Introducción

La Población con Discapacidad (PcD) histórica- mente ha enfrentado barreras físicas, estigmáticas, discriminatorias y políticas que prevalecen en la sociedad. Ante esta situación, las normativas a nivel nacional e internacional buscan proteger los derechos de este grupo de personas otorgándoles el nivel de importancia adecuado dentro de la sociedad. No obstante, existen aún, limitantes que dificultan su acceso a la educación superior, lo que hace más difícil su inserción en el mercado laboral, y a su vez, ocasiona importantes dificultades para su desarrollo económico y social. Esto debido a que la PcD al presentar limitaciones a nivel físico, sensorial y mental, requiere de atención específica y adaptada a sus necesidades dentro del componente social, que les provea de herramientas para desenvolver- se satisfactoriamente en todos los aspectos de su vida.

Bajo ese contexto, las conferencias mundiales de “Educación para todos de Jomstien” y “Educación especiales de Salamanca” en el marco de la UNESCO en los años 1990 y 1994 respectivamente, se consideran punto de partida para inclusión de la PcD en el sistema educativo terciario a nivel mundial (Pérez-Castro, 2016). A partir de estos procesos, los países han venido desarrollando políticas y normativas orientadas a garantizar la participación de este grupo poblacional en el sector educativo a nivel superior.

De acuerdo con García, (2003), la importancia de la educación y el empleo como factores determinantes para la inclusión de la PcD, entrega un mayor protagonismo al papel de las IES, debido principalmente, a que en estas se deben desarrollar los pilares primordiales para la mejora social y económica de esta población. Esto incluye los denominados ajustes razonables[4] y demás adaptaciones físicas y del capital humano que garanticen su efec tiva atención.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, para el tercer trimestre del año 2017 en Colombia se cuenta con 1.296.870 PcD inscritas en el registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad (RLCPD). De estas, 38.821 viven en el departamento del Atlántico, y el 1,5% se ubica en la ciudad de Barranquilla.

La Secretaría de salud en el departamento del Atlántico, por su parte, indicó que para el tercer trimestre del año 2017, el 30,74% de la PcD cuenta con formación a nivel primaria, sólo el 18,49% secundaria, y el 38,01% no registra nivel educativo alguno. Mientras que se desconoce el número personas que se encuentra realizando estudios de educación superior.

No obstante, la formación a nivel superior (Universitaria, técnico, tecnológico, y postgrado), solo alcanza el 4,81% según datos del RLCPD consultado en el Observatorio Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud.

Para atender este significativo grupo de población, el estado colombiano cuenta con diferentes Políticas Públicas a partir de las cuales se han originado diferentes intervenciones que incluyen directrices nacionales para su formación terciaria, y para su vinculación laboral. Des estas tenemos, la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social expuesta en el documento CONPES 166 de 2013, y otras herramientas específicas como incentivos tributarios a la empleabilidad, puntos adicionales en licitaciones públicas, consideradas en los artículos 24 y 31 de la Ley 361 de 1997 y otras estrategias para mejorar la empleabilidad de esta población.

Específicamente en el departamento del Atlántico, se adoptó por medio del decreto 1194 de la Asamblea del Atlántico, (2015) la Política Pública departamental de Discapacidad como instrumento para orientar las intervenciones a la PcD en el territorio. Sumado a esto desde la Gerencia de Capital Social en articulación con el Ministerio del Trabajo, el Observatorio Regional del Mercado del Trabajo– ORMET- Atlántico entre otras instituciones, se firmó un Acuerdo Territorial para la promoción de la empleabilidad de PcD y la constitución del grupo Gestores para la Empleabilidad de la PcD en el Departamento del Atlántico (GEDA).

En este último se reconoce la importancia de orientar acciones tanto a la formación, como a la gestión de la empleabilidad de esta población. Orientados por el primero de estos, se identificó el estudio realizado por Daza Timaná y Mosquera Ruiz (2013), quienes analizaron el acceso y permanencia de PcD en instituciones Universitarias de distrito de Barranquilla, específicamente en lo referente a la política institucional, censo poblacional, antigüe- dad del programa, y convenios y redes que aporten al proceso de inclusión. Estos encontraron algunos avances en términos de la importancia de una política institucional, e identificaron algunas falencias en lo referente a la accesibilidad a espacios físicos,

Tomando este estudio como referencia, y con el objetivo de contar con insumos para impulsar la empleabilidad de este grupo poblacional, en el marco del grupo GEDA se tomó como punto de partida la caracterización de la PcD realizada por el ORMET Atlántico (2016), y se consideró pertinente desde su semillero de investigación, realizar un estudio piloto para actualizar el análisis de los que denominamos componentes dinamizadores del acceso a educación superior, esta vez incluyendo tanto a universidades como a instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)[5]. Para esto se propuso realizar un análisis descriptivo del contexto institucional y los incentivos disponibles para la formación de PcD a nivel superior en el departamento del Atlántico.

Resultado de este análisis se presenta a continuación la descripción del contexto de inclusión en las instituciones de educación superior e instituciones de ETDH en el departamento del Atlántico. En su orden, contiene la anterior contextualización, seguidamente se explica la metodología implementada para el estudio. Posteriormente, se presentan los resultados encontrados; y finalmente, se aporta la discusión a la luz de la revisión de literatura con referentes nacionales e internacionales y se expresan las principales conclusiones y recomendaciones.

1. Metodología

La presente investigación, se desarrolló bajo una metodología de enfoque mixto, en la cual se combina la recolección y análisis de datos cualitativos a partir de una revisión de literatura y de normativa pertinente al acceso a educación superior y cualificación orientada a la inserción al mercado laboral de esta población; con un análisis cuantitativo, basado en la información obtenida del registro de caracterización y localización de la población con discapacidad, y la información levantada a partir de encuestas a una muestra estadísticamente representativa de Institutos de Educación Superior (IES) e Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (EDTH) reconocidas por el MEN.

Para el levantamiento de información primaria, se diseñó un instrumento de tres capítulos teniendo en cuenta los lineamientos de educación inclusiva del Ministerio de Educación Nacional (2013). El primer capítulo contó con cinco preguntas sobre in- formación de las instituciones educativas, el segundo indagó por datos estadísticos y características de la PcD matriculados y su deserción. Y el tercer capítulo por su parte, incluye trece preguntas que examinaron la existencia de políticas institucionales y su descripción, así como las características académicas e incentivos económicos para el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en las instituciones.

El instrumento aplicado para la recolección de la información, se desarrolló como una prueba piloto con fecha de corte noviembre de 2017, en este ejercicio, participaron cinco instituciones de educación superior y catorce instituciones de ETDH. El levantamiento de los datos se realizó de manera presencial y vía correo electrónico, para un total de diecinueve instituciones educativas participantes, lo que corresponde al 23% de la muestra identificada originalmente para el estudio.

2. Resultados

Los resultados obtenidos en el levantamiento de la información, para el análisis piloto desarrollada, es una muestra del contexto de la inclusión educa tiva a nivel superior de la PcD en el departamento del Atlántico. Dicho contexto se analiza de forma separada para el grupo de las IES, y luego para el de las ETDH.

De las IES entrevistadas, se estima una deficiente tasa de acceso a formación profesional por parte de este grupo poblacional, ya que solo tres de las cinco instituciones, cuenta con estudiantes con discapacidad matriculados, y en estas universidades la matrícula de PcD no representó ni el 1% de su matrícula durante los cinco períodos académicos de los años 2015 a 2017-1 (Tabla 1).

tabla 1

estudiantes con discapacidad matriculados

Elaboración propia

No obstante, aquellas instituciones que han implementado algún tipo de política o programa interno para la atención de la población con discapacidad, han mostrado resultados positivos teniendo en cuenta el crecimiento en la matrícula de esta población. Como se observa en la tabla 1, instituciones como la Universidad del Atlántico y la Universidad Autónoma del Caribe, tienden a aumentar el número de matriculados que cuenta con algún tipo de discapacidad.

Estas instituciones mencionadas anteriormente, cuentan hoy con programas para la atención a la población con discapacidad. En el caso de la Universidad del Atlántico, el “programa para la atención de población diversa DiverSer”, es el área encargada de brindar los apoyos académicos necesarios para que los estudiantes de población diversa matriculados en esta universidad, puedan desarrollar sus actividades formativas de manera inclusiva. En cuanto a la Universidad Autónoma del Caribe, se implementó una política para la Atención de la Población en Situación de Discapacidad a través del Acuerdo 836-07 de diciembre de 2015 que entrega las directrices institucionales en la materia.

Estas mismas instituciones, cuentan con cursos preparatorios, y pruebas para verificar las destrezas académicas de los aspirantes a través de talleres para fortalecer las deficiencias académicas. De igual manera, cuentan con herramientas Brailler, libros hablados, traductores, y acompañamiento a estudiantes de acuerdo a su discapacidad, entre otros.

En términos de acceso físico, para la PcD, más del 50% de las instituciones encuestadas, manifestaron contar con infraestructura en condiciones óptimas (nivel medio) para la movilidad o desplazamiento autónomo de este grupo poblacional (Figura 1).

Figura 1
Distribución de las IES
Elaboración propia

Por otra parte, en términos generales, el proceso de admisión para la población con discapacidad, presentó resultados pocos favorables. El 60% de las instituciones encuestadas en la prueba piloto, indico no contar con un proceso adaptado para este grupo poblacional, es decir, no cuentan con los requerimientos específicos para atender los diferentes tipos de discapacidad, y en algunos casos, las instituciones educativas les aplican la misma prueba de admisión disponible para aspirantes regulares (Figura 2).

Figura 2
Distribución de instituciones que cuentan con proceso de administración
Elaboración propia

En esa misma proporción de instituciones encuestadas, manifestó no contar con un proceso “preparatorio” para atender las necesidades de la PcD, es decir, adicional, a no contar con una prueba específica, no se realiza algún proceso de inducción para el desarrollo de la prueba de admisión, focalizado esta población.

Otro factor involucrado en la investigación, aborda los incentivos económicos disponibles en las instituciones educativas para promover la inscripción y la admisión de la PcD en términos de: becas, descuentos económicos, ayuda en transporte y/o material de estudio, los cuales resultaron ser pocos o nulos. Sumado a eso, se identificó, la baja proporción de docentes capacitados para la atención e interacción con la PcD. Esta última problemática, señalada como la principal causante de la tasa de deserción para este tipo de estudiantes.

Adicional a estas, otras problemáticas encontradas son la baja disponibilidad de material bibliográfico y de laboratorios de acceso a la información adaptados a las necesidades de esta población. Solo el 25% de las instituciones educativas indicó proveer estos recursos, a pesar de la importancia de estos para el pleno desarrollo de las actividades académicas, además de facilitar al alumno un mayor aprendizaje.

Como característica importante de la PcD matriculada en las instituciones encuestadas se destaca el rango de edad de 20-24 años. Es decir, población joven que incluso para las personas regulares, a pesar de estar en el rango de edad más productivo, se enfrenta a complejas barreras para emplearse o desarrollar unidades emprendedoras.

Por otra parte, el análisis de las catorce instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) entrevistadas, inicia por reconocer que su gran mayoría (86%) son de naturaleza privada y el restante 14% entre públicas y Organizaciones No Gubernamentales – ONG´s. Situación que podría representar un punto de diferencia fundamental en materia de inclusión (Figura 3).

Figura 3
Distribución de la ITDH
Autores

En cuanto a las políticas institucionales para la inclusión de PcD y los procesos de admisión solo el 35% manifestó contar con ello, esto corresponde a cinco de las catorce instituciones entrevistadas. Para el caso de los interpretes es más agudo debido a que sólo el 14% manifiesta disponer de este capital humano. De acuerdo con los lineamientos nacionales mencionados anteriormente, esta situación se considera una gran barrera en materia de acceso y permanencia de la PcD en este tipo de instituciones.

Como se observa en la figura 4, otorgar un porcentaje de descuento en el valor de la matrícula es el incentivo más usado por las ETDH entrevistadas (38%), seguida de la matrícula cero con el 11%, y el auxilio de transporte otorgado por 6% de las instituciones. Cabe anotar que algunas de estas instituciones ofrecen de forma simultanea uno o los tres incentivos mencionados. Se considera entonces que estas instituciones vienen aportando estrategias para la permanencia de la PcD relacionadas con el factor que ha sido identificado como una de las principales causantes de la deserción.

figura 4
Incentivos económicos ofrecidos
Autores

La adecuación de la infraestructura a las necesidades de la PcD, es considera un elemento de los ajustes razonables necesarios para su efectiva inclusión. De las EDTH entrevistadas, el 57% manifiesta contar con adaptación de su infraestructura a un nivel medio. Solo dos de las instituciones entrevistadas manifiesta contar con un grado insuficiente de adaptación a su infraestructura; y el mismo número manifestó un grado alto de adaptación (figura 5). Esa situación se considera un buen avance en materia de inclusión, toda vez que este aspecto es considerado el de mayor costo para las instituciones.

figura 5
Distribución de los EDTH
Autores

Finalmente, de estas catorce instituciones el aspecto con el menor grado de avance en la inclusión de PcD se relaciona con la disponibilidad de herramientas y materiales como: cursos prepara- torios para el proceso de admisión, y poca disponibilidad de laboratorios de acceso a información, material bibliográfico adaptado a cada tipo de discapacidad, entre otros.

3. Discusión

Por mucho tiempo la población con discapacidad en términos generales, ha sido condicionada por barreras físicas, estigmas, y discriminación social y política, por lo que la sociedad en general ha revaluado la concepción frente a este grupo poblacional, a través de la protección de sus derechos, políticas y programas incluyentes, entre otras acciones.

Sin embargo, una de las limitaciones más persistentes para la PcD, se refleja en su bajo acceso a educación superior, haciendo cada vez más difícil la inserción de esta población en el mercado laboral, lo que en el corto y mediano plazo ocasiona dificultades para su desarrollo económico y social.

Con el propósito de buscar soluciones a esta problemática, las instituciones gubernamentales y educativas juegan un papel importante, de acuerdo a lo planteado por (Molina Béjar, 2010). La relación entre discapacidad, educación superior y políticas institucionales, se encuentran en un marco político legítimo, debido a la necesidad de generar oportunidades y procesos de inclusión de la PcD.

En este sentido, se han identificado estudios que buscan conocer los procesos de las instituciones de educación superior en términos de inclusión tales como, el trabajo realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2003) que resultó de analizar un conjunto de países europeos que han mejora- do la participación de PcD en educación Superior debido a características específicas de su política de inclusión a nivel nacional ya sea con métodos experimentales, o en escuelas especiales. Específicamente, expertos de Suiza manifiestan que su baja proporción de PcD en educación superior (0,3%) se debe a debilidades en la accesibilidad, pero en general muestra la transición de la participación de la PcD de hace 20 años. En Francia por su parte el sistema de registro es riguroso, debido a que puede hacer la diferencia entre otorgar o no ayuda del Estado para esta población.

Otro aspecto importante es la responsabilidad que la normativa de inclusión impone a las IES quienes deben garantizar a la PcD los mismos derechos y oportunidades de sus estudiantes regulares o sin discapacidad. Esto a través de penalidades o incentivos (Según el país) a la adaptación institucional de las necesidades especiales y la elaboración de planes de accesibilidad para la PcD. Estos últimos que incluyan definiciones claras de los recursos humanos, técnicos y financieros requeridos para proveer acceso físico, psicológico y de aprendizaje pertinente a la PcD.

Finalmente, un aspecto de especial relevancia es el financiero. En este mismo estudio se relacionan las normativas a partir de las cuales existen fondos exclusivos para la atención de la PcD, y que se han implementado desde los años 90´s[6].

En Colombia, el estudio de Cobos Ricardo y Moreno Angarita, (2014) donde se describen procesos de educación inclusiva llevados a cabo en universidades de Bogotá-Colombia destaca en sus resultados, que todas las instituciones cuentan con docentes y personal administrativo capacitados para la atención de este grupo poblacional, se adelantan proyectos de ajustes razonables en infraestructura y dotación de materiales y herramientas para su atención, entre otros.

De igual manera Ortego Hernando, (2000) desarrolló una descripción de los procesos de adaptación curricular para la inclusión de la PcD en instituciones de educación superior en Valencia España, cuyos resultados menciona, incidieron en el aumento de este grupo poblacional que cuenta con acceso a estudios superiores.

Específicamente, para el distrito de Barranquilla, Daza Timaná y Mosquera Ruiz (2013), analizó el acceso, la permanencia y los procesos de inclusión educativa superior, y la inclusión laboral de la PcD, a través de una revisión bibliográfica de políticas públicas nacionales y distritales, acompañado de entrevistas semiestructuradas a Instituciones de educación superior del departamento. Entre los resultados se encontró que de las cuatro universidades entrevistadas solo una, contaba con una política institucional, dos no presentan ningún tipo de reglamentación, mientras que la Universidad del Atlántico se encontraba en proceso de consolidación del programa de inclusión de población diversa -Diverser-.

No obstante, se identificaron en general falencias en el acceso a espacios físicos, comunicativos y arquitectónico que faciliten los procesos educativos.

De sus resultados resalta que:

Algunos de los puntos críticos identificados en las universidades hacen referencia al diseño de políticas idóneas que permitan el avance institucional en ésta materia; la accesibilidad física, comunicativa y arquitectónica que facilite los procesos educativos; y finalmente, las transformaciones en las creencias, prácticas y procesos liderados por los miembros involucrados en cada uno de los momentos de la vida universitaria (Osorno & Vargas, 2013; Flórez et al., 2009 citado por Serrano, Fajara do & Contreras, 2017).

Lo anterior, al ser contrastado con los resultados del presente estudio, muestra la importancia del análisis del acceso a la PcD en las instituciones educativas, ya que este tipo de procesos permite mejores oportunidades laborales. En este sentido, debido a las barreras que enfrenta este grupo poblacional, es importante la intervención del Estado a través del diseño de estrategias e incentivos para la inclusión educativa, y también la intervención de instituciones educativas a través del desarrollo de programas y herramientas para garantizar un proceso educativo adecuado.

En el caso de las instituciones de educación superior, es importante el diseño y la ejecución de programas en miras a atender a la PcD en términos de inclusión. Entre las estrategias identificadas se encuentran; contar con un programa específico para atender a la PcD, acompañamiento en las pruebas de admisión, herramientas educativas para la inclusión (braille, guías, libro escucha, entre otros, dependiendo del tipo de discapacidad), estímulos económicos para transporte y sostenimiento, este último, teniendo presente que gran proporción de este tipo de población cuenta con escasos recursos económicos.

Las instituciones deben contar con los ajustes razonables y las condiciones necesarias para al menos los tipos de discapacidad más frecuentes; física (34%), seguida por la sensorial (33%) e Intelectual (26%).

También deben proveer cualificación y capacitación del Capital Humano para la atención e interacción de acuerdo a las necesidades de la PcD y con énfasis en la igualdad de género, para los docentes, estudiantes y administrativos. Y previo a una formación superior, diseñar estrategias de orientación profesional que al terminar su educación media los ayude a identificar, de acuerdo a sus preferencias y competencias, el nivel y programa de estudio más adecuado a sus vocaciones e incluso, en función de la demanda existente en el mercado laboral.

En cuanto a incentivos, desde el punto de vista del Gobierno, se propone enfrentar este problema, con la creación de políticas que busquen garantizar el acceso a educación superior de manera gratuita, y la posibilidad de crear un auxilio de transporte para evitar su deserción. De acuerdo a información suministrada por la Secretaria de Salud departamental el 60% de esta población pertenecen a un estrato uno, y en las universidades encuestadas manifiestan como uno de los factores de deserción: factores económicos, dificultad de traslado a la institución, condiciones de salud asociada a la discapacidad física, falta de intérpretes, falta de apoyo de los padres, entre otros.

En el caso de las ETDH, es importante reconocer ventajas en el tema de ajustes razonables y de incentivos económicos, pero al no contar con una estrategia, política o lineamiento institucional que oriente a través de objetivos, metas y horizontes claros, el proceso de inclusión de PcD, estas ventajas se convierten en características positivas, pero de muy bajo impacto.

Para este grupo de instituciones se identificaron como debilidades específicas y fundamenta les para la inclusión, la baja capacitación de docentes para la atención a PcD, y la necesidad de cursos preparatorios o de inducción, y laboratorios de acceso a la información con el fin de proveer herramientas que ayuden a optimizar el proceso educativo.

Común a los dos grupos de instituciones de educación analizados, se identificó que la PcD matriculada en las instituciones encuestadas se con- centra en el rango de edad de la población joven (20-24 años). Situación que atendiendo a las dificultades que los jóvenes regulares enfrentan para su transición del ciclo de formación al mercado del trabajo, se propone una mayor participación en las políticas y programas de juventud en el departamento y sus municipios, que atienda la compleja situación de transición al mercado laboral que se agudiza por el hecho de ser joven, y además contar con alguna discapacidad.

En síntesis, el debate sobre el acceso de la PcD en la educación superior sigue vigente, y es de gran importancia, siempre que cada día aumenta la conciencia social y la concepción sobre este tipo de población. La educación se presenta como un componente importante para el desarrollo personal, social y económico de este grupo poblacional, por lo tanto, el apoyo y la intervención estatal y del propio sistema educativo es de gran importancia a nivel nacional y territorial. Finalmente, a partir de estos resultados, se considera pertinente desarrollar investigaciones que profundicen cada uno de los aspectos abordados de forma general en este artículo, y contar con una mayor participación de IES y ETDH, con el fin de tener más acercamiento a la realidad de esta problemática a nivel departamental.

Referencias bibliográficas

Asamblea del Atlántico. (2015). Por medio de la cual se adopta la política pública de discapacidad e inclusión social del departamento del Atlántico. [Decreto 1194 de 2015].

Cobos Ricardo, A. & Moreno Angarita, M. (2014). Educación superior y discapacidad: análisis desde la experiencia de algunas universidades colombianas. Revista Española de Discapacidad (REDIS), 2(2), 83–101.

Congreso de Colombia. (7 de febrero de 1997). Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación <en situación de discapacidad> y se dictan otras disposiciones. [Ley 361 de 1997]. DO: 42.978

CONPES 166 (2013). Discapacidad e inclusión social. Reuperado de: file:///Users/disenoeditorial/Downloads/ CONPES%20No.%20166%20de%202013%20 DISCAPACIDAD%20E%20INCLUSION%20SOCIAL.pdf

Daza Timaná, G. E. & Mosquera Ruiz, M. G. (2013). Determinantes Sociales De La Salud (Dss) Y Discapacidad En Barranquilla, 2012: Resultados Desde El Registro Para La Localización Y Caracterización De Personas Con Discapacidad, 1–144.

García, R. (2003). El futuro de las personas con discapacidad en el mundo. Desarrollo humano y discapacidad. Madrid, España: Fundación ONCE.

Ministerio de Salud y protección social. Observatorio Nacional de Discapacidad. Recuperado del sitio de internet http:// ondiscapacidad.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

Ministerio de educación Nacional. Sistema de información de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Recuperado del sitio de internet https://siet.mineducacion.gov.co/ consultasiet/institucion/index.jsp

Ministerio de educación Nacional. (201 Sistema nacional de información de educación superior. Recuperado de: https:// snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/institucion

Molina Béjar, R. (2010). Educación Superior para estudiantes con Discapacidad. Revista de Investigación, 34(70), 1–19.

OECD. (2003). Disability in Higher Education. https://doi. org/10.1787/9789264105072-en

ORMET (2016). Boletín de caracterización de la PcD en el departamento del Atlántico.

Ortego Hernando, J. L. (2000). Estudiantes con discapacidad y adaptaciones en los estudios superiores. Educación y Cultura, 13, 207–218.

Pérez-Castro, J. (2016). Redalyc.La inclusión de las personas con discapacidad en la educación superior en México. Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, (46).

Serrano, M., Fajarado, L. & Contreras, J. (2017). Inclusión y permanencia de la PcD en las IES en Barranquilla. CEDOTIC. 2(1) 1-29.

Notas