Introducción

El tema de la corrupción es un tema global, por ende, Colombia no está exento de presentar casos de esta índole, si bien, se han hecho esfuerzos para ponerle un dique que permita contenerla, ha venido creciendo al punto de que este virus se ha ido propagando por todos los sectores del país, lo cual ha conllevado a que se convierta en una auténtica pandemia que tiene en cuidados intensivos a la administración pública y que afecta directamente los órganos vitales de la ética de quienes desempeñan funciones públicas y realizan estas prácticas deshonestas, pero también, de los ciudadanos como receptores directos de los impactos de dichas actuaciones.

Se tuvo el interés en desarrollar esta investigación, dada la trascendencia del tema objeto de estudio, la calidad de los sujetos que desarrollan las actividades de corrupción, su impacto en la sociedad y, además, es un tema de actualidad que generará nuevo conocimiento, el cual estará al servicio de servidores públicos, estudiantes, profesores, investigadores y la comunidad en general.

Con este artículo, se pretende mostrar la polaridad que existe entre la corrupción y la ética del servidor público enfocándonos en el caso colombiano; en un primer momento se abordará el concepto de servidor público en Colombia, reglón seguido el acápite sobre ética y corrupción, luego se mencionará 3 de los casos más sonados de corrupción, para después brevemente analizar las consecuencias de la corrupción y, finalmente, ofrecer las conclusiones de esta investigación.

Servidor público en Colombia

Cuando se habla de servidor público, inmediatamente la mente se transporta a Alemania, ya que esta es tenida como “la cuna del funcionario moderno y la carrera administrativa” (Martínez y Ramírez, 2008, p.21). Los mismos autores expresan, que Alemania es mirada como la nación clásica de los funcionarios en Europa, como lo es china en Asia y lo era Egipto en la antigüedad, y que además de esto, los funcionarios eran denominados servidores reales en el siglo XVIII, al finalizar el mismo ya se denominaron servidores del estado, hasta llegar a denominarse funcionarios, denominación surgida en el siglo XIX y que se utiliza en la actualidad.

Referirse a servidor público es hacerlo a quien sirve al público, es decir, a quien presta un servicio a todos los ciudadanos, aterrizando un poco en el plano colombiano y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de Colombia (CP) “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad (…)” de lo anterior se infiere, que son funcionarios públicos aquellos electos por elección popular, ya sean miembros de una corporación como el concejo municipal, Asamblea Departamental o Congreso de la República y alcaldes y gobernadores como cabezas de los entes territoriales descentralizados, además de los que se vinculan a la administración pública mediante un contrato de trabajo, o a cargos que son de libre nombramiento y remoción y cargos de carrera administrativa mediante nombramiento y posesión producto de un concurso de méritos, todos, absolutamente todos, están al servicio de la comunidad.

El máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia también se pronunció al respecto, es así, como el Consejo de Estado (2014) manifiesta que

El Constituyente Primario utilizó de forma general el concepto de servidor público para comprender a todas las personas naturales que tienen una relación laboral con el Estado, y trabajan a su servicio para efectos de asegurar el cumplimiento de sus fines constitucionales.

Atendiendo lo anterior, esa relación con el estado, obliga a que el servidor tenga una conducta decorosa mientras esté al frente de lo público, ya que claramente está llevando a cabo actividades que de acuerdo a como las desarrolle, va a tener una repercusión positiva o negativa en el bienestar de los colombianos.

Así las cosas, una vez aproximados al concepto de servidor público, abordaremos en el siguiente acápite los de ética y corrupción, dos aspectos que son importante tener en cuenta ya que la práctica de uno excluye al otro.

Ética y corrupción en lo público

De acuerdo con la RAE (s.f.) la ética es el “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida” es así, como la ética en lo público implica tener un comportamiento decoroso, es decir sin tacha, cuando se esté ejerciendo funciones desde el ámbito público, pero este comportamiento impecable que todo servidor público debe tener, se ha visto empañado por diversas situaciones que han venido ocurriendo de forma reiterativa, y que lo hacen ver como algo normal, si, la corrupción o mejor la pandemia de la corrupción, ya que se ha expandido a todo el país y ha abarcado todos los campos sectoriales del mismo, “no se salva ningún sector; empresarios, políticos, gobierno, jueces, magistrados, docentes, medios de comunicación, entidades de control fiscal y administrativo, en fin, todo el estamento y la sociedad.” (Universidad Cooperativa de Colombia, 2017).

Mena (2022) explica el informe que publica Transparencia Internacional anualmente sobre los índices que miden los niveles de percepción en cuanto a la corrupción en el ámbito de lo público en 180 países, en este caso, se analiza lo correspondiente al año 2020, informe en el cual se alcanza la conclusión de que en gran medida los países evaluados no registraron un avance en cuanto a la lucha que se debe desarrollar contra el flagelo de la corrupción, pero preocupa más, el aumento de denuncia de casos de corrupción en el tiempo de la pandemia provocada por el Covid-19. Siendo este un periodo trascendental donde debe haber mayor transparencia y honestidad a la hora de la ejecución de los recursos públicos, ya que está en juego la salud de los ciudadanos.

De lo anterior se infiere, que el tema de la corrupción es un tema global, son muchos los países que presentan casos de corrupción, unos en menor o mayor medida que otros, pero se lleva a cabo este flagelo, por ende, Colombia no está exento de presentar casos de esta índole, si bien, se han hecho esfuerzos para ponerle un dique que permita contenerla, ha venido creciendo al punto de que este virus se ha ido propagando por todos los sectores del país, lo que se ha transformado en una ineludible pandemia que tiene en cuidados intensivos a la administración pública y que afecta directamente los órganos vitales de la ética de quienes desempeñan funciones públicas y realizan estas prácticas deshonestas.

Indistintamente de que la corrupción sea “esporádica, sistémica e institucionalizada” tal como lo expresa (Ethan Nadelmann (1999) como se citó en Newman y Ángel, 2017, p. 39) genera una afectación a lo público, y “tendría un efecto pasivo respecto de la evaluación que hace la ciudadanía al ente gubernamental por su desempeño, este autor manifiesta que puede ser por dos causas la primera, distorsionaría la capacidad del estado para atender demandas sociales, (…) y la segunda, deterioraría la imagen de las organizaciones y actores políticos socavando la credibilidad ciudadana hacia la institucionalidad (Palacios, 2016)

Para la fiscalía general de la Nación como se citó en Cuencas (2020) “La corrupción es un fenómeno criminal que deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, desvía los recursos públicos que deberían destinarse a la satisfacción de los intereses colectivos y afecta la objetividad de las actuaciones públicas” (p. 33). Confianza perdida por parte de los ciudadanos en las instituciones que se traducen en indicadores, ya que de acuerdo con Transparencia por Colombia (2021):

Transparencia Internacional da a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020. En esta edición, Colombia obtiene una calificación de 39 puntos sobre 100, donde 0 significa corrupción muy elevada y 100, ausencia de corrupción. El país se ubica en el puesto 92 entre 180 países. Esta calificación es realizada a partir del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país.

Pero, como si fuera poco, Colombia en el 2020 fue percibido como el país más corrupto del mundo, así lo registró el diarioEl Tiempo (Política, 2020) “Colombia amaneció este viernes con un vergonzoso título: es el país del mundo que más se percibe con corrupción.” Argumenta el diario que “El índice, divulgado por la página web U.S. News, recopiló información de corrupción con expertos y empresarios, dejando al país en el primer lugar.”

Pero, no es un solo factor que ha desencadenado este flagelo, como ya se explicó, esta pandemia de la corrupción se ha expandido a todos los sectores del país, concordante con esto, expresa Mercado (2020) que muchos:

(…) factores han hecho que la ética en Colombia vaya en declive: paramilitarismo, violencia, insensibilidad y desigualdad social, manipulación del poder, asesinatos, estigmatismo, persecuciones y la más peligrosa de todas, la corrupción. La codicia y la ambición, la búsqueda de la satisfacción personal y la auto-remuneración por medios ilícitos mueven a las personas antiéticas a conductas que recaen en quienes los rodean. La sociedad es una pirámide de escalafones sensibles, y estas personas hacen que tambalee la comunidad, poniendo a la ética en riesgo, casi al borde de una crisis.

En ese sentido, así como existen múltiples causas que dan origen a la corrupción, concurren también gran cantidad de servidores público implicados en estos actos, para Ávila (2020):

La lista de funcionarios sindicados, suspendidos o investigados por el mal uso de los recursos públicos es cada vez más numerosa (…) ¿Por qué el flagelo persiste? La respuesta está relacionada con el sistema electoral, la debilidad de los partidos y el abominable maridaje entre contratistas privados que financian campañas, con el compromiso expreso de ser recompensados si las personas que respaldan llegan al poder.

Pero más allá de eso, lo público que es de todos es sagrado y no puede ser objeto de corrupción por parte del servidor público, para ser más claro, el servidor público es un mandadero de los ciudadanos, ese mandato de hacer bien las cosas y administrar bien lo de todos, se da cuando se elige a través de elección popular, de ahí la importancia de hacer una buena elección de aspirantes cuando estos se presenten a las elecciones de las diferentes corporaciones y entidades territoriales, ya que los electos designaran un gabinete de servidores que lo acompañarán durante todo su periodo de gestión. Además de esto:

La lucha contra la corrupción (LCC) en el escenario colombiano es una herramienta política a partir de la cual se incrementan los niveles de control social sobre la función pública, sobre las personas que cumplen funciones públicas y sobre toda relación entre los particulares y el Estado (Aguirre, 2007, p. 3)

Por esta razón se mira con buenos ojos la creación de veedurías ciudadanas con el objeto de realizar control social sobre el manejo de lo público.

Una vez esbozado este acápite, es imperativo traer a colación algunos casos de prácticas corruptas que han tenido mayor eco en Colombia los cuales se analizarán a continuación.

Algunos casos de corrupción en Colombia

Han sido muchos casos los que han ido posicionando a Colombia, hasta el punto de considerarse el país con más corrupción en el mundo, en este apartado, solo se mencionan algunos de los que han generado mayor eco, de esta manera, de acuerdo con Cuencas (2020) se observan tres importantes casos de corrupción que han estado en el sonajero social, el primero el caso del Ex Fiscal Anticorrupción quien atiende al nombre de Luis Gustavo Moreno Rivera, el segundo el llamado Cartel de la Toga y el tercero, el caso Odebrecht, en el primero, lo que el Ex Fiscal hizo usar una información que era reservada para favorecer con esta a algunos políticos que eran procesados por corrupción por eso:

Mediante sentencia anticipada por la aceptación de responsabilidad en los delitos de concusión y utilización indebida de información oficial privilegiada, la Corte Suprema de Justicia condenó al exdirector de fiscalía nacional Especializada contra la Corrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, a 58 meses y 15 días de prisión, multas por 143.74 salarios mínimos legales mensuales, pérdida del cargo público e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas (Fonseca, 2018).

El segundo de los casos que se analiza es el muy sonado Cartel de la Toga, en este caso se manipulaban procesos mediante algunos magistrados para favorecer a políticos, este cartel, “da cuenta de cómo abogados y magistrados cobraron grandes cifras de dinero a cambio de incidir en decisiones judiciales en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía” (Fedesarrollo, 2018, p.3) de acuerdo con Semana como se citó en Cuesta (2020) esto se materializaba “(…) a través de los resultados de las sentencias que ellos mismos proferían, utilizando estrategias como cambiar pruebas, retardar los trámites, entre otros, dando como resultado decisiones favorables en los procesos que tenían estas personas que hacían negociación con el cartel” (p.28).

En cuanto al tercer caso muy sonado como lo es el de Odebrecht, quien sobornó a los funcionarios que estaban encargados de constatar que los participantes en licitaciones fueran idóneos, para de esta manera ganar el concurso y quedarse con los contratos, de acuerdo con Fedesarrollo (2018)

Los pagos identificados suman USD$ 31.19 millones de los cuales USD$ 6.5 millones fueron usados para lograr la adjudicación de la concesión del segundo tramo de la Ruta del Sol a cargo del Instituto Nacional de Concesiones dirigido por el entonces viceministro de Transporte, Gabriel García Morales. Por su parte, USD$ 4.6 millones fueron usados para sobornar al Senador Otto Nicolás Bula con el fin de obtener las concesiones de otras obras públicas a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Igualmente, se han identificado USD$ 20 millones usados en sobornos a seis contratos (p.9).

Si bien, son muchos casos que ocurren a diario en Colombia, se escogieron estos tres, dado el alto impacto causado en los ciudadanos, la relevancia de los casos del ex fiscal anti-corrupción y el del cartel de la toga, radican en los sujetos activos, ya que de un lado encontramos al ente acusador como lo es la fiscalía y en el segundo encontramos a los encargados de juzgar como lo son los magistrados, en cuanto a Odebrecht, su preponderancia radica en que Colombia no fue el único escenario donde esta multinacional realizó esta práctica corrupta, sino que también la realizó en países como México y Ecuador.

En ese sentido, como se ha esbozado, estos actos de corrupción empañan la ética de los servidores públicos que realizan estas actuaciones deshonestas, pero también generan un menoscabo grave a los derechos de las personas menos favorecidas del país, como se verá en el siguiente acápite.

Consecuencias de las prácticas corruptas

Es importante en este apartado precisar que al ser la corrupción un fenómeno que tiene diferentes fuentes originarias y por tanto la intervención de diferentes actores genera también una pluralidad de consecuencias, en los casos que con anterioridad se analizaron se pueden puntualizar como consecuencias las siguientes:

En el caso del Ex Fiscal anticorrupción, la pérdida del cargo del Ex fiscal, la condena impuesta en Colombia y la extradición a los Estados Unidos.

En el Cartel de la Toga podemos observar la destrucción de la Ética de los magistrados y puesta en duda de su honorabilidad y reputación.

Respecto del caso Odebrecht una consecuencia significativa tiene que ver con las sanciones pecuniarias, que de acuerdo con el diario El Tiempo (Redacción Economía y Negocio, 2021) “la Superintendencia de Sociedades anunció que impuso una nueva sanción por 3.909 millones de pesos a los ex administradores de la sucursal de sociedad extranjera Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S. debido al incumplimiento de los deberes legales a su cargo” como se ha podido observar, sin lugar a duda, estas consecuencias no generan una distinción de edades ni de clases sociales.

De acuerdo con todo lo abordado hasta aquí, se pueden establecer además como consecuencias en general, la destrucción directa de la ética del servidor público por parte del virus de la corrupción, la pérdida indudable de la confianza de la población en las instituciones públicas, pero más allá de todo eso, se origina una afectación profunda a los ciudadanos los cuales son los directamente afectados con las actuaciones de los servidores públicos, consecuencialmente generando desigualdad y menoscabo de los derechos y condiciones de las clases menos favorecidas, además de la pérdida de confianza en los diferentes estamentos públicos por parte de los ciudadanos, así como la abstención de inversionistas extranjeros en Colombia.

Conclusiones

Las actividades deshonestas desarrolladas por los servidores públicos, distan a todas luces de las bases éticas en que éstas deberían fundarse, cada vez que un servidor público, adultera un documento o recibe soborno entre otras actuaciones similares, destruye su ética como pilar fundamental de su conducta, para Zuleta como se citó en Cuesta (2020) “las prácticas de corrupción tienen efectos negativos en la nación ya que contribuyen con la desigualdad social y la pobreza, además de perjudicar la imagen en el entorno internacional.” (p.12) y no es para menos, este flagelo se ha ido expandiendo a todos los sectores de manera tan rápida que hablar de corrupción pareciera un tema normal.

Si bien, existen normas como el estatuto anticorrupción, se han creado veedurías ciudadanas entre otros aspectos, pareciera que la solución al problema está lejos ya que muchos casos quedan en la impunidad, y como ya se expresó, no se concibe que el fiscal anticorrupción, quien es el funcionario encargado de investigar y juzgar a los servidores públicos que estén inmersos en actos de corrupción termine inmerso en estos actos tan bochornosos, tampoco se ve bien que los magistrados del máximo órgano judicial, reciban dinero para favorecer con sus decisiones a políticos, y ni se diga en materia de contratación, en un estado social de derecho donde debe primar la transparencia encontramos que con Odebrecht sucedió todo lo contrario, todas estas situaciones generan en gran medida una desconfianza del ciudadano en las instituciones públicas, lo que conlleva a una deslegitimación de las mismas.

Se está en mora de regresar la confianza a los ciudadanos llevando a cabo actuaciones decorosas cuando se esté al frente de lo público, Además, esas normas que rigen la conducta del ser humano en cualquier ámbito de la vida, deben fortalecerse desde el hogar a fin de formar ciudadanos capaces de resistir ante las tentaciones que ofrece la corrupción de tal forma de mantener una ética sin mácula.

Finalmente, como recomendaciones se insta al Estado colombiano a castigar con sanciones más drásticas a los que masacran al erario público con actos de corrupción de manera, también a brindarles mejores herramientas a las veedurías ciudadanas, así como de implementar en todas sus actuaciones el gobierno abierto, esto con la finalidad de que cualquier ciudadano pueda ejercer actos de control respecto de los servidores públicos y sus actuaciones.

Referencias Bibliográficas

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