1. Introducción

La violencia económica es una forma de control y dominación que se ejerce a través del poder financiero, limitando el acceso de ciertos miembros de la familia a recursos económicos básicos y, por ende, a su autonomía. En muchos casos, esta forma de violencia no solo tiene repercusiones inmediatas en la víctima, sino que también perpetúa ciclos de dependencia y desigualdad intergeneracional.

Este fenómeno social, a menudo eclipsado por formas de abuso más evidentes y físicas, ejerce un impacto profundo y destructivo tanto en el núcleo familiar como en el tejido social a través de daños silenciosos, tales como la incertidumbre emocional, la falta de diálogo, los malos tratos en la vejez, la represión emocional, la inestabilidad, la inseguridad y la ambivalencia (Vera Valle, 2021; Agudelo Cifuentes et al., 2020; Pérez Ortiz, 2016). Estas formas de violencia incluyen factores que, dentro de la violencia económica, pueden suscitarse mediante la manipulación y el control de los recursos económicos, limitando la capacidad de las víctimas para tomar decisiones financieras independientes. Es fundamental analizar y comprender este fenómeno para desentrañar las complejas dinámicas de poder y control que se esconden detrás de las relaciones familiares. Al hacerlo, es posible revelar cómo estas prácticas no solo afectan a los individuos en el ámbito privado, sino que también tienen repercusiones significativas en la sociedad en general.

En contextos marcados por la pobreza y la desigualdad, la violencia económica adquiere una dimensión aún más alarmante. En estas situaciones, las personas afectadas se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad: por un lado, enfrentan las limitaciones impuestas por su entorno socioeconómico; por otro, sufren el control y la manipulación de sus recursos por parte de un agresor. Este doble nivel de opresión perpetúa ciclos de pobreza y dependencia, dificultando aún más la posibilidad de que las víctimas rompan las cadenas de abuso.

La importancia de estudiar la violencia económica radica en la necesidad de visibilizar y combatir estas formas de abuso, que a menudo permanecen ocultas pero son igualmente destructivas. Comprender mejor cómo se entrelazan las dinámicas de poder y control en el ámbito familiar con las estructuras sociales más amplias permite desarrollar estrategias más efectivas para promover la equidad y la justicia. Esto implica no solo intervenciones a nivel individual y familiar, sino también cambios estructurales que aborden las raíces de la pobreza y la desigualdad.

En el presente artículo de investigación se plantea como objetivo analizar de qué manera la economía funge como factor generador de violencia intrafamiliar, mediante el análisis de variables como los niveles educativos de los familiares, el sistema educativo en México, y el origen socioeconómico e historial de los familiares.

2. Metodología o pauta de análisis

Dado el objetivo del presente trabajo de investigación, se obtuvo como constructo principal a la economía como motivo generador de violencia intrafamiliar, en virtud de las variables analizadas: niveles educativos de los familiares, el sistema educativo en México y el origen e historial socioeconómico de los miembros de la familia. Para lograr un entendimiento integral de cómo estas variables influyen en la perpetuación de la violencia económica, se empleó un enfoque cualitativo, utilizando diversos métodos en cada fase de la investigación. No obstante, los métodos rectores y coyunturales consisten en el análisis sistemático y descriptivo. Con base en los diversos productos de investigación derivados del proyecto mencionado, es menester en este trabajo articular elementos sustantivos fundamentales que, a través de los conceptos estudiados en cada una de las fases del proyecto, permitan comprender el comportamiento de este fenómeno jurídico.

A continuación se describen de las pautas metodológicas seguidas:

1. 1. Enfoque cualitativo: se optó por un enfoque cualitativo para captar la opinión de acuerdo con experiencias familiares en la realidad social del Estado de Tabasco del municipio del Centro, así como lo previsto en la normativa mexicana relacionada con la violencia económica. Este enfoque permite explorar cómo los factores educativos y socioeconómicos afectan las dinámicas familiares y contribuyen a la violencia económica desde una perspectiva rica en matices y contextos.
2. 2. Método de análisis sistemático: el análisis sistemático se utilizó para examinar de manera estructurada y ordenada la relación entre los factores identificados (niveles educativos, sistema educativo, historial socioeconómico y origen familiar) y la violencia económica. Este método incluyó los siguientes pasos:

   • Recolección de datos: se realizó una revisión de literatura sobre violencia económica, educación, y contextos socioeconómicos con fuentes primarias, secundarias y especializadas.

   • Codificación: los datos obtenidos se codificaron en categorías temáticas relacionadas con los factores investigados. Esta codificación permite identificar conceptos fundamentales y aplicar teorías desde la transversalidad de las relaciones entre las variables estudiadas y la violencia económica.

   • Análisis de concepciones teóricas: se identificó y analizó cómo algunas teorías reproducen la influencia social en los niveles educativos, el sistema educativo y el historial socioeconómico en la violencia económica. Este análisis permitirá comprender la interacción entre estos factores y su impacto en las dinámicas intrafamiliares.

3. 3. Método descriptivo: el método descriptivo se empleó en este trabajo de investigación para proporcionar una explicación detallada y clara de cómo los factores investigados contribuyen a la violencia económica. Este método se constituyó por:

   • Descripciones contextuales: exponiendo un contexto sobre la violencia económica y su relación con el acceso a recursos educativos. Se describen las condiciones socioeconómicas predominantes y su impacto en las familias.

4. 4. Interpretación y explicación: la etapa final del análisis implicó la interpretación de los resultados obtenidos, proporcionando explicaciones sobre cómo la educación, el sistema educativo, y el historial socioeconómico configuran las experiencias familiares y perpetúan la violencia económica. Se presentan hallazgos cualitativos para ofrecer una visión comprensiva de cómo estos factores interactúan y contribuyen a la violencia económica en el contexto analizado.

Esta metodología permitió responder al objetivo descriptivo-contextual, de manera que, en un primer momento, el lector pueda tener una comprensión clara respecto a los factores o variables abordados en el desarrollo o núcleo principal de este opúsculo, en aras de la divulgación científica sobre cómo se ha manifestado la violencia intrafamiliar con el constructo principal consistente en la economía. Dado que la Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento del proyecto del cual deriva este artículo se concentra en la economía circular, los resultados presentados contribuyen a entender una dimensión de significado dentro de este objeto de estudio para fines conceptuales.

3. Desarrollo o núcleo principal

3.1. Conceptualización de la violencia económica

La violencia económica se ha definido como cualquier acción u omisión que afecta la autonomía financiera de una persona dentro del ámbito familiar, generando obstáculos para la accesibilidad a recursos económicos, así como para la toma de decisiones conscientes de carácter financiero. En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) proporciona la siguiente definición:

Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral. (Art. 6, fracción IV)

Los alcances conceptuales y el fenómeno social de la violencia en la sociedad abarcan una amplia gama de estudios, cada uno enfocado en las características únicas que definen a la violencia. Este fenómeno no es homogéneo; varía ampliamente en sus manifestaciones y en las razones detrás de ellas. La violencia tiene múltiples dimensiones, una de las cuales es su contexto económico. En las últimas décadas, se ha observado un desarrollo particular de la violencia dentro del núcleo familiar. Este tipo de violencia se manifiesta en la intimidad del hogar, afectando la convivencia diaria, la idiosincrasia de sus miembros y, en muchos casos, está profundamente entrelazada con elementos culturales específicos que dan forma a lo que se conoce como violencia económica.

La violencia económica, en particular, se ha convertido en un área de estudio crítica debido a su capacidad para permanecer oculta dentro de la dinámica familiar. A diferencia de otras formas de violencia que pueden dejar marcas físicas visibles, la violencia económica se caracteriza por el control y la manipulación de los recursos económicos, limitando la capacidad de las víctimas para tomar decisiones financieras independientes. Este tipo de violencia puede incluir, pero no se limita a, la retención de acceso a fondos, el control total sobre las finanzas familiares sin el consentimiento o conocimiento de la otra parte, y la explotación económica directa.

La complejidad de la violencia económica radica en su capacidad para afectar a las víctimas más allá del ámbito financiero, impactando su bienestar emocional y psicológico. La dependencia económica crea una barrera significativa para que las víctimas abandonen situaciones abusivas, contribuyendo a un ciclo de violencia que es difícil de romper. Además, la violencia económica a menudo se entrelaza con otras formas de abuso, creando un entorno en el que la dominación y el control se extienden a todos los aspectos de la vida de la víctima.

Estudios como el de Carrasco Rodas (2021) exponen las aplicaciones conceptuales en torno al Derecho Penal de la violencia económica, revelando deficiencias en el alcance protector de las autoridades y la perspectiva en Perú. Cuando las mujeres u hombres se encuentran en situaciones de violencia económica, su primer paso suele ser dirigirse a la comisaría más cercana. Sin embargo, “desconocen este nuevo tipo de violencia debido a que no están capacitados y, más aún, el código penal no lo establece como delito” (pp. 8-9).

En este contexto, es crucial reconocer la violencia económica como una forma de abuso que requiere atención y recursos específicos para su prevención y tratamiento. La concienciación sobre esta problemática es un paso fundamental hacia la creación de estrategias efectivas que apoyen a las víctimas y promuevan relaciones familiares saludables. La investigación en este campo sigue evolucionando, buscando no solo entender mejor las dinámicas de la violencia económica, sino también desarrollar intervenciones que puedan mitigar su impacto en las familias.

Autores como Deere y León (2020) estudian una dimensión conceptual con perspectiva de género hacia la mujer, realizando la distinción entre violencia económica y violencia patrimonial:

La violencia económica y la violencia patrimonial suelen tratarse como si fueran lo mismo. Pero, aunque están interrelacionadas, conceptualmente son diferentes. Definimos la violencia patrimonial como la violación a los derechos de propiedad de la mujer; es decir, a su derecho a administrar su propiedad individual y a disfrutar de los bienes comunes adquiridos durante el matrimonio —esto es a recibir la mitad de ellos al disolverse la sociedad conyugal— y a sus derechos de sucesión. La violencia económica se refiere a las acciones que limitan la capacidad de la mujer para generar o administrar ingresos, tanto los suyos como los de su pareja en beneficio del hogar. (p. 221)

Estas perspectivas conceptuales sobre la violencia económica dan cuenta del desarrollo que ha tenido en la doctrina jurídica nacional mexicana e internacional sudamericana. Entender las diversas facetas y sus repercusiones en el núcleo familiar es fundamental. Es crucial analizar los roles asignados dentro de la familia, así como los impactos que la violencia ha tenido en diferentes miembros, incluyendo mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que forman parte de este segmento de la sociedad. La violencia no solo afecta a quien la sufre directamente, sino que también altera la dinámica familiar, afectando las relaciones entre sus miembros y modificando roles preestablecidos.

Además, es importante considerar cómo estos efectos se extienden más allá del ámbito privado, repercutiendo en la comunidad y en la sociedad en general. La violencia doméstica o de género, por ejemplo, no solo daña a las víctimas inmediatas, sino que también tiene un efecto dominó, afectando la salud emocional y física de los niños y jóvenes que son testigos de estos actos y, en muchos casos, perpetuando ciclos de violencia que se trasladan de generación en generación.

Por otro lado, el análisis de los roles en la familia frente a situaciones de violencia permite abrir un diálogo sobre la necesidad de educar en igualdad y respeto, promoviendo relaciones sanas y constructivas. Este enfoque no solo busca mitigar los efectos de la violencia ya existente, sino también prevenir su aparición, fomentando un cambio cultural que abogue por el respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su género, edad o rol dentro de la familia.

3.2. La economía como factor generador de violencia intrafamiliar: un análisis de las variables socioeconómicas y educativas aplicadas en el contexto mexicano

La violencia intrafamiliar es un fenómeno complejo que se origina a partir de diversas interacciones entre factores sociales, psicológicos y económicos. En este sentido, la economía juega un papel crucial, ya que las desigualdades económicas y la falta de acceso a recursos pueden desencadenar y perpetuar la violencia dentro del hogar. Este apartado analiza cómo la economía, desde distintas perspectivas teóricas, contribuye a la violencia intrafamiliar, particularmente a través de las variables del nivel educativo, el sistema educativo en México, y el origen socioeconómico e historial familiar.

3.2.1. La violencia económica y su relación con la violencia intrafamiliar

El concepto de violencia económica hace referencia al control y la manipulación de los recursos económicos con el fin de someter a otros, una forma de opresión que puede estar presente dentro del hogar. Según Johan Galtung (1969), la violencia estructural es aquella que no necesariamente se manifiesta de manera física, sino a través de las estructuras sociales y económicas que generan desigualdad y sufrimiento. Este tipo de violencia incluye la limitación de acceso a recursos vitales, como vivienda, salud, educación y alimentos, y es una manifestación clara de la violencia económica dentro de las familias, especialmente en situaciones donde uno o más miembros están privados de autonomía financiera.

Por su parte, las teorías feministas destacan la intersección de género y economía. Walby (1990) señala que en el marco del patriarcado, las mujeres suelen ser sometidas a control económico dentro de la familia, lo que puede llevar a situaciones de dependencia y abuso. De acuerdo con Hartsock (1983), este control económico facilita otras formas de abuso en el hogar, como la violencia física y emocional, ya que los miembros subordinados, en su mayoría mujeres y niños, se ven obligados a permanecer en relaciones abusivas debido a la falta de independencia económica.

3.2.2. Teoría del control social: la economía como herramienta de dominación

La teoría del control social, que tiene sus raíces en las obras de Émile Durkheim (1933) y George Ritzer (2004), argumenta que las estructuras sociales, incluidas las económicas, son utilizadas para controlar a los individuos y grupos en la sociedad. En el contexto de la violencia intrafamiliar, esta teoría sostiene que el control de los recursos económicos dentro del hogar actúa como un mecanismo para mantener el orden y el poder, especialmente en situaciones donde existen desigualdades económicas. La falta de acceso a recursos básicos, como empleo y educación, limita la autonomía de los miembros de la familia y puede generar tensiones que se manifiestan en formas de violencia.

3.2.3. Teoría marxista: la economía como factor estructural en la violencia intrafamiliar

Desde una perspectiva marxista, la violencia económica es vista como una consecuencia directa de las relaciones de poder dentro de la economía capitalista. Según Karl Marx (1867), la violencia económica dentro de una familia puede ser una manifestación de la explotación de las clases bajas por parte de las clases altas. En este sentido, el estrés derivado de las dificultades económicas y la falta de oportunidades laborales puede generar conflictos dentro del hogar, lo que aumenta el riesgo de violencia. Engels (1845) argumenta que las relaciones desiguales de poder, alimentadas por la desigualdad económica, refuerzan la violencia estructural que se experimenta no solo a nivel social, sino también en las dinámicas familiares.

3.2.4. Teoría de la violencia estructural: la economía como violencia invisible

La teoría de la violencia estructural de Johan Galtung (1969) es fundamental para comprender cómo la violencia económica puede ser invisible, pero igualmente devastadora. Según Galtung, la violencia estructural se reproduce a través de las estructuras sociales y económicas que generan desigualdades, y puede manifestarse en la familia como la falta de acceso a recursos básicos y servicios, lo cual mantiene a los miembros de la familia en una situación de dependencia y vulnerabilidad. Las tensiones provocadas por las dificultades económicas, combinadas con la falta de educación y oportunidades laborales, son factores que aumentan la probabilidad de que se produzcan abusos dentro del hogar.

3.2.5. Teoría de la dependencia: la economía global y su impacto en la violencia intrafamiliar

La teoría de la dependencia, desarrollada por Raúl Prebisch (1949) y André Gunder Frank (1971), sostiene que los países periféricos, al estar sometidos a relaciones económicas desiguales con las economías más poderosas, perpetúan ciclos de pobreza y exclusión. Aplicado al contexto intrafamiliar, este enfoque sugiere que las familias que viven en condiciones de pobreza y marginación, producto de la desigualdad estructural, enfrentan mayores niveles de estrés económico que pueden desencadenar situaciones de violencia. La falta de acceso a recursos y la dependencia de un solo miembro que controla los ingresos familiares son factores que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y los niños ante la violencia económica.

3.2.6. Teoría de la violencia doméstica y control económico

En el ámbito de la violencia doméstica, la violencia económica es una de las formas de abuso más sutiles y destructivas. El control de los recursos económicos, como el dinero, la vivienda o el acceso al empleo, es utilizado por los agresores para mantener su poder sobre las víctimas. La investigación en este campo, como la de Patricia Tjaden y Nancy Thoennes (2000), muestra cómo el control económico en las relaciones abusivas mantiene a las víctimas en una situación de dependencia, lo que dificulta su escape de la relación. La falta de recursos económicos también limita la capacidad de las víctimas para acceder a servicios de apoyo, como refugios o asistencia legal, lo que perpetúa el ciclo de abuso.

3.2.7. El sistema educativo y su relación con la violencia intrafamiliar

El sistema educativo desempeña un papel clave en la economía familiar. En México, el acceso a una educación de calidad sigue estando influenciado por el origen socioeconómico, lo que genera disparidades en las oportunidades de empleo y en la capacidad de los miembros de la familia para generar ingresos. La falta de educación, especialmente entre las mujeres y las personas de sectores más pobres, limita su capacidad para independizarse económicamente, lo que puede fomentar la violencia económica dentro de la familia. El analfabetismo y la escasa formación técnica o profesional son factores que contribuyen a la perpetuación de la dependencia económica, lo que refuerza las dinámicas de control y abuso dentro del hogar (Prebisch, 1949; Marx, 1867).

3.2.8. Origen socioeconómico e historial familiar: un factor clave en la perpetuación de la violencia intrafamiliar

El origen socioeconómico de una familia, combinado con el historial de abuso y violencia intergeneracional, juega un papel fundamental en la perpetuación de la violencia intrafamiliar. Galtung (1969) y Frank (1971) argumentan que las condiciones estructurales de pobreza, unidas a la transmisión de patrones de violencia de generación en generación, crean un ciclo de violencia que se perpetúa a través de las familias. Las experiencias de abuso en la infancia, junto con la pobreza crónica, aumentan la probabilidad de que los miembros de la familia reproduzcan estos patrones violentos, creando un ciclo de sufrimiento económico y físico dentro del hogar.

3.3. Implicaciones legales y sociales de la violencia económica

En México, aunque existen normativas que abordan la violencia intrafamiliar y la violencia económica, estos fenómenos son expuestos de manera general. Esto desencadena, en diversos instrumentos jurídicos, la dificultad en la protección efectiva de las víctimas y perpetúa la impunidad de los agresores. Además, la falta de conciencia social sobre esta forma de violencia contribuye a su invisibilidad y normalización en muchos hogares. Por ello, la necesidad imperante de un abordaje jurídico materializado en políticas públicas es tan importante para la progresividad del enfoque metodológico de la problemática y la búsqueda de soluciones concretas.

Las implicaciones legales en torno al fenómeno de la violencia económica han sido configuradas en dimensiones teóricas y recogidas por instrumentos jurídicos de carácter nacional e internacional. En el contexto jurídico mexicano, el objeto de estudio de la violencia hacia la mujer ha sido ampliamente abordado. Esto se refleja en la LGAMVLV. En líneas anteriores se invocó esta ley para exponer la definición de violencia económica que integra el marco conceptual de dicho instrumento. Sin embargo, en su aspecto procedimental, consistente en una especificidad jurídica, no ha tenido el desarrollo necesario para concretar situaciones específicas que protejan los derechos humanos.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (en adelante, CNPCyF), de reciente creación en el Sistema Jurídico Mexicano, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, no presenta especificidades jurídicas en torno a la violencia económica. No obstante, como unidad de análisis protector para este tipo de violencia en particular, se contempla el reconocimiento de que cualquier tipo de violencia intrafamiliar forma parte de las actuaciones judiciales materializadas en la atención de los involucrados (Artículo 150).

Cabe mencionar que el artículo 553 del Código antes mencionado contempla el deber de la autoridad jurisdiccional de aplicar medidas provisionales cuando se susciten actos de violencia contra los miembros de la familia, a saber:

En los casos de conductas violentas u omisiones graves que afecten a los integrantes de la familia, la autoridad jurisdiccional deberá adoptar las medidas provisionales que se estimen convenientes, para que cesen de plano. En los casos de violencia vicaria, entendida como la violencia ejercida contra las mujeres a través de sus hijos, la autoridad jurisdiccional deberá salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes y mujeres, a efecto de evitar la violencia institucional contemplada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (CNPCyF, art. 553)

Como tratamiento a las personas víctimas de violencia y sus familias, el CNPCyF establece principios básicos necesarios de atender y aplicar en órdenes de protección, ya que estas “tienen como fin salvaguardar integralmente a las víctimas de violencia y su familia, ya sea previniendo, interrumpiendo o impidiendo cualquier conducta de violencia” (CNPCyF, art. 571). Son principios básicos de la orden de protección, en virtud del contenido del artículo anterior:

Protección de la víctima, que la víctima recupere la sensación de seguridad ante posibles amenazas de quien violenta, lo cual, por otra parte, es indispensable para romper con el círculo de violencia.

Urgencia, la orden se debe implementar y cumplir de manera inmediata, con la mayor agilidad posible a efecto de que cumpla con el fin de prevenir o impedir que los actos de violencia se cometan o se sigan cometiendo.

Accesibilidad, quiere decir que la medida debe ser implementada a través de un procedimiento sencillo y gratuito para quien es víctima de violencia.

Utilidad procesal, la orden de protección debe facilitar la confección, integración, tratamiento y conservación de las pruebas que puedan aportarse al trámite.

La necesidad y proporcionalidad de la medida, las órdenes de protección deben responder a la situación de violencia en que se encuentre la persona destinataria y deben garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes.

Como medida de reforzamiento a lo anterior, la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de “… dictar órdenes de protección de urgente aplicación en función del interés superior de quien pudiere resultar víctima, las cuales serán personalísimas e intransferibles, pudiendo tener incluso el carácter de preventivas y serán consideradas de naturaleza familiar” (CNPCyF, art. 572).

En el contexto internacional la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CIPSEVCM - Convención de Belem Do Pará), contempla la situación de vulnerabilidad a la violencia que se pueda generar contemplando la situación socioeconómica desfavorable. Puesto que en virtud del rango convencional de la citada proposición constituye una obligación internacional.

Los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuando está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. (CIPSEVCM, art. 9)

La realidad jurídica y protectora respecto a la violencia intrafamiliar, y aún para el tipo de violencia específica como la violencia económica, protege ampliamente a las mujeres. No obstante, pensar que el derecho es hermético, es decir, cerrado en su protección preponderante hacia un grupo poblacional específico, es una idea superficial y equivocada.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) estipula una obligación internacional para los Estados parte. Esto incluye al Estado Mexicano desde 1980 (Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2016), que, por aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, asumió el compromiso internacional de cumplir con las disposiciones del instrumento invocado. Es en su artículo tercero donde establece tal compromiso para hombres y mujeres. Este enunciado contempla asimismo a niños y adolescentes, protegiéndolos contra la explotación económica y social.

[…] se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil. (PIDESC, art. 10.3)

De tal manera que este análisis sistemático jurídico y sus conceptualizaciones transversales en la familia contempla protección para cada persona. Enfocado en niñas, niños y adolescentes “urge evaluar el papel del Estado más allá de su papel como instaurador de conductos punibles, sino en función rectora de las políticas públicas al menos en lo que atañe al derecho al sano desarrollo del menor” (Castillo Santiago, 2019, p. 152).

3.4. Relaciones entre niveles educativo-familiares y la violencia económica

El nivel educativo de los miembros de la familia juega un papel crucial en la dinámica económica del hogar. Estudios han demostrado que familias donde los padres tienen niveles educativos bajos tienden a experimentar más problemas financieros, lo que puede aumentar la presión económica y, en consecuencia, la violencia económica (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación [INEE], 2019).

Además, los niveles educativos juegan un papel crucial en la configuración de las expectativas y en la toma de decisiones financieras, impactando significativamente en la forma en que se administran los recursos dentro del núcleo familiar. Esta influencia se manifiesta en diversos aspectos, desde la capacidad para elaborar un presupuesto hasta la habilidad para invertir de manera inteligente. Las personas con un mayor nivel de educación tienden a tener un mejor entendimiento de los conceptos financieros, lo que les permite tomar decisiones más informadas y, por ende, gestionar sus recursos de una manera más eficiente, no obstante, “las diferencias económicas en las familias de los estudiantes ocasionan que se vean reflejadas más las diferencias en las aulas de nuestro país” Klempay Becerril (2022).

La educación financiera, que a menudo se adquiere tanto en instituciones educativas formales como a través de la experiencia y la autoeducación, proporciona las herramientas necesarias para evaluar riesgos, planificar el futuro y evitar las trampas comunes del endeudamiento. Sin embargo, en muchas familias, la falta de acceso a una educación de calidad o la ausencia de una cultura de educación financiera limita su capacidad para mejorar su situación económica y alcanzar sus metas financieras.

Este fenómeno tiene implicaciones que van más allá del ámbito individual o familiar, afectando el tejido económico y social en su conjunto. Una población con bajos niveles de educación financiera es más susceptible a caer en ciclos de deuda, a experimentar estrés financiero y a enfrentar dificultades para acumular ahorros a largo plazo. Por otro lado, una sociedad que promueve la educación financiera desde temprana edad está mejor equipada para enfrentar desafíos económicos, contribuyendo así al desarrollo y estabilidad económica general.

Es de vital importancia reflexionar sobre los resultados de datos duros expuestos por la Encuesta Nacional de Educación Financiera en 2017, la cual, de acuerdo con Arellano Delgado (2023), es crítica.

México está por debajo del promedio de la OCDE en capacidades financieras. 65 % de los mexicanos gastan más de lo que ganan por falta de educación financiera (ENEF, 2017) y solo el 8 % ha recibido educación financiera desde algún sistema escolar. La falta de educación financiera se convierte en un agravante de problemas sociales como es el caso de las mujeres violentadas, en donde según la Secretaría de las Mujeres, el 41 % de las mujeres violentadas no se separan por dependencia económica. (INEGI, 2016, párr. 1)

La educación emerge como un factor determinante en la gestión de las finanzas personales y familiares, subrayando la importancia de invertir en programas educativos que aborden específicamente la alfabetización financiera. A través de la mejora de la educación financiera, las familias pueden adquirir las competencias necesarias para tomar decisiones financieras prudentes, lo que a su vez puede llevar a una mejora en la calidad de vida y al fortalecimiento de la economía en general.

3.5. El sistema educativo en México, impacto en la construcción de vivencias intrafamiliares

El sistema educativo en México enfrenta desafíos significativos marcados por desigualdades profundas en el acceso y la calidad de la educación que ofrecen a sus estudiantes. Estas desigualdades no solo se reflejan en las diferencias entre escuelas urbanas y rurales, sino también en la brecha entre instituciones públicas y privadas. La calidad de la educación que reciben los estudiantes varía enormemente, lo que tiene un impacto directo en sus futuras oportunidades laborales y económicas (González Ortega, 2021).

En áreas rurales y comunidades marginadas, la situación es particularmente preocupante. La falta de recursos, tanto físicos como humanos, limita severamente la calidad educativa disponible. Esto incluye desde infraestructuras básicas, como aulas adecuadas y materiales didácticos, hasta la disponibilidad y preparación de los docentes. Como resultado, los estudiantes de estas áreas enfrentan obstáculos significativos para alcanzar niveles educativos que les permitan acceder a mejores oportunidades laborales.

De acuerdo con el Programa Sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024:

El crecimiento económico en México ha beneficiado solo a unos cuantos, y la mala calidad de la educación coadyuva a ello. La cantidad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin escolarizar, los bajos logros de aprendizaje de aquellos que asisten a la escuela y el abandono por parte de muchos de ellos, resultan en millones de mexicanas y mexicanos que llegan a la edad adulta sin contar con las habilidades básicas para la vida y el trabajo. Las consecuencias son graves, se acumulan a lo largo de la vida y afectan todas las dimensiones del ser humano, expresándose en trabajos mal remunerados, empleos informales, baja productividad, deficiente cobertura médica, jubilaciones indignas, explotación, vulnerabilidad, precariedad, conductas de riesgo, entre otras. Es por ello por lo que la finalidad del PSE 2020-2024 es contribuir a un nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas, a partir de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para el logro de un desarrollo nacional sostenible. (p. 197)

Esta limitación en las oportunidades laborales y económicas para las personas que provienen de entornos menos favorecidos contribuye a perpetuar un ciclo de pobreza. Sin acceso a una educación de calidad, las posibilidades de obtener empleos bien remunerados y estables se reducen drásticamente, lo que a su vez puede generar una dependencia económica de programas de asistencia o de la economía informal, ambos caracterizados por su inestabilidad y falta de protecciones laborales.

Además, la falta de oportunidades económicas aumenta la vulnerabilidad de las personas a la violencia económica, un fenómeno que se manifiesta de diversas maneras, desde la explotación laboral hasta la imposibilidad de acceder a servicios básicos por falta de recursos. Esta situación afecta no solo el bienestar individual y familiar, sino también el tejido social, contribuyendo a perpetuar las desigualdades económicas y sociales en el país.

En este contexto, es evidente la necesidad urgente de reformas educativas que aborden estas desigualdades de manera integral. Esto implica no solo mejorar la infraestructura y los recursos disponibles en las escuelas, sino también enfocarse en la capacitación y el desarrollo profesional de los docentes, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad que les brinde oportunidades para un futuro mejor.

3.6. Origen familiar e historial socioeconómico

El origen y el historial socioeconómico de las familias juegan un papel crucial en la distribución de los recursos y el ejercicio del poder dentro del núcleo familiar. Las familias cuyo origen se encuentra en entornos de pobreza o marginalización enfrentan obstáculos económicos más pronunciados que aquellas provenientes de contextos más acomodados (Yescas Sandoval y Rabelo Ramírez, 2019).

Esta situación de desventaja económica no solo limita el acceso a oportunidades básicas, sino que también puede agudizar las tensiones internas, dando lugar a conflictos y, en algunos casos, a formas de violencia económica. La violencia económica se manifiesta de diversas maneras, incluyendo el control y la retención de recursos financieros por parte de uno de los miembros, lo que afecta directamente la autonomía y el bienestar del resto de la familia.

Además, es importante considerar cómo el historial de violencia en el entorno familiar afecta las dinámicas intergeneracionales. La violencia experimentada por generaciones anteriores no solo deja secuelas emocionales y psicológicas en quienes la vivieron directamente, sino que también puede establecer un patrón de comportamiento que se repite en las generaciones siguientes. Este ciclo de violencia se perpetúa a menudo debido a la normalización de estos comportamientos dentro del hogar, lo que dificulta su identificación y erradicación. La transmisión de estos patrones de violencia de una generación a otra es un fenómeno complejo que involucra factores emocionales, sociales y económicos, y su comprensión es clave para desarrollar estrategias efectivas de intervención y prevención (Oña Jacho, 2021).

La interacción entre el estatus socioeconómico de una familia y su historial de violencia plantea desafíos significativos no solo para los miembros afectados, sino también para los profesionales y las instituciones que buscan brindar apoyo. Reconocer la influencia de estos factores es fundamental para abordar las raíces de la violencia doméstica y para diseñar programas de ayuda que sean sensibles al contexto socioeconómico de las familias. La lucha contra la violencia familiar requiere un enfoque interdisciplinario que considere tanto las condiciones materiales como los aspectos psicosociales de las familias afectadas.

4.Resultados y Discusión

4.1 Identificación de concepciones teóricas

La investigación llevada a cabo ha permitido identificar una serie de teorías relacionadas con el control económico y la dependencia financiera aplicada a los contextos familiares. Este análisis se ha realizado tras una revisión sistemática de información obtenida de estudios teóricos como los expuestos en el texto, entre otros recursos como artículos de investigación científica, libros y recursos electrónicos. Las teorías identificadas, así como el análisis convergente, explican la correlación significativa entre el control económico ejercido que pueden llegar a tener algunos miembros de la familia y la dependencia financiera de otros. Esta dinámica se manifiesta de diversas maneras, afectando tanto a la gestión del presupuesto familiar como a las decisiones de inversión y ahorro.

A partir del análisis de estos datos, se ha observado que las diferencias en el nivel educativo y el origen socioeconómico de los individuos influyen de manera notable en estas dinámicas de control y dependencia. Por ejemplo, en familias donde el nivel educativo es más alto, suele haber una mayor conciencia sobre la importancia de la independencia financiera, lo que se traduce en prácticas de gestión del dinero más equitativas. Por otro lado, en contextos donde el nivel educativo es más bajo y el origen socioeconómico es más precario, se tiende a observar patrones de dependencia financiera más arraigados, lo que puede perpetuar ciclos de pobreza y limitar el acceso a oportunidades de desarrollo económico.

Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar el nivel educativo y el origen socioeconómico como factores determinantes en el estudio de las dinámicas de control económico y dependencia financiera en los contextos familiares en México. La comprensión de estos patrones no solo es crucial para el diseño de políticas públicas que busquen promover la equidad económica y la independencia financiera, sino también para el desarrollo de programas educativos que apunten a incrementar la literacidad financiera en todos los niveles de la sociedad.

4.2. Interpretación de los resultados

La interpretación de los resultados obtenidos en este estudio abre un nuevo capítulo en la comprensión de la violencia económica. Al comparar nuestros hallazgos con la literatura existente, se observa que muchos estudios anteriores no profundizan en el tema con la rigurosidad necesaria. Esta investigación destaca por su enfoque en documentos especializados de carácter jurídico, lo que permite una comprensión más detallada y precisa del fenómeno. Los resultados no solo resaltan coincidencias con investigaciones previas, sino que también revelan divergencias significativas, aportando así nuevas perspectivas que desafían las teorías existentes y sugieren una aplicación jurídica más efectiva.

4.3. Comparación con la literatura existente

La comparación con trabajos anteriores revela que la violencia económica ha sido, en muchos casos, abordada de manera superficial. Nuestro estudio, en cambio, se enfoca en la necesidad de contar con análisis más profundos y documentos jurídicos especializados para entender completamente este fenómeno. Los hallazgos de esta investigación contribuyen al debate académico, ofreciendo nuevas perspectivas que desafían las teorías previas y sugieren caminos para una mejor aplicación jurídica en casos de violencia económica.

4.4. Implicaciones sociales y educativas

Las implicaciones de estos resultados son significativas tanto para la política educativa como social en el Estado de Tabasco, México, y las proyecciones que pueda tener en el país. Los hallazgos sugieren que implementar cambios específicos podría ser clave para reducir la incidencia de la violencia económica y, por ende, mejorar la equidad en todo tipo de familias. Este estudio subraya la importancia de revisar y, posiblemente, modificar las políticas vigentes para abordar de manera más efectiva este tipo de violencia, lo que, a su vez, podría tener un impacto positivo en la cohesión y bienestar familiar.

4.5. Limitaciones del estudio

A pesar de los avances que este estudio representa, es importante reconocer sus limitaciones. La metodología empleada, basada en una revisión sistemática, puede estar sujeta a sesgos, especialmente en lo que respecta a la selección de fuentes y la interpretación de los datos. Estos sesgos podrían influir en la generalización de los resultados. Además, la interpretación de los datos se basa en la evidencia documental disponible, lo que limita el alcance de las conclusiones. Para superar estas limitaciones, se sugiere la realización de estudios adicionales que empleen métodos de estadística descriptiva, inferencial o etnográfica. Estos estudios podrían complementar y enriquecer la comprensión de la violencia económica, abordando nuevos desafíos y ampliando el conocimiento existente sobre este importante tema.

5. Conclusión y recomendaciones

5.1. Resumen de hallazgos clave

Impacto de la economía en la violencia intrafamiliar: La economía influye en la generación de violencia dentro del núcleo familiar. Se han identificado patrones que demuestran la relación directa entre la situación económica de una familia y la presencia de violencia entre sus miembros. Específicamente, se ha observado que, en contextos de baja escolaridad y pobreza, la violencia económica emerge como un fenómeno significativo. La violencia económica se caracteriza por el control y la retención de recursos económicos como una forma de poder y dominación dentro de la familia. Este tipo de violencia afecta de manera desproporcionada a las familias que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad debido a su contexto socioeconómico. La falta de acceso a una educación adecuada agrava esta situación, limitando las oportunidades de los individuos para mejorar su condición económica y, por ende, reducir la incidencia de violencia intrafamiliar.

Se destaca cómo la educación, o la falta de ella, influye en la capacidad de las personas para acceder a información y recursos que les permitan manejar de manera efectiva sus finanzas personales y familiares. La educación financiera, en particular, es un factor determinante para asegurar que los individuos puedan tomar decisiones informadas sobre su economía doméstica, lo que puede contribuir a disminuir las tensiones y conflictos familiares relacionados con el dinero.

La violencia económica y la falta de educación financiera trastocan los derechos económicos de las personas, derechos que están protegidos tanto por la legislación nacional como internacional. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la educación financiera y el acceso a recursos económicos como medidas para combatir la violencia intrafamiliar.

Es de importancia abordar la educación financiera y la pobreza como elementos clave para entender y mitigar este fenómeno. La violencia económica, especialmente en contextos de baja escolaridad y pobreza, representa un desafío significativo que requiere la atención y acción coordinada de la sociedad en su conjunto.

Este estudio cualitativo contribuye significativamente en la comprensión de las variables analizadas. Aplicar sus dimensiones para prevenir y tratar el fenómeno de la violencia económica resulta de gran trascendencia en procesos judiciales y en instrumentos normativos. Cabe resaltar que de esta aportación metodológica, a partir de su principal eje teórico derivado del proyecto de investigación ya mencionado de economía circular, se desprenden consecuencias positivas y negativas dentro de la actividad económica comunitaria, la cual se compone de diversas familias resultando en su dimensionalidad de estudio la violencia económica, he ahí la significación de este trabajo.

5.2. Recomendaciones

La violencia económica es un problema complejo que requiere una aproximación interdisciplinaria para su comprensión y erradicación. Es esencial analizar este fenómeno desde una perspectiva transversal que permita identificar y abordar las diversas deficiencias, ya sean legislativas, sociales o culturales. Para combatir efectivamente la violencia económica, es crucial la implementación de políticas públicas integrales.

Estas políticas deben estar enfocadas en la mejora de la educación, aprovechando su potencial como herramienta clave para empoderar a las familias. La educación financiera, junto con técnicas para manejar el estrés y fomentar la contención emocional, son aspectos fundamentales que deben ser incorporados en los programas educativos. Además, es importante promover la sostenibilidad y la libertad financiera, fortaleciendo los vínculos y la unidad familiar. La igualdad económica dentro de las familias también debe ser un objetivo prioritario de estas políticas.

Para lograr estos objetivos, es imprescindible seguir las orientaciones y estándares internacionales que ayudan a comprender la naturaleza degradante de la violencia económica como acto cruel la cual se manifiesta a través del miedo, la ansiedad y la sensación de inferioridad. El propósito de esta violencia es humillar, degradar y quebrantar la resistencia física y moral de la víctima (Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH], 2005, párr. 69).

La integridad de los miembros de una familia es un valor fundamental que debe ser protegido, tal como lo ha reconocido la Corte IDH en su concepto de integridad (2014, párr. 388). La adopción de un enfoque que priorice la protección de la integridad familiar y promueva la igualdad económica es esencial para contrarrestar la violencia económica y sus efectos perjudiciales.

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Notas

Notas de autor