Introducción

Pedro de Jesús Maldonado, sacerdote rural, párroco de Santa Isabel, Chihuahua, fue asesinado el 11 de febrero de 1937 durante la etapa final del conflicto religioso en el estado (1932-1937), vinculada con las acciones antirreligiosas del gobernador Rodrigo M. Quevedo.^[1] Opositor de la educación oficial, y en ejercicio de su ministerio religioso sin licencia civil, al sacerdote se le había perseguido desde 1934 por parte de elementos de la policía rural local (Vázquez, 2019, p. 18). Su asesinato, ocurrido poco después de la entrada del gobernador Gustavo L. Talamantes, coincidió con una doble voluntad —la de este y el entonces obispo de Chihuahua, Antonio Guízar— de recuperar el ejercicio ordinario del culto católico en el estado. En este artículo se abunda en el impacto del martirio del padre Maldonado sobre las gestiones ulteriores entre la Iglesia y el Estado para el restablecimiento de la praxis religiosa chihuahuense.

El texto adopta un análisis cualitativo de la reacción de las autoridades civiles y eclesiásticas ante el homicidio del padre Maldonado, así como de los fieles católicos, a través de la prensa local y nacional que dio seguimiento al caso, situando un gobierno apresurado por acallar el asunto, un obispo cauteloso aguardando en silencio una oportunidad de diálogo con el Estado, y una población católica indignada que exige justicia y libertad de culto. Enseguida se analiza el desarrollo de los mecanismos de protesta de los fieles católicos (con la notable ausencia del clero) y el interés conciliatorio de Talamantes hacia el pueblo en un contexto de desprestigio político de su figura. Finalmente, a través de la correspondencia disponible del obispo Antonio Guízar con sus sacerdotes, fieles y autoridades civiles, así como el seguimiento de la respuesta de Talamantes, se dibuja la prudente estrategia que siguieron los mandatarios de ambas esferas, para la reapertura de los templos católicos en los meses inmediatos posteriores al asesinato del sacerdote Maldonado.

Se adoptan aquí el concepto modus vivendi y su relación con el cardenismo, que analiza Roberto Blancarte (1992). También se sigue la línea de Franco Savarino (2017) en el análisis del conflicto religioso chihuahuense, así como su postura en relación con la actitud no acomodaticia, sino diplomática y prudente de Antonio Guízar (Savarino, 2020). De esta forma, se sitúa el contexto político en el que ocurrió el asesinato del padre Maldonado y se ejecuta el diálogo posterior entre Guízar, Talamantes y sus subordinados sacerdotes y figuras políticas civiles.

Contexto nacional. Cardenismo y modus vivendi

Es necesario partir de que el asesinato del padre Maldonado, se dio en un contexto nacional encaminado hacia un modus vivendi entre la Iglesia y el Estado. Lázaro Cárdenas no estaba interesado en reformar o abolir ningún artículo de la Constitución en materia de cultos o educación, que eran los dos aspectos más disputados entre el poder civil y el eclesiástico. Sin embargo, tampoco le interesaba a la agenda política de Cárdenas la enemistad con la Iglesia que las “campañas desfanatizadoras” del Maximato habían sembrado. Al mismo tiempo, las autoridades eclesiásticas no buscaban levantamientos armados, e incluso la mayoría de los prelados condenaban casi cualquier reacción violenta por parte de sus sacerdotes y fieles contra las disposiciones civiles (Blancarte, 1992, pp. 58-62).

Así, desde 1936 Cárdenas buscó la paz con la Iglesia, lo que permitió la apertura de numerosos templos y el ejercicio de una mayor cantidad de sacerdotes en algunos estados: “La apertura de templos se puso de moda en todo el país” (González, 1981, p. 82), pero no por simpatizar con ella, sino por intereses de su propia agenda política, enfrentándose a la dificultad de que muchos poderes locales tenían todavía una línea de acción profundamente anticlerical. Franco Savarino les llama incluso “políticas antirreligiosas” y destaca los casos de Sonora, Sinaloa, Querétaro, Colima, Veracruz, Chiapas y, por supuesto, Chihuahua, en los que estas administraciones estaban presentes hacia 1937 todavía (2017, p. 175). En estos casos, Cárdenas trató el problema amparando a algunos sacerdotes, como en el de Salvador B. Uranga de Ciudad Juárez, quien promovió con éxito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos amparos, para poder ejercer su ministerio sacerdotal en 1936 y 1937.

Finalmente, en 1938, con el apoyo que dio y promocionó la Iglesia para pagar la deuda de la expropiación petrolera y el nacionalismo que prometió, se inicia un acuerdo implícito: la Iglesia cede la cuestión social al Estado y este tolera la educación y el culto público por parte de la Iglesia. Este fue el conocido modus vivendi, y de este modo puede comprenderse que el crimen contra el sacerdote Pedro Maldonado se dio en un estado todavía dirigido por círculos de poder anticlericales —aunque se verá enseguida cómo a Talamantes le interesaba adherirse a la política cardenista—, y en vísperas de un modus vivendi entre la Iglesia y el Estado a escala nacional, a través de lo cual se analizan las reacciones y disposiciones del gobierno civil y eclesiástico de Chihuahua en torno al asesinato del sacerdote. Esto permite evaluar su impacto sobre el restablecimiento del culto, que fue favorable, ya que aceleró el ya venidero modus vivendi regional.

Reacciones local y regional inmediatas. La voz del pueblo. El silencio del clero

En las entrevistas de la prueba testimonial para la causa de canonización del padre Maldonado, casi cincuenta años después de su muerte, se observa que los entrevistados que conocieron al sacerdote en persona y vivieron el acontecimiento de su muerte, no aceptaron de buena manera los sucesos, pero al mismo tiempo experimentaron miedo, por lo que actuaron poco en un primer momento: “todo era injusto, y todo lo decían [las personas] a escondidas en su casa o en las esquinas” (Haro, 1987, 23 de enero). Lo cierto es que el pueblo estaba disgustado, y el constante trabajo pastoral del sacerdote en los alrededores de Santa Isabel lo había hecho muy conocido entre sus habitantes, lo cual permitió que la noticia del fallecimiento del padre Maldonado, se expandiera con rapidez.

Al funeral acudieron miles de personas. Es difícil saber cuántas, pero las fuentes de información que publicaron al respecto calcularon entre dos mil y siete mil personas (Savarino, 2017, p. 180) entre hombres, mujeres y niños, según publicaciones católicas como La Antorcha, que acusó a la prensa oficial de reducir la importancia del acontecimiento: “no es cierto que solo mujeres, como dice la prensa vendida o miedosa […] algunos elementos oficiales, así como la prensa servil, han pretendido restar importancia a este asesinato presentándolo como un simple accidente”. De este modo, se argumentó que la presencia de tantas personas durante la marcha fúnebre constituyó “una muda, pero elocuentísima manifestación de protesta” (“Piden castigo para los asesinos”, 1937). El sepelio fue la primera manifestación por el deceso del padre Maldonado:

Los periódicos comentaban el gran suceso como una manifestación de duelo por la muerte o martirio del Padre, era algo que nunca se había visto, era un cortejo tan grande, toda la gente quería ir a verlo y hacía fila para ello. (Haro, 1987, 6 de febrero)

Finalmente, fue durante el funeral cuando algunos jóvenes de la acjm^[2] y de los Caballeros de Colón llamaron a una manifestación el siguiente domingo 14 de febrero, pidiendo justicia y la reapertura de los templos (“El Mártir”, 1937).

Por su parte, el obispo Antonio Guízar, antes de la muerte del sacerdote, envió al hospital Civil al padre Espino y al padre Sixto Gutiérrez (Conferencia del Episcopado Mexicano, 1991, p. 95), quien dice que el obispo expresó más bien poco y que tan solo se sorprendió de los acontecimientos, y les dijo: “ahí tienen ustedes el ejemplo de un sacerdote, entregado a su apostolado” (Haro, 1987, 19 de febrero). Asimismo, acudió al padre Raigoza, a quien Antonio Guízar comentó de manera particular después del entierro que los que cometieron el asesinato habían dado a Chihuahua un santo, y pidió que guardaran bien todas sus pertenencias, argumentando que servirían mucho en el futuro (Haro, 1986, 12 de noviembre).

Sin embargo, el obispo permaneció en casi absoluto silencio al respecto del homicidio del padre Maldonado, no solo en los días siguientes a los funerales, sino que nunca hizo una mención explícita y pública en los años posteriores sobre el mártir. La única declaración que realizó a la prensa fue en una entrevista telefónica el 15 de febrero, en la que se limitó a decir que el padre Maldonado fue aprehendido y, en la presidencia de Santa Isabel, golpeado sin motivo, pero sin acusar o mencionar nombre alguno (“Horrendos detalles del asesinato del sacerdote Maldonado en Chihuahua”, 1937, 16 de febrero).

El silencio de Antonio Guízar puede entenderse como parte de su estrategia política pacifista y conciliatoria desde el inicio de la persecución religiosa en México (Savarino, 2020).^[3] Sin duda, el obispo vio la importancia del asesinato, ya que él mismo pidió el resguardo de sus pertenencias y porque, tan pronto “pasaron las aguas” en la prensa sobre el homicidio y la manifestación del 14 de febrero, entró en diálogo con el entonces gobernador, Gustavo L. Talamantes,^[4] lo que será objeto de la última parte de este artículo.

Puede decirse, pues, que mientras el clero reaccionó de manera silenciosa y de parte de Antonio Guízar quizá excesivamente prudente, el pueblo lo hizo de manera activa y desafiante, en contraste con las autoridades eclesiales. En primer lugar, difundiendo la noticia; luego protestando silenciosamente con la asistencia masiva al funeral; y el domingo próximo al organizar una manifestación en exigencia de la libertad de culto.

La prisa de las autoridades civiles

Talamantes declaró el mismo día del asesinato que ignoraba las circunstancias de la aprehensión en Santa Isabel, pero que en cuanto supo de ella envió una comisión para trasladarlo a la capital y así evitar mayores desórdenes en la población. Al enterarse de que ya estaba lesionado de gravedad, ordenó a Enrique González Flores investigar personalmente el caso (además del incendio de la madrugada anterior en la escuela), resultando la versión oficial que utilizaron todas las autoridades civiles:

[…] ocasionada [la muerte] por las lesiones contusas que le fueron inferidas […] en el zafarrancho que se originó en el citado lugar, al oponerse el propio sacerdote al cumplimiento de una orden de aprehensión dictada en su contra por violación a la Ley de Cultos. (Christus, 1937, 12 de febrero)

Resulta paradójica esta declaración oficial en la que el incendio de la escuela de Santa Isabel (un hecho accidental), se declara obra de manos criminales, y el homicidio del padre Maldonado (un crimen doloroso), se le atañe a él mismo como responsabilidad por negarse a obedecer una orden.

Son muchos los testimonios de los testigos de la aprehensión y golpiza al sacerdote, para notar la urgencia de las autoridades civiles por armar un discurso que permitiera la impunidad de los agresores y la defensa de la imagen de la administración de Talamantes. Los testimonios más citados hablan de los maltratos de Jesús Salcido y Andrés Rivera al padre Maldonado y —en menor medida, pero igualmente hostiles— a algunas mujeres y niños dentro de la presidencia, por lo que los autores del crimen, todos cabecillas rurales de Santa Isabel, se vieron en la necesidad de apoyarse en una declaración común y “oficial”, en la que coinciden todos los representantes del Estado.

A posteriori, Armendáriz compartió particularmente al hijo del entonces comandante del Cuerpo de Policía Rural de Santa Isabel que el padre Maldonado en realidad se entregó sin protestar y con mansedumbre, añadiendo: “yo no sé por qué estos cabrones, hijos de su chingada, le harían esto al Padrecito, pues éste a nadie le hacía ningún daño, ni siquiera el Padre preguntó de qué se me acusa” (Haro, 1987, 23 de enero), contradiciendo con esto su declaración oficial, en la línea de “él se lo buscó”, a la que se apegaron todas las autoridades.

Es posible afirmar, entonces, que existe una versión oficial de las autoridades civiles, comunicada entre sí con prisa y preocupación por exponerla a la prensa, y que estas declaraciones fueron utilizadas por los agresores del padre Maldonado para evitar su responsabilidad en el crimen.

No significa todo esto, sin embargo, que las noticias en relación con el asesinato del sacerdote no tuvieran alcance. Al contrario, los diarios y semanarios locales trataron la noticia del homicidio enseguida. El Heraldo y La Voz de Chihuahua fueron los primeros en publicar el acontecimiento, al que dieron seguimiento, llamando la atención que el segundo periódico publicara solamente el primer día de diligencias para el caso del padre Maldonado, mencionando que al día siguiente declararía Andrés Rivera, el principal inculpado, y en el siguiente número no solo no se habló sobre el segundo día de diligencias, sino que no se volvió a tocar el asunto. A la vista de que Andrés Rivera nunca compareció para declarar, se entiende que La Voz de Chihuahua prefirió guardar silencio (“Diligencias en la muerte del presbítero Maldonado”, 1937, 16 de febrero).

Otras publicaciones chihuahuenses, como los semanarios Tomóchic y La Antorcha, se apresuraron a escribir en un claro tono crítico y exigente en contra de las autoridades civiles, además de mostrar una relativa esperanza en Talamantes para hacer justicia contra los responsables (“Nuestro Estado siente la vergüenza de abrigar cafres en su seno”, 1937, 13 de febrero).

La Prensa fue el primer periódico nacional en publicar detalles del asesinato. Antes habían ya publicado una breve nota idéntica El Informador, de Guadalajara, y El Siglo de Torreón, mencionando solamente la manifestación del 14 de febrero exigiendo libertad de cultos por la muerte de un sacerdote en Santa Isabel (“Líderes católicos recomiendan calma”, 1937, 15 de febrero). Además de los aludidos, El Continental, de El Paso; El Paso Times, El Correo de Parral, El Mexicano, de Ciudad Juárez; La Prensa, de San Antonio, Texas; La Opinión, de Los Ángeles, y El Hombre Libre, publicaron también datos sobre el homicidio (“Pisotean al pueblo de Chihuahua”, 1937, 21 de febrero). Súmese que todavía un mes después del asesinato, se publicaba en la capital del país un elogio al ministerio pastoral del padre Maldonado y nuevamente la narración de su deceso, con fuentes enviadas desde “el lejano Chihuahua”, a la Ciudad de México (“Datos completos sobre la enérgica actitud de los católicos en Chihuahua”, 1937, 11 de marzo).

En síntesis, las notas en la prensa sobre el homicidio del padre Maldonado tuvieron un relevante alcance nacional y aun algunas referencias en Estados Unidos, tanto en publicaciones católicas como en independientes, a pesar de que los periódicos más importantes, de tendencia anticlerical, minimizaron o simplemente callaron el caso.

La protesta del 14 de febrero ante una administración desprestigiada

Los primeros meses de gobierno de Talamantes fueron agitados, ya que algunos elementos políticos quevedistas se rebelaron contra su gestión —abiertamente izquierdista y con especial atención en las clases obreras y campesinas— (Almada, 1928, p. 313) cuando Talamantes destituyó al alcalde de Ciudad Juárez, el hermano del exgobernador, José Quevedo. Esto desató una serie de desórdenes, tiroteos y atentados de los seguidores de Quevedo, lo que creó especulaciones en la prensa de que el asesinato del padre Maldonado fue planeado por los enemigos de Talamantes “para crearle conflictos […] en su administración, malquistándolo con el pueblo” (“Nuestro Estado siente la vergüenza de abrigar cafres en su seno”, 1937, 13 de febrero), como lo habían estado haciendo los últimos meses. Pero enseguida puede observarse que los mismos manifestantes en exigencia de justicia por el crimen contra el sacerdote desvincularon a Talamantes del acontecimiento.

Franco Savarino afirma que, ya que Talamantes estaba “comprometido con una política social seria a favor del pueblo, no se le podía negar, pues, al pueblo chihuahuense practicar su religión” (2017, p. 179). Por lo que, si bien Talamantes estaba interesado en retirar la campaña antirreligiosa del estado y le era sumamente complicado por la presencia todavía abundante de elementos quevedistas en el poder, el homicidio del padre Maldonado “puso punto final a la persecución, dándole a Talamantes la oportunidad para cerrar un capítulo sombrío de la historia de Chihuahua” (2017, p. 179). El proceder de los católicos y Talamantes durante la manifestación del 14 de febrero sustenta esta afirmación:

Como se dijo arriba, durante la llamada protesta silenciosa en que consistió el funeral del padre Maldonado, algunos jóvenes de la acjm, secundados por los Caballeros de Colón, llamaron a una manifestación de protesta por el asesinato del sacerdote en el parque Lerdo de Chihuahua, para exigir justicia por el crimen y la reapertura de los templos católicos en el estado. Al igual que la noticia de la muerte del padre rápidamente se corrió la voz, pero esta vez con la ayuda de un grupo de linotipistas que imprimieron volantes (Contreras, 1992, p. 402) y la de los jóvenes acejotaemeros y los periódicos Tomóchic y La Antorcha que hicieron propaganda.

La noticia de la manifestación del 14 de febrero fue vista por los católicos como una oportunidad para que Talamantes respondiera a la voz del pueblo, sentando “un saludable precedente de justicia en su Gobierno” (“Nuestro Estado siente la vergüenza de abrigar cafres en su seno”, 1937, 13 de febrero), porque una de las principales dificultades para el ejercicio público del culto fue el argumento de que la aplicación de las leyes de culto competía a las autoridades estatales, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación había amparado a sacerdotes en Ciudad Juárez sin aplicación real durante el gobierno de Rodrigo M. Quevedo, por lo que la presencia de Talamantes dio esperanza entre los católicos de un verdadero diálogo con el gobierno estatal. La manifestación proyectada para el 14 de febrero fue vista como una primera oportunidad.

No lo vio así el presidente municipal de Chihuahua, Manuel López Dávila, quien les negó un día antes el permiso a los católicos de manifestarse, so pretexto de que había concedido anteriormente un mitin político a un grupo de ferrocarrileros en la misma fecha. Esta negación fue duramente criticada por los laicos, la prensa católica, e incluso por los mismos ferrocarrileros, quienes se ofendieron por el uso que se le dio a su reunión como pretexto para obstaculizar la de los católicos. A todo esto, López Dávila respondió en los días sucesivos de manera enérgica contra toda manifestación por la libertad de cultos.

Sin embargo, Talamantes intervino ante la negativa del alcalde, permitiéndoles a los católicos manifestarse, aunque únicamente en los límites del punto de encuentro, sin marchas de ningún tipo (López, 1937, 16 de febrero). Esto deja ver la voluntad de conciliación de parte de Talamantes, quien no era ignorante de la indignación del pueblo católico por el homicidio del sacerdote. Por su parte, los católicos no solo mostraron respeto hacia la figura del gobernador del estado, sino que acentuaron su inocencia: “los oradores dijeron que los responsables de la muerte del sacerdote eran ajenos al elemento oficial, por lo cual se abstenían de atacar al gobernador […] pero sí pedían libertad de cultos” (“Manifestación de protesta”, 1937, 15 de febrero). Detrás de las acciones de los católicos y de Talamantes pareció haber una intención pacífica entre sí.

Pues bien, hacia las 10:00 de la mañana se reunieron entre quince mil y veinte mil católicos de la capital de Chihuahua, Santa Isabel, Jiménez, e incluso algunos contingentes de la sierra y de Ciudad Juárez (“Pisotean al pueblo de Chihuahua”, 1937, 21 de febrero), en el parque Lerdo, desde donde, a pesar de la orden de prohibición de salir del lugar citado y los esfuerzos de la acjm por contener al pueblo enfurecido, marcharon hacia el Palacio Federal, la plaza Hidalgo y la Catedral (Martínez, 1987). La población de la ciudad de Chihuahua, según el censo de 1930, era de 45 595 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 1930); según el censo de 1940 habitaban 56 805 personas (inegi, 1940), por lo que puede decirse de entrada que la manifestación fue numerosísima y la marcha, incontenible.

Se destacó en la prensa de los días siguientes el orden que caracterizó a la marcha, así como la ausencia de eventos delictivos o violentos, aunque López Dávila no estuvo de acuerdo y declaró que los católicos actuaron con salvajismo. También, además de obstaculizar la entrada a la ciudad de más de mil manifestantes foráneos que acudieron de algunas rancherías, envió policías montados para contener la marcha y evitar zafarranchos.

Sin embargo, los policías fueron respetuosos con los manifestantes y no impidieron su recorrido, pues incluso algunos se sumaron a la entonación del Himno Nacional durante el repique de las campanas de la Catedral (“La Revolución triunfó porque el pueblo se impuso”, 1937, 20 de febrero). Una mujer participante de la manifestación compartió qué decían los católicos: “Nuestros sacerdotes vendrán a celebrar y pobre del que se oponga” y los soldados decían: “nosotros estamos a favor del pueblo” (Haro, 1987, 12 de febrero), mismo modo del que se expresaron la mayoría de los católicos: “Todo mundo elogia la imparcialidad y ecuanimidad del elemento militar, que en nada obstruccionó a los manifestantes” (“Pisotean al pueblo de Chihuahua”, 1937, 21 de febrero).

Se trató de una imponente y numerosa manifestación. La presencia de cinco oradores, dos mujeres y tres varones; los católicos marchando desde la plaza Hidalgo para tomar la Catedral (y según fotografías del acontecimiento también el santuario de Guadalupe) (Martínez, 1987); repicando las campanas de ambos templos fue para los testigos de la manifestación el despertar de un letargo de impotencia e imposibilidad de acción. La Semana publicó desde la capital del país sobre el padre Maldonado, “cuya sangre ha servido para reavivar el espíritu cristiano del pueblo de Chihuahua”. Asimismo, se dijo con entusiasmo: “La enorme multitud sintió renacer en su pecho los sentimientos de libertad religiosa y ligando la injusta muerte del P. Maldonado con la falta de libertad, en medio de ensordecedores gritos de entusiasmo se dirigió a Catedral” (“Protestan más de 20 mil católicos de Chihuahua”, 1937, 21 de febrero), declarando enseguida al citar a uno de los oradores que “el pueblo nunca se equivoca. Si el pueblo se manifiesta es porque ve en el P. Maldonado un héroe de la fe, de la libertad religiosa” (“La Revolución triunfó porque el pueblo se impuso”, 1937, 20 de febrero). No cabe duda, pues, de que el asesinato del padre Maldonado despertó no solo indignación en el pueblo católico, sino anhelo de lucha por su libertad, y el éxito de la manifestación tuvo repercusiones en las sucesivas acciones de las autoridades.

Al dispersarse la manifestación, López Dávila ordenó la aprehensión de los jóvenes que repicaron las campanas. Fueron detenidos alrededor de veinte personas y se les impusieron multas de entre $25 y $99.99 pesos. Esta última provocó también mucha inconformidad entre los chihuahuenses por lo elevado de los costos. Asimismo, declaró López Dávila que la marcha se efectuó fuera de la ley y justificó la aprehensión de los jóvenes con el delito de repicar las campanas. Cinco días después terminó de mostrar su intolerancia con un anuncio en la prensa:

Con el motivo de evitar todo motivo de agitación provocado por elementos católicos, como sucedió el domingo próximo pasado y a efecto de reprimir cualquier desorden que actos de esta naturaleza pudieran originar, esta Presidencia Municipal ha tomado todas las precauciones necesarias para que el orden no sea alterado, obrando con la energía que estos casos requieren para castigar severamente todos aquellos individuos que traten de turbar la tranquilidad pública. (López, 1937, 20 de febrero)

Y, para rematar, el mismo día autorizó una manifestación de protesta contra la manifestación católica del domingo anterior (López, 1937, 19 de febrero). Sin embargo, Talamantes no procedió en obra ni en palabra de manera intolerante contra los católicos. Pareciera más bien haber optado por el silencio, para, habiendo pasado las semanas, comenzar a entablar relaciones con la Iglesia, de la cual, por cierto, no hubo palabra alguna referente a la manifestación, dejando ver que Antonio Guízar optó por el mismo silencio que el gobernador del estado.

Es necesario recordar los intereses de Talamantes, quien debía orientarse a la política cardenista, es decir, prestar atención a los sectores populares en un estado en el que todavía estaban presentes núcleos de poder de hombres del Maximato. Era importante para Talamantes mostrar su capacidad para administrar el estado de Chihuahua, por lo que una postura intolerante contra una manifestación de inconformidad del pueblo católico habría sido contraproducente.

Un ejemplo es que, si bien la prensa católica vio antes de la manifestación una oportunidad para Talamantes, al no aparecerse durante la misma, ni pronunciar ninguna declaración después, fue criticado con crudeza en algunos periódicos, como La Antorcha, acusándolo de haber presenciado a hurtadillas las marchas desde una habitación de hotel. Esta nota es de las pocas que condenan a Talamantes por su silencio y no ven en él una esperanza de reanudación, incluso comparándolo con el gobierno de Veracruz y Cárdenas, de quienes se decía en estas notas que “sí atendieron al pueblo” (“Pisotean al pueblo de Chihuahua”, 1937, 21 de febrero). Asimismo, La Semana atribuyó algunas de las disposiciones de López Dávila a Talamantes, dibujándolo como igualmente intolerante a la manifestación.

Los días siguientes aparecieron algunos otros signos de la inconformidad de los católicos ante la impunidad de los homicidas del padre Maldonado: el 18 de febrero los católicos de Guerrero, Chihuahua, publicaron un telegrama en El Heraldo exigiendo justicia contra los responsables del crimen (“Más declaraciones de los acontecimientos ocurridos en G. Trías”, 1937, 18 de febrero); el 21 de febrero los católicos de Santa Isabel protestaron en periódicos regionales y nacionales por el asesinato del padre Maldonado, seguido de una lista de atropellos anteriores que las autoridades tuvieron en odio a la fe, demostrando una amplia conciencia de sus derechos y las violaciones de ellos infringidas, y aderezaron la demanda amenazando con un “ejemplar castigo que con todo derecho podemos aplicarles” a las autoridades si no hacen justicia ante el crimen (“Enérgica protesta”, 1937, 21 de febrero); el mismo día se publicó una “carta sulfúrica” del periodista libre “Juan Valjean” a López Dávila, en la que condena su oposición al movimiento del 14 de febrero (1937); diez días después los encabezados de La Semana escribieron: “Los asesinos del Padre Maldonado están libres y los católicos presos” y “Parece mentira que en nn. (sic) país que se dice civilizado, los gobernantes procedan en la forma tan parcial y sectaria como sucede en Chihuahua” (La Semana, 1937, 25 de febrero); y aún en marzo y abril, revistas y boletines católicos seguían hablando sobre el tema.

Con los citados ejemplos se observa que Talamantes no solo era presionado por los sectores populares del catolicismo en Chihuahua, sino que participaron de las protestas católicos desde la capital de la república y aun algunos periódicos fuera de los simpatizantes con los católicos. Al mismo tiempo, y quizá en primer lugar, súmense la presión de Cárdenas, que ya estaba aplicando una política de relativa tolerancia religiosa en distintos estados del país, amén de algunas contradicciones en discursos aislados, todavía anticlericales. Por ejemplo, a ocho días del homicidio del padre Maldonado y durante las constantes manifestaciones de católicos en Veracruz, el gobierno federal declaró, para el caso de este último estado, que no se diera paso atrás en materia de cultos, pero al mismo tiempo lanzó una sentencia en tono inquisidor hacia las autoridades estatales, diciendo que en materia de culto estas serían únicamente auxiliares del gobierno federal (“El Gobierno Federal fija la solución del problema religioso en Veracruz”, 1937, 20 de febrero). Con esta clase de declaraciones, Cárdenas se dirige hacia los gobiernos locales y regionales todavía no alineados a la agenda cardenista para apuntalar su integración.

La prensa chihuahuense estaba consciente de esta maquinación del presidente de la república, refiriéndose a casos como los de Leonor Sánchez en Veracruz y el padre Maldonado en Chihuahua: “no son casos aislados los de Orizaba, sino que muchas autoridades locales aún realizan muchos ataques anticatólicos, siendo que en Ciudad de México Cárdenas ya ha ordenado el cese de la persecución” (“A punta de balazos”, 1937, 21 de febrero). Y, en efecto, Cárdenas estaba tomando cartas en materia de cultos en casos particulares con buenos resultados, como el 22 de febrero cuando ordenó la entrega de las llaves de los templos de Córdoba, Veracruz (“Ya entregaron las llaves de los templos en Córdoba”, 1937, 23 de febrero).

Por último, es importante considerar la presión contra Cárdenas de parte del gobierno estadounidense. Un día después de la muerte del padre Maldonado, el New York Times publicó:

El plan radical del Presidente Cárdenas para fraccionar los grandes latifundios, que constituye la médula de su programa económico-social ha despertado muy pocas críticas en este país [...] solo cuando este régimen revolucionario negó la libertad religiosa, la simpatía de que gozaba resfrió […] si el presidente Cárdenas y los que colaboran con él dieran pruebas de que la persecución a la Iglesia Católica terminará, esto, acabará con la única barrera de importancia en este lado de la frontera que impide un cordial entendimiento entre los dos pueblos. (“Un editorial del ‘New York Times’ acerca de los sucesos de Orizaba”, 1937, 13 de febrero)

También menciona la nota que se reconocen las muestras de moderación y conciliación de Cárdenas y algunos nuevos gobernadores de los estados mexicanos, pero que aún existían gobiernos intolerantes como en Veracruz, y aunque no menciona el caso de Chihuahua sabemos que es uno de los estados en los que la conciliación entre la Iglesia y el Estado llegó más tardía, siendo necesario el asesinato de uno de sus sacerdotes para impulsar este paso.

Es por todo esto que Talamantes vio una oportunidad en el homicidio del padre Maldonado y la manifestación católica consecuente para abrir el terreno a la Iglesia para ejercer su ministerio. Una relación conciliatoria con la Iglesia le permitió a Talamantes gobernar con mucho mayor orden un amplísimo sector de la población católica, así como alinearse a las exigencias del cardenismo, por cierto, muy a tiempo para que la Diócesis de Chihuahua se restableciera para contribuir a la deuda de la expropiación petrolera casi un año más tarde.

Gestiones entre la Iglesia y el Estado para el restablecimiento del culto católico

El clima de persecución en Chihuahua era más pesado que nunca. Desde 1934, Rodrigo M. Quevedo continuó con mayor energía sus campañas “antifanatismo”, lo que convirtió sus últimos dos años de gobierno en los más conflictivos. Ante esta realidad hubo un caso sorprendente en Ciudad Juárez, casi un año antes del desafortunado crimen contra el padre Maldonado. Tres sacerdotes que residían entre los juarenses fueron amparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 17 de abril de 1936 para ejercer su ministerio (Silva, 1936). El día 19 se “reanudó el culto” en la ciudad con una misa solemne, en apariencia protegida por la federación.

Sin embargo, el 24 de abril de 1936, Rodrigo M. Quevedo emitió una última disposición antirreligiosa como gobernador del estado, ante la posible molestia que el amparo a los sacerdotes de Ciudad Juárez le generó, pues publicó en el Periódico Oficial de Chihuahua el Decreto número 183, por el cual reducía el número de ministros de culto permitidos para ejercer su ministerio en el estado, de uno por cada cien mil habitantes a uno solo para todo el estado. Esto imposibilitó de nuevo a los sacerdotes de Ciudad Juárez para seguir celebrando culto público. Además, el 28 de abril el juez Segundo de Distrito, Mendoza López, fue removido a Tijuana como consecuencia de haber amparado a los sacerdotes (Christus, 1936, pp. 964-965).^[5]

Ante esta medida excesiva, Antonio Guízar protestó de manera escrita, pero no accionó de ninguna otra manera, posiblemente desde el temor que infundió la cancelación de las licencias de los únicos cinco sacerdotes autorizados en 1934 por Quevedo como respuesta a la organización de un comité para derogar el anterior decreto sobre el número de sacerdotes autorizados (Vázquez, 2010, p. 124). Además, el recién publicado decreto era la prueba de que cualquier movimiento de parte de la Iglesia en materia de culto tendría consecuencias graves inmediatas. En cambio, el pueblo católico y algunos sacerdotes sí reaccionaron organizándose:

En cuanto al pueblo, el 2 de mayo se organizó en Camargo una manifestación para protestar por el Decreto 183. Murieron dos soldados, tres civiles y hubo varios heridos, ya que algún miembro de un sindicato rojinegro disparó contra la muchedumbre. Al día siguiente detuvieron a veinticinco católicos, quedando algunos prisioneros. Rodrigo M. Quevedo, como era de suponerse, culpó a los “fanáticos católicos” del lugar. Ante estos violentos sucesos, Gustavo L. Talamantes, quien se encontraba en su candidatura para gobernador del estado, declaró lo siguiente:

Lamento que la pasión sectaria dé lugar a incidentes violentos y deseo que se resuelvan serenamente en lo sucesivo los problemas religiosos. En mi gestión gubernativa no daré un paso atrás frente a las conquistas logradas en el problema de la desfanatización de las masas. (Christus, 1936, octubre, pp. 966-967)

Así, los católicos de Camargo no obtuvieron ninguna clase de resultado, ni siquiera la esperanza en Talamantes que otros católicos tuvieron ante el cambio de gobernador.

En cuanto a los sacerdotes, al menos los párrocos de Camargo y Santa Isabel rondaban en los alrededores de sus jurisdicciones, siendo estas dos poblaciones las únicas en organizar manifestaciones por la libertad religiosa: la de Camargo fue la aludida, mientras que la de Santa Isabel fue anterior, en enero de 1936, también sin resultados.

Al mismo tiempo, en Ciudad Juárez los sacerdotes amparados con anterioridad, Salvador B. Uranga, Manuel Deoses y José Ramos, promovieron un nuevo juicio de amparo en mayo de 1936 en contra del Gobierno del Estado, ante el reciente decreto que fijó un solo sacerdote para todo el estado. Interesa en este apartado detenerse en el amparo del padre Uranga, ya que este procedimiento refleja la forma en la que Antonio Guízar procedía ante las autoridades y su presbiterio en los años circundantes a la muerte del padre Maldonado.

Sin ninguna duda, Antonio Guízar tenía su propio ritmo, uno en particular (y quizá de manera excesiva) prudente. No permaneció en silencio absoluto ni tampoco tuvo una actitud acomodaticia ni de total sumisión, como algunas veces se le acusa. Sin embargo, sí actuaba conforme a sus propios criterios y no permitió las iniciativas particulares por temor a enfrentar consecuencias más graves.

De este modo, si bien durante el juicio de amparo de abril Antonio Guízar no se opuso al padre Uranga, al enterarse de la promoción del juicio de mayo, le prohibió tajantemente solicitarlo, argumentando que consultó a un abogado, quien le dijo que el siguiente contraataque del gobierno sería la aprehensión del quejoso (García, 1936, 9 de mayo). Sin embargo, el padre Uranga inició el juicio de amparo el 18 de mayo, y enseguida Antonio Guízar le escribió con severidad, reiterándole la prohibición de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de escribir o publicar sin su previa autorización y censura, al igual que le retiró el permiso para conceder entrevistas o dar declaraciones públicas (García, 1936, 27 de mayo). Finalmente, aunque el padre Uranga respondió con obediencia, el juicio de amparo prosiguió y el 3 de julio les fue concedido una vez más a los tres sacerdotes de Ciudad Juárez celebrar actos de culto público,^[6] pero no tuvo efecto real inmediato, ya que por una parte el gobierno de Quevedo se declaró inconforme contra el fallo del juez, y por la otra, Antonio Guízar no apoyó la iniciativa de los sacerdotes.

Por lo visto, Antonio Guízar no tenía interés en negociar con su clero, sino directamente con el Gobierno del Estado, aprovechando el cambio de administración con la llegada de Talamantes, ya que en enero de 1937 estaba preparando un formulario de recolección de firmas de varones mayores de dieciséis años, para conseguir la aprobación de un número suficiente de sacerdotes para ejercer su ministerio (Guízar, 1937, 15 de enero). El obispo dio este aviso a los sacerdotes de su diócesis en una circular, a partir de lo cual puede decirse que esperaba la colaboración oportuna de sus sacerdotes, pero siempre bajo su prudente línea de acción, siendo esta circular el prefacio de las negociaciones silenciosas entre Antonio Guízar y Talamantes, aunque el cuestionario nunca haya salido a la luz.

El asesinato del padre Maldonado sucedió en medio de estas dos gestiones documentadas, la del padre Uranga de Ciudad Juárez —junto a la apelación del Congreso del Estado— y la recolección de firmas de Antonio Guízar. Como se dijo arriba, el obispo guardó casi absoluto silencio respecto al padre Maldonado, pues no se presentó durante el entierro y, de la misma manera, no dijo palabra sobre la manifestación del domingo 14. Durante el mes de marzo no se dieron gestiones entre el obispo y Talamantes, quedando la cuestión religiosa solo en la voz de las pocas notas que todavía se publicaron sobre el homicidio del párroco de Santa Isabel.

Por fin, el 21 de abril de 1937 Antonio Guízar solicitó su registro como el único ministro de culto católico en Chihuahua en conformidad con el decreto vigente —183— sobre el número de ministros autorizados (Guízar, 1937, 21 de abril). Cinco días después, la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua autorizó no solo al prelado, sino a otros sacerdotes católicos para ejercer su ministerio; y el 31 de abril el padre Francisco Espino informó a Manuel López Dávila sobre la licencia de Antonio Guízar, a quien el presidente municipal finalmente autorizó para repicar las campanas de la Catedral en adelante (Contreras, 1992, p. 433), siendo esta autorización un radical contraste con las denuncias de López Dávila en febrero contra los manifestantes católicos.

De esta forma, se inician las negociaciones silenciosas y prudentes como estrategia entre la Iglesia y el Estado hacia el restablecimiento del culto católico en Chihuahua. Detrás del permiso concedido por López Dávila a Antonio Guízar está la mano de Talamantes, ya que apenas dos meses antes el presidente municipal había, incluso, amenazado públicamente a los católicos si realizaban cualquier tipo de manifestación en relación con la reapertura de los templos, y no había pasado mucho desde las detenciones de los manifestantes que repicaron las campanas de la Catedral y fueron multados con severidad.

Antonio Guízar sabía que era el momento oportuno y contaba con la aprobación de Talamantes y López Dávila, pues un día antes de solicitar su registro al Gobierno del Estado ya había publicado una circular, en la que inició dirigiéndose a los sacerdotes diocesanos: “Habiendo mejorado un tanto las condiciones de la Diócesis […]” (García, 1937, 20 de abril), para enseguida dictarles algunas disposiciones a los sacerdotes para las celebraciones, entre las que se destaca que algunos de ellos ya se encontraban celebrando hasta tres misas en domingos y dos entre semana; que el 1 de mayo se administrarían los sacramentos del bautismo y matrimonio por algunos párrocos; y que se solicitaba una colecta para la Basílica de Guadalupe. Esta circular es un retrato del estado de la vida ministerial de la Iglesia católica en Chihuahua a unos días de recibir la autorización oficial para oficiar culto. Había comenzado ya una vida activa en las parroquias de la diócesis entre finales de febrero y el transcurso de marzo, ante la cual ninguna nota periodística ni documento refiere intervención alguna de las autoridades del estado.

En este punto reaparecen en el radar los sacerdotes de Ciudad Juárez, pues el 4 de mayo de 1937 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el fallo de julio de 1936, con lo que una vez más amparó a los presbíteros Salvador Uranga, Manuel Deoses y José Ramos ante la Legislatura de Chihuahua (Christus, 1937, pp. 493-495). Sin embargo, el tono precautorio de Antonio Guízar no cesó todavía, ya que se apresuró a pedirle al padre Uranga que no hiciera uso del amparo y se abstuviera aún de celebrar misas. El sacerdote le responde con obediencia, aunque claramente disgustado en una carta, cuyo contenido describe el plan de Antonio Guízar: “Creo que está muy bien que se sondeé el ánimo del Gobernador y de los diputados para ver si se consigue que den una reglamentación conveniente, pero […]” (Uranga, 1937, 13 de mayo). El obispo pretendía tener un diálogo directo con Talamantes y no buscaba obrar fuera de él, ya que el temor de que en cualquier momento se diera marcha atrás hacia una nueva persecución estaba presente en todo momento. Encima del silencio y la aparente complicidad, el Decreto 183 seguía vigente.

Antonio Guízar elaboró, entonces, una cuidadosa argumentación basada en el amparo concedido al padre Salvador Uranga para solicitar a Gustavo L. Talamantes la derogación del Decreto 183. A partir del análisis de la población de Chihuahua —que calculó en 491 792 habitantes— argumentó la necesidad de tener, al menos, cien sacerdotes para la diócesis (Guízar, 1937, 7 de junio). Como resultado, Talamantes emitió el Decreto número 91 por el cual el Congreso del Estado derogó el Decreto 183, dejando vigente el Decreto 153, permitiendo nuevamente un ministro de cada culto por cada cien mil habitantes (Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 1937, Decreto 91). No era lo que buscaba Antonio Guízar, ya que cinco sacerdotes no se acercaban a los necesarios para atender las necesidades espirituales del casi medio millón de habitantes del estado; sin embargo, sí fue un signo de auténtica mejora. Enseguida se nombraron los sacerdotes autorizados: Antonio Guízar, Salvador Uranga, Baudelio Pelayo, Carlos Amezcua y Edmundo Galván (García, 1937, 28 de julio).

Los cimientos del restablecimiento del culto católico quedaron echados con esta disposición. A partir del 1 de agosto, Antonio Guízar ordenó que se retirara el Sagrado Depósito de las casas particulares para llevarlo a los templos, signo de que ya estaban muchos de ellos abiertos; permitió celebrar misa en casas particulares solo cuando se reunieran, al menos, treinta personas; a los sacerdotes impedidos por la ley para oficiar públicamente, les concedió el uso del altar portátil y la celebración de dos misas diarias (García, 1937, 30 de julio). La Diócesis de Chihuahua había ya conseguido la libertad suficiente para el ejercicio activo de su vida de fe, a partir de las gestiones realizadas por el gobierno civil y eclesiástico desde la muerte del padre Maldonado. El primer informe de gobierno de Gustavo L. Talamantes habló por sí solo, ya que decidió darlo en Santa Isabel (Contreras, 1992, p. 413), presumiendo ahí el nuevo Decreto 91, con lo que demostró su interés por entablar una relación amistosa con el pueblo católico ofendido.

Conclusión

Los párrafos anteriores permiten ver en el violento asesinato del padre Maldonado el punto de partida para este camino de restablecimiento. Hasta su muerte permanecía inactiva la vida ministerial de la Iglesia en el estado con algunas excepciones de sacerdotes, que, como él, celebraban los servicios religiosos en la clandestinidad. El homicidio in odium fidei contra Pedro Maldonado despertó en la población católica el ánimo de exigir su derecho a la libertad de conciencia; el obispo Antonio Guízar aprovechó esta situación incómoda para las autoridades civiles, para, por un lado, permitir celebraciones de misas por encima de la ley a algunos sacerdotes alrededor del estado, y por el otro, iniciar un diálogo con Gustavo L. Talamantes, con el fin de establecer las condiciones necesarias para reanudar el culto y cesar la persecución; finalmente, Talamantes también aprovechó esta situación para orientar su administración al régimen cardenista, que, para este momento, precisaba una buena relación con la Iglesia. Por lo tanto, aunque habría sido cuestión de tiempo el restablecimiento del culto católico en Chihuahua, el asesinato del padre Maldonado aceleró este proceso, abriendo el camino al obispo de la diócesis y al gobernador del estado para fijar un acuerdo no escrito y establecer un modus vivendi para Chihuahua, a partir de la segunda mitad de 1937.

Roberto Blancarte ya establecía que el aporte económico de la Iglesia católica a escala nacional para el pago de la deuda de la expropiación petrolera en 1938 fue clave para la buena relación entre la Iglesia y el Estado en las décadas ulteriores. Antonio Guízar participó activamente en la promoción de esta colecta entre su feligresía. Era una diócesis que estaba tomando impulso de nuevo. Por su parte, Franco Savarino detuvo su exhaustivo análisis del conflicto religioso chihuahuense justo en 1937, e invitó en sus discusiones a los historiadores a la investigación de los años siguientes, que corresponden al levantamiento de la Diócesis de Chihuahua posterior al conflicto. Este trabajo es un aporte para esa laguna historiográfica entre la muerte del padre Maldonado y la gala de los católicos chihuahuenses, con una práctica religiosa totalmente restablecida, en su Primer Congreso Eucarístico Diocesano en 1941. Esta fue la primera congregación católica masiva en el estado tras años de dificultades para el libre ejercicio de la fe.

Queda, desde luego, mucho que investigar en torno a este proceso de reconstrucción. ¿Qué ocurrió luego del restablecimiento inmediato del culto? ¿Qué mecanismos siguió Antonio Guízar para la reintegración de su clero y fieles a la vida pastoral ordinaria? ¿Cómo fue la relación de la Iglesia chihuahuense con sus autoridades civiles en el primer lustro de reapertura? En cuanto al padre Maldonado, ¿cuándo cesó el silencio institucional de la Iglesia local sobre la figura del mismo? Porque en el Congreso Eucarístico Diocesano el padre Maldonado brilló por su ausencia en los discursos y homilías. ¿En qué momento el clero chihuahuense o los fieles tomaron cartas para la elevación a los altares del ahora canonizado Pedro Maldonado? Son preguntas que exceden los alcances de este trabajo, pero que pueden atenderse en nuevas investigaciones.

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Notas