1. Introducción

El presente artículo busca contextualizar, en primer lugar, cómo se conforma el discurso dominante sobre el patrimonio cultural en el seno de la Unesco. Para este fin, se realiza un análisis de jurisprudencia considerando la Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. Al tomar como referencia esta norma, es posible exponer los debates más representativos en torno al paradigma del conocimiento experto. Este paradigma ha estado en el centro de la difusión de normas relacionadas con la protección del patrimonio cultural.

En segundo lugar, el título de este texto evoca un esfuerzo crítico que apunta a la historización, es decir, a mostrar el proceso de formación de los discursos que se consideran válidos en relación con el patrimonio. Así, el primer antecedente será la Convención antes mencionada, la cual permitirá adentrarnos al siglo XX como un momento crucial para la consolidación de una narrativa hegemónica dentro de la Unesco. Además, será importante evidenciar momentos más vinculados a nuestro presente histórico, que permitan abordar algunas dimensiones del problema desde una perspectiva actual, especialmente en lo que respecta a la integración del patrimonio en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

2. Método genealógico

Para comenzar, la alusión al método genealógico guarda relación con los aportes de Michel Foucault y, por lo tanto, un análisis en estos términos nos invita a considerar un distanciamiento de las visiones historiográficas tradicionales. Es decir, más que narrar acontecimientos de manera lineal, lo más importante en el análisis es desentrañar cómo operan las categorías de poder y verdad en la construcción de la narrativa sobre el patrimonio. Adicionalmente, según con Kearins y Hooper (2002), lo interesante en este punto es pensar la genealogía como un método que permite analizar relaciones de poder y, al mismo tiempo, producir una concepción de la historia que tenga efectos en el presente. Así pues, otra consideración que no se debe perder de vista respecto a por qué la genealogía crítica desempeña un papel clave en el presente análisis, es que permite recuperar narrativas invalidadas o que se consideran desprovistas de objetividad debido a su asociación con visiones antipositivistas.

Bajo otro orden de ideas, una metodología genealógica, según lo aborda Foucault (1980), permite considerar la posibilidad de unificar un conocimiento de tipo erudito con memorias o puntos de vista atravesados por dinámicas locales (p. 83). En otras palabras, la visión de este autor permite aprovechar las discusiones prolíficas que pueden surgir cuando los saberes locales disputan un lugar de enunciación dentro de análisis macropolíticos. Por ejemplo, a la luz de un punto de vista como el de Foucault, sería posible pensar que ciertas concepciones ampliamente difundidas en la Modernidad Occidental —como la idea de progreso— son parte de una narrativa histórica particular asociada al auge del Siglo de las Luces. Por lo tanto, a partir de este momento histórico específico, se propaga una visión triunfalista de la historia donde el racionalismo es considerado una verdad absoluta.

Con todo, al rescatar las ideas de Foucault, podemos ampliar la mirada y comprender que la perspectiva universal del progreso, sustentada en la cúspide de la razón humana, es una narrativa posible dentro de otras que han sido relegadas a los márgenes históricos. En otras palabras, la genealogía crítica que aborda este artículo refleja una visión que cuestiona los usos de la historia o periodizaciones que apelan a la causalidad. Esto es importante, en la medida en que permite poner en pausa narrativas que hemos dado por sentadas. Es decir, posibilita asimilar que las configuraciones históricas son producto de encuentros azarosos, enfrentamientos de fuerzas sociales y situaciones de injusticia.

2.1. Genealogía crítica en el ámbito de la protección del patrimonio cultural

Aunado a lo anterior, la genealogía crítica en el ámbito de la protección del patrimonio cultural implica preguntarse si los instrumentos legales de protección del patrimonio cultural en el orden internacional han sido permeados por perspectivas universalistas o totalizantes. Esto significa que la propuesta de este trabajo es evaluar las consecuencias actuales de indagar cómo se ha configurado el discurso sobre el patrimonio en el pasado. Asimismo, considerar una genealogía crítica en el ámbito del patrimonio implica tener en cuenta no solo una versión oficial de cómo narrar lo que es el patrimonio, sino también un nivel micro, esto es, qué consciencia adquieren los sujetos de sí mismos en el marco de estas relaciones.

Como se mencionó, particularmente en Europa, se dieron ciertas transformaciones en la historia de las ideas. Esto llevó a que algunos discursos impusieran su validez sobre otros. Hasta nuestros días, persisten influencias de los cánones modernos occidentales que, en la práctica, significan, por ejemplo, que las regulaciones jurídicas se anclan a un poder soberano. Según Aalberts y Golder (2012), al reconstruir el pensamiento de Foucault, los códigos legales implican una cierta coerción y una dimensión negativa del poder.

Asimismo, el poder que opera desde el discurso legal implica, para el autor francés, que es posible regular la conducta del sujeto y además ejercer un disciplinamiento sobre él. Esto lleva a pensar que, aunque vinculemos la figura del Estado a un poder soberano y altamente institucionalizado, también se relaciona con una incidencia directa a nivel psicológico y comportamental en el ámbito individual. Recapitulando y siguiendo las ideas de Aalberts, se observa que lo jurídico no opera solo en términos de mecanismos formales e institucionales, también existen ideas y prácticas socialmente aceptadas que son difundidas por el poder soberano.

De manera paralela, incluir a Foucault en una discusión sobre el Derecho Internacional resultar productivo, ya que permite ver que existe un contenido político detrás de los aspectos más técnicos o científicos del derecho. En otras palabras, un instrumento legal que apunte a proteger el patrimonio también puede considerarse un entramado históricamente situado. Es decir, la normativa sobre el patrimonio puede ser generalizada y válida a nivel universal. Sin embargo, sigue siendo producto de prácticas y conflictos humanos concretos que cuentan con un nivel de especificidad tal que, para efectos de un análisis jurídico-político, resulta beneficioso revisar qué luchas individuales y colectivas han motivado la adopción de nuevas garantías para la protección del patrimonio.

Por último, es clave rescatar un elemento dentro del corpus teórico de Foucault relacionado con el lugar que ocupa la idea de episteme en su pensamiento. Esta noción se refiere a prácticas discursivas que resumen las condiciones históricas de posibilidad del saber en una época determinada (Hellemeyer, 2012). Así, existen factores históricos que permiten la apertura a ideas o saberes disruptivos en una época determinada. Por lo tanto, para el propósito de este trabajo, es fundamental concebir el ámbito normativo como uno susceptible de ser permeado por ciertos discursos que predominan en un periodo histórico.

2.2. Referentes teóricos que vinculan el derecho internacional con la protección del patrimonio cultural

Para comenzar, podemos referenciar el trabajo de Goodman y Jinks (2013), desde donde es posible analizar qué requiere un régimen legal internacional para promover ciertas actuaciones por parte de los Estados en función de una norma. Según los autores, los Estados coordinan sus acciones como respuesta a problemas comunes que define el derecho internacional. Por lo tanto, los entes estatales se socializan en el ámbito internacional en términos de los asuntos que deben incorporar dentro de sus agendas, ya que conceptos ampliamente difundidos —como la “gobernanza global”— implican un abordaje coordinado de los asuntos de relevancia mundial.

También es necesario explorar aquellas modalidades a partir de las cuales opera el poder del derecho internacional para influir en los Estados. Según Goodman y Jinks (2013), existen mecanismos que funcionan a partir de estímulos materiales, la persuasión y la aculturación. En primer lugar, la influencia de carácter material se refiere a que los Estados son influenciados a partir de la imposición de costos materiales o la concesión de beneficios. En segundo lugar, en el nivel de la persuasión, se puede decir que los Estados son convencidos de la verdad o la validez de una norma. Esto está relacionado con la manera en que los Estados, en el marco de su socialización como actores en la arena internacional, logran internalizar ciertas normas de comportamiento, llegando incluso a reconfigurar sus propias identidades como Estados.

Por su parte, el proceso de aculturación de los Estados implica la existencia de una cultura dominante que promueve creencias y patrones de comportamiento. De este modo, los Estados experimentan una presión por pertenecer a la comunidad internacional y sostener valores compartidos. Por esta razón, sus preferencias incluyen evitar minimizar los costos sociales a partir de la incorporación de acciones que son movilizadas por el consenso general de los demás Estados.

En esta misma línea, las organizaciones internacionales también tienen la capacidad de influenciar los cambios de comportamiento por parte de los Estados. Por ejemplo, agencias internacionales como la Unesco pueden crear disposiciones de obligatorio cumplimiento para los Estados que suscriben y ratifican un tratado con el fin de proteger el patrimonio cultural. Además, el trabajo de Lucas Lixinski (2013) señala la proliferación de instrumentos internacionales enfocados en el ámbito del patrimonio. En su monografía titulada “Intangible Cultural Heritage in International Law”, el autor defiende la importancia de contextualizar el patrimonio en función de su relevancia para la identidad cultural de ciertas comunidades o grupos.

En suma, para Lixinski, proteger el patrimonio implica considerar el conjunto de significados que este término adquiere para la vida en comunidad o como parte de un entramado social. El autor señala que el Derecho Internacional, hasta el momento, se ha enfocado en una concepción instrumental del patrimonio, sin desarrollar una verdadera sensibilidad hacia diferentes expresiones culturales. Asimismo, cuando el autor se refiere a los modos de vida de ciertas comunidades, está pensando en un tipo de patrimonio que es de carácter intangible, cuyo valor se encuentra estrechamente relacionado con su capacidad para garantizar la identidad de un pueblo o mejorar sus condiciones materiales.

En otro trabajo de Lixinski denominado “International Heritage Law for Communities: Exclusion and Re-Imagination” publicado en 2019, se problematiza la idea de que las comunidades no han estado suficientemente involucradas en los mecanismos de adopción de regímenes de salvaguarda del patrimonio. Por ejemplo, el autor menciona que la Unesco es una organización que promueve la protección del patrimonio, pero a partir de los insumos producidos por el conocimiento experto. Para ilustrar esto, se mencionan: la Convención de la Haya de 1954 del Patrimonio Cultural en Tiempos de Conflicto; la Convención de 1970 del Patrimonio Cultural Móvil; la Convención del Patrimonio Mundial 1972, entre otras más, como parte de una linealidad discursiva desde la cual se logra posicionar lo que se denomina en la literatura como el paradigma conservacionista. Dicho paradigma estuvo liderado por académicos en el campo de los Estudios sobre el Patrimonio. Esto implica que los regímenes de protección que se desprenden del paradigma conservacionista se caracterizan por sostener una tendencia hacia el predominio científico como base para justificar las acciones relacionadas con el patrimonio.

2.3. Conceptos clave para el análisis genealógico

A continuación, se describen dos conceptos clave para el análisis que se desarrollará más adelante. El primero corresponde a la noción de “injusticia epistémica”, elaborado por Fricker (2017). Este concepto alude principalmente a la preocupación de la autora por evidenciar que existen unos sujetos que se consideran avalados para acceder al conocimiento científico o válido. En otras palabras, existirían bienes epistémicos o un capital simbólico, en los términos de Bourdieu, que no están democratizados ni extendidos dentro de la sociedad. Por el contrario, operan ciertos prejuicios en el ámbito discursivo que socavan la credibilidad de un orador dependiendo de su nivel de educación o del acceso que tenga a las redes de información.

Así, una persona puede enfrentar principalmente dos obstáculos para ser considerada portadora de enunciados verdaderos. El primero se relaciona con que su declaración no sea creíble debido a sesgos identitarios, donde, por ejemplo, dependiendo de la racialización o manera de vestir de una persona, se puede desconocer la legitimidad de su discurso, especialmente en una sociedad con altos índices de racismo. El segundo obstáculo tiene que ver con que la persona que busca enunciar una declaración verdadera no tenga la oportunidad de hacerlo porque no dispone de las herramientas interpretativas suficientes para dotar de sentido a lo que quiere expresar en su discurso.

El siguiente concepto clave al abordar la metodología genealógica del trabajo, tiene que ver con el planteamiento de Ben Golder en “Contemporary Legal Genealogies” (2023). En este texto, se esclarece que la genealogía puede incorporarse en análisis normativos con el objetivo de desnaturalizar ciertas categorías presentes en el pensamiento legal. La idea principal radica en que para el genealogista no existen concepciones necesarias o preordenadas frente al desarrollo histórico de valores, instituciones o prácticas. Además, según el autor, es necesario pensar más allá de enfoques nostálgicos o anacrónicos de los debates legales. Lo importante en este caso es evidenciar la contingencia del presente, es decir, pensar que, si no hubo algo predeterminando en la manera en que se configuraron los eventos históricos, entonces también existe un lugar para pensar nuevas trayectorias que permitan producir nuevas perspectivas de presente y de futuro.

3. Análisis

Para esta sección del trabajo, la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 se toma como una formación discursiva que hace parte de un proyecto gubernamental. Dicho de otro modo, se puede pensar que los antecedentes inmediatos de este instrumento se vinculan con los hechos ocurridos luego de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Por lo tanto, a través de la Convención se hacen patentes los esfuerzos de los Estados por recuperar el valor de los monumentos y lugares emblemáticos que fueron destruidos durante las confrontaciones bélicas. Así, al menos en su génesis, según Cameron y Rössler (2013), los mecanismos de protección respondían a una estrategia gubernamental para restaurar los bienes culturales que poseía Europa, vinculados con la magnitud de los aportes de este continente a la cultura occidental.

Sumado a esto, puede decirse que el discurso de conservación del patrimonio cultural en sus primeras etapas estuvo influenciado por los efectos de la destrucción de las confrontaciones bélicas del siglo XX en Europa. Además, Según Meskell (2015), los orígenes del patrimonio en la Unesco estaban ligados a movilizar una identidad nacional basada en la existencia de un patrimonio cultural coherente. En otras palabras, la conformación de Estados nación requería un sustento cultural y patrimonial reflejado en construcciones arquitectónicas, monumentos, etc.

Luego, hacia los años setenta y ochenta, se produce un cambio en el paradigma de la conservación del patrimonio. A partir de este momento histórico, se supera el afán por legitimar la figura del Estado nación y la supremacía europea después de la Segunda Guerra Mundial. Además, empieza a operar una tecnificación de los procesos de conservación; por ejemplo, se instituyen acciones de monitoreo y deliberación teórica. La mayor expresión de esto es la Convención de 1972, ya que de allí datan los primeros órganos consultivos conformados por organizaciones de expertos que apoyan misiones de monitoreo y evaluación¹. Cabe mencionar que, en esta fase, los Estados tienen el poder decisión más significativo en la gestión del patrimonio cultural. Asimismo, las labores que desarrollan los gobiernos incluyen llevar a cabo un inventario de sitios de valor y la asignación de presupuestos y políticas para su conservación.

En cuanto a las concepciones de la conservación del patrimonio que se difunden desde finales de los años ochenta hasta los albores del siglo XXI, puede decirse que “Una característica crucial de las instituciones culturales internacionales contemporáneas es su tendencia a tratar el contenido cultural como un recurso para ser administrado” (Irr, 2008, p. 86). Por lo tanto, se puede observar que la política cultural ha empezado a concebir el patrimonio en términos instrumentales, formando parte de la agenda de la economía global contemporánea. Ahora bien, según lo expuesto hasta este punto, queda claro que el discurso vinculado al patrimonio cultural ha adquirido un alto contenido semántico de tecnificación y gestión. Sin embargo, de manera paralela, es necesario destacar que actores no hegemónicos, como los países del Sur global, han empezado a ocupar lugares importantes en la gestión del patrimonio. Por ejemplo, desde los años ochenta se han posicionado discusiones en torno a visibilizar que las listas de lugares considerados patrimonio cultural no estuvieran concentradas mayoritariamente en Europa occidental.

Esto último es importante, ya que la manera de aproximarse a las realidades del Sur global desde la segunda mitad del siglo XX fue mediante la clasificación de esta región como conformada por países en vías de desarrollo. Esto, a su vez, permitió desplegar toda una economía global sustentada en lógicas de centro-periferia². Así, el centro estaría comprendido por los países industrializados del Norte global que extraerían las materias primas procedentes de la periferia. Además, de la mano con estos procesos de expansión de mercados, también surge la infravaloración de las culturas locales como un mecanismo para garantizar la legitimidad de vocabularios expertos. Estos enfoques buscaban implantar modelos de desarrollo económico, como las medidas de ajuste estructural fomentadas por organizaciones como el Fondo Monetario Internacional.

4. ¿Qué sucede con el patrimonio en la actualidad?

El enfoque frente al patrimonio como recurso para ser administrado es propio de finales de los años 90. A partir de este periodo se conjugan ideas de globalización e internacionalización en el ámbito del patrimonio. Asimismo, el legado cultural empieza a asumirse mediante un sistema estandarizado y técnico, que tiene poca recepción de propuestas locales. Por una parte, debido al escaso diálogo con las comunidades, han emergido cuestionamientos dirigidos al Comité del Patrimonio Mundial para incluir más sitios fuera del Norte global en la Lista del Patrimonio Mundial. En otras palabras, esta problemática de exclusión se va a referenciar a partir de ese momento como “problema de balance”, lo que significa visibilizar la concentración de ciertos lugares considerados patrimonio únicamente en Europa.

Por otra parte, la conversación en torno al patrimonio no ha escapado al hecho de que la Unesco ha sido parte de la promoción de discursos de desarrollo, ciencia y educación. Algunos de estos discursos están vinculados a fórmulas de crecimiento económico implantadas por instituciones emanadas del Consenso de Washington, después de la Segunda Guerra Mundial. Según Labadi y Logan (2015), estas fórmulas difundieron la idea de que contextos como el norteamericano debían ser emulados en los países del Sur global. Además, una vez los países del Sur global alcanzaran los periodos de independencia, se implantarían las directrices de desarrollo a través de medidas tecnocráticas para acabar con la precarización de los países en desarrollo.

Con todo, se observa una imposición de categorías discursivas frente al Sur global como un conglomerado de países “en vías de desarrollo”, como un otro que debe ser rescatado y dirigido hacia la racionalidad occidental. La consecuencia inmediata de esta denominación del Sur global fue legitimar la transformar estos territorios en mercados de bienes y productos que el mundo desarrollado pudiera aprovechar. Además, se reemplazaron la cultura y los valores tradicionales de estos lugares con aspiraciones materialistas.

Llegados a este punto, lo preocupantes del asunto tiene que ver con la infravaloración de las culturas locales. Dicho de otro modo, se legitima una lógica asistencialista que debe operar sobre el Sur global, acompañada de vocabularios expertos y tecnocráticos para la promoción del desarrollo. Esto último ha tenido la consecuencia de que hacia los años noventa, el Comité del Patrimonio Cultural Mundial identificara el desarrollo económico como un enemigo de patrimonio³. Dicho Comité señalaba ciertos problemas asociados a la precarización económica producida por las políticas neoliberales como factores en contra de la preservación cultural.

Por su parte, durante el siglo XXI se han adelantado incursiones discursivas en la narrativa dominante de la Unesco. En otras palabras, surge una discusión sobre los límites del conocimiento experto, donde grupos indígenas alzan la voz para proteger su conocimiento en relación con las áreas consideradas patrimonio de la humanidad⁴. A partir de estos reclamos a inicios del siglo XXI, se puede decir que se inicia la incorporación de un paradigma que urge el reconocimiento de versiones más holísticas de concebir los bienes culturales.

4. Consideraciones finales

En el transcurso del presente trabajo se ha podido visualizar que el discurso normativo sobre el patrimonio ha atravesado diferentes etapas. En sus inicios, fue un proyecto basado en legitimar la identidad nacional y los intereses de los Estados en relación con la población. Adicionalmente, según Lixinski (2019), la sociedad civil no aportaba mucho a la discusión de esos primeros años. En contraste, una vez entra en operatividad la Convención de 1972, los actores no estatales —como los expertos— se vuelven clave. Es decir, logran configurarse como una especie de bloque con la capacidad de traducir las aspiraciones de las comunidades locales en un lenguaje de gobernanza.

De este modo, puede verse que los expertos comienzan a ejercer una autoridad epistémica. Es decir, determinan la legitimidad de los discursos en torno a lo que se considera patrimonio. En otras palabras, según Smith (2004, 2010) existe un conocimiento profesional experto en los estudios acerca del patrimonio. Además, el vocabulario definido por estas redes de expertos se traduce en la capacidad que adquieren para establecer las reglas del juego que permiten participar en la discusión.

Paralelamente, una de las propuestas en este trabajo es reflexionar sobre cómo el patrimonio permite considerar las implicaciones de la cientifización presente en discursos expertos. Así, es relevante pensar el lugar de la producción de conocimiento, ya que lo que se conoce como experticia es un discurso que le permite a ciertas personas hablar —en términos analíticos— a expensas de otros⁵. Este “hablar a expensas de otros” es un mecanismo que ilustra Fricker (2017), ya que introduce su pensamiento sobre las injusticias ejercidas desde el ámbito epistémico. De aquí surge el interrogante de si, a partir de estas dinámicas de poder en la transmisión de conocimiento, pueden haberse propagado estereotipos que conlleven a distorsionar o cuestionar la credibilidad de las acciones afirmativas de ciertos sectores comunitarios.

En suma, Fricker plantea que el imaginario colectivo está atravesado por prejuicios y sesgos que pueden operar a un nivel identitario, donde, por ejemplo, ciertos sectores son invalidados para hablar en virtud de sus características étnicas, culturales, etc. En este punto, vemos que los prejuicios operan a un nivel en que pone en cuestión la capacidad racional de aquellos individuos que, en el caso que estamos tratando, son expresiones vivas del pensamiento no occidental. Previamente, se mencionó que en el seno de la Unesco se emitieron ciertos reclamos vinculados al lugar de aparición de nuevos actores. Más concretamente, los Estados emergentes en el Sur global empezaban a identificar que sus contextos contaban con ciertas particularidades frente a las cuales los discursos dominantes del desarrollo no eran suficientemente democráticos.

Así pues, se observó como la caracterización del Sur durante la segunda mitad del siglo XX se llevaba a cabo en el marco de una necesidad de intervencionismo, que implicaba unos compromisos pendientes para alcanzar la ruta del progreso económico. Sin embargo, con los movimientos de descolonización encabezados por los países no alineados, se permitió, según Vilaró (1998), la acogida de estas nuevas voces emergentes en los países de desarrollo. De esta manera, se contribuyó a la aparición de modos alternativos de concebir el desarrollo. Por ejemplo, se sugería que su significado no debía entenderse únicamente en términos de crecimiento económico, sino que también debían incorporarse comprensiones vinculadas con la dimensión humana del desarrollo.

Llegados a este punto, es notorio que no solo debían intervenirse las concepciones sobre el patrimonio que eran poco inclusivas frente a expresiones culturales no occidentales. También se requería que las nociones sobre el desarrollo pudieran ser modificadas para resignificar las demandas del Sur global; sin caer en lugares comunes donde estas demandas pudieran ser interpretadas como amenazas para los intereses de las grandes potencias. Se menciona la lectura que pueden hacer las potencias respecto a los reclamos del Sur global, ya que en algunos momentos estos países eran vistos como naciones que podían llegar a amenazar la garantía del orden mundial liberal que se buscó establecer luego de la Segunda Guerra Mundial.

Ahora, la razón por la que los países del Sur global durante la fase de descolonización no eran suficientemente tenidos en cuenta tenía que ver con que aún no disponían de un nivel de soberanía representativo. Además, la Unesco no ha escapado al hecho de que ciertas naciones poderosas, como Estados Unidos, hayan buscado politizar dicha institución. En este caso, se visibiliza cómo Estados Unidos ha salido de la organización en dos oportunidades: primero, al estar en desacuerdo con la aceptación de Palestina como miembro en el año 2011; y segundo, por adoptar a Hebrón como patrimonio mundia⁶.

Llegados a este punto, es importante distinguir la injerencia que tiene la cultura para avanzar hacia las metas de desarrollo propuestas en la Agenda 2030. En palabras de Maraña y Roldán (2020) “¿Podemos hallar criterios culturales y patrimoniales universalmente aplicables a las estrategias que nos plantea la Agenda de 2030?” (p. 182). De cara a los 17 Objetivos de Desarrollos Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, puede verse que la cultura se menciona en el Objetivo 4, que aborda el tema de la educación, específicamente en la meta 4.7. Allí se menciona que se espera que hacia 2030 se pueda asegurar que los alumnos adquieran conocimientos para promover el desarrollo sostenible y valorar la diversidad cultural junto con la contribución que esta puede hacer al desarrollo sostenible. Además, el tema de la cultura aparece en la meta 8.9 del Objetivo 8. Allí se hace alusión al crecimiento económico y se vincula con la directriz de proponer prácticas políticas encaminadas a fortalecer el turismo sostenible, promoviendo, a su vez, el trabajo y la cultura locales.

En el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del año 2023, la noción de patrimonio cultural aparece específicamente en el Objetivo 11, que busca “Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (p. 34)⁷ En este contexto, se destaca la meta 11.4, que menciona explícitamente el patrimonio, aduciendo la importancia de redoblar esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

Sin embargo, con base en lo anterior, podemos ver que la redacción de esta meta se vincula muy de cerca con la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco aprobada en 1972. Por un lado, surge la cuestión en torno a cómo desde este ODS no implica a los individuos o comunidades. Por otro lado, puede observarse que en la meta 11.4 el patrimonio se sigue adoptando desde una visión instrumentalizada; es decir, como un medio para propender por asentamientos humanos agradables y seguros. Sin embargo, no se tiene en cuenta la incidencia del patrimonio en el desarrollo humano. Nos queda, entonces, la pregunta de cómo democratizar la discusión sobre el patrimonio en el contexto de una Agenda de Desarrollo Sostenible que concibe la cultura y el patrimonio netamente en términos de su vínculo con el turismo o como garante de un ecosistema urbano.

Referencias

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[8] Consultar en https://tinyurl.com/mpdbv9ye

Notas

Notas de autor