Introducción

La región del Gran La Plata tiene como principales características la diversidad de las economías de los tres municipios que la componen, Berisso, Ensenada y La Plata y la articulación funcional del aglomerado urbano Gran La Plata, que con 917.656 habitantes (Indec, 2023) nuclea prácticamente la totalidad de la población regional. Las principales actividades económicas son las terciarias (INDEC, 2019) fundamentalmente en la ciudad de La Plata dado su carácter de capital de la Provincia de Buenos Aires, sede de la Universidad Nacional y de numerosas entidades empresariales y financieras. La región cuenta asimismo con un sector secundario en el que sobresalen las industrias petroleras, petroquímicas y metalmecánicas emplazadas en el sector portuario de Berisso y Ensenada, y con uno de los cinturones hortícolas y florícolas más importantes del país localizado en el periurbano del partido de La Plata.

En el último medio siglo la Región fue testigo de cambios significativos. Tomando como ejemplo la distribución de la población ocupada en las principales actividades del aglomerado urbano en 1974, año culminante de la etapa de sustitución de importaciones, los servicios y la administración pública reunían el 42% de los ocupados, la industria abarcaba el 18,8%, el comercio el 12,6% y la construcción el 4,9% (INDEC,1974). Según la información correspondiente al último trimestre del 2019, el 67,3 % de la población ocupada se dedicaba a los servicios (la administración pública por si sola representaba el 14,6%), el 15,3% al comercio, la construcción reunía el 10,3% y la industria el 7,1%. (INDEC, 2019) . Estos datos reflejan un proceso de aguda transformación socioeconómica que en la industria implicó el cierre de establecimientos, la reestructuración de empresas con caídas en el número de ocupados y el estancamiento del sector en su participación respecto al total de ocupados en la Región, mientras crecía el sector terciario a través de la diversificación y expansión de los servicios empresariales y financieros.

Las sucesivas crisis que atravesó la Región, entre las que se destacan la hiperinflación de 1989, la recesión y crisis de 2001, la reciente recesión del 2018 y los efectos de la pandemia de COVID 19, impactaron negativamente en el mercado de trabajo regional, que no logra incorporar a numerosos grupos poblacionales en empleos plenos y genera puestos de trabajo precarios. Esta dinámica ha derivado en significativos niveles de pobreza y de indigencia en el aglomerado y en los últimos años, en la agudización de la crisis alimentaria.

Tabla 1

Porcentaje de personas bajo la línea de indigencia y bajo la línea de pobreza en el aglomerado Gran La Plata

Fuente EPH, INDEC

Fuente EPH, INDEC

Frente a estos procesos, integrantes de diferentes organizaciones socioterritoriales^[1] fueron conformando en la Región unidades productivas que dieron lugar al crecimiento de la Economía Popular, Social y Solidaria (EPSyS) a través de actividades como la producción textil, la producción hortícola, la producción alimenticia, la construcción y la recolección de residuos sólidos y el mantenimiento urbano. Por caso pueden mencionarse las actividades que llevan a cabo dos de las diez organizaciones que integran el Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP): el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Agrupación “La Falcone”. El MTE cuenta en la Región con dos polos textiles, trabajadoras de reciclado, sitios de elaboración y distribución de alimentos y producción hortícola; la Agrupación MC Falcone “La Falcone” ha desarrollado la producción de panificados en pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales, el mantenimiento de espacios públicos y, a través de la Cooperativa Barrios Productores, la fabricación de viviendas mediante un convenio con la UNLP. En la misma universidad se han puesto en marcha tres ferias de productores pertenecientes a organizaciones socioterritoriales de la región.

En base a la indagación de estos procesos este artículo tiene como objetivo presentar el caso de la feria de productores populares “El Paseo”, en sus interrelaciones con la economía estatal y con la empresarial privada en el período de la pandemia de COVID 19 y la pospandemia, y en el contexto de avance de los procesos de financiarización y digitalización constitutivos del capitalismo de plataformas.

El trabajo se realizó mediante relevamiento y análisis bibliográfico, de informes técnicos del sector público, de series estadísticas, documentos cartográficos y de información periodística. Asimismo, se participó en calidad de observadores participantes de encuentros entre productores con representantes del sector bancario y se llevaron a cabo entrevistas a informantes calificados para obtener información sobre el estudio de caso.

La Economía Popular, Social y Solidaria en la Economía Mixta

Nos basamos en la perspectiva de Coraggio quien analiza la economía en términos tanto analíticos como propositivos, elabora una crítica a la economía dominante y propone un proyecto político y social orientado hacia la constitución de otra economía.

El punto de partida es una economía mixta, combinando tres sectores de organizaciones económicas: la economía empresarial capitalista, la economía pública y la economía popular, cuyos sentidos son, respectivamente, la acumulación de capital sin límites, el bien común y la realización del propio trabajo para la reproducción y desarrollo de la vida inmediata. Los tres sectores generan flujos diversos de intercambio entre ellos (relaciones de mercado, transferencias, impuestos y subsidios). Esta clasificación inicial no presupone relaciones solidarias internas o entre sectores (Coraggio, 2020, p. 6).

En base a esta perspectiva adoptamos la denominación de EPSyS a los fines incluir todas aquellas actividades cuyos integrantes se organizan para resolver de manera solidaria y autogestiva sus necesidades colectivas y trabajan por un proyecto transformador equitativo, justo y sostenible para toda la sociedad (Caracciolo, 2014, Bottini et al 2021). Incluye cooperativas, fábricas recuperadas, unidades productivas y de servicios surgidas de políticas públicas, feriantes, artesanos, agricultores familiares, entre las principales actividades. Como antecedente histórico de la EPSyS en Argentina puede mencionarse el despliegue de la Economía Social (ES) desde la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de la inmigración europea, a través de mutuales y cooperativas que brindaron respuestas focalizadas a situaciones de restricción económica o necesidades sociales no atendidas regularmente por el Estado (Fontanet et al, 2013). Es la ES “tradicional” que adquirió a lo largo del siglo XX su principal exponente en el movimiento cooperativo.

La implementación de las políticas neoliberales de los años ´90 y particularmente la crisis del régimen de convertibilidad en 2001, produjeron un incremento de la desocupación, la precarización laboral y un incremento de la pobreza que llevaron a que grupos de desocupados desarrollaran estrategias para cubrir sus necesidades al margen del mercado de trabajo que los excluía. Estas estrategias incluyeron el fortalecimiento de lazos y la constitución de redes sociales paralelamente a la búsqueda de respuestas a sus necesidades básicas. Se inició así una “nueva etapa” de la ES, protagonizada por los movimientos sociales (Fontanet et al, 2013). En este sentido, Palomino plantea que la diferencia entre las formas de la ES tradicional y las de la nueva etapa es que en esta última la ES adquiere una dimensión política mayor: en estas nuevas formas el trabajo es la política (Palomino, 2004), conformando la denominada Economía Popular (EP)^[2].

En el periodo de primacía neodesarrollista^[3] (2003-2015), las políticas públicas de inclusión favorecieron la creación de empleo, la recuperación industrial y del mercado interno, sin embargo, no lograron revertir causas estructurales de la economía argentina que limitan el dinamismo de los mercados de trabajo. Ante estos límites de la economía formal para la creación empleo, la EPSyS se expandió^[4], principalmente a través de formas surgidas en esta nueva etapa. En base a los análisis de Muñoz (2017) y Palomino (2004) podríamos especificar entonces como EP a la base económica y a las organizaciones sociales que emergieron y se desarrollaron en este último período y se destacan por su importante acción en el campo de la política. Un hecho significativo de este proceso fue la constitución de la CTEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en 2011. En el posterior período de reimplantación de políticas neoliberales por parte de la Alianza Cambiemos (entre fines de 2015 y 2019), la EP cobró fuerza frente a ellas y logró incidir en la política de desarrollo social, principalmente con la sanción en diciembre de 2016 de la Ley de Emergencia Social. Hacia fines de 2019 se constituyó la UTEP, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, sindicato conformado por numerosos movimientos y organizaciones políticas y sociales^[5]. A lo largo de este recorrido la EP logró ingresar en la agenda pública social y productiva a través de diferentes instancias normativas y gubernamentales.

Con la asunción del gobierno del Frente de Todos en diciembre de 2019, referentes de la EP ingresaron en el Estado Nacional, principalmente en áreas de Desarrollo Social. Actualmente el Estado Nacional cuenta con 38 organismos y 76 programas destinados al sector; el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, por su parte, lo hace con 12 organismos y 10 programas^[6]. Si bien este avance en la agenda pública coloca a la EP en un lugar de mayor visibilidad y acceso a espacios institucionales y recursos, mantiene una posición subordinada a la economía pública y a la privada empresarial capitalista (Chena, 2018, Mazzeo y Stratta, 2021).

Una aproximación cuantitativa a la EPSyS a escala nacional la ofrece el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, RENATEP, informaba en noviembre de 2022, de unas 3.457.669 personas inscriptas, de las cuales el 39.6% se organiza de manera colectiva: en organizaciones comunitarias y sociales (22%), en cooperativas (7,6%), en pequeños emprendimientos familiares y no familiares (7,1%), en proyectos productivos o de servicios inscriptos (1,7%) y en núcleos de la agricultura familiar (1,2%). Las principales ramas de actividad según el RENATEP corresponden a los servicios personales y comunitarios (62,4% de los inscriptos), seguidos por el comercio, la construcción y mejoramiento urbano, y la agricultura familiar y campesina. En la rama de Servicios sociocomunitarios se destaca la ocupación de Trabajadores/as en comedores y merenderos comunitarios, con casi un 65% de las inscripciones (556.286 trabajadores/as). Asimismo, el 62% corresponde a UP pertenecientes a organizaciones sociales y comunitarias. Ambos datos evidencian la importancia que las organizaciones sociales otorgan a la necesidad de enfrentar la crisis alimentaria. Por su parte, es también significativa la inscripción en la Producción de alimentos, correspondiente a la rama de la Industria manufacturera: con el 43,9 % de las inscripciones (49.402 trabajadores/as) es la primera de las actividades de la rama. En este último caso la gran mayoría corresponde a inscripciones individuales, seguido por organizaciones sociales o comunitarias, pequeños emprendimientos y cooperativas. Según el RENATEP los lugares en los que desarrollan las distintas actividades de la EPSyS son múltiples: públicos, privados, cooperativos, fijos, móviles, urbanos, periurbanos, rurales. Esto evidencia diferentes apropiaciones espaciales y la complejidad en la ocupación y uso del territorio. Se destacan como lugares el trabajo los hogares y domicilios propios o de clientes.

La provincia de Buenos Aires tiene la mayor cantidad de trabajadores/as de la economía popular, con casi el 36%, de las inscripciones al RENATEP, seguida por Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Chaco, cada una de ellas con valores en torno al 6%. Un dato para destacar es que estas cuatro provincias se encuentran en el lote de aquellas en las que el número de inscriptos al Registro es superior al que se desprende del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, registro que contabiliza el total de asalariados del sector privado (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 2021).

Otras fuentes de información son el registro del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), según el cual el país cuenta con 20.378 cooperativas activas (INAES, 2023), y el Centro de Innovación de los Trabajadores CITRA de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo UMET, que calculó a partir de una metodología basada en la Encuesta Permanente de Hogares que el universo restringido de la EP ascendió en el primer trimestre del 2022 a 3.940.138 personas, el 30 % de la Población Económicamente Activa (Wolanski et al, 2022).

Respecto al Gran La Plata diversas fuentes permiten realizar una aproximación cuantitativa a la EPSyS. Siguiendo la metodología desarrollada por el Centro de Estudios Laborales en base a la Encuesta Permanente de Hogares^[7] se ha estimado que la población incluida en la EP del aglomerado ascendía en el año 2021 a 107.267 personas, más del 11 % de la población del aglomerado. Por su parte, la información proporcionada por el programa “Potenciar trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinado a “contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”^[8] ofrece otra aproximación. Según dicha información 56.326 trabajadores/as (44.690 en La Plata, 6.075 en Ensenada y 5.561 en Berisso) están incluidos en el programa aunque la información disponible no permite diferenciar a aquellos que solo llevan a cabo la terminalidad educativa.

Si bien difieren las metodologías y las fuentes, estos datos dan cuenta de la relevancia de la EPSyS en el Gran La Plata respecto a los asalariados registrados, al sector “formal”. Según el mapa productivo laboral elaborado en base a datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, el total de salariados registrados en la Región ascendía a 89.649 en abril de 2023.^[9]

Por otra parte, la información referida a los trabajadores y trabajadoras de la Agricultura Familiar aporta distintos valores según las diferentes fuentes. Según Fernández (2018) y al Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (2018) los productores/as de la AF de La Plata suman unos 3.500, mientras los datos disponibles a diciembre de 2019 proporcionados por el ya mencionado RENAF arrojan para La Plata unos 4376 trabajadores/as, 77 para Berisso y 7 para Ensenada^[10].

La AF y el “Paseo de la Economía Social y Solidaria”

Como se mencionara en la Introducción el partido de La Plata cuenta con el cinturón hortícola (CHP) más importante de la provincia de Buenos Aires. La producción abarca cerca de 6.000 has, 5.000 de las cuales son bajo cubierta, unas 1.000 has bajo la modalidad “a campo” y en unas 100 has, mediante métodos agroecológicos (Andrada y Báez, 2018). El 50% de las explotaciones del CHP corresponde a la AF, ocupan un tercio de la superficie total con una superficie media de los predios de 3.4 has (Consejo Federal de Inversiones, 2013). Entre las principales hortalizas se encuentran el tomate (que explica alrededor del 40% de la producción total), la lechuga (con un 20%) y el pimiento (11% de participación)^[11].

La comercialización de esta producción se realiza principalmente de modo indirecto, a través de transportistas qué llevan la producción a los mercados concentradores. El modo directo, que permite el desarrollo de cadenas cortas, tiene una escasa participación a pesar de que les otorga a los productores mayores ingresos.

En el contexto de implementación de la Tarjeta AlimentAR^[12] en el 2020, de la pandemia del COVID-19 y de las medidas de aislamiento y distanciamiento adoptadas ante ello, los productores y las organizaciones de la AF tuvieron que adaptar sus estrategias de comercialización. Es el caso de “El Paseo de la Economía Social y Solidaria”, experiencia de comercialización en la cual participan organizaciones de productores hortícolas de la AF, junto a artesanos, productores de miel, productores de alimentos, entre otros. Se lleva a cabo desde el año 2011, y adscribe a los valores de la Economía Social y Solidaria de la política de Extensión Universitaria de la UNLP. “El Paseo” se desarrolla principalmente en el predio de ingreso al Rectorado de la UNLP. Los productores, emprendedores y artesanos pertenecen a diferentes localidades de la Región del Gran La Plata y a Brandsen, Alejandro Korn, Punta Indio, Loma Verde, Bavio y Magdalena. El Paseo depende del Consejo Social de la Universidad y se compone, entre otras, de 20 organizaciones de productores hortícolas: Cooperativa Agropecuaria Nueva Esperanza, Cooperativa Moto Méndez de Horticultores Platenses, Unión de Trabajadores de la Tierra, Lapacho productores hortícolas, Cooperativa Agropecuaria Productores del Parque Pereyra y Unión Romerense. “El Paseo” cuenta con un reglamento donde se establecen las normas de organización: quienes pueden formar parte del mismo, la fijación de reuniones, la asistencia a las mismas, los roles y responsabilidades para sostener el espacio de comercialización, el armado, orden, presentación e higiene de la feria, el acuerdo de precios, los días y horarios de los espacios de comercialización, y la atención al consumidor (Andrada, N.; Rial, S. y Adriani, L, 2021)

En la pre-pandemia prevalecía en “El Paseo” una modalidad directa de comercialización: los productos se vendían en distintos días en ferias distribuidas en diferentes predios, principalmente universitarios. Es la modalidad “cara a cara” productor-consumidor de las cadenas cortas. Los impactos de la pandemia y de las medidas de aislamiento y distanciamiento hicieron que la comercialización y venta se expandiera mediante bolsones con frutas y verduras de estación (a los que se incorporaron otros productos de la EPSyS como panificados y dulces) y mediante de medios digitales de comunicación y venta: aplicaciones como Mercado de Pago, tarjetas de débito y crédito.

Esto último, compartido por otras ferias y formas de comercialización en diferentes partes del país, evidenció un avance de la combinación financiarización-digitalización en la EP y en nuestro caso originó una reconfiguración del funcionamiento de “El Paseo” en el marco de la economía mixta. Desde este enfoque el sector de la EPSyS incluye a los productores y a las organizaciones sociales de las que forman parte. El sector estatal y de la economía pública participa a través de los equipos de la UNLP organizando “El Paseo” y la venta y la distribución online, el INTA^[13] brindando asistencia técnica a los productores, la AFIP^[14]se encarga de registrar a los productores para que puedan facturar las ventas y acceder a distintos medios de pago. Los actores del sector empresarial privado son los bancos privados y las cadenas de valor proveedoras de insumos para los productores, las Fintech para la venta por medios electrónicos, las empresas financieras que otorgan las tarjetas de crédito y débito a los consumidores y el procesador POS (Point of Sale) a los encargados de la venta, las empresas de software mediante aplicaciones como Facebook e Instagram para la difusión de la información, Google con los formularios de venta y WhatsApp, Zoom o Meet para la comunicación entre los productores y la organización del intercambio. Como puede observarse, las cadenas y tramas de valor se complementan, hecho que permite identificar como se relacionan los actores dentro de la complejidad multiescalar de interdependencias, subordinaciones y jerarquías articuladas en la economía mixta. El gráfico 1 muestra la ubicación de los actores en cada uno de los sectores de la economía mixta.

Figura N° 1
“El Paseo” en la economía mixta
Fuente: elaboración propia en base a Coraggio, 2014.

Capitalismo informacional en fase de Plataformas.

El ascenso de la financiarización de la mano de las tecnologías de la información ha dado lugar a numerosas interpretaciones en su relación con el espacio (Santos, 2004, Sassen, 2011, Harvey, 2012). En este proceso, la profundización de la digitalización llevada a cabo a partir de la pandemia nos muestra una dependencia a tecnologías de comunicación que hace un tiempo parecía más difusa. Definimos a la etapa actual como Capitalismo Informacional (Castells, 2000; Fuchs, 2012) al que le sumamos la conceptualización de Zukerfeld (2014) quien identifica dos fases, la primera de redes y la segunda de plataformas.

La primera abarca desde la salida de la crisis de los ‘70 hasta mediados de la década del 2000. Según Zukerfeld (2020) esta fase se caracteriza por el surgimiento de las redes digitales, el trabajo en red colaborativo y las empresas red. Estas dos últimas características se hermanan mostrando la forma prototípica del capitalismo informacional; a su vez, a esto hay que sumar el proceso de flexibilización de la producción “justo a tiempo”, la desregulación del mercado laboral y la deslocalización del trabajo hacia lugares con menor protección laboral y sindicalización. Por último, se observa un aumento en la polarización de la fuerza de trabajo debido a que aparece una dicotomía entre trabajadores globales informacionales calificados y trabajadores en servicios de baja calificación.

La segunda fase, la del capitalismo de plataformas, comienza luego de la crisis de las hipotecas subprime del 2008 cuando el capital financiero direcciona el capital de riesgo a las famosas Starturps^[15] (Srnicek, 2018; Sandin, 2018), las características que marcamos de la fase anterior no desaparecen, sino que se articulan a otras nuevas. En primer lugar la aparición del sector de la información vinculado a la producción de bienes informacionales como softwares, textos digitalizados, producciones audiovisuales, etc y a su vez está la informacionalización del trabajo en todos los sectores, proceso que se despliega a través de un dispositivo informático. A esto se suma la automatización informacional a través de la sustitución del trabajo humano mediante tecnologías digitales, software, inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas y la robotización. Por último, la plataformización, que comienza a integrar e integrase a todas las actividades laborales y extralaborales.

De acuerdo a lo antedicho y tomando el enfoque de los subsistemas de la economía mixta, se observa claramente que las actividades dinámicas del capitalismo informacional se encuentran estrechamente vinculadas con la economía empresarial (Google, Amazon, Mercado Libre, Etc), aunque muchas de las innovaciones se desarrollan a través de inversión pública. Por otra parte se observan distintas iniciativas dentro de la EPSyS que se insertan en las plataformas, mediante software libre o a través de la creación de cooperativas de programadores (Vanini, 2019). Un ejemplo de ello es la iniciativa ESSAPP^[16], una plataforma en la cual aparecen georeferenciados emprendimientos de la EPSyS de nuestro país.

Como se mencionó, en nuestro caso de estudio los productores familiares se encuentran relacionados con los actores tecnológicos de modo directo e indirecto. Para poder comercializar sus productos y comunicarse entre ellos, los productores utilizan redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp), como así también para sus ventas las plataformas de fintech y bancarias (Mercado de Pago, Cuenta DNI, BN+, Modo entre otras). Asimismo, estas empresas se encuentran vinculadas a otras grandes plataformas como Amazon o Google, quienes mediante Amazon Web Series o Google Cloud respectivamente, ofrecen almacenamiento de información en sus nubes. De este modo el capitalismo informacional en su fase actual articula capilarmente los más diversos sectores y actores y establece redes que vinculan, imponen y desarrollan los territorios de manera desigual.

El comercio en el capitalismo informacional. Entre la banca tradicional y las Fintech.

Durante la gestión del gobierno nacional actual se plantearon algunas estrategias de política pública para sobrellevar los problemas alimentarios de los sectores populares que intentaron incluir a los actores de la EPSyS dentro de la política pública. La implementación de la tarjeta AlimentAR a comienzos de 2020 trajo consigo la idea de insertar a los actores de la EPSyS en la oferta de productos alimenticios para los sectores populares con una lógica de entramados productivos y desarrollo local. Para ello los productores debieron insertarse formalmente en el sistema financiero y fiscal: inscribirse en la AFIP como monotributistas, abrir una cuenta bancaria para poder realizar transacciones y acceder a una terminal POS para el cobro con tarjetas de débito o crédito. La vinculación se dio con los bancos (principalmente el Banco Nación) y con las empresas de tarjetas Visa y MasterCard, por ser las que otorgan a los bancos las licencias para para emitir a los vendedores que adhieren a estas formas de pago y la terminal POS para procesar las ventas. La utilización de estos mecanismos de cobro implicó una comisión a pagar a estas empresas de un 0,8% para tarjetas de débito y un 1,8% + IVA de las tarjetas de crédito a los 8 días de realizada la venta. Estos valores fueron acordados en 2021 entre las empresas del sector, la Cámara Argentina de Comercio y la Secretaría de Comercio de la Nación. En el caso de las tarjetas de crédito el tiempo de acreditación del dinero se puede solicitar que sea a las 24hs, sin embargo, las comisiones aumentan a un 3,79% + IVA (Tranding Post, 14/04/23).

La digitalización generó un abanico de nuevas posibilidades a la hora de realizar los cobros de la comercialización de los productos, por caso es relativamente reciente la implementación del pago mediante POS móvil^[17], por Código QR^[18], por plataformas y billeteras virtuales, entre otras. Al respecto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habilitó la masificación de uso de pagos digitales a partir de una nueva normativa que permite que el código QR pueda ser leído por cualquier billetera digital o aplicación de pago. Esta habilitación permite reducir costos, la transferencia inmediata de los fondos y desincentiva el uso de dinero en efectivo. Según Zícari (2022) esto generó que las Fintech, como el caso de Mercado de Pago, se apropien de parte de la renta de dinero que anteriormente no circulaba en el sistema bancario. En este sentido, la visión de la mencionada empresa -según palabras de su propio fundador Marcos Galperín- fue insertar en el mercado financiero a aquellas personas que operaban por fuera del sistema bancario. Apuntar a los sectores vulnerables no es solamente darles acceso a lo que el Banco Mundial y otros organismos públicos plantean como “inclusión financiera”, se trata de un mecanismo para obtener mayor renta a partir de los sectores populares, ya que al plantearse como más riesgoso prestarles a los mismos se les cobra mayores intereses y comisiones (Burgos y Malic, 2022; Zícari, 2022).

A partir de la disposición del Banco Central las “empresas tradicionales” de Fintech (Mercado de Pago, Todo Pago, PayPal, entre otras) comienzan a competir con la banca tradicional generando sus propias aplicaciones. Gran parte de los bancos tuvieron sus propias aplicaciones, pero en su mayoría terminaron adoptando la billetera virtual Modo^[19], por su parte, el Banco de la Provincia de Buenos Aires apostó por su propia aplicación llamada Cuenta DNI.

Este hecho se verificó entre productores de “El Paseo” que encontraron mejores condiciones para operar con estos medios que con los sistemas previamente mencionados. A diferencia de los pagos mediante LAPOS y POSNET el pago mediante plataformas digitales, al no estar reglamentado como el que se realiza mediante la banca tradicional tiene particularidades propias: surgen diferenciaciones en cuanto a las comisiones, el plazo para tener disponible el dinero y a su vez, promociones específicas para este tipo de pagos.

Gran parte de las Fintech cobran comisiones superiores a los de las formas vistas anteriormente, pero en otros casos como Cuenta DNI y Modo los consumidores pueden conseguir descuentos del 30% o 40% en compras específicas. Las comisiones por transacción con esta aplicación y utilizando el smartphone son del 0,6% por cada una y la acreditación es inmediata. En caso de vincular la Cuenta DNI a terminales LAPOS y POSNET cambian las comisiones y los plazos. Por caso Cuenta DNI (0,6% e instantánea), QR vinculada a débito directo de la cuenta (0,8% e instantánea) y si se utiliza como intermediario para una tarjeta de crédito o débito los aranceles y plazos igualan a los pagos con tarjetas tradicionales. Mercado de Pago, por su parte, como se puede observar en las tablas Nº 2 y Nº3, presenta valores superiores a los de Cuenta DNI, y en algunos casos también inciden los plazos. Por su parte, en el caso de Modo las comisiones y plazos son iguales a los de la banca tradicional.

Esto confirma la aseveración de Srnicek (2018) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en cuanto al monopolio en el Capitalismo de Plataformas, es decir, tanto Modo como Cuenta DNI subsisten por el respaldo de la banca tradicional y Mercado Pago es la fintech hegemónica.

Tabla N° 2

Valor de las comisiones con Mercado Point

Fuente: Extraído de la página oficial de Mercado de Pago

Tabla N° 3

Valores de las comisiones con QR

Fuente: extraído de la página oficial de Mercado de Pago

Consideraciones finales

La implementación de la Tarjeta AlimentAR, la pandemia de COVID 19 y las medidas de gobierno adoptadas frente a ella impactaron en las tramas de valor y en las modalidades de comercialización de la EPSyS y en sus configuraciones espaciales. Los productores de la AF que comercializaban sus productos en paseos y ferias, se vieron ante la necesidad de profundizar y ampliar el uso de plataformas tecnológicas y financieras a los fines de sostener sus ventas, dando lugar a nuevas espacialidades. Este proceso otorgó una mayor complejidad a la región ya que se establecieron nuevas relaciones entre los productores de la AF con las empresas transnacionales de los sectores de comunicaciones y finanzas. Los actores del sector financiero y de las Fintech comenzaron a recibir una renta de los productores, debido a las comisiones de las nuevas formas de pago. Algunas preguntas que nos surgen son: ¿La inserción de los productores en estas formas de pago y su registro en la AFIP, les generó beneficios o implicó solamente incrementos de los costos? ¿Debieron aumentar el valor de los productos que comercializan o resignaron ingresos? ¿Qué tensiones se generan en las tramas de valor al articularse con las cadenas de valor dominadas por los actores transnacionales del sector financiero?

Teniendo en cuenta una dimensión de debate más amplia en torno a la EPSyS, si bien se ha extendido la participación de varios actores pertenecientes a este subsistema en el Estado a partir de la asunción el actual gobierno nacional, la implementación de la Tarjeta AlimentAR nos muestra una política con un direccionamiento específico, favoreciendo a actores concentrados del sector empresarial capitalista, como son los hipermercados, dificultando las posibilidades de desarrollo de proyectos alternativos de la EPSyS. En este sentido, las adecuaciones que debieron realizar los productores de alimentos de la EP para poder vender sus productos a los beneficiarios de las tarjetas, no fue acompañado de los cambios necesarios en las políticas públicas para enfrentar la competencia con las grandes empresas supermercadistas. Del mismo modo no se llevaron a cabo modificaciones sustantivas en las condiciones de adquisición de alimentos por parte de los organismos públicos que los requieren. Este es uno de los debates que se plantean como necesarios para avanzar en perspectivas en el fortalecimiento de la AF y de la EPSyS, teniendo en cuenta que la situación post pandemia no muestra que el subsistema capitalista dominante cambie las tendencias que se observaban antes de la pandemia, sino que por el contrario las exacerba.

Referencias bibliográficas

Adriani, H. L., Santa María, J., Rial, S., Mirallas, B., Giammarino, D. (2022). La economía popular, social y solidaria en el Gran La Plata. Una aproximación a la producción y distribución de alimentos en los barrios populares. Actas XI Jornadas de Sociología de la UNLP. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.15508/ev.15508.pdf

Andrada, N., Báez, S. (2018). Una aproximación a las problemáticas ambientales asociadas al consumo y la producción de insumos industriales en la cuenca del Arroyo del Gato: Los casos de la Cooperativa Unión Papelera Platense y la producción hortícola bajo cubierta. En Actas XX Jornadas Platenses de Geografía. 1-18.

Andrada, N., Rial, S. y Adriani, L. (2021). Comercialización y Agricultura Familiar. El caso de El Paseo de la Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de La Plata: impactos de la pandemia COVID 19 y el ASPO en su configuración territorial. Pampa, núm. 24, e0039, Julio-Diciembre 1-13.

Archenti, N. (2018). Estudio de caso/s En Marradi A., Archenti N. y Piovani J. I. Manual de metodología de las ciencias sociales. Siglo XXI Editores.

Bottini, A., Boronat Pont, V., Cascardo, F., Fournier, M., Mutuberría Lazarini, V., Sciarretta, V. (2021). Economía popular, social, solidaria y feminista. Aportes para el debate y la transformación. Fundación Friedrich Ebert. Editorial electrónica: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/18429.pdf

Burgos, M. y Malic, E. (2022). La irrupción de MercadoPago en el sistema bancario argentino. En Zicari, J. República MercadoLibre. La empresa más de la Argentina y los riesgos de la economía de plataformas. Callao Cooperativa Cultural.

Cantamutto, F. (2022). Hegemonía y dependencia en la Argentina neodesarrollista Caderno CRH 35, https://doi.org/10.9771/ccrh.v35i0.26872

Caracciolo, M. (2014). Construcción de tramas de valor y mercados solidarios. En García, A. (comp.). Espacio y poder en las Políticas de Desarrollo del siglo XXI. CEUR-CONICET, p. 360-440.

Castells, M. (2000). La era de la información: economía, sociedad y cultura (2da edición, Vol. 1). Alianza Editorial.

Chena, P. (2018). La economía popular y sus relaciones determinantes. Cuadernos FHyCS-UNJu 53, 205-228.

Consejo Federal de Inversiones (2013). Desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de valor al interior de la provincia de Buenos Aires. Informe final. http://biblioteca.cfi.org.ar/documento/desarrollo-y-fortalecimiento-de-las-cadenas-de-valor-al-interior-de-la-provincia-de-buenos-aires/

Coraggio, J. L. (2014). La economía social y solidaria y el papel de la economía popular en la estructura económica. En IEPS Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (Comp.). La economía Popular y Solidaria. El Ser Humano Sobre el Capital 2007 – 2013. p. 21-46.

Coraggio, J. L. (2020). Economía social y economía popular: Conceptos básicos. Contribuciones de Consejeres. Serie de Documentos Nro. 1. INAES.

Coraggio, J. L. y Loritz, E. (2023). Economía Popular. Entre la emergencia y la estrategia. CICCUS.

Defensoría del Pueblo Provincia de Buenos Aires (2018). Documento diagnóstico. Arrendamientos rurales en el Partido de La Plata. Defensoría del Pueblo https://www.defensorba.org.ar/pdfs/informes-tecnicos-upload-2019/documento-diagnostico-arrendamientos-rurales-agosto-2018.pdf

Deux Marzi, M. V. (2022). Economía popular, social y solidaria en Argentina. Horizontes emancipatorios y nuevas agendas en el contexto post-pandemia. En 33 Congreso Internacional del CIRIEC. Nuevas dinámicas mundiales en la era post-Covid: desafíos para la economía pública, social y cooperativa.

Féliz, M. (2015). ¿Neodesarrollismo a la deriva en la Argentina?: Hegemonía, proyecto de desarrollo y crisis transicional. Márgenes, 1 (1), 95-118,

Fernández, L. (2018). La Exclusión Social de los Agricultores Familiares de La Plata. Un análisis del período 2005-2018. Revista Pilquen - Sección Ciencias Sociales. vol. 21, núm. 2, p. 108-128.

Fernández Álvarez, M. I., Natalucci, A., Di Giovambattista, A. P., Fernández Mouján, L., Mate, E. y Sorroche, S. (2021). La economía popular en números. Bases metodológicas para una propuesta de medición. Citra.

Fontanet, F., Garcia, A., Toscani, M., Vidosa, R. (2013). Autogestión y políticas públicas en Argentina: avances y desafíos de agenda en la post-convertibilidad. Revista IDELCOOP, 211, 12-2013, 58-73

Fuchs, C. (2012). Una contribución a la crítica de la economía política del capitalismo informacional transnacional. Nómadas N°36, 26–41.

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Asuntos Agrarios (2007). Censo Hortíflorícola Provincia de Buenos Aires CHFBA

Harvey, D. (2012). El enigma del capital y las crisis del capitalismo. Akal

Halvorsen, S., Mançano Fernandes, B. y Torres, F. V. (2021) Movimientos socioterritoriales. Casos de América Latina y Europa. Geograficando, 17(2), e097.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC. (1974). Encuesta Permanente de Hogares EPH, Onda Octubre 1974. Informe de prensa, 1974.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, Encuesta Permanente de Hogares EPH, años 2016,2017,2018,2019,2020, 2021 y 2022.

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC, Encuesta Permanente de Hogares. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-bases_EPH_tabulado_continua

López, E. (2018). ¿Qué fue de la hegemonía desarrollista? Tiempos de transición y nuevas posiciones al interior del bloque de poder en la Argentina Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Cuadernos de Economía Crítica, 4, 8, 15-41

Maldovan Bonelli, J. (2018). La economía popular: debate conceptual de un campo en construcción. Compilación de Emilce Moler. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

Mazzeo, M. y Stratta, M. (2022). ¿Qué es la economía popular? Experiencias, voces y debates. Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas FISyP, 2022. https://fisyp.org.ar/2022/07/25/que-es-la-economia-popular-experiencias-voces-y-debates-por-miguel-mazzeo-y-fernando-stratta/

Merino, G., Adriani, H (2017). Proyectos en pugna en la configuración de la economía argentina en el período de primacía neodesarrollista: Su manifestación en grandes empresas industriales del Gran La Plata. En Adriani, Héctor Luis, Suárez, María Josefa, Narodowski, Patricio, directores. Territorio y producción en el Gran La Plata durante el período de hegemonía neodesarrollista: Dinámicas, heterogeneidad y conflictos en el sector industrial, pp. 109-124, 2017. Prohistoria.

Muñoz, M.A. (2017). Institucionalidad de la economía popular y social en Argentina: evolución de las demandas sociales y las respuestas Estatales (2002-2017). En 13 Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. El trabajo en conflicto. Dinámicas y expresiones en el contexto actual. ASET. https://aset.org.ar/congresos-anteriores/13/ponencias/11_Munoz.pdf

Muñoz, M. A. (2018). Las marcas de los sujetos en el Estado: Los trabajadores de la economía popular y las políticas públicas en la Argentina reciente. Documentos y aportes en administración pública y gestión estatal, 18 (30), pp. 85-128.

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (2021). Diagnóstico y perspectivas de la economía popular. Reporte Agosto 2021. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/renatep_diagnostico_y_perspectivas_de_la_economia_popular_reporte_agosto_2021.pdf

Narodowski, P. (2013). Economía popular. Una estrategia para sostener la actual alianza política y profundizar el cambio estructural. Realidad Económica (279), Octubre / Noviembre, pp. 100–131.

Observatorio de políticas públicas en economía popular, social y solidaria de la Universidad Nacional de General Sarmiento OPPEPSS. (s/f). http://oppepss.ungs.edu.ar/

OCDE (2022). Manual de la OCDE sobre política de competencia en la era digital. https://www.oecd.org/daf/competition-policy-in-the-digital-age

Palomino, H. (2004). La Argentina hoy – Los movimientos sociales. Revista Herramienta, N° 27

Santos, M. (2004). Por otra globalización, del pensamiento único a la conciencia universal. Convenio Andrés Bello.

Sassen, S. (2011). Ciudad y globalización. Quito: Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos OLACCHI - Municipio del Distrito Metropolitano de Quito MDMQ.

Srnicek, N. (2018). Capitalismo de plataformas. Caja Negra

Varesi, G. (2021). Kirchnerismo y neodesarrollismo. Hegemonía, acumulación y relaciones de fuerzas en Argentina. Luxemburg.

Viteri, M. L., Vitale, J., Quinteros, G. (2020). Innovar en Tiempos de Pandemia. Agricultura Familiar en la Argentina. Ediciones INTA.

Wolanski, S., Sorroche, S., Mate, E., Santín Rulfo, B. y Fernández Alvarez, M. I. (2022). La economía popular, sus números y dinámica entre el 4t-20 y el 1t-22. Análisis de la composición etaria de la población. Citra.

Zicari, J. (2022). República MercadoLibre. La empresa más de la Argentina y los riesgos de la economía de plataformas. Callao Cooperativa Cultural.

Zukerfeld, M. (2014). Todo lo que usted quiso saber sobre internet, pero nunca se atrevió a googlear. Hipertextos, 2014.

Zukerfeld, M. (2020). Bits, plataformas y autómatas. Las tendencias del trabajo en el capitalismo informacional. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 7, 1–50.

Notas