INTRODUCCIÓN

El siglo XVIII es una época de cambios en Hispanoamérica; por un lado, la reactivación de la explotación minera y la producción agrícola dio paso a la consolidación del comercio local y regional que permitió el afianzamiento del poder de las élites criollas; por otro, las ideas ilustradas que arribaron desde Europa, con su exaltación de la racionalidad, se erigieron pronto en baluarte de los intereses de la burguesía naciente en ambos lados del Atlántico, contrastando en muchos aspectos con ideas y prácticas arraigadas en la sociedad colonial. Como en Francia o España, la Ilustración americana “fue una actitud mental más bien que una corriente científica o filosófica unánimemente aceptada” (Saldaña, 1995, p. 22), e implicó en esencia una mirada crítica al statu quo: primero, ante la educación tradicional de las universidades, que no contaba con suficientes programas académicos que respondieran a las necesidades de la época, y, segundo, con respecto a las jerarquías sociales hispánicas.

La adopción de posturas ilustradas entre élites criollas respondió a las condiciones socioeconómicas de la época y a una nueva forma de concebir la utilidad del conocimiento científico, al igual que una reflexión ética y política sobre los conceptos, en muchos sentidos peligrosos, de libertad e igualdad. En este orden de ideas, ¿existe una relación directa entre la adopción de dichas ideas y los procesos de emancipación en Hispanoamérica? En el presente artículo, se examinará la irrupción de la Ilustración en ciertos círculos criollos a finales del siglo XVIII, con el fin de determinar hasta qué punto favoreció intereses independentistas o si no lo hizo en absoluto.

POLÍTICAS ESPAÑOLAS Y SOCIEDADES AMERICANAS

De acuerdo con Brian Hamnett (2000), desde el siglo XVI los territorios ibéricos en América gozaron de hecho de relativa autonomía política regional. La debilidad económica y el “retraso tecnológico” de estos reinos impidieron el establecimiento de regímenes demasiado opresivos, evidencia de lo cual son los intentos poco afortunados de limitar la autoridad de los encomenderos con las Leyes Nuevas de 1542. No obstante, el ejercicio indirecto del poder por parte de la península mantuvo de manera más o menos estable las posesiones coloniales y contuvo, salvo en ocasiones excepcionales, el levantamiento regional a gran escala. La Corona española no contaba con medios suficientes para hacer frente a rebeliones generalizadas y esto permitió a las sociedades americanas negociar con las autoridades peninsulares una relativa autonomía.

La relación de los americanos con los emisarios de la Metrópoli distaba, en muchos casos, de ser enteramente vertical: “Las élites americanas tendían a asimilar a los nuevos oficiales peninsulares y subordinarlos a sus propios intereses”, pues en su mayoría “llegaron a las Indias endeudados por el gasto del pasaje y sin la esperanza de obtener un sueldo adecuado para mantenerse” (Hamnett, 2000, p. 266). El contrapeso que las autoridades generaron respecto de los encomenderos impulsó el comercio local, que se convirtió en la más importante fuente de ingresos para los funcionarios; por lo tanto, era mayor la dependencia del gobierno local de América que de España. De otro lado, aunque la limpieza de sangre era un valor preponderante en la época colonial, el mestizaje a nivel racial y cultural fue inevitable y configuró sociedades diferentes tanto a la española como a la indígena. Cada región estableció una identidad propia, una autonomía política y económica que franqueaba los lazos que la unían a la monarquía.

Otro aspecto que impulsó la autonomía americana en la época de los Habsburgo fue el desarrollo del comercio interamericano. La política económica de España desde el siglo XVI había consistido en mantener el monopolio exclusivo de los intercambios con sus colonias, en detrimento del comercio interregional y con otros países, para lo cual la Corona decretó leyes de prohibición a lo largo de todo el siglo XVII (Hamnett, 2000). Pese a ello, el comercio ilegal se presentó de manera continua entre Nueva España y Perú, al igual que la venta del cacao venezolano a las colonias holandesas, entre otros circuitos comerciales internacionales, regionales y locales, según lo permitieran el estado de las vías de comunicación.

Esto no implicó una disminución del poder metropolitano en América, sino que, por el contrario, los nexos imperiales les brindaron cohesión a las jurisdicciones regionales, así como un marco legal reconocido por las insti- tuciones y las poblaciones locales; este reconocimiento fue reforzado también por el apoyo de la Iglesia Católica, que cumplió un importante papel legitimador del orden colonial, ya que, como advierte Manuel Abad y Queipo en 1799, “el fuero clerical es el único vínculo especial que los estrecha al gobierno. Luego si se quita el fuero, se romperá este vínculo” (p. 350). Por otro lado, es un hecho que la administración del Imperio determinó en gran medida la división política tras los procesos de independencia, lo que no puede ser desconocido a la hora de valorar la hegemonía hispánica sobre el Nuevo Mundo.

Con el ascenso de la casa de Borbón en los albores del siglo XVIII, la crisis del comercio se hizo más evidente: “Durante la Guerra de Sucesión (1702-1713) la dependencia que tuvo España de productos y del transporte franceses para el abastecimiento de sus colonias fue casi total” (Grafenstein, 2000, p. 315), a lo que se sumó la extensión del contrabando local con otros reinos europeos, lo que dio la impresión de una falta de control de la metrópoli sobre sus provincias americanas. De ahí que la monarquía iniciara una política de “recuperación” de la autoridad imperial.

Así, el gobierno español decidió llevar a cabo, en 1765, la apertura de los puertos penin- sulares de Alicante, Barcelona, Cartagena, Gijón, La Coruña, Málaga, Santander y Sevilla, junto al de Cádiz, para el comercio con Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Margarita y Trinidad (las islas de Barlovento) y reactivar el intercambio comercial con las colonias. De la misma manera, en 1778, la “apertura comercial” se extendió para la mayor parte del territorio americano, salvo la Nueva España y la Capitanía de Venezuela (Grafenstein, 2000).

En el marco de las medidas borbónicas, también se intentó reemplazar la minería “por una explotación de los recursos naturales, que le permitiera incrementar y monopolizar el comercio tanto en América como en Europa” (Zamudio, 1993, p. 47), de manera que las investigaciones científicas que buscaban el conocimiento y aprovechamiento de los recursos naturales del Nuevo Continente se convirtieron en una prioridad para el gobierno peninsular. Esta tarea fue materializada por los proyectos de Casimiro Gómez Ortega, director del Jardín Botánico de Madrid, y por las expediciones botánicas de Perú y Chile en- tre 1777 y 1788, la de la Nueva España entre 1787 y 1803, y la de la Nueva Granada entre 1783 y 1816. A partir de esta generación de saber (en el reforzamiento del poder) irrumpen las ideas ilustradas en América, no solo a nivel de las expediciones científicas, sino también al nivel de la concepción de lo social y lo político, por lo cual es posible encontrar diversos entrecruzamientos de ideas en la pluma tanto de criollos como de peninsulares, en el nuevo tono del iluminismo dieciochesco para valorar las reformas de la administración colonial impulsadas por la metrópoli.

REFLEXIONES SOBRE LA REALIDAD AMERICANA

En el marco de las reformas borbónicas y el absolutismo, surge una serie de preocupaciones en torno a las relaciones sociales, la economía, la educación y la ciencia en el Imperio español a los dos lados del Atlántico, dada la consciencia de cierto rezago de España frente a otras naciones europeas. El obispo Manuel Abad y Queipo, por ejemplo, llama la atención sobre la situación de los indios y las castas en la Nueva España, la explotación a la que son sometidos por la desigualdad de las leyes vigentes y la concentración de los recursos en manos de los españoles. Al respecto dice en 1799:

La primera clase [los blancos] tiene el mayor interés en la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida, su honor y su ha- cienda, o sus riquezas contra los insultos de la envidia y asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases que no tienen bienes, ni honor, ni motivo alguno de envidia, para que otro ata- que su vida y su persona, ¿qué aprecio harán ellas de las leyes que solo sirven para medir las penas de sus delitos? (p. 347).

Se propuso fortalecer la “inmunidad eclesiástica” para subordinar a los perjudicados por el orden social, dado que el clero mantenía entre los indios y los pobres la obediencia ante la ley. Aunque su propuesta se ajustaba a las doctrinas monárquicas, sus palabras revelaban una visión radiográfica crítica, mezclada con ideas reformistas liberales como la abolición del tributo indígena, la división de sus territorios en propiedades privadas, la libertad de empresa para los pobres, entre otras. Igualmente, Félix de Azara hizo una descripción de los campesinos del Río de la Plata en 1801. Lo novedoso de sus observaciones radica en dos puntos: su valoración de la sociedad campesina rioplatense y la propuesta económica. El autor resaltaba el carácter disoluto y violento de los campesinos, su afición por el juego, la bebida y el robo:

Lo dicho toca de lleno a los campos del norte del Río de la Plata, no tanto a los del sur; y es preciso confesar que los paraguayos y corren- tinos campestres son unidos entre sí, que no hacen tantas muertes y robos, (…) y finalmente que no son tan ladrones, borrachos y jugado- res, sino conocidamente más económicos, instruidos y aplicados. (Azara, 1979, p. 113).

Esto lo atribuye a la presencia de parroquias en Paraguay y Corrientes, donde los campesinos no solo se reunían, sino que también aprendían a leer y escribir, lo que no se daba en el norte de la región. Por otro lado, Azara reflexionaba sobre cómo mejorar la agricultura, especialmente la ganadería del virreinato; para ello, proponía repartir las tierras entre los campesinos pobres para hacerlas productivas. En medio de numerosos cálculos de costo-beneficio, el autor mostraba que era posible impulsar la producción y el comercio de carnes, cueros y demás productos procedentes del ganado, aduciendo como precedente su labor en la población de Batoví, en donde dicho procedimiento había generado buenos resultados. Como Abad, Azara defendía la causa colonial sin cuestionar sus presupuestos, pero la relación que entablaba entre la educación y el comportamiento campesino, así como su proyecto económico, reflejan en él la nueva mentalidad del siglo XVIII.

Otro tema de reflexión fue el aprendizaje de las primeras letras y la reforma educativa para las universidades. Respecto del primer punto, Olegario Negrín (1995) afirmaba que el currículum se mejoraría con “la inclusión de un sesgo práctico y operativo”, ya que esto permitiría “el desarrollo socio-económico español para volver a colocar al país a la altura de las naciones más desarrolladas de Europa” (p. 70). Este proyecto modernizador fue implementado en la península y en América con diferentes grados de calidad y cobertura. Ahora bien, ni los proyectos ni los inconvenientes de la enseñanza de las primeras letras fueron ajenos a la consciencia criolla, y un ejemplo de ello es la reflexión que sobre el particular hizo Simón Rodríguez en 1794. El escritor venezolano parte de tres principios: 1. La primera educación es la condición necesaria para la ilustración de los hombres y los pueblos, ya que solo así es posible acceder al conocimiento útil; 2. Educarse es una necesidad para blancos y pardos, ya que es preciso conocer los principios de cada una de las artes para ejercerla mejor¹, y 3. Las primeras letras son el fundamento necesario para el aprendizaje de las artes, las ciencias y el comercio:

Cada día se dan obras a la prensa por hombres hábiles sobre los descubrimientos que suce- sivamente se hacen en la Agricultura y Artes, y estos circulan en todo el Reino para inteli- gencia de los que las profesan. Si los que han de estudiar en esto para mejorarlo ignoran los indispensables principios de leer, escribir y contar, jamás harán uso de ellas: estarán siempre en tinieblas en medio de las luces que debían iluminarlos. (Rodríguez, 1979, p. 375).

La educación universitaria fue objeto de una mayor reflexión desde la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo en lo que respecta a la demanda de planes de estudio más adecuados para la explotación de recursos naturales y el fomento de la industria y el comercio. La influencia de Mutis en el Colegio Mayor del Rosario de la Nueva Granada fue decisiva en las demandas de una reforma educativa que tuvo como defensores a Francisco Moreno y Escandón y Antonio Caballero y Góngora (Landinez Guio, 2011). Bajo el amparo de estas ideas, ambos propusieron la creación de una universidad pública como espacio propicio para la difusión de las “ciencias útiles”. En 1789, el arzobispo virrey Caballero y Góngora afirmó:

Un Reino lleno de preciosísimas producciones que utilizar, de montes que allanar, de caminos que abrir, de pantanos y minas que desecar, de aguas que dirigir, de metales que depurar, ciertamente necesita más de sujetos que sepan conocer y observar la naturaleza y manejar el cálculo, el compás y la regla, que de quienes entiendan y discutan el ente de razón, la primera materia y la forma substancial. (p. 85).

Este tipo de propuestas se convirtieron en un impulso para la creación de cátedras universitarias que permitieron la recepción de la ciencia y el pensamiento modernos en el país, con defensores de la talla de Francisco José de Caldas y José Félix de Restrepo. Otra inquietud americana fue la geografía y la biodiversidad. Para Caldas (1966), por ejemplo, el estado de este tipo de conocimientos “miden la ilustración, el comercio, la agricultura y la prosperidad de un pueblo” (p. 183). No obstante, frente a la misma inquietud por el reconocimiento del territorio, resalta la valoración de la naturaleza peruana de José Baquíjano y Carrillo elaborada en 1791:

Sus tierras, como todas las demás del Nuevo Mundo, no ofrecen en la época de su descubri- miento al observador atento e imparcial sino un suelo estéril, árido e ingrato (...). Los primeros europeos que intentaron hacer expediciones y establecimientos fueron perseguidos sin excepción por el hambre y la necesidad (…): desgracia inevitable en un inmenso terreno inculto y abandonado a su propia fecundidad, solo abundante en esa multitud de vegetales implantados, frutos del sedimento de un suelo impuro, que la vegetación extraía de una tierra jamás corregida por la industria. (pp. 5-6).

En contraste, Caldas (1966) elogiaba las tierras neogranadinas, desconocidas para sus habitantes incluso después de trescientos años de haberlas descubierto:

Con puertos sobre el Pacífico y puertos sobre el Atlántico, en medio de la inmensa extensión de los mares, lejos de los huracanes y de los ca- rámbanos de las extremidades polares de los continentes, puede llevar sus especulaciones mercantiles desde donde nace el sol hasta el ocaso. (p. 189).

A pesar de estas diferencias, los dos autores resaltaban la necesidad de modernizar el conocimiento técnico para la modificación del medio. Para Baquíjano, la colonización española fue la solución a los problemas técnicos de los incas e implicó una mejora en la calidad de los suelos gracias al trabajo de los conquistadores sobre las agrestes tierras americanas; sin embargo, dicha labor distaba de haber sido suficiente para finales del siglo XVIII, pues, afirma el autor, aún hacían falta “canales, puentes y caminos” que hicieran más eficientes las vías de comunicación: “sin estos recursos que allanan la venta y salida de los frutos excedentes, no hay comercio, comunicación ni cultura” (Baquíjano, 1979, p. 32).

En esta misma línea argumental, Caldas (1966) recomendaba a “los encargados de la educación pública” que reflexionaran “si es más ventajoso al Estado y a la Religión gastar muchas semanas en sostener sistemas aéreos (…) que dedicar este tiempo a conocer nuestro globo y el país que habitamos” (p. 210), ya que gracias a estos conocimientos útiles podía educarse la juventud. Pero un proyecto de tal magnitud no concebía fines exclusivamente económicos, sino que para Caldas (1966) era claro el impacto político del impulso de la industria a partir del conocimiento científico de los nuevos tiempos: “la llama patriótica se encenderá en todos los corazones, y el último resultado será la gloria del Monarca y la prosperidad de esta colonia” (p. 209).

De esta manera, las ideas ilustradas surgen en América como una respuesta a las necesidades sociales, culturales y económicas del momento, con un alto grado de adhesión al poder real español. Se buscaba mayor eficacia en la administración, en la explotación del territorio y el comercio, mejores condiciones sociales que pacificaran al pueblo, entre otras cosas, pero todas en beneficio del Imperio más que en su detrimento. Las ideas independentistas fueron, entonces, posteriores a la introducción de las ideas ilustradas al territorio americano, que, por lo demás, fueron cultivadas por peninsulares y criollos por igual. Pese a que no se puede negar que la Ilustración americana contribuyó a generar una consciencia crítica de la realidad colonial dentro de las élites cultas, tampoco es posible soslayar los elementos culturales que unían a las sociedades americanas con las europeas dentro del mundo hispánico: por sí solo el movimiento ilustrado no pudo generar ideas independentistas, aunque sí intentó darles una legitimidad posterior (Landinez Guio, 2011). En esta medida, habría que buscar su irrupción en las crisis sociales más que en los idearios de las élites.

CONFLICTOS SOCIALES Y AMENAZAS INDEPENDENTISTAS

La percepción del retraso español a nivel cul- tural y económico que irrumpió después de la Guerra de los Siete Años (1756 y 1763); la consciencia de la debilidad política del Impe- rio respecto de los territorios ultramarinos, con una creciente demanda criolla de acce- der a cargos gubernamentales, y el continuo acecho del contrabando de potencias ma- rítimas europeas impulsaron a la Corona a reafirmar su soberanía política y económica. Las medidas que entraron en conflicto con la autonomía americana fueron, sobre todo, la creación de monopolios comerciales regio- nales y la presencia de peninsulares como autoridades locales en el marco de la política del fortalecimiento del Estado imperial. Re- formas administrativas como la creación del estanco del tabaco y la expulsión de los je- suitas, que comenzaron en 1765 con la visita general del ministro de Indias José Gálvez a la Nueva España, desencadenaron una serie de levantamientos populares entre 1766 y 1767. No obstante, es con las visitas genera- les al Perú, bajo la dirección de José Antonio de Areche en 1777, y a la Nueva Granada, con Francisco Gutiérrez de Piñeres en 1778, cuan- do se desataron las insurrecciones más álgidas del siglo XVIII en Hispanoamérica (McFarlane, 2001).

Los levantamientos populares no eran ajenos a la vida política de la América colonial; por el contrario, después de la imposición de ro- les por parte de los conquistadores hispanos, los vencidos se “acomodaron” a las nuevas condiciones: la sumisión política a la Corona, el pago de tributos, el trabajo forzado, etc. Sin embargo, en medio de estas relaciones se gestó una concepción de legitimidad respec- to de las cargas y obligaciones, así como de la reciprocidad de los dominadores frente a los dominados. Esta consciencia de lo justo se fundaba, al menos en parte, en el “pactismo” propio de doctrinas escolásticas españolas del derecho (Vitoria, Suárez, etc.), que ponían el énfasis en la mutua obligación entre el sobe- rano y los súbditos y en la autonomía relativa que gozaban las colonias. Esto permitía que, ante situaciones de corrupción, abusos del po- der e imposiciones fiscales excesivas, el pueblo apelara en primera instancia a la autoridad del rey y solo luego, en situaciones excepcionales, a la sublevación.

Aunque este proceder, común entre las socie- dades europeas medievales y modernas, era moneda corriente en la América hispana, fue hasta el siglo XVIII cuando adquirió grandes proporciones. Así fueron los casos de Paraguay en 1717, de Cochabamba y Oruro (Alto Perú) en 1730 y 1736 y de Caracas entre 1749 y 1752, que, pese a sus diferencias específicas, “fueron reacciones contra las presiones económicas externas que buscaban así proteger y promo- ver un control local del gobierno” (McFarlane, 2001, p. 301). Pero las sublevaciones más im- portantes, por su magnitud e impacto, fueron la de los comuneros en la Nueva Granada en 1781 y la de Túpac Amaru en el Perú entre 1780 y 1782.

Las reformas administrativas y fiscales en la Nueva Granada desataron el inconformismo de quienes se vieron directamente afectados: las familias criollas retiradas de los puestos burocráticos, los campesinos cuyo sustento es- taba en la producción de tabaco y aguardiente, y los indígenas despojados de sus tierras. El in- conformismo se materializó en la Insurrección Comunera que, bajo la dirección de Francisco Berbeo y Antonio Galán, partió de las provin- cias de San Gil y el Socorro hacia Santa Fe con el fin de derogar las decisiones que el visita- dor había tomado. Los comuneros llegaron a Zipaquirá con una serie de exigencias a las que se dio solución, con la indulgencia de los insurrectos por parte de las autoridades y la posterior ejecución de Galán.

De acuerdo con Cajías de la Vega (2001), la sublevación de Túpac Amaru en el Perú tuvo como causas la sobreexplotación indígena en la mina de Potosí, el tributo a los resguardos que asumía la comunidad y, sobre todo, el reparto mercantil por el cual el corregidor distribuía de manera obligatoria mercancías europeas en cantidad, calidad y precios ar- bitrarios entre los indígenas. La conjugación de estos factores, junto con la intensifica- ción del control fiscal y político ejercido por el visitador Areche, determinó que los indios, en cabeza de Tomás Catari y José Gabriel Tú- pac Amaru, manifestaran su inconformidad ante las autoridades de manera legal y luego en forma de sublevación popular. A diferencia de casos anteriores, el levantamiento peruano fue predominantemente indígena y singular- mente violento por parte de los rebeldes y de la represión estatal. A pesar de lograr que fueran depuestas las políticas adversas, la in- surrección terminó brutalmente controlada por las autoridades coloniales, las poblaciones rebeldes diezmadas y sus líderes ejecutados públicamente.

Como balance de las insurrecciones andinas, Nelson Osorio (2008) considera que estos mo- vimientos populares de finales del siglo XVIII “pueden ser comprendidos como proyectos de ‘emancipación’”, siempre que se conside- ren “como expresión de un amplio rechazo a la opresión colonial, que se articula a tradi- ciones prehispánicas propias más que (o tanto como) a ideas provenientes del pensamiento ilustrado de la época” (p. 12). El autor sostiene la tesis de que la dirigencia indígena contaba con un nivel cultural similar al de criollos y peninsulares y no ignoraba las dinámicas so- ciales europeas, solo que, como en el caso de la insurrección de Túpac Amaru, sus demandas se realizaban en función de las comunidades y la cultura indígena, en oposición a los intere- ses de las élites. De hecho, una característica de gran importancia fue la manifestación de “nacionalismo” inca en la demanda de auto- nomía política quechua y en la restitución del Tawantinsuyu, pues el objetivo fundamen- tal de este movimiento heterogéneo fue “un cambio total del gobierno” que estuviera “en- cabezado por el Inca” (Cajías de la Vega, 2001, p. 354).

Las insurrecciones indígenas y campesinas del siglo XVIII pueden considerarse como manifes- taciones de la decadencia del imperialismo borbón sobre América, así como el fracaso de su política para sostenerlo. No obstante, salvo por algunas características de los le- vantamientos peruanos, no pueden valorarse como brotes independentistas, ya que lejos de cuestionar la soberanía hispánica, intentaban proteger la autonomía frente a la intervención de las autoridades coloniales, pero dentro del marco jurídico de la monarquía. Lo que no se puede ignorar es la continua descomposición del Imperio, reflejada en los grandes vacíos de poder y el autoritarismo peninsular que se dio al tratar de reasumir el control colonial, y esto generó un descontento entre los americanos que para 1808 y 1810 se hizo más explícito y ya no tuvo reversa.

Como señala Hamnett (2000), la monarquía era el nexo que ligaba a la metrópoli con sus posesiones ultramarinas y a estas entre sí. Si estos territorios gozaron de relativa au- tonomía, la figura del rey los cohesionó y los concibió como partes de una misma na- ción. Para Xavier Guerra (1992), no es posible pensar la disolución del Imperio español sin entender las mutaciones sociales, políticas e ideológicas que compartía el mundo hispánico en ambos lados del Atlántico. Cuando Francia invadió España en 1808 y José Bonaparte tomó el trono de Fernando VII (obligado a abdicar en Bayona), el nexo legítimo entre España y América fue roto. Pero a diferencia de la Revo- lución Francesa, la revolución liberal española y las independencias americanas se iniciaron no contra el rey, sino contra la abdicación for- zada del mismo; es decir, se dieron en nombre del rey, aunque sin él.

El rechazo a la ocupación francesa de los te- rritorios peninsulares reivindicó, tanto en España como en América, un inusitado “pa- triotismo” que remitía “a algo mucho más moderno: a la nación y al sentimiento na- cional” (Guerra, 1992, p. 121), en tanto que Fernando VII se convirtió en el “símbolo de la regeneración, la expectativa de una nueva so- ciedad” (Guerra, 1992, p. 122) y, por tanto, en la esperanza de un cambio dentro de las ex- pectativas modernas.

Las pretensiones americanas de constituir “juntas” desde 1810 tuvieron como fundamento la fidelidad al rey, en cuyo nombre proclamaron la soberanía que, en su ausencia, recaía sobre el pueblo. Igualmente, estas primeras organizaciones independentistas se sintieron reactivas en principio a la usurpación francesa y al peligro de contar con autoridades que apoyaran al régimen ilegítimo. La representación ante la Junta Central y las elecciones de diputados que en América se llevaron a cabo con dicho fin revelan la lucha por la igualdad política que llevaban a cabo los españoles americanos frente a los peninsulares. El sentimiento de fidelidad hacia el rey y los vínculos de “vasallaje” entre este y los súbditos era muy fuerte en América y, al igual que en España, pese a la pluralidad regional, “los habitantes de la Monarquía se descubren como nación en su unanimidad contra el enemigo común” (Guerra, 1992, p. 158).

En las luchas de independencia, se puede ver en América una sociedad tradicional que mantuvo la jerarquización, la identificación religiosa y la reivindicación de un pasado glorioso frente al presente en crisis, a pesar del carácter moderno de las luchas nacionales. La desigualdad política que el gobierno central de la Monarquía profesaba respecto de sus provincias ultramarinas “acrecentaba todavía más los agravios de los americanos y hacía de la reivindicación de la igualdad una de las principales causas de los nacientes movimientos de Independencia” (Guerra, 1992,p. 225). Por tanto, la independencia de los territorios hispanoamericanos tuvo origen en sus relaciones complejas con la metrópoli, donde irrumpe la modernidad con la deca- dencia del Antiguo Régimen, en un proceso que no excluyó los presupuestos políticos e ideológicos de la sociedad colonial, sino que se entrecruzó con ellos.

CONCLUSIÓN

Si bien la Ilustración en la América hispana generó una mayor consciencia nacional que dirigió la mirada hacia cada uno de los países todavía incipientes, identificados en su forma administrativa colonial (virreinatos, capitanías, audiencias, provincias, etc.), es necesario señalar que el impulso general de estas ideas fue dado por la metrópoli. Esto quiere decir que los movimientos intelectuales fueron incapaces, por sí mismos, de promover una rebelión generalizada sin la presión de factores sociales como la lucha por el reconocimiento y la igualdad jurídica dentro de la legitimidad del Imperio español.

Ahora bien, fueron las reivindicaciones propias del derecho medieval el sustento de los primeros brotes independentistas, no las ideas ilustradas que, por su parte, se introdujeron en la búsqueda de una modernización de la administración colonial. Solo en un momento posterior, la idea moderna del Estado nacional orientó el proyecto emancipador de los países hispanoamericanos, proyecto que inicialmente tuvo como enemiga a la usurpación francesa del trono español, no a la monarquía legítima.

REFERENCIAS

Abad y Queipo, M. (1979). Representación sobre la inmunidad personal del clero... [1799]. En J. C. Chiaramonte (comp.), Pensamiento de la Ilustración: economía y sociedad iberoamericana en el siglo xvIII (pp. 345-353). Caracas: Ayacucho.

Azara, F. (1979). Memoria sobre el estado rural del Río de la Plata en 1801 [1801]. En J. C. Chiaramonte (comp.), Pensamiento de la Ilustración: economía y sociedad iberoamericana en el siglo xvIII (pp. 112-124). Caracas: Ayacucho.

Baquíjano y Carrillo, J. (1979). Disertación histórica y política sobre el comercio del Perú [1791]. EnJ. C. Chiaramonte (comp.), Pensamiento de la Ilustración: economía y sociedad iberoamericana en el siglo xvIII (pp. 4-36). Caracas: Ayacucho.

Caballero y Góngora, A. (1982). Remedio a los desórdenes derivados de la conquista [1789]. En G. Marquínez Argote (ed.), Filosofía de la Ilustración en Colombia (pp. 81-85). Bogotá: El Búho.

Cajías de la Vega, F. (2001). Desórdenes civiles e insurrecciones populares. En M. Garrido (ed.), Historia de América Andina (vol. 3, pp. 315-360). Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Caldas, F. (1966). Estado de la geografía de Santafé de Bogotá con relación a la economía y al comercio [1807]. En Obras completas (pp. 183-212). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Chiaramonte, J. (Comp.). Pensamiento de la Ilustración: economía y sociedad iberoamericana en el siglo xvIII. Caracas: Ayacucho.

Grafenstein Gareis, J. (2000). América Latina en el comercio internacional, desde las reformas borbónicas hasta vísperas de la independencia. En B. Connaughton (coord.). Historia de América Latina (pp. 307-349). México: Universidad Na- cional Autónoma de México.

Guerra, F. (1992). Modernidad e independencia. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas. Madrid: Edi- torial Mapfre.

Hamnett, B. (2000). Poder central y realidad pro- videncial: una relación fundamental de origen colonial. En B. Connaughton (coord.), Historia de América Latina (pp. 259-306). México: Universi- dad Nacional Autónoma de México.

Landinez Guio, D. (2011). Ciencia e Ilustración en la Nueva Granada: cambio de la visión colonial a finales del siglo XVIII. Cuadrantephi, (22),1-17.

McFarlane, A. (2001). Desórdenes civiles e insu-rrecciones populares. En M. Garrido (ed.), Histo- ria de América Andina (vol. 3, pp. 279-314). Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Negrín, O. (1995). La enseñanza de las primeras le- tras ilustradas en Hispanoamérica. Historiogra- fía y bibliografía. En D. Soto, M. Puig & L. Arbo- leda (eds.), La Ilustración en América Colonial (pp. 67-90). Madrid: Doce Calles.

Osorio Tejeda, N. (2008). Consideraciones preliminares para el estudio del siglo XVIII en el Mundo Andino. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 67, 9-27.

Puig-Samper, M., & Francisco, P. (1995). Las expediciones botánicas al nuevo mundo durante el siglo XVIII. Una aproximación histórico-bibliográfico-científica en el siglo XVIII. En D. Soto, M. Puig & L. Arboleda (eds.), La Ilustración en América Colonial (pp. 55-66). Madrid: Doce Calles.

Rodríguez, S. (1979). Reflexiones sobre los defectos que vician la escuela de primeras letras de ca- racas y medio de lograr su reforma por un nue- vo establecimiento [1794]. En J. C. Chiaramonte (Comp.), Pensamiento de la Ilustración: economía y sociedad iberoamericana en el siglo xvIII (pp. 374- 392). Caracas: Ayacucho.

Saldaña, J. (1995). Ilustración, ciencia y técnica en América. En D. Soto, M. Puig & L. Arboleda (eds.), La Ilustración en América Colonial (pp. 19- 54). Madrid: Doce Calles.

Zamudio Varela, G. (1993). Las expediciones botánicas a América en el siglo XVIII. Ciencias, 29, 47-51.

Notas