Investigación

Origen y desarrollo de la ciudad de La Paz, Baja California, a través de los bandos de Policía y Buen Gobierno de 1833, 1871 y 1894

Origin and development of the city of La Paz, Baja California, through the Police and Good Government edicts of 1833, 1871 and 1894

González Cruz, Edith

Edith González Cruz

edith@uabcs.mx

Universidad Autónoma de Baja California Sur México

DECUMANUS. REVISTA INTERDISCIPLINARIA SOBRE ESTUDIOS URBANOS.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México

ISSN: 2448-900X

ISSN-e: 2448-900X

Periodicidad: Semestral

vol. 15, núm. 15, 2025

decumanus@uacj.mx

Recepción: 24 marzo 2025

Publicación: 31 octubre 2025

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/651/65154116515411001/

DOI: https://doi.org/10.20983/decumanus.2025.2.1

License Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: El presente trabajo analiza el origen y desarrollo de la ciudad de La Paz, Baja California, a través de los bandos de Policía y Buen Gobierno de 1833, 1871 y 1894. Retomamos la idea de Samudio (2009), quien considera que los bandos de buen gobierno son instrumentos jurídicos para el ordenamiento del espacio urbano en los ámbitos público y privado, que revelan aspectos de la relación entre la élite gobernante local y los diversos grupos sociales. Aunque los bandos aparecieron en la América Hispánica desde el siglo XVI, su utilización, tanto por las autoridades virreinales como por los gobiernos municipales, se acentuó a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Durante ese mismo periodo, el concepto de policía —según lo plantea Hernández (2005, pp. 12-18)— dejó de vincularse exclusivamente con el conjunto de prácticas y disposiciones administrativas mediante las cuales el gobierno regulaba la vida urbana y la convivencia social. Comenzó, en cambio, a alinearse con los principios del pensamiento ilustrado, que introdujo en el ámbito urbano nociones como comodidad, funcionalidad, utilidad, orden, seguridad y limpieza, concebidas como condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de la ciudad.

Palabras clave: ciudad de La Paz, bandos de buen gobierno, policía.

Abstract: This paper examines the origins and historical development of the city of La Paz, Baja California, through the edicts of Police and Good Government issued in 1833, 1871, and 1894. Building on Samudio’s interpretation (2009), this study regards edicts of good governance as juridical mechanisms that structure urban space in its public and private dimensions, revealing the underlying power relations between the local elite and various social constituencies. Although bands were present in Hispanic America as early as the 16th century, their institutional use by viceregal and municipal authorities saw a marked expansion during the second half of the 18th century. During this same period, the concept of police —as articulated by Hernández (2005, pp. 12-18)— moved beyond its traditional association with administrative practices and governmental regulations aimed at managing urban life and social order. It began to reflect the influence of Enlightenment thought, which introduced into the urban discourse ideals such as comfort, functionality, utility, order, safety and cleanliness, all envisioned as essential conditions for the city’s proper development.

Keywords: La Paz city, edicts of good governance, police.

Introducción

En las páginas que siguen se examinan el origen y desarrollo de la ciudad de La Paz, Baja California, a través de los bandos de Policía y Buen Gobierno de 1833, 1871 y 1894. Si bien algunos estudiosos se han ocupado de dicha ciudad, su interés se ha centrado en cuestiones demográficas, económicas y culturales, así como en empezar a perfilar su traza urbana (Valadés, 1963; Trejo, 1999; González, Rivas y Altable, 2016). Nuestro objetivo es seguir abonando a la historia de la ciudad de La Paz, a partir de la lectura de los bandos de Policía y Buen Gobierno, instrumentos jurídicos que la autoridad municipal fue ajustando a la realidad de dicho asentamiento.

No es mi interés abundar en el origen del concepto de bando de buen gobierno; sin embargo, cabe apuntar que ese instrumento jurídico apareció en la América Hispánica desde el siglo XVI, aunque su utilización se generalizó a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en el contexto del pensamiento ilustrado que pregonaba ideales de racionalidad, orden y progreso, que comenzaron a expresarse en el espacio urbano mediante los bandos que sustentaban el actuar del gobierno municipal, al disponer “un orden en las actividades individuales, en la economía, los mercados, los víveres, el comercio, la salud, el abasto, etc.;” además de regular “las conductas y sancionar su observancia o infracción” (Hernández, 2005, p. 15).

Como muestra de algunos estudios al respecto, se tienen los de Samudio (2009), para Mérida, Venezuela, correspondiente a las postrimerías del periodo colonial; Ribera (2012), sobre la ciudad de Orizaba, referentes a 1833 y 1864; y Contreras y Domínguez (2009), concerniente al estado de Chiapas, relativo a 1880. La ciudad de La Paz no fue la excepción, pues ahí hay evidencia de tres instrumentos, 1833, 1871 y 1894, cuya hechura no se apartó de los postulados ilustrados, a pesar de ser una ciudad lejana e incomunicada del centro del país. Cabe preguntarnos: ¿Cómo logró el gobierno municipal hacer suyos esos postulados? Presumimos que ello respondió al estatus de territorio que obtuvo la Baja California con la Constitución de 1824, la cual dispuso que una de las facultades del Congreso General era dotar a los territorios de una normatividad para la organización interna de su gobierno; como ello no sucedió, los bajacalifornianos recurrieron al sustento jurídico que conocían hasta entonces, que era la Constitución de Cádiz y algunos decretos que provenían de ella, especialmente el referente a la “Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias”, de fecha 23 de junio de 1813 (Landavazo, 1997). Ahí se asentaba que los ayuntamientos tendrían a su cargo “la policía de salubridad y comodidad”, además de “auxiliar al alcalde en todo lo que pertenezca a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservación del orden público” (Tena, 2008, p. 96); dicho en otras palabras, el ayuntamiento ejercía funciones de policía.

Precisamente para beneficio de este trabajo, nos apoyaremos del concepto de policía que esgrimen tanto Hernández como Samudio. La primera apunta que, para la segunda mitad del siglo XIX, existían dos significados del concepto de policía: uno, que respondía al gobierno interno de la ciudad; y el otro, que se centraba en la prevención de los delitos para mantener la tranquilidad y seguridad del gobierno y de los habitantes; con la observación de que ambos “identificaban a un individuo que portaba uniforme, armas y se desplazaba a pie o a caballo” (2005, p. 33). Por su parte, Samudio (2009) percibe que la policía respondía a la vida citadina, que estaba íntimamente vinculada a vivir en orden y responsabilidad en relación con un buen gobierno.

Es en este marco que orientamos el presente trabajo, cuya luz permitirá al lector observar que el desarrollo de la ciudad de La Paz sucedió imbricado con una normatividad que fue adecuándose en el tiempo para ir en sintonía con la nueva realidad que iba adquiriendo el espacio en cuestión. En cuanto a la organización del trabajo, este se integra de tres apartados que dan cuenta del ordenamiento de la ciudad de La Paz con base en los bandos de Policía y Buen Gobierno que cobraron vigencia durante el siglo XIX.

La Paz, de la mano del Bando de Policía y Buen Gobierno de 1833

Si bien fue en los años veinte del siglo XIX cuando empezó el poblamiento definitivo de la ciudad de La Paz, hay noticias que refieren que su inicio fue primero como fondeadero, por disposición de una cédula real de fecha 22 de octubre de 1803 (Altable, 2013). A pesar de ese carácter, se prohibió el asentamiento en sus inmediaciones (Valadés, 1963), lo que provocó constantes quejas de los navegantes que arribaban a ese puerto por no encontrar ningún auxilio para abastecerse de provisiones. Circunstancia que llevó al jefe político, José Manuel Ruiz, en 1823, a disponer su poblamiento, que fue asentándose en la ribera de la bahía de La Paz (Valadés, 1963; Archivo Histórico Pablo L. Martínez [AHPLM], vol. 15, doc. 177, exp. s/n). Así comenzó la fundación de esa ciudad, cuyo emplazamiento la ponía en contacto con las costas de Sinaloa y Jalisco, con el centro minero de San Antonio y con los ricos placeres perleros que guardaba su bahía (Valadés, 1963; Trejo, 1999).

Un asentamiento que se originó de golpe y porrazo, es decir, sin acta y plano alguno, lo que dio paso a una traza irregular, “comprendida dentro del perímetro que abarcan las calles de Lerdo, al sur, y la Central, al norte, extendiéndose a lo largo del cauce del arroyo que divide a la ciudad, hasta la intersección de las calles Quinta y Central” (Valadés, 1963, pp. 118-119), como se resalta en la figura 1, que contrasta con el dibujo regular que se diseñó tiempo después, a lo que me referiré en páginas más adelante.

Figura 1.
Plano de la ciudad de La Paz de 1886

Fuente: AHPLM (vol. 201, doc. 281).

Entre sus primeros pobladores estuvieron Antonio Belloc, de origen francés; Manuel Amao, peruano; Luz Cota, Miguel Molina, Antonio Ruffo y Tomás Fernández, todos ellos de origen español; Juan Gómez y Francisco Sosa y Silva, portugueses; Antonio Navarro, Manuel y Tirso Hidalgo, de Nayarit; y Juan José Encinas, de Sonora (Trejo, 1999). Con la característica de que todos venían desempeñándose en el comercio de cabotaje, de ahí que La Paz naciera como un centro comercial, que de unos cuantos vecinos existentes en 1823, para 1829 vivían ahí cerca de cuatrocientos, cuya importancia llevó a que, en 1828, su puerto fuera habilitado para el comercio de cabotaje y altura, y que en 1830 se estableciera una aduana marítima. En este mismo año sucedieron dos cambios importantes que favorecieron su desarrollo: uno, la conversión en capital del territorio como consecuencia del desastre natural que vivió Loreto, hasta entonces asiento del poder político territorial; el otro, fue su estatus de municipalidad a partir de 1831. El primer ayuntamiento que entró en funciones en enero de ese año, conformado por un alcalde constitucional, un regidor y un síndico procurador, quedó en poder de los comerciantes Miguel Molina, Felipe Sepúlveda y Juan Peña (Valadés, 1963; AHPLM, vol. 24, doc. 3093).

Un escenario que, por su condición de puerto y capital del Territorio de la Baja California, le permitió ir adquiriendo tempranamente un rostro urbano, si nos atenemos a las tres características que define Weber (1987): existencia de una actividad mercantil, una función político-administrativa y una organización social relativamente diferenciada. En efecto, en 1837, en La Paz había establecidos ya 16 comerciantes, convirtiéndola en un “punto de conexión con San Antonio, Loreto-isla del Carmen, Guaymas, Mazatlán y San Blas” (ver figura 2); existía un poder público que se expresaba en la disposición de normas para regular las relaciones entre los vecinos y entre estos y la autoridad; una organización social que principiaba a diferenciarse, como se da cuenta en el Bando de Policía y Buen gobierno de 1833, en el que se refiere sobre la existencia de personas sin oficio, catalogadas como vagas (Trejo, 1999, p. 123; AHPLM, vol. 27, doc. 3955).

Figura 2.
Ubicación de puntos geográficos

Fuente: elaborado por Pedro Álvarez García.

En cuanto a su estructura urbana, en el acta de cabildo del 10 de noviembre de 1835 quedó asentado que la demarcación municipal quedaba integrada por una sola sección dividida en seis manzanas, de las cuales tres correspondían a la ciudad, el resto a la periferia rural. Por lo que toca a las vialidades, para ese tiempo llegaban a cinco: La Playa, Comercio, Teso, La Breva y Portugal (Valadés, 1963). Respecto a las construcciones, la mayor parte era de adobe y techo de palma, cuyo valor no alcazaba los quinientos pesos; precariedad que es presumible respondiera a la inseguridad en la tenencia de los solares, pues fue hasta 1854 en que se expidió un reglamento que comenzó a dar orden a esas posesiones. Sin pasar por alto la falta de una arquitectura pública que albergara las oficinas de gobierno y la escuela, en su lugar se recurrió a la renta de casas; ausentes estaban también los servicios públicos para ese tiempo; no así las actividades recreativas, que pronto aparecieron, entre ellas las fiestas de navidad, la celebración de la Independencia, las carreras de caballos y el billar (AHPLM, vols. 27 3/3, 32, 33 bis, docs. 4316, 6095 y 290).

En este contexto aparece el primer Bando de Policía y Buen Gobierno, que se hizo público en enero de 1833, a escasos dos años de instalarse el primer ayuntamiento. Por el exordio que lo encabeza, se infiere que hay ya manifestaciones de inquietud social (AHPLM, vol. 27, doc. 3955):

Estando a cargo de los ayuntamientos (…) la policía de salubridad, comodidad, seguridad y ornato de los pueblos, luego de que se instaló el de este puerto tomó en consideración el estado notable de abandono en que se hayan unos objetos que tanto interesan a la salud pública, decencia y decoro del pueblo, la comodidad y seguridad del vecindario, y conociendo que el mal procede no menos del olvido de las oportunas providencias (…), que de la bondad o disciplina de imponerse a los infractores las multas y penas establecidas (…); que nadie puede alterar el orden, violar las propiedades, ni atacar la seguridad personal sin que recienta como consecuencia de sus hechos las penas a las que se hace acreedor (…)

Así comenzó el Ayuntamiento a ejercer su función ordenadora con el objetivo de alcanzar el bienestar, la comodidad y la seguridad de los habitantes. A ello respondió ese instrumento jurídico aprobado en 1833, cuyo contenido refleja que su principal preocupación se centró en garantizar la seguridad y el orden públicos del vecindario. En este sentido, se incluyeron providencias dirigidas a la vigilancia de hábitos, costumbres y horarios para los sectores más desprotegidos de la población. Asimismo, sobresalían aquellas medidas que prohibían la portación de armas de todo tipo; de juegos de envite, suerte y azar por inducir a la ociosidad y provocar riñas y robos; la embriaguez y vagancia en hombres y mujeres, por ser generadores de violencia y molestia a los transeúntes con lenguaje obsceno; los vítores o gallos por las noches que alteraban el sosiego de los vecinos; las carreras de caballos por el centro de la población que ponían en peligro a los que transitaban por ese lugar; sin descartar la quema de cohetes voladores por el riesgo de que las casas se incendiaran.

Precisamente la quema de cohetes voladores y los gallos de hombres ebrios en las calles eran algunas de las principales preocupaciones del gobierno municipal, como lo dejó ver en la convocatoria que hizo para celebrar la primera fiesta de la Independencia Nacional. Lo primero, como prevención, porque la mayoría de los techos de las casas era de palma; lo segundo, como garantes de la seguridad y tranquilidad públicas en un espacio donde comenzaban a aflorar los contrastes sociales, pues temían la perturbación del orden en perjuicio de aquellos vecinos cuyos intereses económicos comenzaban a arraigarse y quienes eran los principales sostenedores de los fondos municipales (AHPLM, vol. 27 3/3, doc. 4316).

La imagen y ornato fue otro tema que se observa en el mencionado bando, con el propósito de inculcar nuevas costumbres, por lo que se contemplaron providencias para la basura, los despojos de animales y el aseo del frente y costado de las casas y fondas, medidas que tendían también al mantenimiento de la salud pública. Sin embargo, no existía un servicio público de limpia, ni dispuesto un basurero y un rastro, lo que no abonaba en favor de un espacio saludable.

El buen gobierno de la ciudad implicó también la observancia de la moral y la insistencia en las buenas costumbres, de ahí que se penara todo aquello que iba en contra del pudor y la decencia, como se estipulaba en el artículo 12:

Siendo tan indecente como vergonzoso el desorden de los individuos de ambos sexos de ensuciarse en las calles, plazuelas y parajes públicos, se prohíben tan escandalosos hechos y serán aprendidos en el acto (…), haciendo responsable a los padres de familia (…) para que tengan especial cuidado de que los niños y niñas no salgan a ensuciarse a la calle, procurando que conciban el debido horror a una acción tan contraria al pudor y recato que conviene infundirles en la tierna edad (AHPLM, vol. 27, doc. 3955).

Ese comportamiento iba más allá de la población infantil, pues es presumible que no en todos los domicilios había comunes para satisfacer esas necesidades, como se infiere del propio bando, donde no aparece ninguna prevención que aluda a ese respecto.

La no observancia de dicho bando implicaba sanciones económicas que iban de doce reales a veinticinco pesos o pago con trabajo en obras públicas de 15 a 90 días; no obstante, la autoridad cerraba este instrumento jurídico confiando en la sensibilidad de los vecinos hacia la adquisición de nuevas conductas para su vida cotidiana, que evitara la imposición de las multas: “siendo todas las providencias asentadas tan interesantes al público, se espera que todos contribuyan a su observancia sin dar lugar a que las autoridades, encargadas de objeto tan saludable, se vean en la desagradable precisión de imponer las penas designadas” (AHPLM, vol. 27, doc. 3955).

Si bien este bando sirvió de custodia en la marcha del proceso de urbanización de La Paz, esta no dejó de tener problemas en su camino, como fue el cierre, entre 1837 y 1854, del puerto al comercio de altura, que la hizo depender de las casas importadoras de Mazatlán y Guaymas; así como la invasión norteamericana de 1846-1848, que interrumpió el comercio con aquellos puertos, además de provocar un decrecimiento de la población, al partir varios vecinos con los invasores, a quienes habían mostrado su apoyo (Trejo, 1999, 2003).

Tras esta situación vendría el resurgimiento de la actividad minera en la municipalidad de San Antonio, lo que favorecería a la ciudad con un crecimiento demográfico que llegó a 1164 personas, en 1857, lo que representó 42 por ciento más con respecto a 1850. Circunstancia que llevó a la autoridad municipal a ocuparse de los servicios públicos: definió el lugar para el matadero de reses y el camposanto, asumió la limpieza de los despojos, estableció una escuela para niños y adultos e introdujo el alumbrado, tarea esta última que descansó en los dueños de algún negocio y en las personas acomodadas económicamente. La orden al respecto rezaba así:

1°. Que todos y cada uno de los comercios y personas de comodidad, tengan a la mano derecha de sus puertas un farol con luz pendiente de una viga de tres varas de alto con su pescante de donde se colocará el farol.

2°. Estos faroles comenzarán a dar luz desde las horas oscuras hasta las nueve de la noche que ya se cierran los comercios, debiendo llevar todos los citados faroles una uniformidad igual al que se ponga en la casa consistorial. Ya sea de vejigas o tripas de res que será preferible al papel por evitar su incendio (González, et al., 2016, p. 170).

La introducción del alumbrado, aunque incipiente y limitado al espacio primigenio, asiento del sector de comerciantes, entrañó mayor seguridad, al hacerse más oportuna y eficaz la vigilancia contra todos aquellos transgresores que se servían de la oscuridad; además de comodidad para transitar y distraerse por la noche; sin obviar que fue una mejora para el ornato de la ciudad. No faltó el templo, que comenzó su construcción allá por 1850, como repuesta a una feligresía devota que demandaba el alimento religioso, en el marco constitucional de que la única religión permitida era la católica (AHPLM, vol. 1.1).

Hasta esos años de los cincuenta, la traza urbana venía haciéndose sin plano alguno: no se habían limitado los ejidos, como tampoco el fundo legal, lo que llevó a la autoridad municipal, en 1859, a considerar que era una falta grave, “que es necesario corregir en cuanto sea posible la irregularidad e imperfección de las calles de esta ciudad y mejorar el aspecto de sus casas, pues así lo exigen la policía y ornato de ella” (AHPLM, vol. 74 bis, doc. 212). Por consiguiente, a principios de 1860, por acuerdo del jefe político, principal autoridad del territorio, se suspendió el otorgamiento de solares, hasta no tener un plano de la ciudad, el cual sería encomendado al agrimensor Guillermo Denton, con quien, en octubre de 1861, el gobierno del territorio y el ayuntamiento firmaron un contrato para tal fin, lo que implicaba limitar los ejidos y el fundo legal. Entre las instrucciones para llevar a cabo dicha tarea, estuvieron:

1ª. La plaza principal, sita entre la casa de gobierno y el solar del templo católico, servirá de punto céntrico para la medición …

2ª. La extensión del fundo legal será de mil seiscientos metros de longitud y latitud, comprendiendo una circunferencia de seis mil cuatrocientos metros.

5ª. La población que ya está formada entre la playa y las mesas se marcará tal como está, pero el demás terreno del fundo legal se delineará por manzanas numeradas de cien metros por lado, formando cuadros perfectos a excepción de las que corren detrás del templo, las cuales tendrán el ancho de la casa de gobierno.

6ª. Las calles tendrán 20 metros de ancho o la misma medida que tiene la que divide la casa de gobierno con la de José María Gómez … (AHPLM, vol. 78 bis, 79, docs. 756, 793).

Desafortunadamente no he localizado el plano; sin embargo, por lo que se asienta en las instrucciones, se deduce que se diseñó una traza ortogonal (ver figura 1), cuyo eje central fue la plaza y a su alrededor las sedes del poder civil y eclesiástico, característica de las formaciones urbanas coloniales (Wyrobisz, 1980). Hay noticias de que dicha traza contempló 30 calles, más las 11 que ya corrían por el espacio primigenio, a las que se les dotó de una nomenclatura, que sufrió cambios años más tarde (AHPLM, vol. 77 bis, doc. 304).

Ya sin trabas en su camino, La Paz continuó la marcha hacia esa faz urbana, que fue caracterizándose cada vez más por sus contrastes sociales, que se materializaron en la distinción de los solares, los cuales fueron clasificados en tres categorías: los de primera, sitos frente a la playa; los de segunda, en el centro; y los de tercera, en las orillas; con la orden de que en los solares del centro, asiento de los poderes civil y eclesiástico y espacio de algunas familias acomodadas política y económicamente:

(…) no se permitirán en lo sucesivo cerco de rama o madera, ni fábricas de jacal, es decir, casa de palo o de enjarre con techo de hoja, zacate o rama seca (…), que hubiere actualmente (…), se concede a sus dueños el término de dos años desde hoy para que rehagan las fábricas de terrado y los cercos de tapia o mampostería (…) (AHPLM, vol. 78 bis, doc. 777).

Contrastes sociales que también se advertían en la arquitectura privada, como se deduce de los datos que se tienen sobre el avalúo de algunas casas, cuyo costo oscilaba entre los mil y ocho mil pesos, cuando en los años treinta no alcanzaban los quinientos. En cuanto a la arquitectura pública, prácticamente sin figurar todavía, a excepción de que, en 1861, comenzó a construirse la casa de gobierno; (AHPLM, vols. 77, 97, docs. 2, 128). Los servicios públicos permanecían sin cambio, a pesar de que el número de habitantes para 1869 llegaba a 2159, de ellos 619 componían la población económicamente activa, sobresaliendo los oficios y servicios que representaban el 72%, cuando en 1857 era de 55%, además de advertirse una amplia diversificación en ambos rubros, lo que da cuenta del proceso de urbanización y de la composición socio-profesional.

Una aglomeración con contrastes sociales más patentes dio paso a una mayor alteración de la disciplina, como lo advertía el jefe político en un oficio dirigido al presidente municipal:

Los escandalosos desórdenes que he presenciado en estas calles de esta ciudad, la abundante vagancia que en ella existe y el sinnúmero de juegos prohibidos que se toleran, me hace proponer a usted, como a la corporación que originalmente representa, para que se ocupe de la formación de una ley de policía para que con su ejecución desaparezcan tantas plagas que afligen a la sociedad… (González, et al., 2016, p. 74).

Después de esa excitativa, la autoridad municipal cayó en cuenta de la necesidad de ajustar el bando a la realidad social de entonces. A ello respondió el Bando de Policía y Buen gobierno que aprobó con fecha 16 de febrero de 1871.

La Paz y el nuevo orden dispuesto en el Bando de Policía y Buen Gobierno de 1871

Este nuevo ordenamiento legal, puesto en vigor en febrero de 1871, ofrece un retrato de las necesidades y problemas que enfrentaba la ciudad. Una ciudad que venía sustentándose en la actividad mercantil, la cual se había visto favorecida con la expansión de los trabajos mineros en la cercana municipalidad de San Antonio, la pesquería de perlas en el Golfo de California, la mejora en la infraestructura portuaria y el desarrollo de la comunicación marítima a través de la política de subvenciones a compañías navieras por parte del gobierno federal, lo que enlazó a la ciudad con algunos mercados del país y del extranjero. Prueba de ello es el incremento en el número de negocios respecto a los registrados en 1869, destacando los de Antonio Ruffo, con un capital de 200 mil pesos; Miguel González e hijos, con 150 mil pesos; Hidalgo y Cía., con 100 mil pesos, y la Compañía Perlífera de la Baja California, con 100 mil pesos (Preciado, 2005; AHPLM, vols. 187 bis, 242 1/1, docs. 336, 29, exps. s/n).

Por consiguiente, aquel espacio primigenio, conforme pasaron los años, obtuvo mayor relevancia económica: ahí, frente al muelle, en las calles de Comercio, Puerto, Progreso, La Paz, Lerdo, Mijares, Medellín y Artesanos, estaban asentados los principales negocios de importación y exportación. También en ese espacio se establecieron los primeros hoteles, que cobraron vida gracias al carácter portuario de la ciudad, donde, además de todo tipo de productos, entraban y salían personas del propio territorio, del país y del extranjero. Mientras los pequeños negocios, de abarrotes y efectos del país, tuvieron como asiento el centro, cuyo capital rondaba entre los tres mil y veinte mil pesos (González, et al., 2016).

Para ampliar su mercado de consumidores, entre una población que para principios de los años ochenta era de 3555 habitantes, los principales negocios recurrieron al periódico para promocionar sus productos, por ejemplo: Pablo Hidalgo y Cía., en el semanario La Voz de California, se anunciaban así:

Importadores y negociantes en toda clase de efectos nacionales y extranjeros: tienen constantemente un completo y variado surtido de ropa, mercería, ferretería y abarrotes, además acaban de recibir directamente de París, diversidades de objetos de fantasía y perfumería de todas clases y poseen un gran depósito de maderas de construcción (AHPLM, núm. 30).

Igualmente, lo hicieron los dueños de hoteles, uno de ellos comunicaba:

California Hotel

El que suscribe tiene el honor de ofrecer a sus numerosos favorecedores que ha quedado nuevamente establecido en la calle del Comercio, frente al muelle, donde estará dispuesta una cantina con excelentes licores, cuartos amueblados para pasajeros y una asistencia respecto al arte culinario que no dejará nada que desear. Carlos L. Madrigal (AHPLM, La Voz de California, núm. 41).

El entusiasmo por el consumo fue quizá una de las causas del establecimiento de las casas de empeño, clasificadas en cuatro categorías a partir de la inversión de capital, que iba de menos de 101 pesos a más de mil. Por cierto, algunos de estos negocios se encontraban en el espacio primigenio (AHPLM, vols. 96, 97, 195, docs. 846, 052, 272).

El muelle y la concentración de negocios en el espacio primigenio y en el área del centro motivaron una gran movilidad de personas y transportes de carga, lo que explica su atención por parte de la autoridad municipal, que se tradujo en priorizar y modernizar el servicio de alumbrado, asegurar una mejor vialidad y vigilancia en esas zonas. De ahí la necesidad de recurrir a la estrategia de policía, como la concibe Samudio: “que pugnaba por un gobierno práctico, eficaz y habitual del colectivo, clave en la gobernabilidad, la habitabilidad urbana e influiría favorablemente en el desarrollo económico” (2009, p. 175).

Para un mejor cumplimiento de las disposiciones que normaban la vida cotidiana en las cuatro secciones que conformaban la ciudad, en dicho bando quedó dispuesto que al frente de ellas estaría un jefe de sección y un jefe de manzana, ambos con la obligación de cuidar el orden y la tranquilidad públicas, dirigiendo su mirada hacia aquellas personas consideradas como perniciosas: ebrios consuetudinarios, vagos y mujeres públicas; asimismo, debían formar y tener en su poder un padrón general de la sección, seguramente como fuente para el control social, indispensable para el progreso económico de la ciudad, según la mirada oficial. Situación parecida la recrea Hernández para la Ciudad de México, poniendo énfasis en que la policía, a partir del pensamiento ilustrado, se entendía como aquel instrumento que servía “en la organización del espacio urbano y de la vida cotidiana y en el ordenamiento y control de sus habitantes” (2005, p. 19). De ahí que la prevención y la seguridad pública fueron consideradas como atribuciones del gobierno municipal en beneficio de los habitantes.

Entre las providencias de este bando, se insistía en aquellas que tenían que ver con la seguridad y el orden públicos, díganse robos, riñas, juegos prohibidos, serenatas, fiestas públicas y privadas, daños a la propiedad privada y pública, portación y uso de armas; además de conductas que atentaran contra las buenas costumbres como eran la embriaguez y el lenguaje obsceno.

Otra inclusión fue el ordenamiento de la vida económica, que se manifestó en una serie de medidas dirigidas a regular el comercio al menudeo en las calles y banquetas, la carga y descarga de mercancías, el registro oficial de pesos y medidas, el establecimiento de expendios de pan, carne, semillas, jaboneras, curtidoras y casas de empeño y el horario para la venta de bebidas embriagantes.

Una lectura más corresponde a la estructura física de la ciudad, cuyas disposiciones se orientaron a conservar el dibujo simétrico que elaboró el agrimensor Denton, a principios de los años sesenta. Por ejemplo, en el artículo 58° se asentaba:

En todas las fincas que se fabriquen se guardará estrictamente el alineamiento de las demás casas y aceras, y ningún cimiento en la parte exterior se abrirá sin que el síndico haya marcado su línea. El mismo alineamiento guardarán los cercos que los propietarios pongan previo permiso de la comisión respectiva (AHPLM, vol. 103, bis, doc. 618).

En este sentido, se puso énfasis en la vialidad, para la fecha de la expedición del bando se habían abierto más de 20 calles, algunas de ellas, mediante expropiaciones, se prolongaron hacia la zona comercial, donde el tráfico era más intenso, con la precaución de “cuidar su recta alineación (…), de su empedrado y alumbrado” (AHPLM, vol. 97, doc. 060). Para dar fluidez a la vialidad, los compradores o consignatarios estaban obligados a evitar que los transportes de carga ocuparan más de la mitad de las calles; también se prohibió el andar de todo tipo de animales; sin obviar la atención del tránsito por las banquetas. En este mismo tenor, había más providencias que reiteraban el interés tanto por conservar y dar continuidad a la estructura urbana ortogonal como por el ornato y comodidad de la ciudad, en las que se insistía en conductas para avanzar en el progreso y modernidad de la ciudad, como ya se evidenciaba con la arquitectura que se estaba edificando (figuras 3 y 4).

Figura 3.
Casa de Gobierno en el puerto de La Paz

Fuente: Rivera (1883, p. 619).

Figura 4.
Templo Masón, en La Paz, Baja California Sur

Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia (1986, p. 317).

Respecto al equipamiento hay que decir que solamente la limpieza y alumbrado eran atendidos por el municipio, de ahí las medidas de apercibimiento para todo aquel que cometiera desperfectos al alumbrado e incumpliera con lo dispuesto para la limpieza, aunque sin definir aún un espacio para la basura, solo se ordenaba que los contratistas la llevaran más allá de los límites del fundo legal. El saneamiento se practicaba conduciendo a la calle las aguas domésticas y que la limpieza de los comunes se hiciera durante la noche y cuyas inmundicias se tiraran en la punta del Esterito, un barrio que estaba formándose en el extremo norte del cauce del arroyo. En relación con estas medidas estuvieron las de salubridad e higiene, destacando en las primeras aquellas que tenían que ver con el manejo de las carnes, comestibles y bebidas, la limpieza de los expendios y comunes, la matanza de reses y cerdos, las defunciones y conducción de cadáveres, el manejo de despojos y emanaciones fétidas, sin dejar en la mira a los médicos y boticarios; en las segundas, sobresalía la limpieza de las casas, expendios de comida y quema de escombros.

Como se observa en este bando, la precariedad y falta de servicios públicos más necesarios —desagüe, agua, limpia y alumbrado— no abonaban a lograr conductas más “civilizadas”, como era el ideal de la élite política y económica, a pesar de que las penas eran cada vez onerosas, pues iban de cuatro reales a cien pesos. Finalmente, aquella palabra de policía, como sucedió en otras partes del país, se tradujo en un cuerpo fijo de 10 hombres, con el deber de ejercer una vigilancia rigurosa y permanente en todo lo correspondiente al orden público, “siendo los inmediatos ejecutores de las disposiciones que se previenen en el Bando” (AHPLM, vol. 104 bis, doc. 221).

Pasemos a ver qué mudanzas trajo el Bando de Policía y Buen Gobierno que se aprobó en 1894, en el contexto de la política porfiriana de orden y progreso.

La Paz y el cobijo del Bando de Policía y Buen Gobierno de 1894

En el marco de la política económica del gobierno porfirista, el inicio de los años noventa marcó el esplendor de la actividad minera en la municipalidad de San Antonio y de la pesquería de perlas en las aguas del Golfo de California, la primera en manos de la compañía El Progreso, de capital norteamericano; y la segunda, por capitales locales e ingleses; asimismo, más empresas navieras comenzaron a tocar el puerto de La Paz en su recorrido por las otras radas del Golfo de California y del Pacífico (González, 2012). Situación que impactó en la vida de la ciudad: según el censo de 1895, la población se elevó a 4668 habitantes, sin asentar información sobre la composición ocupacional, como sí se brinda en el de 1900, donde se mira que en los oficios destacaban aquellos que tenían que ver con la construcción, producción de bienes de consumo y labores domésticas; mientras en los servicios sobresalían los relacionados con la actividad mercantil, la administración pública y los profesionistas (AHPLM, vols. 259 1/1, 409, docs. 4, 776, exps. 8, s/n). En cuanto a la actividad mercantil, precisamente en los años noventa las exportaciones crecieron en alrededor del 30% respecto a los años setenta; mientras las importaciones lo hicieron en un 35% durante el mismo periodo (INEGI, 1986). Importancia que se manifiesta en La Torre Eiffel (figura 5) y La Casa Ruffo (figura 6), que eran los principales centros comerciales, que el viajero norteamericano Southworth (1989, pp. 52-53), en los años noventa, los describía así:

La Torre Eiffel

Este es uno de los más antiguos e importantes establecimientos mercantiles de la Baja California. El edificio (…) es uno de los más hermosos y mejor acondicionado (…). La casa comercia en artículos de fantasía (…); efectos del país e importados (…). Vende al por mayor y al menudeo y tiene a su servicio una extensa planta de atentos dependientes (…).

La Casa de Antonio Ruffo

Probablemente la casa más antigua en La Paz (…) compra directamente de las casas principales extranjeras (…) aquí se tiene un surtido completo de toda clase de mercancías generales (…). También hay allí un surtido de todas clases de maderas. Es el agente de la Compañía El Progreso y arrendatario de las pesquerías de perla (…).

Figura 5.
La Torre Eiffel

Fuente: AHPLM (Acervo de la fototeca, número de inventario 6427).

Figura 6.
Casa Ruffo

Fuente: AHPLM (Acervo de la fototeca, número de inventario 113).

Asimismo, el mismo viajero norteamericano (1989, 48-50) hizo un retrato de la ciudad, que nos permitimos ofrecer:

La capital del Distrito Sur de la Baja California es una hermosa ciudad anidada en la ribera de la bahía que lleva su nombre (…).

Las calles son anchas y tiradas a cordel en la parte alta de la población, que contiene varios edificios públicos de positiva importancia. El hospital Salvatierra (…). La casa que ocupa la escuela Número 2 de Niños.

Otro de los edificios importantes es el Palacio de Gobierno que ocupa una manzana entera en la mesa norte de la población.

Los paseos públicos en La Paz (…): El Jardín Velasco (…), y el Parque Porfirio Díaz (…).

Posee un templo católico y otro masónico, convenientemente decorados. Tiene tres escuelas para niños (…) y algunas tres o cuatro particulares (ver figura 7).

Figura 7.
Hospital Salvatierra

Fuente: AHPLM (Acervo de la fototeca, número de inventario 6310).

Al parecer la imagen que nos comparte el viajero es la que corresponde al espacio primigenio y al centro de la ciudad, que eran las zonas más alumbradas y vigiladas, con una vialidad fluida y cuyas calles estaban empedradas, una arquitectura con rasgos neoclásicos, sin omitir su emplazamiento frente al mar. De ahí que sus ojos observaran una ciudad “hermosa”, que solo en parte era así, pues para entonces los servicios públicos más necesarios, como eran el agua y obras de desagüe, seguían pendientes en esa ciudad que, para los años noventa, en alrededor de 90 manzanas se habían asignado solares, cifra que representaba casi el 30% del espacio dispuesto.

Para cobijar esa ciudad respondió el Bando de Policía y Buen Gobierno de 1894, que se sustentó en el Código Penal de 1871, el Código Sanitario de 1891 y la Ley de Dotación de Fondos Municipales para el Territorio de la Baja California de 1892, además de recurrir a los reglamentos de rastro y expendios de carne, panteones, prostitución y cárcel, que fueron aprobados por las autoridades municipales entre 1880 y 1892. Dicho bando se integra de 94 artículos, organizados en cinco apartados, en los que orden y seguridad tenían la primacía, enseguida salubridad pública, ornato y comodidad, moralidad pública y aseo e higiene.

En todas las temáticas se retoman ciertas providencias de los bandos precedentes, con algunas novedades. Respecto a la vida económica, se agregaron reglas sobre el cuidado del equipamiento de los negocios, del telégrafo, el uso de la moneda de curso legal, anuncios comerciales y enfardelar fuera de los establecimientos; asimismo, se obligaba a los dueños de talleres y fábricas que producían humo a instalar tubos o chimeneas; los propietarios o administradores de hoteles, mesones y casas de huéspedes debían llevar un registro de las personas que se hospedaran; igual imperativo tenían los dueños de diligencias, transporte que conectaba a la ciudad de La Paz con el mineral de El Triunfo, cabecera de la municipalidad de San Antonio. Sin descartarse aquellas medidas de orden y seguridad previstas en los bandos de 1833 y 1871.

La estructura física es otro de los asuntos que se advierte en el bando, cuyas medidas siguieron enfocándose a mantener el cuidado de la traza simétrica, por lo que la vialidad tuvo especial atención, como se mira con la circulación de los carros, prevista en los artículos 9, 10 y 13, en los que se disponía el uso de luz, la distancia que debía existir entre uno y otro carro y contar con el registro de la oficina recaudadora. Asimismo, se determinó: “No se permite en los sucesivo qué en las calles céntricas de la población, dentro del radio alumbrado, se construyan o reconstruyan casas o jacales con techo de paja, palma, zacate u otra materia de esa naturaleza…” (AHPLM, vol. 256, doc. 22, exp. s/n), medida que también iba en relación con el ornato y la comodidad.

Sobre el equipamiento urbano, los servicios públicos seguían siendo la debilidad de las autoridades municipales, pues en el caso del agua, esta continuaba obteniéndose de pozos particulares y públicos, las obras de desagüe aún estaban ausentes, como se desprende del propio bando, por lo que se permitía a los vecinos arrojar las aguas sucias a las calles; esto mismo impactó en el aseo de los comunes, pues se mantenía la costumbre de hacerlo por la noche, cuyos desechos se conducían en barriles rumbo al lugar dispuesto para ello; la recolección de la basura no fue mejor, debido a que se extendió a todas las oficinas públicas. A corresponder con esta situación, estuvieron las providencias de salubridad e higiene, entre ellas aquellas que tenían que ver con la construcción de los comunes para evitar las emanaciones malsanas y las infiltraciones, así como la obligatoriedad de la vacuna en los niños; sin excluir reglas para la prostitución.

Con este bando se cobijó el desarrollo de la ciudad de La Paz durante los siguientes años del régimen porfiriano. Un desarrollo donde los contrastes sociales fueron más evidentes entre aquellos asentamientos de los espacios primigenio y central y los que se encontraban en los bajíos. Así que esa ciudad “hermosa” que describe Southworth no era más que aquella que veía hacia el mar.

Cabe traer aquí las reflexiones de Sánchez Ruiz (2020) sobre los conceptos de higienismo y urbanismo. Al primero lo define como aquella actividad que se limitaba a simples acciones de higiene como eran los servicios de agua, saneamiento y pavimentación, mientras el segundo centraba su atención en acciones más integrales que, al materializarse en obras e instrumentos jurídicos, fueron cambiando el rostro de las ciudades, además de traer beneficios a sectores más amplios de la población. Situación que condujo a que el higienismo se tornara urbanismo. A partir de estas reflexiones, considero que la ciudad de La Paz, a pesar de la limitante de los servicios de agua y saneamiento, marchaba por la ruta del urbanismo, como dan cuenta las obras materiales, tanto públicas como privadas, entre ellas la casa de gobierno, las edificaciones mercantiles, el hospital, el templo religioso, el rastro, el cementerio, la plaza y las vialidades; además de los instrumentos jurídicos concentrados en bandos y reglamentos, como hemos descrito en esta colaboración.

Consideraciones finales

A lo largo del trabajo esgrimimos las razones que estuvieron tras el origen de la ciudad de La Paz, como fueron su emplazamiento, su cercanía al centro minero de San Antonio y su riqueza perlera, que abonaron a su carácter mercantil y a convertirse en cabecera de la municipalidad y del territorio de la Baja California. Situación que contribuyó para que tempranamente fuera adquiriendo un rostro urbano, al que se le fue abriendo camino a través de una normatividad que retomó los ideales ilustrados de racionalidad, orden y progreso. A ello respondieron los bandos de Policía y Buen Gobierno, como instrumentos de observancia para moldear entre los pobladores nuevas conductas basadas en el orden, con la característica de que estos fueron ajustándose de acuerdo con las nuevas realidades. Así pues, los bandos revelaban ese crecimiento de la ciudad al ocuparse de las implicaciones que ello traía, al tiempo que expresaban el ideal de la élite política y económica por dar vida a una ciudad moderna.

Referencias bibliográficas

Altable, F. (2013). Vientos Nuevos. Idea, aplicación y resultados del proyecto borbónico para la organización del gobierno y el desarrollo de la población y economía de las Californias, 1767-1825. México: Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Archivo Histórico Pablo L. Martínez (AHPLM) (s.f.), La Paz, Baja California Sur.

Contreras, J., Domínguez, J. G. (2009). Reglamento de policía y buen gobierno del Estado de Chiapas, LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos, 7 (1), 149-162. Recuperado https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74516316011

Hernández, R. (2005). Historia y significados de la palabra policía en el quehacer político de la ciudad de México. Siglos XVI-XIX. Ulúa (5), 9-36.

González, E. (2012). Motivaciones y actores de la Revolución Mexicana en Baja California Sur. México: Conaculta, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Archivo Histórico Pablo L. Martínez.

González, E., Rivas, I., Altable, F. (2016). La Paz, sus tiempos y espacios sociales. México: Gobierno del Estado de Baja California Sur, Secretaría de Cultura, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, Archivo Histórico Pablo L. Martínez.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (1986). Estadísticas Históricas de México, México, Tomo II.

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (1986). Catálogo Nacional Monumentos Históricos Inmuebles Baja California Sur. México: Secretaría de Educación Pública, Programa Cultural de las Fronteras.

Landavazo, M. A. (1997). Baja California y la Constitución de Cádiz, 1825-1850: un caso suigéneris de supervivencia jurídica en el México independiente. Historias, 37, 77-90. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/historias/article/view/13905

Preciado, J. (2005). En la periferia del régimen. Baja California durante la administración porfiriana. México: Universidad Autónoma de Baja California Sur, Gobierno del Estado de Baja California Sur, Instituto Sudcaliforniano de Cultura y Secretaría de Educación Pública.

Ribera, E. (2012). Policía y buen gobierno en la Orizaba del siglo XIX. Revista Antropología, (94), 60-71.

Rivera, M. (1883). México pintoresco, artístico y monumental, T. 3. México: Imprenta de la Reforma.

Samudio, E. O. (2009). Los bandos de buen gobierno y el ordenamiento de la vida urbana en Mérida, Venezuela: 1770-1810. En E. Kingman (Comp.), Historia social urbana. Espacio y flujos. Ecuador: Flacso, Ministerio de Cultura, 173-188.

Sánchez Ruiz, G. G. (2020). Ciudades latinoamericanas entre mediados del siglo XIX y principios del XX: del higienismo al urbanismo. Arquitectura y Urbanismo, 41 (2), 31-45.

Southworth, J. R. (1989). Baja California Ilustrada. México: Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Tena, F. (2008). Leyes fundamentales de México 1808-2005. México: Porrúa.

Trejo, D. (1999). Espacio y economía en la península de California 1785-1860. México: Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Trejo, D. (2003). La invasión norteamericana, la reorganización política del territorio y el peligro filibustero (1846-1856). En E. González (Coord.), Historia general de Baja California Sur. II. Los procesos políticos. México: CONACYT, SEP de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, Plaza y Valdés, 281-338.

Valadés, A. (1963). Temas Históricos de la Baja California. México: Editorial Jus, S. A.

Weber, M. (1987). La ciudad. Barcelona: Ediciones de La Piqueta.

Wyrobisz, A. (1980). Las ordenanzas de Felipe II del año de 1573 y la construcción de ciudades españolas en América, Estudios Latinoamericanos, (7), 11-34.

Notas de autor

¹ Doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento Académico de Humanidades de la misma universidad. Miembro del Cuerpo Académico de Historia Regional (en consolidación, reconocido por PRODEP); responsable de la Maestría en Investigación Histórico-Literaria, inscrita en el Sistema Nacional de Posgrado. Pertenece al SNII (Nivel II). Sus líneas de investigación giran en torno a la economía, sociedad y política durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX.

Enlace alternativo

https://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/decumanus/article/view/6881 (html)