1. Introducción

El debate sobre la democratización de la comunicación y su institucionalización como derecho en el marco de un nuevo orden mundial se inició en la década de los sesenta del pasado siglo en el contexto de un mundo divido en bloques a partir de la Guerra Fría y de la emergencia del Movimiento de Países No Alineados, aquellos surgidos a partir de los procesos de independencia de los territorios colonizados. La discusión sobre la necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), de manera paralela a un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), fue defendida por las excolonias como un elemento necesario para, entre otros muchos aspectos, lograr un equilibrio global y posicionar discursos alternativos al de los dos bloques hegemónicos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) acogió las discusiones sobre la propuesta del Movimiento de Países No Alineados y constituyó una comisión de trabajo liderada por Sean MacBride. En el conocido informe Un solo mundo, voces múltiples (1980), la comisión evidenciaría el desequilibrio global en el ámbito de la comunicación y de las telecomunicaciones, la alta concentración de la propiedad de los medios que amenazaba la pluralidad y la dependencia de los países periféricos tanto del capital tecnológico como de la producción de contenidos importados –especialmente, televisivos– que representaban más de la mitad de las emisiones y que eran visto de manera preocupante como una forma de dominación cultural (MacBride, 1993, p. 84). A partir del diagnóstico realizado, la comisión recibió el encargo de plantear las propuestas que trazaran un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, que finalmente no pudieron concretarse por desacuerdos en el interior de la comisión sobre el sentido y los objetivos del mismo, a pesar del convencimiento común acerca de la necesidad de un cambio estructural del orden de la comunicación a nivel global (Jurado, 2009).

Aunque las tesis más neoliberales y los intereses de las potencias hegemónicas desplazaron el debate del NOMIC en el seno de la UNESCO, el informe MacBride supuso un hito referencial al definir el derecho a la comunicación de manera vinculada a los problemas estructurales de la comunicación (Herrera, 2013), fundamentalmente, la concentración oligopólica y transnacional mediática y la falta de acceso de las grandes mayorías a los medios de comunicación a nivel mundial. Como propuesta dirigida al reequilibrio de la propiedad de los medios y su pluralidad, se recomendó la consideración del espectro electromagnético y de la órbita geoestacionaria como patrimonio común de la humanidad y su acceso de manera equitativa (Herrera, 2013), una propuesta que ha formado parte del debate latinoamericano sobre el derecho a la comunicación y su regulación a través de políticas públicas que permitieran un equilibrio en el escenario comunicacional con la entrada de nuevos actores, en un contexto de reconocimiento de otros derechos sociales y de intentos por favorecer democracias más participativas.

En América Latina, el debate por el derecho a la comunicación se retomó fundamentalmente a partir de la capacidad de los movimientos sociales de posicionar la propuesta por la democratización de la comunicación en el marco de la agenda nacional (León, 2013), coincidiendo con la llegada de gobiernos de tendencia progresista que, en casos como Ecuador, Bolivia o República Bolivariana de Venezuela (en adelante, Venezuela), incluso dirigieron la apertura de procesos constitucionales como punto de quiebre con etapas anteriores que a su vez permitieron, de manera más o menos explícita, el reconocimiento del derecho a la comunicación a rango constitucional (Jorge Alonso, Frutos García y Galarza Fernández, 2015).

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, aprobada en 2009, recogió los “21 puntos” demandados por las organizaciones de comunicación comunitaria y por primera vez reguló un reparto equilibrado y porcentual entre medios privados, públicos y comunitarios. Las legislaciones de Bolivia (2011) y Ecuador (2013) también establecen un reparto porcentual para los tres sectores y, con Uruguay (2015), la prohibición de los monopolios que han caracterizado la propiedad mediática de la región. Además, todas ellas, y coincidiendo con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, aprobada en Venezuela en 2012, prohíben la emisión de contenidos discriminatorios y violentos.

La inclusión en la legislación del denominado tercer sector –en el que se encuentra la radio comunitaria, también llamada ciudadana, participativa, educativas, popular, alternativa… (Chaparro, 2005)– ha supuesto el reconocimiento de una deuda histórica con un movimiento de medios que cuenta con una larga trayectoria en el continente y que se ha caracterizado por la diversidad de sus luchas, las aportaciones a la articulación social y el fortalecimiento de identidades colectivas, entre otros aspectos. Para la gran mayoría social que no tiene acceso a la propiedad de los medios de masas, tal y como describía en su diagnóstico la comisión MacBride, los medios comunitarios y, de manera especial, las radios, han sido el canal por el que han podido vehiculizar sus informaciones, opiniones y expresiones, las que a su vez han podido contribuir a la construcción de narrativas propias y de opiniones que afectan a la vida de la comunidad (Boafo, 2012).

Estas experiencias de apropiación comunicativa por parte de la ciudadanía han demostrado las potencialidades de la comunicación para el empoderamiento cívico (Cerbino y Belotti, 2016) y la transformación social. Así, el reconocimiento de nuevos actores comunicativos y el intento de transitar hacia escenarios mediáticos más participativos, democráticos y plurales se convierte en una oportunidad histórica para las poblaciones excluidas tanto del acceso a la propiedad de los medios de comunicación como de sus narrativas y representaciones. Desde una perspectiva de género, y como reconoció la Cumbre Mundial de Beijing, el acceso de las mujeres a la comunicación se convierte en un elemento estratégico para promover su empoderamiento, avanzar hacia sociedades más igualitarias y desafiar los sentidos de una comunicación hegemónica que perpetúa los estereotipos y roles de géneros.

Tomando como puntos de partida la transición hacia nuevos escenarios comunicacionales en los contextos de Venezuela y de Ecuador y las potencialidades de la comunicación para el empoderamiento y la construcción de ciudadanía, este artículo examina dos experiencias de acceso al ejercicio del derecho a la comunicación a través de emisoras comunitarias por parte de colectivos de mujeres históricamente excluidas de los mass media: por un lado, la emisora Avanzadoras de Yoco, gestionada por mujeres afrodescendientes en el Estado Sucre (Venezuela) y, por otro, el diseño, implementación y sistematización de una intervención comunicativa con mujeres sanadoras de la sierra central de Ecuador. Aunque estas experiencias corresponden a contextos y poblaciones diferenciadas, sí se pueden establecer elementos que permiten el análisis relacional y la identificación de rasgos que demuestran cómo estas experiencias han contribuido –en diferente medida y forma– al empoderamiento de las comunicadoras y, en su caso, a la transformación social y la construcción de ciudadanía.

A partir del análisis de estas experiencias y contextos comunicacionales se plantean recomendaciones que pueden servir como aportes a la discusión de propuestas legislativas que actualmente se realizan en otros países de la región.

Las ideas y resultados que se exponen en este artículo forman parte de la investigación de tesis titulada “Comunicación, subalternidad y género: experiencias comunicativas comunitarias de mujeres afrodescendientes e indígenas en América Latina” realizada en el marco del Doctorado Interuniversitario en Comunicación de la Universidad de Sevilla.

2. El derecho a la comunicación en el marco de la disputa de sentidos: discursos y representaciones desde una perspectiva interseccional

La conexión entre comunicación y poder quedó en evidencia con el bloqueo de las discusiones sobre el NOMIC en el marco de Naciones Unidas y la resistencia de los países industrializados a ceder cuota de participación en un desequilibrado sector de las telecomunicaciones. De manera más reciente, la renovación de marcos legislativos¹ en América Latina ha provocado que la comunicación transcienda lo mediático y se posicione en la agenda de un debate público cargado de polémicas y tensiones aún no resueltas entre actores comunicativos, políticos y económicos. Estos conflictos –identificables en aquellos países que han tratado de alterar el status quo mediático– demuestran de manera palpable cómo la comunicación se ha convertido en un campo de batalla y en un territorio en disputa que transciende lo mediático para profundizar en el debate sobre modelos de convivencia, producción de sentidos, significantes e imaginarios sociales.

Desde una perspectiva jurídica, la noción del derecho a la comunicación ha sido objeto de discusión y debate entre diferentes tradiciones del Derecho. Por una parte, las tendencias más liberales y de influencia anglosajona se basan en el reconocimiento de libertades y derechos que operan en el ámbito de la comunicación –libertad de expresión, opinión, información…– para sostener que esta esfera del Derecho se encuentra suficientemente protegida en una multiplicidad de constituciones, cartas y convenciones internacionales. Esta concepción, reconocible en la mayor parte de las constituciones occidentales, representa una “vertiente pasiva” de la libertad de información,² en tanto que esta “no se suscribe solo a la libertad de difundir, sino que incluye también la libertad de recibir la información” (Rodríguez Bahamonde, 1999). En esta vertiente pasiva, el derecho a recibir información de la ciudadanía quedaría depositado en las empresas de comunicación de manera que, si bien existe una protección del derecho a la libertad de expresión, en la práctica, su ejercicio se ve limitado y condicionado por la capacidad del individuo para difundir sus mensajes.

Frente a la vertiente pasiva del derecho a la información y a la libertad de expresión se posiciona el derecho a la comunicación, cuya génesis se encuentra en el debate que siguió a la demanda del NOMIC. De manera fundamental, el derecho a la comunicación se posiciona como una propuesta activa del ejercicio del derecho a partir del acceso a los medios de comunicación y, por tanto, con la democratización del espectro radioeléctrico, concebido como un bien público. En el informe Un solo mundo, voces múltiples, ya se realizaban varias referencias al derecho a comunicar y a los elementos que debía contener el mismo:

Todo el mundo tiene derecho a comunicar. Los elementos que integran este derecho a comunicar fundamental del hombre son los siguientes, sin que sean de modo alguno limitativos: a) el derecho de reunión, de discusión, de participación y otros derechos de asociación; b) el derecho de hacer preguntas, a ser informado, a informar y a otros derechos de información; c) el derecho de la cultura; y c) el derecho a escoger, el derecho a la protección de la vida privada y otros derechos relacionados al desarrollo del individuo.

En una línea similar, Cees J. Hamelink (2003) realiza una propuesta de derecho a la comunicación a partir de cinco dimensiones: derechos de información, derechos culturales, derechos de protección, derechos colectivos y derechos de participación. Coincidiendo con esta idea, Carlos Camacho comprende el derecho a la comunicación como un sistema interrelacionado de derechos que están conectados con la participación y la igualdad de acceso a los canales de difusión (Camacho, 2007, citado en CORAPE, 2008, p. 8). La idea de un derecho a la comunicación como compilador de otros derechos ya reconocidos hace pensar a algunos autores en un derecho con función de “sombrilla” respecto de otros, “generando así una suerte de segundo escalón en el reconocimiento de derechos” (Loreti, 2006, p. 35). Sin embargo, autores como Navas (2005) rechazan la idea de un nuevo derecho aglutinador, e invitan a entender esta propuesta en “un contexto de ruptura con paradigmas hegemónicos, en los que la comunicación se convierte en canal para realización de otros derechos y en una condición necesaria para el fortalecimiento de las democracias” (p. 301).

En líneas anteriores se abordaba el debate sobre la comunicación y el reconocimiento de este derecho en un contexto de disputa de sentidos, es decir, en la pugna entre modelos antagónicos de comunicación: la comunicación concebida como derecho inalienable del ser humano, o una comunicación entendida bajo un prisma comercial y objeto de intercambio. Recordando el informe de la Comisión MacBride,

La comunicación puede ser un instrumento de poder, un arma revolucionaria, un producto comercial, o un medio de educación; puede servir para la liberación o la opresión, para el crecimiento de la personalidad individual o la uniformación de los seres humanos. Cada sociedad debe escoger el mejor enfoque para la tarea que todos afrontamos y encontrar el camino adecuado para superar las restricciones materiales, sociales y políticas que impiden el progreso.

Si de disputa de sentidos se trata, traer aquí el enfoque de género se convierte en un elemento clave para cuestionar el papel de los medios de comunicación como reproductores de estereotipos y roles de género que sostienen las desigualdades, formas de discriminación y relaciones jerárquicas. La inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones sobre medios de masas permitió evidenciar, ya en la década de los setenta, una mirada androcéntrica en los medios de comunicación y la “aniquilación simbólica” de la que eran víctimas las mujeres (Tuchman, 1978). La invisibilización de mujeres en roles no tradicionales (GMMP, 2015), la cosificación, la hipersexualización y la representación accesoria y secundaria, continúa siendo la generalidad, no sólo en los medios de comunicación de masas, sino en una poderosa industria del entretenimiento –industria cinematográfica, productoras musicales y de video-juegos, plataformas digitales…– que utiliza la imagen de la mujer como reclamo comercial, influyendo en la construcción de una autopercepción negativa en niñas y mujeres (APA, 2007; Sáez, Valor-Segura, Expósito, 2012).

La incorporación del género como categoría de análisis ha permitido identificar las relaciones de poder a partir de la diferencia sexual y el papel del género en el ordenamiento, jerarquización y construcción de identidades (Scott, 1996), pero también es necesario tomar en cuenta otras categorías de análisis y formas de discriminación que marcan diferencias en las vidas de las mujeres que no se identifican con el perfil de mujer blanca de clase media. Una perspectiva de análisis interseccional permite tomar en cuenta la imbricación de opresionesque recaen sobre poblaciones en las que se acumulan diferentes formas de discriminación (Crenshaw, 2012). La consideración de categorías como raza, edad o diversidad sexual en los estudios de medios, por señalar sólo algunas, evidenciarían una drástica caída de la representación de mujeres³ en relación al ya exiguo 24 por ciento que se observa con la aplicación de la perspectiva de género en los medios de comunicación (GMMP, 2010; 2015). La sobrerrepresentación de mujeres que se identifican con el fenotipo blanco-occidental de belleza (Lipovetsky, 1999) y la invisibilización de personajes racializados (Smith; Choueiti; Pieper, 2016) como una de las formas más sutiles de discriminación demuestra cómo los medios de comunicación no sólo son reproductores del mandato patriarcal de género a través de la emisión de roles y estereotipos sexistas (Bernárdez, 2015; Garrido, 2007; Suárez, 2006), sino que también son actualizadores y legitimadores de las formas de racismo (Tornay y Oller, 2016). La estereotipación de grupos sociales o colectivos se convierte en una forma de dominación, ya que, de acuerdo a Stuart Hall, estas prácticas se producen en un marco de relaciones jerárquicas de poder y permiten al grupo dominante el mantenimiento del orden social y simbólico (Hall, 2010), lo que obstaculiza el avance hacia sociedades más igualitarias.

El análisis de estas formas de representación –o de subrepresentación– y su nexo con la legitimación de determinados discursos, debe ser tomado en cuenta para dimensionar la oportunidad que presenta el reconocimiento del derecho a la comunicación para abordar la disputa de sentidos hegemónicos impuestos desde los medios de comunicación de masas. No se puede olvidar que los medios de comunicación son hoy un “espacio privilegiado de legitimación social y simbólica” (Bernárdez, 2015, p. 59) y que, siguiendo a Bourdieu, poseen el capital simbólico que les permite implantar una determinada visión del mundo social, establecer criterios de diferenciación social y clasificar y construir los grupos sociales (Flachsland, 2003, p. 57). La imposición de determinados valores, haciéndolos pasar como naturales, no podría ser posible sin la asimilación de dichos valores por parte de los dominados, es decir, sin la forma de violencia que se ejerce sobre los dominados con su anuencia y que Bourdieu define como “violencia simbólica”. En tanto espacios privilegiados de capital simbólico, los medios de comunicación tienen la capacidad de construir sentidos comunes que conforman el habitus y que perpetúan el orden existente haciendo pasar por naturales las relaciones de dominación, que han sido construidas desde el punto de vista de los dominadores y asimiladas por los dominados (Bourdieu, 2012, p. 50). La utilización de la violencia simbólica como categoría de análisis nos permite comprender las actitudes de autodespreciación de las mujeres sobre sus cuerpos y el fenómeno que sostiene el enriquecimiento de la industria cosmética y estética a través de productos destinados a disimular rasgos raciales a favor de modelos más occidentalizados (cremas blanqueadoras, desrizadores de cabellos, operaciones de ojos y nariz que disimulan rasgos asiáticos y africanos, entre otros).

La importancia estratégica de la comunicación para el avance hacia sociedades más igualitarias fue reconocida por primera vez en la Cumbre Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995. La Plataforma de Acción incluyó un objetivo dirigido a “La mujer y los medios de difusión” (punto J), en el que se posicionaba de manera explícita a la comunicación como un elemento estratégico y específico para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, con una serie de medidas dirigidas al aumento de la participación en los medios de difusión y tecnologías de la información y al fomento de una imagen equilibrada y no estereotipada en los medios.

Veinte años después de la celebración de dicha cumbre, el punto sobre la mujer y los medios de difusión es una esfera de especial preocupación a tenor de los escasos avances logrados. El balance realizado por la Plataforma Beijing+20 apunta a que, si bien ha aumentado el número de mujeres que ingresan en el sector de las comunicaciones, su presencia sigue siendo minoritaria en los puestos directivos y de decisión (Vega, 2016), mientras que se mantiene la reproducción de estereotipos sexistas que sitúan a las mujeres de manera mayoritaria en los roles tradicionales vinculados al hogar y a la familia. Por otro lado, la masificación de los usos de las nuevas tecnologías en estas últimas décadas ha permitido la incorporación de las mujeres a las redes sociales y blogs como emisoras de información y opiniones. Pero, de manera paralela, estos espacios digitales que permiten a las mujeres su participación en el debate público, se han convertido en lugares donde se identifican nuevas formas violencia a través de ataques misóginos, ciber acoso, intimidación y amenazas hacia mujeres que exponen sus opiniones (Gallagher, 2015).

El ejercicio del derecho a la comunicación por parte de mujeres debe ser entendido como una estrategia de acceso a la esfera pública en la que se produzca una disputa de sentidos y una apropiación del rol político (Castello, 2008) y protagónico de mujeres pero, de manera muy especial, de aquellas mujeres racializadas que forman parte de los actores históricamente invisibilizados y subalternos (Martín-Barbero, 1981). Los medios comunitarios deben ser concebidos como canales estratégicos para el ejercicio del derecho a la comunicación y para la creación de “prácticas colectivas y conflictivas de producción de lo común, lo hegemónico y lo subalterno, y condición ciudadana, en tanto aparición activa de individuos y grupos en el espacio público” (Mata, 2007, p. 14).

3. La transición hacia nuevos escenarios mediáticos en Venezuela y Ecuador

Venezuela y Ecuador son dos de los países de la región latinoamericana en los que la comunicación tomó protagonismo en un contexto de transición hacia democracias más participativas. Coincidiendo con el escenario general del continente, el modelo mediático en estos países se caracterizaba por la alta concentración de medios en un escaso número de grupos empresariales con gran poder e influencia, como lo son el Grupo Cisneros, en Venezuela, y los grupos El Comercio, Alvarado Roca y Telesistema, en Ecuador. Durante décadas, la legislación de ambos países privilegió al sector comercial-privado, excluyendo o marginando al sector de radios comunitarias que, en el caso de Venezuela, emitían al margen de la legalidad y bajo amenaza de persecución, mientras que en Ecuador optaron por la emisión bajo modalidad de frecuencia comercial ante las severas restricciones previstas en la legislación para los medios sin fines de lucro.

La llegada al poder del presidente Hugo Chávez en 1999, permitió el cese de la persecución a las llamadas “radios piratas” y el reconocimiento de los derechos a la información de la ciudadanía en la Constitución aprobada en ese mismo año. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones (2000) y el Reglamento de Difusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público Sin Fines de Lucro (2002) establecieron las pautas para las emisiones en el marco del sector comunitario. A diferencia de las legislaciones aprobadas en otros países de la región, la norma venezolana no establece un reparto porcentual de frecuencias entre sectores –de hecho, la mayor parte del espectro radioeléctrico sigue en manos de actores privados–, lo que no supuso ningún obstáculo para la aparición de cientos de medios comunitarios y alternativos, en modalidades multimedia (radio, televisión, periódicos, medios digitales…).

Los acontecimientos políticos y la correlación de fuerzas entre actores políticos, mediáticos y sociales han determinado la construcción del escenario mediático en Venezuela. La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y Medios Electrónicos (2005), conocida como Ley Resorte, fue duramente criticada por quienes vieron en la norma una estrategia para “amordazar” a los medios opositores al gobierno, si bien esta ley también incluye elementos como la participación ciudadana y el estímulo de la producción nacional (Ramírez Alvarado, 2006) relacionados con la democratización del contexto mediático. El intento de golpe de Estado contra el presidente Chávez en 2002 marcó un punto de inflexión en el escenario comunicativo y determinó la relación del oficialismo con los diferentes sectores comunicativos; de abierta confrontación con los medios privados-opositores que habían apoyado el golpe (Ramonet, 2002; Serrano, 2002; Britto, 2006, 2013; Villegas, 2012); de alianza con los medios comunitarios y alternativos que denunciaron el mismo y de impulso de los medios públicos convertidos en altavoz del gobierno.

El apoyo del sector comunitario al proceso liderado por Hugo Chávez fue de tal calado que se puede afirmar que la comunicación comunitaria y la construcción del poder popular en Venezuela⁴ han crecido de forma paralela en un proceso de retroalimentación. En muchos casos, la comunicación ha sido el eje articulador de comunidades –localizadas en sectores urbanos, como elemento diferenciador de otras experiencias de la región donde se tiende a asociar lo comunitario con lo rural– que, a su vez, han sabido aprovechar las posibilidades de la comunicación de manera estratégica.

La normativa que regula el sector comunitario marca las pautas para acceder a la concesión de frecuencias: la solicitud sólo puede ser realizada por parte de fundaciones comunitarias que deben demostrar la capacidad e idoneidad legal del solicitante; el carácter de fundación comunitaria; el carácter democrático, participativo y plural del proyecto; la viabilidad económica y sostenibilidad del proyecto; la viabilidad técnica; disponibilidad de espectro radioeléctrico; perfil social del proyecto y otros requisitos previstos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

En el caso de Ecuador, el derecho a la comunicación fue reconocido por primera vez en la Constitución aprobada en 2008, en la que se dedica una sección a la “Comunicación e Información” donde se reconoce:

La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. (Art. 16.3),

A la vez que se impide “el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias” (Art. 17. 3). Aunque el derecho a la comunicación cuenta con rango constitucional, en junio de 2013, y tras algunos intentos fallidos, se aprobó en Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) recogiendo puntos similares a las leyes aprobadas en Argentina o Bolivia, como el reparto porcentual entre sectores público, privado y comunitario –reconocido por primera vez en la legislación, como “aquellos cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades” (Art. 85)– y la prohibición de la emisión de contenidos discriminatorios. Coincidiendo con las resistencias encontradas en otros países del continente, también en Ecuador la aprobación de la normativa fue motivo de acusación al gobierno de Rafael Correa, quien, por otra parte, a lo largo de su mandato protagonizó enfrentamientos públicos tanto con medios de comunicación privados como con profesionales de dichas empresas.

Aunque la propuesta de ley había sido discutida con los movimientos sociales, el texto que finalmente fue sometido a votación incluyó una serie de puntos desconocidos por la plataforma que había trabajado en la propuesta, entre otros, el artículo por el que se establecían los requisitos para la solicitud de frecuencias, unos requisitos que, además de ser complejos y costosos, fijan el mismo sistema de solicitud para los sectores privado y comunitario. Las organizaciones que deseen participar en el proceso de solicitud deben estar constituidas legalmente en personería jurídica y sin fines de lucro y aportar la documentación que establece en artículo 110 de la LOC: proyecto comunicacional, plan de gestión y sostenibilidad, y estudio técnico.

La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL) es la autoridad competente para convocar el concurso público de frecuencias y para evaluar las solicitudes recogidas. Las cinco solicitudes mejor puntuadas son trasladadas al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), quien se encarga de la evaluación de los proyectos comunicacionales. La solicitud con el proyecto comunicacional mejor evaluado obtiene el título habilitante que permite el uso de la frecuencia por un período de 15 años.

Aunque muchos de los artículos que establece la LOC han sido valorados, entre ellos, el reconocimiento de los principios de interculturalidad y plurinacionalidad (Art. 14), la prohibición de contenidos discriminatorios (Art. 61), o la ya citada distribución equitativa de frecuencias (Art. 106), lo cierto es que, por diversos errores y falencias (Reyes, 2016), aún no se ha logrado dar el impulso necesario para equilibrar la propiedad del espectro radioeléctrico y favorecer la entrada de la ciudadanía y de los movimientos sociales como nuevos actores en el escenario comunicativo.

4. Diseño de investigación y metodología

La investigación realizada se llevó a cabo entre los años 2013 y 2016 en dos fases diferenciadas que respondían al mismo objetivo de comprender y analizar los procesos de acceso y ejercicio del derecho a la comunicación en dos experiencias comunicativas de mujeres afrodescendientes e indígenas en radios comunitarias, en el contexto de países que habían promovido la participación de nuevos actores comunicativos a través de políticas públicas.

En una primera fase se tomó como elemento de análisis la experiencia de la radio Avanzadoras de Yoco, la única emisora comunitaria del municipio Yoco, situado en el extremo oriental del estado Sucre, en el nororiente de Venezuela. La idea de poner en marcha esta emisora surge a partir de la percepción de una necesidad informativa en el municipio por parte de un grupo de mujeres afrodescendientes que no contaban con experiencia en el ámbito comunicativo. Sin embargo, el contacto con redes de medios comunitarios y el impulso que desde el gobierno se le estaba dando a este sector de la comunicación, se convirtieron en un estímulo para que el colectivo asumiera la gestión de la emisora de manera autónoma.

En el momento de la investigación, agosto de 2013, la radio comunitaria contaba con tres años de emisión en antena, un periodo que permitía al grupo reflexionar sobre su proceso como mujeres comunicadoras y el impacto que hubiera podido tener la emisora en la comunidad. En esta fase de investigación, centrada en las potencialidades de las emisoras comunitarias para la transformación social, se tomó como elemento central de análisis la noción de empoderamiento, como proceso que provoca cambios en las relaciones de poder en tanto que supone un control sobre una serie de elementos, como bienes materiales, recursos intelectuales e ideología, que posiciona en situación de desventaja a quienes carecen de dicho control (Batliwala, 1997). Como elementos de análisis en relación al empoderamiento, se tomaron como referencia los núcleos de desarrollo de la confianza, la autoestima, el sentido de la capacidad individual o grupal para realizar acciones de cambio y la dignidad del empoderamiento, en sus dimensiones individual y colectiva (Rowlands, 1997).

La recogida de información se realizó a partir de una entrevista grupal semiestructurada con seis de las comunicadoras de Avanzadoras de Yoco que habitualmente colaboran con la emisora, además de la observación participante.

En una segunda fase, desarrollada en la sierra central de Ecuador, se llevó a cabo el diseño, implementación y sistematización de una intervención comunicativa con mujeres sanadoras de la provincia de Chimborazo, una de las provincias ecuatorianas con mayor tasa de población indígena. Esta intervención tenía por objetivo propiciar un acercamiento al ejercicio de la comunicación y capacitar en las habilidades necesarias para realizar la grabación de un programa piloto que tuvo por nombre Alli Kawsaipak Jampikuna (Medicina para el Buen Vivir).

La intervención comunicativa se planteó como un taller radiofónico de diez sesiones que finalizó con la grabación del programa piloto en la sede de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), emisora comunitaria con sede en Riombaba, capital de Chimborazo, y vinculada a la población indígena-campesina de la sierra central de Ecuador. La emisión en amplitud moderada (AM) hace que ERPE sea el único medio de comunicación que llegue a las comunidades más aisladas de la provincia, mientras que la utilización del kichwa en parte de su programación favorece la articulación y cohesión entre la población de la sierra y la revalorización cultural e identitaria.

Para la sistematización de la intervención comunicativa se utilizaron los ejes claves propuestos por Tapella (2009): 1) Identificación y construcción del objeto de conocimiento; 2) Identificación de actores clave o de relevancia para la experiencia; 3) Situación inicial y elementos de contexto; 4) Intencionalidad y proceso de intervención; 5) Situación final o actual.

5. Ejercicio del derecho a la comunicación y ciudadanía comunicativa de mujeres afrodescendientes e indígenas a través de radios comunitarias

En esta investigación se tomaron con referencia dos experiencias comunitarias entre las que se podían establecer conexiones, aun respondiendo a contextos y procesos diferenciados. Algunos de los rasgos coincidentes entre estos dos grupos se refieren a manifestaciones de situaciones de exclusión y discriminación, asociadas a la raza, género, clase, lengua territorio, identidad histórica, entre otras; el acceso al medio radiofónico sin previa experiencia práctica ni formación académica en el ámbito de la comunicación; el uso de emisoras radiofónicas comunitarias; el contexto de reconocimiento del derecho a la comunicación y de participación de nuevos actores comunicativos; la importancia de la revalorización cultural e identitaria en los contenidos y la importancia de la oralidad del medio para la revalorización de lenguas inferiorizadas, de manera que la lengua estigmatizada se convierte en uno de los principales elementos de autoidentificación y empoderamiento.

El principal elemento diferenciador entre ambas se refiere al origen de las experiencias: mientras que Avanzadoras de Yoco es una emisora consolidada que surge partir de la iniciativa de un grupo de mujeres afrovenezolanas sin experiencia previa en la comunicación, la intervención comunicativa en Chimborazo se lleva a cabo a propuesta de alguien externo a la comunidad -la investigadora- en un proceso en el que deben participar diferentes actores que colaboran en la iniciativa. Con todo, entre estas experiencias se pueden establecer elementos de análisis relacional que permiten identificar rasgos de empoderamiento y, según se verá, una contribución a la transformación social y la construcción de ciudadanía.

5.1. Avanzadoras de Yoco. Análisis de un proceso de empoderamiento

re, en el nororiente de Venezuela. La mayor parte de sus habitantes son población afrodescendiente entre la que perviven rasgos lingüísticos del patuá, lengua criolla hablada por esclavos de las Antillas. En los municipios de la zona prevalece la forma de propiedad de las haciendas, herencia de los antiguos esclavos en las que se da el cultivo del cacao.

La recogida de información se realizó en agosto de 2013, mediante una entrevista semiestructurada al grupo de mujeres participantes en la emisora y a partir de las observaciones realizadas durante cuatro días de convivencia con parte del grupo en el domicilio de la directora de la radio, Juana Gómez, donde se encuentra ubicada la radio. En el momento de la visita, el colectivo estaba compuesto por unas 20 mujeres, aunque en la entrevista sólo participaron seis, aquellas con mayor disponibilidad e implicación. Las participantes tenían edades comprendidas entre los 18 y 45 años. Ninguna contaba con instrucción formal ni experiencia previa en el ámbito de la comunicación y la mayor parte de ellas había accedido a la educación a través del sistema de misiones del gobierno dirigido a completar la instrucción en la etapa adulta.

Con el objetivo de evidenciar en qué ámbitos se había podido producir un empoderamiento, se eligieron tres temas que dieron lugar a varias preguntas durante la entrevista grupal: la identidad o autorreconocimiento como mujeres afrodescendientes trabajadoras, los medios de comunicación de masas y la emisora comunitaria Avanzadora de Yoco.

De manera coincidente, el grupo demostró con orgullo su identidad afrovenezolana, si bien la mayor parte de las comunicadoras afirmaron haber sufrido situaciones de exclusión a causa de su color de piel o de unos rasgos fonéticos asociados a las clases populares. Como símbolo de este orgullo se aprecia la elección del nombre de la emisora, en honor a Juana Ramírez, líder afrodescendiente en la Guerra de la Independencia; o la utilización de la radio como canal para difundir la cultura afrovenezolana, por ejemplo, en los contenidos del programa Caminos de mi hacienda. Se puede afirmar que la radio ha colaborado de manera importante en este reconocimiento identitario, ya que la oralidad del medio permite prestigiar un habla que para las comunicadoras había sido motivo de discriminación. En sus testimonios se evidencia un proceso de autovaloración identitaria en el que se pueden distinguir rasgos de autoestima y dignidad como elementos de empoderamiento: “Yo me sentía avergonzada cuando era muchacha porque se burlaban de uno, le decían a uno que no sabía hablar. Hoy en día (…) yo le digo, yo estoy hablando perfectamente”; “creo que mi voz es bien bonita, pero antes decían que mi voz era fea y yo me lo creía”; “de mis orígenes no me avergüenzo. Yo hablo como yo soy, criollita así”.

En relación al segundo punto, se evidenció la percepción del carácter excluyente y elitista de los medios de comunicación de masas, lo que determinó que, en el pasado, las participantes no se hubieran considerado a sí mismas como sujetos comunicativos. Un elemento fundamental para no haberse percibido como sujetos capaces de acceder a los medios de comunicación se vincula a la representación del arquetipo de identidad femenina:

Aunque sea una telenovela, la protagonista tenía que ser blanca, de un pelo... Una persona que se pudiera ver como dicen algunos que muy bonita, piensan que tiene que ser perfecta. Ahorita ya no es así. Ahorita podemos participar. Una persona de color oscura puede protagonizar una novela. No únicamente era ahí. También en los libros, yo me pongo a ver los cuentos de mi hija y no existía princesa negra, porque eran princesas, no podían ser de esos colores. Era una manera de excluir. (A. R.).

La salida al aire de la emisora se logró después de la superación de diversos obstáculos logísticos y a pesar de la falta de apoyo de algunos hombres comunicadores de la localidad que desconfiaron de la capacidad del grupo para gestionar la emisora de manera autónoma. El funcionamiento de la radio marca lo que las comunicadoras refieren como “un antes y un después”, es decir, de una situación de autopercepción excluyente como sujetos comunicativos, al reconocimiento del impacto de la emisora en el municipio y de su labor como comunicadoras. Es interesante destacar que en sus testimonios se hace referencia a su identidad como pueblo esclavo, de manera que su protagonismo en la esfera pública adquiere mayor relevancia y significado: “Ha sido impacto para nosotras mismas, que hoy en día podamos contar con una radio. Para nuestras abuelas eso era algo que no creían posible y hoy en día es posible”; “[Nuestros antepasados] fueron esclavizados pero también tuvieron la fuerza y el valor de luchar por su libertad que eso nos hace sentir orgullosos, porque sabemos, si ellos pudieron, nosotros, que somos la semilla que ellos dejaron sembrada aquí, también podemos”.

Respecto al papel de Avanzadoras de Yoco, la radio, que continúa emitiendo en la actualidad, se ha convertido en un referente informativo y ha permitido la cohesión y articulación de las comunidades dispersas en el municipio. El éxito de la emisora y el reconocimiento recibido por parte de la comunidad ha redundado en autopercepción del grupo como comunicadoras y en el desarrollo de rasgos relacionados con la confianza y el sentido de la capacidad individual/grupal para realizar acciones de cambio: “Yo me siento comunicadora social, porque yo ahora soy una comunicadora social”; “se ha transmitido a la gente que si tú empiezas una lucha, tú la logras”; “mujeres, entre comillas, no preparadas en educaciones de radio han podido estar en la radio, han podido traer una radio”; “y la radio es una evolución es nuestro pueblo”; “es un medio de comunicación útil. Porque donde antes tenía que ir uno a piecito a llevar la información, ahorita una lo pasa por la radio y llega”; “la información vuela, llega más rápido a las personas. En el campo también se escucha”.

En síntesis, se puede afirmar que las comunicadoras de la emisora Avanzadoras de Yoco han protagonizado un proceso de empoderamiento relacionado con los rasgos de desarrollo de la confianza, la autoestima, el sentido de la capacidad individual o grupal para realizar acciones de cambio y la dignidad del empoderamiento, en sus dimensiones individual y colectiva. En un contexto de expansión del movimiento de medios comunitarios, pero también, de revalorización de la cultura afrodescendiente, las mujeres fueron capaces de reconocerse como sujetos comunicativos y vencer obstáculos de diversa índole hasta conseguir que la emisora fuera una realidad en el municipio.

5.2. Alli Kawsaipak Jampikuna: Diseño, implementación y sistematización de una intervención comunicativa

La segunda fase de esta investigación estuvo determinada por el contexto comunicativo del país andino: por un lado, la existencia de un marco legislativo que obligaba al Estado a reequilibrar el espectro radioeléctrico hasta lograr el reparto porcentual entre actores privados, públicos y comunitarios; y, por otro, la dificultad en encontrar experiencias comunicativas gestionadas de manera protagónica por mujeres, más aún por mujeres con escasa representación en los medios de comunicación de masas, coincidiendo con el débil impulso del sector comunicativo y a pesar de la existencia de instrumentos legales que debían promover la creación de nuevos medios comunitarios.

Como se expuso en apartados anteriores, algunas de las radios comunitarias que emiten en Ecuador lo han venido haciendo durante décadas bajo licencia comercial y es en este momento cuando están transitando a una reasignación como frecuencias comunitarias. Uno de estos casos es el de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), fundada en 1962 por monseñor Leónidas Proaño como proyecto de alfabetización para la mayoría indígena-campesina de la sierra central ecuatoriana. El surgimiento de ERPE como radio educativa remite a las duras condiciones de exclusión de la población indígena-campesina como producto de unas relaciones de poder de origen colonial. Hasta la Reforma Agraria de 1964, la población indígena de la sierra se vinculaba en relación de servidumbre a los terratenientes que cedían pequeñas parcelas de terreno a cambio de trabajo en condiciones de práctica esclavitud. El reconocimiento de derechos y la prohibición de las diferentes formas de discriminación han permitido avances indiscutibles, sin embargo, también es cierto que la población indígena de la provincia de Chimborazo presenta actualmente los niveles más bajos en indicadores de desarrollo humano.

A partir de estos antecedentes, la intervención comunicativa surge como una propuesta a la Corporación Taitas y Mamas de la Provincia de Chimborazo, organización dedicada a la promoción de la medicina ancestral, históricamente desprestigiada, pero que en el momento actual cuenta con la legitimidad que brinda el reconocimiento del carácter intercultural del Estado ecuatoriano y la existencia de una propuesta de ley sobre medicina tradicional. Como organización dedicada a la recuperación y promoción de los saberes ancestrales, la participación en el taller de radiofónico se concibió como una estrategia de difusión de la medicina indígena entre población que ha perdido gran parte de estos saberes, pero que, a su vez, presenta dificultades en el acceso al sistema de salud público.

Como radio comunitaria, ERPE promueve la participación de la ciudadanía y permite la solicitud de espacios dentro de la programación de su parrilla. Con esta posibilidad, se propuso la realización de un taller radiofónico que permitiera a las participantes la adquisición de habilidades suficientes para realizar la grabación de un programa radiofónico. La intervención se llevó a cabo a partir de diez encuentros semanales en el que participaron un total de once mujeres de entre 32 y 65 años, aunque cuatro de ellas no pudieron completar la capacitación por motivos familiares. La mayor parte de ellas vivía en comunidades de la provincia de Chimborazo y, a excepción de dos, todas pertenecían a la Corporación de Taitas y Mamas del Chimborazo, teniendo en la sanación ancestral, natural o indígena, su fuente de ingresos. En relación al idioma, dos de ellas tenían un nivel bajo de castellano, cuatro sólo hablaban castellano y el resto era bilingüe castellano-kichwa.

La elaboración de un diagnóstico permitió relacionar los problemas de salud en las comunidades de la provincia con situaciones de pobreza, mala alimentación, cambios culturales y obstáculos en el acceso a la salud clínica, entre otros. Como propuesta de acción para colaborar a la resolución de dichos problemas desde el área comunicativa, se resolvió la grabación de un programa radiofónico titulado Alli Kawsaipak Jampikuna (Medicina para el Buen Vivir), en el que las participantes pudieran trasladar a la población de zonas rurales consejos de medicina natural para mejorar la salud.

La intervención comunicativa cumplió con su objetivo de capacitar a las participantes en las habilidades necesarias para llevar a cabo la grabación del programa piloto Alli Kawsaipak Jampikuna. Ninguna de ellas contaba con experiencia previa en este ámbito y de sus testimonios se revelaba la autopercepción excluyente como sujetos comunicativos, relacionada, de manera evidente y notable, con la exclusión en tanto población subalternizada:

Pensábamos que la televisión pertenecía para los que sabían, y nosotros como somos indígenas, no nos podíamos meter en eso porque no sabemos nada. Así pensábamos. Como vivíamos en las comunidades y siempre, yo me acuerdo cuando era pequeña a los indígenas nos ponían a un ladito no más. Los que sabían, los preparados, los que salían a la ciudad, ellos podían hacer todo. Y yo creo que eso se nos metió en la cabeza, decir “nosotros, como indígenas nunca vamos a poder estar en esos lugares”. (S. L.).

En las diferentes sesiones de trabajo se observó la evolución de las participantes que manifestaron haber perdido “el miedo al micrófono”, como señalaron en varias ocasiones, y el deseo de continuar con la emisión del programa radiofónico en ERPE, una vez que hubo finalizado la intervención comunicativa. Aunque la decisión de continuar con la participación en la emisora se tomó como grupo, lo cierto es que el presidente de la corporación intervino para proponer a la radio comunitaria la continuidad del programa, pero sólo con dos de las participantes que habían sido capacitadas en la intervención y con la incorporación de otros miembros masculinos de la entidad. Finalmente, desde la corporación no se retomó la iniciativa, ni tampoco las participantes del grupo inicial se organizaron para asistir a la emisora.

6. Conclusiones y consideraciones finales

El análisis de las dos experiencias comunicativas presentadas en esta investigación tenía como objetivo profundizar en el acceso al ejercicio del derecho a la comunicación por parte de mujeres excluidas de los medios de comunicación de masas y pertenecientes a poblaciones históricamente subalternizadas, en contextos con presencia de políticas públicas de comunicación dirigidas a la participación ciudadana. La investigación reveló elementos interesantes respecto a las potencialidades del derecho a la comunicación para el empoderamiento y la construcción de ciudadanía pero, a su vez, también evidenció elementos que deben ser abordados y tenidos en cuenta para promover la participación de sectores históricamente excluidos, si de avanzar hacia democracias más plurales y participativas se trata.

La experiencia comunicativa de Avanzadoras de Yoco demostró el potencial de la comunicación comunitaria para el empoderamiento individual y colectivo de las comunicadoras y para la transformación social de una comunidad que había ganado en articulación y participación de la ciudadanía que utilizaba la radio como canal para expresar sus opiniones. La emisora se había convertido a su vez en medio para prestigiar una cultura, la afrodescendiente, históricamente inferiorizada, lo que se puede identificar como una disputa de sentidos en relación a la comunicación hegemónica, elitista y excluyente en los términos que referían las comunicadoras. Aunque en una etapa de sus vidas no se habían reconocido como sujetos comunicativos, las comunicadoras fueron capaces de superar diferentes obstáculos de manera colectiva y convertirse en protagonistas del cambio social que habían promovido en el municipio.

Respecto a la experiencia de la intervención de la experiencia comunicativa Alli Kawsaipak Jampikuna, no era objetivo de esta propuesta el análisis de un posible cambio social que evidentemente no podría apreciarse por la corta duración del proyecto. Sin embargo, la intervención sí cumplió con el objetivo de capacitar en las habilidades necesarias para la grabación del programa piloto y, lo más importante, generar un cambio en la autopercepción excluyente de las participantes como sujetos comunicativos que mostraron su expreso deseo de proseguir la emisión del programa.

La sistematización de la experiencia permitió identificar algunos elementos motivadores que favorecieron la participación y que se pueden tomar como referencia en futuras intervenciones, como la facilidad que permite la oralidad del radiofónico, frente a la complejidad de otras tecnologías; la importancia de poner en valor la experiencia y conocimientos de las participantes; la utilización estratégica del medio para la revalorización identitaria y la elección del idioma con el que deseen comunicarse las participantes.

El reconocimiento del derecho a la comunicación y la creación de políticas públicas de comunicación en Venezuela y Ecuador son un punto de partida necesario para avanzar hacia escenarios comunicativos más plurales y equilibrados. Sin embargo, también ha quedado demostrada la necesidad de poner en marcha medidas de acción afirmativa – previstas en las legislaciones de ambos países– dirigidas a poblaciones sobre las que recaen discriminaciones de diversa índole y que presentan mayores obstáculos para el disfrute de sus derechos, incluido en el derecho a la comunicación.

De manera general, la multitud de experiencias comunicativas de América Latina han demostrado el potencial del derecho a la comunicación, en esa versión activa del derecho, para la construcción de ciudadanía comunicativa y el fortalecimiento de la calidad democrática de las sociedades, donde la diversidad de voces no esté filtrada por los intereses de las grandes corporaciones mediáticas y en la que sea la ciudadanía y los movimientos sociales quienes definan los temas de interés de la agenda pública. La transición hacia escenarios mediáticos que intentan romper con la propiedad monopolística de los medios y favorecer la entrada de nuevos actores se ha convertido en una oportunidad histórica para poblaciones excluidas y subalternizadas tanto de los medios de comunicación como de una ciudadanía de pleno derecho. Pero, para que esta oportunidad se concretice en una transformación real para estas poblaciones es necesario, además del reconocimiento legal, una perspectiva que tenga en cuenta las relaciones históricas de poder y la situación de desventaja de la que parten aquellos colectivos sobre los que recaen diversas formas de discriminación.

En este sentido, las propuestas de leyes que actualmente se estudian en algunos países de la región deben tener en cuenta que el establecimiento de requisitos para la solicitud de frecuencias no puede convertirse en un nuevo obstáculo. La complejidad de estos criterios, el costo que en algunos casos originan los informes técnicos, la excesiva burocracia que obliga a desplazarse a personas alejadas de los centros urbanos o, en el caso de la LOC de Ecuador, la solicitud de título profesional también para la participación en medios comunitarios (Art. 42) se convierten en elementos que hacen que se pierda la participación, en este caso, de mujeres que no parten de la misma situación de ventaja que otras poblaciones. En las normas aprobadas en la región se incluyen artículos que contemplan la adopción de medidas afirmativas dirigidas a grupos considerados en situación de desigualdad. Estos artículos podrían aplicarse para facilitar el acceso a la solicitud de frecuencias, apoyar la recogida de documentación y capacitar a los colectivos en las habilidades necesarias para el ejercicio de la comunicación.

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Notas

Enlace alternativo

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