Introducción

El estudio de la memoria histórica de las comunidades que han emergido del conflicto político-militar, que inició en la década de 1970, es fundamental para entender las expectativas y las aspiraciones de estas poblaciones en relación al tipo de sociedad y de cultura que están interesadas en construir. La memoria histórica, como ya lo ha señalado Paul Ricoeur,² no está relacionada únicamente con una determinada interpretación del pasado, sino también con las condiciones del presente, esto es, con las condiciones a partir de las cuales se construye el discurso de la memoria histórica, así como con un sentido de futuro, con el tipo de sociedad y de cultura que se pretende construir. Así, la memoria social y, por tanto, la memoria histórica, tienen un sentido de pasado, presente y futuro.

En este artículo me interesa concentrarme en el sentido de futuro, pues sostengo que el discurso de la memoria histórica en el oriente de Chalatenango y el norte de Morazán, no obstante que oculta las contradicciones internas de estas poblaciones, como lo sostiene Irina Silber (2011), con el objeto de mantener un sentido de unidad y cohesión social, también constituye un fundamento ideológico para la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura.

En efecto, si bien es cierto que la memoria histórica está condicionada por las exigencias y las necesidades de la sociedad presente, por la sociedad en la que se construye el discurso histórico, este discurso también proporciona un sentido de futuro, el cual está directamente relacionado con la construcción de una sociedad con mayor sentido de justicia social, más equitativa y con mayor participación en la toma de decisiones.

Las comunidades emergentes

El proyecto de construcción de este nuevo tipo de sociedad y de cultura se ha llevado a cabo a través de un prolongado proceso que parte del surgimiento del movimiento campesino a principios de 1970. En efecto, las poblaciones que estamos estudiando: el cantón³ Guarjila, en el municipio de Chalatenango, el municipio de San Antonio Los Ranchos, el cantón La Ceiba, en el municipio de Las Vueltas y el caserío⁴ de Los Quebrachos, en el municipio de Jocoaitique, estaban constituidas antes del conflicto político-militar por pequeños agricultores, mayoritariamente semicampesinos, que combinaban la economía de subsistencia, basada en la producción de granos básicos a pequeña escala, con la economía monetaria capitalista, identificada con las cortas de café, caña de azúcar y algodón.

En el caso particular de Guarjila y Los Ranchos, una familia ampliada de terratenientes locales acaparaba la mayor parte de las tierras, por lo cual la mayoría de semicampesinos se veían obligados a trabajar para estos terratenientes locales. Un poblador originario de Guarjila sostiene que antes del conflicto político-militar, la gente dependía de los ricos: “su trabajo material lo daban primero donde los ricos y después iban a hacer lo de ellos, ya por último”.

Cuando preguntamos sobre cuáles fueron las causas que dieron origen al movimiento campesino revolucionario, la mayoría de nuestros informantes señalaron la escasez de tierras:

Una de las causas es la mala distribución de la tierra, verdá, [señalaba un informante originario de San Antonio de La Cruz], por ejemplo, los campesinos en el caso de yo, voy a hablar de mi familia, mi papi vivía de la agricultura, pues, no tenía un pedazo de tierra, o sea, siempre, todos los años tenía que arrendar para hacer la milpa, verdá, entonces, y no sólo el caso de él […]

También el maltrato y las malas condiciones de trabajo en las cortas de café, caña de azúcar y algodón fueron señalados como una de las causas que impulsó a los semicampesinos a incorporarse en las filas de la revolución.

Asimismo, nuestros informantes señalaron la represión y el uso excesivo de la violencia por parte de los cuerpos de seguridad pública y los terratenientes locales y nacionales en contra de la población menos favorecida. De acuerdo a nuestros informantes, este abuso de la fuerza física no comenzó con el desarrollo del conflicto a partir de 1970, sino que ya estaba presente como parte de la dinámica social cotidiana de estas poblaciones:

[...] había muchos operativos o no eran operativos, sino que en ese tiempo les decían las batidas, allá por los 75, 74, que la guerra no había venido, [recuerda el alcalde de San Antonio de Los Ranchos para los períodos que van de 1997-2012]. Metían unas batidas el ejército o el Gobierno y no se entendía quienes venían allí, si venía la Policía, si venía la Guardia, si venía Hacienda,⁵ o quienes, pues, pero es que cuando estaban por esa zona por donde nosotros, quedaban hasta 16 muertos, comenzaban matando desde el que encontraban en la noche,otros que estaban en lista, que porque eran cuatreros,⁶ pero venían y hacían la arriada, venían a terminar por Dulce Nombre de Jesús, comenzaban aquí por el lado de San José Las Flores, San Isidro, le daban una batida de dos noches y quedaba la gente recogiendo muertos [...] eso lo hacían para meter terror, como nadie protestaba, decían viene la batida y la batida era un operativo, digamos, a la población civil, y no era la guerra todavía, entonces, muchos se morían así.

Esto ha creado una cultura del terror que de acuerdo con Richard Adams (1995) es propio de las sociedades que forman parte de la región mesoamericana. Lógicamente, a medida que crecía la organización revolucionaria se incrementaba la represión en contra de los semicampesinos, con el objeto de que ellos desistieran de desarrollar su movimiento en contra del dominio capitalista y del Estado militarista.

En un lugar que le llaman El Rincón, hicieron como estas grandes barbaridades: encerraron como a 7 personas, antes habían unas casas con tabanco, que allí zampaban el maicillo y el maíz, vinieron, y zamparon a la gente adentro y le cerraron todas las puertas, y le zamparon chile y fuego y un montón de leña, allí, ¡fum!, las quemaron. A otras personas, hicieron como esto, vivos, vivos les quitaban el pallejo,⁷ con cuchillo, seguro, y lo dejaban vivo, pero esa persona se moría, porque después terminaban sacándoles los ojos, lo degollaban.⁸

El incremento de la represión a su vez potenció la organización popular, pues “la gente empezó a verse obligada, me recuerdo, se empezó como a sentir obligada, que tenía que organizarse para defenderse, porque así de forma organizada empezó como a defenderse”.⁹ El incremento de la violencia física fue generando una energía que impulsó a los semicampesinos a incorporarse a la organización revolucionaria: “va dando como coraje”, señala un informante originario de San José las Flores, “va dando como un proceso, un proceso que va haciendo que la persona tenga valor”.

Así, condiciones de pobreza y uso excesivo de la fuerza física, constituyen las causas que la mayoría de los semicampesinos señalan para el surgimiento del movimiento campesino revolucionario. Pero hay otro proceso que es importante señalar, el cambio de mentalidad provocado por el cuestionamiento a la religión católica tradicional. En efecto, los habitantes del oriente de Chalatenango y del norte de Morazán constituían poblaciones fuertemente religiosas pero practicaban una religión que favorecía la continuidad del sistema dominante:

Antes del conflicto, la vida era diferente a la de ahora, [sostiene un líder religioso originario de Nueva Trinidad], primero que los sacerdotes cuando decían la misa le daban la espalda a uno, vea, y es que le daban la espalda [...] sólo de Dios y de Dios [hablaban], pero no le decían ni la forma de vivir a uno, cómo podía hacer [...] solamente hablar de Dios y eso era todo.¹⁰

A principios de la década de 1970, llegaron a estas poblaciones determinados sacerdotes que practicaban una orientación religiosa distinta, la denominada opción preferencial por los pobres. Estos sacerdotes, apoyados por los líderes religiosos locales, difundieron la nueva doctrina, la cual ponía el énfasis en el pecado estructural, esto es, el pecado de mantener a las poblaciones campesinas y semicampesinas en condiciones de pobreza y de marginación social. Esta doctrina aplicaba las enseñanzas bíblicas a las condiciones de explotación y dominación de los campesinos y semicampesinos, insistiendo en que los verdaderos cristianos debían de luchar por superar esta situación de injusticia social, debían trabajar por construir el reino de Dios en la tierra, que es un reino de justicia y equidad social.

Como lo señala una informante originaria del municipio de Arcatao:

La organización popular, que yo recuerde, a través de la reflexión muchas veces de la Biblia, interpretaciones precisas de la Biblia, y su realidad concreta, verdad, no sólo profundización del contenido, en el sentido de las lecturas y no algo sólo superficial, verdad, en que el Dios que está en los cielos y todo lo que hagamos en esta tierra lo tenemos ganado en el cielo, sino que más la interpretación precisa sobre la justicia, sobre qué quiere Dios con sus hijos, y sobre la justicia que debe de existir no en el cielo sino en la tierra.

En realidad, lo que se dio fue una integración de este discurso y simbolismo religioso con un discurso y un simbolismo político, propio de las organizaciones revolucionarias –las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí en el oriente de Chalatenango y el Ejército Revolucionario del Pueblo en Morazán–, lo que le proporcionó mucha fuerza al movimiento campesino revolucionario.

A principios de 1980, la represión se había recrudecido: las patrullas civiles, los miembros de la organización paramilitar ORDEN (Organización Democrática Nacionalista) así como la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y el Ejército Nacional masacraban y torturaban a los semicampesinos revolucionarios, obligándoles a abandonar sus viviendas con el objeto de refugiarse en las montañas de Chalatenango y de Morazán, o de huir a los campos de refugiados en el vecino país de Honduras.

De acuerdo con nuestros datos, los hombres jóvenes se incorporaron a las filas guerrilleras, empuñando el fusil en contra del Estado militarista. En el caso del oriente de Chalatenango, sólo un 13.33% de mujeres se incorporaron directamente a las organizaciones guerrilleras, mientras que la mayoría de las mujeres, los niños y las personas de mayor edad huyeron a los campos de refugiados en Mesa Grande, Colomoncagua, y otros más. Cierta cantidad de población civil o “masa”, como le decían localmente, se mantuvo en las montañas de Chalatenango y Morazán resistiendo a los ataques de los defensores del sistema dominante.

En la segunda mitad de la década de 1980, se realizó el retorno de las poblaciones refugiadas y desplazadas a los municipios y a las comunidades abandonadas, repoblando la zona de conflicto. A partir de los Acuerdos de Paz, comenzó un proceso de construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura en el oriente de Chalatenango y el norte de Morazán. No se trata de una simple restauración del sistema capitalista en estas zonas, como lo han argumentado Leigh Binford (2010) a propósito del norte de Morazán e Irina Carlota Silber (2011) a propósito del oriente de Chalatenango, sino de la construcción de sociedades de nuevo tipo sobre la base de un proceso de negociación en el que intervinieron tres factores: (a) las estructuras socioculturales que los semicampesinos revolucionarios crearon a través del conflicto político-militar; (b) las estructuras de las sociedades semicampesinas que ya existían antes del conflicto, las cuales integraban la dinámica de la sociedad campesina tradicional de la región de Mesoamérica con la dinámica del capitalismo nacional y mundial; y (c) las nuevas condiciones del sistema capitalista.

En otras palabras, a partir de los Acuerdos de Paz se abrió un período de construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura, durante el cual los semicampesinos negociaron las nuevas estructuras sociales y culturales que fueron generadas a través del movimiento revolucionario con las estructuras de las sociedades locales y de la sociedad capitalista dominante a nivel nacional y mundial. Estas sociedades semicampesinas, como ya se ha indicado en este artículo, nunca han sido sociedades aisladas, sino que si bien han mantenido cierto grado de autonomía basado en una economía de subsistencia y en una dinámica social, política y religiosa propias, siempre han estado integradas a la sociedad capitalista nacional y global.

No obstante, en los años 60 y 70 habían perdido esta relativa autonomía, pues la mayoría de los semicampesinos habían perdido sus tierras y los cuerpos de seguridad pública (la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda) mantenían un fuerte control sobre la población. Con el desarrollo del movimiento revolucionario y la reconstrucción de sus comunidades y municipios a partir de los Acuerdos de Paz, los semicampesinos recuperaron y consolidaron esta relativa autonomía con respecto a la sociedad nacional y global, que en términos de Sergio Tischler Visquerra (2005) representa autodeterminación.

Esta relativa autonomía se logró, en primer lugar, por la estructura política que han generado estas poblaciones, que construyeron en buena parte a lo largo de todo el proceso de conflicto político-militar, con los Poderes Populares Locales (PPL) organizados en las comunidades de desplazados y las directivas de los campamentos de refugiados. De hecho, en el caso de Guarjila y San Antonio Los Ranchos, en el momento en que se decidió retornar al oriente de Chalatenango se constituyó una directiva que se encargó de dirigir el viaje de retorno, la cual se estableció como la primera directiva de estas repoblaciones. Esta directiva se apoyaba en diversas áreas de trabajo: educación, salud, vivienda, producción y pastoral. Más tarde, esta directiva se constituyó en una Asociación de Desarrollo Comunitario con personería jurídica. De este modo, esta Asociación, junto a la Alcaldía Municipal (en el caso de los municipios), es la que dirige los destinos de estas poblaciones.

Esta organización sociopolítica, que ha adquirido dimensiones microrregionales –del oriente de Chalatenango y del norte de Morazán–, es la que ha garantizado la autonomía sociocultural de estas comunidades y municipios, lo cual se traduce en capacidad de autodeterminación. Con base en esta autodeterminación es que estas poblaciones han logrado mejorar sus condiciones de vida, alcanzando un nivel de bienestar social que los acerca a lo que se concibe como “el buen vivir”.¹¹

En efecto, a partir de los Acuerdos de Paz, los semicampesinos adquirieron tierras para trabajar, tres manzanas para todas las personas mayores de 18 años, solucionando de esta manera el problema de la escasez de tierras. Aunque algunas personas quedaron fuera de este programa de transferencia de tierras (10% en el caso de Guarjila), las ADESCO han solucionado este problema comprando tierras que luego han puesto a disposición de los pequeños agricultores, al menos hasta el año 2015.

En el caso del cantón La Ceiba, municipio de Las Vueltas, por ejemplo, Adriana Alas (2013) señala que la ADESCO compró más de 30 manzanas de terreno. Dado que para el año 2012 muchos de los semicampesinos de este cantón (44.26%) habían vendido sus tierras, las tierras de la comunidad se pusieron al servicio de los pequeños agricultores, solucionando así el problema de la escasez de tierras. En este sentido, estamos ante la presencia de una economía mixta que combina la propiedad privada de tipo familiar con la propiedad colectiva, siendo administrada por la Directiva de la Comunidad o ADESCO.

En el caso de la vivienda, la inmensa mayoría de los pobladores cuenta con casas de bloque, las cuales han sido proporcionadas por programas del Gobierno central, las municipalidades y las organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales). Estas viviendas tienen los servicios básicos como agua potable y luz eléctrica, además de un patio amplio que muchos semicampesinos utilizan para realizar sus huertos donde cultivan camote, cebolla y árboles frutales (papaya y cítricos); asimismo crían animales domésticos, principalmente aves. Además, en estas zonas se han construido clínicas y escuelas, por lo cual tienen en buena medida cubiertas sus necesidades de salud y de educación básica. Varios jóvenes de estas poblaciones están estudiando en diversas universidades del país, lo cual antes del conflicto político-militar era impensable.

En cuanto al sistema político, estas poblaciones mantienen un sistema de carácter participativo, motivando a que la mayoría de los pobladores participe en la toma de decisiones. Las asambleas y los cabildos abiertos son regulares en estas localidades, incluso en este año (2019), que tanto Guarjila como en Los Ranchos han experimentado divisiones internas, ambos grupos de interés¹² –los del FMLN y los contrarios al FMLN–, promueven la participación de sus allegados en la toma de decisiones.

En efecto, con la llegada del FMLN al poder ejecutivo en el 2009, se han experimentado contradicciones internas en estas localidades. En Guarjila, las diferencias surgieron por el proyecto de la carretera Longitudinal del Norte, una carretera que atraviesa el norte de El Salvador, estableciendo la conexión con Guatemala y Honduras. Este era un proyecto de los gobiernos de ARENA,¹³ el cual junto al proyecto de explotación minera y la construcción de represas se les caracterizaba como “un proyecto de muerte”, ya que sólo favorecía al gran capital. Sin embargo, al llegar el FMLN al gobierno central el Ministerio de Obras Públicas, que fue dirigido por uno de los líderes históricos del partido de izquierda, retomó el proyecto, generando una fuerte contradicción en el cantón Guarjila, ya que la Longitudinal del Norte atravesaría a la comunidad. Esta situación dividió a Guarjila entre los que apoyaban al gobierno del FMLN y los que se oponían. Esta división llega hasta nuestros días (2019), ahora activada por la oposición FMLN/GANA-Nuevas Ideas.

En Los Ranchos, la intensión del exalcalde¹⁴ y de su grupo de perpetuarse en el poder, controlando la alcaldía municipal y la ADESCO, generó fuertes contradicciones. Dado que el FMLN respaldó al exalcade y a su grupo, la población se dividió entre los que apoyaban al FMLN y los que se oponían a éste, aliándose los opositores, en un primer momento, al partido Cambio Democrático (período 2015-2018) y más recientemente a GANA-Nuevas Ideas.

Examinando estos conflictos, podemos establecer las siguientes conclusiones preliminares:

1. 1. Cuando el enemigo externo está muy bien definido, como en los años del conflicto político-militar –de 1970 al año 2000– y mientras ARENA gobernó el país, las comunidades y municipios revolucionarios se mantuvieron unificados, pero cuando el enemigo o el opositor externo se desdibuja o se vuelve poco claro, las contradicciones internas florecen.
2. 2. Las diferencias entre los grupos de interés en contienda en Guarjila y Los Ranchos no representan diferencias en cuanto al modelo de sociedad, sino que son diferencias que se desarrollan en el marco del ejercicio del poder.

Conclusiones

En este contexto, podemos reafirmar que el discurso de la memoria histórica constituye un fundamento ideológico para la construcción de un nuevo tipo de sociedad y de cultura: una sociedad más justa, más equitativa y con un sistema político participativo. Este discurso de la memoria histórica no se ve modificado por el conflicto que se desarrolla en Guarjila y Los Ranchos, sino que las diferencias de interpretación tienen que ver más con la situación presente (2009-2019) que con los sucesos del pasado y sus enseñanzas para el presente.

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Notas

Enlace alternativo

https://revistas.uca.edu.sv/index.php/realidad/article/view/4477/4467 (pdf)