Artículo de Investigación
Estudio comparativo del proceso de investigación del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en El Salvador y España
Revista Ciencia, Cultura y Sociedad
Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador
ISSN: 2305-7688
ISSN-e: 2709-2593
Periodicidad: Semestral
vol. 8, núm. 1, 2022
Recepción: 09 Febrero 2022
Aprobación: 11 Junio 2022
Resumen: Este artículo analiza desde el enfoque de Derechos Humanos y la perspectiva de género, el proceso de investigación del delito de trata de mujeres desarrollado en El Salvador y España. La metodología fue aplicada de análisis descriptivo y comparativo con enfoque cualitativo, analizando desde una perspectiva jurídico social, las acciones y resultados obtenidos en la investigación del delito de trata de mujeres a partir de las diferentes herramientas legales. El aporte de esta investigación es relevante, en cuanto permite conocer las acciones realizadas por El Salvador y España para recolectar pruebas y desarrollar una persecución del delito. Entre los hallazgos encontrados se determinó que El Salvador ha mostrado avances en investigación del delito de trata teniendo herramientas legales similares a las establecidas en España. Sin embargo, es necesario reforzar el registro de datos de casos de trata y valorar una reforma a la Ley Especial contra la Trata de Personas en El Salvador para incorporar la investigación patrimonial de los tratantes y el aseguramiento de los bienes productos de la trata.
Palabras clave: Trata de mujeres, derecho comparado, perspectiva de género, investiga- ción del delito, El Salvador.
Abstract: This article analyzes, from the Human Rights and gender perspective, the investigation process of the crime of trafficking in women developed in El Salvador and Spain; For which an applied methodology and descriptive and comparative analysis with a qua- litative approach were designed; analyzing from a social legal perspective, the actions and results obtained in the investigation of the crime of trafficking in women from the different legal tools. The contribution of this research is relevant, insofar as it allows to know the actions carried out by El Salvador and Spain to collect evidence and carry out a prosecution of the crime. As part of the findings, it was determined that El Salvador has shown progress in investigating the crime of trafficking, having legal tools similar to those established in Spain; However, it is necessary to reinforce the registration of data on trafficking cases and assess a reform to the Special Law against Trafficking in Persons in El Salvador, to incorporate the Investigation of Assets of traffickers and the Assurance of goods derived from trafficking.
Keywords: Trafficking in women, criminal law, gender perspective, crime investiga- tion, El Salvador, Spain.
Introducción
El fenómeno de trata de personas es un fenómeno que posee diferentes perspectivas, pues la complejidad del fenómeno de trata requiere para su abordaje de la identificación de los factores que determinan la relación entre los países en los cuales se trasladan. El informe Mundial sobre la Trata de Personas (UNODC, 2018) afirma que existe una correlación entre la riqueza (PIB) del país de destino y la cantidad de las víctimas de los países de origen. En ese sentido, los países con economías más estables son un atractivo para las víctimas, proporcionando una herramienta para los tratantes, res- pecto de los países menos prósperos.
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar La Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños (Organización de las Naciones Unidas, 2000), establece que la trata de personas constituye una violación de los derechos humanos, demanda un compromiso de actuación por parte de los Estados en la estructuración de políticas y estrategias, diseñadas con un enfoque de derechos humanos concentrado en las personas, priorizando la protección y pro- moción de los derechos de las víctimas frente a otros objetivos y enfatizando la persecución e investigación del delito como eje central para la lucha contra este fenómeno.
De igual forma, al analizar el fenómeno de la trata de personas, es necesario tener presente la perspectiva de los derechos humanos y la perspectiva de género, porque la mayor incidencia de víctimas del delito de trata son mujeres y niñas, principalmente, para la explotación sexual. Esta es una de las manifestaciones más marcadas de la desigualdad estructural como indica el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la UNODC (2018), datos que reflejan parte de la realidad de El Salvador (Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, 2020) y España (Gay Rossel, 2019).
La Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid (2016) afirma que tanto mujeres como niñas, presentan un elevado grado de vulnerabilidad, ya que son las principales víctimas de la trata. Por eso, es importante priorizar la atención al enfoque de género, ya que este es un factor de vulnerabilidad en la captación. Las mujeres adultas constituyen el mayor número de víctimas de trata de personas, como se presentó la UNODC (2018) en su reporte global sobre la trata de personas reflejado en la figura siguiente:
Es muy importante evaluar las estadísticas presentadas en la Figura 1, ya que no solamente es un problema nacional sino mundial, como se observa en la figura anterior, hay un mayor grado de afectación en las mujeres respecto al delito. Por lo cual es importante que el Estado haga un especial énfasis en la investigación y prevención del delito, identificando los facto- res de vulnerabilidad que se presentan en la sociedad salvadoreña en las mujeres. Por ello que, en cuanto a la utilización del término «trata de mujeres» en la presente investigación, se centra en abarcar todas las características de la trata de personas con énfasis en las mujeres con fines de explotación sexual. Además, se
observa en la Figura 1 que, en el caso de Norte América, Centroamérica y El Caribe, el problema representa datos muy elevados respecto a casos o víctimas de trata identificados.
En El Salvador, y a nivel global se han imple- mentado acciones que incluyen la estructuración de planes y protocolos de acción y persecución, esquemas de protección de víctimas que han contribuido claramente para mejorar la identificación de las víctimas y la efectividad de las respuestas de la justicia penal tal y como señala la UNODC (2018), pero la impunidad aún prevalece en grandes partes del mundo. Es menester, entonces, que los principales países
de destino y de origen se centren en el estudio del rol de los ministerios fiscales, en la implementación de protocolos, los cuales deben ir orientados al espíritu de responsabilidad compartida y cooperación internacional para acelerar los esfuerzos contra la trata y hacer frente a la impunidad de este crimen.
En cuanto a la investigación del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en España, la ratificación de los distintos convenios y acuerdos internacionales ha supuesto la modificación del marco legislativo y de las políticas públicas dirigidas a la lucha contra la trata de seres humanos. Así, en los últimos años, se han producido importantes avances dirigidos tanto a reforzar la persecución y sanción del delito como a garantizar la protección y asistencia a las víctimas (Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid, 2016); estableciendo los compromisos adquiridos en los diferentes instrumentos internacionales, reformando el Código Penal (1995) y agregan- do las reformas a la Ley Orgánica 5/2010 del código Penal en 2010.
La situación problemática gira en torno al proceso de investigación de casos de trata de mujeres por parte de El Salvador y España, a través de sus respectivos ministerios públicos. Para comprender la dinámica de este o el establecimiento de penas o proporcionalidad de la misma, se pretende abordar y describir, en esta investigación, el proceso de investigación del delito de trata de mujeres, pues como menciona Garrido (1992) la pena no siempre es el medio más eficaz para luchar contra un delito tan complejo como lo es la trata de personas.
En cuanto a la persecución del delito, la Fiscalía General de la República, por precepto constitucional tiene un rol primordial como representante del Estado para ejercer la coercibilidad en la persecución de los delitos y la administración de justicia, mandato que es desarrollado en el Código Procesal Penal (Asamblea Legislativa, 2009). En virtud de este rol del Estado es que se estableció como objetivo general de la presente investigación describir el proceso de investigación en sede fiscal sobre el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en el periodo 2012 a 2019, entendiendo por investigación del delito «aquellas acciones, medidas o diligencias que se realizan con el objetivo de establecer la configuración de un tipo penal» (Alfaro, 2009).
Por tanto, para describir el proceso de investigación del delito de trata de mujeres es necesario evaluar criterios propios de la Política de Persecución Penal (Fiscalía General de la República, 2017), como la plasmada en el Manual Único de Investigación Interinstitucional (Fiscalía General de la República, 2012); ya que como Vilas (2012) señala es necesario
«tomar en cuenta el desarrollo de la gestión, para poder analizar y reflexionar sobre las acciones o hechos para obtener mejoras en la toma de decisiones del proceso de investigación del delito» (Amaya, 2016).
Para el caso de El Salvador la Fiscalía General de la República, como medida combate al fenómeno de trata y en cumplimiento a las directrices y obligaciones establecidas en la Política de Persecución Penalarts.- 11, No.4 y 62 en los
cuales se establece la facultad de desarrollo de la dirección, coordinación y control jurídico de la investigación de delitos por parte de las FGR, estructuró en el año 2012 el Manual Único de Investigación Interinstitucional (Fiscalía General de la República, 2012). Dicho manual establece conceptos básicos sobre las actuaciones en la indagación e investigación del delito y, además, se plantean los procedimientos operativos y técnicos de las actuaciones en la investigación, acorde a la Política de Persecución Penal (2017).
Asimismo, el Manual Único de Investigación Interinstitucional (Fiscalía General de la República, 2012) desarrolla de manera expresa el proceso de investigación de los casos de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual, tanto en el caso de detención en flagrancia, así como de investigación en curso. En estos apartados se aborda y determina paso a paso los procedimientos desde la recepción de información, detenciones, procesamientos de la escena, levantamientos de actas; los cua- les serán los que garanticen la ejecución de la investigación.
Por su parte, en España uno de los aspectos más relevantes frente a la investigación del delito de trata de mujeres es que hay una coordinación y colaboración entre distintas instituciones de las cuales se mencionan la Fiscalía, La Policía y
las Fuerzas y cuerpos de Seguridad de España (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2019) promoviendo pro- gramas de colaboración ciudadana, información en colegios e institutos de Educación.
La investigación del delito se desarrolla a través de procedimientos de detección de posibles víctimas de trata, y a través del establecimiento de protocolos a seguir por profesionales de sectores en los que es posible entrar en contacto con una potencial víctima (Ministerio Fiscal de España, 2019); por ello, en 2018, se finalizó la elaboración de la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos (Careaga García, 2018), teniendo esta guía la finalidad de proporcionar una herramienta útil con la que afrontar el tratamiento policial y judicial de este complejo fenómeno, sistematizando las buenas prácticas tanto en la instrucción y enjuiciamiento del delito de trata como en la atención y protección a las víctimas. Es importante destacar que como se observa a continuación la investigación del delito es un proceso constante y enfocado en dos aspectos,
la identificación del delito de trata y la identificación de bienes y riquezas obtenidos a partir del ilícito penal.
De acuerdo con datos actuales se ha observa- do un aumento en la detección de víctimas de trata de personas en todo el mundo, este crecimiento puede reflejar dos perspectivas en la lucha contra la trata de personas; una perspectiva positiva y otra negativa: «asumiendo el incremento de víctimas identificadas como una señal de mayores esfuerzos de las instituciones para identificar víctimas y protegerlas» (UNODC, 2018) o, por otro lado, como un incremento en las actividades de trata por parte del crimen organizado o incremento de víctimas afectadas por este fenómeno, como se observa en la Figura 1.
Asimismo, es pertinente el desarrollo de este estudio, en virtud de que la Constitución de la República establece en sus Artículos 1 y 4 que la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, garantiza que toda persona es libre en el territorio de la República y, por lo tanto, nadie puede ni debe ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. En virtud de ello es necesario establecer una descripción y análisis del proceso de investigación del delito de trata de mujeres, como una forma de abordaje y persecución al delito.
Metodología de la investigación
El alcance de la presente investigación es descriptiva (Hernández et al., 2010), como resultado de la revisión bibliografía y de las perspectiva de la investigación se definió, abordó y trianguló la información con la legislación relacionada sobre el proceso de investigación del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en El Salvador y España; se obtuvo información documental, bibliográfica, contrastándola con los marcos normativos respectivos tal y como establece Muñoz Campos (2004).
La triangulación de datos se realizó a través de la utilización de fichas bibliográficas, Análisis normativo; y con los cuales se analizó y contrastó con el estudio comparativo tal y como establece Villabela (2015) para producir información que permitió tener un acercamiento para analizar y describir los procesos de la investigación del delito desarrollada por El Salvador y España.
El tipo de investigación realizada es aplicada, ya que, como señala Lara Sánchez (1991), en primer lugar se determinó la relación del derecho con el fenómeno social de trata de mujeres y, en segundo lugar, porque a partir de la descripción, características y ejecución del proceso de investigación del delito de trata mujeres con fines de explotación sexual, se realizó el estudio comparativo para recomendación de mejoras para los procesos de investigación.
También, se diseñó con un enfoque de investigación cualitativo (Hernández etal., 2010) para realizar una indagación y obtener resultados que proporcionen más información sobre el proceso de investigación del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual, a través de la triangulación de información documental y legal para la realización de un estudio comparativo entre el proceso de investigación del delito de trata, desarrollado por ambos países.
Con las unidades de selección para describir el proceso de investigación de trata de mujeres con fines de explotación sexual en El Salvador y España, se describió el proceso de investigación, la legislación vigente y se desarrolló un estudio comparativo tomándose en cuenta las siguientes unidades de análisis:
● Revisión documental: Análisis bibliográfico y documental sobre la trata de mujeres y el procedimiento de investigación del delito de trata de mujeres en El Salvador y España.
● Estudio del marco normativo: Revisión y análisis de las principales leyes y tratados suscritos por El Salvador y España en relación a la investigación de delito de trata de mujeres con fines de explotación Sexual.
● Estudio comparativo: Análisis e identificación de las características y aspectos de la aplicación de los instrumentos establecidos en El Salvador y España que sirven como guía para la investigación del delito de trata para identificar aspectos de mejoras o puntos de convergencia entre ambos protocolos.
Resultados
A partir del análisis del marco legal de El Salvador en relación con la regulación del delito de trata de mujeres con fines de explotación
se establecieron los antecedentes legislativos y las leyes vigentes en El Salvador, con las cuales establecer los alcances y los deberes por parte de los Estados en la creación de los instrumentos y herramientas que permitan el abordaje integral del delito, orientados a su detección, prevención, persecución y sanción. Así como a la atención, protección y restitución integrales de los derechos de las víctimas y garantizar los mecanismos pertinentes para la reparación de los daños ocasionados a las mismas.
Discusión
El objetivo principal de la investigación planteó describir el proceso de investigación del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual en El Salvador y España porque, como se estableció en el marco teórico, la existencia de un factor de correlación entre países con una economía inestable como en el caso de El Salvador y países con una economía más desarrollada como en el caso España (UNODC, 2018). Se observó que primero es un país de origen o tránsito de víctimas de trata que ter- minan llegando a España como país de destino, por lo cual, resulta pertinente describir y comparar los procesos de investigación desarrollados por ambos países para el establecimiento de estrategias contra la trata de personas.
Para describir y comparar el proceso de investigación del delito de trata de mujeres es pertinente iniciar el abordaje desde la perspectiva normativa, como se observa en la Tabla 1 que, a nivel internacional, ambos países se rigen bajo la normativa del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente, mujeres y niños (2000), que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Asimismo, se ratifica en un periodo de tiempo bastante similar, teniendo únicamente un año de diferencia entre uno y otro; sin embargo, es clave señalar que España en virtud de su estructura de Gobierno, posee una estructura legislativa diferente, porque forma parte de la Unión Europea y del
Consejo Europeo, por lo cual, posee legislación internacional a nivel regional, en tanto, a nivel estatal, como en el caso de la tipificación de la trata en la Ley Organica 1-15 del Código Penal (Gobierno de España, 2015) y la Ley Orgánica /2010 (Gobierno de España, 2010), de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; de igual forma cada provincia en Espa- ña posee leyes de manera autonómicas que regulan sobre la trata. Esto les brinda herramientas y estrategias adicionales que permiten un abordaje mucho más amplio y agresivo contra la trata de personas.
En cuanto a los instrumentos a nivel de la Union Europea España cuenta con el convenio de prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas (Consejo de Europa, 2011), la Estrategia de la Unión Europea para la erradicación de la Trata de seres Humanos (Comisión Europea, 2012), la Directiva relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de ter- ceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos (Parlamento Europeo, 2004) y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Consejo de Europa, 2008), se observa que el aspecto de combate de la trata se aborda desde un enfoque de prevención y de priorización en la protección de víctimas durante todo el proceso de investigación, judicialización y ejecución de la sentencia, garantizando protección integral y abordando el fenómeno desde el enfoque de Derechos Humanos con perspectiva de género.
Por su parte, El Salvador, como una República soberana, aunque posee en su marco normativo convenios y tratados para el abordaje de la violencia contra la mujer, a nivel de legislación internacional, el único instrumento específico que aborda la trata de personas es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Organización de las Naciones Unidas, 2000). Sin embargo, como afirma Rodríguez (2012), El Salvador se encuentra en segundo lugar en resultados contra la lucha y judicialización de casos de trata a nivel regional, pues fue de los primeros países en establecer normativa de manera especial para el abordaje del delito de trata a través de la Ley Especial contra la trata de Personas (Asamblea Legislativa, 2014); tipifica el delito y establece una serie de principios y pautas, a través de diversas instituciones de gobierno que desempeñan un rol activo en las acciones de prevención, combate y sanción del delito de trata de personas.
Además, se cuenta con un Consejo Nacional contra la Trata de Personas, encargado de impulsar la Política Nacional contra la Trata de Personas (Consejo Nacional contra la Trata de Personas, 2013), con el propósito de lograr un abordaje integral y efectivo. Al respecto, es importante destacar que, aunque la Ley Especial contra la Trata de Personas (Asamblea Legislativa, 2014), contempla el eje de prevención, las políticas de El Salvador están orienta- das a la persecución penal, dejando en segundo plano la protección de víctimas de trata.
Por otra parte, es importante señalar que en España como en El Salvador se ha establecido al Ministerio Fiscal (Careaga García, 2018) o Fiscalía General de la República (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador,1983), que cada uno de los países poseen la facultad de ser representantes del Estado en la persecución de delitos, para este caso, el de trata de mujeres, actúan coordinando o dirigiendo de manera funcional a otras instituciones, trabajando de manera directa con la figura de la Policía.
Es así que, como parte del abordaje del delito, a través de políticas en España, se ha establecido la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos (Careaga García, 2018), elaborada por el Consejo General del Poder Judicial brindando de forma integral: desde la etapa de la identificación de víctimas, la investigación del delito, la judicialización, hasta la ejecución misma de la sentencia. Teniendo como enfoque principal la protección de la víctima y, de esta forma, garantizar la participación de la misma en el proceso judicial.
de la escena, levantamientos de actas hasta la etapa de elaboración del requerimiento fiscal.
Respecto a la investigación del Delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, desarrollado por España en la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos (Careaga García, 2018), se obser- va que el abordaje del delito tiene un alcance amplio, pues establece una serie de pautas des- de la etapa de la investigación hasta la etapa de la ejecución de la sentencia misma, estruc- turándose desde un enfoque preventivo, desa- rrollando un trabajo colaborativo con diversas instituciones, e incluso miembros de la socie- dad civil, para identificar casos potenciales o víctimas de trata a través de inspecciones por parte de diversas instituciones.
Este es un factor clave en la detección de víc- timas; otro punto clave en la persecución del delito es que, en España, se desarrolla una Investigación Patrimonial y en la etapa judi- cial se solicita el Aseguramiento de los bienes, medios, instrumentos y ganancias que pue- den ser objeto de decomiso por provenir del producto de la trata de personas tal y como lo establece el Art 127 del Código Penal (Gobier- no de España, 2015), estableciendo plazos de duración de la investigación del delito entre 6 a 18 meses para la obtención de resultados y recolección de medios probatorios. Este es un factor que compromete e impulsa las instruc- ciones para un desarrollo eficaz de la investi- gación, considerando como principio en todo el desarrollo de la investigación, la protección de las víctimas durante el proceso, permitiendo
que las víctimas tengan más probabilidades de colaborar con la justicia por sentir mayor segu- ridad jurídica.
En el caso de El Salvador, respecto a la investi- gación del Delito de Trata de Mujeres con fines de Explotación Sexual, en el Manual Único de Investigación Interinstitucional elaborado por la Fiscalía General de la República (2012), desarrolla el proceso de investigación de los casos de trata de persona bajo la modalidad de explotación sexual en los casos de detención en flagrancia y en modalidad de investigación en curso. Estos abordan y determinan paso a paso los procedimientos desde la recepción de información, detenciones, procesamientos de la escena, levantamientos de actas hasta la etapa de elaboración del requerimiento fiscal, separando de la investigación la etapa judicial, sin el establecimiento de plazos para el desa- rrollo de investigaciones.
Esto podría ser uno de los aspectos de mejora, como se observa en el caso de España, quienes si abordan hasta la etapa de la ejecución de la sentencia. Además, El Salvador se enfoca en la persecución a los tratantes, dejando en segun- do plano la protección de víctimas, pues pese a que la Ley Especial contra la Trata de Personas (Asamblea Legislativa, 2014) si contempla la protección de víctimas, este no es un princi- pio que se observe de manera explícita dentro de los protocolos establecidos por la Fiscalía General de la República.
En ambos países se cuenta un sistema de regis- tro de datos de casos de trata en el caso de Espa-
ña, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado del Ministe- rio de Interior, recibe la información completa de la Policía Nacional y Guardia Civil. Desde 2009, cuenta con el porgrama base de datos de trata de seres humanos (BDTRATA) (Ministe- rio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2019), y en el caso de El Salvador se cuenta con el Sistema Nacional de Infor- mación sobre Trata de Personas (Dirección de información y análisis, 2020).
En cuanto a recursos para la investigación del delito, no se cuentan con datos exactos del pre- supuesto de cada institución para el abordaje de la trata de personas; sin embargo, este fac- tor podría ser determinante en los resultados estadísticos que maneja cada país, pues en el caso de España El Ministerio de la Presiden- cia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (2019) afirma que se ha reforzado la investigación patrimonial o financiera, con la finalidad de mejorar la obtención de pruebas y para facilitar el seguimiento.
Mientras que, en el caso de El Salvador, el pre- supuesto de Fiscalía General de la República es insuficiente, a nivel de Unidad Especializada no hay presupuesto asignado de manera espe- cífica para la investigación del delito de trata (Villa, 2019).
Todo lo anterior, es pertinente sea contrastado con los resultados de la investigación del deli- to de trata, pues en el caso de España se han procesado 101 casos, de los cuales el 65 % fue-
ron judicializados. Por otra parte, entre 2012 a 2018, se ha obtenido una sentencia condena- toria; y en el caso de El Salvador, en el mismo periodo de tiempo, se judicializaron 12 casos, de estos el 25 % obtuvo sentencia condenato- ria, mientras que el 66 % se encuentra aún en proceso.
Conclusiones
En cuanto a marco normativo, España cuenta con más herramientas. Esto no implica que El Salvador se encuentre en una desventaja, pues estudios como el del Observatorio Latinoame- ricano sobre trata y tráfico de personas (2020) afirma que dispone de herramientas legales suficientes para combatir la trata, teniendo normativa especializada como la Ley Especial contra la trata de Personas (Asamblea Legis- lativa, 2014). En tanto, en el caso de España, cuenta con una gama amplia de normas que podría generar una dispersión legislativa como afirma Careaga García (2018). Es importan- te que España establezca una ley especial que integre los principios y estrategias contenidas en todas sus leyes.
En suma, tanto España como El Salvador poseen una institución determinada la cual dirige y coordina la investigación del delito de la trata en colaboración la policía. Además, ambos países cuentan con una política orienta- da a la investigación del delito, en el caso de El Salvador con el Manual Único de Investigación Interinstitucional (2012), el cual se limita a la investigación del delito; y en el caso de Espa-
ña cuenta con la Guía de criterios de actua- ción judicial frente a la trata de seres humanos (Careaga García, 2018). Este tiene un alcance mayor por considerar aspectos desde la iden- tificación de posibles casos y hasta la ejecución de la sentencia misma, involucrando a el Minis- terio Fiscal, Policía, y todos los operadores del sistema, siendo un aspecto muy importante que debería ser retomado por El Salvador.
La Investigación Patrimonial de los tratantes y el aseguramiento de los bienes, medios, instru- mentos y ganancias que pueden ser objeto de decomiso por provenir del producto de la trata de personas como lo establece el Art. 127 de la Ley Orgánica 05/2015 del Código Penal de España (Gobierno de España, 2015) es una de las figuras más relevantes a destacar del estudio comparativo, que permite el combate e inves- tigación del delito de trata, aportando pruebas dentro del juicio; además, se convierte en una política de desarticulación y desmantelamien- to de la organización criminal que podría inci- dir en la disminución de casos de tratas.
En ambos países se cuentan con un sistema de registro de datos de casos de trata; sin embar- go, en ambos el sistema no funciona de manera idónea, pues en el caso de España, pese a contar con la base de datos de trata de seres humanos llamado BDTRATA, el Ministerio de la Presi- dencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
(2019), afirma que este no es homogéneo, pues debería alimentarse de datos de muchas otras intuiciones claves y funcionar como un regis- tro central.
En el caso de El Salvador se cuenta con el Sis- tema Nacional de Información sobre Trata de Personas, que a nivel de cada institución se manejan datos diferentes respecto a los índices de denuncias, víctimas, investigaciones, judi- cializaciones y sentencias (Dirección de infor- mación y análisis, 2020).
Es importante destacar que El Salvador se enfoca más en el combate o persecución penal, en la recolección de pruebas; mientras que España, parte de su estrategia de persecución, radica en la protección y garantía de Derechos de la víctima de trata, siendo este el elemento probatorio esencial dentro del proceso judicial, y permitiendo obtener mayores resultados en los índices de condenas respecto a El Salvador. Aunque España es un país con mayor desa- rrollo económico, los resultados son mayores. No obstante, para el caso de El Salvador, se observa una desproporcionalidad en cuanto a la cantidad de judicialización y la cantidad de sentencias condenatorias obtenidas, lo que conlleva a la necesidad de establecer enfoques y políticas de acción que permitan que los pro- tocolos aplicados reflejen mayores índices de garantía en el acceso a la justicia.
Recomendaciones
Luego de analizar las conclusiones investigati- vas y con el objetivo de sugerir mejoras en el proceso de investigación del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual rea- lizada por la Fiscalía General de la República para el caso de El Salvador, se recomienda lo siguiente:
1. El Estado de El Salvador debe priorizar en el diseño de políticas públicas orientadas a la protección de víctimas durante el proceso de investigación del delito de trata de personas, a fin de garantizar la seguridad jurídica y de derechos de las víctimas, esto incidirá en la disponibilidad de las víctimas a denunciar y testificar contra los tratantes.
2. En segundo lugar, es pertinente para El Salvador retomar las buenas prácticas de la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos aplicada en Espa- ña, y considerar realizar mejoras al Manual Único de Investigación Interinstitucional elaborado por la Fiscalía General de la Repú- blica en la investigación del delito de trata, a fin de abordar la investigación desde un enfoque de prevención y de protección a víc- timas durante todo el proceso de investiga- ción ampliando el alcance a la etapa judicial y la ejecución de la sentencia, garantizando la protección integral y abordando el fenóme- no desde el enfoque de Derechos Humanos con perspectiva de género.
3. Al Consejo Nacional contra la Trata de Personas, se recomienda mejorar la cen- tralización de información. Es necesario reforzar el Sistema Nacional de Informa- ción sobre Trata de Personas, para que sirva como herramienta de recolección, procesamiento y análisis de información estadística que permitan abordar y comba- tir las diferentes dimensiones de la trata de mujeres en El Salvador.
4. A la Asamblea Legislativa, se recomienda el estudio de una reforma a la Ley Espe- cial contra la trata de personas que regule e incorpore la Investigación Patrimonial de los tratantes y el Aseguramiento de los bienes, medios, instrumentos y ganancias que pueden ser objeto de decomiso por provenir del producto de la trata de per- sonas tal y como lo establece el Art. 127 de la Ley Orgánica 05/2015 del Código Penal España; ya que esta permite no solo el combate e investigación del delito de trata aportando pruebas dentro del juicio, sino que además se convierte en una política de desarticulación y desmantelamiento de la organización criminal que podría incidir en la disminución de casos de tratas.
5. A la Fiscalía General de la República de El Salvador se recomienda el establecimiento de plazos de duración de la investigación del delito de trata para la obtención de resultado y recolección de medios proba- torios, tomando como referencia el caso de España para comprometer e impulsar el compromiso de las instrucciones para un desarrollo eficaz de la investigación.
6. Para España es pertinente homogenizar el sistema de Base de Datos de trata de seres humanos llamado BDTRATA, coordina- do por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado del Ministerio de Interior, para que recoja la información de todas las instituciones y los informes emitidos posean información más amplia.
7. Se recomienda a España el estudio para la creación de una Ley Especial contra la trata a fin de reducir la dispersión normativa que se genera en las leyes estatales y autonómi- cas, directivas, y protocolos de actuación para aumentar la incidencia en el combate e investigación del delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.
