moral se desplomó. El 22 de mayo estalló una revuelta en el cuartel El Zapote. Se cortaron las comunicaciones; las líneas telefónicas se quedaron en silencio (Telegrama de Schuyler al Departamento de Estado, 22 de mayo de 1922).

En este ambiente crispado, el lunes 17 de junio amaneció trayendo consigo una tragedia. Un temporal de lluvias que se había intensificado abruptamente el domingo elevó de manera impresionante las aguas del río Acelhuate que irrumpieron con fuerza devastadora en los barrios de San Jacinto, Candelaria y La Vega en San Salvador. Hubo muchos muertos y casas destruidas y dañadas.

La comprensible y rápida respuesta a la crisis humanitaria estuvo influida por las circunstancias políticas. Alfonso Quiñónez Molina, cuyas ambiciones presidenciales eran conocidas por todos, “recorría las calles a caballo dando órdenes y auxilio”. Figuras políticas de oposición como Victoria Magaña de Fortín, una de las líderes del movimiento del sufragio femenino y del unionismo del año anterior, y Miguel Rafael Urquía, joven dirigente de la asociación de estudiantes de derecho, organizaron colectas de donativos destinados a las personas afectadas por la crisis. Meses más tarde ambos apoyaron activamente la candidatura presidencial de Miguel Tomás Molina. Asociaciones como “El Esfuerzo Obrero” y la “Asociación de Empleados de Comercio” hicieron lo mismo. Por su lado, la Federación de Obreros de El Salvador se puso en contacto con agrupaciones similares en toda Centroamérica para solicitar fondos (La horrorosa catástrofe, 1922, p. 1; Los donativos a favor de los damnificados, 1922, p. 1; y Confraternidad obrera centroamericana, 1922, p. 5).

La tragedia apenas logró desviar la atención de las intrigas. Para el 5 de agosto, se avecinaban nuevas amenazas. Se hablaba de conspiraciones que se estaban gestando en Honduras y Guatemala contra El Salvador y de planes de Quiñónez para castigar a Honduras por su apoyo a las conspiraciones de exilados salvadoreños (S.S. Norwell al General Staff, 5 de agosto de 1922). La tensión regional estaba relacionada con la desconfianza que generaba la figura de Quiñónez. El enviado estadounidense resumió la situación de la siguiente manera: “En toda Centroamérica, con la excepción de Costa Rica, parece haber una determinación general de que no se debe permitir que el Dr. Quiñónez llegue a la presidencia de El Salvador en las próximas elecciones. Se comprende que no solo continuará el gobierno corrupto, ilegal e ineficaz de la familia Meléndez, sino que sus ambiciones son tan extensas que interferiría constantemente en los asuntos internos de los estados vecinos” (Schuyler al Departamento de Estado, 17 de agosto de 1922).

Durante la profunda crisis económica y creciente inestabilidad política, la diplomacia estadounidense adquirió un protagonismo determinante. Los documentos oficiales y los informes de la legación revelan que Washington intervino de manera activa para asegurar que el empréstito proyectado respondiera a los intereses financieros de Estados Unidos y contribuyera a preservar el equilibrio regional. La agenda estadounidense para la región incluía actualizar los tratados de 1907 mediante nuevos acuerdos, y con ese propósito el Departamento de Estado convocó en octubre a delegados centroamericanos en Washington (Munro, 1974, p. 123). En este marco, la diplomacia estadounidense multiplicó las acciones puntuales destinadas a afianzar al gobierno de Jorge Meléndez.

Uno de los episodios más significativos ocurrió el 15 de mayo, cuando, a solicitud del ministro estadounidense William Schuyler, el buque de guerra USS Birmingham arribó al puerto de La Libertad (Telegrama de Schuyler al Departamento de Estado, 15 de agosto de 1922). La presencia naval, motivada por el deterioro del clima político, buscaba enviar una señal inequívoca de respaldo militar y presión diplomática. No obstante, el descontento interno era tan profundo que, apenas una semana después, estalló el levantamiento del cuartel El Zapote.

Para agosto, la influencia de Schuyler sobre el presidente Meléndez se había vuelto evidente. En un informe fechado el 18 de ese mes, el diplomático afirmó que el mandatario “no toma ninguna decisión sin consultarme” (Schuyler al Departamento de Estado, 18 de agosto de 1922). Esta declaración, reproducida en los despachos oficiales, ilustra el grado de dependencia política que había alcanzado el gobierno salvadoreño respecto a la legación estadounidense.

Las conspiraciones para derrocar a la dinastía de parte de salvadoreños exiliados en países vecinos afectaban la estabilidad regional, lo que generaba preocupación en Washington. Al mismo tiempo, se habían producido varios incidentes en la frontera entre Honduras y Nicaragua debido a fricciones entre las autoridades de dichos países. En respuesta, el 20 de agosto las autoridades estadounidenses convocaron a los presidentes de Nicaragua, Honduras y El Salvador a una reunión en el Golfo de Fonseca a bordo del crucero USS Tacoma, donde suscribieron un acuerdo destinado a resolver disputas fronterizas y evitar una escalada de conflictos (Munro, 1974, p. 123). El encuentro consolidó el papel de Estados Unidos como mediador regional.

Pocos días después, el 26 de agosto, Schuyler ofreció la sede de la legación como espacio neutral para que representantes del gobierno y de la oposición salvadoreña intentaran superar el impasse político local. “No estuve presente en las discusiones, simplemente presté la legación como lugar amistoso y neutral”, escribió (Schuyler al Departamento de Estado, 26 de agosto de 1922). A pesar de que él dijo que su intervención fue oficialmente restringida (afirmación que posiblemente generó escepticismo en algunos sectores), este acto fortaleció la imagen de supervisión diplomática en los asuntos internos de El Salvador.

El 31 de agosto, desde Honduras, otro informe estadounidense relató una conversación con el político salvadoreño Atilio Peccorini, quien había estado planeando una invasión a El Salvador. Según el despacho, Peccorini sostuvo que, de no haber intervenido el gobierno de Estados Unidos, “ya se habría establecido un nuevo gobierno” en su país (Morales al Departamento de Estado, 31 de agosto de 1922). Su afirmación confirma que la acción diplomática estadounidense fue decisiva para impedir un cambio de régimen.

Finalmente, Schuyler resumió el impacto de estas gestiones en un informe del 2 de septiembre, en el que afirmó que “la posición del presidente Meléndez ha sido inmensamente fortalecida por el resultado exitoso de la Conferencia del Tacoma” (Schuyler al Departamento de Estado, 2 de septiembre de 1922). Con el respaldo de Washington y la legitimidad internacional derivada de estos acuerdos, Meléndez logró concluir su período presidencial.

4. La campaña presidencial

Una de las principales preocupaciones para Estados Unidos consistía en garantizar que la transición presidencial en El Salvador se desarrollara de manera ordenada, dado que el mandato de Jorge Meléndez finalizaba a comienzos de 1923 y la familia gobernante había demostrado su aceptación a la tutela financiera estadounidense. La mayor parte de la población anticipaba, con más resignación que entusiasmo, que Quiñónez Molina iba a ser el sucesor, y él estaba determinado a que fuera así.

En septiembre comenzó a moverse el engranaje de la campaña presidencial con la fundación del Partido Civil Republicano, una organización creada explícitamente para promover la candidatura de Quiñónez (El Republicano, 12 de noviembre de 1922, p. 1., anexo al despacho de Hewes al Departamento de Estado del 9 de diciembre de 1922). A finales de octubre se renovó, con el mismo propósito, el comité central del Partido Nacional Democrático (PND), la agrupación fundada por la dinastía durante la campaña presidencial de 1918. Entre los miembros del nuevo comité se encontraron personajes del círculo cercano de Alfonso Quiñónez Molina, como el propagandista Raúl Andino y el escritor Arturo Ambrogi[¹¹]. El PND llevó el liderazgo en la campaña.

4.1. Miguel Tomás Molina entra a la contienda

Para sorpresa de muchos, apenas una semana después, el conocido abogado Miguel Tomás Molina hizo pública su intención de postularse a la presidencia. Molina había formado parte del gabinete de Jorge Meléndez. La relación familiar con Quiñónez, al ser primos y cuñados, a pesar del reciente fallecimiento de Concepción Quiñónez de Molina, hermana del vicepresidente, generó interrogantes respecto a la legitimidad de su candidatura. Un informe diplomático estadounidense especulaba que la candidatura del exministro podría ser una maniobra de la dinastía para conferir un aura de legitimidad al proceso electoral (Hewes al Departamento de Estado, 23 de noviembre de 1922). Un periódico guatemalteco compartía esta desconfianza y describía a Molina como “primo hermano, amigo íntimo, ex-condiscípulo, correligionario y admirador devotísimo del Dr. Quiñónez Molina”, que participaba en una “farsa ridícula” para engañar a la opinión extranjera (La campaña electoral en El Salvador, 1922, p. 3).

Pero a pesar de su cercanía personal y profesional con los miembros de la familia gobernante, Molina tenía reputación de hombre probo y respetuoso de la Constitución, cuya “honestidad e integridad absoluta nunca se cuestionan”, como decía el encargado de negocios británico (Citado en Ching, 2014, p. 201).

El vehículo para su candidatura fue el Partido Constitucional, fundado el 8 de noviembre, que tenía entre sus principios luchar “por que la Constitución sea cumplida por gobernantes y gobernados, como único medio de garantizar la paz en el interior” (“Acta de fundación del partido constitucional y proclamación de la candidatura del doctor Miguel Tomás Molina”. Anexo a Hewes al Departamento de Estado, 27 de noviembre de 1922).

La entrada del nuevo candidato alteró profundamente la dinámica de la campaña presidencial. Lo que antes parecía un resultado previsible y la continuación de la dinastía, se transformó en una auténtica opción de cambio político. Un artículo periodístico publicado tras las elecciones de 1923 describió la aparición del nuevo candidato en la escena política con las siguientes palabras: [...] llegó de Europa Don Miguel Tomás Molina y tanto por el prestigio de este notable hombre público, como por el enorme desprestigio de los Meléndez-Quiñónez, se vio en él al único que podría salvar la situación y servir de bandera para lanzar una candidatura que se opusiera a la impuesta por el gobierno. Todo fue anunciar su nombre. y unirse a él el pueblo entero, cansado de vejaciones. Todos los gremios: profesionistas, obreros, campesinos, etc., se fueron a Molina con un entusiasmo rayano en el delirio. (Salado Álvarez, 1923)

El hartazgo con la familia en el poder explica en parte la celeridad con la que la candidatura de oposición obtuvo rápida adhesión de parte de la ciudadanía. Pero no era el único opositor. Miguel Dueñas, uno de los hombres más ricos del país, también se presentó a la contienda, pero tuvo muy poco eco.

El análisis de los antecedentes políticos de Molina resulta fundamental para comprender las razones de su atractivo. En abril de 1913, en medio de un clima político agitado tras el asesinato del presidente Manuel Enrique Araujo (1911-1913), había participado en la fundación de la primera versión del Partido Constitucional. Durante ese tiempo, Carlos Meléndez, el primer presidente de la Dinastía Meléndez-Quiñónez, intentaba afianzar su poder a la primera magistratura a la que había llegado por accidente.

Según Salvador Merlos, la idea detrás del Partido Constitucional fue acogida:

[...] con beneplácito porque no se trataba de llevar a la presidencia a tal o cual candidato para satisfacer instintos personales, sino de formar un reducto para que en él se atrincheraran los soldados de la democracia en sus luchas contra los eternos monopolizadores de la administración; no se iba tras el triunfo de un hombre, sino tras el triunfo de una idea. (Merlos, 1914, p. 274)

La organización política, que incluía obreros, estudiantes, empleados, intelectuales y maestros, muchos de los cuales habían participado en las actividades antiimperialistas de la época, tenía un comité central presidido por Molina.

El Diario del Salvador publicó los ideales del partido. Éstos incluían los elementos principales del pensamiento político liberal de la Ilustración contenido en documentos de referencia como las constituciones estadounidense y francesa. El documento inicia con una declaración sobre la importancia de la igualdad ante la ley y los derechos de las personas a la libertad de sufragio, imprenta, reunión y cultos. Acto seguido pone especial énfasis en los vicios del sistema político salvadoreño explicando de manera sucinta la importancia de la separación de poderes que “garantiza el orden y la libertad, el que invade las facultades de los otros [poderes del Estado] comete acto de tiranía”. El texto presta mucha atención a la necesidad de la alternabilidad en la presidencia, pues “el poder tiene muchos atractivos y el que lo ejerce por largo tiempo se acostumbra a los abusos y actos despóticos, convirtiéndose casi siempre en tirano insoportable” (Credo político del Partido Constitucional, 1913, p. 3). Incluye una enumeración de los peligros de la tiranía en tonos personales que parecen reflejar la experiencia de los autores del “credo político” al hablar de persecuciones y torturas de disidentes y de la insatisfacción con funcionarios poco calificados cuyo único mérito es la complicidad con los caprichos de los poderosos.

Ese primer Partido Constitucional recibió una aceptación favorable y obtuvo seguidores en diferentes regiones del país. La nueva agrupación representaba un desafío para Carlos Meléndez, quien buscaba consolidar su control sobre el poder político en El Salvador. Ante el éxito obtenido por los candidatos constitucionalistas en diversas ciudades durante las elecciones municipales de diciembre de 1913, el gobierno optó por exiliar a los principales líderes del partido, lo que forzó la disolución de su instituto político (Las elecciones municipales en toda la República, 1913, p. 1; Merlos, 1914, p. 277).

En los años siguientes Molina se distinguió como abogado prominente y respetado, con todas las cualidades propias de alguien perteneciente a la élite. En su carrera, representó a bancos y figuras relevantes. En 1919, tras la llegada de Jorge Meléndez a la presidencia, fue designado ministro de Gobernación, Fomento y Agricultura. No obstante, abandonó su puesto antes de finalizar ese año tras recibir un voto de censura por parte de la Asamblea Nacional Legislativa y tener desacuerdos con el presidente.

Los detalles de su conflicto con la Asamblea contribuyen a explicar la popularidad de Molina con los sectores más progresistas. Los legisladores objetaron que el nuevo ministro hubiera girado instrucciones a los gobernadores prohibiendo que se obligara a campesinos a trabajar sin paga en el “servicio de alguaciles” que ayudaba a mantener el orden en las zonas rurales para beneficio de los terratenientes. De forma característica, el razonamiento del ministro se basaba en la Constitución que en el artículo 15 establecía que todo trabajo debía ser remunerado. La comunicación de Molina a la Asamblea reflejaba su sensibilidad a los problemas de las mayorías:

Está en la conciencia de todos los salvadoreños que el servicio de alguaciles siempre se ha exigido y solamente se exige a la clase desvalida de la Nación; a la que no tiene más patrimonio que el miserable producto de su trabajo personal; a la clase que vive agobiada bajo el peso enorme de sus necesidades físicas, a esa clase, en fin, que por carecer de medios de subsistencia pasa absolutamente ayuna de instrucción y eternamente esclava en pleno siglo XX. (Comunicación de Tomás Molina, 1919, p. 1237)

Esta actitud recibió el apoyo de asociaciones mutuales. La Unión de Sastres y la Unión de Barberos se pronunciaron públicamente a favor del ministro, reconociendo que éste defendía “los intereses de nuestros hermanos los campesinos” (Citado por González Márquez, 2017, p. 78).

La causa inmediata de la dimisión del ministro Molina la explica un despacho desde la Legación de México que dice que él “presentó su renuncia irrevocable ante el Excmo. Señor Presidente de la República, don Jorge Meléndez, porque no tomó a bien ciertos procedimientos empleados por el gobierno en contra de algunos redactores de periódicos que injuriaban en sus publicaciones al primer magistrado de la nación. Algunos de dichos redactores fueron aprehendidos y otros expulsados, contra la opinión de dicho exfuncionario, quien sostenía que esos procedimientos del gobierno eran un ataque a la libertad de imprenta” (Antonio Hernández Ferrer al Subsecretario de Relaciones Exteriores, 28 octubre de 1919). Así, en menos de doce meses, Don Miguel Tomás evidenció su independencia al enfrentarse a los sectores dominantes para proteger los principios constitucionales que, al final, buscan salvaguardar a quienes se encuentran en situación vulnerable.

El año siguiente, la actividad política de Molina lo vinculó de manera directa con la causa unionista, un proyecto que gozaba de amplio respaldo entre mujeres, artesanos y obreros. A finales de 1920 y comienzos de 1921 integró la delegación salvadoreña en la Conferencia de Plenipotenciarios encargada de redactar y firmar el Pacto de Unión de Centroamérica. La reunión despertó un interés inusual en el público salvadoreño, que siguió de cerca las deliberaciones. Cuando los delegados regresaron al país, fueron recibidos con una manifestación multitudinaria que recorrió las calles de la capital entre vítores dirigidos a él y a sus colegas (En honor de los delegados salvadoreños Arrieta Rossi y Molina. La manifestación popular de anoche, 1921, p. 3). Poco después, la Asamblea lo designó representante de El Salvador ante el Consejo Federal Provisional previsto por la nueva Constitución Federal. Molina, sin embargo, declinó el nombramiento por razones personales que nunca explicó en detalle. Aun así, para 1921 su nombre ya destacaba como uno de los principales líderes del proyecto federativo, asociado tanto con la ampliación de derechos políticos, incluido el sufragio femenino, como con el reconocimiento de garantías laborales que contemplaba la Constitución Federal.

En los pocos días que siguieron al anuncio de la candidatura de Miguel Tomás Molina en 1922 quedó claro que representaba un desafío importante a los planes de Quiñónez. Su respeto a principios constitucionales, empatía con el campesinado, defensa de la libertad de expresión y protagonismo durante el movimiento unionista le habían ganado popularidad tanto entre las clases populares como con sectores de la élite.

Delegaciones de obreros lo habían instado a proclamarse candidato (Recorte del Diario Latino, 28 de noviembre de 1922). Muchas personas que en los años anteriores habían formado parte de la coalición que apoyó el movimiento unionista se incorporaron rápidamente al número de seguidores del nuevo candidato de oposición. Ellos veían en el doctor Quiñónez la continuidad de los aspectos más negativos de la dinastía y creían que Molina representaba una alternativa con posibilidades de éxito. Pioneros del movimiento obrero como Miguel Mármol dieron sus primeros pasos en la vida política trabajando por la candidatura de Molina (Dalton, 1972, p. 84).

Una de las revistas literarias de la época, Espiral, escribía:

Grande ha sido nuestro entusiasmo al ver numerosos clubes políticos, donde los ciudadanos no se reúnen alrededor de una garrafa de aguardiente, sino en torno de un ideal, poniendo en alto, como si fuere una bandera, no relucientes machetes, sino la Constitución. (1922, p. 1)

El Partido Constitucional se dedicó con vigor a organizar clubes de apoyo. Entre los primeros que se fundaron en la capital se encontraban el de señoras y señoritas del mercado, el de empleados de comercio y el de estudiantes. Intelectuales como Francisco Morán, Rubén Dimas, Salvador R. Merlos y Julio Enrique Ávila, que se habían distinguido como unionistas en 1921, hablaban en manifestaciones pro-Molina que desfilaban por las calles de San Salvador en los primeros días de la campaña. El candidato constitucionalista buscó cubrir toda la geografía del país con sus visitas. Primero organizó una gira a los departamentos de la zona occidental donde asistió a la fundación de más clubes constitucionalistas. Más adelante repitió la rutina en el oriente del país. Muchedumbres entusiastas lo recibieron en San Miguel y La Unión[¹²].

Los clubes constitucionalistas con frecuencia estaban organizados de acuerdo con las ocupaciones de sus miembros. Los había de estudiantes, tipógrafos, zapateros, profesores, choferes, carretoneros y mecapaleros. También había asociaciones que se identificaban por el barrio o pueblo correspondiente, como el Comité Constitucional del Barrio Cisneros y el Comité pro-Molina de San Juan Nonualco. Las mujeres se organizaron en grupos separados, como el Comité Constitucional de Señoras “José Matías Delgado” de San Salvador, el Comité Femenino de Señoras del Mercado “Valientes Santanecas” y el Comité de Mengalas Vicentinas.

Si con la disolución de la Federación las mujeres habían perdido el derecho al sufragio que les otorgaba la Constitución Federal, la candidatura de Miguel Tomás Molina representaba una oportunidad para rescatar lo perdido. De esta forma los constitucionalistas encontraron fácil apoyo entre esas mujeres organizadas que formaron nuevos clubes políticos destinados a apoyar la causa constitucionalista. El Cuadro 1 lista los principales clubes femeninos que apoyaban a Molina.

Tabla 1

Clubes femeninos del Partido Constitucional

“Notas políticas del día”, La Prensa, noviembre y diciembre de 1922.

Esta rápida organización les valió la hostilidad de los seguidores de Quiñónez. Los panfletos difundidos por los molinistas registraban numerosos episodios de intimidación de parte del oficialismo, particularmente contra las mujeres. Uno de ellos denunciaba que la Liga Roja había atacado a unas partidarias de Molina del departamento de Sonsonate que se dirigían a una manifestación “golpeando a varias señoras y señoritas” (“Vergonzosa conducta de la Liga Roja de Sonsonate”, 27 de noviembre de 1922). Otro señalaba al alcalde quiñonista de Chilamatal, Miguel Arteaga, quien generaba conflictos con las señoritas Hernández Portillo, únicamente porque eran unionistas y apoyaban activamente la candidatura del Dr. Molina (Partido Constitucional, Boletín No. XIII). Los panfletos resaltaban que no se trataba de actos aislados de partidarios exaltados, por el contrario, nombraban a las autoridades quiñonistas que dirigían los ataques.

En general, los clubes molinistas estaban distribuidos en toda la geografía del país. aunque su presencia era más notoria en la zona central. En total se han identificado clubes constitucionalistas en 54 localidades y hay que tomar en cuenta que, en las principales ciudades como San Salvador, Santa Ana y San Miguel, podía haber múltiples clubes, ya sea en los principales barrios o para las principales ocupaciones. Todo esto es testimonio tanto de la actividad febril del partido en los meses de noviembre y diciembre como del interés de amplios sectores de la población de dar apoyo activo a la candidatura de un político capaz de desafiar a la dinastía gobernante.

4.2. La campaña de Quiñónez

Por su lado, la organización de la campaña oficialista fue formidable. Quiñónez había soñado durante años con dirigir los destinos del país y desde antes de la llegada de Molina al escenario contaba con un aparato político extenso. Su arma partidaria era el Partido Nacional Democrático (PND) cuya fundación en 1918 estuvo vinculada a su candidatura abortada de ese año. En aquella ocasión Quiñónez, entonces vicepresidente de Carlos Meléndez, tuvo que asumir la presidencia de manera inesperada debido a una enfermedad del presidente. Por razones constitucionales el nuevo presidente en funciones no podía continuar como candidato. Tras reuniones de urgencia y compromisos detrás de bambalinas, Jorge Meléndez, hermano de don Carlos surgió como candidato de la familia. Pese a todo, el PND continuó operando bajo la dirección de su fundador. La activa maquinaria política de Quiñónez Molina promovía redes clientelares que abarcaban clubes quiñonistas en todo el país, y diversas organizaciones políticas, incluyendo el Comité Departamental “29 de agosto”. Como establece la obra de Erik Ching, la dinastía Meléndez-

Quiñónez había actualizado prácticas clientelistas que tenían larga tradición en la cultura política salvadoreña creando un “clientelismo centralizado” (Ching, 2014, cap. 5). Durante la campaña de 1922 las organizaciones quiñonistas añadieron al Partido Civil Republicano, que no pasó de ser un complemento del PND. Eventualmente ambos partidos se fusionaron. Esta estructura organizativa proporcionaba una notable ventaja al candidato oficialista. El surgimiento del Partido Constitucionalista supuso un reto inesperado para dicho aparato político. Uno de los elementos más importantes de la red clientelar y aparato político de la dinastía, particularmente en zonas rurales, era la Liga Roja, que se distinguía por la amplitud de su alcance y, por lo tanto, por su utilidad política[¹³]. Patricia Alvarenga las describe como “una institución de alcance nacional que involucró a campesinos y artesanos, indios, ladinos y blancos, y fue concebida como un conjunto de células políticas de carácter permanente” (Alvarenga Venutolo, 1996, p. 251).

El PND y sus organizaciones aliadas intensificaron las actividades proselitistas durante la última semana de noviembre. El partido y la Liga Roja añadieron a su membresía a gran número de ciudadanos. Los medios de comunicación partidarios publicaban extensas listas con los nombres de los nuevos miembros identificándolos por localidad. La estrategia de hacer públicos los nombres de sus partidarios parece haber tenido el propósito de demostrar fuerza numérica, consolidar las afiliaciones y las oportunidades clientelares derivadas, y delimitar los bandos en contienda.

Los operativos políticos del partido oficial trabajaron denodadamente para fundar nuevos clubes políticos, incluyendo muchos exclusivamente de mujeres como el Comité Femenino “Juana De Arco” Pro Quiñónez en San Salvador y el Club Quiñonista Femenino “Flores De Mayo” en la pequeña localidad de Ilopango. El Cuadro 2 muestra dieciocho comités exclusivamente de mujeres en comunidades grandes y pequeñas. Esta maniobra de crear grupos femeninos tenía el objetivo de contrarrestar el fervor de muchísimas mujeres de todas las clases sociales que apoyaban al Partido Constitucional. Hay motivos para dudar la sinceridad del compromiso de los quiñonistas con el empoderamiento de mujeres para su participación política, uno de los agentes políticos del partido oficial encargados de organizar clubes de mujeres era Francisco “Chico” Urrutia, uno de los individuos que lideraron la masacre de la manifestación de mujeres en Navidad[¹⁴].

Tabla 2

Clubes femeninos vinculados con el Partido Nacional Democrático

“Notas políticas del día”, La Prensa, noviembre y diciembre de 1922.

Los grupos oficialistas organizaban frecuentes manifestaciones para demostrar el poder de los números. Es muy posible que las manifestaciones de la Liga Roja, que hacían gala de “organización y disciplina” también hayan tenido el propósito de intimidar.

Las Figuras 1 y 2 muestran la distribución de los clubes de los partidos en la geografía del país. Aunque el PND llevaba la ventaja, llama la atención que en un tiempo muy breve el Partido Constitucional haya logrado tanto apoyo en todas las regiones del país, lo que se puede interpretar como una muestra del deseo de cambio de dirección y de la confianza en que Molina representaba ese cambio.

Figura 1
Distribución geográfica de los clubes del Partido Constitucional (1922)
Mapa elaborado a partir de la información contenida en la sección ‘Notas políticas del día’ de La Prensa, publicada en noviembre y diciembre de 1922.

Figura 2
Distribución geográfica de los clubes del Partido Nacional Democrático (1922)
Mapa elaborado a partir de la información contenida en la sección ‘Notas políticas del día’ de La Prensa, publicada en noviembre y diciembre de 1922.

4.3. El discurso de los partidos

Los mensajes de los partidos en contienda pueden reconstruirse a partir de las publicaciones que han llegado hasta nosotros. En el caso del molinismo, su discurso se difundía principalmente a través de hojas volantes y su periódico de campaña, El Constitucional, donde se delineaban con claridad sus aspiraciones políticas y sociales.

El partido de Miguel Tomás Molina se presentaba como heredero directo del Partido Constitucional de 1913, en el cual el propio dirigente había participado activamente. Al mismo tiempo, reivindicaba la continuidad con “los mismos elementos que ayer no más formaban el Partido Unionista” y se enorgullecía de contar con un movimiento en el que “rivalizan en entusiasmo las mujeres y los hombres”. La propaganda molinista subrayaba su defensa de los alguaciles rurales, “a quien quiso ver con sueldo”, y la protección de la libertad de imprenta, insistiendo en que “el Partido Constitucional no es una improvisación”[¹⁵] . Para los molinistas la educación era clave para el progreso y proponía “la elevación del maestro”, construcción de escuelas, renovación pedagógica y una base fiscal para sostener el sistema escolar (Los cánones del Partido Constitucional).

Entre los principios proclamados figuraba la exigencia de “sus derechos, su libertad y el cumplimiento efectivo de las garantías constitucionales”, así como la “dignificación de la clase trabajadora proporcionándole una existencia más digna y más humana”. Estas metas se contraponían a las prácticas de “los gobiernos de círculo, que miran los intereses personales y no los generales de la colectividad” (La Tribuna, Bisemanario político, Órgano del Comité Constitucional de Estudiantes Universitarios, 6 de diciembre de 1922, p. 1.)

El programa de Molina otorgaba especial relevancia a la educación, concebida como un pilar para el progreso nacional, y añadía medidas de protección para los obreros, reflejando una sensibilidad social poco común en los partidos tradicionales. Sus portavoces en temas de educación eran pedagogos de prestigio como Francisco Morán y Rubén Dimas.

Finalmente, sus publicaciones revelaban una admiración explícita por Abraham Lincoln, a quien exaltaban por haber defendido la igualdad y por su papel en la liberación de los esclavos (El Constitucional, 5 de diciembre de 1922, p. 3) De este modo, el molinismo buscaba inscribirse en una tradición política que combinaba la defensa de las libertades constitucionales con un compromiso social orientado hacia la justicia y la dignidad de los trabajadores.

La campaña presidencial de Alfonso Quiñónez Molina se distinguió por la abundancia de recursos, lo que permitió sostener una amplia red de periódicos de propaganda tanto en el ámbito nacional como en el regional. Entre los órganos de difusión más destacados se encontraban Alma Salvadoreña, publicación del subcomité de obreros quiñonistas del Partido Nacional Democrático; El Vencedor, en Usulután; El Pueblo, en Santa Ana; Opinión Obrera, como órgano del comité central de obreros pro-Quiñónez; El 29 de Agosto y La Campaña en Sonsonate, además de títulos como La Democracia, El País, El Imparcial, El Demócrata y El Republicano. Esta diversidad de publicaciones aseguraba que el mensaje del candidato llegara a distintos públicos y regiones, reforzando la presencia del movimiento en todo el país[¹⁶].

El contenido de estos periódicos se dedicaba en gran medida a exaltar la figura personal de Quiñónez. Se le describía como un hombre cuya trayectoria pública había dejado “una luminosa estela extendida a través de los últimos 25 años”, en palabras de las hojas volantes que circulaban durante la campaña. La insistencia en la dimensión personalista se reflejaba en múltiples publicaciones, que repetían con variaciones el mismo tema de la grandeza individual y la excepcionalidad del liderazgo del candidato[¹⁷].

Los órganos vinculados al movimiento obrero, como Alma Salvadoreña, además de destacar las virtudes del candidato, apelaban a la disciplina y al trabajo como valores centrales. Se advertía contra “la ociosidad y la insubordinación”, descritas como fuerzas que arrastraban al país hacia el retroceso (Alma Salvadoreña, 2 de diciembre de 1922, p. 3). Las declaraciones de Quiñónez, solemnes y altisonantes, no articulaban un programa político concreto más allá de lo que se esperaba de su persona. Sus discursos se centraban en promesas generales de fraternidad, paz, concordia, progreso y cultura, presentadas como las bases fundamentales del partido y como compromisos personales del candidato para garantizar bienestar y prosperidad al pueblo (El Pueblo, Santa Ana, 3 de diciembre de 1922, p. 1. Anexos al despacho de Hewes al Departamento de Estado del 9 de diciembre de 1922, NARA M658 carrete 3).

La propaganda quiñonista también se dedicó a criticar a Miguel Tomás Molina. En este terreno resultaba especialmente útil la existencia de periódicos locales, como El Pueblo de Santa Ana, que adaptaban los ataques a las preocupaciones de la región occidental. Allí, donde los terratenientes valoraban el mantenimiento del orden rural, se subrayaba que la postura de Molina, contraria a obligar a los alguaciles a trabajar sin remuneración por considerarlo inconstitucional, dejaba indefensa a la población, abría paso al crimen y debilitaba la autoridad en el campo. La prensa evocaba imágenes de madres, viudas y huérfanos víctimas de la violencia, para reforzar la idea de que el “exagerado” constitucionalismo de Molina conducía a la desaparición de la autoridad rural (El Pueblo, Santa Ana, 3 de diciembre de 1922, pp. 4 y 5). Además, se insistía en que su candidatura era improvisada, en contraste con la experiencia y el criterio de Quiñónez.

La figura de Quiñónez se presentaba como la única capaz de introducir innovaciones y modernizar el país. Se le describía como un estadista con gran criterio, el más capacitado en el momento, cuya experiencia como médico y funcionario en las administraciones de Araujo y de los hermanos Meléndez lo colocaba por encima de cualquier rival. En lugar de detallar planes concretos para la educación, la propaganda resaltaba su compromiso personal con la enseñanza, afirmando que había consagrado gran parte de su vida a su mejoramiento y destacando su labor en la Comisión Nacional de Educación Física.

Aunque ocasionalmente aparecían en las publicaciones quiñonistas discursos de obreros con listas de demandas específicas, las referencias al proletariado o a los trabajadores terminaban girando nuevamente hacia la exaltación de la personalidad del candidato. Quiñónez era presentado como la continuidad de la obra iniciada en 1911 y reforzada en 1918, vinculándose así con la figura de Manuel Enrique Araujo y con la tradición política que lo precedía (Opinión Obrera, órgano del comité central de obreros pro Quiñónez, San Salvador, 12 de noviembre de 1922, p. 3).

El tono de la campaña experimentó un cambio temporal cuando se hizo evidente la popularidad de Miguel Tomás Molina. A mediados de noviembre comenzó a circular El Republicano, órgano del Partido Civil Republicano, cuyo contenido incorporaba elementos populistas y constitucionalistas diseñados para responder directamente al discurso molinista. Entre sus páginas se incluía incluso un “decálogo” político que hacía referencia a la Constitución, los maestros, los obreros, los proletarios y los militares, en un intento de ampliar la base social y contrarrestar el atractivo del adversario.

La comparación entre las campañas de Miguel Tomás Molina y Alfonso Quiñónez Molina muestra dos estilos distintos de propaganda política en El Salvador de los años veinte: mientras Molina intentaba articular un proyecto con contenido social y constitucional, defendiendo garantías, educación y la dignificación de los trabajadores, Quiñónez se apoyaba en abundantes recursos y en una red extensa de periódicos que exaltaban su figura personal como estadista experimentado y garante de estabilidad. El primero buscaba legitimidad en principios y en la tradición política, mientras el segundo enfatizaba continuidad administrativa y seguridad rural, utilizando críticas locales contra Molina para reforzar su liderazgo.

4.4. Violencia y manifestaciones

Desde el inicio, la competencia política de la campaña presidencial de 1922 estuvo marcada por una violencia extrema, principalmente de parte del Estado. La primera manifestación del Partido Constitucional, celebrada el 18 de noviembre, terminó en tragedia: un hombre de las clases populares que se encontraba entre los asistentes gritó “¡Viva Molina!”, y de inmediato un policía lo golpeó en la cabeza, causándole la muerte. Este episodio, registrado en los informes diplomáticos de la época, fue apenas el comienzo de una serie de enfrentamientos que caracterizaron la campaña (Hewes al Departamento de Estado, 23 de noviembre de 1922).

Los simpatizantes de Alfonso Quiñónez recurrieron con frecuencia a la violencia como medio para neutralizar a la oposición, que a su vez respondió con firmeza. Los choques callejeros entre ambos bandos se volvieron habituales y, en no pocas ocasiones, dejaron víctimas mortales (Hewes al Departamento de Estado, 8 de diciembre de 1922). Quienes llevaban en la solapa una insignia azul, el color del constitucionalismo, sabían que corrían grandes riesgos (Quijano Hernández, 1931, p. 33). La situación era tan grave que, en diciembre, el enviado estadounidense informaba con sorpresa que durante una semana se había reportado “solamente la muerte de un hombre” por motivos políticos, como si esa cifra representara una disminución notable frente a la violencia cotidiana (Hewes al Departamento de Estado, 15 de diciembre de 1922.).

El gobierno también utilizó mecanismos de presión institucional. A los empleados públicos se les ordenaba organizar clubes quiñonistas, reforzando así la maquinaria oficial en favor de Quiñónez. La Corte Suprema removió a los jueces que simpatizaban con Molina y las autoridades del Hospital Rosales, el más importante del país, se deshicieron del personal que no apoyaba a Quiñónez (Quijano Hernández, 1931, p. 33). Los delegados municipales del Partido Nacional Democrático enviaban listas de seguidores de Molina a la sede central del partido para que se tomaran las medidas necesarias (Ching, 2014, p. 202). El control de las alcaldías se volvió un objetivo estratégico, pues ellas eran la clave para las futuras elecciones presidenciales. Un despacho diplomático de la legación de México informaba que “los partidos políticos ponen mayor interés en estas elecciones [municipales] que en las mismas elecciones Presidenciales, los Ayuntamientos son los que hacen los cómputos de los votos para Diputados, y estos, los que hacen la declaratoria para Presidente y Vicepresidente de la República” (Segundo secretario de la Legación al Subsecretario de Relaciones Exteriores”, 7 de enero de 1919).

La campaña también proporcionaba incentivos para apoyar a Quiñónez: abundancia de tamales, licor y sorbetes, además de promesas de empleo en ministerios, diputaciones y judicaturas. A los seguidores del candidato oficial se les instaba a portar la divisa de la Liga Roja, un botón rojo en la solapa que servía como signo de adhesión y daba una medida de seguridad en contra de posibles ataques oficialistas.

En medio de esta dinámica de propaganda y coerción, los quiñonistas también buscaron legitimarse mediante gestos de asistencia social. En Sonsonate, por ejemplo, establecieron un dispensario médico popular destinado a los pobres, una iniciativa que pretendía mostrar el compromiso del movimiento con las necesidades de las clases desfavorecidas (“Dispensario médico popular para los pobres”, 25 de noviembre de 1922, p. 4.). Así, la campaña combinaba violencia, clientelismo y algunas acciones de beneficencia, reflejando la compleja naturaleza de la política salvadoreña en aquellos años.

La fase final de la campaña electoral estuvo marcada por una creciente tensión política. A inicios de diciembre, el ministro estadounidense Hewes comunicó a Washington que había recibido dos telegramas enviados los días 4 y 5 por el presidente de Honduras al mandatario salvadoreño. En ellos se informaba sobre la captura del coronel Eusebio Bonilla, un emigrado salvadoreño involucrado en actividades revolucionarias. Según relató Hewes, el propio presidente Meléndez le entregó copias de los mensajes, y en el segundo de ellos el presidente hondureño López Gutiérrez, citando las declaraciones proporcionadas por la persona detenida, caracterizó al movimiento insurgente en El Salvador como una organización estructurada que anticipaba recibir respaldo desde diversos cuarteles (Hewes al Departamento de Estado, 7 de diciembre de 1922).

En ese clima de agitación, la campaña de Alfonso Quiñónez Molina culminó el 10 de diciembre con una manifestación cuya naturaleza ha sido descrita de manera muy distinta por las fuentes contemporáneas. Desde la legación estadounidense, el ministro Hewes informó que los partidos oficialistas, el Partido Nacional Democrático y el Partido Civil Republicano, organizaron una concentración masiva en la capital. Según su reporte, los asistentes fueron trasladados en trenes especiales, camiones y caballos proporcionados por las propias estructuras partidarias, y circulaban versiones confiables de que algunas personas habían recibido pago por participar. Hewes añadía que el origen de los cuantiosos recursos empleados en la campaña seguía siendo desconocido para la legación (Hewes al Departamento de Estado, 15 de diciembre de 1922).

Manuel Quijano Hernández describe la manifestación quiñonista en su obra. Según su relato, la concentración inició a las tres de la tarde en el Campo de Marte, desde donde la comitiva recorrió las principales calles de San Salvador. Él describe una asistencia en la que prevalecían los sombreros de palma, los caites y la ropa de manta desgastada, “pues vinieron tal como los reclutaron en medio de sus faenas del campo o del seno de las tabernas” (Quijano Hernández, 1931, p. 37). El autor habla en tono despectivo sobre los participantes, en parte posiblemente por su hostilidad al régimen y el populismo que representaba el patrocinio de la Liga Roja, y en parte por su posición de clase[¹⁸]. Quijano describe el desfile como un cortejo fúnebre, un entierro simbólico de la democracia. A su juicio, la multitud no expresaba voluntad política propia, sino obediencia forzada o comprada. Señala además que los vítores al candidato eran escasos, que algunos participantes ni siquiera conocían su nombre y que la marcha avanzaba sin entusiasmo ni convicción. De acuerdo con este relato, la población opositora, por su parte, se mantuvo en sus casas y apenas hubo curiosos en las bocacalles.

Una versión que refleja el punto de vista quiñonista describe el evento como si hubiera sido una parada militar pues

[...] el Partido Nacional Democrático no es chusma alborotada y sin cohesión que se agolpa para hacer simple tumulto, sino un conglomerado de hombres organizados, que se mueve como un ejército obedientes a la voz de mando de sus capitanes y atentos a la consigna, de manera que en el Campo de Marte aquella gran reunión de hombres se movía armónicamente como batallones que pasaran revista en una parada militar (Citado en Arias Gómez, 1996, p. 45).

Las versiones coinciden en presentar la manifestación como un esfuerzo organizado desde el oficialismo, pero divergen profundamente en su interpretación. Hewes ofrece una lectura diplomática y pragmática, centrada en la logística, el financiamiento y la movilización inducida, sin emitir juicios morales sobre la composición social de la multitud. Su preocupación principal es el uso de recursos y el impacto político del acto. Quijano, en cambio, construye un relato abiertamente crítico y cargado de simbolismo, donde la manifestación aparece como una demostración de subordinación y manipulación, más cercana a un ritual de poder que a una expresión de apoyo popular. Su descripción enfatiza la pobreza, la falta de convicción y la ausencia de espontaneidad, elementos que utiliza para cuestionar la legitimidad del movimiento quiñonista. Finalmente, la versión “quiñonista” también describe un ritual de poder, pero en términos elogiosos con una visión claramente autoritaria en la que la disciplina hace innecesario mencionar siquiera si la presencia de los manifestantes tenía algo que ver con la voluntad o la convicción.

Igualmente marcadas son las diferencias entre los relatos que describen la manifestación de cierre de campaña del Partido Constitucional, celebrada el 17 de diciembre. Desde la legación estadounidense, el ministro Hewes informó que aquel domingo tuvo lugar en San Salvador una concentración considerable en apoyo a la candidatura del Dr. Miguel Tomás Molina. Según su evaluación, el acto fue comparable en tamaño al organizado por los quiñonistas la semana anterior, y dirigentes constitucionalistas le aseguraron que habría sido aún mayor de haber contado con más recursos financieros. Hewes observó que ambas facciones recurrían sin reparos a la práctica de contratar participantes para sus manifestaciones, aunque consideraba que, en esta ocasión, la mayoría de los asistentes había acudido sin incentivos económicos y que el tono general del evento era más de rechazo a Quiñónez que de adhesión a Molina. Añadía además que, mientras el candidato oficialista mantenía su fuerza en las provincias, la población capitalina parecía inclinarse casi unánimemente por un cambio de gobierno. En el mismo informe mencionó un asesinato ocurrido en San Salvador durante una disputa política y rumores de muertes similares en el interior del país (Hewes al Departamento de Estado, 22 de diciembre de 1922).

La versión de Manuel Quijano Hernández contrasta de manera notable con la mirada diplomática. Según su relato, bastó una sencilla hoja de invitación distribuida en la capital y en los pueblos cercanos para congregar en el Campo de Marte, el 17 de diciembre, la que describe como la manifestación más numerosa, respetable y entusiasta registrada por la “verdadera Historia Patria” (Quijano Hernández, 1931, p. 40). Calculaba la asistencia en más de veinte mil personas.

El desfile, que cubrió más de veinte cuadras y tardó cuarenta y cinco minutos en pasar por un mismo punto, avanzó, según su descripción, en orden impecable, entre vítores constantes al candidato, a la libertad y a la Constitución. La multitud, afirma, llegó al final de la jornada exhausta de tanto aclamar, pero sin que se escuchara un solo grito hostil. También menciona la presencia de numerosos curiosos, hombres y mujeres, que se sumaron al fervor patriótico a lo largo del recorrido (Quijano Hernández, 1931, p. 40). Pocos días después, el ministro de Gobernación instruyó a los gobernadores departamentales a aplicar diversas disposiciones para restringir la participación en manifestaciones políticas, señalando en particular que “no se permitirá, por ningún concepto, la participación de las mujeres” en dichas actividades (Circular N° 53,1922, p. 2058).

El 22 de diciembre, el Partido Constitucional pidió al ministro Hewes que remitiera al Departamento de Estado un documento en el que detallaban diversas denuncias contra el gobierno, entre ellas el hostigamiento y la imposición de censura previa. Afirmaban que Arturo Ambrogi, director del Boletín Oficial y de la Biblioteca Nacional, además de censor de teatros y prensa, había ordenado revisar todas las publicaciones del partido antes de su difusión. La evidencia disponible apunta con fuerza a que el ataque de Navidad no fue un estallido espontáneo, sino un acto cuidadosamente planificado. La fecha del documento y, sobre todo, los detalles que recoge, refuerzan la conclusión de que la agresión contra las mujeres respondió a una preparación deliberada. El escrito describe un episodio que indica premeditación: el día 21 se celebró una reunión en una vivienda del barrio San Miguelito, a la que asistieron numerosos simpatizantes quiñonistas, incluidos varios cientos de hombres armados. Según el documento, tanto Quiñónez como el presidente Meléndez estuvieron presentes, y se afirma que en múltiples casas vinculadas al oficialismo se almacenaban armas de diverso calibre: rifles, pistolas, ametralladoras y abundante munición. Todo ello configura un cuadro incriminador, la masacre de Navidad no surgió de la improvisación, sino de una organización previa orientada a ejecutar la violencia que finalmente se desató (Memorándum del Partido Constitucional, anexo a Hewes al Departamento de Estado, 22 de diciembre de 1922). El testimonio de Miguel Mármol a Roque Dalton confirma el incremento de la represión en los días anteriores a la Navidad, posiblemente para preparar el terreno. El 24 de diciembre él fue “advertido por el farmacéutico del pueblo don Gabriel Ortiz, de que la Guardia Nacional estaba capturando a todos los dirigentes molinistas y que yo debía huir lo más pronto posible” (Dalton, 1972, p. 84).

5. La masacre de Navidad

La masacre de Navidad de 1922, uno de los episodios más significativos y a la vez menos estudiados de la historia política salvadoreña del siglo XX, puede reconstruirse gracias a un conjunto notablemente diverso de fuentes contemporáneas. Entre ellas destacan la crónica oficial publicada en el Diario Oficial; la carta enviada esa misma noche por las organizadoras de la marcha a Maud Wood Park, presidenta de la League of Women Voters (Liga de Mujeres Votantes), organización sufragista estadounidense; una denuncia firmada por Miguel Tomás Molina el 26 de diciembre; así como un relato posterior aparecido en un periódico de California (marzo de 1923); además de las narrativas de dos funcionarios de la compañía inglesa del ferrocarril. La convergencia de estas voces permite apreciar no solo la magnitud de la represión ejercida contra las mujeres constitucionalistas en San Salvador, sino también la disputa por el sentido del acontecimiento. La violencia de aquel día se inscribe en un contexto de creciente confrontación entre el régimen de la familia Meléndez–Quiñónez y los sectores constitucionalistas que intentaban frenar la continuidad dinástica en el poder.

Las militantes del constitucionalismo habían programado una demostración pública de fuerza para el 25 de diciembre. Se congregaron en el centro de la capital y marcharon por la Avenida Independencia. Era una “inmensa muchedumbre de mujeres vestidas de azul, con sendas banderolas de igual color, ordenadas por grupos portadores de su respectivo pabellón y estandarte” (Quijano Hernández, 1931, p. 43). El gobierno del presidente Jorge Meléndez interpretó la movilización como un desafío directo a sus planes de continuidad. No se podían colocar obstáculos a la candidatura de Alfonso Quiñónez Molina. Contingentes de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Liga Roja fueron desplegados con el propósito de reafirmar la autoridad gubernamental frente a las opositoras.

La narrativa oficial dice que las mujeres insistieron en tomar la ruta más provocadora, pasando frente al cuartel del Primer Regimiento de Infantería y la Casa Presidencial, dos edificios muy cercanos entre sí. Para evitar que siguieran en esa ruta, “fue movilizado un pelotón de caballería” para obligarlas a desistir. Desafortunadamente, esta acción produjo confrontaciones. Según esta versión, que fue la única que publicaron los principales periódicos, las manifestantes atacaron a las fuerzas del orden y “esta agresión injustificada e injustificable obligó a las autoridades a tomar intervención para evitar la hecatombe provocada por los manifestantes”. El saldo del incidente se tradujo en “unos pocos muertos y algunos heridos” según dijo el Diario Oficial (Diario Oficial, 1922b, p. 2141). Versiones no oficiales señalaron que era absurdo que mujeres desarmadas tuvieran la imprudencia de atacar a soldados armados hasta los dientes que en días anteriores habían demostrado que no tenían reparos en agredirlas.

El mismo día, las organizadoras de la manifestación escribieron una breve versión del ataque describiendo una situación muy diferente a lo que afirmaban las autoridades. Al final de la jornada, seguramente exhaustas y consternadas, ellas escribieron a la señora Maud Wood Park, denunciando los hechos con un relato sucinto de lo ocurrido. En la carta decían que a pesar de que marchaban pacíficamente “victoreando a la Constitución”, fueron víctimas de “grupos de Guardias Nacionales de Policía y de ligas rojas, que así se llaman los sicarios del poder, disfrazados de civiles, apostados en diversas calles y casas de la ciudad, [que] empezaron simultáneamente con descargas infernales a asesinar mujeres y niños … las calles se ensangrentaron” (Carta sin firma a Maud Wood Park, 25 de diciembre de 1922)[¹⁹].

El día siguiente, Miguel Tomás Molina y sus colaboradores elaboraron una protesta formal dirigida al cuerpo diplomático y una hoja volante intitulada “Después del asesinato vienen las mentiras” que denunciaban la “carnicería despiadada”, perpetrada por la Guardia Nacional, la policía y la Liga Roja.[²⁰] Los documentos señalaban que la coordinación de los ataques en contra de las manifestantes, además del hecho de que las autoridades habían desarmado sistemáticamente a los constitucionalistas mientras distribuían armas oficiales a la Liga Roja, eran señales claras de premeditación. También acusaron al gobierno de haber obstaculizado las actividades de campaña de los constitucionalistas con ataques, persecuciones y prisión. La hoja volante hablaba de detenciones masivas, allanamientos y un clima de terror posterior a la masacre. “Esta monstruosa hecatombe”, decía el texto, “fue consecuencia natural del deseo del partido quiñonista de obtener victoria a toda costa” (Carta sin firma a Maud Wood Park, 25 de diciembre de 1922).

La dimensión política del episodio atrajo la atención de las legaciones extranjeras. El representante estadounidense Clarence Hewes obtuvo un testimonio detallado de A. J. Sumner, empleado británico del ferrocarril, quien observó la marcha desde un balcón de la Casa de Salud, un hospital administrado por enfermeras inglesas. Sumner describió el inicio de los disparos a varias cuadras de distancia y la rápida propagación del pánico. Su relato destaca la participación de la policía y la Guardia Nacional, armadas con carabinas, revólveres y machetes, avanzando detrás de la multitud y atacando indiscriminadamente a civiles desarmados. También señala la presencia de grupos que bloqueaban las bocacalles, impidiendo la huida de las mujeres (Testimonio de A. J. Sumner. Anexo a Hewes al Departamento de Estado, 29 dic. 1922).

Tres meses después, el periódico Hispano-América de San Francisco publicó una extensa crónica que estimaba en “veinticinco mil” el número de mujeres participantes. La nota describía cómo el gobierno

[...] armó a centenares de ligas rojas, puso piquetes de Guardia Nacional en todas las calles por donde pasaría la manifestación, lo mismo que pelotones de policía y, a una señal convenida, los ligas rojas, la Guardia Nacional y la policía dispararon sobre aquella enorme masa de mujeres y niños indefensos (Salado Álvarez, 1923).

El relato menciona el acto premeditado de emplazar estratégicamente ametralladoras en la ruta de la marcha. La citada crónica de Hispano-América describe que la violencia se prolongó hasta entrada la noche, y, al final de la jornada, cundió la incertidumbre sobre el paradero de numerosas personas. Aunque esta fuente amplifica ciertos elementos, como el número de asistentes, coincide con los testimonios opositores y diplomáticos en señalar la simultaneidad de los ataques y la participación de fuerzas estatales y paramilitares.

Décadas más tarde, las memorias de otro empleado del ferrocarril inglés, Sydney M. Stadler, un hombre muy cercano a la élite económica y grupos de poder que se encontraba con Sumner en la Casa de Salud, sugieren que algunos agentes podrían haber actuado bajo los efectos del alcohol y que el pánico colectivo contribuyó a la escalada de violencia. Sin embargo, su relato no exculpa a las fuerzas estatales: describe que hubo decenas de mujeres buscando refugio en el hospital y cómo la caballería continuó disparando incluso cuando él mismo intentaba llegar a la legación británica (Stadler, 1975, p. 54).

El escritor Manuel Quijano Hernández, contemporáneo de los sucesos, elaboró una enumeración parcial de las víctimas, acompañándola de breves notas biográficas. En su concisión, aquel registro transmite con elocuencia la dimensión humana de la tragedia. Entre los casos consignados figuran, por ejemplo, los de Fidelina Morán y Carmen Mirón, cuyos destinos ilustran la violencia indiscriminada de la jornada:

Fidelina Morán. 17 años, hija de Miguel Morán que vivía en el Palo Verde, en un mesón de Ismael Gómez, fue muerta en el Parque Dueñas y recogida por la ambulancia. Cuando el padre fue a reclamar el cadáver, fue ultrajado por la policía y amenazado con los revólveres que le pusieron en las sienes. Carmen Mirón. 18 años, hija de Andrea Mirón, de Santa Ana. Recibió un balazo en el pecho y un guardia la remató de un machetazo en el pecho. Murió en el Hospital el 26 a las 2 a.m. (Quijano Hernández, 1931, p. 48)

Estos escuetos datos biográficos nos dan pistas sobre el amplio espectro de la composición social de las mujeres que marcharon para apoyar al candidato constitucionalista. Millares, tal vez decenas de millares, salieron a la calle. Ese dato es suficiente para indicarnos que no se podía limitar a un grupo de élite. Una foto de las mujeres corriendo despavoridas durante el ataque muestra con claridad que muchas de ellas eran de origen humilde[²¹]. La lista de víctimas que proporciona Quijano Hernández incluye habitantes de mesones, una cocinera, una costurera y vendedoras del mercado. Esto es consistente con lo que sabemos del activismo de mujeres durante la presidencia de Jorge Meléndez. Las protagonistas de otra importante manifestación de mujeres, la de febrero de 1921 mencionada anteriormente, habían sido vendedoras de los mercados. Los elevados números de participantes también sugieren que no todas eran de San Salvador. Nuevamente los sucesos de febrero de 1921 nos dan una pista; en esa ocasión llegaron manifestantes desde Santa Ana y Santa Tecla. En cuanto a la presencia de mujeres de clase alta, el británico Sumner deja explícito en su relato que “personas de buena posición” se resguardaron del tiroteo refugiándose en el pequeño hospital donde él estaba. Así lo resume Quijano Hernández: “rompía la marcha un grupo de niñas, seguían las señoras y señoritas de la más culta sociedad, y después las demás clases, hasta las señoras del mercado y las sirvientas” (Quijano Hernández, 1931, p. 43).

La represión del 25 de diciembre de 1922 en San Salvador constituye un episodio paradigmático de la tensión entre movilización ciudadana y continuidad oligárquica en la política centroamericana de comienzos del siglo XX. Las fuentes disponibles ofrecen relatos divergentes que, al ser cotejados, permiten observar tanto la estrategia oficial de minimización como la construcción de una memoria alternativa por parte de opositores, diplomáticos y feministas.

El análisis comparativo de estas fuentes revela que, pese a sus diferencias, todas las narrativas independientes del gobierno coinciden en aspectos esenciales: la marcha era pacífica; la represión fue iniciada por fuerzas estatales; participaron de manera coordinada la Guardia Nacional, la Policía y la Liga Roja; la violencia fue indiscriminada y afectó principalmente a mujeres y niños; y la magnitud del evento fue mucho mayor que la admitida oficialmente. Las divergencias se concentran en la escala exacta de la violencia, el número de víctimas y la interpretación moral del episodio, pero no alteran la estructura básica del acontecimiento.

Tras la masacre, el país ingresó en una etapa definida por las sistemáticas medidas punitivas contra quienes defendían el constitucionalismo. Las autoridades, decididas a neutralizar cualquier foco de resistencia, extendieron su control por todo el territorio mediante detenciones arbitrarias y castigos ejemplificadores. En ese contexto, Miguel Tomás Molina, acompañado por parte de su círculo más cercano, buscó amparo en la Legación de España. Paralelamente, el gobierno intensificó la persecución, la tortura y el encarcelamiento de sus personas aliadas, consolidando uno de los periodos más oscuros de la vida política nacional.

Miguel Mármol recordó de manera colorida los días que pasó escondido en su pueblo de Ilopango para evitar la represión gubernamental (Dalton, 1972, pp. 85-87). Uno de los casos de represión más notorios fue la captura y ejecución de Alberto Escalante, el líder molinista del departamento de San Vicente (Ching, 2014, p. 203). Los testimonios procedentes de Zacatecoluca, capital del departamento de La Paz, dan una idea de la intensidad de la represión ejercida en aquellos días. Una crónica señala que las autoridades recurrieron a castigos corporales contra personas detenidas y a métodos de tortura que incluían inmersiones forzadas en pilas de agua. Asimismo, se registraron actos de humillación pública contra mujeres, obligadas a desfilar por las calles antes de ser recluidas en las mismas bartolinas donde se confinaba a trabajadoras sexuales (Castellanos Rivas, 1927). Estos episodios, repetidos en distintos puntos de la región, fueron característicos del clima de intimidación y control social que caracterizó al periodo.

Los informes diplomáticos estadounidenses de finales de 1922 y comienzos de 1923 permiten apreciar el clima de inestabilidad regional que acompañó estos hechos. Desde Tegucigalpa se reportaba que el emigrado salvadoreño Carlos Dárdano organizaba un movimiento revolucionario en Guatemala con la intención de invadir El Salvador a través de Honduras, donde además esperaba recibir armas y municiones (Morales al Departamento de Estado. Tegucigalpa, 30 de diciembre de 1922). Casi simultáneamente, la legación estadounidense informaba de la captura de San Ignacio, en Chalatenango, por un grupo revolucionario encabezado por Carlos Duarte (Hewes al Departamento de Estado, 31 de diciembre de 1922).

En Guatemala, el presidente José María Orellana comunicó a los diplomáticos estadounidenses que había ordenado a sus comandantes fronterizos mantener la neutralidad y evitar que grupos de emigrados utilizaran el territorio guatemalteco como base para una invasión. Poco después, notificó también la llegada y el internamiento en la capital de los generales salvadoreños Anaya, Duarte y Llanos, asegurando que Guatemala estaba logrando contener los intentos de incursión en la frontera común (Geissler al Departamento de Estado, Guatemala, 31 de diciembre de 1922 y 1 de enero de 1923).

Cuando llegó la hora de las elecciones presidenciales, Quiñónez se presentó sin competencia y ganó la presidencia por unanimidad. El número de votos que se contabilizaron a su favor fue inclusive mayor que el número de votantes registrado. El ministro Hewes no pudo resistir la tentación de comentar sobre este curioso detalle en su respectivo informe al Departamento de Estado (Hewes al Departamento de Estado, 19 de enero de 1923).

6. Conclusión

Los hechos del 25 de diciembre de 1922 encapsulan hasta dónde estaba dispuesto a llegar el régimen Meléndez–Quiñónez para mantener su hegemonía, atacando a mujeres que se atrevieron a desafiar el orden establecido. La “masacre de Navidad” no es solo un episodio de violencia electoral, sino un símbolo de la convergencia entre movilización de género y represión autoritaria. Al reconstruir este incidente desde diversas fuentes y testimonios, el capítulo subraya la necesidad de confrontar las narrativas oficiales, preservar la memoria histórica y reconocer el papel de las mujeres como agentes de cambio político y víctimas de la brutalidad estatal. Este enfoque permite entender la campaña de 1922 como un punto de inflexión, donde la participación femenina y la resistencia ciudadana desafiaron el orden oligárquico, enfrentando la violencia sistemática de un régimen decidido a perpetuarse a cualquier costo.

El artículo evidencia que la campaña electoral de 1922 fue mucho más que una simple contienda por el poder: constituyó un momento de profunda transformación y crisis en la política salvadoreña. La pugna entre el oficialismo, representado por Alfonso Quiñónez Molina, y la oposición constitucionalista liderada por Miguel Tomás Molina, puso de manifiesto la fractura entre las élites tradicionales y los sectores emergentes de la sociedad, como obreros, artesanos y mujeres organizadas.

El fracaso de la federación centroamericana y la negociación del empréstito con intereses estadounidenses revelan la vulnerabilidad de la soberanía nacional ante presiones externas y la influencia decisiva de actores internacionales en la política interna. La intervención de Estados Unidos, tanto diplomática como militar, consolidó la dependencia del gobierno salvadoreño y condicionó el desarrollo de los acontecimientos.

La campaña estuvo marcada por la violencia institucional y paramilitar, ejemplificada en la masacre de Navidad, donde la represión estatal y de la Liga Roja contra mujeres constitucionalistas simbolizó el uso sistemático de la fuerza para perpetuar el control oligárquico. Este episodio, junto con la represión posterior, ilustra el modelo autoritario de la dinastía Meléndez–Quiñónez, basado en la criminalización de la oposición y la manipulación del discurso oficial.

El análisis comparativo de los discursos partidarios revela dos estilos contrapuestos: el molinismo, con un ideario social y constitucional que apelaba a la justicia y la dignidad de los trabajadores, y el quiñonismo, centrado en el personalismo, la continuidad administrativa y la exaltación de la figura del candidato. Ambos discursos, sin embargo, reflejan el predominio del personalismo y la dificultad de articular proyectos políticos inclusivos y democráticos.

En suma, la campaña de 1922 debe entenderse como un punto de inflexión en la historia política salvadoreña, donde la movilización ciudadana, la participación femenina y la emergencia de nuevos actores sociales desafiaron el orden establecido, pero también enfrentaron la brutalidad de un régimen decidido a mantener su hegemonía a cualquier costo. La masacre del 25 de diciembre de 1922 debe entenderse como un episodio emblemático del modelo de control político del régimen Meléndez–Quiñónez, caracterizado por el uso combinado de fuerzas estatales y paramilitares, la criminalización de la oposición y la manipulación del discurso oficial. La participación femenina añade una dimensión simbólica que intensificó la reacción del régimen, al desafiar roles de género y la autoridad patriarcal del Estado. La disputa por la narrativa, iniciada el mismo día de los hechos, revela la importancia del control discursivo en contextos autoritarios y la necesidad de una lectura crítica de las fuentes para reconstruir episodios de violencia política.

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Notas

Notas de autor

Enlace alternativo

https://revistas.uca.edu.sv/realidad/article/view/12434/13698 (pdf)