Introducción

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas, 1948) señala que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (art. 16); el Estado colombiano promueve leyes que tienen como principales participantes los integrantes de la familia y mecanismos que permiten la protección de estos.

“El Estado reconoce la supremacía de los derechos inalienables de la persona, protege a la familia como institución básica de la sociedad” (art. 5) y “(…) reconoce y protege la diversidad étnica y cultural” (art. 7). El artículo 42 establece los elementos que caracterizan la familia desde el punto de vista constitucional. “Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. De acuerdo con el Consejo de Estado (2013), la familia se encuentra definida no solo por vínculos naturales y jurídicos entre dos personas heteroafectivas u homoafectivas, sino que su vez, se constituye por vínculos como amor, solidaridad y afecto.

A nivel nacional, el análisis de las problemáticas que afectan a las familias está enmarcado principalmente por la comprensión de la violencia. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019), durante el año 2015 se registraron 26.985 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10.435 correspondieron a acciones contra niños, niñas y adolescentes; es decir 67,47 por cada 100.000 habitantes. Además, 1.651 casos de violencia contra la población adulta mayor, lo que significa una tasa de 30,94 y 14.899 casos de violencia entre otros familiares. Respecto a la violencia de pareja, para los años 2018 y 2019 se reportaron 13,060 casos (2019), situación que se agudiza por la situación de la pandemia a partir de la cual, y según el Observatorio Colombiano de las mujeres (2020), las denuncias en la línea de atención contra la violencia incrementaron cerca de un 163%. (Presidencia de la República. Observatorio Colombiano de las mujeres, 2020).

Para el departamento de Boyacá, según la Secretaría de Salud del departamento (2019), se reportó una tasa de incidencia de la violencia física de género e intrafamiliar de 39,2 por 100.000 habitantes, siendo el tipo de violencia de mayor predominancia. Para el año anterior, de acuerdo con el Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2018) la tasa de violencia contra la mujer en Boyacá reportó una incidencia de 164,7 por 100.000 habitantes, superior a la de Colombia, la cual registró 159,8 por 100.000 habitantes. El Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, (2018), señala en el departamento de Boyacá, en el ámbito de la violencia contra las mujeres, reportó que, de 28.645 casos de violencia intrafamiliar a nivel nacional, 923 ocurrieron en Boyacá; en relación a la violencia de pareja se registraron 49.669 peritajes a nivel nacional, 1.557 casos se cometieron en el departamento, donde el 86.38% fue contra mujeres. Frente a la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes entre 10 y 13 años, Boyacá reportó 647 casos, de los cuales 560 mujeres fueron las víctimas.

Durante el primer trimestre del año 2019 se han notificado un total de 668 violencias de género e intrafamiliar (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2019). Para el mes de noviembre de ese mismo año han sido mencionados 2.355 casos, de los cuales la violencia física ocupa el primer lugar con el 69,8%, 18,5 puntos porcentuales por encima del valor nacional; seguida de la violencia sexual con el 14,9%, luego la negligencia y abandono con el 7,9% y, por último, la violencia psicológica con el 7,4% (Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, 2019). Sumado a este panorama, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2019) describe que a tercer periodo epidemiológico (enero a abril de 2019) un 20,3% de los municipios del departamento no reportaron cifras, situación que sugiere fortalecer la vigilancia para identificar la magnitud de la problemática evidenciada.

En cuanto al contexto de la atención a las familias, Cunego (2016) señala que las políticas públicas definen las prioridades políticas, económicas y de justicia social, así mismo diseñan los objetivos de reconocimiento y acceso a derechos de las personas. Arriagada (2007) señala que en las propuestas de políticas se considera a la familia como un factor explicativo del comportamiento individual y se recomienda la adopción de medidas para que actúe como barrera de contención de diversos problemas sociales. La familia se constituye en el escenario de atención de las acciones del Estado en sus niveles nacional y territorial para promover escenario de convivencia familiar y atender los diversos riesgos que en ella se tienen. Arias Cantor y Gil Valencia (2018) señalan que “las políticas públicas en familia son acciones que debe realizar el Estado para la atención de las necesidades y problemas de la familia, a la vez que para la promoción de sus potencialidades” (p. 232).

Colombia cuenta con la Ley 1361 de 2009 que establece entre otros aspectos que los programas de atención a la familia y a sus miembros prioricen su unidad y la activación de recursos para que funcione como el instrumento protector por excelencia de sus integrantes. Arias Cantor y Gil Valencia (2018) mencionan que otro punto de convergencia en las diferentes políticas es la promoción de la familia como agente político, lo cual tiene que ver con la posibilidad de que tenga cierta influencia en los espacios de participación y decisión políticas existentes. En desarrollo de lo previsto en la Ley 1361 de 2009, y en articulación con entidades del nivel nacional y territorial, de los sectores público y privado, la sociedad civil y la academia, se crea la Política pública nacional de apoyo y fortalecimiento familiar 2015-2025, la cual se diseñó con el propósito fortalecer a las familias como núcleo fundamental de la sociedad, mejorar las condiciones de vida, direccionar programas y proyectos del estado y la sociedad de acuerdo con las necesidades, dinámicas y estructuras de las familias, así como reducir la violencia Intrafamiliar (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018).

Ahora bien, en el contexto territorial, el departamento de Boyacá desde el año 2015 tiene la política pública de familia, denominada: “Política pública para el fortalecimiento de la familia boyacense 2015-2025” (Gobernación de Boyacá, 2015), la cual propone acciones dirigidas a generar procesos de armonía, bienestar y fortalecimiento de los núcleos, desde el accionar de las entidades que convoca la gobernación frente a los múltiples escenarios de las familias boyacenses, esto a partir desde un enfoque en garantía de derechos, así mismo, describe la situación de las familias, teniendo en cuenta algunas problemáticas familiares identificadas en los últimos años en el país y en el departamento de Boyacá, entre lo que se identifican tres aspectos: violencia de género, violencia intrafamiliar y dinámica familiar; también se tuvieron en cuenta situaciones como el suicidio, consumo de alcohol, embarazos en adolescentes, depresión, incremento de la población de adultos mayores (Gobernación de Boyacá, 2015).

De acuerdo con lo expuesto, el objetivo de la presente investigación es conocer la incidencia e inclusión de la categoría de familias en la formulación de los planes de desarrollo municipal en el departamento de Boyacá, en el periodo 2020 – 2023, a partir del diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas en familia, con la perspectiva de la política pública tanto del orden nacional, como desde el contexto departamental.

Metodología

El método utilizado fue el análisis documental de los planes de desarrollo municipal en la vigencia 2020-2023, como una revisión analítica de la literatura. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó como herramienta fundamental la revisión documental que Arias Cantor y Gil Valencia (2018), describen como “una técnica que permite rastrear, inventariar, seleccionar y consultar documentos, archivos y fuentes que se utilizaron como materia prima de una investigación” (p. 232).

Es por esto que se considera este método como el más adecuado para conocer lo que se encuentra establecido en los planes de desarrollo municipal en la vigencia 2020-2023. Para ello, de una población de 123 municipios del departamento de Boyacá, se seleccionó una muestra de 26 municipios de diferentes provincias del territorio boyacense, con el objetivo de conocer la inclusión del tema de familias en los planes de desarrollo municipal en la vigencia 2020-2023, entre los cuales se encuentra: Tunja, Duitama, Sogamoso, Soracá, Paipa, Tibasosa, Samacá, Moniquirá, Muzo, Jenesano, Nobsa, Soatá, Nuevo Colón, Villa de Leyva, Ramiriquí, Toca, Cómbita, Tópaga, Chiquinquirá, Sáchica, Ventaquemada, Puerto Boyacá, Santana, Santa Rosa de Viterbo, Turmequé y Monguí. El muestreo se hizo de manera intencionada a partir de los criterios de mayor densidad poblacional y reporte de tasas de violencia en 8 de las 12 provincias del departamento de Boyacá.

Una vez recolectados los 26 planes de desarrollo municipal se realizó el análisis documental mediante la elaboración de una matriz sostenida por tres ejes temáticos que se presentaban de forma recurrente en los diferentes contextos señalados en los planes de desarrollo seleccionados previamente, permitiendo identificar cómo se aborda la categoría familia en la planeación pública municipal en tres aspectos seleccionados, así:

1. 1. La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar que se presenta en cada territorio, teniendo en cuenta la población víctima y los factores de riesgo que generan dicho fenómeno, se asume desde el concepto de tasa de violencia intrafamiliar, el cual se entiende como “el número de casos de violencia intrafamiliar reportados sobre el número total de la población por cada 100.000 habitantes, para un año dado, en un determinado país, territorio oárea geográfica” (Así vamos en salud, 2020).
2. 2. Se reconoció la promoción de las políticas y leyes ejercidas por los municipios enfocadas al fortalecimiento y protección integral de las familias, en este sentido la política pública se entiende a partir del Ministerio de Salud y Protección Social (2018),“como el fortalecimiento de las familias en términos de desarrollo humano y social en todos los territorios del país, asumiendo a las familias como sujetos colectivos de derechos y agentes de transformación en un sentido amplio, plural y diverso” (p. 6).
3. 3. Se tuvo en cuenta el ejercicio de las entidades territoriales a través de programas y estrategias previstas para la integralidad de las familias frente a sus diferentes necesidades y vulneración de derechos, a partir de la normatividad vigente establecida en cada territorio. Al respecto, el Ministerio de la Protección Social (2018) señala que:

los tipos de violencia intrafamiliar son la violencia verbal, el maltrato psicológico, la violencia física, el abuso económico y el abandono. Los factores asociados a la probabilidad de respuesta violenta al interior de las familias se relacionan con frecuencia con la falta de autocontrol por parte del agresor, las presiones sociales, el estrés, el alcohol y estados asociados al consumo de sustancias psicoactivas. La violencia intrafamiliar se manifiesta en todos los niveles socioeconómicos y para todos los niveles de educación de las personas. (p. 16)

Resultados

Al analizar los planes de desarrollo municipal se identificó inicialmente que el 81% de los 26 municipios seleccionados ha presentado algún grado de incidencia de violencia intrafamiliar entre el 2016-2020 (Tabla 1) dentro de los cuales se encuentran: Tunja (48,8% de violencia física, 5,4% de violencia sexual y 3,4% de maltrato psicológico), Duitama (564 casos), Sogamoso (aumento de 28,11% a causa del COVID -19), Soracá (tasa de 266,57), Tibasosa (200-800 casos por cada 100.000 habitantes), Samacá (44,3 casos por cada 100.000 habitantes), Muzo (39 casos), Jenesano (208,33 casos por cada 100.000 habitantes), Nobsa (94 casos), Soatá (tasa de 14.64%), Nuevo Colón (20 casos), Villa de Leyva (54,61 casos), Ramiriquí (54 casos, 20,3 por cada 100.000 habitantes), Toca (29.9 casos por cada 100.000 habitantes), Cómbita (166,9 casos por cada 100.000 habitantes), Tópaga (El 0,79% de la población presenta casos de VIF), Chiquinquirá (281,5 casos por cada 100.000 habitantes), Sáchica (477,6 casos por cada 100.000 habitantes), Ventaquemada (19,2 y 226,66 casos por cada 100.000 habitantes), Puerto Boyacá (71 víctimas con una tasa de 153,19 casos por cada 100.000 habitantes), Santa Rosa de Viterbo (24 casos de VIF a mujeres y 16 a hombres). Con lo que respecta a Paipa, Santana, Turmequé y Monguí no reportan cifras, sin embargo, los dos últimos municipios identifican que la VIF se ve normalizada y/o como delito priorizado. Por otro lado, Moniquirá presenta una disminución frente a esta problemática.

Tabla 1

Índices de violencia intrafamiliar por municipio

Fuente: elaboración propia

Sumado a lo anterior, se encuentra que gran parte de este tipo de violencia es ejercida hacia las mujeres, especialmente del área rural y a menores de edad, donde los factores de riesgo más frecuentes (Figura 1) se encuentran relacionados al consumo de sustancias psicoactivas (20%), carencia afectiva y resolución de conflictos inadecuada (16%) y actitudes de intolerancia (12%); posteriormente, en una menor proporción, se encuentran aspectos vinculados con desacuerdos en las pautas de crianza entre padres y una cultura machista predominante (8%), falta de control de impulsos (8%), dependencia económica y afectiva generalmente por parte de las mujeres (8%), problemas económicos (8%), y otras concomitantes con la ausencia de programas de prevención de la violencia intrafamiliar y educación sexual (8%), bajo nivel educativo (4%), celos entre cónyuges (4%) y presencia de familiares perpetradores de la violencia con algún tipo de trastorno mental (4%), además de encontrarse en condiciones de hacinamiento, favoreciendo la incidencia de la misma.

Figura 1
Factores de riesgo de la violencia intrafamiliar
Fuente: elaboración propia

La violencia intrafamiliar al interior de la familia ha sido un campo de estudio relevante para la investigación social en las últimas décadas, en especial el reconocimiento y reivindicación de los derechos de las mujeres como lo han demostrado Puyana Villamizar (1996), Páez-Martínez (2017), en los cuales la violencia intrafamiliar se considera un fenómeno de reciente consideración pública y académica en el país.

En el contexto mundial, todo lo anterior se agudizó debido a la cuarentena generada por el COVID 19, sumándole condiciones de aislamiento obligatorio a causa de la pandemia, efectos que, sobre las familias y sus integrantes, especialmente de mujeres, se conoce como la pandemia silenciosa (ONU Mujeres, 2020).

En el análisis de este tipo de violencias existen una serie de factores estructurales, culturales y simbólicos (Galtung, 1980; 1984; 1998) así como los elementos estructurales de la violencia (Segato, 2003) que indicen en la continuidad de esta violencia al interior de los hogares, aspectos que se identifican también en los factores de riesgo identificados en el análisis de los planes de desarrollo municipal analizados (Figura 2).

Figura 2
Factores de riesgo de la violencia intrafamiliar
Fuente: elaboración propia

En segundo lugar, se identificó que una gran proporción de la muestra seleccionada no contempla en sus planes de desarrollo normatividad vigente relacionada directamente con la familia y su desarrollo integral. Sin embargo, se destaca que Paipa es el único territorio que implementa y garantiza el ejercicio de la Política nacional de familia, este mismo departamento junto a Samacá, Villa de Leyva, Ramiriquí, Muzo y Ventaquemada ejercen la Política pública de familia con vigencia 2015-2025, tomando como referencia el Pacto por la Equidad del Plan Nacional de Desarrollo, que plantea un pacto por una política social moderna centrada en la familia, mientras que Tópaga, Chiquinquirá y Santa Rosa de Viterbo adoptan la Política pública nacional de apoyo y fortalecimiento a las familias (Ministerio de la Protección Social, 2018). En otras instancias, se contempla la ley 1542 de 2012 y la ley 1959 de 2019 en el municipio de Soatá, la Ley 294 de 1996 en Santa Rosa de Viterbo y Puerto Boyacá, donde este último proyecta la formulación de la Política pública “Primero la familia” en el territorio (Tabla 2).

Tabla 2

Principales normatividades implementadas en los planes de desarrollo municipal 2020-2023

Fuente: elaboración propia

Por último, frente al ejercicio de las entidades territoriales en temas relacionados con la promoción del bienestar integral de las familias, el análisis realizado permite identificar que gran parte de los municipios, a pesar de tener prevista la normatividad vigente que vela por la familia, no cuenta con los recursos suficientes: sea de financiación, equipo de profesionales competentes o disponibilidad de la comunidad para ejecutar programas enfocados a la atención de esta población. No obstante, se reconoce que aproximadamente el 70% de los municipios demuestran que las familias en condición de pobreza y pobreza extrema con niños, niñas y adolescentes tienen acceso al programa Familias en acción, lo anterior según los planes de desarrollo revisados.

Dentro de las estrategias implementadas, Tunja y Soracá (este último como municipio piloto), se encuentran llevando a cabo la estrategia relacionada con las nuevas masculinidades y feminidades con el fin de atender la violencia intrafamiliar desde los problemas de salud mental que de ella se derivan, enfocándose especialmente en la modificación positiva de las representaciones sociales frente a los roles de género dentro del hogar. Asimismo, se han desarrollado estrategias en 14 municipios correspondientes a: Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa, Tibasosa, Muzo, Santana, Sáchica, Ventaquemada, Monguí, Samacá, Soatá y Tópaga; enfocadas en la orientación familiar en pautas de crianza amorosa, buen trato y valores, resolución pacífica de conflictos, promoción del juego, paternidades y maternidades responsables, estos últimos destacados a nivel nacional en la estrategia Brújula y el programa Red unidos, encontrándose Sogamoso, Tibasosa, Nobsa, Chiquinquirá, Sáchica y Puerto Boyacá como municipios asociados a estas.

Por otro lado, se han ejercido diferentes programas frente a la garantía y restablecimiento de derechos, especialmente de familias, niños, niñas, adolescentes y mujeres cabeza de hogar (Encontrándose Tunja, Duitama, Jenesano, Santa Rosa de Viterbo, Ramiriquí, Tópaga y Turmequé). No obstante, dentro del mismo eje temático, Nobsa y Soatá tienen por objeto los derechos de las familias víctimas de conflicto armado, mientras Tunja y Duitama se centran en la equidad de género al interior del hogar.

Un aspecto a resaltar dentro de los hallazgos es la escasa cantidad de municipios que trabajan en la educación de rutas de atención ante casos de violencia intrafamiliar y abuso sexual, sin dejar de lado la promoción de la denuncia de las mismas, pues únicamente Soracá, Nobsa y Sáchica ejercen programas afines a esta problemática con la comunidad correspondiente. Asimismo, se destaca que la misma cantidad de territorios desarrollan actividades referentes a la disminución del consumo de sustancias psicoactivas, especialmente del abuso de alcohol que se hace evidente en gran parte del territorio boyacense, dentro de los cuales se encuentra: Samacá, Nuevo Colón y Chiquinquirá.

Entre otros aspectos referentes a la integralidad familiar, se tienen en cuenta programas de acceso a la educación, servicios de salud, nutrición y vivienda digna en los siguientes municipios: Tunja, Paipa, Sogamoso, Muzo, Nobsa, Santa Rosa de Viterbo, Nuevo Colón, Toca, Tópaga, Sáchica, Turmequé, Monguí y Cómbita, especialmente destinados al sector rural donde albergan diferentes núcleos familiares en muy malas condiciones.

Discusión

Distintos estudios relativos a la familia y a sus relaciones de género muestran que la existencia de violencia intrafamiliar, al igual que la distribución del trabajo doméstico y extra-doméstico entre sus miembros, son esenciales para entender procesos sociales como la pobreza, la participación económica familiar y los sistemas de seguridad social, entre otros (Arriagada, 2007). Cuchivaguen et al. (2020), señalan que, desde el Trabajo Social, la familia es comprendida como grupo social primario en donde se han identificado conceptos y problemáticas que permiten generar bienestar por medio de elementos prácticos como la promoción de cambios sociales y resolución de conflictos en las relaciones humanas, indican que la política pública es de vital importancia en la función social, donde se debe implementar planes de orientación y consolidación de las familias boyacenses.

Ciliento et al. (2010), en un análisis sobre los Derechos Humanos, los Derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el contexto de los Objetivos del Milenio en las familias iberoamericanas, sostienen que se debe contar con políticas públicas eficientes en el campo familiar, reduciendo la segregación que ha caracterizado el campo de los DESC, así como el reconocimiento de la heterogeneidad estructural de la región iberoamericana, la cual se reconoce en el diseño e implementación de políticas públicas y la promoción de la garantía de los derechos.

López-Montaño (2016) señala que el Estado debe contribuir con políticas y acciones, formación, fortalecimiento y prevención, las políticas en familias deben ser transformadoras, buscando incorporar criterios principales como la de equidad entre géneros, defensa de los Derechos, Humanos y la familia como institución formadora de nuevas generaciones. Torres-Gómez et al. (2017), realizan un estudio de la política pública para las familias de la ciudad de Bogotá, desde el cuidado como elemento de análisis, de la cual concluyen que se hace necesario la transversalización del cuidado como un eje que promueve e integre los diferentes enfoques que guían la política pública, entre ellos: el de derechos, el diferencial, el poblacional de género; que permitan significar la familia desde una perspectiva de reconocimiento como sujeto colectivo de derechos, con el propósito de promover una visión articulada de la misma.

El fortalecimiento de las familias requiere la generación de procesos de formación y empoderamiento de las personas, familias y comunidades sujetos de derecho y sujetos de la atención integral (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). El Estado debe concurrir con medidas de protección adecuadas para garantizar y restablecer los derechos de las víctimas de la violencia intrafamiliar, y fortalecer las capacidades de las familias en la comunicación y resolución pacífica de conflictos, deben tener un empoderamiento y de esta manera tener una participación social activa que le permita acceder a sistemas de salud, educación, y vivienda, y que no se les vulneren sus derechos, lo que implica desarrollar las capacidades del talento humano encargado de la gestión de la política a nivel nacional y territorial, para lo cual se sugiere desarrollar procesos de capacitación, formación y asistencia técnica territorial, teniendo en cuenta el desarrollo de capacidades para la gestión integral de la política (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). No todos los planes de desarrollo municipal tienen el mismo desarrollo conceptual e interpretativo de la necesidad del trabajo articulado con las políticas públicas en familia, tanto del orden nacional, como departamental, lo cual se ve incide en su proceso de formulación, así como en el diseño de sus planes de acción.

La familia, desde lo fundamentado en la Constitución Política de Colombia, se proyecta como el eje central de las acciones institucionales del Estado para atender y apoyar sus diversos integrantes, para ello se requiere que en los planes de desarrollo municipal se logre incluir el componente de familia desde acciones en prevención como en atención con el propósito de fortalecer acciones para el acompañamiento familiar, así como activar las rutas de atención ante los casos que se requieran de todo tipo de violencias. Asimismo, la Constitución Política de Colombia proyecta a la familia como el eje central de las acciones institucionales del Estado para atender y apoyar sus diversos integrantes, para ello se requiere que en los planes de desarrollo municipal se logre incluir el componente de familia desde acciones en prevención como en atención con el propósito de fortalecer acciones para el acompañamiento familiar, así como activar las rutas de atención ante los casos que se requieran, incluyendo todo tipo de violencias, especialmente en tiempos de confinamiento, donde los factores de riesgo se vuelven grandes cómplices de esta problemática al interior de los hogares, tanto en el sector rural como en el área urbana del territorio boyacense.

Conclusiones

Aunque los planes de desarrollo municipal para el periodo 2020-2023 han avanzado de forma significativa en la comprensión y abordaje de la familia, como categoría de formulación e implementación de estos, se requieren continuar generando análisis reflexivos sobre su articulación con políticas públicas como la nacional y departamental de familia, así como con políticas transversales como la política pública de equidad de género y la política pública de salud mental, entre otras.

Los resultados de esta investigación permiten plantear la necesidad de estudiar y reflexionar sobre la articulación de la perspectiva de familia, en los planes de desarrollo municipal, así como poder proyectar nuevos estudios que sean de tipo comparativo y prospectivo, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en las familias y la prospectiva del diseño de las políticas dirigidas a su apoyo y fortalecimiento.

Se considera un propósito fundamental en el análisis de familia desde los planes de desarrollo municipal, generar un dialogo interinstitucional e intersectorial en torno a las condiciones de las familias, sus necesidades y problemáticas, con el interés de lograr la armonización entre las líneas de acción, el desarrollo de los principios y ejes temáticos de las políticas públicas en familia (nacional y departamental) en torno al ejercicio de los planes de desarrollo municipal.

Se encuentra que los cambios a nivel socio cultural, ético-político y moral generan grandes transformaciones en la comunidad, que inciden en las familias y que derivan a mediano y largo plazo en la falta de diálogo, comprensión y respeto por el otro, comunicación asertiva, uso de mecanismos de resolución de conflictos inadecuados (como el consumo de sustancias psicoactivas y el uso de la fuerza como único mecanismo de defensa), escaso control emocional especialmente de la ira, pautas de crianza negativas que, en otras palabras, se terminan traduciendo en violencia intrafamiliar, de género, incidiendo en gran medida la ejecución de la violencia física, psicológica y sexual a mujeres, niños, niñas y adolescentes, particularmente del área rural.

Del mismo modo, se requieren fortalecer escenarios de articulación y corresponsabilidad, tanto de las entidades territoriales, como de la comunidad en general, frente a la vulneración de las familias, donde se mantienen culturas hegemónicas que hacen que predomine la violencia simbólica y se vea reflejada en la falta de empatía y vulneración constante de derechos, teniendo como resultado una sociedad que normaliza la violencia y los malos tratos, trasmitiendo estas prácticas de generación en generación.

El análisis propuesto se constituye en un insumo para quienes toman decisiones en el campo de la gestión pública, y también para que quienes eligen a sus representantes puedan evidenciar si son representados sus intereses en el análisis de la familia como elemento de planeación pública.

Aunque la categoría familia es un aspecto que se aborda en el 100% de los planes de desarrollo revisados, de acuerdo al estudio realizado se observa la necesidad de identificar la incidencia e inclusión de las problemáticas familiares dentro de las políticas públicas, de una manera más específica en articulación con las categoría de derecho de familia y la Política pública nacional de apoyo y fortalecimiento familiar, en el marco de la política pública nacional y departamental.

Este análisis metodológico implica realizar ejercicios posteriores de revisión de los planes de desarrollo municipal y la forma en que se va incluyendo la categoría de familia, más allá de la mirada sobre a violencia intrafamiliar y promover escenarios de convivencia, resolución pacífica de conflictos, expresión de emociones y aprendizajes significativos, entre otros aspectos que hacen parte de la gestión y la planeación pública en el campo del acompañamiento familiar.

Por último, se invita a las entidades, a los profesionales y la comunidad en general hacia la reflexión frente a la articulación e integración en actividades que busquen fortalecer el papel de las familias y sus miembros como garantes de derechos, además de realizar una exhaustiva concientización hacia la alerta temprana de algún tipo de violencia identificada en su contexto, las rutas de atención y la eliminación de la estigmatización a las personas que sufren la violencia indistintamente de su género. Asimismo, aunar esfuerzos colectivos con el fin de garantizar programas productivos para las familias que se encuentran en situaciones de pobreza y desempleo, y generar espacios de escucha activa incluyendo la postura de los diferentes miembros de la familia con el fin de conocer las situaciones atravesadas desde sus diferentes aristas para así proponer estrategias efectivas y adecuadas, atendiendo holísticamente las necesidades de los sistemas familiares del territorio boyacense.

Referencias

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Notas

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