Introducción

Las políticas de seguridad constituyen un componente esencial del aparato estatal, orientado a garantizar la protección ciudadana frente a amenazas que comprometen su integridad física, patrimonial y psicológica. Estas políticas operan en distintos niveles de gobierno, y su efectividad depende de la coordinación intergubernamental, la profesionalización policial, la participación ciudadana y la evaluación sistemática de resultados. El estudio de la seguridad ha transitado de enfoques coercitivos hacia perspectivas que incorporan elementos de legitimidad, confianza social y gobernanza, e integrando marcos normativos con factores sociales que inciden en la percepción ciudadana (Aguilar, 2013; Tyler, 2006).

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ensu), aplicada periódicamente por el inegi, es una herramienta fundamental para analizar tendencias en percepción de inseguridad y confianza institucional. Los resultados recientes muestran que la percepción ciudadana continúa siendo crítica, particularmente en lo relacionado con la confianza hacia la Policía y la efectividad en la prevención del delito (inegi, 2024; inegi, 2025).

En el contexto mexicano, la seguridad ha sido objeto de profundas transformaciones, entre las que se destacan reformas como la implementación del Sistema Penal Acusatorio, la creación de la Guardia Nacional y la adopción de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030 (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [sspc], 2024). No obstante, persisten desafíos estructurales que se reflejan en la alta percepción de inseguridad y la limitada confianza en las instituciones de justicia.

Este artículo propone un análisis correlacional entre la percepción ciudadana de inseguridad y la confianza institucional en cuerpos de seguridad pública, basado en datos de la ensu del inegi entre 2020 y 2025. Se busca sidentificar patrones que permitan comprender la relación entre legitimidad institucional y percepción social de seguridad.

Marco teórico

La teoría de la gobernanza sostiene que los problemas públicos, como la inseguridad, requieren de procesos de interacción entre Estado, sociedad civil y actores privados (Kooiman, 2003). Basadas en esta visión, las políticas de seguridad se conciben no solo como acciones verticales, sino como marcos relacionales que buscan construir legitimidad (Tyler, 2006; Tyler & Huo, 2002).

El análisis de políticas públicas ha señalado la importancia de atender las causas estructurales de la inseguridad, como la desigualdad, la falta de cohesión social y la exclusión juvenil. La crisis de seguridad en América Latina se caracteriza no solo por niveles elevados de violencia, sino por el impacto económico y social devastador que implica. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la violencia y el crimen consumen aproximadamente el 3,5% del pib regional, cifra comparable al gasto público en educación (Banco Interamericano de Desarrollo, 2024). Esta situación demanda un enfoque que no solo detecte los desafíos, sino que genere insumos teóricos para la acción efectiva. En el ámbito latinoamericano, los estudios sobre seguridad ciudadana enfatizan en la relación entre democracia, derechos humanos y control social (Ungar, 2011; Cruz, 2016). En esta misma línea, Arujo (2025) analiza los avances y desafíos de la seguridad ciudadana en la región, destacando la importancia de la capacidad institucional y la continuidad de las políticas públicas. La evidencia también sugiere que la precariedad laboral y la deserción dentro de las instituciones policiales afectan los niveles de profesionalización y compromiso con la comunidad (Sánchez et al., 2024; Vera-Zamora et al., 2024).

En el contexto mexicano, la seguridad pública ha sido objeto de profundas transformaciones en las últimas décadas, entre las que se destacan reformas como la implementación del Sistema Penal Acusatorio, la creación de la Guardia Nacional y la adopción de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030. No obstante, persisten desafíos estructurales que se reflejan en la alta percepción de inseguridad entre la población y la limitada confianza en las instituciones encargadas de garantizar el orden y la justicia.

Este artículo propone un análisis correlacional entre dos variables clave: la percepción ciudadana de inseguridad y la confianza institucional en cuerpos de seguridad pública. A través de un estudio cuantitativo basado en datos agregados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ensu) del inegi entre 2020 y 2025, se busca identificar patrones estadísticos que permitan comprender mejor la relación entre legitimidad institucional y percepción social de seguridad, aportando evidencia empírica para el diseño de políticas públicas más eficaces y centradas en el ciudadano.

Las políticas públicas de seguridad constituyen un conjunto de acciones, normas e instituciones orientadas a salvaguardar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía frente a riesgos y amenazas. Estas políticas se inscriben en el marco más amplio de la política pública, entendida como un proceso estructurado que responde a problemáticas sociales específicas mediante la coordinación de actores, recursos e instrumentos normativos.

En este sentido, Aguilar (2013) concibe la política pública como las decisiones fundamentales de la sociedad, organizadas dentro de un proceso sistémico y secuencial que integra seis etapas: iniciación, estimación, selección, implementación, evaluación y terminación. Esta visión destaca la naturaleza racional y cíclica del quehacer gubernamental. De manera complementaria, Brewer y De León (1997) entienden la política pública como un esfuerzo organizado a través de patrones definidos, orientados a resolver disputas políticas o a generar incentivos que garanticen el cumplimiento de metas sociales. Por su parte, Guerrero (1993) subraya que estas acciones no son exclusivas del Gobierno, sino que pueden involucrar a actores económicos, civiles y sociales mediante esquemas de cooperación, delegación o empoderamiento.

Basada en una perspectiva histórica, la seguridad pública encuentra antecedentes en las ciencias camerales y los planteamientos de Von Justi, quienes concebían esta función como parte de la administración protoestatal. Bajo este enfoque, la seguridad se erigía como una atribución central del Estado, destinada a garantizar el orden, la estabilidad y el bienestar de los súbditos, lo cual constituía una expresión temprana de racionalidad gubernamental vinculada al buen gobierno y la prosperidad colectiva (Herrera, 2004).​

Asimismo, enfoques comparados sobre la cultura de control permiten comprender cómo las sociedades contemporáneas han transitado hacia modelos híbridos que combinan políticas punitivas con estrategias preventivas (Garland, 2001; Durkheim, 1982). La implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030 responde a este modelo mixto, donde se prioriza tanto la reducción del delito como la reconstrucción del tejido social (SSPC, 2024).

En el ámbito contemporáneo, el estudio de la seguridad pública se ha enriquecido con perspectivas como la gobernanza, el análisis institucional y el enfoque de redes. Estos marcos permiten reconocer que la seguridad no puede entenderse únicamente como un campo de acción del Estado, sino como un entramado en el que interactúan diferentes actores y niveles de gobierno. Además, el contraste entre la seguridad tradicional, enfocada en el control del delito y el uso de la coerción estatal, y la seguridad humana, centrada en los derechos, el desarrollo y el bienestar de las personas, revela la evolución conceptual del término (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [pnud], 1994).

Particularmente en México, la transformación de las políticas públicas de seguridad se ha manifestado a través de reformas institucionales y normativas. Entre las más relevantes destacan la implementación del Sistema Penal Acusatorio, la creación de la Guardia Nacional y la adopción de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030. Esta última se organiza en torno a cuatro ejes estratégicos: a) atención a las causas sociales de la violencia, con énfasis en la inclusión educativa, laboral y cultural de jóvenes y grupos vulnerables; b) consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, garantizando formación policial civil y respeto a los derechos humanos; c) fortalecimiento de la inteligencia y la investigación mediante la creación de un Sistema Nacional especializado en seguridad pública, y d) coordinación interinstitucional absoluta entre los tres órdenes de gobierno y el Gabinete de Seguridad, sustentada en operativos focalizados y análisis de índices delictivos (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [sspc], 2024).

La seguridad pública como objeto de estudio ha evolucionado a partir de perspectivas meramente coercitivas hacia enfoques más complejos que incorporan dimensiones sociales, culturales y de legitimidad institucional. La literatura reciente enfatiza que la efectividad de las políticas de seguridad no puede analizarse únicamente desde los resultados operativos, sino a partir de la confianza y percepción que la ciudadanía tiene respecto de las instituciones que las implementan (Tyler, 2006).

En el ámbito de la teoría sociológica, la seguridad se concibe como una condición necesaria para la cohesión social y la estabilidad política. Durkheim (1982) señalaba que el orden social se sustenta en la legitimidad de las normas colectivas y en la capacidad del Estado para garantizar su cumplimiento. En esta línea, la falta de confianza institucional debilita el contrato social y propicia dinámicas de desafección ciudadana.

Basados en la criminología, autores como Garland (2001) y Mucd (2022) han mostrado cómo la modernidad tardía ha transformado la manera en que los Estados abordan la criminalidad, transitando de un modelo centrado en el castigo hacia estrategias de prevención situacional, gestión del riesgo y participación comunitaria. Estos enfoques buscan no solo reducir delitos, sino fortalecer la resiliencia social frente a contextos de violencia.

El concepto de gobernanza también resulta relevante para entender la seguridad contemporánea. Kooiman (2003) sostiene que la gobernanza implica la interacción entre múltiples actores (estatales, privados y sociales) en la construcción de soluciones colectivas a problemas públicos. En materia de seguridad, este enfoque plantea que el éxito de las políticas depende de la capacidad del Estado para articular redes de cooperación y mecanismos de corresponsabilidad con la sociedad civil.

Otro eje teórico clave es la legitimidad policial. Tyler y Huo (2002) argumentan que el cumplimiento voluntario de la ley está vinculado en gran medida a la percepción de justicia procedimental; es decir, al trato respetuoso, imparcial y transparente que brindan las autoridades en sus interacciones cotidianas con los ciudadanos. Esto significa que la confianza institucional no se deriva solo de la eficacia en la reducción del delito, sino de la experiencia directa de las personas con las fuerzas del orden.

La percepción de la seguridad pública constituye un elemento central para comprender la relación entre ciudadanía e instituciones encargadas de la seguridad. Esta percepción no se limita a experiencias directas de victimización, sino que se construye a partir de representaciones sociales, interacciones cotidianas con la policía y narrativas mediáticas (Girling et al., 2000; Dammert y Malone, 2006). En este sentido, la confianza en las instituciones de seguridad se configura como un factor determinante para la legitimidad del Estado y la eficacia de sus políticas (Tyler, 2006; Sunshine & Tyler, 2003).

La percepción de inseguridad puede estar desvinculada de la incidencia delictiva real, lo que sugiere que las emociones y creencias colectivas juegan un papel fundamental (Covington & Taylor, 1991). Diversos estudios han demostrado que las comunidades con índices relativamente bajos de criminalidad pueden experimentar altos niveles de temor al delito, lo que se explica por la influencia de la cohesión social, los estereotipos y la confianza institucional (Kury & Ferdinand, 1999; Skogan, 2009).

La confianza en la Policía es considerada un recurso intangible que incide en la cooperación ciudadana y en la disposición a cumplir con la ley (Tyler, 2006; Tyler & Huo, 2002). La literatura enfatiza en que la legitimidad policial no se construye solo mediante la capacidad coercitiva, sino a partir de un trato justo, respetuoso y transparente hacia la ciudadanía (Hough et al., 2010; Jackson & Bradford, 2010). Cuando los ciudadanos perciben que los procedimientos policiales son justos, es más probable que colaboren, obedezcan la ley y acepten decisiones institucionales, incluso en situaciones desfavorables (Sunshine & Tyler, 2003).

Asimismo, se ha documentado que la falta de confianza en la Policía genera efectos negativos como el debilitamiento del tejido social, la reducción de denuncias y el aumento de prácticas de justicia por mano propia (Ungar, 2011; Cano, 2017). Por tanto, el fortalecimiento de la confianza pública es indispensable para avanzar hacia modelos de seguridad ciudadana más democráticos y efectivos (Vera-Zamora et al., 2024).

En el caso de América Latina, la percepción de inseguridad y la desconfianza hacia las instituciones policiales se han mantenido en niveles elevados, aun en contextos de reformas y profesionalización (Ungar, 2011; Latinobarómetro, 2020). Esta situación representa un desafío estructural, pues la falta de credibilidad en la policía impacta en la gobernabilidad y en la implementación de políticas de seguridad (Cruz, 2011).

De esta forma, el análisis de la percepción y la confianza permite comprender la complejidad del vínculo entre ciudadanía e instituciones, ofreciendo un marco interpretativo para el diseño de estrategias que fortalezcan la legitimidad policial y promuevan la cooperación social en materia de seguridad pública. Finalmente, en el contexto latinoamericano, se ha observado que la debilidad institucional y la percepción de corrupción impactan negativamente en la eficacia de las políticas de seguridad (Ungar, 2011). Ello refuerza la necesidad de vincular la seguridad pública con estrategias de fortalecimiento institucional, participación ciudadana y rendición de cuentas, a fin de construir un modelo más sostenible y legítimo (Sanchez, et al., 2024).

Metodología

Este trabajo se enmarca en un estudio cuantitativo correlacional, cuyo objetivo es identificar la relación estadística entre dos variables: la percepción de inseguridad y la confianza institucional en México. El enfoque es no experimental y longitudinal, ya que se analizan datos recolectados por el inegi en distintos momentos sin manipulación directa de las variables.La muestra está compuesta por datos agregados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ensu), aplicada trimestralmente por el inegi. La ensu recoge información de personas mayores de 18 años de edad residentes en áreas urbanas de 75 ciudades representativas del país. Para este estudio, se utilizaron los resultados correspondientes al segundo trimestre de cada año entre 2020 y 2025, con una muestra promedio de cerca de 27 000 personas por trimestre, lo que garantiza representatividad nacional.

Los datos fueron obtenidos de los informes públicos del inegi disponibles en su sitio web oficial donde se extrajeron los siguientes indicadores:

• Percepción de inseguridad: porcentaje de población que considera inseguro vivir en su ciudad.

• Confianza institucional: porcentaje de población que considera efectivos a los cuerpos de seguridad pública (Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal).

Ambos indicadores fueron sistematizados en una base de datos para su análisis estadístico. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la fuerza y dirección de la relación entre las variables, complementado con una gráfica de dispersión y una línea de regresión lineal para visualizar la tendencia.

El coeficiente de correlación de Pearson (r) es una medida estadística que indica la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Su valor oscila entre:

+1: correlación positiva perfecta (ambas variables aumentan juntas).

−1: correlación negativa perfecta (una variable aumenta mientras la otra disminuye).

0: ausencia de correlación lineal.

En estudios de políticas públicas, este coeficiente permite evaluar si existe una asociación significativa entre fenómenos sociales, como en este caso entre la percepción de inseguridad y la confianza institucional.

Resultados

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ensu) del inegi, en junio de 2025, el 63,2 % de la población de 18 años de edad y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Esta percepción es más alta entre las mujeres (68,5 %) que entre los hombres (56,7 %). Los espacios donde más se percibe inseguridad son los cajeros automáticos (72,2 %), el transporte público (6 5%) y las calles (63,7 %). Además, la confianza en las instituciones de seguridad sigue siendo baja. Mientras que la Marina y el Ejército gozan de altos niveles de aprobación, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales apenas alcanzan un 46,4 % de percepción de efectividad. Esto refleja una fragmentación institucional y una necesidad urgente de fortalecer la profesionalización, la coordinación intergubernamental y los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.

Figura 1
Percepción de inseguridad 2020-2025
Fuente: elaboración propia con datos del inegi -ensu.

La gráfica muestra una tendencia oscilante en la percepción de inseguridad entre la población mexicana durante el periodo 2020–2025, basada en los datos de la ensu del inegi. Este indicador refleja el porcentaje de personas mayores de 18 años de edad que consideran inseguro vivir en su ciudad.

Basada en una perspectiva de análisis de políticas públicas, esta evolución puede interpretarse como resultado de múltiples factores estructurales, institucionales y sociales. Se observa una disminución progresiva entre 2020 (67,8%) y 2023 (59,1%), lo cual podría asociarse con la consolidación inicial de la Guardia Nacional, el despliegue territorial de fuerzas federales y el fortalecimiento de programas de prevención del delito. Sin embargo, el repunte en 2024 (61,7 %) y 2025 (63,2 %) sugiere una percepción de estancamiento o retroceso en la efectividad de las estrategias implementadas.

Figura2
Correlación entre percepción de inseguridad y confianza institucional
elaboración propia con datos del inegi-ensu

El coeficiente de correlación de Pearson de −0,99 indica una correlación negativa casi perfecta entre la percepción de inseguridad y la confianza institucional. Esto significa que, en el periodo analizado, a medida que aumenta la confianza en las instituciones de seguridad (como la Guardia Nacional), disminuye la percepción de inseguridad, y viceversa.

Este resultado es estadísticamente significativo (p < 0,001), lo que sugiere que la relación observada no es producto del azar. Basado en una perspectiva de políticas públicas, este hallazgo respalda la hipótesis de que fortalecer la legitimidad y profesionalización de las instituciones de seguridad puede tener un impacto en la percepción ciudadana de seguridad.

Este resultado indica una correlación negativa casi perfecta entre ambas variables. Es decir, a medida que aumenta la confianza en las instituciones de seguridad, disminuye la percepción de inseguridad, y viceversa. El valor p menor a 0,001 confirma que esta relación es estadísticamente significativa, lo que permite rechazar la hipótesis nula de ausencia de correlación. Este hallazgo sugiere que fortalecer la legitimidad, profesionalización y efectividad de las instituciones de seguridad pública podría tener un impacto directo en la percepción ciudadana de seguridad. Basado en una perspectiva de política pública, esto refuerza la necesidad de invertir en mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y formación policial con enfoque en derechos humanos.

Discusión

La percepción de inseguridad no siempre se correlaciona con los índices delictivos, sino que responde también a factores simbólicos, mediáticos y experienciales. Es pertinente fortalecer los mecanismos de evaluación de impacto de las políticas de seguridad, incorporar indicadores cualitativos y promover la participación ciudadana en el diseño de estrategias locales.

Entre los principales retos se encuentran la fragmentación institucional, la falta de evaluación sistemática de las políticas y la escasa transparencia. No obstante, existen oportunidades como el uso de tecnologías de información, la inteligencia policial y los modelos de justicia cívica que pueden mejorar la efectividad de las políticas. La innovación y la adaptación a contextos locales son esenciales para avanzar en la materia.

El estado de Nuevo León ha implementado estrategias innovadoras en materia de seguridad, como la creación de la Fuerza Civil y el uso de inteligencia policial. Estos esfuerzos han contribuido a una reducción significativa en ciertos delitos. Sin embargo, persisten desafíos relacionados con la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. Este caso ejemplifica cómo las políticas públicas pueden adaptarse a contextos específicos con resultados positivos.

A nivel federal, se observa un diseño normativo robusto, pero con dificultades en la implementación coordinada con los estados. Los programas nacionales como el Programa Nacional de Seguridad Pública enfrentan retos de ejecución. En el ámbito estatal, las capacidades institucionales varían significativamente, lo cual afecta la profesionalización y el uso eficiente del presupuesto. A nivel municipal, la policía de proximidad y los programas de prevención del delito son fundamentales, pero requieren mayor apoyo técnico y financiero. La participación ciudadana es clave para legitimar las acciones de seguridad.

La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno y la coexistencia de cuerpos policiales con distintos grados de profesionalización afectan la percepción ciudadana. Aunque algunos delitos de alto impacto han disminuido en ciertas regiones, otros como extorsión, robo y violencia interpersonal persisten o se redistribuyen geográficamente. La baja credibilidad de las policías municipales y estatales, en contraste con la mayor aprobación de las fuerzas armadas, influye en la percepción de inseguridad.

Recomendaciones

A partir de los hallazgos de la investigación, se plantean las siguientes recomendaciones orientadas a fortalecer la efectividad de las políticas públicas de seguridad en México y a mejorar la percepción ciudadana respecto a la confianza institucional:

· Fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional entre niveles de gobierno: es indispensable consolidar canales de comunicación, cooperación y toma de decisiones entre los tres órdenes de gobierno y los organismos de seguridad, con el fin de generar respuestas más integrales y efectivas frente a la criminalidad.

· Impulsar la formación continua y especializada de los cuerpos policiales: la capacitación debe centrarse en competencias técnicas, éticas y de derechos humanos, a través de programas permanentes de actualización que refuercen la profesionalización y legitimidad de las instituciones.

· Promover la participación ciudadana en el diseño y evaluación de políticas de seguridad: incluir a la sociedad civil en procesos de diagnóstico, planeación y seguimiento de las políticas públicas favorece la construcción de confianza y la legitimidad democrática de las instituciones encargadas de la seguridad.

· Crear indicadores de desempeño y sistemas de monitoreo para evaluar resultados: el establecimiento de métricas claras y verificables permite medir la eficacia de las estrategias implementadas, corregir desviaciones a tiempo y orientar la toma de decisiones con base en evidencia empírica.

· Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de seguridad: tornar accesible la información sobre el uso de recursos, operativos y resultados fortalece la confianza ciudadana y contribuye a disminuir la percepción de corrupción o ineficiencia en el sector.

Conclusión

El análisis permite afirmar que la percepción ciudadana de inseguridad en México está vinculada con el nivel de confianza institucional en los cuerpos de seguridad pública. A través de este estudio entre 2020 y 2025, se identificó una relación negativa casi perfecta entre ambas variables (r = −0,99, p < 0,001), lo que sugiere que el fortalecimiento de la legitimidad, profesionalización y efectividad de las instituciones de seguridad puede incidir en la percepción social de seguridad.

Este hallazgo adquiere relevancia en el contexto de las transformaciones recientes en la política de seguridad pública, como la consolidación de la Guardia Nacional y la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030. No obstante, persisten desafíos estructurales que requieren un enfoque integral, basado en evidencia, que articule los niveles federal, estatal y municipal, y que promueva la participación ciudadana como eje de legitimación democrática (Benítez , 2006; Gutiérrez et al., 2024).

La gobernanza de la seguridad pública en México plantea la necesidad de diseñar políticas públicas que no solo respondan a indicadores delictivos, sino que atiendan las dimensiones perceptuales y simbólicas de la seguridad desde una perspectiva de derechos humanos. Las políticas públicas de seguridad en México enfrentan retos complejos que requieren soluciones integrales y basadas en evidencia. Es fundamental avanzar hacia una visión de seguridad centrada en los derechos humanos, la participación ciudadana y la innovación institucional. La gobernanza efectiva de la seguridad pública es clave para construir sociedades más justas y seguras.

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