Introducción

El progreso social como categoría de análisis socioeconómico de los países, aunque es relativamente nueva, ha integrado múltiples esfuerzos teóricos y de la praxis social en todas partes del mundo. Los inicios de la categoría se hallan en el trabajo de las Naciones Unidas por mejorar las condiciones sociales de las naciones, en especial aquellos clasificados como países en desarrollo. Así mismo, ha incursionado en el ámbito académico logrando diferentes perspectivas teóricas y el desarrollo de instrumentos estadísticos al servicio de la planeación territorial.

Por el carácter multisectorial que implica lo social, estos han sido construidos bajo la perspectiva que permite observar la evolución del nivel y la calidad de vida de la población, como un efecto de las políticas socioeconómicas de los gobiernos, que se expresan en las protecciones sociales, por lo que se definen como instrumentos de evaluación de procesos.

1. El progreso social como apuesta internacional

Es ampliamente sabido que para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el progreso social es uno de los pilares de la entidad para garantizar el mejoramiento de la vida de todas las personas (ONU, s.f.). No obstante, hoy reconocemos en este contexto que el progreso social no tiene una definición clara como categoría para el análisis. Para la ONU, principal referente en temas relacionados con la categoría que aquí nos ocupa, se trata de un problema relacionado con la vida, con la dignidad de los individuos y es definido en la práctica a través de elementos diversos como educación, salud, vivienda, alimentación, asistencia a la niñez, integración social, y acceso a la ciencia, la cultura y las telecomunicaciones. Pero ¿cómo llegó a situarse el progreso social como un objetivo de las Naciones Unidas?

Con la intención de arbitrar los conflictos entre naciones y evitar una nueva confrontación como la de 1939-1945, las potencias aliadas decidieron crear la ONU. La primera conferencia de San Francisco, el 25 de abril de 1945, da origen a esta organización por medio de la firma de la Carta de las Naciones Unidas, avala- da por 51 países, aunque en la actualidad hacen parte de la organización 192 países (Castillo y Bou Franch, 2008).

El objetivo central de la Organización ha venido siendo la paz y proteger los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas, tal como se puede deducir de sus propósitos (ONU, 2017), no era como tal un documento dedicado a este tema; básicamente su función era establecer las razones de la Organización y delimitar las funciones del ente como institución de cooperación internacional.

La Carta, de hecho, conceptualizó la paz no solo como la regulación no violenta de los conflictos, sino como el resultado de un salto global hacia adelante. La violencia estalla cuando se bloquea el progre- so. Esa fue la conclusión que los poderes victoriosos extrajeron de la experiencia pasada de la depresión económica y el totalitarismo resultante (…). El proyecto para desterrar la violencia y la guerra de la faz de la tierra estaba claramente relacionado con la visión de la humanidad marchando hacia adelante y hacia arriba a lo largo del camino del progreso. La humanidad, el progreso y la paz han sido los pilares conceptuales para erigir el edificio en expansión de las organizaciones de la ONU. La idea de que tanto la humanidad como la paz se realizan a través del progreso / desarrollo es la expectativa incorporada en su estructura. La misión de la ONU depende de la fe en el progreso. (Sachs, 2015, p. 112)

El primer paso para actuar en pro de los derechos humanos se da en 1946, cuando el Consejo Económico y Social (ECOSOC), entidad de las Naciones Unidas, crea la Comisión de Derechos Humanos, encargada de la redacción de una carta general sobre derechos humanos, que hará su aparición en 1948 como la Declaración Universal de Los Derechos Humanos, aprobada por 48 votos de los 58 miembros de ese momento. El objetivo primordial del documento era dotar al derecho positivo de todas las naciones del mundo de un parámetro para regular la convivencia, basando las relaciones en el respeto a la vida y la dignidad humana. Pero ese documento solo sería el paso inicial para buscar el respeto de la vida humana y la aceptación universal de los derechos.

En adelante, la ONU aprobó más documentos para salvaguardar los derechos, extendiendo la Declaración de los Derechos Humanos. Los más importantes serán el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Estos pactos en realidad surgieron inmediatamente después de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el fin de buscar la forma de afianzar la Declaración, positivar los derechos humanos, y lograr la aceptación universal en las constituciones de todos los Estados, por medio de la sistematización de los derechos y deberes. Pero la idea no se concretó hasta 1966 cuando las Naciones Unidas aprobaron ambos pactos en la Asamblea General, siendo firmados por todos los Estados miembros (Castillo y Bou Franch, 2008).

En las últimas décadas, gracias a la labor de las Naciones Unidas, los derechos humanos adquirieron un valor universal, y, así sean acciones retóricas, los Estados nacionales han adoptado los derechos humanos dentro de las políticas de gobierno; estos derechos se han convertido en elementos centrales de las relaciones internacionales. La ONU ha ido creando estamentos para la protección de los derechos humanos, como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la UNICEF, creada luego de la firma de los derechos del niño en 1963. A las Naciones Unidas se le han sumado en los últimos años un grupo de organizaciones no gubernamentales que se han dado a la tarea de velar por que los derechos humanos sean respetados por los Estados nacionales, sobre todo en zonas conflictivas; organizaciones tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch a nivel internacional, y a nivel regional han surgido también un cierto número de grupos cuyo objetivo radica en vigilar la situación de los derechos en aspectos como la libertad de expresión, la educación, la libertad de prensa, entre otros.

Ahora bien, la ONU aceptó en 1969 que en los últimos años había descuidado la cuestión social, y que esa cuestión enfrenta duros retos por el proceso de globalización, en medio del cual se ha visto aumentar la inequidad. La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (ONU, 1969) pone de presente la necesidad de garantizar la vida digna y el disfrute del progreso social como uno de los principios del derecho. Por esta razón, establece que es preciso eliminar toda forma de desigualdad y explotación, así como garantizar el ejercicio cabal de los derechos civiles y políticos, y de los derechos económicos, sociales y culturales. Para el cumplimiento de estos preceptos normativos la declaración establece como condición propender por el crecimiento económico y su equitativa distribución.

Aparte del debate por la definición y modos del progreso social se encuentran apuestas unilaterales. En 1972, el rey de Bután, Jigme Singye Wangchuck, propuso el Índice de Felicidad Nacional Bruta o Felicidad Interna Bruta, como una metodología para determinar el nivel de vida más allá del consumo, basándose en la felicidad, la salud y el bienestar como elementos fundamentales. Este índice representa un equilibrio entre las necesidades físicas, espirituales, materiales y sociales de los individuos para alcanzar la felicidad como un fin colectivo (Sithey, Thow y Li, 2015).

Técnicamente, el índice no se calcula de forma cuantitativa, sino a partir de información obtenida con base en la evaluación de nueve dimensiones y se establece una ponderación (GNH Center, s.f.): 1) Bienestar psicológico, 2) Uso del tiempo, 3) Vitalidad de la comunidad, 4) Diversidad cultural, 5) Salud, 6) Educación, 7) Diversidad medioambiental, 8) Nivel de vida, y 9) Buen gobierno.

En 1976 la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el empleo, la distribución del ingreso y el Progreso Social introdujo el “enfoque de necesidades básicas” que establecía un nivel mínimo de bienestar aplicable para todos los países. De esta forma se daba respuesta desde el Organismo Internacional a la necesidad de establecer una medición de los objetivos sociales del desarrollo (Sachs, 2015).

En la década de 1990, luego de las crisis económicas de originados en los setentas y cambios en los modelos económicos proteccionistas, la política internacional retomó el debate por la cuestión social. De esta forma se retoma la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo social, impulsando una serie de conferencias sobre temas relacionados con el progreso social, que van a permitir nuevos instrumentos de medición sobre la evolución del progreso y desarrollo social.

Además, la Asamblea General de la ONU examina quinquenalmente el desarrollo que se ha alcanzado en cuanto a la aplicación de las medidas adoptadas en las conferencias de población y desarrollo (1999), la mujer (2000), el progreso social (2000), los asentamientos humanos (2001), los niños (2002), la alimentación (2002) y el desarrollo sostenible (2002).

Pero, más allá de los esfuerzos generales de la ONU en cuanto al progreso social, esta organización reconoce que no es posible definir el resultado de dicha categoría e imponerlo a todas las naciones que componen la organización. La ONU afirma que el progreso social no es problema limitado a los países en desarrollo, sino que incumbe también a las naciones desarrolladas. Sin embargo, en la Cumbre Mundial sobre Progreso Social, llevada a cabo en Copenhague en 1995, las naciones allí reunidas acordaron que el progreso social es un tema que se debe abordar desde cada realidad social, ya que imponer estándares homogéneos al respecto “habría sido imposible a la luz de las grandes diferencias históricas, culturales y políticas entre los países” (ONU, 1995, pp. 2-3). Lo que en cambio se hizo fue identificar tres elementos del progreso social esenciales que afectan a todos los países: la pobreza, el empleo productivo y la integración social (ONU, 1995, p. 2). Así mismo, estableció una lista de compromisos que contienen “elementos considerados cruciales para alcanzar un desarrollo humano sostenible” (ONU, 1995, p. 3).

En este ánimo de las Naciones Unidas de construir un sistema de orientaciones de política que supere el discurso económico clásico y su propuesta de medición del desarrollo del PIB, aparece con Sen a principio de los años noventa, la idea de desarrollo humano (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2015). Dicha idea de desarrollo humano se fundamenta en la noción de individuo como unidad del desarrollo, en la construcción de oportunidades como modificación del entorno económico para lograr sus propósitos, los cuales se expresan como: mejorar las capacidades humanas y ampliar las oportunidades para el desarrollo humano.

Es en este marco donde se suscribe el concepto de seguridad humana desarrollado en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1994, y es definido como “una preocupación por la vida y la dignidad humana” (PNUD, 1994, p. 25), el cual plantea una superación de toda noción de seguridad asociada a la defensa, al ámbito policivo, militar o jurídico, u otro limitado a una dimensión social. Se propone una observación holística de la seguridad que asuma todas las dimensiones de lo humano, sin que se pueda equiparar al desarrollo humano, pues este “es un concepto más amplio, definido en anteriores Informes sobre Desarrollo Humano como un proceso de ampliación de la gama de opciones de que dispone la gente” (PNUD, 1994, p. 26).

La propuesta permite identificar la seguridad humana a partir de indicadores de observación que muestren el estado de sus siete ámbitos de seguridad principales: económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, personal, de la comunidad y política.

Sobre la evolución de esta tradición que tiene sus orígenes en Naciones Unidas y que pretende darle mayor contenido social a los análisis del liberalismo clásico, se han desarrollado diferentes propuestas de medición del progreso social. Si seguimos con los desarrollos teóricos de Sen y Nussbaum encontraremos el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que se propone medir el impacto de las políticas en términos del desarrollo humano, el cual:

tiene que ver con las libertades humanas: la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana –no solo el de unas pocas ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta– ahora y en el futuro. Esta dimensión universal es lo que confiere al enfoque del desarrollo humano su singularidad. (PNUD, 2016, p. iii)

Este indicador sintético, propuesto por los economistas Mahbub ul Haq y Amartya Sen para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1990, es una medida que se creó para responder a la necesidad de determinar el nivel de desarrollo de las capacidades humanas de todas las personas, más allá del progreso económico, a partir de las siguientes variables: 1) Una vida larga y saludable medida por la esperanza de vida al nacer: promedio de edad de las personas fallecidas en un año; 2) Adquisición de conocimientos de- terminada por el nivel de escolaridad: años promedio y años esperados de escolaridad; y 3) Nivel de vida digno calculado con el ingreso nacional bruto per cápita (PNUD, 2018, p. 1).

Es preciso advertir que este índice contiene un límite evidenciado en los últimos planteamientos de Nussbaum y más específicamente en la comisión Sarkozy:

El IDH simplifica y refleja solo una parte de lo que entraña el desarrollo humano, ya que no contempla las desigualdades, la pobreza, la seguridad humana ni el empoderamiento. La Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano (OIDH) ofrece los demás índices compuestos como una representación más amplia de algunas de las principales cuestiones del desarrollo humano, la desigualdad, la disparidad entre los géneros y la pobreza humana (PNUD, s.f., párr. 3)¹.

Al respecto, se han desarrollado otras propuestas que facilitan, desde esta perspectiva liberal de medición, la comprensión del estado del progreso social como una relación de satisfacción individual en diferentes dimensiones de lo social. Por un lado, el Índice de Pobreza Humana (PNUD, 2001) fue presentado por la ONU en el Informe de Desarrollo Humano de 1997, como un indicador del nivel de vida medido en términos de las privaciones de oportunidades y capacidades humanas que limitan el desarrollo. Tiene como objetivo determinar un nivel agregado de pobreza en una población dadas las privaciones de los componentes básicos de la vida humana, establecidos previamente en el IDH. Para ello se consideran tres aspectos básicos de la privación: supervivencia, conocimientos y nivel de vida digno, los cuales representan las variables que corresponden a los países en desarrollo para los que se calcula el IPH-1; así como para algunos países desarrollados miembros de la OCDE se mide el IPH-2, que además incluye la exclusión social².

También se desarrolló el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), por parte de la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) para la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano (OIDH), como una nueva forma de medir la pobreza desde una perspectiva multidimensional, que reemplaza ahora al índice anteriormente explicado. El carácter multidimensional de este indicador implica medir el nivel de pobreza en términos no solo económicos, sino teniendo en cuenta parámetros como la salud, la educación y el nivel de vida, con el fin de identificar las carencias de los hogares y así realizar una distribución de re- cursos más eficiente. Para obtener los datos, se realizan encuestas en todos los hogares, que incluyen los indicadores de las tres principales dimensiones (salud, educación y nivel de vida). Los diez componentes que se evalúan son: nutrición, mortalidad infantil, años de escolaridad, asistencia escolar, combustible para cocinar, saneamiento, agua potable, electricidad, vivienda y activos (PNUD, 2018).

Asimismo, en 2005 la Economist Intelligence Unit desarrolló un Índice de Calidad de Vida basado tan- to en encuestas subjetivas de satisfacción como con medidas objetivas de calidad de vida en los países. Este indicador pretende medir el nivel de calidad de vida de un país a través de la información obtenida acerca de los hogares y de determinantes más generales del país.

Por otra parte, el equipo orientado por Michael Green crea del Índice de Progreso Social (IPS) (Social Progress Imperative, s.f.) –apropiado por la Red de Desarrollo Social para su aplicación en Colombia– el cual integra la observación de necesidades básicas humanas (nutrición y cuidados médicos básicos; agua y saneamiento; vivienda; seguridad personal), la medición del bienestar (acceso a conocimientos básicos, acceso a la información y a las comunicaciones, salud y bienestar, sostenibilidad del ecosistema), y de las oportunidades (derechos personales, libertad personal y de elección, tolerancia e inclusión, acceso a educación superior) (Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos [RCCCV], 2016). Este comprende el progreso dentro de los límites de la categoría sociológica de calidad de vida. Así, parte de la definición de progreso social como “la capacidad de un país para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, establecer bases sólidas que permitan mejorar su calidad de vida, y crear condiciones adecuadas para que todos los individuos y comunidades alcancen su máximo potencial” (RCCCV, 2016).

Otra propuesta ampliamente reconocida fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015 (ODM), originados en septiembre del año 2000 cuando se adoptó la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas. En este documento se establecieron compromisos para reducir la pobreza extrema y mejorar las condiciones de vida de la población mundial a través de diferentes estrategias e iniciativas.

Posteriormente, en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible llevada a cabo en el año 2012, se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en reemplazo de los ODM. El enfoque de estos objetivos sigue los lineamientos de los anteriores, pero amplía el campo de acción en función de los problemas ambientales, políticos y económicos que enfrenta el mundo actualmente. Los ODS se establecieron como un conjunto de 17 compromisos que buscan contribuir a la construcción de un mundo próspero, sostenible y seguro para toda la población.

Estos procesos políticos internacionales dan cuenta de una necesidad de indagar por un concepto y una metodología que ofrezcan soluciones sobre la determinación de los referentes analíticos de las protecciones sociales dentro de los estándares de la normatividad internacional de Derechos Humanos y, por tanto, de su forma de medición para la evaluación de las políticas públicas.

La característica de todas estas mediciones convencionales del progreso social y objetivos del desarrollo es que se realizan por medio de indicadores sectoriales que observan la sociedad como la sumatoria de individuos, desapareciendo la estructura social y el modo de vida como realidad misma de lo social. De esta forma, los indicadores en general, haciendo énfasis en diferentes aspectos de la vida social de los individuos, van a orientar la observación en el logro o no de metas sociales que describen el bienestar de los individuos, convirtiéndose, por ende, en indicadores sectoriales de proceso o resultado de las protecciones sociales liberales.

Observaciones críticas a la medición del progreso social

De cara a esta evidencia, es que se planteó desde la Comisión sobre la medición del desarrollo y el progreso social el reto de investigar “sobre el perfeccionamiento de mejores instrumentos de medida que nos permitirán evaluar mejor los resultados económicos y el progreso social” (Stiglitz et al., 2009, p. 17). La importancia de los indicadores estadísticos para los gobiernos nacionales radica en poder orientar sus políticas en función de sus objetivos, entre los que se encuentra el progreso. En este sentido Stiglitz et al. (2009), en el informe de la Comisión afirman que “lo que se mide tiene una incidencia en lo que se hace: pero si las mediciones son defectuosas, las decisiones son inadaptadas” (p. 4). Este informe evidencia los límites de los indicadores convencionales. Revisando los datos de los países desarrollados, no cabe duda de que sus gobiernos se han servido del PIB como instrumento de medición del desarrollo y han trabajado por el acelerado crecimiento económico que gozan. Ocurre de igual modo con indicadores como educación, salud y otros indicadores sociales, que han orientado el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de estos países. Esto ha conllevado a que hoy exista una preocupación por el medio ambiente, por las condiciones de igualdad de género, por la desigualdad del ingreso y otras características sociales –demandadas por la Comisión–, y que han encontrado eco en los ODS, permitiendo avances en estas áreas específicas.

Sin embargo, realidades como la colombiana que involucran luchas sociales, entre otras circunstancias, siguen mostrando cierta distancia entre los resultados de los indicadores convencionales y la percepción de inseguridad o insatisfacción social de la población. De esta forma, siguen vigente algunas explicaciones de la Comisión que justifican la presente investigación:

1. 1. Es posible que los conceptos estadísticos sean adecuados, pero que el proceso de medición sea imperfecto.
2. 2. Además, existe un debate sobre la elección de los conceptos pertinentes y el uso adecuado de los conceptos.
3. 3. Es posible que las estadísticas empleadas habitualmente no reflejen determinados fenómenos que influyen cada vez más en el bienestar de los ciudadanos (Stiglitz et al.,2009, p. 5).

El presente análisis crítico sobre los indicadores convencionales de medición del impacto de las protecciones sociales (y la determinación del estado del progreso social) en Colombia entre el año 2000 y el 2018 muestra que estos instrumentos tienen como objeto de observación de lo social a partir del consumo agregado de los individuos; una observación que se limita a determinar el estado del nivel y la calidad de vida en la población, dejando por fuera el análisis del estilo de vida, del género de vida y, en particular, del modo de vida3 (Zamora y García, 1988, pp. 66-67).

Esto constituye un componente determinante para el análisis de las protecciones sociales y la observación del progreso social, dado que es imposible para todo individualismo metodológico el poder observar o capturar el estado de la cohesión social o su ruptura, porque como forma de observar la realidad, tal enfoque liberal se orienta hacia la eficiencia del mercado como medio para lograr el bienestar de cada individuo, como un ser aislado (según sus presupuestos), y no es objeto de su indagación lo social, de modo estructural, como unidad de análisis.

Pero, ¿qué es el individuo?

Consiste en un estado peculiar de conciencia dentro de la fundamental sociedad, objetiva y subjetiva del hombre. La posición ontológica, que el hombre, en la medida en que es hombre, es un ente social que en cada acto de su vida, como quiera que lo refleje en su conciencia, siempre y sin excepción se realiza a sí mismo, y simultáneamente el eventual plano de desarrollo del género humano, aunque en las más diversas formas, no es una tesis inventada por Marx. Esta verdad fundamental fue repetida concreta y decididamente resaltada desde Aristóteles, hasta Goethe y Hegel. (Lukács, 2014, p. 190)

A los actuales instrumentos de medición les resulta imposible registrar el progreso social como desarrollo de la cohesión social, por lo que es preciso reorientar la observación y selección de los datos a partir del modo de vida para medirlo. Es así que se muestra la persistencia de procesos imperfectos de medición de los indicadores convencionales para observar dicho progreso social.

La ruptura de la cohesión social se manifiesta en el conflicto social, expresado en huelgas y paros, como hecho histórico de la insatisfacción de las expectativas sociales. Por esta razón, los resultados de la investigación pretenden superar la visión sectorial de progreso social que se fundamenta en la limitada observación social del liberalismo que no supera el utilitarismo, y que fundamenta su ethos en el principio de Bentham: “mayor bien para la mayoría”. El utilitarismo define que:

las acciones son correctas (right) en la medida con que tiendan a promover la felicidad, incorrectas (wrong) en cuanto tienden a producir lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad el placer y la ausencia de dolor; por infelicidad el dolor o ausencia de placer. (Mill, 2014, p. 60)

Así:

La práctica utilitaria inmediata y el sentido común correspondiente ponen a los hombres en condición de orientarse en el mundo, de familiarizarse con las cosas y manejarlas, pero no les proporciona una comprensión de las cosas y de la realidad. Por esta razón, Marx pudo escribir que, en el mundo de las formas fenoménicas, sustraídas de su concatenación interna y completamente incomprensibles en este aislamiento, quienes determinan efectivamente las condiciones sociales se encuentran a sus anchas, como pez en el agua. Para ellos no hay nada de misterioso en lo que es internamente contradictorio, y su juicio no se escandaliza lo más mínimo ante la inversión de lo racional y lo irracional. La actividad práctica a que se hace referencia en este contexto es una praxis históricamente determinada y unilateral, es la praxis fragmentaria de los individuos, basada en la división social del trabajo, en la división de clases y, en la creciente jerarquización de las posiciones sociales que ella deriva. En esta praxis, se forma tanto el ambiente como la atmósfera espiritual en la que la apariencia superficial de la realidad se fija como el mundo de la supuesta intimidad, de la confianza y la familiaridad, en el que el hombre se mueve ‘naturalmente’ y con el cual tiene algo que hacer cada día. (Kosík, 1967, pp. 26-27)

Esta ha sido la forma como se defiende una teoría hegemónica liberal de observación de la realidad, teoría que define la población uniformemente, sin división, sin clases, sin reparar la dinámica socioeconómica que la compone; un modo justificado en la ciencia pensada como “técnica”, desconociendo su teoría de la realidad está supeditada a su marco ideológico, que pretende objetividad bajo las pruebas empírico-ana- líticas que consuma sin contemplar que se está es una construcción abstracta (racional) cuyas pruebas se siguen de la interpretación sesgada, como ocurre en general en sociología. En esta condición se pueden observar los desarrollos por sociólogos como Comte, Durkheim y Weber pues no “se preocuparon por estudiar las contradicciones esenciales del capitalismo, sino que se limitaron a ojear algunas de sus manifestaciones externas, y sobre todo a proponer reformas que fortalecieran sus respectivas sociedades burguesas, que evitasen nuevas crisis sociopolíticas” (Gil, 2012, p. 25).

En términos generales, los indicadores convencionales se describen como observaciones del estado de la realidad a partir dos factores: 1) la delimitación de un parámetro que determina un nivel óptimo de la calidad de vida (de acuerdo con la teoría de cada indicador), y 2) la medición de la media poblacional. Es posible encontrar variaciones en las que el indicador es compuesto, en donde además en algunos se establecen pesos distintos para cada componente del indicador.

Los indicadores de medias poblacionales siguen la forma que se expresa en la figura 1. Estos indicadores de tendencia central esconden la dispersión de los datos, lo cual no deja ver, en términos coloquiales ‘qué tan bien están a los que bien les va, qué tan mal les va a los menos favorecidos’.

Siguiendo la figura 1, como representación teórica de los resultados de los indicadores convencionales de Calidad de Vida (CV), Pobreza Multidimensional (PM) y Desarrollo Humano (IDH), si se analizan las pendientes de las cotas y se confrontan con la de las medias de cada año, es posible encontrar que la pendiente A tiene un ángulo de inclinación mayor que la de B y esta última es mayor que la de C, siendo: α>β>θ.

Los indicadores que se construyen en función de parámetros establecen una valoración de la observación, de forma que orientan la observación de los fenómenos sociales en términos de la población que logra o no alcanzar el parámetro preestablecido. Sin embargo, igualmente esconden las distancias relativas entre grupos poblacionales, en otras palabras: esconden la desigualdad.

Es por esta razón que los resultados de los indicadores convencionales muestran un aumento de las condiciones materiales, siguiendo en su mayoría el parámetro utilitarista que esconde a los más beneficiados de la economía. Al fijarse sobre medias y calificar sobre condiciones mínimas, resulta evidente que no se plantea la necesidad de revisar la

Figura 1.

Distribución de los datos en el tiempo

Elaboración de los autores.

desigualdad estructural, por lo que esconde la realidad del aumento de las expectativas sociales. Así, estos indicadores no son capaces de leer el progreso social como cohesión social y su inverso en el conflicto social. Al cruzar la información con los datos de la lucha social y el número de personas detenidas aparece una contradicción.

Claramente no es un asunto que corresponde a la cohesión social, sino al aumento agregado de bienes y servicios dispuestos en los hogares. En este sentido, la salida del conflicto social no parece reducirse a la disminución de la pobreza, entendida esta como el punto más crítico de ausencia de prosperidad, que evidencia que con la disminución de la pobreza monetaria (en cualquiera de su mediciones y estándares) en Colombia, hay un aumento del conflicto social dado en las expresiones de lucha social y número de personas detenidas (tabla 1, figura 2).

Tabla 1

Correlaciones entre LSS y PD vs. P, PE y PM

Elaborado por los autores. Nota 1 P: pobreza; PE: pobreza extrema; PM: pobreza multidimensional; LSS: Lucha social y sindical; PD: número de personas detenidas.Datos tomados para cada caso de la siguiente manera: LSS: bases de datos del CINEP (2019); PD: datos del INPEC (2019a) y del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes (2019a); P, PE y PM: datos de Ocampo (2015, p. 356) DANE (2017), con actualización del Banco Mundial (2020)

Figura 2
Dispersión y tendencia de Tasa de incidencia de la pobreza, P, PE, LSS y PD
Elaboración propia.

Resulta teóricamente incomprensible esta conducta social más allá de establecerse una correlación discursiva. Al hacer una matriz de correlaciones entre los indicadores, se tienen comportamientos indirectos que podrían vincularse estadísticamente de forma causal sobre la base de argumentos espurios:

¿Por qué la medición de la pobreza resulta engañosa? La medición de condiciones materiales mínimas impide observar las causas de la ruptura de la cohesión social que no se manifiestan en conflicto social en sí, sino en sus efectos: en los individuos conforme con los parámetros dados en la definición misma de ‘mínimos’. Por esta razón, la contradicción que se puede leer en una posible relación entre pobreza monetaria y conflicto social, también se ha de encontrar en los resultados del indicador de pobreza multidimensional y en el de calidad de vida comparados con los resultados de la lucha social y el número de personas detenidas. Estos indicadores que observan ya no ingresos monetarios mínimos, sino condiciones medias también, lo hacen desde mínimos del bienestar siguiendo la teoría de Rawls.

Figura 3.

Dispersión y tendencia de datos normalizados de PM, LSS y PD

Elaboración propia.

El índice de pobreza multidimensional, que está compuesto por varios indicadores sectoriales, combina una serie de técnicas estadísticas, desde la calificación de una condición de mínimos por sectores socioeconómicos hasta una media aritmética. Considerando igualmente la diferenciación en términos de la importancia entre los sectores (desde la teoría que siguen) con pesos específicos para cada indicador (sectorial).

Los resultados para Colombia permiten afirmar que no hay diferencia en la relación dada entre los indicadores monetarios y los indicadores de calidad de vida como los de la pobreza multidimensional. Asimismo, ambos métodos de observación funcionan a modo de calificación sobre óptimos individuales, que en este caso se comprenden como mínimos, para observar el estado de la población total; y la observación hace referencia al principio rawlsiano de maximización de mínimos.

Más allá de que resulten indeterminables los mínimos del bienestar, como lo sugiere la crítica de Cohen (2004) a Rawls, la definición teórica de unos mínimos individuales que miden el bienestar no repara en que estos mínimos son una construcción social, y por tanto son dinámicos en cuanto que cambian con la evolución de las expectativas sociales.

Los valores referentes para cada indicador siempre están en constante movimiento conforme con la variación de las expectativas sociales, lo que supone nuevos estándares mínimos con el paso del tiempo.

La medición sobre óptimos poblacionales está referida al condicionante del bienestar en función de los menos favorecidos del capitalismo, pero deja un punto ciego en la observación de las más favorecidos, que, como se puede observar, no se mide. Por otra parte, encontramos el IDH que, siguiendo pará- metros de mínimos individuales sobre la educación, el ingreso y la esperanza de vida al nacer, describe la realidad de la población en relación, evaluando el estado de los individuos en estos tres aspectos, y los resultados son valorados conforme con un rankinginternacional sobre el cual se definen de forma empírica, niveles altos, medio y bajos de desarrollo humano. Los resultados muestran igualmente una evolución del indicador en Colombia.

Figura 4.

Dispersión y tendencia de datos de indicadores convencionales

Elaboración propia. Datos tomados de Ocampo (2015, p. 356), DANE (2017), con actualización del Banco Mundial (2020).

En consecuencia, resulta evidente que en Colombia hay un aumento de las condiciones sociales y que en general, la población más vulnerable viene mejorando la calidad de vida. Sin embargo, en todas también vemos la contradicción fáctica entre a) el fenómeno que cada indicador describe como aumento del progreso social y b) el fenómeno del conflicto social dado en el aumento de la lucha social y el número de personas detenidas.

Los resultados muestran que los indicadores observan una parte de la realidad frente a mínimos sociales (cualesquiera que sean) observados a partir de medias poblacionales; no obstante, no se puede entender como un aumento del progreso social, dado que en términos fácticos la lucha social y el delito son expresiones de la ruptura de la cohesión social, lo que en últimas resulta siendo expresión del progreso mismo.

Figura 5.

Dispersión y tendencia de datos de indicadores convencionales

Elaboración propia.

Al hacer un análisis de correlaciones entre los indicadores convencionales se encuentra que todos estos indicadores muestran una igualdad en la evolución en las condiciones socioeconómicas de los individuos en Colombia. De esta forma, si bien cada indicador muestra una característica particular de las condiciones de los individuos, resulta consistente que Colombia ha mostrado un avance positivo en el aumento del nivel y la calidad de vida de los individuos desde una perspectiva agregada, por lo que cualquier indicador es suficiente para ilustrar dicho avance. A continuación, se presentan en la tabla 2 y figuras subsiguientes, las correlaciones entre estos indicadores:

Tabla 2.
Correlación entre los datos de indicadores convencionales
Elaboración propia.

Así, siendo el Producto Interno Bruto (PIB) un indicador que se comporta de forma coherente con los indicadores de pobreza y calidad de vida antes mencionados, al contrastarlo con la lucha social y el número de personas detenidas encontramos los mismos resultados dados con estos indicadores convencionales:

Figura 6.

Dispersión y tendencia de datos de indicadores LSS, PD y PIB

Elaboración propia.

No podemos concluir que el aumento del PIB (de la riqueza interna del país) sea determinante del aumento del conflicto social. La ruptura de la cohesión social se produce, entre otras situaciones, porque dicho aumento de la riqueza se ha desarrollado sobre el aumento de las brechas socioeconómicas, la diferencia cada vez mayor y completamente palpable entre la renta de los trabajadores y los beneficios de los capitalistas: se trata de un asunto de desigualdades.

Al respecto, es posible encontrar otro indicador convencional que no está puesto en la lectura de estándares alrededor de bienes y servicios mínimos para el bienestar de los individuos, y que en cambio sí observa la desigualdad. Se trata del Gini de ingresos, que toma los registros de los ingresos de los individuos para establecer el grado de concentración de la riqueza. Como la dificultad de este indicador es que la riqueza en términos económicos no se limita al ingreso (salarios, bonificaciones, rentas, otros), entonces hallamos una dificultad: una parte de las utilidades de las empresas y el valor mismo de ellas no es tomada por el indicador, más allá de lo estadísticamente improbable que se tome la población más rica del país (los dueños de las grandes empresas nacionales o partícipes de empresas transnacionales) por medio de las encuestas sociodemográficas.

Por tanto, el Gini logra definir el grado de concentración de la riqueza de los trabajadores y pequeños empresarios. Este indicador pone en evidencia una situación de todos los indicadores construidos bajo información suministrada por encuestas (o muestras poblacionales): el límite estadístico para capturar las rentas de los grandes capitalistas expresa metodológicamente la captura de una realidad parcial.

El Gini, que se centra fundamentalmente en la distribución del ingreso de los trabajadores (más cuando solo se estudian los salarios) y algunos pequeños rentistas, empresarios o productores, tiene una dificultad al no permitir evidenciar “qué grupos sociales están detrás de tal o cual variación del indicador a lo largo del tiempo o entre países” (Piketty, 2019, p. 788). De esta forma, esconde la realidad de la división de clases sociales que supone un desequilibrio socioeconómico tendiente a la concentración de la riqueza.

Figura 7.

Dispersión y tendencia de datos de indicadores LSS, PD y Gini.

Elaboración propia.

En consecuencia, se puede afirmar que las aproximaciones a la realidad que se fundamentan en estos indicadores convencionales son parciales, e igualmente que sus conclusiones frente a la determinación del progreso social no parten de los condicionantes de la división de clases en dicha realidad; son indicadores que “permiten ocultar las debilidades (incluso el carácter totalmente aberrante) de los datos subyacentes, o al menos correr un tupido velo de limitaciones” (Piketty, 2019, p. 788).

Hacia un giro epistemológico y técnico de la medición del progreso social

Hemos visto en el comportamiento de los indicadores de pobreza y pobreza extrema que Colombia muestra una evolución positiva, dejando ver los resultados de las políticas sociales, las cuales en el país están focalizadas hacia la población más vulnerable socioeconómicamente. De esta forma, los indicadores sensibles a esta realidad parecerían mostrar ciertos logros de gobierno en la materia. Sin embargo, es necesario reparar en la forma cómo se observa y analiza lo social, lo cual significa examinar su pretensión de verdad. De lo que se sigue que no toda medición de aspectos o características sociales se pueda entender como una observación adecuada de lo social, o que se fundamente en la verdad que define lo social.

En este sentido, es menester determinar las categorías estructurales de aquello que concebimos como lo social, observar la cohesión social, qué es lo que genera unidad o cuerpo social, describir la forma cómo la sociedad (y por tanto los individuos) consiguen una vida, es decir, su modo de producción; para así evitar el engaño de las observaciones del mercado, no poner el foco en las transacciones comerciales de bienes y ser- vicios bajo el imaginario de la propiedad privada, que no es otra cosa que el nivel de apropiación de la fuerza de trabajo individual, lo que Marx llama el paraíso de los derechos del hombre de 1789. En la compra y venta de la fuerza de trabajo:

Solo reinan la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham. La libertad, pues el comprador y el vendedor de una mercancía, de la fuerza de trabajo, no obedece a más ley que la de su libre voluntad. Contratan como hombres libres e iguales ante la ley. El contrato es el resultado final en que sus voluntades cobran una expresión jurídica común. La igualdad, pues compradores y vendedores solo contratan como poseedores de mercancía, cambiando equivalente por equivalente. La propiedad, pues cada cual dispone y solamente puede disponer de lo que es suyo. Y Bentham, pues a cuantos intervienen en estos actos solo los mueve el interés. La única fuerza que los une y los pone en relación es la fuerza de su egoísmo, de su provecho personal, de su interés privado. Precisamente por eso, porque cada cual cuida solamente de sí y ninguno vela por los demás, contribuyen todos ellos, gracias a una armonía preestablecida de las cosas o bajo los auspicios de una providencia omniastuta, a realizar la obra de su provecho mutuo, de su conveniencia colectiva, de su interés social.

Al abandonar esta órbita de la circulación simple o cambio de mercancía, donde el librecambista vulgaris va a buscar las ideas, los conceptos y los criterios para enjuiciar la sociedad del capital y del trabajo asalariado, parece como si cambiase algo la fisonomía de los personajes de nuestro drama. El antiguo poseedor del dinero abre la marcha convertida en capitalista, y tras él vine el poseedor de la fuerza de trabajo, transformado en obrero suyo; aquel, pisando recio y sonriendo desdeñoso, todo ajetreado; éste, tímido y receloso, de mala gana, como quien va a vender su propia pelleja y sabe la suerte que le guarda: que se la curtan. (Marx, 2001, pp. 128-129).

Es preciso admitir que

la población es una abstracción, si dejo de lado, por ejemplo, las clases que la conforman. Y, a su vez, estas clases son una palabra vacua si no conozco los elementos sobre los que descansa, por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. (Marx, 1985, p. 15)

De esta forma, los indicadores del progreso social deben asumir la estructura socioeconómica y dinámica de la población, porque la medición de lo social, del impacto de las protecciones sociales, ha de comprender la cohesión social como la forma de evaluación del modo de vida.

No se puede concebir la población como unidad dada cuando esta se encuentra dividida en clases, y expresada como “trabajo asalariado y capital, los cuales están compuestos a su vez por otros como son el cambio de mercancía, la división del trabajo, los precios” (de la Garza, 2012, p. 31). De manera que esta investigación con- duce metodológicamente a definir lo concreto como “síntesis de muchas determinaciones, por lo tanto, unidad de lo múltiple. El pensamiento aparece, por tanto, como proceso de síntesis, como resultado y como punto de partida” (Marx, 1985, p. 15), por lo que es preciso ahondar por los conceptos más simples que definen a la población, lo que sería la observación del progreso social definido a partir de la pretensión de lo social, estableciendo qué es lo social y qué lo configura, partiendo del trabajo asalariado como realidad económica constitutiva de la Modernidad sobre la cual se construye esta noción, para de esta forma registrar su alcance en casos empíricos.

La idea del mérito y movilidad social que instaura el capitalismo moderno, por una parte, supone el imaginario en el que el trabajo es condición para que una persona pueda alcanzar a la clase social privilegiada económicamente (dueña de los medios de producción), por otra, ubica las expectativas sociales en las condiciones socioeconómicas de dichas clases, definidas por Veblen como clase ociosa (2000, p. 64), que incluye a la clase ociosa subsidiaria⁴ como referente social.

Por tanto, lo deseable socialmente está en reproducir el papel que estas clases juegan en el modo de vida actual como fin último del trabajo. Esta condición, en función del imaginario de alcanzar las condiciones más o menos cercanas dentro de la representación de la escalera progresiva del nivel y calidad de vida; escalera definida por la idea capitalista de Modernidad, escalera que supone un acto frenético de la sociedad por tender hacia el punto más alto de las expectativas sociales, que jalona el consumo y la distribución del uso del tiempo de la población hacia el modelo social de consumo más alto en la estructura social.

De esta forma, la medición debe propender por definir las condiciones de la población con ingresos más altos, que son quienes van determinando las expectativas sociales; de tal forma que se pueda establecer la condición media del decil con ingresos más altos de la población (decil 10), y con ella, se pueda comparar la condición media de la población, que representan las posibilidades de satisfacción social, para así distinguir la distancia existente entre ambos puntos como la privación relativa. En tanto la medición consigue esta distinción, responde a la necesidad de poner en evidencia las actuales condiciones de la desigualdad socioeconómica y supera la ausencia de “indicadores inteligibles elaborados a partir de fuentes fiables y sistemáticas [que proporcionen las evidencias para establecer las bases de] un debate sereno a nivel nacional, regional y, sobre todo, mundial” (Piketty, 2019, p. 785).

Al observar los resultados de los indicadores convencionales de nivel y calidad de vida, así como los del conflicto social (de personas detenidas y lucha social), cabe el supuesto que expresa que dicho referente social que establece las expectativas populares (que se puede reducir conforme con la información que ofrecen las encuestas socioeconómicas oficiales al decil más rico, pues es imposible estadísticamente capturar el percentil más rico de Colombia) debe tener una evolución mayor en relación con la población total en el mejoramiento de las condiciones materiales que generan seguridad ontológica.

En consecuencia, se establecerá una comparación entre los compartimientos históricos entre las condiciones del decil 10 y la media poblacional en términos de pendiente, esperando que, si el conflicto social es creciente, la pendiente de D (Tasa del decil 10) tiene un ángulo de inclinación mayor al ángulo de inclinación de la pendiente de B (Tasa poblacional) como lo muestra la figura 8, siendo: δ>β.

Así, la estructura de medición de la relación entre expectativas sociales y posibilidades de satisfacción se define a partir de la medida de las condiciones materiales de la parte de la población que establece dichas expectativas y la media de las condiciones materiales de la población en general. Lo que en términos empíricos supondría un aumento de la privación relativa producto de un mayor crecimiento de las expectativas sociales en comparación con el crecimiento de las posibilidades de satisfacción.

Figura 8.

Relación entre tendencias de las medias de D y B

Elaboración de los autores.Nota D: Tasa del decil 10; B: Tasa poblacional.

Comprendiendo la desigualdad como una condición presente, este aumento de la privación relativa dada entre las distancias entre la curva D y la curva B (expresadas en la gráfica anterior), debe comprenderse como la condición por la cual se expresa el conflicto social; de tal forma que se espera que los indicadores del progreso social al ser coherentes con los resultados (fácticos) de la lucha social y del delito, muestren un ángulo descendente (o ascendente si se mira como el estado de la privación relativa) dejando ver la ruptura de la cohesión social manifiesta en dicho conflicto social.

Conclusión

La evolución de los diferentes indicadores convencionales del progreso social en países como Colombia, presentan grandes inconvenientes para explicar el conflicto social como expresión de la insatisfacción de las expectativas sociales dadas en las condiciones socioeconómicas de la porción más rica de la población. La medición del progreso social reclama en la historia reciente una nueva perspectiva; una que asuma los determinantes del conflicto social. Es indispensable definir, entonces, las categorías de análisis para cada territorio y los parámetros de medición y comparación, para luego determinar el grado de privación relativa. Aquí resulta pertinente y de gran relevancia la polemología, que es “el estudio del conflicto, o lo que es lo mismo, de la insatisfacción de las expectativas sociales” (Sañudo y Sánchez-Cárcamo, 2014, p. 59).

El análisis polemológico esclarece, entonces, la relación entre condiciones sociales (realidad) y expectativas sociales (objetivo social), en donde se define una privación relativa como “un desfase entre las aspiraciones de los individuos y grupos, y las posibilidades que creen tener de realizar sus aspiraciones” (Verstrynge, 1997, p. 57) o “la percepción por parte de los “actores” de la discrepancia entre los valores que esperan recibir y los que pueden adquirir” (Gurr, 1974, p. 25). De tal forma que se han de encontrar diferentes escenarios, en donde por lo general se contempla una dinámica creciente de las expectativas, confrontada con diferentes comportamientos de las posibilidades de satisfacción, tanto crecientes como constantes.

La contradicción existente en el planteamiento del escenario social es, pues, que precisamente las cifras del crecimiento económico, ampliamente difundidas por el Estado para mostrar desarrollo, generan un crecimiento de las expectativas, puesto que la población esperaría un efecto redistributivo de las ganancias generadas por dicho crecimiento, pero, en contraste, se encuentra con una caída de las posibilidades de satisfacer sus expectativas en lugar de un crecimiento de éstas. Es decir, que se genera una situación, en el corto plazo, potencialmente más favorable para el estallido social, dado el crecimiento de la brecha de privación relativa, entre expectativas populares y posibilidades de satisfacción.

De esta forma, considerando las evidencias del conflicto social expresadas como lucha social y personas detenidas en prisión, se plantea que el progreso social ha de ser comprendido como un proceso hacia la cohesión social producto de la disminución de la privación relativa de las condiciones socioeconómicas de nivel y calidad de vida, de tal forma que se tienda hacia una disminución fáctica de la desigualdad, sin que con ello haya un detrimento generalizado o agregado de dichas condiciones.

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