Introducción

La familia es una organización social histórica, cambiante, dinámica, es un universal singular. Las familias constituyen una de las principales estructuras de acogida para los seres humanos (Duch y Mélich, 2009). A pesar de la diversidad de modelos y estructuras familiares a lo largo de la historia y entre contextos sociales, Robert K. Merton (1968) nos señala que la familia constituye la principal correa de transmisión, entre generaciones, para la difusión de las pautas culturales y de las referencias sociales y morales que son propias de cada sociedad. Si bien los orígenes de la familia no son claros, como lo recuerda Pierre Bourdieu, los sistemas familiares que incluyen el parentesco y la alianza constituyen factores institucionales determinantes que garantizan el funcionamiento de las sociedades humanas (Bourdieu, 1997). Según Duch y Mélich (2009), la familia “ha constituido la base, al mismo tiempo seminal e indispensable, para la integración, la orientación y la estabilidad de individuos y grupos humanos en el espacio y en el tiempo” (p. 30).

Como institución social construida, la familia siempre se encuentra vinculada a un contexto social determinado. Las familias han pasado por diferentes procesos de ajuste en su estructura y dinámica interna derivados de procesos sociales de larga duración. También, los cambios familiares obedecen a fenómenos coyunturales, precisos en un momento en el tiempo. Así mismo, en una relación agente-estructura (Giddens, 2006), es reconocible cómo los cambios en las relaciones microsociales, en los comportamientos y estrategias que despliegan los grupos familiares en contextos de crisis e incertidumbre, afectan los fenómenos sociales macro, existiendo por lo tanto una relación siempre compleja y epistemológicamente dialéctica entre los cambios familiares y los cambios en las estructuras sociales (Collier et al., 1997).

Marina Ariza y Orlandina de Oliveira nos recuerdan que en “las últimas décadas del siglo XX, las familias latinoamericanas experimentaron transformaciones importantes como resultado de las tendencias demográficas de largo plazo y de los cambios socioeconómicos recientes” (Ariza y De Oliveira, 2008, p. 22). No obstante, tras la aparente homogeneidad que evoca la expresión América Latina como región, Javiera Cienfuegos (2014) nos recuerda la existencia de múltiples contextos socioculturales interconectados —interna como externamente con otras naciones y latitudes—, que dan lugar a diferentes estilos de vida, desde el norte de México hasta la Patagonia, sobrepasando las fronteras geopolíticas vigentes. Así, comprender y derivar los cambios en las familias en América Latina en las últimas décadas y estimar lo que podrá suceder con esta organización social en el futuro cercano, resulta una tarea compleja, por los diferentes niveles y escalas territoriales implicadas. No obstante, para emprender la tarea de aventurar un conjunto de tendencias, a modo de hipótesis, sobre esta organización social partiremos de la ruta propuesta por la misma Cienfuegos (2014) quien subraya la necesaria combinación de dos aproximaciones: la sociohistórica y la sociodemográfica¹.

Como realidad sociohistórica, la familia es una institución que ha sobrevivido a cambios sociales de larga duración, también se ha transformado en relación con dichas dinámicas, en tal sentido persiste, deviene. En los últimos 300 años, las familias en América Latina fueron agentes de fenómenos complejos derivados de la influencia colonial y su proyecto de nación. Posteriormente, las repúblicas independientes del siglo XIX instauraron sus propios regímenes familísticos, anclados en las tradiciones, pero en relación con las nuevas dinámicas modernizadoras. En todo caso, cualquier explicación del pasado y aun del presente en las familias, debe considerar la interrelación compleja y dialéctica de los tiempos familiares, los tiempos sociales y los tiempos históricos (Collier et al., 1997; Gallego et al., 2016). En América Latina, como lo recuerda Cienfuegos (2014):

(…) las dinámicas familiares han estado caracterizadas por varias combinaciones de costumbres y cosmovisiones, entre las que figuran las raíces indígenas precolombinas, la influencia europeo-occidental y criolla, la supuesta identidad mestiza que acompañó la conformación de los Estados-nación del siglo XIX, además del componente africano que trajeron consigo los esclavos de la colonia y sus descendientes. (p. 15)

No obstante, el crisol que constituyen las familias del pasado y del presente, producto de su hibridación étnico-cultural, aún persiste en nuestro imaginario evocar aquellas representaciones de lo tradicional con el pasado o con un presente rural, indígena/afro y urbano-marginal; lo moderno sería el presente (y el futuro) urbano, de clase media y alta, blanco/mestizo. Frente a este imaginario que aún se instala con fuerza en las representaciones sobre las familias en la región, valdría la pena reconocer que el pasado familiar se hace presente, en la medida en que es espacio de experiencia (Koselleck, citado por Fazio y Fazio, 2018), pasado que se construye con base en vivencias sociales acumuladas, eventos y situaciones compartidas “las cuales pueden ser rememorados por un buen número de personas, estas experiencias producen identificación social y participan de la definición del respectivo colectivo” (Fazio y Fazio, 2018, p. 14).

En igual sentido, si la tradicional lectura de los cambios y transformaciones de las familias se asumió aparejada a los procesos de modernización —con su tiempo lineal y continuo y explicada bajo el modelo de transición demográfica, de corte estructural- funcionalista, eurocéntrico, con etapas y estadios que podían ser leídos a modo de secuencias que inexorablemente transitarían regiones y naciones²—, en la contemporaneidad debemos esbozar nuevos esquemas que nos permitan dilucidar las relaciones complejas. En tal sentido, debemos aventurarnos a pensar que los cambios y transformaciones de las familias son producto de la coexistencia de modernidades múltiples, otras, entramadas (Randeria, 1999 y 2002, citados por Cienfuegos, 2014), propuesta que constituye un esfuerzo explicativo que enlaza los estudios globales (Therborn, 2003; Therborn et al., 1999), la nueva historiografía (Braudel, 1995), el pensamiento poscolonial (Cienfuegos, 2014) y los estudios sobre el tiempo (Fazio y Fazio, 2018). La perspectiva de entramado de las modernidades va a sostener que las realidades que por mucho tiempo se consideraron marginales y abyectas no estaban al margen de la modernidad, son constitutivas de esta en la historia, que es, además, una historia de intercambios, de devenires.

Desde una perspectiva sociodemográfica, las familias a lo largo del siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI han experimentado profundos cambios y transformaciones complejas, en intensidad y ritmos diferenciales entre zonas y entre los diversos países de la región, siendo un rasgo común la acentuada desigualdad social, la pobreza, un alto grado de informalidad en el mercado laboral, débiles sistemas de protección social y la precariedad en clave de género, hecho que por lo demás distingue a América Latina en el contexto mundial (Arriagada, 2007; CEPAL, 2019; Cienfuegos, 2014; Rabell-Romero y Murillo-López, 2020). En la última década la situación se ha agravado, pues los países han tendido a converger hacia una mayor injusticia social y de género que se vio potenciada por la pandemia del Covid-19.

Como hechos relevantes de cambio social, que han tenido un fuerte impacto en las familias, se menciona la reducción de la mortalidad y la fecundidad que ha conducido, en casi todas las sociedades, a una reducción en su tamaño, un aumento generalizado de la esperanza de vida y el subsecuente envejecimiento de la población (Esteve et al., 2022; Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha, 2015; Guzmán, 2002; Huenchuan, 2018; Welti-Chanes y Ramírez-Penagos, 2021). En los últimos 30 años, de acuerdo con publicaciones de la Comisión Económica para América Latina el Caribe —CEPAL—, la mayor parte de los hogares dejaron de corresponder al tipo nuclear biparental, que pasó de representar un 51,7% a un 39,9% en los primeros años del siglo XXI. Al mismo tiempo, se redujo del 19,9% al 13,4% la proporción de hogares extensos biparentales (CEPAL, 2019). A pesar de todo, los hogares biparentales en general (nucleares y extensos) correspondían al 53,3% del total de hogares en la región (Cienfuegos, 2014; Ullmann et al., 2014). Por otra parte, entre 1990 y 2010 según las mismas fuentes, han cobrado relevancia otras formas familiares, como los hogares nucleares sin hijos, que se incrementaron del 7,8% al 10,8%, los hogares unipersonales, que aumentaron del 7,0% al 11,4% (Gallego y Villegas-Arenas, 2015) y los hogares no familiares en general (incluidos los hogares unipersonales y aquellos que no cuentan con núcleo conyugal), que crecieron del 10,7% al 16%.

De acuerdo con Ullmann et al. (2014) en la mayoría de los estratos socioeconómicos de la región ha aumentado la frecuencia de los hogares unipersonales, de los hogares monoparentales con jefatura femenina (tanto extensos como nucleares) y ha caído el porcentaje de hogares nucleares biparentales. No obstante, la intensidad y los patrones específicos de tales cambios presentan una gran heterogeneidad. Según las estimaciones de la CEPAL, reportados en el informe de estos autores en 2014, los cambios observados en los extremos de la distribución del ingreso son muy diferentes. El aumento de hogares no familiares (unipersonales y sin núcleo) y la caída acelerada de los hogares nucleares biparentales es un fenómeno característico de los hogares situados en los estratos más altos. En cambio, la caída menos pronunciada de los hogares nucleares biparentales y el aumento acelerado del porcentaje de hogares monoparentales con jefatura femenina (extensos y nucleares) constituye una característica de los estratos bajos. Estas tendencias han resultado en que, en los países, los estratos bajos (hogares en pobreza, del primer quintil o vulnerables) presentan mayores niveles de dependencia, mayor presencia de monoparentalidad con jefatura femenina y mayor número de personas en promedio. Las familias con niños y la población infantil también están sobrerrepresentados en los estratos bajos y más vulnerables.

Datos recabados para la OEA por el Instituto de Política Familiar (2019), confirman la tendencia de cambio familiar identificado por la CEPAL una década antes. Según el Informe Evolución de la Familia en Iberoamérica 2019, entre 1997 y 2017 se dio una reducción de 10 puntos porcentuales en el peso de los hogares nucleares con hijos, los cuales pasaron del 48% al 37,6%. También, identifican una reducción en el tamaño medio de los hogares, un aumento de los hogares monoparentales al igual que los no familiares (unipersonales y sin núcleo). De igual manera, hicieron presencia censal, en el último tiempo, las parejas del mismo sexo corresidentes; en Colombia con datos del Censo 2018, se estimaron cerca de 44.000 hogares, que representan menos del 1% del total general.

Un estudio recientemente publicado por Albert Esteve et al. (2022), recabando información de múltiples fuentes, especialmente las muestras de microdatos censales integradas por IPUMS-International, confirman la tendencia de cambio en las familias de la región. En el estudio se señala que una estrategia frecuente entre las familias monoparentales pobres es residir en hogares ampliados junto a padres, hermanos u otros parientes (Reynolds et al., 2018). De hecho, señalan que la proporción de hogares multigeneracionales ha experimentado un aumento en algunos países de la región. Según las estimaciones de los autores, alrededor del 50% de las madres solteras de 30 a 35 años viven en hogares extendidos. Este porcentaje es aún más elevado entre las madres solteras más jóvenes (de 25 a 29 años), superando el 70% en naciones como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México (Esteve et al., 2022). Advierten que la relevancia de la familia extendida se evidencia claramente en estos datos y constituye una característica común en la mayoría de los países de la región (Arias y Palloni, 1999; De Vos, 1995, 2012; García y De Oliveira, 2011; citados por Esteve et al., 2022). Residir en un hogar ampliado también es una práctica común entre las personas de edad avanzada (De Vos, 2014) e incluso entre parejas jóvenes recién conformadas (Esteve et al., 2012). El compartir recursos y la prestación de cuidados por parte de las familias extensas continúan siendo elementos cruciales para mitigar los períodos de dificultades económicas y las etapas vulnerables a lo largo del curso de la vida (Esteve et al., 2022).

Con este escenario complejo, nos aventuraremos a proponer espacios de devenir para las familias de la región, afectadas especialmente por procesos de ajuste estructural que se ya se imponían en la región y que se agudizaron por la pandemia del Covid-19. En este sentido, arriesgarse a plantear un acontecer para las familias implica reconocer la volatilidad, pero al mismo tiempo la necesidad del ejercicio, de aventurarnos a proponer posibles escenarios para las familias de la pospandemia en un contexto que combina experiencia vivida, cambios documentados y horizonte de expectativa.

La pandemia del Covid-19 y el contexto socioeconómico de América Latina

La pandemia del Covid-19 fue un fenómeno global, que se vivió de manera local, situada. El número de afectados, con fecha de corte diciembre de 2022, rondó los 360 millones de casos, y la estimación de fallecidos se acercó a los 15 millones a nivel mundial, siendo la región de América Latina una de las más golpeadas (OMS, 2021). También, aumentó el número de personas vacunadas en un esfuerzo, profundamente desigual entre regiones y países, por contener los efectos de la pandemia. De acuerdo con Martínez-Gómez y Parraguez-Camus (2021), las cuatro décadas de implantación del modelo neoliberal en la región, teniendo a Chile y Colombia como los abanderados de las reformas, potenciaron ampliamente los impactos negativos de la pandemia del Covid-19; el deterioro de los sistemas de salud, mediante el total desmonte de la capacidad para atender objetivos de salud pública y la segregación del acceso a un servicio esencial que fue mercantilizado. Agregan que los daños económicos y sociales del modelo se traducen en altos niveles de inequidad y pobreza, principalmente en dimensiones como la informalidad, los bajos niveles educativos, el hacinamiento y las limitaciones de acceso a servicios, que no solo producen mayores niveles de contagio y de muertes, sino que también limitan la sostenibilidad y efectividad de las políticas públicas.

En este contexto, la Universidad de los Andes (2020) en Colombia, con la base de datos que viene acopiando el Instituto Nacional de Salud, explicó que la probabilidad de desarrollar una infección grave por el virus, terminar en una UCI y morir, está fuertemente asociado a la pobreza. La valoración de la pandemia demostró que la población pobre está sometida a tasas mayores de contagio y de muerte por Covid-19 (Alkire et al., 2020), mayor susceptibilidad que se presenta en función de su situación desfavorable en cuanto a los determinantes sociales de la salud (Martínez-Gómez y Parraguez-Camus, 2021). En la región, las personas pobres, las que no pudieron hacer cuarentenas o confinamientos, pues su sobrevivencia depende del día a día en la calle, o en un trabajo informal, fueron las que más se expusieron al riesgo de enfermar, de contraer el virus.

El Covid-19 es democrático en su forma de contagio (todos podemos contagiarnos), sin embargo, como las dinámicas del tejido social presentan desigualdades estructurales en la región, éstas permean las formas en que las personas perciben o experimentan la enfermedad, las cuarentenas y la disposición y oportunidad de tratamiento en los sistemas de salud. (Martínez-Gómez y Parraguez-Camus, 2021, p. 112)

La pandemia puso en evidencia las precariedades, desigualdades y vulnerabilidades de las sociedades latinoamericanas, su inaceptable inequidad y la exacerbación de varias dimensiones de la pobreza, entre ellas un grado muy alto de informalidad del empleo y de la economía en general.

Según las proyecciones del Banco Mundial para 2023, el crecimiento mundial se está desacelerando rápidamente debido a la elevada inflación, el aumento de las tasas de interés, la reducción de las inversiones y las perturbaciones causadas por la invasión de Rusia a Ucrania (Banco Mundial, 2023). Se prevé que la economía mundial crecerá un 1,7% en 2023 y un 2,7% en 2024 (Banco Mundial, 2023), es decir, con las tensiones geopolítica actuales y la inusitada inflación, estamos ante un panorama de una posible recisión económica mundial. En la región de América Latina, el panorama durante los tres años de pandemia implicó la pérdida de millones de empleos a tiempo completo. En un contexto de incertidumbres externas y restricciones internas, los países crecieron un 3,7% en 2022, poco más de la mitad de la tasa del 6,7% registrada en 2021. Se estima que en 2023 se profundice la desaceleración del crecimiento económico y se alcance una tasa del 1,3% (CEPAL, 2023). De acuerdo con la CEPAL, organismo de cooperación de Naciones Unidas, ante la caída del PIB y el aumento del desempleo, la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto a los años previos a la pandemia, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas. En el caso colombiano, esta destrucción del empleo ha impactado en mayor medida a las mujeres, quienes, entre abril de 2019 y abril de 2020, mostraron una reducción interanual de 29,3% en comparación con los hombres, para quienes fue de 21,0% (OIT, 2020). Esta tendencia siguió siendo progresiva en el año 2022 y 2023 según estimaciones del Departamento Nacional de Estadística —DANE—.

De acuerdo con la CEPAL (2019), “aunque entre 2002 y 2014 la desigualdad de ingresos disminuyó de manera significativa, a partir de 2015 esa tendencia se ralentizó (...) el promedio regional medido por el índice de Gini bordeó los 0.465 en 2018” (p. 21). La concentración de ingresos es contraproducente para el desarrollo sostenido de los países. La desigualdad y la falta de equidad tienden a generar menor número de acciones solidarias y la pérdida de construcción de proyectos comunes.

La pandemia del Covid-19, y sus efectos estructurales, tuvo —y tiene aún— profundas implicaciones en la vida familiar de millones de personas en la región, de ajuste en patrones de relacionamiento, de interacción entre sus miembros, de esquemas de consumo y cuidado, del despliegue de estrategias y acciones para paliar la incertidumbre que generan los coletazos económicos de la crisis en sociedades ya golpeadas profundamente por las reformas neoliberales. Pero también el comportamiento familiar y de las personas afectó el desenvolvimiento de la pandemia, su velocidad de propagación, su nivel de letalidad, el diseño mismo de políticas públicas para hacerle frente. Es una relación estrecha, dialéctica, entre familias, pandemia y Estado quien administra la crisis. Como lo recuerdan Carlos Welti y Alfonso Ramírez (2021), entre los factores que afectan directamente el estado de salud de una población se encuentran las condiciones demográficas, la estructura de los hogares y los arreglos familiares. La historia de la humanidad, agregan, muestra con claridad cómo la estructura social, es decir, la forma como una sociedad se organiza y responde colectivamente a sus necesidades, incide sobre su estado de salud.

Con base en los anteriores elementos, proponemos cuatro aspectos de cambio familiar que deben documentarse e investigarse, de manera situada e interseccional, desde el campo de los estudios de familia para el diseño de políticas públicas en los próximos años en América Latina.

I. Cambios en la estructura y dinámica interna de las familias

Conforme con las tendencias que traía la región, y los impactos socioeconómicos de la pandemia, es previsible que continúe la reducción en el número y proporción de las familias nucleares biparentales y monoparentales y un aumento de aquellos hogares extensos multigeneracionales bi y monoparentales, como como estrategia de supervivencia frente a la crisis (CEPAL, 2020a; DANE, 2020; Esteve et al., 2022). Vivir en un arreglo de familia nuclear (bi o monoparental) independiente, soberano, es costoso, en tanto su sostenimiento requiere —al menos— una doble proveeduría económica que soporte los estilos de individualidad, consumo y de límites que se trazan en su interior y con respecto al mundo exterior, requerimientos, que producto de las políticas de ajuste agudizados por la pandemia, están seriamente cuestionados. Si bien los estudios marcaban una tendencia a una mayor prevalencia de las familias extensas y compuestas en países de menor nivel de desarrollo, o afectados por conflictos internos y guerras, como Honduras, El Salvador, Bolivia y Nicaragua y en estratos socioeconómicos bajos en todos los países de la región (Arriagada, 2009; Esteve et al., 2022), advertimos que las condiciones socioeconómicas de precariedad, derivadas de las políticas de ajuste y agravadas por la pandemia del Covid-19, propiciarán que este tipo de arreglo residencial se extienda significativamente hacia capas medias de la población, en estructuras rizomáticas complejas, en tanto su conformación puede constituir una respuesta a las crecientes necesidades económicas. Efectivamente, la presencia de personas adicionales puede representar una ayuda valiosa al realizar labores domésticas y de cuidado u obtener recursos monetarios complementarios. De igual manera, en la preparación de alimentos se establecen economías de escala que reducen significativamente la pérdida y desperdicio de los mismos.

Asimismo, como lo han documentado Esteve et al. (2022), una característica singular de América Latina es la alta prevalencia de familias encabezadas por madres solteras: mujeres sin pareja que crían solas a sus hijos. Las madres solteras, especialmente las más jóvenes, suelen residir en hogares extendidos (Esteve et al., 2012). En toda la región, no menos del 20% de las mujeres en uniones matrimoniales o consensuales de 25 a 29 años viven en hogares extendidos, y hay algunos países, como Bolivia, Ecuador y Perú, donde este porcentaje supera el 50%. Niveles elevados de monoparentalidad, típicamente superiores al 20% entre madres de 35 a 39 años, están vinculados según sus estimaciones a la frecuente disolución de uniones y a nacimientos fuera de la unión, muchos de los cuales no son reconocidos legalmente por el padre.

Para el caso de México, estudios que han seguido los cambios en las familias en los últimos 40 años, y que documentan Rabell-Romero y Murillo-López (2020), dan cuenta de un notorio descenso en la proporción de arreglos residenciales familiares nucleares; “los mexicanos han optado por organizarse privilegiando una diversidad de arreglos: extensos simples y múltiples, monoparentales, de parejas solas y unipersonales” (p. 48). Este hallazgo es similar a otros hallazgos que ponen en evidencia el cambio en las familias en la región antes del arribo de la pandemia (Arriagada, 2009; Cienfuegos, 2014; Esteve et al., 2022; Ullmann et al., 2014).

También, se estima una reducción del hogar unipersonal, especialmente aquellos conformados durante la juventud y adultez temprana. Sostener un hogar unipersonal requiere cierta autosuficiencia económica para la subsistencia, por ello era poco común encontrar este tipo de hogar en los deciles más bajos de la distribución del ingreso (Ariza y De Oliveira, 2008; Gallego y Villegas-Arenas, 2015); de igual manera, y conforme con el panorama expuesto, se estima un aumento de este tipo de hogar en edades avanzadas, producto del envejecimiento poblacional, pero en contextos de precariedad social muy compleja ( Jaramillo, 2020). Según estimaciones del DANE para Colombia, a partir de la Encuesta de Pulso Social 2020, en septiembre de 2019 había 1,55 millones de hogares unipersonales, que presentaban el 11% del total; con los confinamientos durante el primer tramo de la pandemia, hubo una reducción del 30% de los mismos, al estimarse 1,09 millones; es decir, 458.020 personas pasaron a conformar hogares de dos o más miembros (Amaya, 2020). Según el director de la institución, “esto nos da un marco de consistencia muy importante según el cual el reagrupamiento familiar ha sido considerado como una medida de resiliencia para enfrentar los choques de ingresos” (Amaya, 2020). Muy seguramente en América Latina hubo cambios en este mismo sentido que están aún por estimarse.

De igual manera, y como ya ha sido documentado por algunos medios de comunicación, se espera un incremento de las separaciones y divorcios, tal como ya empieza a observarse en países como China en respuesta a las tensiones experimentadas por las parejas durante el confinamiento (Liu, 2020). El incremento en las tasas de separación y divorcio ya venía siendo documentado en América Latina (Ruiz-Vallejo y Solsona I. Pairó, 2021). Entre las múltiples razones detrás de este aumento, se encuentran los periodos prolongados de encierro y la sobrecarga en las tareas del cuidado, las cuales, en muchos casos, agudizan las desigualdades preexistentes, generando conflictos y episodios de violencia familiar. Las presiones derivadas de la pérdida del empleo, la caída de los ingresos, la incertidumbre económica, el deterioro de los servicios sociales del cuidado, contribuyen a generar un ambiente de tensión familiar que se dirime, por lo general, en el lugar donde transcurre la vida familiar: la vivienda o casa.

II. Familias, relaciones de género e interseccionalidad

La emergencia de la pandemia del Covid-19 se entrelaza con movimientos sociales, en especial el feminismo, que vienen abogando por una agenda de igualdad y justicia de género en las relaciones sociales y las relaciones familiares en la región. Este esfuerzo, de más de 50 años de lucha, tiene importantes efectos en el visibilización y penalización de la violencia intrafamiliar y de género, un debate en vía de reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado como parte de las cuentas nacionales y de la agenda de la política social (CEPAL, 2020a). A pesar de ser las mujeres la mayoría dentro de la población en edad de trabajar, la participación de ellas en los mercados laborales de la región es inferior a la de los hombres, situación que es explicada, en parte, por la mayor participación de las mujeres en las labores de cuidado durante las edades productivas (Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres, 2020; CEPAL, 2019; Llanes y Pacheco, 2021). Asimismo, los mercados laborales están profundamente segmentados por género y sobre las mujeres recae una brecha salarial negativa con respecto a los hombres (Caicedo, 2009). Las mujeres y hombres de la zona rurales, racializados, pertenecientes a los sectores poblaciones LGBT, migrantes, discapacitados, viven en condiciones de mayor precariedad socioeconómica y sobre ellos se teje, además, una suerte de imaginarios y representaciones negativos que erosionan su identidad y su posibilidad de ser reconocidos como agentes políticos en las políticas públicas.

De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el sector servicios, que ocupa mayoritariamente a mujeres, es/fue el más afectado por la crisis y sus políticas sanitarias restrictivas; se estimó una reducción del empleo en hotelería (60%), el comercio (62%) y los servicios de restaurante (53%) (OCDE, 2020). En Latinoamérica y el Caribe, el 78% de las mujeres ocupadas se ubican en los sectores más afectados por la emergencia sanitaria y golpeados, a su vez, por las políticas de ajuste y la inflación que golpean la región, es decir, comercio, servicios, transporte y alojamiento (OCDE, 2020). Si bien el impacto de la crisis es diferencial en la trayectoria vital de hombres y mujeres concretos, la coyuntura del Covid-19 puso en jaque los esfuerzos y los logros alcanzado en las últimas dos décadas con respecto a la igualdad de las mujeres, lo que ampliaría aún más las brechas de género, en especial en el campo económico en donde harían falta más de dos siglos para cerrarlas (World Economic Forum, 2019).

Los periodos de confinamiento y la crisis socioeconómica aparejada, también aumentaron la desigualdad en las cargas del cuidado en las familias. Como lo recuerdan Llanes y Pacheco (2021), los tiempos de crisis e incertidumbre agravan las desigualdades e iniquidades en el trabajo no remunerado, “un ejemplo son las crisis sanitarias causadas por el ébola y el zika (Davies y Bennett, 2016; Neetu et al., 2020; Wenham et al., 2020; citados por Llanes y Pacheco, 2021, p. 65). Para estas autoras, el Covid-19 puso en evidencia la acumulación histórica de desventajas que ya experimentan diferentes grupos poblacionales en la región, particularmente las mujeres.

A medida que avanzaba la emergencia sanitaria, muchas mujeres se vieron obligadas a renunciar a sus trabajos, o a aceptar arreglos laborales de tiempo parcial que les permitiera cumplir con sus labores dentro y fuera del hogar, lo que afectó su participación dentro del mercado laboral y sus niveles de ingreso, como bien lo documentó la CEPAL (2020b). La demanda de trabajo doméstico y de cuidado ha recaído históricamente sobre las mujeres (Llanes y Pacheco, 2021); “en América Latina y el Caribe las mujeres dedican en promedio 39 horas semanales a actividades de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican, en promedio, solo 14 horas” (CEPAL, 2020b, p. 25). En un estudio sobre uso del tiempo durante la cuarentena en Argentina se encontró que, en un día cotidiano, los hombres duermen una hora más que las mujeres, dedican 1,4 horas adicionales al trabajo remunerado y emplean una hora más en actividades de ocio y entretenimiento (Para Ti, 2020). Por el contrario, las mujeres dedican 3,5 más horas a tareas de cuidado personal y del hogar, lo cual muestra que, contrario a lo que podría esperarse, no se dio una mayor participación de los hombres en el cuidado como resultado de su mayor tiempo en casa; la pandemia pasó por encima en términos de igual y equidad y pocos fueron los efectos duraderos que tal vez se pudiesen haber dado en términos de igualdad frente al trabajo doméstico y de cuidados (Para Ti, 2020).

Una encuesta adelantada por Llanes y Pacheco (2021), con un grupo de mujeres residentes en México de clase media y con hijos menores de 12 años, indagó por el trabajo de cuidado durante el período de confinamiento. Sus hallazgos develan que las circunstancias en las que ocurre el confinamiento “incrementan de manera objetiva el tiempo destinado al cuidado, y al mismo tiempo promueven una percepción de mayor carga en la realización de dichas actividades por parte de las mujeres” (p. 83).

Si bien se notan ciertos avances, especialmente en sectores de clase alta, en la asunción por parte de los hombres de parte del trabajo de cuidado en el hogar, hecho que ha sido documentado por ONU Mujeres, en su informe “El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante”, dicha participación no indica diferencias sustantivas respecto al trabajo doméstico y de cuidado que realizan los hombres de otros quintiles de ingreso (ONU Mujeres, 2019). En tal sentido, la tercera década del siglo XXI no anticipa avances significativos en esta materia, en tanto uno de los motores de la violencia intrafamiliar y de género está asociado a la precarización laboral que deviene en iniquidades en la realización del trabajo de cuidado en el hogar (ONU Mujeres, 2020). De hecho, una de cada tres mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito doméstico a nivel mundial (CEPAL, 2020), y en los países de Latinoamérica y el Caribe al menos una de cada cuatro mujeres han experimentado algún episodio de violencia física o sexual por parte de su pareja (CEPAL, 2020). Según la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres (2020), las consecuencias de la pandemia y los confinamientos sobre la autonomía económica de las mujeres son evidentes (pérdida de empleo, disminución de los ingresos), hecho que tiene consecuencias sobre la violencia, en tanto la inestabilidad económica las obliga a seguir conviviendo con su victimario.

De igual manera, la reducción del tamaño medio de los hogares —tendencia que viene documentándose en los últimos 50 años en la región— y el progresivo envejecimiento de la población (Esteve et al., 2022) tienen impactos en los tiempos, la calidad y la cantidad de trabajo de cuidado que se hace en las familias por parte de las mujeres y las jóvenes, específicamente.

Es decir, las implicaciones socioeconómicas de la pandemia, sumadas a las políticas de ajuste que ya se venían implementando en la región con una fuerte dosis inflacionaria, tendrán un fuerte impacto sobre la vida de mujeres y hombres en arreglos residenciales específicos; como lo recuerda la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres (2020), los efectos del Covid-19 no son neutrales al género y la clase y supondrán unos mayores costos para las mujeres y las minorías étnicas, raciales, sexuales, y discapacitados. El incremento de la precariedad y la vulnerabilidad son evidentes, hecho que seguramente demanda de los grupos familiares el despliegue de múltiples estrategias para paliar la crisis, como ha ocurrido en otros momentos de la historia.

III. Comprensión de las múltiples estrategias de supervivencia, reproducción o estrategias familiares de vida como mecanismos para afrontar/enfrentar las crisis

Félix Acosta (2003) nos señala que la discusión acerca de las estrategias familiares en los estudios sociodemográficos y antropológicos sobre la familia ha sido clave para comprender y explicar:

(…) el papel central de los hogares en la reproducción de la fuerza de trabajo y en el proceso más amplio de la reproducción social, como la distribución en el interior del hogar de los costos asociados a esos procesos sociales entre miembros de diferentes géneros y generaciones. (p. 10)

Otras investigaciones adelantadas por la CEPAL han sugerido que, ante la caída de los salarios reales, el deterioro de las condiciones del empleo formal y de las condiciones generales de vida de las familias de bajos y medios ingresos, se ha hecho patente, a lo largo de los años, el carácter colectivo de la respuesta de estos hogares para enfrentar los efectos negativos de esos procesos sociales (Arteaga, 2007).

Desde los años 70 del siglo XX, variados trabajos investigativos han documentado la existencia de una respuesta colectiva de los hogares y las familias de bajos ingresos ante las crisis económicas: intensificación del trabajo, tanto remunerado como doméstico, y labores que podríamos denominar de microemprendimientos; creciente incorporación de los jóvenes —hombres y mujeres— a la actividad económica informal; cambios en el tamaño y la composición de la familia, especialmente los hogares extensos como colchones de amortiguamiento social; una modificación en los patrones de consumo de bienes y servicios, que en el caso de los alimentos favorece aquellos más baratos o en cosecha (Escobar y González de la Rocha, 1991). También, Acosta (2003) y Arteaga (2007) documentaron en sus escritos que el trabajo doméstico y extradoméstico, la producción de bienes para el mercado local y el autoconsumo, la migración interna e internacional y la construcción y mantenimiento de las redes familiares y sociales de apoyo constituían las principales acciones que desplegaban los hogares de bajos ingresos para hacer posible su reproducción cotidiana y generacional.

Si bien esta ruta de investigaciones perdió fuerza hace cerca de 20 años, por una excesiva crítica al enfoque basada en la racionalidad económica que deviene del uso del concepto de estrategia y por partir de una supuesta unidad y armonía en la organización y la dinámica interna de los hogares, sin reconocer las posibles tensiones, conflictos y relaciones de poder que se dirimen en el ámbito doméstico y de las relaciones familiares que, incluso, pueden derivar en violencia, creemos que las actuales condiciones de cambio estructural en un contexto pospandémico deben servir de aliento para futuras investigaciones que reconozcan algunas limitaciones del enfoque, lo enriquezcan y permitan comprender los cambios y alternativas que construyen las familias para enfrentar/afrontar la adversidad y precariedad producto no solo de condiciones de pobreza extrema estructural, sino también de eventos sociales como una pandemia, un desastre natural, o un desplazamiento producto de la violencia política y las guerras. Las investigaciones en este campo, situadas y contextuales, permitirán nutrir las políticas sociales familiares y el sistema social de los cuidados que actualmente se debate en casi todas las legislaturas de América Latina y el Caribe.

IV. Transformaciones en los espacios y tiempos familiares. La casa como el (no) lugar en tiempos complejos de transición

Las nociones de tiempo y espacio venían sufriendo un proceso de transformación radical en los últimos 50 años, producto de una modernización acelerada mediada por las TIC. La noción moderna de familia se asoció con la idea y vivencia de la casa como espacio donde transcurre lo cotidiano y se producen las memorias, las interacciones y las emociones. Dicha noción estuvo anclada sobre una perspectiva euclidiana, desde la cual se explicaba la relación directa de las relaciones sociales (y por lo tanto las familiares) sobre el territorio; desde ahí puede ser interpretada la noción de corresidencia o cohabitación como uno de los pilares fundamentales de la familia, soporte de los estudios sociodemográficos en esta materia. No obstante, esta noción se viene desplazando y emergen nuevas formas de habitar, de corresidir, de armar casa/familia en un espacio/tiempo diversos, oblicuos, discontinuos, como afirman (Duch y Mélich, 2009). Los espacios/tiempos en la vida familiar son porosos, no monolíticos como convencionalmente los habíamos entendido.

Si bien anticipamos estos cambios, y para ciertos sectores de clase existe un desanclaje de sus vínculos con el territorio que los soporta, la realidad para un grueso de familias latinoamericanas, en condiciones de precariedad y vulnerabilidad social, es que la vivienda juega, y seguirá jugando, un lugar central en la determinación parcial de sus vidas y es posibilidad, y al mismo tiempo restricción, en la construcción de sus proyectos de vida. Los análisis entre familia y casa fueron propios de la antropología en los años 70 y 80 del siglo pasado (Feijoó, 1984), no obstante, el debate se abandonó por parte de las ciencias sociales y fue asumido como un tema propio de ingenieros y arquitectos concentrados en el desarrollo urbano y los procesos de ordenamiento del territorio. La casa pasó a ser parte del orden social estandarizado, reglado³. La vivienda familiar, donde transcurre parte de la vida y de los aprendizajes para el desarrollo humano, perdió todo sentido para los analistas sociales y por ello es muy paradójico que estudiamos las familias sin su territorio, sin una relación con el lugar, con el espacio. Este debate lo recoge Claudia Carolina Zamorano (2007) quien, al revisar la literatura sobre la materia, encuentra pocos vínculos analíticos entre vivienda-familia, algo así como hablar de un contenedor sin su contenido, y viceversa. Nos recuerda la autora que la vivienda es un:

(…) elemento estructurado y estructurante de las prácticas familiares; un espacio de representación de la familia ante la sociedad; un recurso activo para el despliegue de estrategias familiares. Asimismo, se presenta como el resultado de un proceso de socialización que reúne herencias de y rupturas con generaciones precedentes; que refleja movilidades sociales ascendentes o descendentes; y que manifiesta anclajes a un lugar, a una forma de habitar y a un modo de vida, así como deseos de distinción social. (Zamorano, 2007, p. 179)

Por su parte, Ignacio de Teresa (2016), a partir de sus investigaciones sobre la relación familia-casa en Guayaquil, ha encontrado que las condiciones de precariedad social conducen a repensar la noción de familias y hogar como la sociodemografía las ha concebido y cuantificado, hacia estructuras más complejas, híbridas, móviles. Contrario al sentido común, en buena parte de las zonas urbanas y rurales precarizadas de nuestra América, los sistemas de parentesco y el tejido de vínculos comunitarios que garantizan la supervivencia humana, desplazan las relaciones familiares exclusivas al núcleo doméstico regladas por el derecho, hacia formas enmarañadas de redes posfamiliares en territorios complejos y discontinuos. De esta manera, las tipologías clásicas de familia cada vez se amplían más, dando lugar a estructuras rizomáticas inclasificables, que donde solo emergen familiares clasificables para los censos de población y se escurren de nuevo en la maraña vincular, al cerrar la puerta. Aparece así un universo híbrido de relaciones familiares/vecinales/comunales que no pueden ser catalogadas en tipologías puras, sino simplemente ser mapeadas, un sistema de fractales familiares de “sintaxis familiar compleja en todo un barrio que resultan imposibles de clasificar” (De Teresa, 2016, p. 37).

Nuevas realidades familiares nos coexisten, híbridas, rizomáticas y emergentes por las porosidades, las rupturas y las discontinuidades propias de nuestro tiempo/ espacio. Familias ensambladas/reconstituidas donde los tiempos de la unión/separación permiten encadenamientos y vinculaciones amplias, familias que subvierten el tiempo/ espacio de la reproducción humana apoyada en técnicas/vientres en una espiral global, arreglos vinculares con desplazamientos residenciales, de estar juntos pero separados, casas locales/familias transnacionales, fractales familiares para la supervivencia humana, entre otros muchos arreglos y situaciones de vida que trastocan el aquí y los ahora de la vida familiar, profundamente entreverada de futuros y de pasados desconocidos. Las realidades familiares de este entramado de modernidades múltiples demandan nuevas técnicas de conteo y visibilidad de lo diverso. Urge romper la normalidad de la estadística y la sociodemografía de las familias.

La pandemia del Covid-19 amalgamó bruscamente tiempo y espacios familiares de la convivencia que devino en violenta. De un día para otro, lo que separó la modernidad, los espacios/tiempos de la producción y de la reproducción cotidiana quedaron fusionados. Casa/familia/trabajo quedaron confinados por ciclos temporales que ponen en vilo no solo la misma reproducción del grupo, sino que además tensionan los vínculos familiares. La casa, como ámbito donde se desarrolla una relacionalidad múltiple y compleja, derivó para muchas personas en espacios conflictivos y difíciles, groseros y envenenados, como expresan Duch y Mélich (2009, p. 149). Los confinamientos se repiten cíclicamente y sus secuelas se arraigan cotidianamente, habitando las memorias familiares del presente. Los tiempos familiares se entreveran de maneras complejas con los tiempos biográficos y el tiempo social se torna oblicuo, sinuoso, en la definición de expectativas y proyectos de futuro para los grupos familiares.

Reflexión final

El largo andar del siglo XXI estará signado por la radicalización de los cambios en las familias de la región de América Latina, que tiene orígenes múltiples y diversos: la Cuarta Revolución Industrial, la profundización de la Inteligencia Artificial y las TIC, el deterioro medioambiental, las políticas de ajuste y las recesiones económicas cíclicas como la de 2008 y la que venimos atravesando al momento de escribir este artículo, que tuvo en la pandemia del Covid-19 uno de sus detonantes, las migraciones Sur-Sur, la conflictividad y violencia estructural, la marcada pobreza y desigualdad. La pandemia también dejó aprendizajes, procesos de adaptación, de afrontamiento de la crisis por parte de los grupos familiares. Es una relación de parcial determinación de los grupos familiares (Suárez y Restrepo, 2005), capacidad que reconoce en ellos agencia, actuación frente a lo contingente. Siguiendo a Duch y Mélich (2009), “en el tiempo de cada familia, la imitación (tradición) y la ruptura (novedad) no son dos momentos aislados o independientes, sino que su articulación creadora y armoniosa es fundamental para comprender las familias” (p. 180).

También, los cambios y transformaciones que vivimos implican retos para los investigadores que habitamos el campo interdisciplinar de los estudios de familia, tener la capacidad de deconstruir y —en ciertos momentos— abandonar nuestros marcos explicativos e interpretativos, nuestras obviedades, desnuclearizar el sentido de la familia, es decir:

(…) urge una revisión del edificio conceptual y metodológico que define y entiende la familia a partir de las emergencias de nuevos arreglos domésticos, de los desenclaves de la sexualidad, el parentesco y la corresidencia, del tiempo y los espacios familiares. (Gallego y Ruiz-Vallejo, 2020, p. 5)

Como lo sugieren Esteve et al. (2022), los cambios en los arreglos familiares en América Latina no se ajustan a ninguna de las principales teorías de cambio familiar que han surgido en Occidente, no corresponden a las explicaciones clásicas de la modernización social y familiar, ni a una segunda transición demográfica como ha sido documentada para las sociedades europeas (Esping-Andersen y Billari, 2015). El papel de los contextos históricos, socioeconómicos y culturales es central para explicar las características distintivas de las familias, de su diversidad y polimorfismo, de su devenir.

Como lo sugirió la profesora Ángela María Estrada, en una visita al Doctorado en Estudios de Familia de la Universidad de Caldas, debemos adelantar una lectura queer de la familia que reconozca la diversidad y polimorfismo de las familias del pasado y del presente en clave de interseccionalidad, la polisemia que le es propia como organización social con agencia; en este esfuerzo es necesaria la deconstrucción del triángulo de prestigio: heterosexualidad, parentesco y corresidencia sobre la cual, aún hoy, se soportan los conteos poblaciones, el diseño de políticas públicas y los sistemas de apoyo estatal. De igual manera, superar el especismo, que solo valora los vínculos entre humanos en la construcción de la vida familiar, negando los fuertes lazos que establecemos con otras formas de vida convivientes en espacios familiares.

En igual sentido, los estudiosos de la familia debemos recobrar la discusión y el análisis sobre la casa, involucrarnos en los debates que la definen actualmente cooptados por la arquitectura, las lonjas y las cámaras de la construcción. Como bien lo señalaron Mulder (2013) y García y Módenes (2018), las transiciones familiares y de los territorios, incluyendo la vivienda, están estrechamente relacionadas entre sí y esta conexión tiene importantes implicaciones para la formación de la familia y, por lo tanto, para el bienestar de la población. De ahí que debamos adelantar investigaciones que comprendan las trayectorias residenciales de largo aliento, con cursos complejos intergeneracionales e interfamiliares que combinan el tiempo/espacio familiar con los tiempos sociales e históricos.

Nos sumamos a la reflexión que adelanta Javiera Cienfuegos (2014), relacionada con lo complejo y selectivo que podrían ser las consecuencias de los cambios socioeconómicos y demográficos sobre la vida familiar en la región de América Latina. Un primer elemento reconoce que dichos cambios tienen lugar asincrónicamente entre los distintos sectores sociales y grupos étnico/culturales, así como entre países y regiones en su interior. En otras palabras, el panorama familiar de América Latina se explica por una interseccionalidad de categorías sociales —sexo/ género, educación, clase social y pertenencia étnico/racial— (Esteve et al., 2022), que a la vez marcan una persistencia de las desigualdades heredadas del período colonial y republicano (Gallego y Ruiz-Vallejo, 2020). El aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social, agravadas por la pandemia del Covid-19 y las políticas de ajuste estructural, refuerzan las formas de convivencia familiar extensas, monoparentales, polirresidenciales, estructuras rizomáticas inclasificables, fractales familiares, permeadas por la desigualdad y —a veces— la solidaridad, de género y generación, aunado a las fuertes y persistentes iniquidades sociales de clase y por ingresos.

Finalmente, reconocemos que, a pesar de los cambios que aventuramos de las familias en la tercera década del siglo XXI, seguirán existiendo en tanto constituyen la primera y más importante estructura de acogida para las personas (Duch y Mélich, 2009). En medio de la zozobra y la incertidumbre que habitamos, una arista positiva es clave y es la inevitable apelación a la creatividad humana, a la voluntad histórica de los seres humanos para afrontar de múltiples maneras las contingencias propias de la existencia y este momento histórico no será la excepción.

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Notas

Notas de autor