Introducción

La lucha social protagonizada por la sociedad civil representa un elemento significativo de la historia de la Argentina reciente. Desocupados cortando un puente urbano reclamando por trabajo y planes sociales. Cacerolazo y movilización contra el estado de sitio decretado por un gobierno ante una crisis de gobernabilidad. Huelgas por mejoras de salario y condiciones de trabajo. Ocupación de una fábrica por sus trabajadores con el objeto de ponerla a producir de forma autogestionaria. Corte de las principales rutas del país y escraches a políticos oficialistas por parte de los propietarios rurales contra el aumento a las retenciones a las exportaciones. Cacerolazo contra un gobierno por restricciones a la compra de divisas. Estas situaciones, representan entre otras muchas posibles, postales de las formas que asume este heterogéneo y activo campo de acción colectiva en un país que desde larga data se ha caracterizado por una rica historia de lucha y organización en sus clases populares.

Las personificaciones de las luchas son diversas. Obreros, capas medias, estudiantes, vecinos, ecologistas, pueblos originarios e incluso cámaras patronales, que entre otros muchos eligen este campo de acción como la forma del reclamo. A veces con un fuerte contenido político, en otras ocasiones este es desplazado parcialmente por otros contenidos económicos y corporativos¹. El campo de la lucha social también es heterogéneo en sus formas. En las últimas dos décadas, junto a sus formas clásicas como la movilización y la huelga, emergieron recreaciones con características innovadoras de distintas formas: cortes de vías de tránsito, cacerolazos, bloqueos, acampes, escraches, entre otras acciones, adquirieron un inusitado protagonismo (Auyero, 2002; Farinetti, 2000; Schuster et. al: 2006; Gómez, 2014). La difusión de algunos de estos formatos, como por ejemplo los cortes, junto a la debilidad institucional y cambios culturales de diverso tipo, promovieron una tendencia al desborde de los canales ins- titucionales dominantes de procesamiento del conflicto (Giarracca y Teubal, 2007; Anton et. al, 2011). Estos cambios también condujeron a algunos académicos y activistas a plantear el desplazamiento de los “viejos formatos” por los “nuevos”. Más allá de que dicho cambio nunca aconteció con la intensidad propuesta-incluso retomando vigor en el último período la actividad huelguística-, asistimos probablemente a una protesta social más heterogénea en sus formas y contenidos que en otros períodos de nuestra historia, en donde las formas extra-institucionales del reclamo mantienen una presencia significativa.

La profusa producción académica sobre la temática con diversidad de orientaciones teóricas y metodológicas abordó la dinámica de la protesta, así como las estructuras de movilización e indentitarias que la sustentan (Antón et. al., 2011; Auyero, 2002; Giarracca y Teubal, 2007; Schuster et. al, 2006; Svampa, 2008; Svampa y Pereyra, 2003; Maneiro, 2009; Pereyra, Pérez y Schuster, 2008; PIMSA, 2012). A diferencia de las aproximaciones dominantes en los estudios del conflicto social, nuestro trabajo desplaza el eje de análisis de los conflictos y las organizaciones al conjunto de la población. El enfoque del presente trabajo se centra en el análisis de los niveles de ex- periencia y la percepción social de las formas dominantes de la lucha social ¿Cuáles son los niveles de experiencia alcanzados por la población en los distintos formatos? Y más allá de su práctica, ¿cuáles son las percepciones en torno a los mismos? ¿Cuáles son sus niveles de legitimidad social? En el presente artículo avanzamos preliminar y descriptivamente en la respuesta a estos interrogantes teniendo como eje el análisis a partir de la estadística descriptiva de una encuesta representativa de la población mayor de 18 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que tuvo entre sus objetos de indagación la percepción social sobre las formas de la acción colectiva. La misma fue realizada por nuestro equipo de investigación en el mes de agosto del año 2012, en el marco del proyecto UBACyT “La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso”, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani y el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Economía Social en América Latina. Se trabajó con un diseño muestral polietápico, estratificado y probabilístico. La muestra es de 599 casos con un margen de error ±4%. El que la muestra se circunscriba a la población metropolitana hace que los resultados no sean generalizables al conjunto del país. No obstante, cabe resaltar que constituye una región de alta relevancia tanto por su peso demográfico como por su centralidad en los procesos políticos argentinos.

En el primer apartado presentamos una breve introducción conceptual a la problemática de las formas de lucha, en particular en torno a las dimensiones culturales involucradas en las modalidades de la protesta y lucha social de los sectores populares. En el segundo apartado presentamos, basándonos en la encuesta ya señalada, el análisis de la participación de la población en las principales formas de la protesta social y la percepción de las mismas en términos de legitimidad. En este análisis encontramos que la participación y en especial la legitimidad varían en función de los niveles de institucionalización de las modalidades. En el tercer apartado, a partir del estudio de dos modalidades de toma u ocupación–una vinculada a procesos autogestivos y otra con fines habitacionales- indagamos más detenidamente algunas claves de procesos exitosos de legitimación de formas de acción extra institucionales. Finalmente, compartimos unas breves reflexiones a modo de cierre.

Las formas de lucha

Como toda relación social, la relación de lucha nos refiere a una correspondencia de acciones o de configuraciones de acciones. Su especificidad estriba, como señaló Weber (1984), en que la acción de una de las partes va dirigida a obstaculizar o resistir la acción de la otra. Las modalidades de acción materializadas con este objeto nos refieren a las formas de lucha. Representan configuraciones de acciones mediante las cuales se instrumentaliza el enfrentamiento entre fuerzas sociales, cualquiera sea el carácter o nivel de desarrollo de éstas. Dependiendo de la sociedad, el tipo de conflicto, los protagonistas, entre otras dimensiones, estas formas de acción varían. Pero en la práctica estas siempre representan un número relativamente limitado frente a todas las formas que teóricamente podrían ser realizadas o empleadas ante situaciones semejantes. Incluso representan un número marcadamente limitado en comparación con las que efectivamente han sido instrumentalizadas en otros contextos histórico-sociales ante conflictos relativamente semejantes. Como señala Charles Tilly, “Cualquier actor colectivo emplea una gama mucho menor de performances colectivas que las que podría utilizar en un principio” (2000: 14).

Esta limitación práctica de los esquemas de acción efectivamente empleados nos indica la presencia de culturas de luchas. Los grupos sociales actúan con modelos de acción (Thompson, 1979) que conocen y valoran como posibilidades de respuesta frente a determinado tipo de agravio². Las culturas de lucha median las acciones en todo conflicto promoviendo que estas tiendan a asumir unas formas y no otras. De este modo limitan los horizontes de posibilidad de las mismas e incluso las transformaciones subsecuentes que pudieran ocurrir. Los esquemas de acción instalados en la cultura de un grupo constituyen la “caja de herramientas” con las cuales cuenta el mismo para materializar sus reclamos. Esta metáfora nos es útil para entender que todo grupo materializa la expresión en el campo de la lucha de sus intereses a partir de la acumulación instrumental de esquemas de acción -con distinto grado de elaboración- que posee previamente. Estos habilitan y potencian la acción colectiva. Nunca un actor es una tabla rasa ni su acción una expresión espasmódica de tensiones o intereses. No obstante, esta metáfora puede dar a equívocos que deben ser señala- dos. En primer lugar, se trata de representaciones de formas sociales y no de cosas, como tales aun cuando estén formateadas y esquematizadas en su representación, su uso depende siempre de la composición situacional -de la dinámica de coordinación, cooperación con unos y confrontación con otros- existiendo una gran cantidad de prácticas de cada forma. En segundo lugar, los grupos sociales, o al menos en la totalidad de los mismos, no existe una plena racionalidad y en tal sentido una especialización de las “herramientas” según situaciones. Implican más bien un saber práctico, un “saber hacer”, que puede incluso en casos límite estar naturalizado como lo único posible o lo que se “debe hacer”. Así algunas herramientas pueden presentar una sobrecarga de funciones atribuidas y tiendan a ser percibidas como un recurso para afrontar prácticamente cualquier situación. En esta dirección, como en ocasiones ocurre entre el artesano y sus herramientas, hay una relación emotiva-valorativa que excede lo meramente instrumental.

Otro concepto acuñado por Tilly (2000), anclado en el término de origen teatral, es el de repertorio, el cual nos permite articular el contenido cognitivo y práctico referente al uso limitado de los esquemas o performance de acción. Con el término repertorio de acción o confrontación este autor plantea a la práctica de la acción colectiva como combinación de libretos históricos e improvisación. Así, el repertorio nos habla de la existencia de culturas, abiertas y dinámicas, que influyen y son redefinidas por la práctica. En el caso específico de los trabajadores asalariados en la Argentina la huelga y la movilización han formado históricamente parte de su repertorio de confrontación.

Otras formas históricamente con menor presencia han incrementado su presencia (el corte por ejemplo) o ampliado las ocasiones de su uso (la toma de establecimientos productivos)³.

La noción de repertorio implica que las modalidades de acción tienen su dinámica de cambio social.

Estas surgen, por una parte, de la interacción en el marco de las relaciones de conflicto, donde los esquemas preexistentes son redefinidos por innovaciones, aprendizajes y adaptaciones. Los disconformes en el marco de la acción innovan, en especial cuando se generan situaciones novedosas, o como respuestas a limitaciones o imposiciones del adversario. En la medida que estas nuevas adaptaciones sean percibidas como exitosas serán incorporadas por el propio grupo y por otros a partir de un efecto imitación que promueve su difusión. En este caso, la acción original irá siendo objeto de un formateo social. La emergencia y difusión cultural de una forma de lucha es necesariamente seguida por un proceso de representación de ciertos atributos de la forma de acción y exclusión de otros que incide en los modos concretos en los cuales esta se practica⁴.

Otra fuente, en permanente interacción con la ya mencionada, son los cambios institucionales y estructurales que impactan en la relevancia o condiciones de posibilidad de las formas de lucha. Estas revisten necesariamente universos de posibilidad. Algunas por su misma constitución presuponen un universo específico de instrumentalización. La huelga laboral por ejemplo, requiere del desarrollo del trabajo asalariado, dado que sólo puede ser materializada por trabajadores empleados en esta condición. Pero incluso otras formas de acción más modulares –capaces de ser instrumentalizadas por composiciones sociales heterogéneas- implican requisitos para su materialización. Por ejemplo, la movilización o marcha tal como la conocemos hoy como elemento definitorio de los repertorios de los movimientos sociales presupone entre otros requisitos la existencia del monopolio de la violencia por parte del Estado y de ciertas garantías civiles y políticas (Tilly y Wood, 2010). Estos requisitos posibilitan que habitualmente éstas puedan desarrollarse pacíficamente sin derivar en ataques y enfrentamientos.

Las formas de lucha en origen pueden avanzar desbordando y vulnerando la institucionalidad dominante y los canales de procesamiento de la conflictividad. Cuando se difunden y convencionalizan tienden a su institucionalización. El orden social tiende a institucionalizar las formas de lucha que no puede eliminar frenando su carácter disruptivo, tornándolas previsibles, ordenando e incluso estableciendo sus condiciones y contenidos posibles. En sus etapas más primarias esto se produce a partir del establecimiento de reglas implícitas o informales que promueven la tolerancia y permisividad hacia una forma de lucha. En un nivel más pleno, esto supone el cambio jurídico-normativo. Se trata de procesos adaptativos, donde se configuran diferentes puntos de equilibración entre el proceso de acomodo de la institucionalidad dominante a la innovación protagonizada por los disconformes y la asimilación de la misma por dicha institucionalidad. Una ejemplificación histórica en este sentido, es la institucionalización de la huelga en Europa occidental del siglo XIX, producto de una alianza entre fracciones de la clase obrera y de la burguesía. De esta manera, a una fracción de los obreros se les legitimó un instrumento para su enfrentamiento económico pero a expensas de dejar excluidos de tal derecho a las fracciones más pauperizadas de los trabajadores. Por otra parte, si bien la legalización de las huelgas protegió el derecho de los trabajadores a reunirse, deliberar y abandonar el trabajo de manera colectiva; al mismo tiempo, en contrapartida, declaró ilegal un amplio rango de acciones que eran frecuentes entre estos, como por ejemplo, la coerción de los no huelguistas y el ataque a la casa de los empleadores (Tilly, 2000; Marín, 2007). Con sus particularidades, este proceso se extendió, posteriormente, a diferentes territorios, no estando exento de reversiones.

De este modo cada Estado regula la conflictividad habilitando y deshabilitando canales para su procesamiento y, subsidiariamente, prescribiendo ciertas formas de acción y proscribiendo otras. Este conjunto de formas de lucha proscriptas por el ordenamiento institucional dominante las hemos conceptualizado en otro trabajo como acción directa (Rebón y Pérez: 2012). Dicha proscripción adquiere carácter jurídico, es decir está sustentada en reglas codificadas formalmente, que poseen carácter imperativo y cuyo cumplimiento está asegurado en última instancia por el uso de la coacción externa a los individuos o, en otras palabras, por el uso del monopolio de la fuerza del Estado. A diferencia de las acciones institucionalizadas, a través de la acción directa los actores sociales procuran lograr sus objetivos sin la mediación de los canales institucionales dominantes del orden social para el procesamiento de sus demandas⁵. Estos son desbordados o vulnerados en el campo práctico. En toda acción directa su fuerza moral es un elemento central para inhibir procesos de carácter punitivo. En la medida en que la acción no alcance legitimidad social tenderá, con mayor facilidad, a ser criminalizada y tipificada por el orden social como un delito. En este sentido, el estudio de los procesos de construcción de legitimidad social es uno de los elementos significativos para entender las condiciones que promueven su uso.

Práctica y percepción de las formas de lucha

En este trabajo nos focalizamos en la indagación de las modalidades recurrentes de la acción colectiva y protesta social en la Argentina actual. Las principales formas en las cuales se expresa la protesta social como las movilizaciones, huelgas, cortes, cacerolazos, escraches y tomas, son indagadas en sus niveles de participación y legitimidad entre la población de la zona metropolitana. Se trata de formas con distintos niveles de modularidad, institucionalización y como después veremos, también distinta recurrencia y masividad en su uso.

Abordemos en primer lugar a la participación en general en el conjunto de estas formas de protesta. ¿Qué tan difundida es? ¿Es aleatoria su distribución en el conjunto social?

Sin desmerecer la importancia que tienen estas formas de lucha en la expresión del conflicto social y político en el país, un primer hecho significativo registrado por nuestra encuesta es que la participación en los reclamos colectivos y protesta social no es un atributo de la mayoría de la población adulta del área metropolitana del país. Alrededor de un tercio de la población (32%) admite haber participado al menos una vez en alguna de estas modalidades de reclamo⁶. No obstante, este valor no debe ser subestimado.

En primer lugar porque es probable la existencia de subregistro. El mismo entendemos está vinculado a lo que es considerado socialmente participar, probablemente participaciones secundarias o cuasi pasivas pueden ser soslayadas. También puede incidir la posible existencia de cierta reticencia a reconocer abiertamente dicha participación dado el carácter controversial que las mismas tienen o temores de tipo represivo anclados en otros momentos de la historia del país. Por otra parte, existen los problemas típicos de los registros retrospectivos, en tanto el instrumento indaga en el presente por acciones pasadas, estas pueden ser subestimadas en función del contexto personal y social actual. Lamentablemente, hoy no contamos con estudios que nos permitan ponderar este subregistro. En suma, como otros acercamientos investigativos al campo del conflicto, esta aproximación tampoco está exenta de limitaciones⁷.

En segundo lugar, el valor registrado no debe desmerecerse, porque estas formas pueden interpelar y expresar en determinados contextos a la mayor parte de la población aunque no participen activamente en las mismas. Al fin y al cabo, los grandes cambios sociales acaecidos en la historia, incluso los procesos revolucionarios, suelen ser resultado de la acción de minorías activas que procuran representar a las grandes mayorías.

La participación en la protesta está vinculada a procesos identitarios y de participación más amplios. Reviste un significativo anclaje en el involucramiento activo en el rico entramado organizativo de partidos políticos, sindicatos y organizaciones gremiales de distinto tipo que han caracterizado nuestra historia⁸. En concordancia con la amplia y diversa composición social de estos entramados asociativos, la composición social de la participación en las formas de la lucha es diversa. Sin embargo, su distribución no es azarosa teniendo diferentes intensidades según las posiciones en la estructura social y los clivajes políticos. Reseñemos sucintamente algunos de estos elementos.

En primer lugar, condiciona a la participación la pertenencia de clase del encuestado. A pesar de la significativa historia de lucha y organización de las clases trabaja- doras, entre aquellos que personifican sólo fuerza de trabajo la participación en las acciones y reclamos colectivos alcanza alrededor de un cuarto de la población. Por el contrario, esta proporción se eleva a algo más de la mitad entre las capas medias–aquellos que personifican en algún grado propiedad, autoridad o credenciales educativas-. En consonancia con otros estudios (Gómez, 2014; Rebón y Pérez, 2012) la extracción de clase más elevada, otorga mayores posibilidades de participación en la acción colectiva. La distribución en la estructura social condiciona los recursos para reclamar incluso allí donde se requiere de menos recursos institucionales como en el campo de la protesta social⁹.

Cuadro 1.

Participación en acción colectiva según posición en la estructura de clases de la población del AMBA (2012).

Encuesta¨Formas Económicas Alternativas¨, UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el porceso y CEDESAL.

En segundo lugar, la participación guarda correspondencia con el principal clivaje político organizador del período, la autoidentificación frente a la fuerza social en el gobierno del Estado nacional, la ubicación en la antinomia “kirchnerismo-antikirch-nerismo¹⁰. En esta línea, la base social del kirchnerismo, con su dinámica movilizante encuentra una mayor presencia de población participante (42%) que en el campo opositor (26%). También se registra una correlación con el clivaje izquierda-derecha. Entre los sectores autoidentificados en la izquierda y centro izquierda del espectro político, este valor alcanza a más de la mitad de la población (54%), restringiéndose a alrededor de un quinto de la misma (22%) entre quienes se posicionan en el centro y la derecha. Regístrese a pesar de estas correspondencias, que los niveles de participación aunque con un peso menor tienen un nivel significativo entre opositores y población identificada con posiciones de centro y de derecha. Esto guarda estrecha relación con las características heterogénea de las protestas en el período reciente.

Cuadro 2.

Participación en acción colectiva según autoidentificación en clivajes políticos de la población del AMBA (2012).

Encuesta ¨Formas Económicas Alternativas¨, UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.

Focalicémonos ahora en los usos específicos de las formas de acción que indagamos en nuestra encuesta: la movilización, la huelga o paro laboral, el corte de vías de tránsito, el cacerolazo, el escrache y la ocupación de edificios y espacios. Reseñemos brevemente algunos atributos asociados a los mismos.

La movilización refiere al desplazamiento de un conjunto de manifestantes por la vía pública. Representa la forma clásica de los repertorios de los movimientos sociales en la sociedad contemporánea (Tilly y Wood, 2010). Se caracteriza por su modularidad (heterogeneidad potencial de personificaciones y metas), y en el caso específico argentino, por su convencionalización (ritualización) e institucionalización. Dos formas vinculadas a esta modalidad pero con menor modularidad son el cacerolazo y el escrache. La primera consiste en blandir cacerolas, utensilios de cocina u otros elementos que emitan sonidos con el objeto de hacer sentir su disconformidad o malestar con una situación. Los cacerolazos han sido significativos en diversos sucesos, por ejemplo, fue la forma que dio inicio a la rebelión del 19 de diciembre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires que enmarcó la caída del gobierno de Fernando De la Rúa. Más recientemente, han sido herramientas frecuentes de la movilización opositora protagonizadas por las capas medias-altas de la población. (Gamallo, 2013) Por su parte, el escrache consiste en atacar simbólicamente a una persona o grupo con el objeto de marcar públicamente su responsabilidad o involucramiento en un hecho que se considera agraviante. De origen en el movimiento de derechos humanos de mediados de los años noventa, esta forma se ha generalizado a distintas situaciones. Puede variar de modalidades muy ritualizadas y simbólicas, a formas que no excluyan elementos de violencia y que representan como tal verdaderas formas de acción directa.

La huelga, la no cooperación en el ámbito laboral, es un elemento central y típico del repertorio del conflicto laboral, como tal posee poca modularidad. En Argentina presenta un alto grado de institucionalización, estando dicha forma inscripta en el derecho laboral¹¹.

El corte de vías de tránsito, la obstaculización de la circulación, es una forma de acción de significativa convencionalización en la Argentina actual. Si bien posee una larga historia en el país, alcanzó una fuerte difusión en la última década del siglo XX, asocia- da a movimientos de desocupados (“piqueteros”) en un contexto de alto desempleo. Hoy su empleo es heterogéneo, siendo un instrumento recurrente de distintos grupos en la materialización de sus reclamos. Su realización al interrumpir el flujo vehicular tiene un fuerte carácter disruptivo y de desborde institucional.

Finalmente, la ocupación de establecimientos laborales, de edificios públicos, de viviendas y de tierras representa una modalidad de acción de larga historia en el país pero de escasa institucionalización como forma de reclamo.

Ahora bien, ¿cuáles de estos esquemas de acción concitan mayor participación entre la población en la Argentina reciente?

Contextualicemos los niveles de participación, en el campo de la frecuencia relativa de las distintas formas en el conjunto de la protesta. Diversos registros de la forma de conflictividad que habitualmente se denomina protesta o lucha social elaborados con base en la prensa escrita nos permiten realizar una aproximación en este sentido. El relevamiento del Grupo de Estudios sobre la protesta y la Acción colectiva del Instituto de Investigaciones Gino Germani encuentra que en el período 2000-2007 las tres formas más implementadas en la protestas fueron las movilizaciones en el 42% de los casos, los cortes en el 21% y las huelgas en el 17% de los episodios. El Programa de Investigación sobre el movimiento de la sociedad Argentina (PIMSA) para el período 2000-2010 registra que la movilización es la principal forma de lo que denomina hechos de rebelión con el 46% de los episodios (incluye aquí también “escraches” y “cacerolazos”). Le siguen en orden de importancia los cortes con el 25%, las huelgas con el 11% y las ocupaciones con el 4% de los casos. Para el período de nuestra en- cuesta, segundo semestre de 2012, este mismo programa estima que más de la mitad de los hechos (52%) representaron manifestaciones en sus distintas variantes (con un importante componente de cacerolazos), seguidas a un nivel muy menor por los cortes de calles, rutas, accesos a ciudades y vías férreas (12%), las huelgas (8%) y las ocupaciones (6%).

Pasemos ahora de la descripción de las protestas, a las huellas o efectos de las protestas en el conjunto de la población. Cambiemos la unidad de análisis y evaluemos continuidades y rupturas. En líneas generales encontramos correspondencia entre las prácticas de las formas de acción recién presentadas en Argentina y los niveles de participación reconocidos por la población de la población adulta del Área metropolitana. En primer lugar, al igual que los distintos relevamientos se destaca la movilización como el esquema de acción con mayor nivel de participación. Un cuarto de la población reconoce haber participado alguna vez en esta modalidad de acción. En segundo lugar, encontramos la huelga con el 18% y en tercero los cortes de vías de circulación con algo menos del 8%. El que los cortes registren un menor nivel de participación que las huelgas –pese a la menor frecuencia registrada por estas en los distintos relevamientos- nos está indicando un número medio de participantes menor en esta modalidad de acción, junto al carácter más reciente de su generalización como acción colectiva. También en valores cercanos al 8% de la población encontramos la participación en los escraches y cacerolazos. Finalmente, encontramos las ocupaciones de los edificios y espacios como la forma con menor participación (algo menos del 4%).

Las distintas modalidades de reclamo no sólo poseen desiguales niveles de uso por la población. También son heterogéneas en cuanto a la legitimidad que esta le atribuye como forma de plantear los reclamos.

Con relación a la legitimidad atribuida a las distintas formas de acción –de acuerdo con su uso en la Argentina reciente-encontramos un gradiente que va desde las formas más generalizadas e institucionalizadas, como la movilización y la huelga, donde quienes acuerdan con su uso habitual superan levemente a quienes la rechazan, al extremo de las formas que expresan nítidos atributos que vulneran los canales institucionales de procesamiento de las demandas como el corte y la ocupación, donde sólo una pequeña minoría, entre el 17% y el 19% para cada caso, legitima su uso. En valores intermedios encontramos el cacerolazo (36%) y el escrache (35%).

Cuadro 3.

Participación y grado de acuerdo con su uso para distintas modalidades de acción colectiva entre la población del AMBA (2012).

Encuesta ¨Formas Económicas Alternativas¨, UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.

Destaquemos tres aristas salientes.

En primer lugar, la legitimidad de las formas de acción siempre excede amplia- mente su uso. Consistentemente con lo anteriormente señalado, en nuestra hipótesis, esto nos está indicando que la identificación en general con las protestas excede a quienes efectivamente participan.

En segundo lugar, las formas dominantes de la lucha social son siempre controversiales. La legitimidad de las formas de acción colectiva de la protesta en un país donde esta representa un elemento significativo de expresión y articulación de intereses nunca es plena, aun en sus formas más recurrentes e institucionalizadas como la movilización y la huelga esta apenas alcanza algo más de la mitad de la población. Finalmente, la marcada ilegitimidad de la acción extrainstitucional. El corte y la ocupación, las formas menos institucionalizadas en su uso actual, no sólo entran en tensión con la legalidad, también se encuentran en contradicción plenamente con la atribución de legitimidad por parte de la población. Menos de 2 de cada 10 encuestados están de acuerdo con su uso habitual. En este sentido, nos interrogamos:

¿Cómo se desarrollan estas formas de acción en un contexto de amplia ilegitimidad social? Esta pregunta es relevante por dos razones. Por una parte, la actitud hacia las formas es un elemento clave que hace a la predisposición a su uso. Un esquema de acción al que se le atribuye legitimidad, es de más probable uso ante una situación específica que aquel que se considera ilegítimo¹². Por otra parte y relacionado con este elemento, la legitimidad social como instrumento de protesta promueve la tolerancia social a su uso, dificultando que la misma sea reprimida, riesgo inmanente de la acción directa. ¿Puede aun cuando la forma en general es considerada en sí ilegítima, ser la acción específica legitimada? Si esto es así, ¿de dónde deviene dicha legitimidad? Con el objeto de avanzar en esta dirección, en el próximo apartado analizaremos como ejemplificación dos usos de la toma u ocupación presentes en el repertorio de acción de los trabajadores y sectores populares. La hipótesis propuesta señala que la legitimidad de cada caso depende de la capacidad de activación de valores morales con base en sus atributos singulares.

La toma. Condiciones para su legitimidad

La toma u ocupación como modalidad de acción colectiva implica el avance sobre un territorio que se encontraba bajo el control de un otro, alterando de este modo las relaciones de propiedad. Dado que desborda los mecanismos institucionales dominantes para el procesamiento de los conflictos, la toma se inscribe en el conjunto de acciones que caen bajo la categoría de acción directa, las cuales están vedadas por el ordenamiento social y son susceptibles de ser penalizadas (Rebón, 2007; Rebón y Pérez, 2012). Esta forma de acción se caracteriza por ser un esquema de lucha fuerte-mente disruptivo; la toma u ocupación genera incertidumbre y altera el orden social. Al mismo tiempo, se diferencia de otras formas de acción por su carácter modular. Si nos remitimos a la historia de esta forma de acción en nuestra sociedad, distintos espacios han sido objeto de ocupación: fábricas, tierras, viviendas, universidades, radios, escuelas, dependencias gubernamentales, entre otros; variando las personificaciones sociales que llevan adelante la acción y las metas perseguidas. Habitualmente, dicha forma está asociada como una respuesta frente agravios o situaciones de alta relevancia para sus protagonistas como la pérdida del empleo o la falta de vivienda.

Esta atribución no es la única significativa en esta dirección. Por ejemplo, en ocasiones estas formas pueden tener cierta atribución de efectividad. En una situación en la cual se perciba un agravio como muy intenso la atribución de efectividad promueve su uso por los disconformes aún a expensas de su falta de legitimidad. Por otra parte, corresponde destacar que entre la percepción de una forma y la disposición a su uso práctico median todo un conjunto de atributos sociales y personales. Por ejemplo, en un estudio sobre una serie ataques violentos protagonizados por usuarios de trenes hemos encontrado que pese a que la actitud hacia dichos episodios no mostraba diferencia por género, en la práctica ésta era muy significativa (Rebón y Pérez, 2012).

A pesar de su extensa historia social y su carácter modular, como ya señalamos, la toma es un formato cuya utilización y legitimidad es relativamente baja. En este sentido, resulta sugerente preguntarse: ¿Es posible que la utilización de este esquema de acción en ocasiones alcance altos grados de legitimidad social? ¿Y si esto es así cuáles son los elementos que colaboran para entender este proceso?

Corresponde señalar que la repuesta a esta pregunta no es trivial. En tanto la acción directa corre permanentemente el riesgo de la represión, una de las formas de obstaculizar los procesos punitivos resultantes es constituir una legitimación específica del conflicto. En esta dirección, en nuestra hipótesis esta posibilidad depende de su moralización. En este sentido, los protagonistas de la acción directa tienden a personalizar el hecho a expensas del carácter intrínsecamente impersonal de la normativa transgredida. Moralizar el acto de reclamo en cuestión, implica presentar las particularidades de la situación que justifican la violación de la norma legal. Con tal objeto los cuadros promotores y organizadores emplean diversas tácticas en el campo expresivo con la doble finalidad de movilizar al conjunto de la propia base social de la acción y lograr por parte de la opinión pública su comprensión en términos positivos. Las características personales de quienes protagonizan el acto, la historia de mal- tratos, la intensidad de las injusticias, las metas que se buscan satisfacer con la acción; suelen ser el conjunto de atributos que son presentados y comunicados como los que convierten a la lucha en singular. Esta singularización tiene mayor posibilidad de ser exitosa en tanto se vincule con valores morales de amplia difusión social que operen como nociones legitimantes (Thompson, 1979). De este modo, se promueve la posibilidad de reconocimiento moral por parte de terceros, pese a la transgresión que introduce en el orden social y la afectación que de este modo puede ocasionar a otras personas no directamente involucradas en el conflicto. En la medida en que la acción no alcance legitimidad, tenderá con mayor facilidad, a ser criminalizada y tipificada como un delito. Por lo tanto, su legitimidad dependerá de su capacidad para activar valores morales compartidos o complementarios entre los demandantes y terceros, o incluso hasta con el mismo adversario (Rebón y Pérez, 2012).

En este sentido, como ejercicio investigativo es sugerente pasar del análisis abstracto de las tomas, a una búsqueda de aproximación empírica a las formas que esta se desarrolla en la práctica. Con tal propósito vamos a plantear un ejercicio analítico con dos modalidades de significativo uso en la Argentina reciente. Por una parte, abordaremos el caso de las tomas de terreno que tienen como objeto el acceso a la vivienda por personas que carecen de ellas. Se trata de una forma de larga data en la historia de nuestro país, que refiere al acceso informal a la tierra y la vivienda. En ocasiones, se hace de un modo espontáneo e individual, en otras de un modo organizado y planificado, formando parte estas últimas de procesos de organización y lucha colectiva (Cravino, 2001). Esta modalidad representa una de las formas de acceso al hábitat urbano, donde la lógica de la necesidad conduce a la autoproducción del hábitat (Rodríguez et. al, 2007). Por la otra parte, nos centraremos en la ocupación de establecimientos productivos que tienen como objeto los denominados procesos de recuperación de empresas por sus trabajadores. Desde fines de la década del no- venta, y especialmente a partir de la inédita crisis general de 2001, las recuperaciones de empresas se desarrollaron en nuestro país, representando un proceso aún abierto en la actualidad. Asalariados de unidades productivas en crisis asumen de forma colectiva, organizados en cooperativas de trabajo, la responsabilidad de llevar adelante la producción. Frente a la vulneración de la relación salarial por parte del capital, los trabajadores en la defensa de su puesto laboral avanzan sobre la dirección de la producción. La toma ha sido la forma de acción colectiva emblemática de dichas experiencias. Ha cumplido un rol central como medio eficaz de apropiarse en los hechos del espacio de la fábrica para evitar su vaciamiento y reiniciar la producción de manera autogestionada (Fajn et. al, 2003; Rebón, 2007; Salgado, 2012). Comparemos a continuación la legitimidad social de estos dos usos de la ocupación.

Cuando indagamos sobre la legitimidad en términos de justicia de estas formas de acción encontramos una amplia variación¹³. Mientras en el caso de la toma de terrenos con el objeto de habitarlos predomina la representación de injusticia (65%), por el contrario en el caso de la toma de fábricas con fines productivos los valores cambian significativamente, el 84% considera justo este tipo de toma. Estas diferencias significativas nos muestran que la legitimidad no depende sólo de la modalidad de acción colectiva, sino que está determinada por el conjunto de atributos sociales en los cuales esta se enmarca. La legitimidad o no de un esquema de acción colectiva, no refiere a una característica intrínseca del instrumento sino de su singularidad: quiénes la usan, cuál es el objeto de su acción y su objetivo. De este modo, aun en una forma extrainstitucional de plantear y resolver reclamos colectivos y que es resistida en términos de legitimidad social, el tipo específico de singularización configura las condiciones de su legitimación. Exploremos brevemente los procesos de legitimación en cada una de estas formas.

Cuadro 4.

Percepción de toma en términos de justicia según modalidad entre la población del AMBA (2012)

Encuesta ¨Formas Económicas Alternativas¨, UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.

Analicemos en primer lugar el ejemplo referente a la ocupación de empresas. Como ya señalamos en contraposición a la valoración de la toma como forma de lucha genérica y la atinente al caso de apropiación con fines de vivienda, la ocupación de la unidad productiva con el fin de recuperar la empresa es considerada una forma legítima de acción. ¿Sobre qué elementos se funda dicha valoración positiva? La defensa de la fuente de trabajo es el criterio que convalida la acción directa (65%). Los trabajadores son acreedores de una solidaridad social que legitima alterar las relaciones de propiedad -si fuera necesario- para defender su fuente laboral. En menor medida, la falta de otra alternativa de elección y por ende de decisión moral, legitima la acción (20%). Como señalan los encuestados: lo hacen porque es la única alternativa que les queda. En este caso, el trabajo aparece como elemento implícito que funda la valoración, no siendo una opción posible perderlo. Otra respuesta convierte al trabajo en fuente de propiedad, es justa la ocupación o toma de la fábrica ya que “les pertenece porque es fruto de su propio trabajo”(15%). Así, el esfuerzo de los trabajadores y el trabajo adeudado, torna difusas las fronteras entre propiedad establecida y propiedad merecida, promoviendo la legitimidad de la toma del establecimiento.

Por el contrario, la minoría de los encuestados que no considera legítima esta forma de acción colectiva destaca, en su mayoría, la existencia de otras formas de reclamo. Frente a la percepción de ausencia de alternativas, emerge aquí la existencia de otros canales que podrían ser utilizados. En menor medida, el valor de la propiedad, en relación a la legitimidad que le confiere el marco legal, o enfatizado en sí mismo, son los elementos que se destacan.

Cuadro 5:

Razones de percepción en términos de justicia de la toma con el objeto de recuperación productiva de la población del AMBA (2012).

Encuesta ¨Formas Económicas Alternativas¨, UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.

En el caso la ocupación con fines habitacionales, el valor de la propiedad -aquello- que no lograba subsumir al trabajo en el caso de las empresas recuperadas-, aparece como el eje central que funda la percepción dominante. Para casi la mitad de los encuestados es ilegítima porque el terreno no es de su propiedad. En segundo lugar, con algo más de un cuarto de las respuestas encontramos el carácter jurídico de las relaciones de propiedad, (“viola la ley“). Finalmente, con un valor algo menor, encontramos la crítica desde la lógica del merecimiento, “las cosas hay que pagarlas”. Es el esfuerzo personal –elemento vinculado frecuentemente a la cultura del trabajo- la forma justa de acceder a esta clase de bienes.

En cambio, entre aquella minoría que justifica este tipo de ocupación es la lógica de la necesidad, lo significativo y urgente de la carencia, el principal elemento que permite configurar como justo el acto de la ocupación de terrenos. Para prácticamente la mitad de los encuestados no se trata de un merecimiento, de algo que es justo porque es la resultante de su propio trabajo o esfuerzo, sino de una necesidad que urge ser satisfecha. En segundo lugar, un tercio de los encuestados no le otorga carácter electivo al acto, la acción es planteada como la única alternativa para enfrentar la situación. Nótese, que esta respuesta adquiere mayor intensidad que en el caso de las empresas recuperadas. Este mayor peso de la desresponsabilización se debe en nuestro entender por la menor fuerza que tienen otras formas argumentativas positivas. Finalmente, con menor valor emerge la valoración del derecho a la vivienda (18%). Acá no es la mera necesidad o el merecimiento el punto argumentativo, se trata de una relación que debe ser garantizada a todos los ciudadanos independientemente de su situación o acción.

Cuadro 6.

Razones de percepción en términos de justicia de la toma con el objeto de habitar de la población del AMBA (2012).

Encuesta ¨Formas Económicas Alternativas¨, UBACyT La cultura de la recuperación de empresas. Representaciones y valoraciones de los trabajadores sobre el proceso y CEDESAL.

En suma, mientras la alteración del valor de la propiedad –elemento implícito en las tomas planteadas- es relativizado y subsumido por el valor del trabajo en el caso de la recuperación, este aflora como el núcleo ordenador de la ilegitimidad de la toma con objeto habitacional. La singularidad del uso de la toma en el caso de la recuperación de empresas, logra construir una fuerza moral a su favor que le otorga legitimidad aun cuando transgreda normas y valores dominantes en la sociedad argentina. En nuestra hipótesis, el proceso exitoso de singularización se basa en cuatro elementos.

En primer lugar, el valor social del trabajo como elemento legitimador de la acción. Como hemos señalado en otro artículo, el trabajo como bien social aglutina diversos valores, significados e ideas los cuales le imponen límites a su mercantilización, promoviendo el pasaje por parte de los trabajadores de la privación a la acción contenciosa. En nuestra hipótesis esto se produce porque las empresas recuperadas han logrado quedar signadas en el marco de un elemento clave de la configuración cultural argentina que hemos denominado –inspirados por Thompson (1979)- economía moral del trabajo. (Rebón, Kasparian, Hernández: en prensa). La economía moral del trabajo está en nuestra perspectiva definida por los modos concretos en que una forma histórica de trabajo es socialmente valorada, en articulación y oposición a otros valores. En nuestro país una forma específica de trabajo -asalariado a tiempo completo, estable y con beneficios sociales- es un elemento clave en términos identitarios. Representa tanto el modo legítimo de obtener medios de vida, como de brindar pertenencia y reconocimiento social, orientar la vida y proyectar el futuro. El orgullo por trabajar y por ser trabajador son dos expresiones de esta cultura (Danani y Grassi, 2009). Si bien durante la última década del siglo XX esta cultura entró en crisis, ha seguido operando bajo nuevas condiciones, en las cuales el continuar u obtener trabajo se independiza de la forma salarial (Rebón, Kasparian y Hernández: en prensa). La defensa de la fuente de trabajo adquiere la suficiente fuerza moral como para relativizar el valor de la propiedad privada frente al valor del trabajo. Esto no ocurre en el caso de la vivienda. A pesar de que el acceso a la vivienda, al igual que el trabajo, es un derecho constitucional, éste tiene un rol más relevante en el entramado institucional y cultural; precisamente se lo considera el medio legítimo para obtener una vivienda, entre otros bienes y necesidades. El trabajo con su cultura del esfuerzo y sacrificio es considerado socialmente la principal vía de integración social. Los trabajadores al ocupar para producir realizan este valor. Por eso en las respuestas anteriormente encontradas hallamos que el “trabajar” legitima la toma por recuperación, y el que las cosas“deben ser pagadas y no regaladas”estructura argumentativamente la ilegitimidad de la toma de terrenos.

En segundo lugar, el espacio afectado por la ocupación es la fábrica o empresa, es decir, un bien de carácter lucrativo y no generalizado. Es de carácter lucrativo, en tanto que persigue una ganancia y no simplemente una retribución a un esfuerzo. Es de carácter no generalizado, en tanto que sólo una ínfima minoría de la población es propietaria de establecimientos productivos. Además, la recuperación de empresas es un fenómeno acotado, esta característica favorece que ni siquiera se generalice el miedo a su expansión en el conjunto de los sectores empresarios. Por estas razones, no se propicia una identificación inmediata con la personificación afectada por la ocupación. Precisamente, a nivel simbólico, es más generalizado el temor a la pérdida de la fuente de trabajo que el ver afectado un bien lucrativo pasible de ser ocupado; esta última es una situación más ajena para la mayoría de la población. Por el contrario, en el caso de los terrenos estamos ante un espacio de posesión más generalizado y no necesariamente relacionado a la obtención de ganancias. Aquí, en nuestra hipótesis aumenta el temor en parte de los encuestados a ser afectados directa –pérdida de terreno o casa- o indirectamente –depreciación- en su propiedad personal.

En tercer lugar, otro elemento sobre el cual se funda la legitimidad es el carácter defensivo y restaurador de la meta perseguida por los trabajadores. Toda defensa pre- tende la preservación de una condición o relación previa. En el caso de las empresas recuperadas se busca mantener la condición de trabajador, representando el trabajo un derecho adquirido e institucionalizado. Precisamente, la búsqueda de la defensa de una relación legitimada socialmente es la que permite definir la situación como un “agravio”. La toma persigue un principio de restablecimiento o restauración de una situación. Por el contrario, la toma de terrenos tiene un carácter ofensivo, es decir, apunta a transformar las relaciones preexistentes, buscando obtener una condición que anteriormente no se poseía, implicando de este modo un desafío de otro tipo.

Finalmente, la legitimidad suscitada se sostiene en la no aleatoriedad o arbitrariedad de la acción. En el caso de la recuperación de empresas existe una vinculación entre el espacio que se ocupa, los actores que llevan a cabo la acción y la fuente del conflicto, que hace que la ocupación no sea considerada como arbitraria. Es decir, hay un principio de vinculación específica y causal entre el causante del agravio y el afectado por la acción. La fábrica tomada pertenece o pertenecía a quien es percibido como el responsable de la pérdida de la fuente laboral. Los agraviados no son un grupo genérico, no son los trabajadores en general, se trata del personal de la empresa específica que cierra o entra en crisis. Esto hace que el mecanismo de vinculación sea plenamente consistente. Dado que el trabajador afectado por la crisis empresarial aportó productivamente en dicho establecimiento, entablando un conjunto de relaciones de diverso tipo que preexisten al desarrollo del conflicto, la legitimidad se potencia. Incluso, habitualmente en los procesos de recuperación, este aporte productivo no ha sido remunerado en los términos establecidos por ley, existiendo deudas laborales, tales como salarios caídos o indemnizaciones. Por el contrario, generalmente en la toma de terrenos, no existe una relación previa entre el espacio que se ocupa y los actores que llevan a cabo la acción. De este modo, no se logra establecer un criterio de justicia que legitime la relación ya sea basado en la compensación de un agravio previo, o en un merecimiento en torno a un aporte o esfuerzo realizado previamente en torno al objeto.

En suma, la brecha en términos de percepción de justicia entre la generalizada ilegitimidad de un formato de acción -la ocupación-, y la alta legitimidad de una forma específica que la misma asume -la recuperación- se explica por el proceso exitoso de singularización. El mismo se logra a partir de la combinatoria del valor que la funda- menta, su objeto, el carácter de la meta que persigue y la no arbitrariedad de la acción. La toma u ocupación del establecimiento productivo en el caso de la recuperación de empresas funda su legitimidad en la moral del trabajo. Pero esto no implica que toda legitimación basada en dicha moral sea exitosa. En nuestra hipótesis, el proceso legitimador es posible porque se combina con el principio de no aleatoriedad y el de restauración de una situación definida en términos de derecho. De este modo, la singularización o moralización del proceso de recuperación de empresas, construida sobre las particularidades de la situación, justifica la violación de la propiedad privada, permitiendo activar valores morales entre los demandantes y terceros, dotando a la acción de amplia legitimidad social.

Comentarios finales

El ejercicio aquí presentado con base en la investigación por encuesta nos proporciona un panorama de los repertorios de confrontación presentes en la población. A diferencia de otras aproximaciones que tienen como unidad de análisis los conflictos, aquí abordamos los mismos a partir de la experiencia adquirida por la población aportando algunos elementos que entendemos colaboran en una comprensión integral de los eventos contenciosos. Nuestra aproximación a la población del Área Metropolitana nos permite destacar tres elementos.

En primer lugar, la participación en las formas de la protesta es reconocida por una porción significativa pero minoritaria de la población. A pesar de las innovaciones en la práctica de la protesta en las últimas décadas, la forma clásica de la protesta social, la movilización, y la de la protesta laboral, la huelga, son los esquemas que revisten mayor nivel de participación. En términos generales, la participación en los reclamos está ordenada según clivajes políticos y sociales, siendo mayor en sectores organiza- dos, de estratos medios y favorables a la fuerza en el gobierno y los sectores progresistas y de izquierda en general.

En segundo lugar, los esquemas de acción colectiva indagados son controversiales. Una parte significativa de la población rechaza el uso del conjunto de las formas de acción colectiva indagadas. No obstante, las legitimidades son diferenciales. Entre aquellas modalidades clásicas y más institucionalizadas las opiniones, favorables y contrarias, se encuentran divididas en magnitudes relativamente semejantes. Por el contrario, entre las formas menos institucionalizadas la crítica es lo dominante.

Finalmente, nuestro análisis de la toma en la recuperación de empresas por sus trabajadores, nos proporciona un abordaje que aporta en comprender los procesos constituyentes de la legitimidad de las formas extra institucionales y disruptivas. Es la singularización y moralización resultante, que retoma ciertos valores en articulación con elementos contextuales que viabilizan su expansión, lo que permite en el caso abordado tornar a la acción directa objeto de una alta legitimidad. No se trata de la forma de lucha en abstracto, sino de cómo ésta se instala en una lucha logrando activar nociones legitimantes de más amplio alcance. Indagar en futuras investigaciones con más detenimiento las condiciones constituyentes de la legitimidad, no debe ser sólo un objeto de curiosidad intelectual. Puede sin lugar a dudas representar un aporte que enriquezca las cajas de herramientas con las que contamos en los sectores populares y, sobre todo, perfeccionar la artesanía social de su uso.

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Notas