1. Un país “en llamas” recurrentes

Cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y la secretaría general de la OEA, emitió su extenso informe final respecto de los hechos de violencia entre el 18 de abril y el 31 de mayo de 2018, hizo notar que los actos que cubrían su mandato son recurrentes en el país (GIEI, 2018, p. p. 302-333). Bataillon (1998), en un interesante trabajo respecto de las formas y prácticas de la guerra en el siglo XX, realizó un recuento de que, entre 1821 y 1987, o sea, entre la Independencia y la guerra de agresión contrarrevolucionaria, al menos se sucedieron veintisiete conflictos bélicos, golpes de Estado y otras formas de convulsiones internas (párr. 2).

La violencia retornante nunca ha sido suficientemente abordada por las dirigencias políticas del país sea cual sea el color o la orientación ideológica que ocupe el poder. Los grupos políticos, generalmente, en torno a un caudillo, han visto al Estado como el lugar para concretar proyectos de acumulación de poder, riqueza, órganos y cooptaciones hasta que sucede el siguiente quiebre por la élite política contraria, apoyada, casi siempre de forma tardía y conveniente, por parte del capital inconforme, tal como sucedió en los últimos años de la dictadura somocista cuando la mayor parte del empresariado se plegó al apoyo de la lucha sandinista (Acuña, 2020, p. 47; Álvarez, 2000; Pérez-Baltodano, 2008).

Estas negociaciones de repartos de poder que proceden a la expoliación del Estado y en perjuicio de cualquier búsqueda de democratización, en el país se le conocen como “pactos”. Esta es una dinámica que ha dominado la historia política nicaragüense desde la Independencia en 1821, dejando al país, salvo cortos periodos, bajo los efectos perennes de los acuerdos “interelitarios” (Rovira Mas, 2009).

La convulsión más reciente, de la que se ocupó el GIEI, fue sorpresiva e inesperada, una suerte de sacudón colectivo para la sociedad nicaragüense. El 18 de abril de 2018, a raíz del rechazo hacia unas reformas inconsultas de naturaleza neoliberal al sistema de seguridad social, la población civil se lanzó a las calles y en cuestión de horas sucedieron dos eventos en paralelo: el primero, la gente, que se dio a sí misma el nombre de “autoconvocados”, espontáneamente se sumó a una numerosa cantidad de protestas con la participación de cientos de miles de nicaragüenses en las calles sin precedentes (Cabrales, 2020, p. 79).³

Segundo, todo este desconcierto aconteció porque el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), iniciador y triunfante de la guerra contra Somoza e impulsor de la Revolución Popular Sandinista, estaba acostumbrado a ser quien alentaba y lideraba la acción colectiva por las causas justas, es decir, a reunir a los sectores movilizables y conscientes (Ramírez-Ayérdiz y Gómez Gutiérrez, 2021). En consecuencia, con un pueblo que estaba esta vez de espaldas al tradicional “partido de masas”, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ordenaron, desde el 18 de abril, el control y la gestión de las protestas contra las reformas del seguro social que sobrepasaron a las fuerzas policiales.⁴ Ante este agotamiento de la fuerza policial para contener la revuelta popular, se sumaron miles de civiles, entre militantes del FSLN, excombatientes, exguerrilleros, exmilitares y funcionarios del Estado de toda jerarquía.

Las motivaciones de la rebelión en cuestión de días mutaron de bandera: de oposición a las reformas neoliberales coyunturales al seguro social hacia a una catarsis respecto de “[…] años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y Murillo” (GIEI, 2018). Así las cosas, las protestas viraron hacia “demandas revolucionarias”, empezando por la dimisión del gobierno, quien respondió con un arrecio de la represión hasta tornarse generalizada y letal (Cabrales, 2020, p. 85).

La intensidad, generalidad y sistematicidad de la respuesta primero contra los protestantes y luego contra la población civil, llevó al GIEI a calificar que el Estado de Nicaragua había cometido “crímenes de lesa humanidad” (GIEI, 2018, pp. 224-236), una de las peores conculcaciones del derecho internacional (Icaza, 2020, p. 257). A 2021, la “crisis sociopolítica”, como se conoce al actual brote de violencia no ha cesado y ha dejado al menos a 328 ejecutados, más de 1600 presas y presos políticos, más de 140 mil exiliados y más de 4000 heridos (CIDH, 2018, 2019, 2020, 2021a, 2021b; ACNUDH, 2018, 2019).

No obstante, como decía bien Bataillon (1998) y el GIEI (2018), estos episodios crueles de violencia en Nicaragua no son aislados y suceden cada treinta o cuarenta años. ¿Por qué en Nicaragua la violencia es recurrente? ¿La memoria y su transmisión “política” podrían ayudar a explicar la recurrencia de esta violencia?

Ante estas interrogantes, en este trabajo se aborda una noción de memoria “encuadrada”, como diría Pollak. Un “encuadre” realizado desde las élites o grupos de poder “autoritarios y antidemocráticos” (Acuña, 2020), quienes han recurrido a la “naturalización” de la violencia, sus usos y abusos ─que configuran persistentes violaciones de derechos humanos- (Bataillon, 1998; GIEI, 2018) y “han transmitido” dicha naturalización con eficacia a grandes sectores de la sociedad nicaragüense (Fernández Ampié, 2014; Chamorro Barrios, 2012). Una transmisión que recorta la memoria del pasado en la búsqueda de un relato homogéneo ─proyecto de clase respecto del pasado─ y tiene efectos y predispone en esta recurrencia de violencias. Un proyecto, diría Levi, que “busca fabricarse una realidad más cómoda” (Levi, 2015, p. 24).

Para esto, queremos tomar dos eventos principales de análisis, en el marco de lo que llamaremos “el pasado reciente” nicaragüense⁵: la Revolución Popular Sandinista (1979-1990) y la explosión civil de 2018. No obstante, si bien nuestro interés está centrado en los periodos señalados, tomaremos en cuenta la centralidad de la autodenominada “transición” (1990-1997) en las políticas de abordaje de ese pasado. Sostendremos a lo largo del escrito que la ausencia del “dimensionamiento social” del “legado de violencia masiva” respecto la Revolución tuvo efectos en el desenvolvimiento de los hechos de abril de 2018 (GIEI, 2018, pp. 302-333), pues el no cuestionamiento de aquél no provocó “[…] una sensibilización frente al tema de los derechos humanos en defensa de la vida misma” (Stern, 2011, p. 117).

Tendremos presente dos imperativos históricos para nuestro análisis, planteados con claridad por Oettler (2013): (1) que tras la Segunda Guerra Mundial se instala el imperativo ético “del tratamiento del pasado” y (2) en el caso nicaragüense “en los años 90, en el marco de las transiciones de la guerra a la paz negociada, las élites tenían la tarea de enfrentar, de una manera u otra, el legado de violencia masiva” (p. 8).

2. Una memoria “encuadrada” en Nicaragua

En este apartado quisiéramos construir, no sobre la base de un autor concreto, sino desde los aportes de varios, nuestro entendimiento de la memoria, especialmente para el análisis del eje de interés, esa “violencia retornante”. En su sentido conceptual, damos por hecho que la memoria “existe” y es una imbricada relación entre presente y pasado. En el decir de Rousso (2002), “ya sea individual o colectiva, la memoria significa la presencia del pasado, una presencia viva, activa cuyo soporte lo constituyen las personas” (Rousso, 2002, p. 183).

También entendemos que la memoria está “viva”, como en los dos eventos que tomamos en análisis: la Revolución y la rebelión de “abril”. La sociedad nicaragüense tiene, por así decirlo de manera general, memoria de estos dos eventos, pues sostiene Eco que “la memoria triunfa siempre, porque es muy difícil olvidar” (Eco, 2002, p. 88). Lavabre, analizando la obra de Halbwachs, afirma que la memoria es un acontecimiento “vivo” compartido por una colectividad (Lavabre, 1998, p. 5) no sin repertorios y otras formas de mediación social. En este sentido, Traverso (2007) enfatiza que “el pasado se transforma en memoria colectiva luego de haber sido seleccionado y reinterpretado según las sensibilidades culturales, los dilemas éticos y las conveniencias políticas del presente” (Traverso, 2007, p. 13).

Por su parte, Yerushalmi (1998) acota que memoria es “[…] aquello que permanece ininterrumpido, continuo” (Yerushalmi, 1998, p. 16). Nora, por su parte, plantea que “se habla de memoria porque ya no hay memoria” (Nora, 2008), seguramente referido a los entrecruces entre la historia y la memoria. De estos autores nos interesa resaltar ese carácter vivo, activo y esa relación del pasado en el presente.

En nuestro entendimiento de la memoria, adherimos al planteamiento de que el pasado está inmerso en el presente y que el recuerdo –y recordar-nunca es lo mismo. En los eventos en estudio, se quiere resaltar la presencia plena de ese pasado. Tanto del más lejano, la Revolución, como el más cercano, la rebelión de abril.

¿Pero cómo funciona la relación presente-pasado? En Rousso encontramos un aporte fundamental. Él dirá: “en otras palabras, la relación pasado-presente se expresa únicamente en función de recuerdos y olvidos puesto que no se puede olvidar lo que no se conoce” (Rousso, 2002, p. 89). Respecto de este “no poderse olvidar lo que no se conoce”, es central para poder explicar nuestra propuesta en la que abundaremos en las siguientes secciones del artículo. Los nicaragüenses “tienen memoria” del pasado revolucionario, pero ¿la tienen “precisa”, sin que sea “excesiva” (Yerushalmi, 1989) respecto de la masividad de las violaciones de derechos humanos y derecho humanitario?

Se considera que en Nicaragua el dilema presente-pasado respecto del abordaje del pasado de violencia ha funcionado en torno a naturalizar sus prácticas indirectamente para priorizar “el bien de la paz” conquistado con el fin de la guerra revolucionaria-contrarrevolucionaria y con ello legitimar el perdón interelitario, es decir, entre sandinistas y contras a través de los acuerdos de cese al fuego y pacificación suscritos en marzo de 1990, previo a la asunción del gobierno transicional postrevolucionario, que entre otras, incluía el olvido de la amnistía, es decir, una política transicional sin justicia transicional.

Así violencia/paz sería esa dicotomía social de un pasado mitificado que sólo es convocado para justificar representaciones sociales presentes (Lavabre, 1998, p. 8). Aún hoy cuando el gobierno sandinista (en el poder desde 2007) ha cometido sendos crímenes de lesa humanidad desde “abril”, reivindica “que Nicaragua quiere paz”. Una consolidada después de la guerra de agresión contrarrevolucionaria como mejor y por encima de cualquier efecto de los crímenes relacionados sean en el marco de la Revolución o de la rebelión de abril. En ese sentido, Lavabre sigue diciéndonos que “memoria colectiva es reconstrucción del pasado gobernada por los imperativos del presente” (Lavabre, 1998, p. 8).

Planteada ya nuestra “noción general” de memoria, nos dirigimos a anotar sus “dilemas”. Primeramente, planteamos, pensando en Pollak (2006), en la existencia de que en Nicaragua hay un “encuadramiento” de la memoria. Cabe resaltar, como propone Traverso (2007) que la memoria es un vínculo vivido en el “presente eterno”, esto no quiere decir que ella esté desprovista de moldeamientos como resultado de las relaciones de poder, que, en este caso, identificamos en lo que aquí llamamos las élites.

Estas élites han elaborado “discursos hábiles” (Fernández Ampié, 2014), especialmente desde 1990, que lograron una transmisión conveniente del legado de violencia revolucionaria, que, como veremos más adelante, mediante amnistías elevaron a la paz, por encima de la justicia, la verdad y la reparación de las responsabilidades de las partes en pugna. En una sociedad cansada de la guerra, esta transmisión “política”, como diría Rousso, hacia la sociedad de este discurso “pacificador” y “acompañador” del olvido fue efectivo.

Por su parte, Yerushalmi considera que “lo que llamamos olvido en el sentido colectivo aparece cuando ciertos grupos humanos no logran ─voluntaria o pasivamente, por rechazo, indiferencia o indolencia, o bien por causa de alguna catástrofe histórica que interrumpió el curso de los días y las cosas-transmitir a la posteridad lo que aprendieron en el pasado” (Yerushalmi, 1998, p. 18).

Así es como nosotros afirmamos acá que la configuración del recuerdo del pasado de violencia de la etapa revolucionaria centrada en el bien de la paz, a cambio de no hurgar en las responsabilidades de la violencia es y sigue siendo “un proyecto de clase” disciplinador que forzó silencios, “olvidos voluntarios” (Rousso, 2002) y rezagos, “recuerdos que duelen” (Levi, 2015, p. 22), que escondían la finalidad del perdón amnistiador.

En Nicaragua, por tanto, “la existencia de las políticas del olvido […] se persigue de manera expresa borrar o minimizar de la memoria colectiva determinados acontecimientos” (Rousso, 2002, p. 89). La indagación del pasado en la transición ─nos referimos al periodo neoliberal de Violeta Chamorro, inmediato al revolucionario-fue una tarea secundaria prácticamente nula frente a la principal de lograr la paz, es decir, como afirma Teitel “canjeando justicia por paz” (2003, p. 14). Así las amnistías, para Rousso (2002) se dan “para favorecer una nueva alianza, el poder político calla y pasa en silencio [...] la memoria de una guerra” (p. 184)

Por un lado, el recuerdo nicaragüense respecto de la Revolución, la guerra y el gobierno transicional, aún cuando haya existido un exabrupto como el de 2018, en Nicaragua ha habido, como diría Pollack (2006), un énfasis institucional de la memoria, cuyas referencias al pasado buscan la cohesión de las instituciones sociales (Pollack, 2006, p. 28). Como veremos más adelante, el gobierno transicional (1990-1997) insistió en ser productor de una institucionalidad originaria basada en la paz, pero desprovista de “pasado” (Fernández Ampié, 2014).

En ese mismo orden de ideas, en esta “memoria” de Estado, que exculpa a las élites sobre sus responsabilidades de la violencia sucedida en la revolución, como diría Stern (1998), al referirse a la “memoria emblemática”, esta busca una articulación hacia un sentido mayor. Yerushalmi (1998) bien nos dice que “del pasado sólo se transmiten los episodios que se juzgan ejemplares o edificantes para la hallakah de un pueblo tal como se la vive en el presente” (Yerushalmi, 1998, p. 22). No obstante, Levi (2015) aclara que “a propósito de esas reconstrucciones del pasado […] debe advertirse que la distorsión de los hechos está con mucha frecuencia limitada por la objetividad de los hechos mismos” y apuntala “la mayor deformación del recuerdo de un crimen cometido es su supresión” (Levi, 2015, p. 27).

Aun cuando respecto del legado de violencia revolucionario exista una visión institucional instalada y transmitida de algún modo hacia la sociedad, no queremos olvidar que existen expresiones de resistencia, memorias que han sido silenciadas por esa “institucionalización” del recuerdo del pasado reciente. Sabemos que, por ejemplo, existen “silencios no dichos” (Pollak, 2006, p. 24) sobre las violencias vividas en la guerra de agresión (1981-1990) como testimonia úñez de Escorcia (2014). Ante lo expresado, Berinstain (2005) propone “un papel preventivo de la memoria”: “Deben recordarse los hechos para evitar que se reactiven las emociones de odio y agresión o que la memoria de la estigmatización refuerce la venganza. En la medida de lo posible debe proponer objetivos comunes para ‘ellos’ y ‘nosotros’” (Berinstain, 2005, p. 72).

Paradójicamente, y aún con una sociedad que acompaña el proyecto de clase de la paz respecto de la guerra de agresión, hoy la lucha por evidenciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicaragua en 2018, han tornado las “memorias” de abril en “subterráneas”. No sólo estas contextuales, sino además otras de más vieja data que ya se arrastran debido a otras memorias que configuran el amplio marco excluyente de “la nacionalidad nicaragüense”, ante la negación absoluta del Estado de cualquier responsabilidad a pesar de la infinitud de pruebas. 6

3. El trabajo de Bataillon sobre guerra y violencia en Nicaragua

El documento de Gilles Bataillon (1998), Formas y prácticas de la guerra de Nicaragua en el siglo XX y sus ejes de análisis en el marco de este artículo nos parece relevantes a fin de describir cómo se ha manifestado esa violencia y la noción de “guerras justas” a lo largo de la historia nicaragüense (Bataillon, 1998, párr. 1). Para el francés, la cronología de los conflictos de Nicaragua, inclusive la guerra contra Somoza y la sandinista/contras “se inscriben en un continuum donde los enfrentamientos armados dan ritmo a la vida política” (Bataillon, 1998, párr. 28). Este continuum de enfrentamientos que dan ritmo a la vida política y que, para nosotros, sin ellos no podrían explicar ni dar contenido a la historia del país, se inscriben, en el marco de conflictos por el poder entre “las élites” antiguas o emergentes.

De manera genealógica, si se quiere así decir, Bataillon delinea, desde la Independencia del país en 1821 que luego estará en continua violencia, la relación entre estas élites y la población civil, la que “nunca ha estado protegida de la crueldad de los diferentes clanes combatientes” (Bataillon, 1998, párr. 1). El desligamiento de la región centroamericana de los lazos españoles encontró a Nicaragua, indica el escritor, citando a Anderson (1967), como “una nación desintegrada” donde no se tenía una noción de nación “formada por individuos iguales ante la ley”. Esto conllevó a que en la mayor parte del siglo XIX y casi hacia los últimos decenios del XX, la idea de “un territorio nacional donde estuviera presente el Estado y marcara dominio uniforme tuvo poco o ningún sentido hasta la revolución sandinista” (Bataillon, 1998, párr. 30).

Así la violencia y los conflictos van conformando un sentido explicativo en un territorio con alta desintegración social, donde el orden sólo existe “organizado desde arriba” (Bataillon, 1998, párr. 31). De esta manera, la escena política nicaragüense ante la incapacidad de regulación social del Estado, las relaciones entre los ciudadanos se dan (1) en torno de linajes familiares, orígenes citadinos “de buena familia” y (2) los del pueblo “sin apellido”, a la fidelidad de un hombre, específicamente de un “patrón”, generalmente con “poder” e integrado a una “élite”, primero a localismos territoriales y luego a bandos partidarios (Bataillon, 1998, párr. 29), al margen de la modernización o la estructura político-administrativa del Estado.

Aún en la década revolucionaria Bataillon encuentra “huellas” de estas relaciones de fidelidad elitarias/partidarias entre los candidatos presidenciales, es decir, los actores sociopolíticos, que iban a participar en las elecciones generales de 1984 (Bataillon, 1998, párr. 29). En consecuencia, el autor describe, invocando a Guerra (1992), que estos actores son […] al estilo del ‘Antiguo Régimen’, es decir, que los nicaragüenses se conciben como una yuxtaposición de cuerpos heterogéneos agrupados detrás de sus élites respectivas que deben ayuda y protección a sus dependientes” (Bataillon, 1998, párr. 29).

En un país que desde sus orígenes prevaleció el localismo, la ausencia de autoridad estatal efectiva que alcanzara a todo el territorio a causa de las peleas de las élites, la idea de orden o de autorregulación social fue puesta sistemáticamente “en duda” y lo social en “inexistencia”. En consecuencia, “las concepciones de la política conceden al orden y a la violencia los lugares centrales y complementarios. Los actores sociopolíticos tienen la tarea de poner en orden lo social. La violencia es evidentemente una de sus modalidades de acción legítima, con el propósito de evitar el advenimiento de un caos bárbaro” (Bataillon, 1998, párr. 31). Un orden como valor mejor que la consolidación de la institucionalidad, arrastrará o masacrará sistemáticamente, como en los tiempos de la Revolución o la rebelión de abril, a los civiles.

Así, las élites en diversos momentos de la historia, a fin de controlar la barbarie de las otras en pugna, han instituido una predilección por “los hombres fuertes” que imponen el orden─llamados en Nicaragua caudillos-. En esto, las élites intelectuales, sobre todo desde el poderoso Movimiento de Vanguardia (1927-1933), integrado por miembros de las familias oligárquicas que luego ejercerían una influencia todavía vigente en la academia y la configuración de las ideas, idealizaron a la Colonia como sinónimo de orden y de “paraíso perdido”, tal como lo diría José Coronel Urtecho, “el poeta Coronel”. El vate, decisivo en el entendimiento de la historia nicaragüense anterior y posterior a su tiempo, describió a la historia poscolonial “como guerra civil” (Bataillon, 1998, párr. 32).

Por esos años, el Movimiento de Vanguardia, incluidos el poeta Coronel y Pablo Antonio Cuadra, exaltaron la figura y gesta de Augusto César Sandino (1927-1934) como una especie de Cristo redentor contra el desorden desencadenado por la “invasión yanqui”. No obstante, con la aparición en escena de Anastasio Somoza García, la admiración del influyente movimiento y sus miembros se desplazó hacia el nuevo hombre fuerte “que metió en orden al país” (Bataillon, 1998, párr. 32).

De hecho, varios miembros de la Vanguardia formaron a “los camisas azules”, un movimiento imitador de los camisas negras de Mussolini, que apoyaban a Somoza García para la instalación de un gobierno “autoritario” (Mendoza, 2017, laprensa.com). Paradójicamente, años después y bajo esta misma racionalidad, tanto Coronel como Cuadra, ante la incapacidad del último Somoza de mantener el orden, manifestaron su apoyo a las fuerzas sandinistas que luego construirían la Revolución.

A fin de comprender las relaciones entre las élites que han dominado el país, en su trabajo el francés describe que “la política se percibe como el lugar de un proceso de manipulación y negociación entre ‘socios-rivales’” (Bataillon, 1998, párr. 33), con el fin de lograr entre sí un reconocimiento recíproco y probar constantemente su “capacidad de poder”. Así, las élites y demás grupos de poder que sistemáticamente han negociado los repartos de influencias y beneficios del Estado a través de sus “pactos”, consideran una ofensa de honor la ruptura de sus compromisos y quienes se constituyen como víctimas se sienten en la necesidad de “pedir el respeto […] si hay necesidad, con las armas” (Bataillon, 1998, párr. 33). Las rupturas constantes de estos acuerdos generalmente llevan a las élites a las pugnas violentas a los conflictos intestinos.

Si bien la burguesía y los grupos oligárquicos, que en Nicaragua se confunden imbricadamente (Torres-Rivas, 2011), cuando el último Somoza rompió el respeto de las reglas de la repartición de los beneficios de la economía, los representantes de estos se movieron “al apoyo” de la Revolución (Pérez-Baltodano, 2008, pp. 561-580). Sin embargo, la dirigencia revolucionaria, siguiendo las prácticas previas, intentó imponer su dominio, dice Bataillon, “ejerciendo presiones más brutales en las áreas rurales del centro del país, como la Moskitia, para obligar a los campesinos a participar en sus organizaciones de masas […] al mismo tiempo, que se perseguían a sus rivales revolucionarios […]” (Bataillon, 1998, párr. 37).

En el punto central de su análisis, Bataillon recuerda que la sistematicidad de la violencia y su crueldad, incluidas escenas de ejecución, torturas de prisioneros de guerra o de opositores, saqueos de ciudades, ejercida por el somocismo contra los sandinistas o por el ejército de Sandino en las primeras décadas del siglo XX, tienen características comunes. Para el francés,

esas prácticas deben entenderse como movimientos en conformidad con todo un código de conducta admitido tácitamente por el conjunto de actores sociopolíticos, Así, la violencia participa en un lenguaje del terror y de contraterror, es también una forma de constituirse en actor sociopolítico reconocido, pues permite a los hombres nuevos imponerse en la escena política, finalmente, es una forma de legítima de enriquecerse y de premiar a sus dependientes (Bataillon, 1998, párr. 46).

Apoyado en el análisis de este autor, la guerra sandinista/contrarrevolucionaria, continuó circunscribiéndose en ese continuum de violencia y la legitimación de esas conductas violentas entre ambas partes. En la justificación de barbaries contra barbaries, en un país siempre urgido del orden, que es antítesis de progreso. Por tanto, la repetición de la barbarie fue una forma de buscar “lo humano”, en esta guerra, quizá la más representativa de esa acumulación de lógicas justificativas de la violencia elitaria, a pesar de que el FSLN originalmente no fue como tal una élite.

Si bien los sandinistas en la Revolución juraron romper con las prácticas violentas del pasado, Bataillon ofrece una mirada distinta que evidencia que estos se sumaron a las crueldades ya repetidas por las élites una y otra vez. Desde las torturas previas a la ejecución en las montañas, como la violación sexual (Bataillon, 1998, párr. 51). Sobre esta forma de crueldad es menester detenernos en sus explicaciones:

Finalmente, también hubo otro tipo de crueldad admitida durante mucho tiempo por las partes en combate: la violación. A la vez banalizada y negada, numerosos testimonios hablan de esta acción sin que se disponga de estudios sistemáticos […] se inscribe también en la voluntad de humillar al adversario y de imponerle una verdadera deshonra […] las violaciones fueron toleradas durante mucho tiempo tanto en los rangos de las fuerzas armadas sandinistas, como en los de la Contra. Uno de los mayores signos de “normalidad” de las violaciones es que estos hechos fueron finalmente muy poco utilizados en la propaganda que los sandinistas usaban en contra de los Contra y viceversa. Estos abusos se comentaron en espacios puramente privados (Bataillon, 1998, párr. 53).

Como corolario de los aportes que nos interesa resaltar del francés, él relaciona que las violaciones de derechos humanos y derecho humanitario que se cometieron en la pugna sandinistas/contrarrevolucionarios en la década de 1980, “una vez más, estas prácticas no son inteligibles más que considerándolas en un continuum con los hechos más antiguos que también ameritarían un estudio mucho más sistemático” (Bataillon, 1998, párr. 54).

4. La cuestión de la postergación del pasado y sus consecuencias en el presente

4.1. Las violencias revolucionarias/contrarrevolucionarias

Si bien, como dice Bataillon (Bataillon, 1998) la historia de Nicaragua no podría explicarse sin los conflictos bélicos, convulsiones y otras formas naturalizadas de “guerras justas”, nosotros, como dijimos anteriormente, queremos establecer una relación entre la Revolución Popular Sandinista y la crisis sociopolítica de 2018, a fin de explicar cómo la postergación del abordaje de la primera puede ayudar a crear explicaciones y abrir el camino a otras interrogantes sobre todo teniendo en cuenta tanto la agresividad gubernamental contra los manifestantes de “abril” como la sumatoria de civiles al control de las protestas.

La Revolución Popular Sandinista (1979-1900) fue un episodio imprescindible para explicar el desenvolvimiento, entendimiento y emancipación histórica del país. Sus aportes a la historia nicaragüense, a su redimensionamiento cultural (Arce, 1982; Cardenal, 1982) fueron innegables.

A diferencia de las tantas peleas elitarias previas a la Revolución, este evento parteaguas sin duda alguna tiene algo en común con “abril”: es el pueblo el que lo protagoniza. Ni la enorme violencia somocista ni la del actual gobierno de Ortega en “abril” devino como consecuencia de civiles arrastrados a la violencia de los bandos elitarios en pugna, sino desde el Estado. Sin embargo, entendemos que la máxima dirigencia estatal, especialmente, cuando se coopta de forma absoluta el poder, lo transforma en una élite con todo el peso del pasado.

La dirigencia revolucionaria, en su momento, al no tener una contraparte con quien “negociar”, emprendió sendas medidas de justicia contra miles de guardias nacionales ─el aparato de represión de la dictadura-, Tal vez, como diría Oettler (2013) y Núñez de Escorcia, (2014) fue por esto por lo que la revolución emprendió el primer proceso de “justicia transicional” en la historia de Nicaragua. Sin embargo, estas medidas fueron criticadas por la CIDH (1981) pues los juicios contra los guardias nacionales estuvieron impregnados de muchas violaciones al debido proceso, además de los “ajusticiamientos” que se produjeron entre julio y diciembre de 1979. Por estas y otras razones, Oettler (2013) y Sprenkels (2017) coinciden que la primera experiencia de justicia transicional en Nicaragua se aplicó “una justicia del vencedor”, lo que de alguna manera invisibilizó y a veces descalificó esta primera experiencia.

En medio de la fiebre y alegría revolucionarias, dos circunstancias viraron severamente el curso del evento emancipatorio nicaragüense y pusieron a prueba sus actos con “la piedra de toque” de los derechos humanos. Por un lado, ni bien había tomado el poder la revolución y desde la llegada de Reagan a la presidencia estadounidense, se conformó una ofensiva bélica contrarrevolucionaria respecto de la que altas personalidades como Núñez de Escorcia (2014) afirman que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y conculcaciones al derecho humanitario.

Como parte de esas violaciones, se dieron abusos contra los conscriptos del Servicio Militar Patriótico, los miles de desaparecidos, quemas de pueblos por la contrarrevolución y un episodio de la autoría completa del gobierno revolucionario con tintes etnocidas, conocido como “la Navidad Roja”, es decir, el traslado forzoso y violento de miles de miembros de comunidades indígenas de las zonas de influencia de la Contrarrevolución cerca de Honduras hacia adentro del territorio nicaragüense. La CIDH hizo notar estos excesosen varios de sus informes (1983).

Por otro lado, el gobierno revolucionario, nos dice Oettler (2013), emprendió una represión política “de baja intensidad” contra opositores, restricciones a la libertad de expresión y prensa, ejecuciones extrajudiciales de civiles que nunca quedaron esclarecidas, entre otras. Esto y las dimensiones de la guerra de agresión, aún sin números oficiales ─que algunos sitúan en 50 mil muertos-, generaron una abultada lista de situaciones que no pasaron por un debate público o por una comisión de la verdad una vez que los sandinistas dejaron el poder.

4.2. Una transición sin justicia transicional. La repartición pactada de poder y recursos

Firmados los acuerdos de paz entre la Revolución y la Contrarrevolución, estos, junto al gobierno neoliberal transicional de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), se transformaron en “las nuevas élites” que, mediante una serie de perdones amnistiadores, sepultaron oficialmente el pasado, a pesar de que las consecuencias de la guerra y la violencia eran enormes (Oettler, 2013; Pérez-Baltodano, 2008).

Los resultados de la violencia quedaron sin abordarse y una vez más, como nos diría Bataillon (Bataillon, 1998), en el que sin dudas fue el conflicto civil más sangriento de la historia nicaragüense, la barbarie y las prácticas violatorias de derechos humanos quedaron en segundo plano, incorporadas en la memoria colectiva como “normales”. Probablemente esto se dio como parte del contexto internacional de caída del bloque del Este, en el área regional con los Acuerdos de Esquipulas para la paz firme y duradera y, por supuesto, en el marco del “lenguaje seductor de la transición” (Theidon, 2009, p. 295 en Oettler, 2013). Berinstain (2005), al respecto, afirma:

En los contextos de transición, las viejas élites tratan de bloquear el proceso. Cuando las voces predominantes en la transición son las de los autores en conflicto y no las de la sociedad civil, se corre el riesgo de centrarse en justificaciones y apreciaciones morales de sus actos, en lugar de asumir sus responsabilidades y procurar los cambios constitucionales necesarios (p. 78).

Firmada “la paz” la desmovilización de miles de combatientes era necesaria y el fin de las hostilidades, en un país devastado, el accionar respecto de la guerra recién finalizada del gobierno de Chamorro se redujo sólo a la ausencia de hostilidades, estableciendo como énfasis de su gobierno transicional “la concertación y pacificación nacionales” (González, 1993, p. 67; Arévalo, 2007, p. 47; Monroy, 2001; Pérez-Baltodano, 2008, p. 611).

Si bien inicialmente la Revolución no llega al poder producto de un acuerdo entre élites, como ha sido marcado en el pasado nicaragüense tradicional, su salida del poder sí la constituyó y sumó al histórico partido de masas, el FSLN, a las prácticas de reservas de poder e influencias a través de los llamados “pactos” con el gobierno neoliberal transicional y la Contrarrevolución. Contradictoriamente, y en la efervescencia de los repertorios éticos neoliberales, el gobierno transicional difundió un discurso muy fuerte de no pertenecer a las dinámicas del pasado y por tanto, se presentó como un gobierno per se democrático, inocuo y empíreo, lo que le hizo ganar la simpatía de su “plan pacificador”, a pesar de la debacle económica, el “plan” contaba con la colaboración y facilitación de las nuevas élites en paz y perdonadas, los sandinistas y los contras. La reconciliación nacional -tal como si la “nación” equivaliera a las élites de poder- estaba sellada con el olvido.

No obstante, ni bien había asumido Chamorro su gobierno, ya se sumaba a la histórica y corrupta práctica de las élites políticas nicaragüenses de pactar cuotas, reservas y estabilidades del poder y al margen de este, por ejemplo, con la firma del Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (23 de marzo de 1990). González (1992), explica que este protocolo, “visto con cierta perspectiva temporal, fue, asimismo, el inicio de una peculiar fórmula de consenso entre la presidenta electa y su equipo de asesores y el FSLN” (González, 1992, p. 65).

No sólo el perdón unió al Frente Sandinista a las prácticas elitarias. En esta metamorfosis elitaria el histórico partido de masas tras la pérdida de su poder en 1990, en contraprestación del “cogobierno” prometido, el equipo de la entonces presidenta electa se comprometió, mediante ese Protocolo de Transición, a: (1) respetar el control militar sandinista del ejército y (2) a convalidar “La Piñata”. Este episodio “fue una repartición enorme de tierras e inmuebles entre la élite dirigente sandinista”, antes de dejar el poder (Oettler, 2013, p. 19), “un acto de rapiña”, que costó unos 2,200 millones de dólares al erario (Cruz y Navarrete, 2021).

Es considerado por Rovira Mas (2009) como el proceso de acumulación originaria de la cúpula revolucionaria (Rovira Mas, 2009, p. 19), hoy rica. Se trató de un contubernio pactado en el que el gobierno de Chamorro “obtuvo cooperación del FSLN para facilitar la operacionalización de su proyecto de transición”, facilitado, supuestamente, por el antisomocismo en común del chamorrismo y el sandinismo (Pérez-Baltodano, 2008, pp. 671).

La permisibilidad de Chamorro de un acto de tamaña inmoralidad sin siquiera haber asumido el poder da cuenta de que ella y su “equipo” ─término usado en lugar de gabinete a fin de reforzar el carácter apolítico de su gestión neoliberal─ a pesar de la pretendida inocuidad, transparencia y honradez de su gobierno, se continuó viendo al Estado como un botín al igual que antaño por los sectores tradicionales, incluido al somocismo. Rovira Mas (2009) realiza dos acotaciones importantes respecto de los terribles efectos del pactismo en el desenvolvimiento histórico del país:

El pactismo de esta naturaleza entre cúpulas políticas quizás sea el rasgo más prominente y con mayores consecuencias que posee la cultura política nicaragüense. Es un peso del pasado que le ha sido heredado a la democracia representativa vigente […] En todos [los pactos] la cuestión central fue de cómo repartirse el poder, de cómo perdurar en él ajenos a la competencia democrática libre y de resultados inciertos y cómo despojar metódicamente, institucionalmente, de recursos y posibilidades al Estado percibido como botín, en perjuicio de la sociedad (Rovira Mas, 2009, pp. 18, 19).

Por otro lado, para el gobierno neoliberal, pacificación y apertura del mercado fueron los dos ejes claves de la transición, en el contexto emergente de “un discurso dinámico que yuxtapuso e incluso sacrificó el objetivo de la justicia por la meta más modesta de la paz” (Teitel, 2003, p. 14). Barrios sintetizó en 1991 que “[…] un compromiso es y seguirá siendo, la consolidación de la paz, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el ordenamiento de nuestra economía” (Chamorro Barrios, 2012, p. 256). Oettler analiza el contexto transicional nicaragüense y su ausencia de medidas de justicia transicional:

Dentro de la constelación nicaragüense de la transición, y a causa de lo inesperado de la derrota electoral [sandinista],⁷ tanto las urgencias inmediatas impuestas por la guerra contrarrevolucionaria prolongada como la constelación de intereses políticos, impidieron que se aplicaran medidas de justicia transicional (Oettler, 2013, p. 20).

4.3. De élites en pugna a combatir la barbarie de la pacificación “violenta”

Sin embargo, el gobierno de Chamorro, mediante una serie de hábiles discursos, tales como darse a sí mismo el carácter fundacional de la democracia en Nicaragua y de hacer la paz casi “mágicamente” y automática con su sola asunción al poder (Fernández Ampié, 2014), contando con el apoyo sandinista, renunció aplicar alguna medida de cuestionamiento del pasado. Por el contrario, la paz, la reconciliación y la desmovilización de los antes alzados o en guerra se convirtió en el eje gravitacional del gobierno. Cuestionar el pasado, era poner en riesgo la débil paz y volver a la guerra y así lo transmitió de forma potente hacia la sociedad.

La pacificación absoluta no fue tan simple. Ni bien se había secado la tinta de las firmas en el Acuerdo de Alto al Fuego entre los sandinistas y la contrarrevolución, el Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo y el Protocolo de Toncontín (todos ellos firmados en marzo de 1990) mediante el que las dirigencias en pugna y los delegados de Chamorro acuerdan la desmovilización de estas fuerzas, se sucedieron una serie intensa de levantamientos y reaparición de grupos armados de excombatientes de todos los bandos. Estos exigían la “reinserción” social por la que se entregarían tierras, créditos, preservación de la seguridad de ellos y sus familiares y provisión de servicios básicos. El incumplimiento de las promesas a los combatientes nos dice Martí (1998) puso de manifiesto “la irresponsabilidad política y moral de las élites” (Martí, 1998, p. 1).

El gobierno de Chamorro más bien estuvo marcado por una enorme descomposición social que incluso continuó en el siguiente gobierno con poco más de ciento cincuenta mil desmovilizados en situación de carencias. Las tomas de ciudades, el control de zonas por realzados y las más de mil personas asesinadas hasta 1998 producto del descontento por la ilusoriedad de la reinserción, al que el gobierno de Chamorro respondía con la “retórica democrática” (Martí, 1998, p. 1), echa por tierra el mito de la “pacificación absoluta”. El autor citado inserta un análisis sobre el cumplimiento de los acuerdos de reinserción realizado por el gobierno, excontras y excombatientes sandinistas concluyendo que:

Sólo se había cumplido con el retiro de las tropas de la RN [Resistencia Nacional] de sus antiguos cuarteles […] dicha evaluación mostró que el proceso de reinserción no tenía una base sólida y que el intento de pacificar el campo por la vía del desarme, de la cooptación de los cuadros contra, y de la adjudicación de las tierras sin una previa estrategia global con el resto de políticas implementadas por el mismo gobierno, estaba destinada al fracaso (Martí, 1998, p. 4).

Paralelo a los alzamientos y con el olvido de las propias élites que negociaron la pacificación y desmovilización, explotó una intensa crisis de violencia social. La violencia política se trasladó casi de forma inmediata a las relaciones sociales, donde los fenómenos como el aumento de los delitos relacionados con las desigualdades de género, el pandillerismo y otras expresiones violentas que azotaron al país casi toda la década de 1990. Este traslado pudo estar conectado con una ausencia del Estado en impulsar medidas amplias para sanar las profundas heridas colectivas (Rocha y Rodgers, 2008, p. 94).

Sin embargo, doña Violeta expresaría en 1992 la visión de ella y de su equipo respecto de la pacificación, desde una realidad distante de la crudeza de la violencia y las condiciones reales de vida de los nicaragüenses en su mandato:

Cada arma entregada, es una oportunidad de producción y una seguridad de libertad. Cada arma que se cae en la fosa es un nicaragüense que deja el subdesarrollo y comienza elevar su nivel de vida. Cada arma que se entrega es una victoria del diálogo sobre la violencia y de la cultura de la vida sobre la cultura de la muerte (Chamorro Barrios, 2012, p. 270).

El mito de la sociedad pacificada por el gobierno transicional, sin que se hiciera un mínimo esfuerzo desde los discursos oficiales por analizar la violencia provocada por los realzados y por la ola continuada de violencia entre los más pobres, era funcional al pacto interelitario de no abordar abiertamente el pasado sandinista. De hecho, el gobierno de Chamorro fue altamente represivo contra los realzados y la criminalidad común con el consentimiento de la dirigencia sandinista, en el marco de una nueva concepción de las élites como portadoras de progreso en oposición de la plebe barbárica (Martí, 1998, p. 8). Con mucha astucia, el gobierno de Chamorro supo capitalizar a su favor el hecho de instalar el cese de las hostilidades de las partes en conflicto como sinónimo de paz absoluta, proceso al que se le dio el nombre de “reconciliación”.

5. El perdón interelitario como meta mejor que la verdad

No obstante, si la guerra, sus usos y abusos no fueron cuestionados, la pervivencia de su normalidad en el consciente de muchos sectores nicaragüenses quedó intacta. Al no someter tanto al FSLN como a la Contrarrevolución al cuestionamiento público, la violencia como herramienta quedó incuestionada. Este punto es fundamental en términos de comprender el retorno de la violencia en 2018. Si bien desde 1990 Nicaragua vive en democracia, calificada como defectuosa por Merkel (2004), nosotros sostenemos que el no cuestionamiento del pasado impactó en la vuelta de la violencia, esta vez, de manos del Estado y civiles en 2018.

Las amnistías de 1990 y la no convocatoria, al menos, de una comisión de la verdad, recortó tanto las posibilidades de poder transmitir a las nuevas generaciones los horrores del pasado sucedidos en la revolución y, por el contrario, han adherido a la meta “de la paz”, instituido por el gobierno transicional y sostenido aún hoy por el gobierno de Ortega.

Fuera quedaron los hechos y los rostros de las víctimas, quienes fueron minimizadas por el héroe y el mártir de la guerra, un énfasis centrado en la gesta y no en la persona titular de derechos (Vannini, 2014; Núñez de Escorcia, 2014). Al respecto, Traverso (2007) citando a Wieviorka, nos dice: “Esta disimetría del recuerdo -la sacralización de las víctimas antes ignoradas y el olvido de los héroes antes idealizados- indica el anclaje profundo de la memoria colectiva en el presente con sus transformaciones y sus inversiones paradójicas” (Traverso, 2007, p. 18).

Este énfasis en el héroe fue injusto, pues la dictadura fue especialmente cruel con amplios sectores de la población civil, estuviese o no vinculada a la guerrilla sandinista (CIDH, 1979). En consecuencia, en el marco del uso de los espacios públicos como sitios de memoria, el gobierno sandinista fue eficaz: aún hoy día el país está lleno de monumentos que conmemoran a los caídos de la Liberación. No obstante, las otras personas represaliadas por la dictadura no adquirieron un estatus formal de víctimas, por lo que el heroísmo se conectó con la gesta y no con la violación de los derechos humanos que implicaba su no repetición en el futuro.

Así, la ausencia de un dimensionamiento de los hechos de violencia del pasado revolucionario -que implica, pero no sólo, el conocimiento al menos general del pasado- pudo haber influido en la reacción gubernamental-perpetuando el continuum de violencia que señaló Batailllon- en la explosión civil de 2018. Por un lado, en el plano político, la ausencia de cuestionamiento de las responsabilidades de las partes en la guerra contrarrevolucionaria y sus actos bloquearon la posibilidad de que la sociedad, probablemente mediada por el Estado, exigiera a las cúpulas, sobre todo a las sandinistas, un proceso profundo de reflexión. Esto pudo haber permitido, la renovación de la dirigencia política o la renuncia de la violencia como una vía para sostener el diálogo con los adversarios políticos en “plena democracia”.

Asimismo, la revisión de los alcances, usos y abusos de la violencia sucedida en la época revolucionaria y su posterior rechazo público pudo haber contribuido a una genuina refundación de la democracia basada en los derechos humanos y en la no repetición del pasado (Stern, 2011). Sin embargo, la “refundación” fue esencialmente un discurso del gobierno transicional fundamentado en que él rompía con la guerra, con el sandinismo “comunista” y con el somocismo “genocida”, pero no precisamente con sus legados acumulados de terror.

Por otro lado, sin ese sometimiento público al cuestionamiento de la violencia que debió realizarse en el gobierno transicional, instaló la noción de estarse en una democracia, pero con una predisposición “inminente” a la violencia, sobre todo reforzada por los discursos del gobierno transicional de Chamorro binarizados de paz o guerra. Sin controvertir el pasado, la democracia que debió estar fundamentada en la verdad y el compromiso “liberal” de los derechos humanos, nació fundamentada en que la violencia política es siempre un arma cercana de tomar.

En el plano estructural, la violencia que socialmente venía siendo naturalizada por las élites se reforzó, trasladándose a las relaciones sociales y sobre todo a la violencia de género. En esto la tramitación activa y responsable del pasado y el deber de preservar la memoria sin que esta esté recortada o “modelada” por los grupos de poder tiene mucho que ver.

Posteriormente, la posición del gobierno transicional con su borrón y cuenta nueva (Sprenkels, 2017) provocó graves consecuencias en la democratización nicaragüense que hoy pueden notarse en la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde 2018. En primer lugar, la misma democracia fue vaciada de la memoria que permite encarar el pasado y revisar críticamente la responsabilidad de los altos grupos del poder político (Stern, 2011) y así desestructurar los viejos mitos que fundamentan incluso la identidad nacional misma (Ramírez Ayérdiz, 2016, p. 62). Berinstain (2005), al respecto, reflexiona que

La democratización en las sociedades en transición depende de un proceso de constitución de una ciudadanía efectiva, de la eliminación de legados autoritarios y una reforma institucional profunda y enfocada en el futuro (Barahona, 2002). Los procesos de reconciliación se ven condicionados también por la distribución de la responsabilidad y el sentido atribuido a las violaciones de derechos humanos (Berinstain, 2005, p. 55).

En segundo lugar, la memoria, decisiva y necesaria para una democratización pragmática, habría permitido, no sin tensiones y disputas, avanzar hacia otras formas del entendimiento entre las élites y la sociedad nicaragüense, desde una reflexión profunda de la responsabilidad de aquellas en una historia persistente de violencia política que arrastra casi siempre a la ciudadanía (Acuña, 2020, p. 47). Berinstain (2005) nos sigue recordando: “Pero los momentos de transición contienen también algunas oportunidades, como la conformación de comisiones de la verdad y reconciliación, para evidenciar ante la sociedad los hechos cometidos y reparar los daños a las víctimas” (Berinstain, 2005, p. 57).

Así, en 2018, es relevante observar cómo, tras años de ausencia de un cuestionamiento del pasado reciente, sobre todo el de una guerra tan sangrienta como la de agresión, son palpables sus consecuencias. Es menester acá otra reflexión que, aunque de otro ámbito, no deja de ser política. Nicaragua es un país azotado constantemente por los eventos sísmicos y los fenómenos meteorológicos como los huracanes, con enormes devastaciones como la del huracán Mitch, sucedido en 1998, con más de tres mil víctimas. Empero, a pesar de que se comprobó la mala gestión gubernamental de esa última tragedia, en el país la violencia tanto venida de la mano humana como la que no lo es, resulta tan profundizada en las perspectivas de la memoria de los nicaragüenses, que se pasan por alto los muertos, los sufrimientos, los dolores sin ningún acompañamiento activo por parte del Estado, sin juicios a los culpables.

Así, la explosión civil de 2018 es la acumulación, por un lado, de toda la desdemocratización que venía experimentando el país desde 1990, que, en cierto modo, se radicalizó desde la vuelta al poder por el FSLN tras “[…] años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y Murillo” (GIEI, 2018). La población que explotó enojada contra las inconsultas reformas del seguro social no es que se sumaba a las espirales de violencia históricas, es que con su enojo renunciaba a ella.

Tan es así que el bélico “patria libre o morir” de la revolución dio paso al “patria libre y vivir” (Salgado, 2018, pp. 119-123) de los manifestantes, lo que, a pesar de la memoria recortada respecto del pasado tienen los ciudadanos y ciudadanas. El abandono de estas consignas heurísticas sacrificiales de algún modo evidenció que el gobierno, quien reaccionó irascible cometiendo los documentados crímenes de lesa humanidad, se constituyó en víctima de “un golpe de Estado fallido” (Ayerdis, 2018; Midence, 2018) ─sin que ningún órgano del Estado participara en la rebelión civil-, muestra que esa violencia no cuestionada tras la revolución siguió estando presente como legítima y aceptada en las jerarquías y estructuras del gobierno y el Frente Sandinista. Aquí vemos la necesidad urgente de tramitar el pasado y reconfigurar la memoria colectiva.

Cuando hablamos de “dimensionamiento” de la violencia, no nos estamos refiriendo solamente a un mero conocimiento exhaustivo de los hechos ni tampoco a procesos educativos, pues, como argumenta Nader (2010) la enseñanza sobre los procesos traumáticos no es pedagogía de los derechos humanos. Primeramente, este acto se refiere a asumir la “transmisión” activa de aquellas memorias “olvidadas” o “silenciadas” por las generaciones que vivieron, presenciaron y sufrieron episodios de graves violaciones de derechos humanos (Rousso, 2002; Yerushalmi, 1998).

La transmisión activa podría producir esa anamnesis, ese “retorno de lo reprimido” (Traverso, 2007, p. 44) de la que nos hablan los autores recién citados; la reaparición de nombres, de eventos, de lugares y de periodos que están en segundo plano con relación a la etapa revolucionaria (Pollak, 2006). O sea, hacia una necesaria recuperación del “olvido” (Yerushalmi, 1998, p. 21).

Creemos que la emergencia de esta transmisión activa podría llevar a un cuestionamiento colectivo de aquellos episodios no tan gloriosos de la revolución y completar ese reentendimiento histórico del país que ella misma inició y romper con esas memorias oficiales, sostenidas institucionalmente. Su carácter épico, probablemente ha tornado en “subterráneos” aquellos excesos cometidos por la dirigencia sandinista y por la contrarrevolucionaria. Sobre esto Traverso (2007) habla de “memorias que borran otras memorias”.

El cuestionamiento de los episodios no tan gloriosos de la revolución podría conducir hacia un clima propicio, que no lo podemos imaginar ingenuamente sin conflictos ni unificado en cuanto a opiniones, que busque indagar las responsabilidades de esa dirigencia en el legado masivo de violencia. Ante este escenario es necesario asumir una “memoria contestataria” frente a la memoria oficial, autointeresada, como lo plantea Stern. Así será necesario “sinergias entre el estado y la sociedad, necesarias pero conflictivas, que surgen a partir de una transición democrática también significa una construcción de la memoria” (Stern, 2011, pp. 102, 105).

Si la autoatribuida democracia originaria del gobierno postrevolucionario, el de Violeta Chamorro, nació poniendo una lápida al pasado, justamente el dimensionamiento de ese pasado podría llevar hacia la conciencia de que esa violencia justificada y legitimada aún en periodos tan legítimos como el revolucionario, tiene que romperse. Romperse desde ese carácter institucional (Pollak, 2006) y contra ese “dominio estatal del pasado” (Traverso, 2007, p. 21). Cuestionar la todavía indeleble legitimidad internacional que la Revolución Popular Sandinista, como lugar de memoria tiene para Nicaragua, en el sentido de Nora, es fundamental para avanzar en la desactivación “de memorias fragmentadas, excluyentes y en conflicto sobre el pasado reciente” (Vannini, 2014, p. 86).

Por otro lado, el dimensionamiento social del legado de violencia, específicamente el revolucionario, podría poner de relieve, como ya dijimos antes, el papel de las élites “autoritarias”, tanto en la producción de la violencia sistemática que ha vivido el país. La cuestión de las élites es central en el avance de la reconfiguración de nuestra memoria colectiva, precisamente porque ellas han tenido un enorme peso en su modelación.

Sobre este aspecto particular, hemos propuesto en otro artículo que las élites, debidamente sometidas al reproche social activo y amplio, que ven en el conflicto violento la forma de iniciar y terminar sus pugnas, deberían ver en el Estado el espacio y en las reglas democráticas las reglas para una nueva reconfiguración de sus prácticas, basadas en una refundación política de las dinámicas interelitarias y como garantía de no repetición de la violencia (Ramírez-Ayérdiz, 2021, pp. 4-5)

La puesta en duda de la legitimación y naturalización de la violencia y la opción del perdón, mejor que la justicia, como mecanismos por los que actúan las élites para perdonarse, mediante sus pactos en los que negocian el poder no dentro del Estado sino al margen de él, es una tarea central de este dimensionamiento. Por otro lado, la propuesta de dimensionar la violencia reciente, especialmente la relacionada con la revolución, implica la emergencia de memorias y su democratización. En la Revolución el relato épico “encuadró” las memorias, la heroización de los caídos en la guerra de agresión y, como dijimos, arrinconó a la víctima innominada, actitud que se repetía desde los tiempos de la agresividad somocista.

La memoria no puede estatizarse, ni hacer una preferencia por un tipo específico de víctimas. De hecho, el dimensionamiento hacia el dolor, la tortura, las desapariciones, las violaciones, los asesinatos de aquellos que “nada” tenían que ver con la guerra, por ejemplo, podría tener un efecto pedagógico de rechazo social hacia la violencia, pero también de conciencia y reproche contra la violencia bélica por muy legítima que esta haya sido para el gobierno revolucionario,. La preeminencia del héroe y el mártir guerrilleros, de alguna forma también explica por qué la sociedad nicaragüense ha preferido el acompañamiento de repertorios de perdón y olvido mejores que de justicia, reparación y verdad. Sin embargo, estos deben ser rotos.

Ahora bien, si continuamos sosteniendo con nuestra propuesta de que la falta de estos repertorios que conforman nuestra propuesta dimensionadora de la violencia sucedida en los tiempos de la revolución está directamente conectada con la respuesta represiva del gobierno sandinista en 2018, afirmamos que la ausencia del conocimiento de los horrores pasados y su consciencia, es decir previos a “abril”, fue el gran ausente. En esto, específicamente nos referimos a cómo miles de civiles simpatizantes del Frente Sandinista se sumaron a la comisión de los crímenes de lesa humanidad.

La potencia discursiva de la pacificación como sepulturera de la violencia que promovió el gobierno posrevolucionario y continuó siendo sostenida incluso por el actual gobierno de Ortega da cuenta que este era un discurso sin efectos concretos hacia la población. Sin estar basado en la conciencia de los hechos, en los derechos humanos y la cultura de paz como elementos de no repetición de la violencia, los civiles parapoliciales ─paramilitares, como se les denomina en el país-paradójicamente siguieron de alguna manera el mandato elitario de sostener esa “paz” negociada en 1990, pero al costo de seguir ignorando, perpetrando las violaciones de derechos humanos cometidas en 2018 y negándolas, como hasta hoy, por el discurso oficial. Vannini (2014) expresa:

Es importante estudiar el impacto que los proyectos políticos antagónicos y excluyentes de los últimos treinta años, con sus correspondientes discursos y políticas de la memoria, han tenido en la educación y formación de las nuevas generaciones y la constitución de ciudadanías plenas (Vannini, 2014, p. 86).

Así, nosotros proponemos que incluso la noción misma de paz, en un país abundante en conflictos y turbulencias internas, también debe ser redimensionada y puesta en duda, pues pertenece a los encuadramientos mismos de la memoria dispuestas por las élites. No puede haber paz sin consciencia de no repetición.

7. Desafíos de la indagación del pasado frente a los discursos legitimados de “perdón”

Frente a tantas “cuestiones” de la memoria nicaragüense, podemos anotar algunos desafíos pendientes de la indagación del pasado reciente, en el marco de los discursos legitimados de perdón. Por un lado, si bien en 2018 emergió un enorme sentido popular de rechazo contra la violencia gubernamental, entre otras razones, considerada injustificada por no encontrarnos en una guerra interelitaria y porque quien perpetró esta violencia es precisamente un gobierno cuyos delitos sistemáticos y generalizados los dirige contra los sectores populares sobre los que afirma estar legitimados. Aún así, el discurso del perdón instalado por el gobierno transicional de 1990 aún está plenamente vigente.

Esa paradoja de rechazo a la violencia gubernamental de 2018, pero, al mismo tiempo, de aceptación del vacío discurso de pacificación más bien violenta de la posguerra, continúa latente. Consideramos que en algunos escenarios la población podría seguir justificando todavía el uso de la violencia generalizada, sobre todo cuando esta es producto de élites enfrentadas. Adicionalmente, ante la inminente necesidad, ante el vacío de una tramitación activa del pasado mediada por el Estado, por ejemplo, mediante una comisión de la verdad esta paradoja que advertimos tendría efectos negativos sobre los resultados de la misma comisión y de la verdad que busque relevar.

La rebelión de abril de 2018 hizo también emerger nuevos y viejos rostros de la sociedad civil endeble y desarticulada en 1990 para exigir medidas de justicia, verdad y reparación-, pero también caras de los familiares de víctimas ejecutadas por las fuerzas policiales y paramilitares, de los heridos en las protestas, de presos políticos entre otras, que exigen, junto a una amplia y ancha base de organizaciones de distinto tipo, incluyendo al empresariado, justicia, verdad y reparación por la represión estatal en plena vigencia desde 2018. Sin embargo, tanto las organizaciones y en especial, en este año electoral, cuando los precandidatos presidenciales, por ahora casi todos puestos bajo prisión por el gobierno de Ortega refirieron a la indagación del pasado, no demostraron un acuerdo respecto desde cuál sería el inicio del mandato temporal de los trabajos de una comisión de la verdad.

Esta ausencia de acuerdo da cuenta de la vigencia plena de los repertorios instalados por las élites en el periodo inmediatamente posrevolucionario que era mejor no hurgar el pasado para preservar la paz. Sin embargo, nosotros consideramos que, si el dimensionamiento de la verdad desde una comisión estatal se limita a los hechos posteriores a 2018, el legado masivo de violencia al menos desde el inicio de la Revolución quedaría legitimado y su cuestionamiento, postergado una vez más, incluidas sus víctimas, sus historias, los hechos, la sistematicidad de los crímenes y de los excesos tanto de la guerra como de la gestión gubernamental revolucionaria.

8. Conclusiones

Finalmente, otros dilemas se presentan en cuanto a la búsqueda de la construcción de una memoria más democrática y redimensionada. Las relaciones con el Caribe nicaragüense han permanecido en tensión constante desde su anexión forzada en 1894 y se han caracterizado por su violencia sistemática ejercida desde el Estado.

El Caribe, a diferencia del Pacífico y el Centro colonizados por los españoles, estuvo bajo influencia inglesa, multilingüe (sobre todo inglés y miskito) y, por tanto, los desequilibrios culturales, religiosos e históricos, además de ser esta región la más rica del país, han creado a un país con dos visiones fundantes de su propia memoria colectiva, prevaleciendo la de los grupos blancos que gobiernan desde el Pacífico. De hecho, como se mencionó en otra parte del escrito, uno de los episodios no tan gloriosos del gobierno revolucionario fue la “Navidad Roja”, un desplazamiento forzado que incluyó ejecuciones extrajudiciales contra indígenas miskitos en el Caribe que aún no ha sido reconocido formalmente por el Estado, pero por el que el gobierno revolucionario sí dictó un decreto de amnistía en 1983 (CIDH, 1983; Pérez-Baltodano, pp. 651-656).

Otros grupos quedan pendientes de ser visibilizados en una posible construcción democrática en estos trabajos necesarios de dimensionamiento de la memoria nicaragüense y que han sido víctimas de la violencia política, sea inter elitaria o estatal. Entre estos, el campesinado, poblaciones dilectas de los abusos y violaciones cometidas en tiempos de conflictos; las personas pertenecientes a pueblos indígenas en el Pacífico y Centro del país, regiones donde las élites intelectuales instalaron la idea de que Nicaragua es un país “mestizo” (Téllez Argüello, 1999).

Los grupos LGBTIQ están arrinconados por el abordaje conservador de los derechos sexuales y reproductivos y que por años estuvieron criminalizados bajo el delito de “sodomía” (CEJIL, 2013). El enfrentamiento nicaragüense con su pasado tiene tantas aristas para revisar, pero el común denominador para empezar es el de una violencia que parece no estar socialmente rechazada ni deslegitimada.

Referencias bibliográficas

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Notas

Notas de autor

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