Introducción

Con el presente trabajo el investigador pretende abordar una temática de actualidad y de gran pertinencia que acontece en el contexto colombiano, en el que se toma información censal del año 2005 y hasta 2015. Sin embargo, para el investigador este es el medio propicio para que la academia en general tenga una visión que permita generar soluciones desde las universidades que son la principal fuente de crecimiento del nuevo mundo, incentivando a los futuros profesionales en la búsqueda de alternativas, que contribuyan con ideas nuevas ex nihilo para entender el fenómeno de la evolución humana y como las instituciones se van depurando, dando una forma que no se puede entender, para que sirve de forma concreta o función social que cumplen de forma particular determinados comportamientos, ya que es imposible aislar el complejísimo proceso social, como científico que debe guiar y contribuir a servir a los entes gubernamentales del ámbito Internacional, Nacional y Local para planificar las salidas a los inconvenientes que han afectado a una comunidad que:

Se mantienen en condiciones de marginalidad y están por debajo de la línea de pobreza, sufriendo un grave deterioro en su calidad de vida. Agregado a ello hay que tener en cuenta la erosión cultural a que constantemente se ven sometidas estas comunidades, producto de los proyectos globales de homogeneización cultural, auspiciados por las hegemonías neoliberales. (Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 5)

A pesar de que en Colombia los gobiernos por intermedio de sus congresistas, que son los llamados a legislar, se han preocupado por mirar hacia esta comunidad de especial protección lo cual se puede reflejar a través:

De los importantes avances legislativos y jurídicos que han logrado los afrocolombianos en el reconocimiento de sus derechos territoriales y étnicos, los territorios afrocolombianos conocidos por el Estado Colombiano mediante el instrumento de la titulación colectiva se enfrentan a riesgos por ser escenarios de confrontación entre los grupos armados guerrillas y paramilitares por el control territorial. (Córdoba, 2003, pp. 84-85)

Visto lo anterior queda claro que, aunque la voluntad por proteger a estas comunidades es una de las obligaciones del Estado:

La ocupación de los territorios afrocolombianos por las guerrillas y los paramilitares y la grave crisis humanitaria derivada del desplazamiento forzado constituyen hoy los mayores retos que enfrentan las comunidades negras de Colombia y se erigen en una violación de los derechos étnicos, territoriales y colectivos de estas comunidades. (a la Situación. (Córdoba, 2003, pp. 84-85)

Según indica Rodríguez y Jiménez (2006) “Las condiciones actuales de la población afrodescendiente están relacionadas con procesos históricos de gran profundidad: la esclavitud, la exclusión y la invisibilización” (p.85); “En Colombia habitan 10.562.519 afro-colombianos, cifra que equivale al 26% del total de la población” (Pastoral de las negritudes, 2019, párr. 1)

Están distribuidos de forma diferencial en todo el territorio nacional y en departamentos, lo que permite conocer en cuestión la situación generalizada en la que se presentan las siguientes cifras:

El Chocó (con un 85% aproximadamente), seguido por Magdalena (72%), Bolívar (66%), y Sucre (65%). En términos absolutos, los departamentos con mayor número de habitantes afrocolombianos son, Valle (1.720.257 habitantes aproximadamente), Antioquia (1.215.985) y Bolívar (1.208.181), seguidos por Atlántico (956.628), Magdalena (872.663) y Córdoba (801.643). El departamento del Chocó con (369.558) habitantes afrocolombianos, se ubica después de Sucre (490.187), Cauca (462.638) y Cesar (411.742). (Ramírez, 2012, p. 53)

Para nadie es desconocido que a nivel nacional esta comunidad ha sufrido los embates del desplazamiento forzado a causa de un conflicto armado que por más de 50 años se ha afianzado en nuestro territorio, causando muertes, a niños, niñas, jóvenes y adultos; “los Afrodescendientes representan el 12.3% del total de la población internamente desplazada de en Colombia. - El 98.3% de los afrocolombianos en situación de desplazamiento viven bajo la línea de pobreza” (United Nations High Commissioner for Refugees, 2012, p.1)

Lo anterior permite inferir que hace falta mucho más trabajo, que no es compromiso de unos cuantos sino de todos, que las nuevas y viejas generaciones están llamadas a generar herramientas que permitan erradicar estos flagelos, se tiene que propender para que en los lugares donde está más marcada la problemática, se dicten por parte del gobierno nacional medidas que permitan erradicarlas:

El desplazamiento ha generado un grave impacto en la identidad, la cultura y la autonomía de los pueblos afrocolombianos que a su vez ha producido la pérdida del territorio de las comunidades que habitan territorios colectivos a pesar de la implementación de la Ley 70 de 1993”. (United Nations High Commissioner for Refugees, 2012, p. 2)

En consecuencia, no se puede olvidar que el máximo tribunal, encargado de vigilar el cumplimiento de la carta política en cabeza de:

La Corte Constitucional en el auto 005 de 2009, concluyó, entre otras, las siguientes causas de desplazamiento para la población afrocolombiana: 1. La exclusión estructural que resulta en marginalización y vulnerabilidad; 2. La minería y los procesos agrícolas que imponen severas presiones sobre territorios ancestrales; 3. La debilidad en la protección judicial e institucional inadecuada de los territorios colectivos afro. (United Nations High Commissioner for Refugees, 2012, p.2)

Cabe preguntarse entonces ¿Será que los gobernantes de turno se han olvidado de las obligaciones internacionales y nacionales para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales ( DESC) en sujeto de especial protección?, la:

Jurisprudencia Constitucional ha insistido en que las comunidades afrocolombianas son titulares de derechos constitucionales fundamentales a la propiedad colectiva de sus ancestrales, al uso, conservación y administración de sus recursos naturales, y a la realización de la consulta previa en caso de medidas que les afecten directa y específicamente. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2011, p. 43)

Será que se olvidan de que en nuestra carta magna el estado colombiano “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación” (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 7).

Todo lo anterior permite inferir que el artículo 7 constitucional aludido está proporcionando un reconocimiento amplio de derechos específicos a los Afro- descendientes del país permitiendo la generación de:

espacios de articulación de acción organizativa con el apoyo del Estado colombiano en el marco del Decreto 555 de 1992 (modificado por el Decreto No. 0726 de 1992) “por el cual se crea la Comisión Especial para las Comunidades Negras, de que trata el Artículo Transitorio número 55 de la Constitución Política, sobre el reconocimiento de los Derechos Territoriales y Culturales, Económicos, Políticos y Sociales del Pueblo Negro de Colombia y se establecen las funciones y atribuciones de la misma”. (Maguemati, 2012, p.183)

Por las consideraciones anteriores, el grupo de investigadores se concentrará en hacer alusión a tres situaciones que en la actualidad son los ejes problematizadores que permitirán la construcción de este documento, se mirará lo referente al tema de Salud, Vivienda, y educación de esta comunidad en el Departamento de Córdoba. Con el fin de ilustrar a la comunidad científica, universitaria, gubernamental e inclusive a las fuerzas civiles y organizaciones encargadas de luchar para dignificar los derechos de estas comunidades, que, por su situación de debilidad ante una cultura dominante, están siendo brutalmente discriminadas, e ignoradas al punto de no tener el mínimo de necesidades básicas satisfechas como lo indica nuestra carta magna.

Cabe decir que, el Auto No. 005 de la Honorable Corte Constitucional – HCC - parte del principio del carácter de sujetos de especial protección constitucional que tienen las comunidades afrodescendientes. Es así como según el Título II (numerales 10 y 11) del Auto prescribe:

La condición de sujetos de especial protección impone a las autoridades estatales a todo nivel, respecto de la población afrocolombiana víctima de desplazamiento forzado, especiales deberes de prevención, atención y salvaguarda de sus derechos individuales y colectivos, a cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia”. (Corte Constitucional, 2009, p.6)

Así mismo, se debe tener presente que se está haciendo alusión a seres humanos que tienen derechos, y que gozan de una especial protección por tanto esta:

dada la condición de extrema vulnerabilidad de la población desplazada, no sólo por el hecho mismo del desplazamiento, sino también porque en la mayor parte de los casos se trata de personas especialmente protegidas por la Constitución tales como mujeres cabeza de familia, menores de edad, minorías étnicas y personas de la tercera edad, sujetos de especial protección constitucional, como se indicó en la sentencia T-025 de 2004, la adopción de medidas de diferenciación positiva, que atiendan a sus condiciones de especial vulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por materializar el goce efectivo de sus derechos. (Sentencia T-025, 2004, p. 1)

II. DESARROLLO DEL ARTÍCULO.

La salud de esta comunidad en el departamento de Córdoba

Según la Organización Mundial de la Salud en muchos de sus pronunciamientos siempre ha tenido presente al indicar que:

Un sistema de salud comprende todas las organizaciones, instituciones, recursos y personas cuya finalidad primordial es mejorar la salud. Fortalecer los sistemas de salud significa abordar las limitaciones principales relacionadas con la dotación de personal y la infraestructura sanitaria, los pro- ductos de salud (como equipo y medicamentos), y la logística, el seguimiento de los progresos y la financiación eficaz del sector. Es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuya finalidad primordial es mejorar la salud. (OMS, 2020, párr.1)

Es evidente entonces que según lo anterior y para tener mayor claridad del tema, pertinente es entender que los recursos de diferente índole también se requieren dentro del sistema:

Personal, fondos, información, suministros, transporte, comunicaciones y orientación y dirección generales. También tiene que prestar servicios que respondan a las necesidades y sean equitativos desde el punto de vista financiero, al tiempo que se dispensa un trato digno a los usuarios. (OMS, 2020, párr. 2)

Hechas las consideraciones anteriores, se debe tener presente las recomendaciones que este Organismo internacional hace a todos los gobiernos del planeta ya se plasman comportamientos depurados que van teniendo éxito y que los gobiernos mediante resoluciones establecen en el sentido de norma, de ley que modelará parte del futuro:

Que, para mantener y mejorar el grado de salud de la población del mundo, los gobiernos deben diseñar sistemas de salud sólidos y eficientes, que presten buenos servicios preventivos y curativos a las mujeres, los hombres y los niños, sin distinción alguna. (OMS, 2020, párr.4)

Cuestión está que si entramos a verificar podremos encontrar que no se está cumpliendo en su integridad; para nadie es ajeno que en la actualidad se siguen muriendo seres humanos por falta de esta asistencia a pesar de existir multiplicidad de normativa dirigida a velar por el cumplimiento de estos postulados, encontramos el informe suscrito por el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos en el que indica que:

El acceso básico a los servicios de salud y de educación es un derecho reconocido en la legislación colombiana; sin embargo, la distribución de estos servicios está a menudo sesgada en favor de las zonas más prósperas, cuando estos servicios son necesarios precisamente para poder romper las desigualdades existentes. (Consejo de Derechos Humanos, 2015, p. 6)

Es en este sentido que los lectores podrán darse cuenta de que los mismos documentos oficiales, y los pronunciamientos de los estudiosos del tema indican que:

Incluso dentro de un mismo departamento hay una notable diferencia entre los servicios disponibles en diferentes municipios que va más allá de la división normal urbano-rural. Por ejemplo, con relación a una cesta específica de servicios públicos en el departamento de Magdalena, un 68% de ellos se concentra en el municipio de Santa Marta, mientras que 21 de los 29 municipios restantes de dicho departamento albergan cada uno menos del 1% de dicha cesta de servicios. (Consejo de Derechos Humanos, 2015, p, 6)

Indica una de las personas con mayor autoridad en el mundo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

Que, sobre todo en las zonas rurales, los servicios de salud no alcanzan los estándares mínimos de disponibilidad, acceso, aceptabilidad y calidad. Por ejemplo, los niños afrocolombianos e indígenas en el Departamento del Chocó siguen muriendo de enfermedades prevenibles y tratables, como gastroenteritis e infecciones respiratorias, debido a obstáculos en el acceso a servicios de salud adecuados, agua potable y saneamiento básico. La tasa de mortalidad materna en este departamento es de 341,63 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en Bogotá es de 42,05. La mortalidad de los niños menores de un año en el Chocó es de 42,69 por 1.000 nacidos vivos; en comparación, en Bogotá es de 12,88. (Consejo de Derechos Humanos, 2015, p.8)

En otras palabras, podemos estar seguros de la preocupación que les frecuenta a los organismos internacionales cuando en representación de sus autoridades envían mensajes a los Gobernantes para que no se olviden de las obligaciones que les asisten para con los más desprotegidos, vemos como resultado de lo anterior:

El Alto Comisionado también resalta los crecientes ataques en contra de los defensores de derechos humanos, la corrupción y su impacto en las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, así como las dificultades para abordar los problemas multidimensionales que desde hace décadas padecen las comunidades rurales. (Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2017, p.1)

Adicionalmente, para nadie es un secreto que a nivel nacional se está pasando por una crisis, que pareciera difícil de superar, y que por más voluntad que existe por parte de los gobernantes para mitigar la crisis, esto sigue empeorando, a pesar de destinar recursos, estos se tornan insuficientes, y si a esto le sumamos el fenómeno de la corrupción nada que hacer, pues estos recursos terminan en manos de inescrupulosos que se llenan sus bolsillos sin considerar el dolor de los demás; después de lo anterior los investigadores se adentraron en el estudio de la situación actual que está viviendo la comunidad de afrodescendientes en cuanto al tema de la salud en el Departamento de Córdoba-Colombia, se verifican documentos que permitirán establecer la gravedad del asunto el cual involucra a niños, niñas, adultos y población de la tercera edad; haciendo una mirada histórica al tema encontramos que:

El acceso a los servicios de salud en las localidades afrocaribeñas se encuentra restringido y reporta indicadores marcadamente inferiores a los del resto de la población colombiana. La cobertura de seguridad social en salud en los departamentos de Cesar, Córdoba, Guajira y Sucre representan el 38, 24, 33 y 30%, respectivamente. (Maya Maqueta (s.f.), p. 268)

En principio los afrodescendientes son reconocidos de manera especial en la ley 70 de 1993 bajo el nombre de comunidad negra que lo define como:

El conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos. (Ley 70 de 1993, p.2)

Visto lo anterior se puede inferir en lenguaje sencillo y que los lectores puedan entender y comprender el significado de lo anterior, queda claro que:

para el Caribe colombiano esta definición de comunidad negra solo recientemente ha significado el desarrollo de procesos de reconocimiento, sin embargo, es sabido que la asociación identidad territorio funcionó en un primer momento como herramienta política para proteger grupos particularmente expuestos a los apetitos territoriales de agentes externos, pero se vuelve contraproducente cuando impone lógicas geográficas a realidades sociales y culturales más complejas y fluctuantes. Esto marca un cambio de orientación en lo territorial pasando del interés por el territorio acabado y exclusivo a las redes territorializadas por las que circula la información cultural, la innovación y la tradición. (Hoffmann, 2002, p.12)

Frente a lo anterior la Corte Constitucional como máximo órgano de protección de los derechos humanos en Colombia se pronunció al respecto indicando en el Auto No. 005 de 2009. Título II. Numeral 20, indicando que:

se asume que la definición de los miembros de las comunidades afrodescendientes, no puede fundarse exclusivamente en criterios tales como el color de la piel o la ubicación de los miembros en un lugar específico del territorio, sino en “1) un elemento “objetivo”, a saber, la existencia de rasgos culturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores sociales, y (2) un elemento "subjetivo", esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión. (Corte Constitucional, 2009, p. 9)

Según los estudios e investigaciones consultadas, es preocupante encontrar información que Indica en estadísticas una situación muy grave al respecto y es que:

El 90.5% de los pobladores de la zona rural del Distrito mantienen niveles intolerables de extrema pobreza. Las localidades afrocaribeñas han adquirido beneficios en salud de un 20% con el Sisbén y de un 30% con el régimen subsidiado. Además, han recibido capacitación, promoción y prevención de salud, de acuerdo con la Ley 100. (Maya Maqueta (s.f.), p. 268)

Es importante señalar que las autoridades han realizado un trabajo y esfuerzo por entender esta realidad, sin embargo aún hay enormes déficit con respecto al cumplimento con el mandato constitucional, de acuerdo en la cobertura en salud para población, dando a entender al común de las personas que esta es la solución a la problemática, cuando la realidad es otra, será que para estos burócratas Universalización es sinónimo de calidad y solución al problema e insatisfacción que en servicios de salud presentan estas comunidades, es tal la hipocresía y la falta de humanidad que se atreven a publicar:

En la actualidad la cobertura en salud se acerca a la universalización (97%). Existen 21´267.181 afiliados en el régimen contributivo, 23’224.765 en el régimen subsidiado y se estima que existen 2’402.307 afiliados bajo el régimen de excepción. Se destaca que, con el fin de reconocer las diferencias y necesidades territoriales y poblacionales, para la vigencia 2014-2015 se realizaron incrementos especiales a las Unidades de Pago por Capitación –UPC-, lo cual es el valor que reconoce el sistema a cada Empresa Prestadora de Salud para garantizar la prestación de los servicios. Para este periodo se destaca que en 5 años se ha incrementado la cobertura en una cifra cercana al 10 %. Solo falta el 3% para alcanzar la universalización de la salud. En promedio se afiliaron un millón de ciudadanos al sistema de salud al año desde 2010 (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2015, p.43)

Hacen alarde de que la gestión adelantada es la mejor, al punto de elaborar barras estadísticas que solo muestran lo que ellos quieren, y las cuales solo son entendibles por quienes construyen estas historias de ensueño, en ese mismo sentido, podemos observar cómo las estadísticas indican lo referente al programa denominado:

Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI- atiende los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado. Durante el periodo 2014-2015 se destacan los siguientes avances. (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2015, p.44)

Cuando se observa de manera detallada, y analítica el Gráfico 1 se puede evidenciar algunos esfuerzos dirigidos a la contratación de recurso humano muy necesario para afrontar las necesidades sentidas pero que en momentos se torna insuficiente:

Esta muestra la contratación de 580 profesionales y 214 promotores psicosociales que apoyan en asistencia de acompañamiento a personas y comunidades víctimas del conflicto armado, es decir en el contexto de la violencia, lo cual hace de este enfoque una guía ética y metodológica para la atención de tal situación social y para la relación con las personas, grupos y comunidades cuyos derechos han sido vulnerados en el marco de dicho conflicto, siendo atendidas 118.732 víctimas. (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2015, p.44)

Será que los avances de los que hablan son suficientes para afrontar la problemática en salud psicosocial que enfrentan los más desprotegidos, los más pobres y marginados, amanecerá y veremos, a continuación, encontramos la gráfica 2 que para los investigadores ha causado asombro, indignación, e incluso indefensión, cómo es posible que se indique en estadísticas reducción en la mortalidad infantil cuando, todos los días es noticia que los niños y niñas Afrodescendientes e indígenas continúan muriendo de hambre, y por falta de una seguridad en salud; para ilustrar lo anterior, miremos a continuación que el informe indica sobre:

La sistemática reducción de la mortalidad infantil, al pasar de 20.4 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en 2005 a 17,2 en el año 2013. Colombia cumplirá con la meta Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM- 2015 (16,7%). Igualmente, el porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales ha venido creciendo de 80,9% en 2005 a 87.9% en 2014.El porcentaje de partos institucionales hoy en día es de 98,6%, sobrepasando la meta establecida por los ODM 2015 (95,0%). El indicador de porcentaje de partos atendidos por personal calificado pasó de 96,6% en 2005 a 98.7% en 2013, ubicándose también por encima de la meta ODM 2015 (95,0%). (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2015, p.44)

Visto lo anterior se podría concluir, de manera directa y acertada que, aunque en la información suministrada por las autoridades responsables, se trata de evidenciar que la situación para las comunidades en comento es la mejor, al verificar la realidad verdadera, el contexto real donde se desarrollan estas comunidades, se puede concluir sin temor a equívocos que a un faltan desarrollar muchas actividades que permitan dar un parte de satisfacción en la mejoría de aspectos de salud en general, cuestión está que se podrían lograr, si los entes del estado, y todos aquellos servidores públicos se comprometieran, y entendieran que esto no se trata de estadísticas, esto se trata de humanidad, del respeto por los derechos universales, transcritos en tratados internacionales ratificados por Colombia.

Problemática de Vivienda.

Cuando nos referimos a este tema, surgen diferentes interrogantes, entre los que mencionaremos

¿Será que una vivienda propia alivia la situación actual de estas comunidades?, algunos se responderían que no, porque, sería crear una carga más para estas familias, que se reflejarán en pagos de impuestos al estado, pago de servicios públicos a empresas privadas entre otras cargas, esto es algo para reflexionar, sin embargo, en el desarrollo de verificación de literatura respectiva, y teniendo en cuenta información oficial contenida:

En el Censo 2005, los municipios con población mayoritariamente afrodescendientes tienen una menor tasa de déficit de vivienda que el resto de los municipios del país (ver figura 3). Este buen indicador debe interpretarse con reserva: el déficit de vivienda es un fenómeno más urbano que rural. (Ministerio de Cultura, 2008, p.43)

Es pertinente aclarar que, con respecto a la calidad de la vivienda, influyen muchos factores, como el socioeconómico, para nadie es un secreto que la calidad de vida de la población es un aspecto que influye y por esto es por lo que no podemos desconocer que:

Más que el déficit de vivienda, la pregunta relevante sería entonces sobre la calidad de la vivienda; sobre todo en áreas rurales donde los estándares de vivienda son menores que en áreas urbanas, La calidad de la vivienda se refleja mejor en los índices de necesidades básicas que se describen a continuación. (Ministerio de Cultura, 2008, p.43)

Según lo consultado es sorprendente encontrar, informes tan reveladores, que generan una gran preocupación, al punto de indicar que:

las regiones en que se localizan los afrocolombianos tienen una mayor incidencia de necesidades básicas insatisfechas que el total nacional (ver Gráfica 3).

Sin embargo, los índices regionales de necesidades básicas insatisfechas (NBI) probablemente subestiman la incidencia de pobreza en los afrocolombianos, y el diferencial entre estos y la población no afrodescendiente. El promedio regional de NBI suele esconder disparidades entre áreas urbanas y rurales: a nivel nacional, la NBI es sistemáticamente menor en departamentos con mayor dinámica urbana. Por ejemplo, Cali el tercer centro urbano más grande del país hace que los resultados de la Región Pacífica sean similares a la cifra nacional. La población afrocolombiana es más rural que la no afrocolombiana; una mayor incidencia de pobreza sobre los hogares afro- colombianos podría explicar la mayor incidencia de pobreza en áreas rurales. (Uribe & Jaramillo, 2008, p.44)

Se encuentran documentos que ilustran sobre esta cuestión indicando y hablando sobre los logros a alcanzar y lo proyectado en los planes de desarrolló, sin embargo, es un asunto que no convence, y que genera dudas, dado que se puede evidenciar como:

Las comunidades negras y afrocolombianas se enfrentan a diversas problemáticas que las afectan, ya sea en su territorio propio, o en ciudades intermedias/grandes, urbes a las cuales se desplazan.

En el primer caso, se observa un limitado acceso a modelos de desarrollo sostenible, condiciones de extrema pobreza, pérdida del territorio por ocasión del conflicto armado, crecimiento de mercados ilícitos como el tráfico de estupefacientes, la minería, y la expansión de mega cultivos, entre otros. En el segundo, se evidencia la persistencia de la discriminación racial y la marginación para acceder “en condiciones de igualdad a las oportunidades educativas, la salud, la vivienda, los servicios públicos y los mercados laborales”. (Ministerio del Interior, s.f., p. 10)

En consecuencia, y después de todo lo ilustrado, y verificados en documentos y fuentes oficiales, se pudo consultar que según se indica en los objetivos de desarrollo ODM:

En materia de vivienda el enfoque de la estrategia es doble. La línea de acción apunta a la reducción del déficit, al mejoramiento de las viviendas actuales en concordancia con las metas del milenio ODM, para lo cual se deberá incluir elementos ambientales, culturales y regionales en la normatividad sobre la vivienda, en especial en la aplicación de subsidios y en el uso de materiales autóctonos de las regiones en la construcción de las viviendas y en diseño de los espacios al interior de las mismas por una parte, y por otra a la generación de empleo y dinamización de las economías locales. En relación con el reto de la ODM, la línea se orienta a la reubicación de viviendas en zonas seguras frente a amenazas, Construcción de sistemas para el manejo de aguas servidas y residuales y renovación de material estructural y diseño de acuerdo con las determinantes regionales y culturales. Finalmente ligado a la reducción de las tasas de morbilidad y a la problemática de vivienda la atención, asistencia y construcción urgente de sistemas unitarios para el manejo integral de aguas en hogares constituye la línea de acción prioritaria para mitigar la carencia de la red de servicios públicos sanitarios, especialmente alcantarillado y acueducto y así contribuir a la reducción de enfermedades gastrointestinales adicional a la perspectiva social, la vivienda en tanto locomotora del desarrollo económico cumple un papel fundamental en el impulso a las economías locales. (Comisión de estudios, 2014, p.108)

En ese sentido la información permite una mayor claridad al respecto, al indicar que no es una cuestión voluntaria para el gobierno nacional y local, es un compromiso ineludible cumplir con lo que se pacta, de lo contrario no tendría sentido comprometerse si no se tiene en cuenta que con:

Arreglo al objetivo estratégico de movilización de recursos de capital financiero hacia los municipios de población predominantemente afrocolombiana, la política de vivienda queda estructurada en cinco líneas de subsidio de vivienda preferencial para afrocolombianos se proponen los siguientes programas, el primero dirigido al mejoramiento y reforzamiento estructural de vivienda de propietarios afrocolombianos en áreas rurales y urbanas. Que contemple: a) Subsidio para construcción y/o renovación del sistema unitario de provisión y/o almacenamiento y tratamiento de aguas; b) Subsidio al reforzamiento estructural y/o traslado de vivienda por amenaza natural o amenaza ruina; c) Subsidio a viviendas (diseño y construcción) que preserven la identidad, la cultura y el ambiente. (Comisión de estudios, 2014, p.108)

Estos programas son de vital importancia, pues permiten reflejar el verdadero compromiso del estado para con estas comunidades, otros de los programas proyectados son el:

Mejoramiento de barrios de poblaciones Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras, que contemplan Proyectos de legalización y normalización de predios en poblaciones de comunidades afrocolombianas. Y Proyectos de saneamiento o rectificación de canales que afectan los desarrollos de barrios o sectores, en especial la Yesca en Quibdó, zonas de bajamar en Buenaventura, y Tumaco. (Comisión de estudios, 2014, pp.108-109)

No se puede desconocer, y según lo que reflejan los planes de desarrollo, que el Gobierno Nacional ha venido incluyendo cantidades de dineros, direccionados al mejoramiento del tema de vivienda de interés social para estas comunidades, entre los que encontramos el “programa de vivienda de interés social para afrocolombianos en áreas rurales y urbanas” (Comisión de estudios, 2014, p.109)

Es importante recalcar que el programa aludido tiene un componente estructural que se compone de cuatro líneas:

1. 1. Aumento del subsidio para la compra de vivienda de interés social y asignación de puntos adicionales por ser afrocolombiano en la fórmula de otorgamiento del subsidio.
2. 2. Subsidio para la construcción en lote propio.
3. 3. Aumento del porcentaje del subsidio para compra de vivienda de interés social. Así mismo aumento del tiempo de cobertura del subsidio.
4. 4. Proyecto de incentivo a las universidades para adelantar programas de estudio de valoración y/o rediseño de viviendas y desarrollos urbanos y rurales tradicionales de la población afrocolombiana. (Comisión de estudios, 2014, p.109)

Mirando la problemática que con respecto a vivienda existe para estas comunidades, se puede concluir que a pesar de los esfuerzos gubernamentales por solucionar el fenómeno, se vislumbra que hace falta mucho más por hacer, en el cuadro que a continuación se observa, está claro cuáles son los municipios de Córdoba que están considerados como Afrocolombianos, esta es una estadística que puede servir para que los entes encargados de organizar los programas de Vivienda de interés social sepan cuáles son los conglomerados sociales a intervenir, y de esta manera poder dar solución sino total al menos en proporción al caso en estudio.

Al mirar la información existente, se puede identificar que, en el 2014, El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona indicó que:

En Montería el Gobierno Nacional construye 4.924 viviendas, 448 en Cereté, 274 en Lorica, 149 en Purísima y 275 más en Momil, indica que en Córdoba se han entregado 1.908 viviendas ciento por ciento subsidiadas: en Montería 1.600 de la urbanización La Gloria, 190 de la urbanización Finzenú y 118 en Cereté en la urbanización Altos de las Acacias. (Ministerio de Vivienda, 2014, párrs.6-7)

La pregunta que queda por hacerse es ¿Cuántas familias Afrocolombianas se beneficiaron?; Será que en esta oportunidad se logró reducir en medida la necesidad de una vivienda para estas comunidades. Por todo lo dicho anteriormente, verificando documentos en consulta, e información oficial existente suministrada por medios hablados y escritos:

Se encontró que el jueves 7 de julio de 2016, se realiza una jornada de firma de convenios con los alcaldes para la construcción de viviendas gratuitas de la segunda fase, en esta oportunidad “el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras: en la mañana en el municipio cordobés de Montelíbano, en donde se comprometió con la realización de 1.430 unidades. Los municipios de Córdoba en donde se construirán las 1.430 viviendas gratuitas, que tienen una inversión de 69 mil millones de pesos, serán seis: Chima, con 200; Chinú, con 300; Ciénaga de Oro, con 300; La Apartada, con 140; Sahagún, con 300, y Tierralta, con 190. (La lengua Caribe, 2016, párrs.2-3-4)

Lo único que se podría esperar que en esta ocasión, sean muchas las familias conformadas por los afrodescendientes las que se beneficien con una vivienda, que les permita aliviar en gran medida los sufrimientos a los que se han sometido por muchos años, aunque sin temor a equívocos, pasaran muchos años más, y muchos gobiernos hasta para poder superar tanta discriminación y rechazó por parte de una sociedad indolente, y desconocedora de los derechos que como personas le asisten a estas etnias.

Por todo lo dicho, solo queda pedir a nuestras altas Cortes Nacionales e Internacionales, que no desfallezcan en el intento por proteger, y seguir defendiendo las causas de los más desprotegidos; y a los gobiernos que por favor cumplan con sus programas de gobierno, y todas las políticas encaminadas al logro del bienestar de estas comunidades, que en pleno siglo XXI aún siguen sumidas muchas en el olvido indolente del Estado.

Problemática en educación

El derecho a la educación se encuentra consagrado en la Constitución Política de Colombia consagrado como un derecho fundamental, y público que está conexo con otros de vital importancia, así mismo se puede indicar que este:

Es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico.

Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues dispone de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. (Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, s.f., párr.1)

Para abordar un tema tan importante como es la educación en el mundo y en la comunidad Afrodescendiente en el Departamento de Córdoba-Colombia, tendremos que hacer una mirada a múltiples documentos que permitirán verificar la situación en estudio, se observa como:

En el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo se ha llevado a cabo, con una periodicidad casi anual, el seguimiento de los progresos realizados hacia el logro de los objetivos de la EPT y de los dos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con la educación. En el Informe de 2015 se presenta una evaluación completa de los progresos realizados desde 2000 hasta la fecha fijada para el logro de los objetivos establecidos en el Marco de Dakar. En el informe se evalúa si el mundo ha logrado dichos objetivos y si las partes interesadas han cumplido sus compromisos. Se explican los factores que posiblemente han influido en el ritmo de progreso. Por último, se determinan enseñanzas clave para configurar la agenda mundial de la educación posterior a 2015. (UNESCO, 2015, p. 1)

Como quiera que sea de vital importancia conocer a que hacen alusión cada uno de estos objetivos, es pertinente referenciarlos uno a uno en este documento:

Atención y educación de la primera infancia: En relación con este tema, se rescata que este es una parte importante por su misionalidad, porque permite tener claridad que este objetivo consiste en:

Extender y mejorar la protección y educación integral de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Se han hecho avances en el número de niños en todo el mundo que se benefician de servicios de AEPI en una serie de sectores. La enseñanza preescolar se está extendiendo 2 y su matrícula ha aumentado un 64% desde 1999 para alcanzar a casi 184 millones de niños en todo el mundo en 2012. Sin embargo, un gran número de niños siguen sin poder acceder a las experiencias de aprendizaje temprano y al apoyo a su desarrollo socio afectivo. Un hilo conductor de este capítulo es que los niños más pobres y vulnerables son quienes más beneficios pueden obtener de servicios de AEPI de buena calidad y que el logro de un acceso equitativo a ellos puede reducir las desigualdades en la sociedad. (UNESCO, 2015, p. 57)

Se debe tomar en cuenta que debe haber una educación también de formación en el ámbito de sexual y responsabilidad de engendrar cuando se tenga los medios apropiados para traer a menores al mundo, la educación debe ser en este aspecto fundamental también ya que solo ayudas no resolverán el problema ya que estos generan costos a costas y los recursos son limitados por su producción temporal para extraerlos y transformarlos. Es importante este punto con respecto a la educación en la población general y con respecto a estas poblaciones, en sentido de vulnerabilidad o vulnerables.

Se indica en informes oficiales que “aunque la mortalidad infantil disminuyó considerablemente casi a la mitad, el informe plantea que en 2013 se podrían haber evitado los fallecimientos de 6,3 millones de niños menores de cinco años” (Universia Colombia, 2015, párr.6)

Con respecto a este objetivo la reflexión parte desde el informe que rinde la UNESCO, el 13 de abril de 2015, en el que revela los progresos en los últimos 15 años , en la actualidad se observa cómo en muchos establecimientos educativos aún se habla de la no existencia de cupos, para pequeños infantes, problemática

Esta que se genera por la falta de recursos económicos que permitan la inversión, en la actualidad lo que se destina es poco e insuficiente; para nadie es un secreto que si hacemos un recorrido por nuestra geografía Colombiana encontramos a estas alturas de la existencia de infantes que reciben su enseñanza en condiciones infrahumanas por muchos profesionales de la educación, brindando una educación sin calidad por la falta de garantías estatales; en ese mismo sentido, se hace referencia a la parte nutricional, encontrando infantes que no tienen acceso a una alimentación con calidad nutricional al punto de desnutrirse por consumir alimentos que no cumplen las condiciones de higiene que se requieren y otros es que ni un pedazo de pan pueden ingerir porque es la hora y en nuestra nación se mueren infantes de hambre y desnutrición. Es probable que el tema de la calidad de vida haya sido equiparado con la tranquilidad de una nueva experiencia desprovista de los riesgos propios de la actividad clandestina (Hundek Pichón, 2016)

Enseñanza primaria universal este aparte está dirigido a:

Velar porque antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen”, es lo que se plantea para este segundo objetivo. La UNESCO, en su informe del 13 de abril de 2015, estima que hoy se ha alcanzado un 93% de matriculación en esta etapa educativa, con un incremento del 9% desde 1999. A pesar de este progreso, sin embargo, en 2012 aún había cerca de 58 millones de niños ajenos a la escolarización. (UNESCO, 2015, pp. 1-2)

El llamado para estos organismos internacionales es a la intervención directa de los estados parte, para que la información que brindan con respecto al tema y la que reciban sea veraz y efectiva y que no conduzca a equívocos, que la cultura de maquillar las estadísticas se extinga, sí los progresos se han visto, pero falta mucho más compromiso de parte de los gobiernos; en el caso de Colombia encontramos como la burocracia, la corrupción y la falta de amor por nuestros infantes es poco, el llamado es no olvidar que para que se dé la universalización y la calidad en la educación para los Niños y Niñas, se requieren inversiones que le apunten a la Calidad. Igualmente, cabría apuntar que la educación para la paz es un proceso en el que interfieren muchos agentes y roles simbólicos (Sánchez, Pérez y Rebolledo, 2019).

Competencias de jóvenes y adultos.

Consistía en:

Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa”. A propósito de este objetivo se concluye que aún persisten desigualdades en la transición de la enseñanza primaria a la secundaria. Se destaca, por su parte, que desde 1999 la legislación vigente en la mayoría de los 94 países de ingresos bajos y medios aseguran la gratuidad del primer ciclo de la educación secundaria. (Universia Colombia, 2015, párrs. 9-10)

Con respecto a este punto, mirándolo desde nuestra Colombia, encontramos que la educación para la población de afrodescendientes es muy difícil de acceder, no se puede olvidar que en esta nación la educación a este nivel es considerada un negocio muy lucrativo, al punto de que así, muchos jóvenes y adultos quisieran ingresar a una educación superior que les permitiera prepararse para ser competitivos, estos no pueden, los unos porque no cuentan con recursos económicos suficientes que les permita costear los gastos de esta educación, y los que de pronto tienen un trabajo los salarios no son los mejores para permitirles ingresar a una educación superior; aunque el gobierno nacional cuenta con entidades que financian esta educación a bajos intereses a muchos de los nacionales les da miedo endeudarse.

Establecer la línea lógica de alfabetización en adultos e igualdad de género como reflejos de la problemática en el acceso a la educación de las comunidades afrodescendientes en Córdoba, según esta meta, se debía:

Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación permanente”. A pesar de que la tasa de analfabetismo ha disminuido un 4% en el último lustro, cerca de 781 millones de adultos siguen sin saber leer ni escribir, lo que revela que no se ha cumplido el objetivo marcado en el Foro de Dakar al respecto. Luego, aunque se registraron avances en cuanto al alcance de la igualdad de género en este aspecto, la UNESCO entiende que estos no son suficientes. (UNESCO, 2015, pp. 2-3)

Con respecto a la Igualdad de Género este es un tema que en el mundo y en Colombia ha dado mucho que hablar al punto de encontrar muchos estudiosos a favor y otros en contra, sin embargo, en esta ocasión el fin perseguido apunta a:

Suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. El informe recalca que se han tomado medidas para eliminar la desigualdad de género. En vista de ello, entre 1999 y 2012, el número de países con menos de 90 niñas matriculadas en primaria por cada 100 varones se redujo de 33 a 16. En el caso de la enseñanza secundaria se ve un avance más lento. Se concluye, además, que las mujeres tienen más dificultad para acceder a los estudios básicos pero que una vez matriculadas tienen más probabilidades de cursar estudios superiores. (Universia Colombia, 2015, párr.13-14)

Se encuentra que en muchos municipios del departamento de Córdoba, persistente ese machismo violento que hace que las mujeres sean vistas como objetos que todos pueden manipular a su antojo, acertamos como en Colombia este punto es muy marcado, tenemos muchas comunidades en las que la mujer solo fue procreada para los oficios del hogar, al punto de encontrar estadísticas que muestran que en muchas ocasiones cuando estas mujeres en términos de rechazo a estos tratos, huyen de sus hogares, exponiéndose a peligros, y maltratos machistas.

Después de mirar todo lo anterior, hay un punto que no se puede obviar, ni dejar de lado, como el de la Calidad de la educación. Este último objetivo proponía:

Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizajes reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas”. Una de las grandes dificultades visualizadas en el Foro fue el gran número de alumnos por docente. (Universia Colombia, 2015, párrs.15-16-17)

Una pregunta que surge es ¿Se quiere calidad?, sencillo se puede lograr si los gobiernos y los entes gubernamentales se comprometen con los recursos necesarios, que permitan lograr tal fin; otro punto que es de vital importancia para lograr esta calidad es que los gobernantes pierdan el temor a gobernar sociedades preparadas y competentes, que permitan que las personas tengan acceso a la educación; en Colombia encontramos como un docente se encarga de impartir instrucción en un aula en la que asisten 80 infantes, es más en muchas regiones de nuestra geografía hay solo dos o tres docentes para impartir el ciclo de instrucción primaria, eso sin contar que cuando miramos la calidad de las garantías para estos docentes no son las mejores, en salarios, prestaciones, salud. Si queremos calidad hay que hacer inversión, y terminar con la burocracia corrupta de los estados.

Reconocimiento de la educación intercultural en el Caribe colombiano (CEPAL. (2012).

A medida que se aborda el tema, se puede inferir que lo anterior es una problemática muy marcada

En Colombia a nivel general y específicamente en algunas zonas de la geografía donde es aún más visible si se tiene presente que:

Es resultado de un proceso histórico en el cual han participado diversos actores interesados en impulsar un espacio de respeto y valoración de la diversidad cultural. Proceso que en algunas regiones tendría mayores repercusiones dadas las características de su población y la presencia de grupos étnicos, como es el caso de la región Caribe, la misma que tiene una alta presencia de población indígena, equivalente al 42,8% de esta población en el país; es decir, un total de 596.190 indígenas, a los cuales se suman 1.380.000 afrocaribeños, equivalentes al 32% de la población afro a nivel nacional. (Comisión Económica para América, 2012, p.17)

Como puede observarse, son datos de estudiosos y científicos que se han dedicado a escudriñar lo referente concluyendo que:

Esto significa que cerca de dos millones de habitantes de la región el autor reconoce como miembros de una etnia determinada. Es decir, del total de la población de la región, el 15,7% se considera afro- descendiente, el 6,8% indígena y el 77,5% manifiesta no tener pertenencia étnica. (Comisión Económica para América, 2012, p.17)

Las estadísticas tomadas para la realización de este trabajo son de investigaciones adelantadas por autores y estudiosos del tema, quienes juiciosamente durante años muestran una:

Marcada presencia de comunidades étnicas, equivalente al 22,5%, haciendo que en regiones como la nuestra sea cada vez más necesario desarrollar un proceso continuo de formación y sensibilidad intercultural., dirigida a generar en los maestros competencias pedagógicas interculturales. Tema que en otros países se convirtió en preocupación para los especialistas, los mismos que consideran la formación de maestros como la clave real para alcanzar una verdadera educación intercultural. (Castro, 2014, p.181)

Es importante poder entender todo lo anterior, con el fin de clarificar lo grande y complicado del problema que se aborda y que:

Debe partir del reconocimiento de la diversidad cultural, así como de las desigualdades sociales y educativas presentes en una región que tiene las condiciones socioeconómicas más bajas del país, como lo demuestra el 56,7% de su índice de pobreza, el cual está por encima del promedio nacional estimado en el 49,7%. Ciertamente, de los ocho departamentos costeños, Atlántico es el único que presenta un porcentaje de personas pobres por ingresos (48,8%) inferior al promedio nacional, mientras que el departamento de Córdoba refleja uno de los porcentajes más altos de pobreza (66,3%). (Castro, 2014, p.181)

Para nadie es un secreto que a 2012 las estadísticas reflejaban que el Departamento del Atlántico, ocupaba un lugar, porque no decirlo privilegiado según estas estadísticas, sin embargo, para el departamento de Córdoba no es un privilegio, pues la pobreza sigue incrustada de tal forma que día a día es más caótica, continuando con el privilegio del atlántico se indican que este:

Ocupa el octavo lugar entre los de menor pobreza del país, indicando su línea de pobreza en 220.510 pesos (el máximo ingreso monetario de una persona en el mes para ser clasificada como pobre), 18.427 pesos por encima del promedio nacional calculado para entonces en 32,7 %. (Castro, 2014, p.181)

Menester es aclarar que, aunque se está consultando información oficial proyectada para obtener los datos el Departamento de Córdoba, la cuestión no es la mejor se continúa indicando y haciendo visible que es uno de los departamentos que pareciera no tener doliente:

En ese orden de ideas, según el censo de 2005, el 47,2% de las personas de la región presentan alguna Necesidad Básica Insatisfecha (NBI). Aquí el departamento de Córdoba con un (59, 1%)

Y la Guajira con un (65,2%) son los departamentos de la región que presentan el mayor porcentaje de personas pobres por NBI. (Castro, 2014, p.181)

No se puede ser indiferentes a lo anterior, pues el panorama es grave, no es muy comprometedor, máxime cuando es una comunidad minoritaria como es el caso de los afrodescendientes que “en efecto, a nivel Colombia representan el 11% del total de la población, enfrentan notables desventajas en relación con el resto de la población” (Castro, 2014, p.182)

Es triste como las estadísticas siguen enseñándose en estas comunidades, será que los encargados de verificar la realidad del país, si se dedican a la realización de trabajos serios, no es aplicar encuestas y con esto tomar decisiones, es salir de las comodidades de una oficina y verificar en campo que es lo que sucede, hay que olvidar el confort y hacer un trabajo a conciencia cómo es posible que:

Las familias afrocolombianas, quienes tienen un ingreso per cápita inferior, en una proporción cercana al 20%, al de las familias no afrocolombianas, lo cual podría ser, en parte, resultado de las marcadas diferencias que existen en el ámbito laboral. (Castro, 2014, p.182)

Es preocupante como nuestra sociedad, y los que tienen la posibilidad de aportar al mejoramiento de estas estadísticas se hacen los ciegos, se podría decir que en muchas ocasiones hace falta voluntad política:

Por ejemplo, la tasa de desocupación entre los afrocolombianos es de poco más del 16%, en contraste con el 11% que esta tasa alcanza para el resto de los colombianos. Esta brecha se agudiza al desagregar los datos por sexo. Mientras que la desocupación entre la población femenina afro- colombiana alcanza una tasa cercana al 20%, la tasa correspondiente a los hombres es menor en alrededor de 7 puntos porcentuales. (Comisión de estudios, 2014, p.36)

Para ilustrar mejor lo referente a la situación educativa de Córdoba, es pertinente tomar información oficial que se proyectó y que se encuentra referenciada en:

El censo de 2005 muestra cómo el 6,7% de las personas entre 15 y 24 años que aquí habitaban eran analfabetas, 2,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional 4,3% y 5,7 puntos porcentuales por encima de la meta establecida para el 2015.

En términos absolutos, la región cuenta con 112.240 personas entre los 15 y 24 años que no saben leer y escribir. Para el año 2011, el porcentaje de personas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir continuaba siendo alto: 9.5%. Es de anotar que el 47,5% de indígenas y el 18,7% de los afrodescendientes de 15 a 24 años que habitan en la región Caribe son analfabetas, lo cual es muestra de las desigualdades sociales. (Castro, 2014, p.183)

Seguir mirando el censo de 2005, permite vislumbrar cómo en ocasiones la falta de compromiso estatal, y la voluntad política pueden influir para que se generan impases que terminan por generar:

la falta de acceso de la población afro a la educación primaria, secundaria y media lo cual es una problemática que agrava el ciclo de marginalidad que sufre la población afrocolombiana. En el nivel de educación básica primaria, un 10% de los niños y niñas negros de 6 a 10 años a nivel nacional no tienen acceso a ella. Esto equivale a un porcentaje En el nivel de educación media, la situación se agrava notablemente: el 27% de los afrocolombianos de 15 y 16 años se quedan por fuera de ella y un porcentaje mucho mayor no accede a la Universidad. (Castro,2014, p.183)

Para nadie puede ser desconocido que este es un problema que atañe a todos los estamentos que hacen parte de nuestra sociedad, no se puede ocultar que en:

El Caribe colombiano la población entre 15 y 24 años tiene en promedio 8,7 años de educación, cifra que está por debajo del promedio nacional (nueve años) y algo alejada de la meta al 2015 (10,6 años). Si se tiene en cuenta que la región tardó cerca de doce años para aumentar en 1,3 años este promedio, parece casi imposible también que se cumpla la meta para 2015. Sin embargo, lo más preocupante es que si no se toman medidas contundentes ya mismo, se alimentará un círculo de pobreza durante los próximos treinta años, tiempo que se estima se requerirá para que los jóvenes de la región alcancen en promedio los doce años de educación. (Castro, 2014, pp.183-184)

Es vergonzoso que en la actualidad se indique en información oficial que solo dos departamentos:

del

Solo resta indicar que de acuerdo con estadísticas la región caribe para el año 2011 la cobertura alcanzaba solo el 27,9% (frente al 40.8% a nivel nacional) entre la población de 17 a 21 años” (Castro, 2014, p.184).

Los estudios indican que departamentos de la costa Atlántica y “Bolívar mantuvieron un TCES mayor, del 38% y 29% respectivamente. Del total de estudiantes matriculados al 2010, el 55% pertenecía a instituciones oficiales, mientras el 44% cursaba estudios en IES privadas” (Castro, 2014, p.184).

Cuando se miran estas estadísticas se debe aclarar que la situación actual del Departamento de Córdoba no es ajena a esta problemática:

la tasa de deserción alcanzó a 2011 el 46,6% a nivel regional, por encima del promedio nacional 45,3%; de los departamentos costeños que presentan una mayor tasa de deserción estudiantil a nivel universitario fueron Guajira con el 54% y Sucre con el 50% (Castro, 2014, p.184).

Hay quienes no se interesan por conocer la historia; se dice que quien no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores del pasado:

A pesar de que en la última década se ha dado un incremento significativo en la cobertura de la población universitaria de la costa, la que pasó de 11,7% en 2003 a 27,9% en 2011, aumentó del cual también seguramente se han beneficiado las minorías étnicas en la región, aún es escaso el acceso de estos sectores a la educación superior. Se constituye en un reto en especial para las universidades oficiales, que no pueden continuar de espaldas a una realidad social caracterizada por la presencia de sectores poblacionales que aún permanecen en un gran porcentaje, excluidos del sistema universitario estatal, a pesar de la existencia de disposiciones legales y de acciones afirmativas a través de las cuales han logrado mejorar su participación y acceso a la educación. (Castro, 2014, p.184)

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que:

En efecto, aunque se ha avanzado en la apertura de cupos para la población afro e indígena, no se cuenta con una política de Estado que regule no solo el ingreso, sino la permanencia y las adecuaciones curriculares requeridas para garantizar una adecuada formación profesional y la graduación de los jóvenes pertenecientes a estas minorías. (Caicedo & Castillo, 2008, p.69)

Se encuentra después de este recorrido por toda esta literatura como las estadísticas que, aunque no confiables, indican que para:

El caso de los afros alcanza una tasa de graduación del 9,6%, mientras que la de no afros llega a 14,1%, los investigadores se preguntan será cierto que es 9,6%, podría ser más bajo ese porcentaje si se tiene en cuenta que hay muchas brechas de tolerancia que curar, y para aprender a reconocernos todos como iguales ante la ley. (Castro, 2014, p.185)

Al ahondar en el estudio del tema es común encontrar estudios que infieren, que la constitución del 1991 y la promulgación de la ley 70/de 1993, fue la solución a una problemática histórica, sin embargo, preciso recordar a los lectores que no es así, si bien es cierto se lograron algunos reconocimientos para esta comunidad, también es cierto que siguen siendo víctimas de la marginación cruel de una sociedad indolente, por tanto:

Es común que los Afrocolombianos tengan mayores dificultades para acceder a servicios básicos de educación y salud, a servicios productivos, especialmente el crédito, a cargos directivos de instituciones y empresas, al alquiler de viviendas y en general a las oportunidades sociales. (Castro, 2014, p.185)

Como consecuencia de esto se encuentra que el acceso de la comunidad afro a las instituciones de educación superior existentes en el litoral Caribe es en extremo reducido. En Córdoba, por ejemplo, solamente ingresa el 16% de la población que está en condición de hacerlo” (Castro, 2014, p.185).

III. OBJETIVO.

Humanización del proceso administrativo: Un estudio de la Institución Educativa Francisco de Quevedorevisión retrospectiva de la situación que padecen las comunidades Afro, a nivel nacional y del departamento de Córdoba, lo que permitirá después de esta verificación, la realización de un segundo trabajo que consentirá tomar información desde el año 2015 en adelante que permitirán verificar avances de los temas abordados en este primer estado, en este humilde y sencillo trabajo se pretende hacer un análisis social de las condiciones de salud, vivienda, y educación de la comunidad afrodescendiente, crear conciencia, comprender y entender ciertos fenómenos, desarrollando un esquema analítico comprensivo, mediante la realidad de la praxeología que utilizan los científicos sociales, aportando así la teoría correcta para dar respuesta a las diferentes etapas del acontecer en este caso nacional del hecho histórico, como ha sido la situación actual de la comunidad afrodescendiente del departamento de Córdoba, y Colombia. Con este artículo se pretende además analizar mediante los métodos de análisis que da la antropología, la historia y la economía política para dar solución a una problemática del acontecer social

IV.METODOLOGÍA

De acuerdo con este apartado, es importante indicar la naturaleza del estudio en desarrollo, así, el tipo de investigación que se desarrolla permite clasificar la investigación como documental, en la cual se podrá implementar la técnica de recolección de la información, entre los que se encuentran trabajos bibliográficos, entrevistas, noticias, y otros. Una vez ejecutado lo anterior, se clasifica la información teniendo en cuenta su grado de utilidad y aporte a la estructura del documento a través del análisis de escritos, leyes, teóricos. Se tomarán diferentes fuentes de consulta, por último, es pertinente mencionar que el método de interpretación es el sistémico y hermenéutico.

V.CONCLUSIONES

Vista la situación actual que está viviendo la comunidad Afrocolombiana en el Departamento de Córdoba, en aspectos tan relevantes como lo son la Salud, la Educación y la Vivienda, es pertinente indicar.

En lo referente a la problemática de Salud, el panorama no es muy alentador cuando en la actualidad se siguen presentando casos como el paseo de la muerte, como es posible que sigamos observando que nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos, pertenecientes a estas comunidades se sigan muriendo por falta de atención médica primaria, de desnutrición, por epidemias que según la Organización Mundial de la Salud deben estar erradicadas del contexto social; cuando miramos las estadísticas observamos que se está supuestamente brindando calidad en atención, pero la realidad es otra, el llamado es a que por favor los entes encargados de rendir estos informes, no se limiten a una simple estadística, recuerden que las estadísticas son elementos que se pueden organizar, maquillar para mostrar lo que se quiere en el momento; el llamado es a un compromiso verdadero, a que los dineros que se destine para atender la salud de estas Etnias sean invertidos con responsabilidad, para que no terminen en los bolsillos de los inescrupulosos que sean dedicado a llenar sus bolsillos con el dolor de los más desprotegidos.

A esto debemos agregar que la educación sexual a estas comunidades debe ser mejor atendidas el aparato del estado se queda corto ante una creciente población que demanda recursos, que tienen necesidades y es imperioso la necesidad de hacer campañas de conciencia ciudadana y de reproducción para eliminar futuras posibles necesidad por el creciente número de nuevos nacimientos sin hogar, sin condiciones mínimas de estabilidad de una institución como la familia, se deben proponer lineamientos de concientización.

También un llamado al Gobierno Nacional, para que toda la maquinaria estatal que está institucionalizada para hacer seguimiento a esta causa sea más eficiente, más proactivos, que los resultados permitan enviar un mensaje a los corruptos, que les indiquen que el poder del estado les respira en la nuca, y de esta manera poder brindar la seguridad a estas comunidades, de que el estado está cumpliendo con su función Constitucional de Protección.

Pertinente es recordar lo indicado en Sentencias T-1635-00, T-239-16, ver, entre otras, las sentencias de la Corte Constitucional T-514 de 2010 MP Mauricio González Cuervo, T-497 de 2010 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-472 de 2010 MP Jorge Iván Palacio Palacio, T-436 de 2010 MP Luis Er- nesto Vargas Silva, T-177 de 2010 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-151 de 2010 MP Nilson Pinilla Pinilla, T-044 de 2010 MP María Victoria Calle Correa, T-755 de 2009 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-742 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva, T-569 de 2009 Nilson Pinilla Pinilla, T-064 de 2009 MP Jaime Araujo Rentería, T-585 de 2006 MP Marco Gerardo Monroy Cabra, T-025 de 2004 Manuel José Cepeda Espinosa, T-602 de 2003 MP Jaime Araujo Rentería, T-1346 de 2001 MP Rodrigo Escobar Gil y SU-1150/00 MP Eduardo Cifuentes Muñoz, en las que se invoca la Responsabilidad del Estado. Derecho a la vida en condiciones dignas, a la salud, integridad personal, libre circulación, igualdad, vivienda digna, trabajo, educación, alimentación, vestuario.

Con respecto al tema de la educación, las recomendaciones se deben dirigir en el sentido de exhortar al gobierno nacional, y local para que sigan presentando propuestas que permitan el logro de los objetivos propuestos por la UNESCO, en los siguientes objetivos:

• Atención y Educación de la Primera infancia

• Enseñanza Primaria Universal

• Competencias de Jóvenes y adultos

• Alfabetización de los adultos

• Paridad e igualdad de género

• Calidad de la educación

• Proyecciones en el Desarrollo de la Educación para todos, y países con datos incompletos o inexistentes.

• Financiación. (Sentencia T-602, 2003, pp. 1-42)

Si bien las estadísticas muestran avances en este sentido, también es cierto que se deben generar políticas más efectivas que permitan tener un mayor acceso a la educación intercultural para esta población.

Adicionalmente, en lo que respecta al tema de la Vivienda, el llamado a las entidades gubernamentales es a que se mejoren los programas y, políticas que le permita a estas comunidades mejorar su calidad de vida, crear medios alternativos y asequibles que les brinden una información efectiva de sus derechos, y un acompañamiento directo por parte del estado colombiano, pertinente es recordar lo indicado por nuestra Honorable Corte Constitucional en Sentencia T-602 de 2003.

Otra cuestión de vital importancia es pedir a los responsables de propender para que las cosas mejoren:

acciones afirmativas para grupos tradicionalmente marginados y enfoques diferenciales por género, generación, etnia, opción sexual, discapacidad. Acceso a bienes y servicios básicos en condiciones de equidad y no discriminación. Política pública de atención, enfoque participativo y poblacional. Valoración de políticas públicas en materia de desplazamiento. Estabilización socioeconómica, restablecimiento e incentivos para el retorno voluntario y el reasentamiento. Derecho a la vivienda y al mínimo vital. (Sentencia T-602, 2003, pp. 1-42)

Por todo lo dicho anteriormente, quiero invitar a todos aquellos expertos en la investigación social, para que se conforme un frente de lucha contra todas estas injusticias que se presentan en contra de estas comunidades, quiero que recuerden que la única forma de pronunciarnos, y hacer visible todo este cúmulo de injusticias es a través de nuestras publicaciones en los medios idóneos dispuestos, para que todo el mundo académico conozca y se concientice de lo injusto que es en ocasiones, el no tener presente que nos referimos a personas humanas, a nuestros hermanos que claman para que quienes escribimos, a través de nuestras líneas, seamos una voz de reclamo ante el mundo que en ocasiones se torna injusto e inhumano:

La imagen que presenta este reporte sobre la población afrocolombiana exige una acción contundente por parte del Estado. El atraso en el desarrollo de la población afrodescendiente no es aceptable a la luz de la Constitución Política Nacional ni de la legislación colombiana, que recoge y pondera la diversidad cultural y étnica del territorio. Es imperativo generar planes de acción inmediatos para eliminar la desarticulación entre los diferentes niveles de gobierno, que ha impedido el avance de esta población. (Uribe & Jaramillo, 2008, p.82)

Por último es hacer una invitación a la comunidad científica para que desde sus conocimientos se multipliquen trabajos como este, en el que se recuerda al gobierno nacional el cumplimiento de sus obligaciones, y recordar a la colectividad en general que trabajos como el presente permiten a las comunidades conocer el estado de la cuestión y recapacitar sobre el asunto, generando conciencia ciudadana, acompañada de una verdadera democracia participativa, en pro de defender los derechos de los más débiles y desprotegidos de la nación.

la tasa de deserción alcanzó a 2011 el 46,6% a nivel regional, por encima del promedio nacional 45,3%; de los departamentos costeños que presentan una mayor tasa de deserción estudiantil a nivel universitario fueron Guajira con el 54% y Sucre con el 50% (Castro, 2014, p.184).

Referencias

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Caicedo Ortiz, J. A. & Castillo Guzmán, E. (2008) Indígenas y afro- descendientes en la universidad colombiana: nuevos sujetos, viejas estructuras. Cuadernos Interculturales, 6(10),62-90.

Castro Suárez. C. (2014). En busca de la igualdad y el reconocimiento. La experiencia histórica de la educación intercultural en el Caribe colombiano. Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, (23), 180-206.

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