Introducción

México ha albergado desde siempre una heterogeneidad que se expresa en todos los ámbitos de la vida social. No obstante, las últimas décadas han hecho más visible la pluralidad en las identidades y los modos de vida que se les asocian. Esta afirmación puede ejemplificarse a través de la diversidad sexual y la multiplicidad de los arreglos familiares. Ninguno de ellos es propiamente un fenómeno nuevo; empero, ambos son cada vez más notorios en el espacio público.

La visibilización de quienes estructuran su vida sexual y familiar a través de prácticas que escapan del tradicionalismo ha provocado reacciones diferenciadas. Para algunos es digna de celebración, y ha motivado incontables luchas por mejorar las condiciones de vida de estas personas mediante el reconocimiento de sus derechos. Para otros constituye un síntoma de desorden social, motivado por el resquebrajamiento de los valores que se fincan en la moral tradicional.

Este artículo tiene como propósito problematizar las percepciones conservadoras en torno a la diversidad familiar a partir de los conceptos de laicidad, secularización y pánico moral. Para ello se refieren los casos de dos organizaciones civiles mexicanas que, pese al reconocimiento constitucional del principio de laicidad, aducen que los núcleos sociales que escapan de la composición familiar tradicional¹ no pueden designarse con el sustantivo familia, ni en lo jurídico, ni en lo social. Ninguno de estos grupos pertenece a una organización confesional; empero, ambos mantienen vínculos estrechos con la Iglesia Católica y suelen hacer uso de símbolos religiosos en sus manifestaciones públicas. Vale la pena destacar que aquí no se pretende adjetivar sus visiones a partir de un juicio de valor, sino explicarlas a partir del desfase entre laicidad y secularidad. Así mismo, se procura enfatizar la importancia que dichos sujetos otorgan a la familia tradicional como una pieza clave del equilibrio social y como referente de certidumbre².

Con el objetivo de reflexionar sobre el tema antes esbozado, este artículo se divide en cuatro partes:

1. 1. En la primera se aborda la importancia de la familia como espacio de socialización, y por lo tanto de reproducción de valores y nociones sobre el orden social.
2. 2. En la segunda se expondrán algunos puntos esenciales de la trayectoria de las organizaciones que fungen como referentes empíricos de esta reflexión, enfatizando que se han desarrollado a la par de un marco jurídico laico.
3. 3. La tercera tiene como objetivo referir las posiciones de sus integrantes con respecto a la diversidad familias, así como problematizarlas a la luz de la secularización.
4. 4. En la última se ofrecen algunas reflexiones adicionales, tomando como base el principio de laicidad estatal que se establece en el artículo 40° constitucional.

En este trabajo se ofrece una reflexión en torno a las nociones de dos grupos conservadores sobre la diversidad familiar, en un país con una tradición de laicidad ininterrumpida desde mediados del siglo XIX. En ese sentido, lo que aquí se presenta no deriva de una investigación en particular, sino de la necesidad por problematizar el desfase entre un marco jurídico laico, una sociedad desigualmente secularizada, y las prácticas sociales asociadas a esa última condición.

I. Aprendiendo a interpretar el mundo: la familia como unidad social

La familia es una unidad colectiva cuya naturaleza ha despertado el interés de las más variadas ciencias y disciplinas. Así, por ejemplo, la biología se ha ocupado de estudiar la información genética; la demografía de cuantificar sus características; la antropología de comprender sus dinámicas internas; la historia de exponer su evolución en el tiempo; la psicología de explorar sus efectos en los sujetos; y el derecho de vincularla con el Estado mediante la regulación de las relaciones familiares.

El hecho de que la familia sea un objeto de estudio transdisciplinario da cuenta de su importancia en el desarrollo de la vida social. De hecho, en el campo de la sociología las aproximaciones a ella parten precisamente de esa premisa. No es objeto de este texto profundizar en la vasta producción académica en torno a la familia³. Sin embargo, vale la pena señalar que se le considera una unidad social de suma importancia. Esta afirmación conlleva cuando menos tres condiciones:

• Que a pesar de la ausencia de consenso en cuanto a su estructura o a los roles que desempeñan quienes lo integran, el núcleo familiar es la forma de organización social más longeva, y se halla presente en distintas culturas y periodos históricos (Lévi-Strauss et al., 1995).

• Que en la familia se tejen los primeros lazos sociales de los sujetos, quienes aprenden a relacionarse con otros a través de las normas que observan en ese entorno (Kain, 1993).

• Que, en su calidad de primer espacio relacional, la familia se erige también como el primer espacio de socialización de las personas. De este modo, en ella se aprenden hábitos, valores, y prefiguraciones sobre el orden social (Bertrand, 1999; Castillo, 2000; Zuluaga, 2004; Neves y Morais, 2005; Parsons y Bales, 2014).

Existen numerosos estudios sobre socialización familiar. En ellos se exploran las apreciaciones, discursos y prácticas respecto de los más variados fenómenos: la etnicidad, la aculturación, la posición política, la cultura empresarial y la movilidad social son, por ejemplo, sólo algunos rubros del amplio campo de investigación desarrollado a partir de ese tema (Miklikowska, 2015). Para efectos del presente texto, empero, nos centraremos exclusivamente en los estudios que se enfocan en la socialización de valores morales en el núcleo familiar. Este aspecto resulta fundamental para comprender la reproducción de nociones particulares sobre lo que significa la familia, quiénes la componen y qué roles han de cumplir dentro de ella.

Autores como Bowlby (1951), Bandura (1977), Acock (1984), Bretherton et al. (1997), o Nesdale (2001) afirman que los menores de edad suelen reproducir las ideas de quienes les crían para cumplir con sus expectativas, lo que constituye una estrategia para ganar su aprobación. Esa hipótesis ha sido cuestionada en virtud de algunos hallazgos empíricos, que apuntan que durante la adolescencia se observa un tajante rechazo a las ideas de los padres (Aboud y Doyle, 1996). A pesar de ello, lo cierto es que buena parte de las personas se apropian del discurso moral con el que se han socializado en el hogar (Pinquart y Silbereisen, 2004). Este fenómeno es especialmente visible cuando los valores familiares coinciden con el ideario de otros espacios cotidianos, entre los que destacan la escuela y los grupos de pares (Himmelfarb, 1979; Erickson, 1992; Wentzel y Looney, 2007; Molina, 2018).

Así pues, la familia constituye un espacio en el que (a) se desarrollan interacciones diarias; (b) se construyen relaciones duraderas; (c) se crea un sentido de pertenencia al grupo; (d) se aprenden prácticas; y (e) se transmiten valores a partir de los cuales se percibe el entorno social. Aquí se sostiene que ninguno de esos procesos ocurre de manera automática, homogénea, o lineal, sino que los sujetos tienen capacidad de agencia para incidir en ellos (Pinquart y Silvereisin, 2004). En última instancia, son precisamente las personas quienes coadyuvan en la reproducción de la familia como unidad social, ya sea a partir de arreglos similares o distintos de los de su propio núcleo.

En ese orden de ideas, no es de extrañar que las prácticas familiares se colocan como el centro de un campo de batalla entre grupos sociales con ideales normativos contrapuestos. Las percepciones sobre el deber ser de quienes pertenecen a esos grupos difieren ostensiblemente; no obstante, estos coinciden en que la familia es crucial para mantener el orden social y también para transformarlo.

La disputa por los parámetros que definen a una familia es profundamente compleja. En este ejercicio se considerarán exclusivamente las posiciones que se ubican en los extremos opuestos: (a) la noción de que la familia natural está conformada por padre, madre e hijos; y (b) la idea de que ese modelo es una construcción social que se ha naturalizado en ciertos contextos. En ambos casos la premisa que estructura dichas posiciones es que la familia tiene efectos sobre el desarrollo individual. En esa lógica, los sujetos normalizan valores que eventualmente definen sus prácticas tanto en la esfera privada como en la pública. Tomando en cuenta esto último, la preocupación por definir qué es la familia y qué núcleos sociales pueden considerarse en esa categoría es a todas luces legítima.

En este artículo se retrata únicamente la visión de los grupos que se ubican en el primer polo; es decir, de quienes consideran que la pluralidad en los arreglos familiares es dañina para mantener un orden social que evalúan como bueno, deseable, o cuando menos certero. Para ilustrar sus perspectivas y argumentos se han seleccionado dos organizaciones que expresan abiertamente su oposición a la diversidad familiar: la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y el Frente Nacional por la Familia (FNF). Una vez más, se insiste en que el objetivo de este trabajo no consiste en adjetivar sus visiones a partir del binomio correcto/incorrecto, sino en mostrar la lógica que las estructura y el modo en que esta se desarrolla paralelamente al marco jurídico laico.

II. En defensa de la familia tradicional. Los casos de la UNPF y el FNF

Según datos de la Encuesta Mundial de Valores,en 2014 el 68.2% de la población mexicana consideró que la homosexualidad no es justificable (World Values Survey, 2020). Esa información parece compatible con la de una encuesta elaborada por el periódico “El Financiero”, en la que se reporta que el 53% de quienes atendieron a la consulta rechaza el matrimonio igualitario (Moreno, 2016)⁴. El hecho de que exista un número considerable de personas que comparten esa idea es interesante en sí mismo; empero, de ello se derivan varias preguntas tanto o más relevantes: ¿cuál es la base moral de esas apreciaciones?, ¿cómo y en dónde se aprenden?, y, sobre todo, ¿a qué grupos sociales pertenecen quienes defienden tales ideas?

Por otra parte, vale la pena señalar que las posiciones que rechazan la diversidad sexual y familiar pueden restringirse al ámbito privado o extenderse al público. En la segunda categoría se encuentran algunos grupos organizados de la sociedad civil, cuyos integrantes denuncian la supuesta amenaza que constituye dicha diversidad. En esa tesitura, la personas que pertenecen a tales grupos suelen interpelar al Estado con el objetivo de que este adecúen las leyes y políticas públicas a sus demandas. En otras palabras, pretenden incidir en la agenda pública a partir de un conjunto de valores morales específicos.

Pertenecer a un grupo de estas características implica un fuerte compromiso con las convicciones morales, que se manifiesta a través de la asistencia a reuniones, retiros o movilizaciones, el apoyo en labores administrativas y logísticas, la donación de recursos económicos, o la responsabilidad de ampliar la red de apoyo de la organización. Así mismo, la pertenencia voluntaria a este tipo de agrupaciones da cuenta del sentido de emergencia que perciben sus integrantes respecto de la causa que les aglutina. En México existen decenas de asociaciones civiles que se dedican a la defensa de la familia tradicional; el presente acápite ofrece un breve esbozo de las trayectorias recorridas por dos de ellas, enfatizando sus cuestionamientos, demandas, o rupturas con el Estado laico.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) nació en 1917, tras la promulgación del texto constitucional que continúa vigente. Desde entonces, su objetivo ha consistido en protestar contra las disposiciones que según su perspectiva atentan contra la libertad religiosa y la libertad de educación⁵ (UNPF, 2020). Esta última es el punto medular de las actividades del grupo, cuyos miembros la consideran un espacio crucial para la formación en valores de las nuevas generaciones. El artículo 3° de la Constitución mexicana establece que la educación que imparta el Estado será laica, gratuita y obligatoria. De esas tres condiciones, sólo la gratuidad parece gozar de aceptación entre quienes forman parte de la UNPF. No ocurre lo mismo con la laicidad y la obligatoriedad, que se piensan como una imposición del Estado. El argumento es que, en ejercicio de su libertad de conciencia, los padres tienen el derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijas e hijos, incluyendo por supuesto la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Los discursos, estrategias y demandas de la UNPF se han modificado a la par de las condiciones políticas y sociales del país, y también de aquello que se percibe como amenaza para los valores que ostentan. El desacuerdo inicial respecto de la laicidad educativa se ha mantenido en sus 104 años de trayectoria; empero, a él se han sumado la oposición al socialismo⁶, a los libros de texto gratuitos y obligatorios⁷, a la introducción de la educación sexual en el currículum de los niveles básicos, y a la manera de abordar los tópicos relacionados con ésta. En el presente artículo nos centraremos en la última, puesto que se relaciona directamente con la diversidad sexual y familiar.

A decir de Armando Díaz (2014), los programas de educación sexual en México han atravesado por tres etapas: (a) una en la que las presiones económicas llevaron al abandono de la perspectiva pro-natalista, sustituida por otra de regulación y planificación familiar; (b) una que resultó de la pandemia de VIH, con la que se apostó por una política de prevención; y (c) por último, una que procura transversalizar la perspectiva de género tal y como se establece en los acuerdos internacionales firmados por México.

Las y los integrantes de la UNPF han manifestado su desacuerdo con la educación sexual impulsada por el Estado laico en las tres ocasiones: (a) en la primera, porque la planificación familiar supone un ejercicio de la sexualidad que va más allá de la procreación; (b) en la segunda, porque el uso de anticonceptivos artificiales se promovió con mayor ahínco que la abstinencia; y (c) en la tercera porque la perspectiva de género se considera una ideología contraria a los roles asignados a cada sexo y, por consiguiente, a la composición familiar tradicional (Díaz, 2014). Esa última discusión se encuentra vigente en el momento en que se escriben las reflexiones aquí vertidas.

Sería un error pensar que todas las personas que integran la UNPF piensan y se comportan de manera homogénea. En realidad, ninguna organización constituye un ente uniforme con racionalidad unívoca. Sin embargo, y como apunta acertadamente Valentina Torres (2018), desde su creación en los albores del siglo XX la Unión se pensó exactamente como eso; como una estructura que reúne a sujetos con valores compartidos. Al ser una asociación cuya membresía es enteramente voluntaria, parece plausible que quienes pertenecen a ella comparten una sincera preocupación por el modo en que la ideología de género influye en las leyes y políticas públicas que, con el amparo del Estado laico, eventualmente impactan en las nociones de las y los jóvenes en torno a la sexualidad, las relaciones de pareja, el matrimonio y la familia.

El término ideología de género surgió en 1995 durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en Beijing (Paramio, 2015). En ese espacio, el vocero del Vaticano declaró que la lucha por la igualdad de género estaba imbuida de ideales que corresponden a una nueva ética mundial, y que se alejan peligrosamente de lo natural. En una evaluación posterior sobre el particular, Monseñor Celestino Migliore consideró que

(…) la evidencia muestra que el uso de este concepto (igualdad de género), como fue entendido en las Conferencias de El Cairo y Pekín, y como subsecuentemente se desarrolló en varios círculos internacionales, está apareciendo cada vez más influido por ideología y de tal modo retarda el verdadero avance de las mujeres. Más aún, recientes documentos oficiales presentan interpretaciones del género que disuelven toda especificidad y complementariedad entre hombres y mujeres. Estas teorías no cambiarán la naturaleza de las cosas, pero ciertamente están haciendo borroso y entorpeciendo cualquier serio y oportuno avance en el reconocimiento de la dignidad inherente y los derechos de las mujeres. (Migliore, 2010, parr. 10)

Al igual que otras organizaciones similares, la UNPF ha adoptado este discurso bajo la premisa de que la ideología de género pretende transgredir el orden social mediante el impulso a políticas públicas en favor de (a) la interrupción legal del embarazo; (b) el matrimonio igualitario; y (c) las familias homoparentales. Estos tres rubros cuestionan la correspondencia entre sexo y género, la función procreativa de la sexualidad, y la idea de que una familia necesariamente se compone por padre, madre e hijos.

Es importante notar que la UNPF no es una organización afiliada a la Iglesia Católica, y tampoco se considera de carácter religioso. A pesar de ello la agenda que promueve coincide con la de la Curia Romana, y sus demandas han sido abiertamente apoyadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano (Blancarte, 1992).

De modo similar que en otras etapas de su historia, actualmente la Unión denuncia constantemente los peligros de la ideologización de las y los menores de edad.

Un ejemplo de lo anterior son las campañas⁸ para reunir firmas de quienes comparten la inquietud por la supuesta introducción de la ideología de género en los libros de texto editados por la Secretaría de Educación Pública (UNPF, 2020). Los documentos firmados se darán a conocer a las autoridades correspondientes, no sólo para manifestar el desacuerdo del grupo sino con el claro propósito de ejercer presión en la toma de decisiones que conciernen al ámbito educativo. El caso de la campaña No a la ideología de género es paradigmático en este sentido. En ella puede leerse que

(…) El programa de educación preescolar vigente de la Secretaría de Educación Pública reconoce que las definiciones de lo femenino y lo masculino son construcciones sociales. Esto significa que están determinadas históricamente y que no son naturales, es decir, no tienen nada que ver con el sexo de las personas.

Si esto es lo que se incluye ahora, ¿qué serán los cambios?

Pídele al secretario de Educación que con nuestros hijos no se metan y que dé a conocer el contenido de la “educación sexual” en los próximos libros de texto.

La educación sexual corresponde a los padres, no al Estado y mucho menos a grupos radicales.

Firma esta petición para pedirle al Secretario de Educación Pública que dé a conocer el contenido de los libros de texto, de los planes y programas de la ocurrencia de último minuto, sobre educación sexual.

¡Con mis hijos no se metan! (UNPF, 2020, texto íntegro)

Esta declaración parece sintetizar la esencia de la UNPF, pues (a) señala que la educación sexual no concierne al Estado; (b) manifiesta su desacuerdo con el modo en que esta se aborda en los libros de texto; y (c) expresa un tajante rechazo frente a una educación basada en la premisa de que lo masculino y lo femenino no dependen exclusivamente de la naturaleza. Eso último se vincula con la discusión central de este capítulo: la identidad de género conlleva un replanteamiento de las relaciones interpersonales, y con ello de las dinámicas familiares.

Estas preocupaciones son centrales también para quienes forman parte del Frente Nacional por la Familia (FNF), que a pesar de su reciente creación ha tenido una amplia visibilidad en la escena pública. El FNF se fundó en 2016, en respuesta a la iniciativa del entonces presidente para elevar el matrimonio igualitario a rango constitucional (Reséndiz, 2016). En septiembre de ese año se convocó a una serie de marchas en varias ciudades de la República, en las que se reunieron aproximadamente 1.140.000 personas (La Jornada, 2016). Esta cifra es relativamente pequeña, pues representa a menos del 1% de la población nacional. Sin embargo, no debe soslayarse que se trata únicamente de quienes decidieron salir a las calles para expresar su rechazo a la ya citada iniciativa, y no de la totalidad de quienes conforman el FNF o que comparten sus ideales. Por otro lado, es menester subrayar que, a cinco años de su creación, el Frente no ha perdido visibilidad y que sus maniobras se han diversificado en función de la coyuntura política.

En 2017, y ante la perspectiva de la importante jornada electoral a celebrarse el año siguiente, los representantes del Frente se pronunciaron en contra de los candidatos y partidos políticos que apoyaran las bodas gay (Vera, 2017). Una vez declarada la victoria de Andrés Manuel López Obrador, alrededor de mil integrantes del FNF se reunieron para exigir que la legalización del aborto se retirara de la agenda legislativa (InformadorMx, 2018). Esa demanda se retomó en 2019, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la NOM 46. En ella se permite interrumpir el embarazo por causas de violación, y no es necesario que esta se denuncie ante el Ministerio Público. El vocero del FNF calificó dicha medida como un grave retroceso social y afirmó que va en contra de la cultura de la vida. Acto seguido, se convocó a marchas en treinta ciudades del país (López, 2019).

El Frente Nacional por la Familia se autodefine como un movimiento social que promueve y defiende los tres pilares de México; es decir, (a) la vida, (b) la familia y (c) las libertades. Además, quienes lo integran sostienen que sus acciones están dirigidas a lograr

(…) que la institución jurídica del Matrimonio, conformado entre una mujer y un hombre, sea protegido y respetado, entorno a ello, hacemos ver las bondades sociales y culturales de esta unión, por ejemplo para nuestros hijos, ellos tienen el derecho de conocer a su madre y a su padre y siempre con la posibilidad de vivir con ellos.

Más allá de ideologías, que tratan de distorsionar esta unión, la historia, los estudios y la realidad social, nos dicen que fomentarla genera más y mejores beneficios para nuestra sociedad. (FNF, 2020, parr. 7)

El FNF no se restringe a una sola organización. Por el contrario, este concentra un cúmulo de personas, iglesias y asociaciones civiles de la más diversa índole, que a pesar de su heterogeneidad comparten una preocupación por proteger el orden social que consideran legítimo. Así pues, la Unión y el Frente presentan profundas diferencias en términos de su trayectoria, las motivaciones de su creación, y su lógica organizativa interna. Empero, presentan fuertes afinidades de orden político y filosófico:

• Ambos manifiestan su convicción por defender los valores de la vida, la familia y la libertad individual, puesto que los consideran la base de toda organización social. Tales valores se interpretan a partir de una moral tradicional y dogmática, que puede o no estar anclada en creencias religiosas.

• Ambos surgieron en coyunturas políticas específicas, en las que el Estado tomó una posición activa para regular prácticas en torno a los valores antes referidos, ya sea a través de la aprobación de leyes que los trastocan de manera directa, o de la intervención en el currículum de educación pública. En otras palabras, estas organizaciones resultan de un desacuerdo respecto de los alcances del principio de laicidad estatal.

• Puesto que sus integrantes consideran que algunas acciones estatales constituyen una violación de las libertades individuales, estos grupos suelen convocar a marchas y otro tipo de protestas para ejercer presión sobre las autoridades. Así pues, pretenden incidir en el marco jurídico, institucional y de diseño de políticas para instaurar un orden público compatible con sus valores.

• Las actividades de estas organizaciones no están aisladas ni derivan de una mera ocurrencia; están fincadas en la noción de que el bienestar social depende del respeto a un conjunto de preceptos morales, cuya protección asumen como una responsabilidad.

Se da por entendido que las personas afiliadas a estas organizaciones no son homogéneas. Sin embargo, y en tanto que han decidido unirse a ellas, es muy probable que ostenten percepciones semejantes respecto de las libertades, la vida y la familia. Aquí nos concentraremos exclusivamente en el compromiso por defender la composición tradicional de esta última. Para aproximarse al problema se hará uso de la noción de pánico moral, problematizándola a partir del proceso de secularización.

III. Cambio social y pánico moral. La incertidumbre ante la pérdida de valores

Se ha dicho ya que la UNPF y el FNF surgieron en coyunturas políticas particulares, en las que el Estado tomó resoluciones percibidas por algunos grupos sociales como un grave peligro para el país. Esa percepción puede entenderse si se piensa que, tanto en 1917 como en 2016, las decisiones gubernamentales fueron contrarias a la moral prevaleciente en buena parte de la sociedad mexicana.

A un siglo de distancia entre el origen de una y otra organización, las circunstancias políticas y sociales en México se han transformado de manera profunda. Así, por ejemplo, la supremacía estatal en el espacio público (es decir, la laicidad) es una condición prácticamente incuestionable cuando menos en el nivel formal. Pero la separación entre Estado e Iglesia(s), que causó dos guerras con sangrientas consecuencias para la población⁹, no se traduce en un cambio inmediato, homogéneo, o definitivo en las formas de comprender el entorno social. En otras palabras, el hecho de que jurídicamente el Estado haya adquirido su autonomía respecto de la Iglesia Católica (y del resto de las organizaciones religiosas) no significa que la feligresía abandonara la moral religiosa para sustituirla por valores cívicos como la laicidad.

Lo anterior apunta a un problema ampliamente discutido en la sociología de la religión; a saber, que la laicidad jurídica de un Estado no siempre se corresponde con un proceso de secularización¹⁰ paralelo. Por otro lado, debe considerarse que este último no ocurre de manera lineal y homogénea (Hervieu-Léger y Champion, 1986; Baubérot y Milot, 2011). Ello significa que un tejido social puede albergar al mismo tiempo a grupos que operan con una lógica secular y a otros que lo hacen con una integrista¹¹. Aquí se sostiene que esta descripción es adecuada para comprender el caso de México y que, aunque los grupos integristas parecen haberse reducido desde la promulgación del texto constitucional de 1917, la permanencia de la UNPF y la creación del FNF muestran que estos no han desaparecido.

Las organizaciones aquí referidas han centrado sus actividades en la defensa de la familia tradicional por varios motivos. Quizás el más relevante de ellos es su centralidad para la doctrina cristiana, en la que se le entiende como una comunidad de amor y de fe, y por tanto como una iglesia doméstica. En el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, se subraya la importancia del matrimonio y del consecuente compromiso de los padres para orientar a sus hijos (Pikaza, 2015). En ese mismo sentido, Piotr Rossa (2016) refiere que en la Iglesia Católica:

El Magisterio siempre ha destacado la dignidad sacramental de la institución familiar, la indisolubilidad del matrimonio, y el tipo de comunidad tan especial que forman los miembros vinculados por tales lazos de parentesco. Dicha comunidad aparece y se consolida por la decisión y compromiso irrevocable de dos personas: un hombre y una mujer, que se convierten en esposo/padre y esposa/madre, asumiendo su bella misión conyugal-familiar. A partir de tal decisión se constituye la familia, que es como una madre para las generaciones futuras y su educación. (p. 290)

Estas premisas aparecen reiteradamente en el discurso de la UNPF y del FNF. Vale la pena recordar que ambos grupos son autónomos; empero, comparten los preceptos morales del cristianismo e incluso han construido alianzas con algunas organizaciones religiosas. Así pues, es de esperarse que quienes pertenecen a ellos conciben a la familia a partir de parámetros morales religiosos; es decir, que operan con una lógica integrista a pesar de la laicidad jurídica del Estado. Así pues, los núcleos familiares con una composición tradicional se consideran naturales o correctos, mientras que los que escapan de ella se califican como producto de la ideología de género. De aquí se deriva que las familias diversas se piensan como antinaturales, y por tanto incapaces de proveer de una crianza adecuada a las y los menores de edad. En relación con lo anterior, debe advertirse que el dogmatismo no siempre se expresa a través de un lenguaje religioso. De hecho, la lógica integrista puede adoptar un lenguaje secular en el espacio público. Esto es especialmente útil para legitimar sus postulados en Estados con un marco jurídico laico. Un caso ilustrativo es el de Tracey Hansen (2020), quien asevera que las niñas y los niños requieren de padres heterosexuales por cinco razones: (a) porque el amor paterno es cualitativamente distinto del materno; (b) porque cada etapa de desarrollo exige una atención diferenciada; (c) porque hijas e hijos necesitan de un progenitor del sexo opuesto que les ayude a controlar o moderar sus inclinaciones naturales; (d) porque el matrimonio entre personas del mismo sexo incrementa la confusión y experimentación sexual entre jóvenes; y (e) porque la aceptación del matrimonio igualitario conducirá eventualmente a aceptar otros tipos de uniones, entre las que destacan las interespecies, el incesto y el matrimonio infantil.

Con independencia de la posición de quien escribe este artículo, en las reflexiones de Hansen puede apreciarse la convicción de que la familia natural, conformada por padre, madre e hijos, es la única que resulta adecuada para el desarrollo de los últimos. Más importante todavía, se asume que los núcleos sociales que no respetan esa composición resultan dañinos para los sujetos y, por tanto, para la sociedad en su conjunto.

La premisa de que aceptar el matrimonio igualitario y la diversidad familiar conducirá eventualmente al desorden social es recurrente entre quienes pertenecen a la UNPF y el FNF. Aquí se propone que esa convicción puede entenderse a partir del concepto de pánico moral, entendido como un problema social que provoca una reacción desproporcionada frente a elementos que se perciben como amenazas para un universo moral (Goode y Ben-Yehuda, 2011).

Es pertinente destacar que el pánico moral depende de percepciones construidas, y no de condiciones objetivas (Goode y Ben-Yehuda, 1994). En ese sentido, lo importante no es si una situación, un grupo, o una práctica amenazan el orden social, sino la creencia de que lo hacen. Para los casos que aquí nos ocupan, es claro que la diversidad sexual y la pluralidad familiar se perciben como fenómenos no naturales, que representan un obstáculo para el desarrollo personal y constituyen un peligro social.

Tras la aprobación del matrimonio igualitario en Jalisco, en septiembre de 2019, el representante del FNF en esa entidad declaró:

Es nuestra preocupación que en nivel escolar de preescolar, primaria y secundaria, los niños y niñas sean bombardeados con ideas diferentes, que los confundan y que los lleven a la curiosidad extrema, exponiéndose a daños de salud física y mental, entre otras muchas cosas que los deja en verdadera vulnerabilidad; urge que se blinden los derechos naturales a tener un padre, una madre, una familia, protección, educación y un sano crecimiento (…). (Todo en Noticia, 2019, párr. 3)

La declaración es congruente con la postura oficial del Frente, y aduce las mismas preocupaciones que motivaron su origen. Quienes forman parte de ese grupo sostienen que la familia natural antecede al Estado, y que es trascendente porque a partir de ella se generan la vida, el amor, la cultura y la civilización. Adicionalmente, el FNF afirma que “el bien de las personas y el buen funcionamiento de la sociedad están estrechamente relacionados con la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Sin familias fuertes en la comunión y estables en el compromiso, los pueblos se debilitan” (FNF, 2020). De aquí puede inferirse que las familias no naturales distan de esa descripción, y por lo tanto constituyen una amenaza a dichos valores.

En términos de Goode y Ben-Yehuda (2011), las familias diversas se perciben como enemigas del universo moral que impera entre quienes componen al FNF y la UNPF. No existen datos empíricos que revelen que las niñas y niños criados por parejas homoparentales experimentan una curiosidad sexual exacerbada, y tampoco que carecen del amor que pueden proveer un padre y una madre. Sin embargo, y como apuntan los autores, las condiciones objetivas de la realidad no trastocan de ninguna manera la arraigada convicción de que las familias diversas dañan la moral. En los comunicados de prensa del FNF puede apreciarse una preocupación latente por la pluralización social y familiar. Así, por ejemplo, en uno de ellos se sostiene:

Que hoy día estemos presenciando una obra de reingeniería social a cargo de una minoría que pretende rediseñar todas las estructuras en donde la sociedad tiene sus cimientos, es una cosa muy diferente. Pretender una obra de tal magnitud sustentada en que la realidad muestra que hoy hay muchas parejas del mismo sexo que están criando hijos, es como decirle al mundo que hoy tener un padre y una madre es opcional y aceptarlo anularía la filiación objetiva para que empiece a ser subjetiva. (Laviada, 2019, parr. 7)

El fragmento anterior muestra que las personas afiliadas a la organización son conscientes de las transformaciones sociales, y de la multiplicidad de cosmovisiones que resultan de ellas. Pero tales cambios no se conciben como procesos naturales, sino como manifestaciones ajenas a una realidad social supuestamente objetiva. Así pues, los arreglos familiares que escapan del tradicionalismo se perciben como una amenaza directa a las dinámicas que se asumen incuestionablemente como correctas.

La noción de que el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo genera un daño entre menores de edad, y eventualmente al propio sistema social, es frecuente también entre quienes se afilian a la UNPF. Aunque su activismo se orienta primordialmente al sector educativo, la lucha por una educación sexual libre de ideología atraviesa también por consideraciones en torno a la importancia de preservar la familia natural.

En 2019, la autora de este artículo realizó una serie de entrevistas semi estructuradas a integrantes de la UNPF como parte del trabajo de campo para una investigación que actualmente se encuentra en prensa¹². En ese ejercicio se exploraron cinco ejes, destinados a comprender las percepciones de quienes concedieron una entrevista con respecto a la educación básica: (a) la importancia que se le otorga a la moral en la formación de las y los menores de edad; (b) la responsabilidad de madres y padres de familia como educadores; (c) los alcances y limitaciones del currículum educativo obligatorio para los niveles primario y secundario; (d) la pertinencia del abordaje en torno a la educación sexual; y (e) las amenazas a la formación en valores percibidas por quienes integran la UNPF, tanto al interior de las aulas como fuera de ellas. En este artículo nos centraremos exclusivamente en el último rubro; concretamente, se retomarán las percepciones de las personas con las que se entabló contacto en relación con las supuestas amenazas a los valores de la vida, el matrimonio y la familia.

Es menester recordar que los valores antes mencionados son centrales en la doctrina cristiana, y que quienes conforman la UNPF expresan una preocupación por su trastocamiento a raíz de la así llamada ideología de género. En ese sentido, quienes concedieron una entrevista se pronunciaron en contra de la diversidad familiar porque esta no es natural, sino que resulta de un bombardeo de contenidos ideológicos a través de los medios de comunicación masiva. Así, por ejemplo, se mencionó la cada vez más frecuente visibilización de la homosexualidad a través de series televisivas y de programas infantiles. Uno de los líderes de la organización refirió que, a pesar de que en dichas series se muestra a niñas y niños felices, lo cierto es que ningún menor de edad que viva con dos padres o dos madres podría crecer adecuadamente. El sujeto en cuestión aduce que la ausencia de complementariedad entre sexos genera confusiones, vacíos emocionales y rechazo social. Consecuentemente, desde esa perspectiva las imágenes que muestran familias diversas felices no son sino propaganda de la ideología de género.

Así mismo, la totalidad de informantes con quienes se entabló el diálogo coincidieron en que: (a) la unión entre personas del mismo sexo no puede considerarse un matrimonio, y se requiere otra figura jurídica para designarla; (b) la concepción natural no es posible en esas parejas, lo que indica que no es correcto que adopten menores de edad; (c) la orientación sexual de estas personas resulta de una crianza inadecuada; por esa razón, permitir que formen a menores podría provocar en estos un daño irreversible; y (d) la regulación de este tipo de arreglos familiares por parte del Estado equivale a solapar prácticas que inciden en el bienestar social.

Las personas entrevistadas señalaron repetidamente que un Estado laico debe apegarse a la ciencia y la naturaleza, por contrapartida a la ideología. En ese orden de ideas, quienes forman parte de la UNPF consideran que el Estado mexicano incurre en un grave error al normalizar la diversidad sexual a través de la educación, y más aún, a través de leyes y políticas públicas que formalizan el matrimonio igualitario y a las familias diversas.

Como puede observarse, este discurso es semejante al del FNF, cuya creación resulta precisamente de la oposición al matrimonio igualitario. La postura de ambas organizaciones es similar también en un segundo rubro; a saber, la forma de concebir a las personas que se alejan de la identidad heterosexual. En sus comunicados de prensa (y también en las entrevistas realizadas con integrantes de la UNPF) se insiste en que gays y lesbianas¹³ no deben sufrir de maltrato, pues son seres humanos y sujetos de derecho. Empero, se enfatiza también que el hecho de respetar su forma de vida no conlleva celebrarla, normalizarla y mucho menos institucionalizarla a través del marco jurídico de un Estado laico. Desde el punto de vista de quienes se afilian a las organizaciones aquí referidas, el Estado debe salvaguardar el bienestar social mediante el reconocimiento de los Derechos Humanos y la creación de condiciones propicias para su ejercicio. No obstante, esos derechos habrían de subordinarse a lo que dicta la naturaleza y no la ideología. Así pues, cabe reflexionar sobre el estatus de las minorías y si tienen o no cabida en un Estado laico.

IV. Conclusiones. El Estado laico frente al pánico moral

Desde el derecho, la filosofía, las ciencias sociales y la teología se han construido múltiples definiciones sobre el significado de la palabra laicidad. Algunos trabajos la refieren como la separación entre el Estado y las Iglesias; otros como la neutralidad estatal respecto de las convicciones trascendentes; o como un principio que garantiza la libertad religiosa en los espacios público y privado. Las reflexiones en torno a los efectos de la laicidad son igualmente diversas; no obstante, todas ellas coinciden cuando menos en que un Estado laico es aquel que no privilegia ningún esquema moral por encima de otro.

En este artículo que suscribe la posición de que la laicidad constituye un principio, que reconoce la autonomía del Estado respecto de cualquier tipo de dogmatismo. Esto significa que el marco jurídico, las instituciones, y las políticas públicas habrían de diseñarse con total independencia de las normas, creencias y autoridades dogmáticas¹⁴. Más aún, la laicidad estatal implica que las personas que fungen como representantes o como parte del servicio público deberían tomar sus decisiones con base en ese mismo criterio.

En 2012, una reforma constitucional definió a México como una república democrática, representativa, laica y federal. Este hecho es digno de celebración, puesto que brinda una base jurídica para habilitar leyes y políticas públicas incluyentes, que protejan a quienes distan de las prácticas e identidades tradicionales. Para el caso específico de México, buena parte de ese tradicionalismo está asociado a la moralidad católica.

Que el principio de laicidad se eleve a rango constitucional es un paso decisivo, puesto que los marcos legales son ante todo un reflejo de los ideales que conforman a una comunidad política. En ese sentido, se espera que estos influyan eventualmente en la configuración de las relaciones y las prácticas sociales. A pesar de ello, aquí se propone que es necesario tomar en cuenta algunas reservas al respecto:

• El proceso de laicización no es automático ni homogéneo, de hecho, es probable que el principio de laicidad se aplique de manera irregular en los distintos niveles de gobierno. México es un buen ejemplo de esta consideración. El artículo 40° constitucional establece que la laicidad es un componente esencial de la república. No obstante, el matrimonio igualitario se reconoce en menos de la mitad de las entidades federativas, y la adopción homoparental sólo en diez de ellas (García, 2019).

• Aún en el supuesto de que el marco legal se adecue al principio de laicidad, esto no necesariamente conlleva que el diseño institucional, las políticas públicas, o quienes fungen como representantes o parte del servicio público se ajusten a sus preceptos. En un reporte realizado por la organización Mira que te miro se presenta información sobre el estatus de la laicidad en 24 países de América Latina y el Caribe. Más allá de las particularidades de cada caso, llama la atención que el hecho de que un país se defina constitucionalmente como laico de ninguna manera significa que ese principio permee la totalidad de las funciones estatales (Miraquetemiro, 2020).

• Las condiciones anteriores pueden entenderse mejor si se le asocia con el desfase entre secularización y laicidad. Como se discutió en un apartado previo de este artículo, el descentramiento de la religión como eje de la organización social no es uniforme en todos los grupos que la conforman. Esto supone dos posibilidades: (i) que algunas autoridades estatales tomen decisiones en materia pública a la luz de sus convicciones morales¹⁵; y (ii) que algunos grupos que forman parte de la ciudadanía juzguen las decisiones en materia pública con base en la moral. Quienes forman parte de la UNPF y del FNF se ubican en la última categoría.

Aquí se sostiene que algunas de las prácticas sociales que derivan de la moral tradicional se han asumido como naturales (o cuando menos normales) durante varios siglos. De ahí que en los códigos legales el matrimonio se definiera como la unión entre un hombre y una mujer, cuyo fin consiste en formar una familia. El derecho familiar, las prerrogativas patrimoniales, e incluso las prácticas en centros educativos y otras instituciones públicas estuvieron diseñadas desde siempre para satisfacer ese canon. Empero, la realidad social contemporánea dista mucho de ese modelo, en el que se asumía que las personas adoptan una trayectoria de vida más o menos similar para formar núcleos familiares uniformes.

La certidumbre de grupos como la UNPF o el FNF parece depender en buena medida de esos referentes de normalidad, que se perciben como los únicos legítimos precisamente porque son compatibles con la moral religiosa tradicional. Como se ha advertido ya a lo largo de este escrito, dicho razonamiento es la base de sus juicios sobre las prácticas, las leyes, y las políticas públicas en torno a valores como la vida, el matrimonio, la familia y el ejercicio de la sexualidad. No existen datos que revelen una correlación (y mucho menos una relación causal) entre los valores morales y las filiaciones políticas en México. Sin embargo, es probable que quienes detentan una moral integrista privilegien la estabilidad por encima de otros ideales políticos.

No es objeto de este trabajo adjetivar las consignas de los grupos que aquí se describen, ni emitir juicios sobre las prácticas que generan un pánico moral manifiesto en sus discursos. Lo que aquí se procura subrayar es que, ante la evidente pluralización de la sociedad mexicana, corresponde al Estado garantizar la congruencia entre los principios constitucionales y los códigos legales de todos los niveles, así como diseñar políticas públicas y procurar prácticas institucionales congruentes. Adicionalmente, aquí se propone que es responsabilidad del Estado procurar un sistema educativo en el que los valores cívicos como el respeto, la libertad, y la igualdad se privilegien por encima de particularismos. Después de todo, las autoridades no pueden pretender que legislan o gobiernan una sociedad estática. Si algo es seguro, es que ningún sistema social está excento de procesos de trasformación.

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Notas

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