Introducción

A través de la historia de la antropología como disciplina, los rituales sociales han sido de particular interés para entender la dimensión cultural en muchas regiones del mundo (Beek, 1996). Ha sido de particular interés el rol de los cuerpos en dichos rituales, principalmente porque el cuerpo representa la materialidad de la vida, el funcionamiento de lo que consideramos la existencia (Nanoglou, 2009). El entierro de los seres queridos se ha establecido en la antropología física, particularmente, como uno de los elementos más importantes que marcan el momento en el que ciertos seres conmemoraban la vida de un miembro(a) de la sociedad, como despedida o trascendencia. Es a partir de los trazos, tanto humanos como materiales, dejados por culturas ancestrales que actualmente la antropología explora el significado de los cuerpos y la materialidad (Garibian, 2014).

En la antropología social y, particularmente, en los estudios de memoria y violencias políticas ha habido profundo interés por explorar la forma en que se recuerda y se conmemora en contextos de terror y miedo, asimismo por explorar sus consecuencias en el presente. De maneras muy diversas, las diferentes disciplinas consideran que en las poblaciones que sufrieron pérdidas familiares o materiales de cualquier tipo a raíz de guerras civiles o violencias políticas se redefine el entendimiento de las fronteras entre la de vida y muerte para dar paso a múltiples interpretaciones que deben ser exploradas por sus implicaciones tanto en la vida de las personas en el presente como el impacto que han tenido en la sociedad en general.

En ese sentido, en un diálogo para comprender a nivel profundo esas situaciones sociales de dolor y pérdida, en este artículo busco repensar el conflicto armado salvadoreño y explorar la contribución de la antropología forense y la materialidad del conflicto desde el aporte de la materialidad como prueba del delito, por un lado, y por otro, su contribución en el develar la verdad de lo sucedido 30 años atrás. Particularmente, para poder entender ese diálogo me he propuesto responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los diferentes imaginarios de los cuerpos (presentes y ausentes) de los sobrevivientes de la masacre de El Mozote y lugares aledaños?, ¿la materialidad encontrada en dichas fosas juega algún papel para desafiar la política institucional de perdón y olvido que se estableció en El Salvador a partir de la ley de amnistía? y finalmente ¿cuál ha sido el rol de la antropología forense a lo largo de su intervención y exploración de las fosas comunes en el caso de El Mozote?

Considero que estas preguntas son determinantes para entender el contexto de posamnistía en El Salvador, luego haber sido declarada inconstitucional la Ley de Amnistía (Comunicado de Prensa de la Sala de lo Constitucional, 2016), la cual ha sido considerada por las organizaciones sociales y víctimas del conflicto como la piedra angular de la impunidad en el país. Así, los familiares de las víctimas de las masacres acaecidas durante el conflicto armado ven una esperanza, un camino hacia la justicia, principalmente hacia la justicia penal. Sin embargo, la justicia penal no es el único medio por el que los sobrevivientes buscan resarcimiento; a partir de los hallazgos forenses y de la ventana legal que ofrece dicha sentencia de inconstitucionalidad, los sobrevivientes exigen juzgar a los altos mandos de la Fuerza Armada en un tribunal salvadoreño, asimismo, brindar digna sepultura a los cuerpos de sus seres queridos.

De esta manera, al explorar el campo de la materialidad del conflicto (concretamente los hallazgos forenses) y, particularmente, el rol de los cuerpos, busco contribuir a la dimensión epistemológica del encuentro entre la antropología y los estudios de memoria, precisamente busco utilizar otro tipo de manifestaciones de la memoria que no se relacionen necesariamente con el testimonio del testigo o sobreviviente per se, sino que plantee cómo ese testimonio se representa materialmente en los datos revelados por las herramientas forenses.

Me gustaría enfatizar que mi objetivo no es analizar la masacre, en tanto zona de guerra, aunque es claro que el norte de Morazán fue un importante frente de combate de las dos fuerzas militares;¹ más bien, mi análisis está dirigido a la población civil masacrada, específicamente en la denominada masacre de El Mozote y lugares aledaños y en la materialidad que ahí converge concretamente a partir de los hallazgos forenses, la vida cotidiana de las víctimas y quienes cometieron la masacre, en la denominada “Operación Rescate” en diciembre de 1981. Asimismo, el análisis comprende la cotidianidad, definida a partir de los restos humanos y materiales del conflicto que conlleva también tensiones entre los mismos grupos y entre los expertos, dimensión que también convive en el día a día de los sobrevivientes de dicha masacre.

1. Masacre de El Mozote y lugares aledaños: contexto y visitas forenses²

1.1. Contexto salvadoreño y Ley de Amnistía

En 1992, El Salvador firmó los Acuerdos de Paz, acto que supuso el final del conflicto bélico entre el FMLN3 y las Fuerzas Armadas Salvadoreñas (FAES). El país en general y las partes firmantes en particular se vieron sometidos a múltiples transformaciones para lo que, en ese momento, se pensaba como la búsqueda por la reconciliación y reparación de los crímenes cometidos durante los años del conflicto. En marzo de 1993, la Comisión de la Verdad presentó un informe para entender las graves violaciones de derechos humanos cometidas por ambos bandos, principalmente señalando al Estado salvadoreño – a través de sus diferentes cuerpos de seguridad – de haber diezmado poblaciones enteras, de civiles no combatientes y otros tipos de crímenes de lesa humanidad (IDHUCA, 2007; ONU, 1993). No obstante, poco duró el periodo de esperanza para poblaciones afectadas por la violencia armada, ya que pocos días después, en el mismo año de 1993, se aprobó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, la cual buscaba evitar todo tipo de juicio y procesamiento penal a las partes firmantes de los Acuerdos de Paz (Caravantes y Peña, 7 de abril de 2014).⁴

A pesar del silencio asumido por el Estado salvadoreño durante los años posteriores, las asociaciones de víctimas y sobrevivientes desafiaron dicha apuesta institucional a través de procesos colectivos de memoria y creando espacios de conmemoración para recordar a los seres queridos que fueron asesinados.⁵ Muchas actividades importantes a nivel nacional unificaron a los colectivos como la Asociación de Madres de Víctimas de Detenidos y Desaparecidos del Conflicto Armado (COMADRES) y la Asociación de Niños Desaparecidos en El Conflicto Armado (Pro-Búsqueda), entre muchos otros. En el 2003, múltiples asociaciones conformaron el esfuerzo Pro-Monumento e inauguraron el Monumento a la Memoria y Verdad donde recogieron los nombres de buena parte de las personas asesinadas durante el conflicto armado para dejar por sentado en un espacio físico los daños del silencio e impunidad en el país (Neier, Hernández y Méndez, 2007; Flores, 2003). Dicho monumento recoge el esfuerzo de los familiares para no olvidar a aquellos que fueron víctimas de la violencia bélica, sin embargo, muchos de ellos aún permanecen desaparecidos o enterrados en fosas comunes sin saber de su paradero.

Además de ser un espacio en donde los sobrevivientes pueden contar su historia, este monumento, en conjunto con las diferentes conmemoraciones, sirve para recordar a la sociedad salvadoreña las atrocidades cometidas durante dicho periodo de la historia del país. No obstante, a pesar de los testimonios y los constantes esfuerzos de las familias por el derecho al esclarecimiento y la verdad de los hechos acaecidos en las décadas del conflicto, el Estado salvadoreño mantuvo la Ley de Amnistía para evadir cualquier búsqueda que intentara juzgar a los perpetradores de los crímenes durante la guerra. Aunque algunas acciones buscaron desafiar dicha política institucional de silencio. En el año 2012, el entonces presidente Mauricio Funes pidió perdón a las familias de las víctimas por las atrocidades cometidas por el Estado y las fuerzas armadas, el acto se llevó a cabo en el caserío El Mozote, en donde el exmandatario reconoció que dicha masacre fue la peor perpetrada por un Estado en Latinoamérica. Además, también se creó la comisión de búsqueda de niños y niñas del conflicto armado y la comisión de búsqueda de adultos desaparecidos del conflicto armado. Estas instituciones buscan ser un esfuerzo más sistemático desde el Estado para ayudar a develar la verdad de lo que sufrieron miles de personas durante la guerra en El Salvador, principalmente niños, niñas y adultos desaparecidos, especialmente para saber dónde están sus cuerpos.

A pesar de dichos esfuerzos, no fue sino hasta el año 2016 cuando la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía, argumentando que una amnistía iba en detrimento de la correcta aplicación de la Constitución misma. En ese contexto, el ministro de Defensa, Munguía Payés, opinó al respecto:

Yo siempre he creído que la derogatoria de la Ley de Amnistía es un error de carácter político, la Ley de Amnistía sirvió mucho con base para el proceso de pacificación y la construcción de una nueva sociedad democrática y venir en este momento a derogar la ley de amnistía podría poner en peligro, pienso yo, ojalá no sea así, la estabilidad política del país y la convivencia pacífica que hemos tenido los salvadoreños desde que se firmaron los Acuerdos de Paz (Reyes, 14 de julio de 2016).

En ese sentido, como bien describe el ministro de Defensa, la ley sirvió para la apuesta por una pacificación del país que no buscaba ningún tipo de compromiso con la justicia a favor de quienes sufrieron pérdidas masivas de familia, bienes y vida. Más bien, la apuesta sirvió para establecer una política de perdón y olvido de parte de un sector de la población. Por tanto, a pesar de cualquier esfuerzo previo de búsqueda de la persona desaparecida o de algún tipo de reparación por parte del Estado, cada acción estaba sometida a ese pacto de silecio firmaso por las parte beligerantes.

1.2. La masacre de El Mozote y lugares aledaños, contexto

Cuentan los testimonios sobre lo que sucedió en diciembre de 1981 en el operativo “Operación Rescate”, que al caminar desde la Guacamaya y los caseríos aledaños, destruyeron todo a su paso: personas, animales y bienes materiales (Sánchez, 9 de junio de 2018), en las veredas de esos pueblos se podía sentir el olor a cuerpos quemados (Amaya, Danner y Henríquez Consalvi, 1996). De ese hecho, se culpabiliza al Batallón Atlacatl y a unidades de la Tercera Infantería, a quienes se les encomendó buscar en la zona operativos insurgentes. Por esos años, el Estado salvadoreño negó la existencia de esa operación y sus estragos en el norte de Morazán, en donde cientos de civiles no combatientes fueron asesinados.

En ese entonces, en el caserío El Mozote se reunieron personas de toda la zona para buscar protección de la Cruz Roja Internacional; a pesar de este esfuerzo, todas las personas fueron asesinadas sistemáticamente en tres áreas diferentes del pueblo (Binford, 1997), la única sobreviviente fue Rufina Amaya, quien durante mucho tiempo contó su historia a Carlos Henríquez Consalvi, quien junto a otros periodistas dieron a conocer las atrocidades acaecidas en la operación militar (Neier, Hernández y Méndez, 2007).

Las publicaciones en dos periódicos estadounidenses, The Washington Post del día 27 de enero 1982 (Guillermoprieto, 27 de enero de 1982) y del The New York Time, publicado la misma fecha (Bonner, 27 de enero de 1982), mostraron al público norteamericano el operativo militar que había dejado cientos de víctimas en la zona norte de Morazán, principalmente financiado con fondos del mismo país:

Los aldeanos han compilado una lista de los nombres, edades y aldeas de 733 campesinos, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, que según ellos fueron asesinados por los soldados del Gobierno. La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, que trabaja con la Iglesia Católica Romana, cifra que asciende a 926 (Bonner, 27 de enero de 1982).⁶

Mientras tanto, en El Salvador, el miércoles 9 de diciembre de 1981, La Prensa Gráfica publicó la versión oficial de la estrategia militar del Estado Mayor: “Inició ayer la operación de contrainsurgencia la F. A.” (Neier, Hernández y Méndez, 2007). Dicha noticia daba a conocer la movilización de todos los cuerpos de seguridad para impedir el desarrollo comunista en los municipios de Perquín, Joateca, Arambala, Jocoaitique y lugares aledaños.

A pesar de que el Estado salvadoreño y el estadounidense no se pronunciaron frente a lo expuesto sobre la operación militar, la masacre de El Mozote y los lugares aledaños continuó siendo narrada por Rufina Amaya a través de sus testimonios sobre los cientos de hombres, mujeres y niños que fueron apilados en diferentes sectores del centro de El Mozote y a lo largo de los caseríos aledaños para ser posteriormente asesinados y, en algunos casos, quemados (Amaya, Danner y Henríquez Consalvi, 1996; Binford, 1997). Según Binford, este silencio de parte de los Estados involucrados tuvo como respuesta que las organizaciones de DDHH que acompañaron a los sobrevivientes tuvieran eco en las sociedades de ambos países, lo que en alguna medida permitió la transcendencia en el ámbito público de las peticiones de justicia y esclarecimiento de los hechos.⁷

1.3 Equipo Forense Argentino

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) es una asociación de investigación que por muchos años ha sido pionera en temas de medicina forense y justicia social; además, es fundadora en su naturaleza. Surgió a partir de la necesidad de combinar la antropología forense con los derechos humanos y la búsqueda de desaparecidos en Argentina a consecuencia de la dictadura militar (EAAF, 1 de diciembre de 2018). Dicha organización es el resultado de una petición específica de las Abuelas de la Plaza de Mayo, quienes establecieron la búsqueda constante por sus hijos y nietos desaparecidos por la dictadura, ya que en muchas ocasiones sobrevivientes de los campos de detención mencionaban posibles ubicaciones de los cuerpos. No obstante, ni el Estado ni la sociedad civil tenían las herramientas técnicas para hacer una recuperación científica de los cuerpos, por ello, decidieron formar una organización forense que básicamente trabaja desde un enfoque de derecho, teniendo como elemento central a las víctimas. A raíz de su notable trabajo en la sociedad argentina, la fundación comenzó a apoyar otras organizaciones en busca de desaparecidos por guerras civiles o dictaduras militares en el resto de Latinoamérica, Asia y África.

Es así como el equipo forense llegó a El Salvador a través de Tutela Legal del Arzobispado para trabajar en el caso de El Mozote y lugares aledaños, debido a que esta institución había comenzado un proceso legal en contra de los militares a cargo de la “Operación Rescate”. Para 1990, Rufina Amaya, Pedro Chicas y Eustaquio Guevara testificaron en el juzgado de San Francisco Gotera acusando al Batallón Atlacatl de haber sido el responsable de la masacre (Neier, Hernández y Méndez, 2007, p. 137) y (Ramírez, 2012, p. 136). El primer sitio de exhumación fue denominado “el convento”’ en donde, a partir del testimonio de Rufina Amaya, se sabía que habían aislado a los niños y niñas para posteriormente dispararles a quemarropa, y luego quemar el espacio junto con los cuerpos.

En el convento se recuperaron los esqueletos de 143 personas: 7 adultos y 136 niños. El promedio de edad de los 136 era de 6 años. Se comprobó que sus muertes fueron producto de ejecuciones extrajudiciales masivas. El avance de las investigaciones hasta este punto fue producto de una intensa lucha frente a las autoridades de la justicia salvadoreña, que opusieron toda clase de resistencias (Hernández, 2007).

Desde entonces, Tutela Legal del Arzobispado ha estado acompañando a los familiares sobrevivientes en la búsqueda de justicia en todas sus dimensiones. En ese mismo año, presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir la responsabilidad del Estado por las ejecuciones extrajudiciales de 764 personas en la operación militar del Ejército salvadoreño (Neier, Hernández, y Méndez, 2007, p. 137). Al año siguiente presentaron el informe sobre el caso de El Mozote, donde se mencionan los detalles del caso y se acusa directamente al general Domingo Monterrosa y a los participantes de la Tercera Brigada y el destacamento militar de San Francisco Gotera, con ello se plantea un rotundo señalamiento de los responsables, acción que marca el comienzo de lo que sería una constante lucha por abrir el caso en las instancias de justica en El Salvador (Neier, Hernández y Méndez, 2007; Hernández, 2007, p. 39).

A pesar de los avances forenses y testimoniales, así como el intenso trabajo legal de parte de Tutela del Arzobispado, el caso fue archivado en 1994 a consecuencia de la aplicación de la Ley de Amnistía. De acuerdo a los sobrevivientes, quienes ya habían comenzado el proceso, esto era una jugada sucia por parte de los bandos; de acuerdo a María Julia (abogada representante en el caso, por Tutela legal del Arzobispado), eso era una indebida aplicación de la ley, ya que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser indemnizables (Hernández, 2007).

A pesar de todos los obstáculos, las organizaciones de sobrevivientes en conjunto con Tutela Legal siguieron promoviendo las actividades para trabajar otro tipo de justicia con las víctimas. Asimismo, promovieron las exhumaciones en diferentes lugares aledaños a El Mozote donde también se encontraban fosas comunes, esto con un fin humanitario para darles respuesta a los familiares de dónde se encontraban los cuerpos de sus seres queridos. El EAAF siguió haciendo exhumaciones entre los años del 2000 al 2017, como acompañamiento a Medicina Legal de El Salvador y otras instituciones. Este ha sido el mayor y más largo proceso en el que se han establecido exhumaciones sistemáticas y trabajo directo con la población en El Salvador, así como identificación de personas y devoluciones de osamentas a las familias. De acuerdo al Faro.net: “en septiembre de 2017, el Estado concluyó el listado oficial de víctimas y la información de que el 56% de los ejecutados (de un total de 978) fueron niños, redimensiona el crimen” (Peña, 7 de diciembre de 2017).

2. Cuerpos en duelo: qué nos dicen los hallazgos forenses sobre lo que aconteció en la masacre de El Mozote y lugares aledaños

Para hablar sobre la masacre de El Mozote y otras violencias políticas en EL Salvador, es importante entender el tipo de justicia que se ha implementado en el país después de los Acuerdos de Paz. Podemos explorar diferentes concepciones de justicia necesarias para reorganizar el tejido social en un pueblo que ha sufrido tantos años de fuertes violencias, a saber, justicia transicional, restaurativa, de carácter penal, entre otras. No obstante, al hacer una línea de tiempo a nivel nacional y de manera concreta en el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, mi objetivo consiste en discutir qué ofrece la materialidad del conflicto y las pruebas forenses en las diferentes percepciones de justicia.⁸

Judith Butler hace un trabajo profundo para entender cómo se enmarca la guerra⁹ y cuáles son los motivos de los perpetradores para generar herramientas de terror y miedo en los conflictos. Su propuesta está basada en el estudio de los ataques de Israel a Palestina y la manera en que el terror cruza por todo el territorio de Gaza. La autora pretende generar una normativa de entendimiento de por qué esas situaciones suceden en ciertas partes del mundo de manera sistemática y sin intervenciones significativas. La pregunta concreta de Butler es: ¿existen en este mundo cuerpos que no tienen derecho al duelo? Y si es el caso, ¿qué pasa con los cuerpos que no pueden ser velados y enterrados por sus familiares? (Butler, 2016).

Considero pertinentes estas preguntas para entender el caso salvadoreño, ya que en múltiples ocasiones, los testimonios de los sobrevivientes han narrado las acciones del “Operativo Rescate” de 1981, dando a conocer cómo la población civil fue sometida al terror y masacrada, y cómo desde el día cero, esa acción fue totalmente negada por el Estado salvadoreño, alegando que sí existían muertos, pero posiblemente eran parte de un cementerio clandestino de la guerrilla o cuerpos de personas que fueron víctimas de un cruce de fuego con el enemigo (Flores, 20 de octubre de 2017; Pérez, diciembre de 2012). Por tanto, esos cuerpos por ser parte del cruce de fuego o por estar en el territorio del enemigo, no fueron en su momento, ni han sido reconocidos como víctimas, y como consecuencia, sus familiares no han podido reclamar su ubicación en la mayoría de los casos. Esas personas asesinadas durante el operativo no tuvieron un ritual de despedida por parte de sus familiares y tampoco la oportunidad de compartir con la comunidad la pérdida, sólo fueron el resultado del terror ejercido por el Estado.

Por tanto, dicho planteamiento genera la incertidumbre de si existe la posibilidad de problematizar la manera en que se hacen las guerras. Butler plantea que, ciertamente, las formas en que se construye el enemigo en todo tipo de conflicto bélico no toman en cuenta que normalmente esos conflictos se desarrollan en lugares donde vive gente civil. De este modo, las guerras elevan la violencia a la cotidianidad, de manera que estas personas, de cierta forma, pierden su carácter de seres humanos y pasan a ser potenciales víctimas u objetivos del conflicto mismo. Al perder su carácter de humanidad, esas vidas están condenadas desde el principio a morir por los bandos en contienda; en ese sentido, al morir son cuerpos que no se pueden velar y que no llegan a poder ser llorados por la comunidad. Cuando Butler se refiere a ser “velados”, se refiere al plano donde la intimidad de la vida y la muerte se encuentran, al hecho de no saber cuántos son, ya que la cifra es irrelevante desde que se han convertido en parte del objetivo del conflicto, se pierde la identidad, la materialidad y el cuerpo (Butler, 2016). En ese sentido, se vuelve contundente la contribución del EAAF al proceso de la masacre de El Mozote, porque muestra los cuerpos en el momento de la muerte, quiénes, y cuántos eran, qué estaban haciendo y, principalmente, quiénes eran, esto devolviendo las osamentas a las familias y permitiendo el cierre de un ciclo a partir de la vela y el entierro. En ese sentido, en ese artículo voy a enfocarme principalmente en tres ámbitos que las exhumaciones contemplan para el caso de El Mozote: La reparación en la materialidad, el poder de los huesos y la prueba legal.¹⁰

Exhumación de niños y niñas en la Iglesia de El Mozote, en 1992
Archivo Histórico Audiovisual del MUPI. Foto tomada del sitio web albedomedia.com.

2.1 La reparación en la materialidad

Butler los nombra cuerpos que no se han podido velar o despedir, otros autores los han denominado como la dimensión material de una ideología antagónica (Schmidt y Schroder, 2001) pero todos se refieren a lo que implica que en un conflicto armado, lo que se pierde va más allá de la vida humana, biológicamente hablando; además de eso que es un hecho, se trata de la paradoja de que hay cuerpos que aunque estén vivos también se ven condenados al anonimato. Las personas asesinadas ese diciembre de 1981 perdieron la vida y perdieron también el derecho de reconocérseles su existencia, desaparecieron totalmente de la esfera social y, aunque sus familiares los buscaban, también eran negados. Es aquí donde la contribución de los hallazgos de la antropología forense se vuelve reveladora:

La evidencia es aplastante, como en el sitio 1 del Mozote, en relación a las consistencias que tiene con lo dicho de los sobrevivientes, testigos y demás; y aunque no hubiera habido sobrevivientes y testigos, sinceramente encontrar 136 niños en un cuarto de 4x7 con más de 267 fragmentos de proyectil y cartuchos de proyectil ahí y las mismas municiones en un lugar opuesto […] Nunca me tocó una exhumación de tanta cantidad de niños, o sea sí me ha tocado exhumar niños pero no en esta cantidad, no…” (Doretti, 24 de agosto de 2018).

Evidentemente, como la antropóloga Doretti lo llama, la evidencia de lo que encontraron en términos legales es bastante contundente, pero me gustaría resaltar lo que considero aún más revelador, la segunda parte del relato, en donde comenta que no le ha tocado la exhumación de tantos niños en un solo sitio; en principio podríamos decir que resulta chocante la pregunta: ¿qué hacían tantos niños ahí? En ese sentido, Rufina Amaya en su testimonio cuenta que durante el operativo segregaron a la población que estaba reunida en El Mozote para matar por separado a las mujeres, hombres, niños y niñas. Al encontrarse los cuerpos de esa forma en el sitio 1, las antropólogas mencionan que la variedad de materiales: cuerpos, objetos y balística del sitio concuerda con lo narrado por los sobrevivientes. Pero Doretti va más allá y enfatiza que, incluso sin testimonios, la manera en que estaban desplazados los cuerpos y la mezcla de vida cotidiana, juguetes y vestuario con la balística no era escenario de ningún combate, o sea la cotidianidad y la guerra se mezclaron sin marcha atrás ese diciembre de 1981. Por tanto, la experta forense y la testigo se ven envueltas en dos dimensiones distintas pero que se encuentran; por un lado, Rufina como testigo del hecho y, por el otro lado, Doretti como testigo de lo que quedó, la materialidad les permitió a las expertas forenses llegar al mismo camino de la víctima, ya que las atrocidades del hecho cometido no pueden ser rebatidas.

Ahora bien, algo más sucedió durante el período de las exhumaciones en donde revisitaron el sitio 1 de El Mozote. Durante los años subsiguientes a la masacre, los familiares y las personas de la zona en general tuvieron que buscar refugio en Colomoncagua, zona construida con diferentes instancias internacionales para ofrecer resguardo a la sociedad civil (Cagan y Cagan, 1993) o para desplazarse a otras zonas del país. En el transcurso de los años 1991-1992 y consecutivamente en las siguientes fases del proceso de exhumación, fueron develándose no solamente los cuerpos masacrados, sino que los familiares desplazados también regresaron a poblar nuevamente los diferentes caseríos y El Mozote mismo, así sobrevivientes y familiares asesinados comenzaron a retomar el espacio (Binford, 1997, p. 277).

Poco a poco y debido a que los huesos que se fueron encontrando, se revelaban partes de niños y niñas en conjunto con ropa y juguetes, así los familiares, las antropólogas, pero también la sociedad salvadoreña en general pudo conocerlos. No son más que cuerpos que no se pudieron llorar. Ahora mismo, gracias a la información que tenemos particularmente de esa fosa 1 de El Mozote, sabemos que ahí murieron “143 [personas] de las cuales 136 tenían un promedio de edad de 6 años y 7 adultos (un hombre de 50 o más años y 6 mujeres, una de las cuales se encontraba en el último trimestre de embarazo). Las mujeres tenían un promedio de edad entre 21 y 40 años” (Mejía, 21 de agosto de 2018). Además de saber cuántos fueron, las revelaciones materiales de las personas que las antropólogas iban encontrando permitieron a los familiares comenzar a pensar en la posibilidad de encontrar a su ser querido o soñar con la posibilidad de enterrar su cuerpo. La Ley de Amnistía cerró los caminos legales para la búsqueda de justicia por parte del Estado, pero desde mi punto de vista, la contribución de los hallazgos forenses comenzó a devolverle a los sobrevivientes su credibilidad, también ayudaron a mostrar de manera material que los cuerpos de sus familiares estaban ahí, lo que potenció, por un lado, la fuerza del testimonio, pero también hizo que los huesos de esas personas contaran, es decir, que de nuevo recuperaran su carácter de víctima y no de daño colateral de un conflicto armado.

3. El poder de los huesos: cuerpos presentes y ausentes

3.1 Cuerpos enterrados, perdidos y desaparecidos

Muchas sociedades en la actualidad buscan maneras de entender su pasado, recordar y, sobre todo, esclarecer los hechos sucedidos a consecuencia de las violencias políticas. Renshaw trabaja con fosas comunes de la guerra civil española y, a pesar de haber pasado tantos años, los familiares siguen interesados en conocer el paradero de sus seres queridos. Ella plantea que la forma en que la gente recuerda y procesa los hechos del pasado tiene una fuerte relación con la forma en que perdieron a sus familiares. Así, ella hace una clasificación de la materialidad de los cuerpos que fueron víctimas de las masacres, a saber: “el cuerpo enterrado; el cuerpo desaparecido; y la persona desaparecida, todos los cuales pueden estar posicionados de manera diferente en el eje de la presencia y la ausencia” (Renshaw, 2010).¹¹

De acuerdo con los testimonios del conflicto armado en El Salvador en general, no todos los cuerpos quedaron en fosas comunes, muchos familiares vieron o escucharon de alguien que supo dónde murió su ser querido; muchos llegaron a tiempo para enterrarles o estaban cerca; así durante los años que siguieron a los Acuerdos de Paz, muchos han logrado exhumarlos, a través del equipo del EAAF o con el apoyo de medicina legal de El Salvador, y sepultarlos de acuerdo a las creencias familiares, esos son los cuerpos enterrados. Ellos y ellas son víctimas del conflicto, pero tienen un estatus diferente, se sabe dónde están, sus familiares los visitan y recuerdan; aunque doloroso, el recuerdo se acompaña de un espacio material que les identifica.

Muchas otras personas supieron que sus familiares fueron asesinados, pero no supieron dónde y, si supieron, fue por alguna referencia concreta, como algún cerro o río, sin detalles específicos de cuándo ni cómo. Por tanto, saben que murieron, pero no saben dónde están. Estos son los cuerpos perdidos, las personas no tienen esperanza de encontrarlos con vida, pero tampoco tienen un espacio de descanso a donde poder recordarlos o enterrarlos como les gustaría.

Por último, está la dimisión más oscura y quizá la más dolorosa porque está llena de incertidumbre, la persona desaparecida. Estas personas salieron probablemente un día de sus casas y no volvieron, o fueron extraídos de su familia y nunca más tuvieron noticias de ellos; es una situación de agonía, no se sabe si la persona vive o murió, si se fue por voluntad propia o fue capturado, si sufrió torturado o tiene familia en el pueblo de al lado. Aunque la mayoría de personas asumen que la posibilidad más realista es que estén muertos, la duda impera y no se tiene respuesta.

Renshaw (2010) hace énfasis en que la materialidad de los cuerpos tiene un impacto directo en el recuerdo de los mismos en el presente. En ese sentido, los hallazgos forenses contribuyen a dar respuestas a preguntas que se han mantenido a lo largo del tiempo, incluso potenciándose cada día porque en la incertidumbre, de alguna manera, la esperanza se mantiene: ¿dónde están? El testimonio de Teófila es, en un principio, tan profundamente doloroso como revelador:

Teófila le pidió a su hermano que fueran a enterrar a su mamá y a su hermano, Santos Manuel. A ambos los enterraron en el patio de la casa bajo una intensa luz de luna, pues la víspera había sido plenilunio. En el camino hallaron un reguero de cadáveres: la familia de Bartolo Pereira, a Estanislao Argueta y su mujer […] Mientras Teófila enterraba a su madre y hermano, ignoraba que en el caserío El Mozote estaban insepultas una de sus hermanas y cinco de sus sobrinos […] Los días siguientes a la masacre hubo un reguero de cadáveres pútridos por todos aquellos caseríos. Teófila los vio, reconoció a muchos y a otros no, porque las balas les habían destrozado el rostro o estaban boca abajo (Meléndez, 1 de octubre de 2017).

También encontramos que algunos sobrevivientes perdieron a muchos miembros de sus familias en el operativo, lograron enterrar a algunos o saben que otros murieron, pero no saben a dónde y muy probablemente tienen personas desaparecidas. Las exhumaciones del EAAF han logrado encontrar puntualmente algunas fosas que los sobrevivientes han señalado, pero muy probablemente personas como Teófila nunca podrán reunirse con sus familias completas de nuevo. Los cuerpos exhumados y más aún las pruebas de ADN que determinan concretamente la identidad de la víctima acercan a sobrevivientes como Teófila a la verdad.

Lo importante de la clasificación de los cuerpos es, como he mencionado anteriormente, la posibilidad de brindarles a las víctimas el regreso a la esfera pública. En el operativo “Operación Rescate”, los cuerpos de seguridad no encontraron pueblos homogéneos, por el contrario, irrumpieron en la heterogénea vida cotidiana de población campesina que, aunque en medio de un conflicto y en su convivencia permanente con el miedo, eran personas diferentes. De la misma manera, hubo múltiples maneras de intervención militar,¹² es por ello que nombrar a las víctimas del conflicto en estas categorías nos hace mostrar políticamente las múltiples estrategias de intervención hacia la población y la manera en que en el presente no todas las familias buscan y sufren a sus familiares de la misma manera. La familia Márquez Pereira, al ir reconstruyendo su casa tras volver a Morazán después de salir huyendo durante la guerra, narra cómo han ido encontrando una mezcla de huesos y objetos que les reúne con sus seres queridos:

Los objetos de la familia Márquez Pereira hablan de la cotidianeidad en El Mozote. Ahora comienzan a transformarse en pequeñas piezas de colección para un museo que por el momento solo existe, como proyecto, en la cabeza de Orlando Márquez, sobrino y primo de las víctimas. Orlando, quien se salvó de las masacres porque en 1981 ya no vivía en el caserío, regresó en 2005, y en los últimos siete años se ha reencontrado con los huesos y las pertenencias de todas sus víctimas. Por ejemplo, en 2010, al ampliar su vivienda, rescató de la tierra los huesos de sus padres, sus hermanos y algunos vecinos […] Luego, en noviembre de 2016, el Equipo de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal exhumó los restos de la familia Márquez Pereira, los tíos y primos de Orlando, por órdenes del Juzgado de Paz de Meanguera (Ramos, 8 de diciembre de 2017).

En el caso de la familia Márquez Pereira, la vida cotidiana fue restituida después de un largo tiempo de haber dejado El Mozote a consecuencia del conflicto. En esa narración encontramos cómo, de alguna manera, los huesos se resisten al olvido. Al hacer una ampliación en la casa, encontraron no solamente los cuerpos de sus padres, quizá aún más revelador fueron los hallazgos de objetos que estaban presentes en aquel fatídico día: una taza y un vestido, convirtiendo a ese momento en un lugar donde se encuentra la vida y la muerte, al imaginar qué estarían haciendo sus padres ese día.

Taza de cerámica de la familia Márquez Pereira

Donatila Pereira se preocupaba mucho por el aseo en su vivienda. Los trastes los limpiaba con hoja de Chaparro y ceniza para quitarles la grasa antes de enjuagarlos (Ramos, 8 de diciembre de 2017)

Foto tomada del sitio web elfaro.net.

3.2 Traerlos de regreso: el territorio y los cuerpos

Ciertamente, la institucionalizada impunidad en El Salvador y la política de silencio sobre los crímenes perpetrados durante el conflicto armado representa un gran desafío para que los sobrevivientes logren espacios legítimos de reconocimiento y, sobre todo, de respuestas. Sin embargo, la creación de las comisiones tanto de búsqueda de niños y niñas desaparecidas, así como también para la búsqueda de adultos desaparecidos durante el conflicto, abre una ventana y una esperanza para los familiares.

Aunque, ciertamente, dichas instituciones son un gran avance en materia de reparación, eso no quiere decir que la gente no ha buscado alternativas a lo largo del tiempo para desafiar dicha política de amnesia social. Veena Das (2004) plantea que hay una fuerte relación entre aquellos que buscan tomarse un territorio de manera bélica y la búsqueda por apropiarse de los cuerpos que habitan en él simultáneamente, es decir, tomar las vidas a través de múltiples estrategias en dicho territorio. De esa manera, los perpetradores buscan convertirse en los administradores del terror y de la pérdida (Das, 2004).

Así en el relato de la familia Márquez Pereira, se deja entrever la tensión que existe por la alegría de encontrar los huesos de sus seres queridos, por un lado, pero la inmediata relación con la pérdida. En ese sentido, la autora plantea que las ocupaciones tanto de cuerpos como de territorios son construcciones de larga duración y, por ende, la cura y la búsqueda siempre están ligadas a la muerte. En otras palabras, las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños han creado mecanismos de búsqueda, tanto cotidianas (como es el caso de la familia Márquez) e institucionales (como son los hallazgos del sitio 1 del caserío de El Mozote y múltiples exhumaciones en los caseríos aledaños). Sin embargo, esos procesos siempre estarán ligados a una estrecha relación entre un escenario de violencia y su constante búsqueda por la verdad.

Das (2004) se plantea la pregunta: ¿por qué es necesario en las incursiones bélicas apropiarse de los cuerpos de mujeres, niñas y niños? La autora desarrolla la idea de las violaciones a los cuerpos de las mujeres en la India, durante el período de ocupación británico, y plantea que al abusar del cuerpo de las mujeres, ellas perdían su honor; asimismo, la tierra al ser saqueada perdía su valor y, por ende, podían en ambos casos ser apropiados por los ingleses (Das, 2004, p. 331). Si revisamos detenidamente, la “Operación Rescate” tiene un patrón muy similar, ya que al arrasar con la vida, principalmente de los más vulnerables, se manda el mensaje claro de la toma absoluta del espacio, del paisaje y de la vida. En mi opinión, las personas siguieron luchando por sobrevivir en el norte de Morazán, pero las intervenciones militares saquearon la tierra, la vida en general, los animales, las cosechas y las personas y, por lo tanto, despojaron al territorio de la vida.

Los hallazgos forenses desafían lo que Rita Segato (2018) ha trabajado como los actores en los territorios que buscan ser los dueños de la vida. La familia Márquez Pereira ha soñado con crear un pequeño museo para mostrar los estragos que la guerra dejó a su familia, pero también para recordar a sus seres queridos; esos esfuerzos cotidianos le devuelven la vida al paisaje. Asimismo, en El Mozote, tanto en el sitio 1 conocido como “el convento” y en los lugares aledaños, se han construido monumentos con los nombres de las familias que perdieron seres queridos y también con nombres de personas exhumadas, lo que se vuelve contestatario en un país que apuesta por el silencio y la impunidad.

Rita Segato plantea que la herramienta más efectiva para devolver la vida al territorio es reconstruir lo que ella ha llamado: comunidad, es decir, devolver la vida a lo colectivo (Segato, 2018). Está claro que El Mozote y los demás lugares de la masacre han sido marcados por la huella de la violencia, sin embargo, volver a los territorios y mantener la búsqueda viva de los que perdieron la vida, además de utilizar los mecanismos institucionales que se están abriendo para conocer la verdad, es la manera en que se construyen narrativas alternativas de justicia; los huesos, los objetos y los cuerpos contribuyen de manera contundente para develar la verdad.

4. Ámbito legal internacional: la sentencia y el juicio

En este apartado me gustaría discutir otra esfera de la influencia forense. Hasta ahora he explorado la forma en que los huesos, la materialidad y los estudios de la antropología forense han contribuido a restaurar, de manera paulatina y como lucha del día a día, la violencia cotidiana en la que se vieron envueltos los sobrevivientes de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Ahora me quiero enfocar en su contribución con discursos más globales y en lo que se conoce como la prueba forense. El reconocimiento legal, nacional e internacional, que ha logrado la masacre de El Mozote y lugares aledaños se puede medir en dos grandes procesos hasta el día de hoy. El primero es la sentencia de la Corte Interamericana para los Derechos Humanos, mientras que el segundo es la reapertura del caso por un juez de San Francisco Gotera en los años recientes. Aunque, si bien es cierto, el elemento más poderoso que ha permitido dar a conocer los acontecimientos de diciembre de 1981 es el testimonio de los familiares y sobrevivientes de la masacre y los objetos que han quedado que cuentan la historia y apoyan dicha versión, muchas veces negada por el Estado salvadoreño.

Así, a lo largo de los años, los activistas pro-memoria, los tribunales de justicia y las ciencias sociales han echado mano de los testimonios de los sobrevivientes para reconstruir los hechos en contextos violentos como el conflicto armado en El Salvador. Sin embargo, en muchas ocasiones, los perpetradores han intentado deslegitimar las experiencias de las víctimas negando los relatos e incluso acusándolos de no tener cómo probar los hechos. Es por ello que surge la necesidad de encontrar otras formas de sustentar las versiones de las personas sobrevivientes. En ese sentido, el EAAF ha logrado probar dichos relatos al combinar las ciencias forenses con el trabajo de organizaciones de Derechos Humanos, de este modo, a partir de sus descubrimientos tanto en su natal Argentina como en El Salvador y en otros lugares a nivel mundial, los testimonios que durante tantos años han sido contados por las comunidades y organizaciones sociales pueden tener una base material.

4.1 Contexto legal en el posconflicto: La sentencia y el Juicio

En octubre del año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenando al Estado salvadoreño por la ejecución de civiles en la masacre de El Mozote y lugares aledaños, asimismo por la violación al debido proceso. Dicha sentencia consta de una lista de acciones de reparación que el Estado debe emprender a favor de las víctimas en diferentes esferas, tanto sociales como materiales (Oraciones Incompletas, 13 de diciembre de 2017; CEJIL, 30 de agosto de 2018). La sentencia ha sido el resultado de años de trabajo combinado entre los diferentes expertos forenses, abogados, antropólogos, psicólogos y las familias que constantemente han buscado la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos. Sin embargo, debido a la Ley de Amnistía y a la imposibilidad de un proceso legal en El Salvador, las instancias internacionales han actuado en favor de las víctimas y sobrevivientes.

A consecuencia de la sentencia, los familiares se han visto envueltos en diferentes procesos que la Corte Interamericana ordenó al Estado salvadoreño que debía tomar como medidas de reparación. Principalmente, el Estado debía producir un censo donde se pueda conocer exactamente el número de personas asesinadas, realizar exhumaciones para el caso y, por ende, no bloquear las investigaciones subsecuentes. Asimismo, el tribunal dispuso el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas – cuyo monto no fue precisado en el informe – y programas de atención sanitaria en su favor, así como “implementar un programa permanente y obligatorio sobre derechos humanos dirigido a la Fuerza Armada salvadoreña”, según el fallo” (El Faro, 10 de diciembre de 2012).

En consecuencia, en el 2018, la Corte visitó El Salvador para revisar el cumplimiento de la sentencia. De acuerdo a un comunicado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, ningún actor intelectual de la masacre ha sido juzgado hasta el momento (CEJIL, 30 de agosto de 2018). En ese sentido, si bien es cierto, hubo avances en el cumplimiento de las medidas impuestas por la sentencia, pero solamente una ha sido llevada a cabo – el censo de víctimas-, restando así las otras 12 por complementar (Cornejo, 29 de agosto de 2018).

Debido a los procesos tanto nacionales como locales que se empezaron a desarrollar debido a la sentencia, en septiembre de 2016, el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera ordenó “reabrir el caso histórico de la masacre de El Mozote, en el que procesará penalmente a 13 miembros de la Fuerza Armada, entre ellos cinco miembros del Alto Mando que comandaban la guerra en 1981” (Peña, 30 de septiembre de 2016).

Desde entonces, múltiples procesos testimoniales de informantes y expertos han comenzado a dar forma a lo que podría considerarse un momento histórico en el que un crimen de guerra está tomando lugar en una corte salvadoreña.

Sin embargo, a pesar del avance nacional e internacional en materia de justicia legal, después de tanto tiempo, para los sobrevivientes del pasado bélico del conflicto armado de El Salvador, tanto el espacio como la materialidad remanente han seguido constituyendo parte de su día a día. La posibilidad de esclarecer los hechos y de exhumar los cuerpos ha hecho mella en lo que durante la vigencia de la Ley de Amnistía ha sido una lucha, lo que a partir de la condena hacia el Estado salvadoreño se ha constituido en una obligación. Farmer (2004) plantea la metáfora de que cualquier:

Proyecto social requiere materiales de construcción, mientras que el proceso de construcción es en sí mismo inevitablemente social y, por lo tanto, cultural [es decir] los resultados adversos asociados con la muerte, la lesión, la enfermedad, la subyugación, la estigmatización e incluso el terror psicológico, llegan a tener su “vía común final” en el material (Farmer, 2004, p. 308).

Por tanto, lo que ahora proceda en la justicia salvadoreña, por un lado, con las medidas dictadas por la sentencia de la Corte Interamericana – como es el censo– podrán contribuir a la construcción de un nuevo camino hacia la verdad, no sólo a nivel de discursos sino también constituirse en reparación material, es decir, saber quiénes son las víctimas, cuántos son, dónde murieron y quiénes son los perpetradores. Por otro lado, también brindará a las nuevas generaciones mejor salud y educación, a consecuencia de los otros elementos contemplados por la Corte Interamericana y por ello, en concreto, una materialidad que desafía la violencia impregnada en las zonas afectadas durante los años del conflicto. De esa manera, los discursos construidos durante la vigencia de la Ley de Amnistía y el silencio institucionalizado de las entidades del Estado se verán en la obligación de desafiar las históricas tendencias hacia el olvido tanto de facto como simbólicamente de los hechos violentos del pasado.

5. Testimonio y dato forense: el juicio

Como parte de esa nueva construcción de las narrativas de la masacre, la reapertura del juicio no solamente abre la posibilidad de juzgar a los perpetradores intelectuales de la “Operación Rescate”, sino también apertura un espacio donde el testimonio y la prueba forense confluyen para formar un discurso contundente que muestra el terror experimentado en ese diciembre de 1981.

Weiss & Six-Hohenbalken (2016) plantean que la violencia no solamente se experimenta y recuerda sino también se vuelve parte de la vida cotidiana. Por tanto, las maneras en que las poblaciones del norte de Morazán conviven en su día a día con la vida y la muerte y con los cuerpos de sus familiares sin ser reconocidos ni enterrados han tenido impacto en la vida cotidiana de la población durante el posconflicto. Un sobreviviente narra durante el juicio lo que no ha podido decir antes en un juzgado, a 40 años de la masacre:

Yo estaba jugando con mi hermano, cuando de repente entró un soldado y empezó a disparar […] Observé cuando él le disparó a mi mamá; ella estaba en una silla dándole de mamar a una niña de 40 días de nacida y cayó al suelo con la niña que también murió [relato de Adelio Díaz Chicas] (Sánchez, 3 de diciembre de 2017).

Este relato es muy poderoso debido a que describe la manera en que sus familiares perdieron la vida, pero principalmente quisiera enfocarme en la primera persona que narra: el niño y su hermano estaban jugando, una señora rodeaba la casa amamantando a un bebé, dicha imagen concuerda con lo que las antropólogas encontraron en las exhumaciones. Bernardi (2018) plantea que en su experiencia “El Salvador […] fue un antes y un después, no había trabajo, una fosa común, casi en su totalidad, de niños” (Bernardi, 24 de agosto de 2018), asimismo Turner afirma que “toda la información que hemos recuperado hasta este momento, en todos estos años, avala y reafirma lo dicho de los sobrevivientes y de los familiares y de los testigos” (Turner, 24 de agosto de 2018).

Dorila Márquez es recibida por su hija luego de brindar su testimonio en la audiencia sobre la masacre de El Mozote y lugares aledaños

Márquez declaró durante el juicio que se realiza en el juzgado de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, el viernes 13 de octubre. Al fondo, el abogado defensor, Lisandro Quintanilla, quien admitió en declaraciones que el 11 de diciembre de 1981, sí ocurrió una masacre. Fotografía de Víctor Peña, El Faro.

Foto tomada del sitio web elfaro.net (18 de octubre de 2017)

Das (2004) desarrolla la idea de que existe una relación entre el discurso y el silencio (p. 331), es decir, entre el hecho de narrar y el hecho de callar, para los juicios no todos los testigos y más aún no todos los sobrevivientes han querido participar. Como mencionan los autores Weiss & Six-Hohenbalken (2016), la memoria está impregnada de las experiencias que en un punto se han vuelto vida cotidiana. En el caso de los sobrevivientes, muchos tienen miedo de contar lo que vivieron durante el operativo de tierra arrasada, muchos no pueden narrar lo que vivieron ellos y sus familiares. Sin embargo, debido al juicio, muchos otros han intentado romper el silencio y han reconstruido lo que sufrieron, sabiendo que las memorias traerán consigo el terror de aquellos días. Dorila Márquez, una sobreviviente de 61 años testifica: “cuando doy este testimonio punto por punto, es como que lo vuelvo a vivir. Ese dolor lo siento como si hubiese sido ayer (la masacre) y me lo llevo a la tumba” (Sánchez, 9 de junio de 2018). Sin embargo, ella misma plantea que aunque “el dolor se ensaña con ella nuevamente, pero se niega a callar y asegura que seguirá narrando su historia hasta que se haga justicia, hasta que los militares paguen por la sangre de los inocentes” (Sánchez, 9 de junio de 2018).

Scheper-Hughes (2007) plantea que este tipo de situaciones están enmarcadas en algo más amplio, lo que ella denomina un mundo en que la violencia se toma por sentada, es decir, que hay situaciones en que las personas nunca superaron el “estado de emergencia” en donde el terror no es la excepción, sino más bien la regla (Scheper-Hughes, 2007, p. 176). Lo que narra Dorila y plantean las antropólogas forenses es que el espacio está conformado por las voces de los vivos que recuerdan los pormenores de esos días, las experiencias, cuando corrían o jugaban y, por otro lado, los cuerpos y los huesos que están en la tierra, ahora en los monumentos, en los cementerios de la zona, en donde se entremezclan los horrores de la guerra y los sutiles momentos del presente.

Lo importante a reflexionar es que lo que ocurrió en la masacre no sólo impregnó el espacio mismo de las comunidades, no sólo se llevó a los miembros de esas familias, sino más bien, ese hecho y su negación constante por los perpetradores ha definido el rumbo de la justicia salvadoreña y marca constantemente a las demás familias del país, porque declara la posibilidad de que este tipo de acciones, en nombre de cualquier tipo de intervención o política, está condenado a repetirse. Es por ello que la sentencia de la Corte Interamericana y la reapertura del juicio son pasos hacia la posible construcción de un nuevo tipo de enfoque de justicia, ya que, si bien es cierto, no devuelve las vidas de aquellos que murieron, permite la posibilidad de que sus familiares sean reconocidos como testigos de la masacre y apertura el diálogo con la sociedad salvadoreña en general.

6. Conclusión

En este artículo me he planteado la posibilidad de narrar la masacre de El Mozote a partir de las exhumaciones realizadas por el equipo de la EAAF, los objetos y cuerpos encontrados en el área a lo largo de los años de posguerra y los cuerpos en general que habitaron el período de la masacre, principalmente porque considero que este elemento no es más ni menos importante que el testimonio, sino que complementa y comprueba lo que los sobrevivientes han intentado contar a la sociedad salvadoreña por muchos años.

No obstante, a pesar de ser la contribución más contundente del equipo forense: la evidencia material del crimen, he querido reflexionar otras maneras de pensar la materialidad de la guerra. Por un lado, considero importante el acto de saber cuántas personas murieron y desaparecieron en esos días, aunque nunca se sabrá a ciencia cierta, lo importante es la posibilidad de devolverle a los cuerpos la dignidad y la posibilidad de reconocerles su existencia. De acuerdo a los constantes relatos de los familiares, el saber cuántos son y de quiénes son los cuerpos que habitan las fosas, también brinda paz a los que buscan incansablemente hasta el día de hoy. Por ende, se puede decir que retribuye en ambos sentidos, al que vive y al cuerpo que se ha querido desaparecer; devuelve el sentimiento de partencia al espacio que cohabitan. Como propone Butler (2016), los cuerpos hay que hacerlos contar, como normativa contestataria al silencio, se debe saber cuántas eran las personas que murieron y se debe saber todo sobre ellos, porque son las víctimas directas del cruce de fuegos, los que quisieron condenar a no ser recordados.

Por otro lado, también propongo que la forma en que se recuerda a los seres queridos tiene mucho que ver con la herramienta de terror utilizada para quitar la vida, los cuerpos de los asesinados en esa masacre también son heterogéneos. Por tanto, la forma de volver a la esfera pública debe concordar con las técnicas de terror de los perpetradores. Muchas personas sobrevivientes tienen hijos desaparecidos u otros familiares asesinados y enterrados u otros muertos sin haber podido ser reconocidos, es por ello que la contribución forense es indispensable para entender que, al arrasar con la vida, durante ese operativo, los perpetradores buscaban algo más, buscaban causar dolor y temor a la población, a los cuerpos, pero también al territorio; es decir, su objetivo era doble: tomarse el territorio a partir de destruir la vida, la materia, la cosecha, para que todo el paisaje guardara silencio.

Finalmente, también he planteado que los esfuerzos de los hallazgos forenses han contribuido a la base material para los procesos penales de los que ha formado y está actualmente formando parte el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Además de brindar las pruebas materiales tan contundentes para el caso, también los cuerpos, los vestidos, los juguetes y otros objetos encontrados en las fosas reafirman lo que los testigos intentan seguir contando día con día, que la gente que murió en esa masacre estaba conformada por población civil, gente que intentaba huir de un conflicto que combinaba la vida cotidiana con las experiencias de terror de una guerra.

Para concluir, el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños no está cerrado, está en lo que debería de ser el principio de un largo proceso de reparación que incluye la verdad de lo que pasó con sus familiares, la retribución de los cuerpos de sus seres queridos, entre muchos otros tipos de reparación. Por tanto, considero que es un caso pionero que abrirá las puertas tanto de la posibilidad de justicia penal como simbólica para otros procesos de familiares que buscan la verdad. Por consiguiente, narrar las violencias a partir de la materialidad cotidiana encontrada en las exhumaciones en conjunto con los testimonios de los sobrevivientes es la forma más poderosa de desafiar la política institucional de perdón y olvido en El Salvador.

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Notas

Enlace alternativo

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