Resumen: En este artículo se abordará la censura digital en el país expresado a través de sus formas de autoritarismo digital y control estatal, aspectos que se han radicalizado con la pandemia, ya que la información oficial sobre cualquier elemento referido al COVID-19 no admite posibilidades de contrastar o debatir ante la opinión pública. La llamada cuarentena colectiva, implica no solo una medida para contener la pandemia, además ha sido un momento propicio para desmovilizar a la ciudadanía recluyéndola al ámbito privado. Los reportes que suelen hacerse para informar sobre la pandemia en el país, generan profundo escepticismo, se sospecha sobre la cifra de afectados, el número de pruebas realizadas y de fallecidos. Ha sido tal la opacidad informativa que ha caracterizado la política comunicacional del gobierno de Maduro (también de Chávez en su momento), que resulta complejo conocer cómo está afectando realmente la pandemia al país, no solo en términos sanitarios, sino en los ámbitos sociales y económicos. El Estado venezolano a través de sus prácticas autoritarias, ha centrado su actuación en la imposición de normativas jurídicas que se aplican discrecionalmente, lo cual ha devenido en acosos, bloqueos a portales web, detenciones arbitrarias, entre otras acciones gubernamentales que han atacado directamente el libre derecho a comunicarse y expresar opiniones a través de los diversos medios de comunicación y redes sociales digitales. Frente a este panorama sociocomunicacional pretendemos: 1.- Analizar las prácticas de control y autoritarismo digital gubernamental en las redes sociales digitales. 2.- Determinar las nuevas modalidades de censura que se imponen en el contexto de la pandemia. 3.- Explorar las iniciativas en seguridad digital de ONG para combatir la censura.
Palabras clave: Autoritarismo digital, vigilancia estatal, Censura, COVID-19, seguridad digital.
Abstract: This paper will address the digital censorship in the country expressed through its forms of digital authoritarianism and state control, aspects that have been radicalized with the pandemic, since the official information on any element related to COVID-19 does not admit the possibility of contrasting or debating before the public opinion. The so-called collective quarantine, not only implies a measure to contain the pandemic, but it has also been a propitious moment to demobilize the citizenry, confining them to the private sphere. The reports that are usually made to inform about the pandemic in the country, generate deep skepticism, suspicions about the number of people affected, the number of tests performed and the number of deaths. Such has been the informative opacity that has characterized the communicational policy of Maduro's government (also Chávez's at the time), that it is complex to know how the pandemic is really affecting the country, not only in terms of health, but also in the social and economic spheres. The Venezuelan State, through its authoritarian practices, has focused its actions on the imposition of legal regulations that are applied discretionally, which has resulted in harassment, blocking of web portals, arbitrary arrests, among other government actions that have directly attacked the free right to communicate and express opinions through the various media and digital social networks. To analyze the practices of governmental digital control and authoritarianism in digital social networks. Determine the new censorship modalities that are imposed in the context of the pandemic. To explore the digital security initiatives of NGOs to combat censorship.
Keywords: Digital authoritarianism, state surveillance, censorship, COVID-19, digital security.
I. A modo de introducción: El Control político gubernamental de Internet en Venezuela[1]
En un principio, el Estado sustentó su política pública en considerar el uso de Internet como eje directriz para el desarrollo de la nación y derecho fundamental en diversos ámbitos de la vida sociopolítica, pero con el devenir de los años nos encontramos con profundas fallas en la infraestructura de telecomunicaciones, deficiencias de conectividad, además del uso de restricciones en los accesos a Internet y las redes sociales digitales. La hegemonía comunicacional gubernamental ha permeado diversas estructuras del aparato comunicacional, imponiendo normativas jurídicas que se aplican discrecionalmente, lo cual ha devenido en prácticas de acosos, bloqueos a portales web, detenciones arbitrarias, entre otras acciones gubernamentales que han atacado directamente el libre derecho a comunicarse y expresar opiniones a través de los diversos medios de comunicación y redes sociales digitales.
Basándonos en el trabajo de Puyosa (2015) sobre el “Control político de internet en el contexto de un régimen híbrido Venezuela 2007-2015”, la autora establece que existe un cambio en las políticas públicas de Internet por parte del Gobierno. Dichos cambios se manifiestan en el viraje que se da a partir del año 2007, con el establecimiento de un modelo de control político, el cual se cimenta en la instauración de una hegemonía comunicacional. Este punto merece especial atención, ya que el control de las redes sociales digitales e Internet, se desprende de un plan de acción que se haya fundamentado en la forma cómo se aborda el sistema de comunicaciones en el país. Más específicamente, Puyosa establece que se gestan tres fases:
2001-2007 Democracia Delegativa e Internet Libre 2007-2013 Emergen los controles de segunda generación 2013-2015 El control de internet en un régimen híbrido con tendencias autocráticas Import table
La primera fase 2001-2007, Puyosa la sitúa cónsona con una democracia delegativa, cuyas políticas públicas para Internet fueron acordes con un país en vías de desarrollo. Ejemplo de ello, es la colaboración que se gestó entre el Consejo Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), con las redes académicas y el empresariado proveniente de CAVECOM-E, lo cual se tradujo en la modernización del marco legal del sector, a través de la Ley orgánica de Telecomunicaciones (2000). Resaltan la promoción de los Decreto 825 (acceso y uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo del país) y el Decreto 3390 (la implementación del Software Libre en la administración pública).
La segunda fase, que nos menciona Puyosa (2015) que comprenden el período: 2007-2013, empieza a observarse cambios en las políticas públicas de Internet, pasamos de un modelo de apertura que se había iniciado en el año 2000 a un modelo de mayor control político sobre las comunicaciones, el cual se evidencia con el Plan Nacional de Telecomunicaciones 2007-2011 (“Consolidar el sistema de comunicación nacional como instrumento para el fortalecimiento de la democracia protagónica revolucionaria” (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2007).
Puyosa indica que en este período de tiempo también asistimos al crackeo de cuentas de periodistas, activistas, analistas políticos y dirigentes de la llamada Unidad Democrática (Tipo de prácticas basadas en el uso de información publicada en-línea para hostigar o acusar legalmente a activistas políticos).
Con respecto a la tercera fase, cuyo período se inicia en el año 2014, Puyosa (2015) considera que persisten políticas de control de Internet, así como controles de segunda generación (restricción de la conectividad en ciertas regiones, bloqueo de aplicaciones móviles, ralentización de las conexiones, entre otras). En la red se observa que el disenso político, es ferozmente perseguido a través de acciones judiciales, lo cual ha llevado a la censura y autocensura de los contenidos. Se evidencia también la implementación de mecanismos de denegación de acceso de primera generación (filtrado, censura y bloqueo) por parte del Gobierno venezolano.
Las prácticas de filtrado y bloqueo (medidas de primera generación) se convirtieron en las primera políticas de control del Gobierno sobre Internet. Además de ello, la política del Gobierno para Internet incluye también el uso de bots con la finalidad de configurar la agenda de debate y posicionar temas de manera artificial.
Recordemos que la consolidación de un modelo comunicacional hegemónico por parte del Gobierno, se empieza a configurar desde el año 2002, emergiendo un “nuevo ecosistema comunicativo” (Bisbal, 2016ª, p.55). Entonces, la estrategia comunicacional del Gobierno de Chávez no solo se sustenta en la promulgación de leyes que llevan a la censura y autocensura, sino que también estamos en presencia de un Estado-comunicador, un Gobierno difusor de propaganda (Bisbal, 2010).
El escenario que se desarrolla en Venezuela durante los Gobiernos de Hugo Chávez se caracteriza por la imposición de una hegemonía comunicacional, la cual se justifica para dar viabilidad al modelo político iniciado por Chávez desde el año 1999. La política de Estado del Gobierno de Chávez se caracterizó por un aparato comunicacional profundamente autoritario articulado a la esfera política. Si nos remitimos al Gobierno de Nicolás Maduro, su política comunicacional no dista mucho del ex presidente Chávez, pues se conciben los medios como entes de control social e ideológico.
II. Censura pandémica: Ataques y bloqueo gubernamental
En Venezuela, hemos observado en los últimos años restricciones en el acceso a Internet, así como controles de primera generación (filtrado, censura y bloqueo); controles de segunda generación (restricción de la conectividad en ciertas regiones, bloqueo de aplicaciones móviles, ralentización de las conexiones) (Puyosa, 2015). Además en el año 2019, se observó sofisticados ataques de phishing como el realizado al portal web que organizaba la ayuda humanitaria coordinada por Juan Guaidó.
La censura y control del gobierno hacia Internet y las redes sociales, obedece a que estos se han constituido en un espacio en los cuales, los ciudadanos pueden expresar diversas perspectivas y ofrecer una mirada crítica a la gestión gubernamental. Ante ello, el gobierno ha usado diversas estrategias para controlar y minimizar la disidencia, la cual se extiende desde el uso de CONATEL para controles de índole administrativos sobre los medios, pasando por la desinversión del sector de telecomunicaciones, así como la promulgación de leyes que acentúa el control social y la estatización de la vida ciudadana.
Bajo este panorama, al remitimos a las cifras presentadas por Espacio Público en su informe: “Internet amurallado: acceso restringido en Venezuela” (2020), se evidencia los bloqueos y las restricciones en Internet impuestas desde el Estado y la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), lo cual impidió el acceso de los ciudadanos a las distintas plataformas digitales y medios de comunicación.
Espacio Público también señala que los bloqueos y ataques informáticos realizados en el país durante el año 2019 (112 violaciones) sufrieron un significativo incremento (133%) con respecto al año 2018 (48 violaciones). Básicamente estas restricciones se enfocaron en los medios de comunicación digitales, cuyos contenidos noticiosos informaban sobre las protestas contra Nicolás Maduro, lo cual ratifica que las restricciones impuestas por CANTV son de índole eminentemente políticas.
Un dato significativo, que resalta el informe de Espacio Público, es que los bloqueos a sitios web durante el año 2019 se hicieron a través de filtrado SIN[6] y TCP[7], dichos bloqueos en línea no habían sido usados en años previos. Estos ataques informáticos se dirigieron a los medios de comunicación y plataformas digitales. Evidenciando nuevamente como el Estado venezolano a través de CANTV y de otras empresas privadas, implementan nuevas modalidades de censura digital. Más allá de las exhortaciones realizadas por los organismos que velan por los derechos humanos, Venezuela se ha caracterizado por generar mayores restricciones en el libre acceso a la información y de contenidos a través de la web. “Para 2019, las instituciones del Estado fueron las responsables del 60% de los casos de violación a la libertad de expresión en Internet, seguidos por los atacantes informáticos, quienes acumulan el 17%” (Espacio Público, 2019).
Bajo esta lógica de censura gubernamental, todo el ecosistema mediático sufrió los estragos de la hegemonía comunicacional, desde las cadenas internacionales de televisión (CNN en español, NTN24), pasando por medios como La Patilla, El Pitazo y El Nacional, hasta el buscador de Google, Youtube, Instagram, Facebook, SoundCloud y Twitter, todos han sido objeto de restricciones ilegales y de bloqueos. Especialmente dichos bloqueos y restricciones son usados en situaciones coyunturales que implican eventos organizados por la oposición y sus seguidores (verbigracia movilizaciones de la oposición y alocuciones del Juan Guaidó como Presidente de la Asamblea Nacional).
Andrés Azpurua, quien es el Director de VeSinFiltro (proyecto que se encarga de monitorear Internet en el país) explicó cómo actúa la censura en el país a través de dos niveles: El primer nivel es a través de una censura permanente a los sitios web de noticias (bloqueo DNS), y el segundo nivel, es una censura que se da a través del bloqueo de una noticia en específico, por ejemplo los bloqueos a Youtube cuando Juan Guaidó transmitía en vivo (Entrevista a Andrés Azpurua, Schlenker, 2020).
La censura digital en el país ha sido objeto de denuncias y preocupaciones, al respecto el Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019), ofrece una visión sobre la situación de los derechos humanos en el país, alerta sobre los alcances de la hegemonía comunicacional impuesta por el gobierno, quien restringe a todo aquel medio de comunicación que comunique una realidad distinta a la considerada por la visión gubernamental.
Todo ello ha limitado no solo la libertad de expresión, sino también el acceso a los contenidos que provienen del ecosistema de medios digitales, aspectos que IPYS evidenció en su Reporte Anual: “Derechos Digitales. Desconexión y Censura (2019)”, dado que el Estado venezolano actúa como el principal actor que restringe, censura y amenaza la libertad de expresión, vulnerando con ello, los derechos digitales de los ciudadanos venezolanos.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezolana (IPYS) registró durante al año 2019, 188 casos de violaciones a los derechos digitales, una cifra mayor a la del año 2018 (69 incidencias). Además, durante el año 2019 surgieron nuevas modalidades de censura auspiciadas por el Estado a través de prácticas autoritarias que se extendieron al ámbito digital, quien utilizó sofisticados sistemas de bloqueo para restringir el acceso a Internet.
Entre estas restricciones nos encontramos con:
98 Restricciones de acceso
39 Ataques
38 Bloqueos
9 Restricciones a la expresión
3 Restricciones normativas
1 Limitación a la privacidad
IPYS. Sistema de monitoreo de libertad de expresión en la red (2019)
IPYS asevera que el año 2019 marca un hito significativo en el país, por la profundización de las fallas, ralentización de Internet y desconexión en las redes de telecomunicaciones en el país, restringiendo severamente el acceso de los periodistas y ciudadanos para consultar y difundir información a través de la red.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ejecutó alrededor de 150 acciones de censura y suspendió la señal a 10 televisoras extranjeras. Además también ordenó a los proveedores móviles privadas Movistar y Digitel realizar bloqueos a distintas portales web (IPYS, 2019).
En cuanto, a la prohibición selectiva, IPYS demostró usando la herramienta OONI Explorer y los casos de Netblocks los más de 1000 impedimentos de acceso a 139 plataformas digitales en el país durante los meses de enero a septiembre de 2019. Dichos impedimentos fueron ejecutados a través de proveedores privados y estatales, entre ellos: ABA de CANTV, Movistar, Digitel, Movilnet e Inter. Las prácticas de censura digital se dieron básicamente a través de estos tipos de bloqueos:
Bloqueo HTTP 487 interrupciones
Bloqueos DNS 356 casos
Bloqueos por IP 85 casos
IPYS (2019)
A propósito de estos bloqueos resulta significativo lo expresado en el Informe anual de Freedom House (2020) con respecto a la censura y los bloqueos por HTTP y SIN: “Los expertos han señalado que la censura se está volviendo cada vez más sofisticada y difícil de eludir, ya que evadir técnicas como como el HTTP y el SIN requiere el uso de redes privadas virtuales (VPN) o servicios de anonimización” (Freedom House, 2019).
Siguiendo con el tema de las restricciones, estas se concentraron en 49 medios de comunicación nacional y extranjero, quienes fueron censurados al menos 499 veces. Los portales con más restricciones fueron: NTN24, VIVOplay y El Pitazo.
En cuanto a los medios internacionales, resaltan el diario colombiano El Tiempo (30 bloqueos por DNS a través de CANTV, Digitel, Inter y Movistar); Portal web argentino Infobae (26 bloqueos por DNS y HTTP) y la página EVTV Miami (19 bloqueos por HTTP).
La extensión de la censura gubernamental llegó a varios organismos de derechos humanos como son: Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos Humanos (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Islámica de Derechos Humanos (IHRC). Como subraya IPYS, hasta los propios observatorios de monitoreo de Internet como Netblocks y Venezuela sin filtros, así como la aplicación Run OONI, también sufrieron bloqueos. Esto nos habla del profundo control que procura el gobierno sobre el ecosistema mediático, procurando censurar a través de las restricciones y bloqueos los diversos intentos para informar u obtener información por parte de los ciudadanos.
En cuanto a los proveedores de Internet causantes de estos bloqueos, es de resaltar que CANTV fue la responsable del 66% de las restricciones verificadas, el resto de las proveedoras responsables de la censura son:
Un aspecto significativo de este panorama de censura, es la figura de CONATEL, quien no solo se desempeñó como organismo “regulador”, sino también como instancia que ordenó a CANTV y a las empresas proveedoras de Internet privadas bloquear y restringir diversas plataformas digitales, tanto en su red fija como móvil.
Por último, ya en ese año, la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia” fue usada como mecanismo para controlar y censurar a los ciudadanos por supuestos crímenes de odio.
Durante el año 2020, se ha complejizado aún más el escenario de crisis social y política, en especial por la presencia del COVID-19, factor que ha sido usado políticamente por el Estado para ejercer autoritariamente el poder, amparado en el estado de excepción declarado, lo cual ha derivado en abusos y detenciones arbitrarias que limitan el ejercicio de la ciudadanía y la libertad de expresión. Dado el miedo y la incertidumbre que supone la presencia de una pandemia a nivel mundial, el control gubernamental ha radicalizado la censura y restringido los espacios independientes que pretendan informar sobre la pandemia, esto ha derivado en mayor incertidumbre y opacidad informativa.
Durante la pandemia, los episodios de censura gubernamental incluso afectaron al propio sitio web del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), quien fue bloqueado 54 veces bajo la modalidad HTTP, 11 por DNS y 4 por TCP/IP. Lo mismo ocurrió con la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien sufrió 13 bloqueos por HTTP, 5 por DNS y 2 por TCP/IP. Otro portal web afectado por los bloqueos fue coronavirusvenezuela.info, creado por la Asamblea Nacional y Juan Guaidó, este recibió bloqueos por HTTP en 48 mediciones, 8 por DNS y 3 por TCP/IP. (IPYS, 2020) Nuevamente, se constata el uso de bloqueos más sofisticados bajo las modalidades HTTP y TCP.
Según el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela en el año 2020, ocurrieron 77 violaciones a los derechos digitales, distribuidos de la siguiente forma:
Aunado a todos estos controles de la red por parte del Estado, el contexto de pandemia ha vulnerado aún más los derechos digitales de los venezolanos, desde el pasado 13 de marzo de 2020, cuando el gobierno declaró el estado de alarma nacional, su actuación frente a la crisis de la pandemia ha girado en torno al control militar del país, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzosas, impidiendo que los ciudadanos tengan libre acceso a diversas fuentes de información, contribuyendo así a una opacidad informativa que restringe severamente la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos humanos. La política comunicacional del Estado, se ha centrado en bloquear por distintos mecanismos cualquier matriz de opinión que difiera de la gubernamental, de ahí los sofisticados esfuerzos tecnológicos por controlar la red a través de bloqueos, campañas de desinformación a través de bots, entre otros.
En este primer trimestre del año 2021, la situación no ha cambiado, dado que se sigue recrudeciendo la violación de los derechos humanos los ataques gubernamentales se han centrado no solo en el área digital, sino continua imperando las detenciones arbitrarias de periodistas y las amenazas con el fin supremo de censurar cualquier intento de disidencia, violando flagrantemente los derechos humanos. En el ámbito digital, persisten los ataques y bloqueos a portales digitales de noticias como Efecto Cocuyo y El Pitazo, limitando la libertad de expresión. El 10 de enero de 2021, el medio de comunicación digital VPI TV anunció el cese de operaciones en Venezuela, luego que funcionarios del gobierno incautaran sus equipos y clausuraran sus estudios (8 de enero). Dicha medida ocurrió a pocos días de la instalación de la nueva Asamblea Nacional, además recordemos que este medio cubrió las noticias relacionadas con Juan Guaidó. Conatel, desde enero del año 2019, había exigido a los medios de comunicación que no difundieran noticias relacionadas con Guaidó bajo la figura de “presidente interino”. Bajo esta perspectiva, se persigue el control social de los ciudadanos y de los medios de comunicación con sus correspondientes plataformas digitales, ya que la opinión pública debe formarse no de forma autónoma, sino a través de la intervención estatal.
III. La Seguridad digital frente a la Censura
Existen una serie de factores vitales que son necesarios abordar antes de afrontar el tema de seguridad digital, en especial lo referido a los niveles de penetración, acceso a Internet, velocidad de conexión, acceso a equipos, entre otros, además de la falta de inversión necesaria en el sector de telecomunicaciones. Todo ello, forma parte también de los derechos digitales que el Estado debería garantizar, pero que por razones más de índole político-ideológico tiene como fin controlar el flujo de contenidos en Internet.
Ante la censura gubernamental, distintas ONG en el país como: Espacio Público, Redes Ayuda, Venezuela sin filtro, entre otras, realizan talleres formativos para que los ciudadanos adquieran ciertas competencias tecnológicas (utilización de VPN o claves) para resguardar sus datos y evadir la censura. Además usan la tecnología para la defensa de los Derechos Humanos, capacitando a activistas y organizaciones en seguridad digital y cómo usar las redes sociales digitales.
Existen campañas informativas para que las organizaciones y los ciudadanos en general, aprendan cómo proteger sus cuentas y evitar ataques DDoS. A pesar de estas campañas y talleres, más allá de los ciudadanos interesados o de las organizaciones que mejoran sus sistemas de seguridad digital, la gran mayoría de la población venezolana no posee estas competencias tecnológicas, ni las habilidades y conocimientos para sortear los controles y bloqueos. Si bien, existen sectores sociales que pueden contratar servicios de Internet de alta velocidad, además de la adquisición de equipos tecnológicos, no es la realidad de la mayoría de los venezolanos. Además en los últimos dos años, el gobierno ha realizado bloqueos más sofisticados de contenidos bajo la modalidad de filtrado de SNI en coyunturas políticas específicas y ataques de suplantación de identidad (phishing), todo ello supone que los ciudadanos deben conocer y adoptar medidas de seguridad para proteger sus datos y privacidad.
De ahí que sea fundamental que los ciudadanos adquieran no solo competencias tecnológicas, sino también consciencia sobre las implicaciones de la tecnología y sus usos políticos, en especial cuando es el propio Estado quien restringe y bloquea las plataformas de comunicación digital, con el fin de controlar y censurar la libertad de expresión. De forma que, el propio Estado venezolano se constituye en el único actor que estructura la esfera pública y delimita las comunicaciones.
Ante la gravedad de la situación, se deben adquirir competencias tecnológicas para evadir los bloqueos, pero también se debe actuar reportando y denunciando las restricciones en instancias nacionales e internacionales, con el fin de evidenciar las prácticas autoritarias que violan los derechos digitales de los ciudadanos venezolanos. Aunado a ello, está el tema de la privacidad y el uso por parte del Estado venezolano de los datos personales de sus ciudadanos.
Al no existir una ley sobre protección de datos personales, el ciudadano común se halla sometido a sofisticados sistemas de control que provienen no solo de las empresas privadas, sino también del propio gobierno venezolano. Un ejemplo pertinente de ello, es el Carnet de la Patria, a través del cual, el gobierno ha procurado que todo el devenir de la vida de los ciudadanos discurra a través del uso de dicho carnet. Además para obtener el carnet debes brindar información personal sobre los diferentes ámbitos de la vida privada. Lo cual, implica que el gobierno posee una amplia red de datos de sus ciudadanos, sin que los mismos puedan conocer cuáles serán los usos que se le otorgarán a dichos datos confidenciales. Es necesario que exista una mayor transparencia en el uso de los datos personales, pero también de los datos públicos. Los ciudadanos se hallan en un estado de indefensión, al no conocer los alcances que puede tener el manejo discrecional de la información que proveen a las empresas privadas y al propio Estado.
En Venezuela, las políticas de control político de las comunicaciones online y offline, han tenido una orientación político-ideológica dirigida a subvertir y restringir los derechos a la libertad de expresión y de opinión, limitando el ejercicio de la ciudadanía y la participación. Ante ello, el camino es la denuncia y el activismo para organizarse y movilizarse, a pesar de los riesgos que supone enfrentar un Estado autoritario.
Referencias bibliográficas
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Notas
