RESUMEN

La llegada de Donald Trump en 2016 a la presidencia de EEUU generó expectativas de deportaciones masivas para El Salvador. Este trabajo documental y descriptivo intenta identificar el flujo de las deportaciones de salvadoreños durante 2019, caracterizar un perfil aproximado del deportado (a) e identificar algunos programas estatales/guberna- mentales de atención y ayuda a las personas deportadas/retornadas. Para la identificación del flujo de deportaciones se consultó los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para caracterizar el perfil aproximado de las personas deportadas. Sin embargo, como no se cuenta con bases de datos nacionales, se consultó la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur), administrada a personas sal- vadoreñas deportadas («devueltas» en la jerga mexicana de la encuesta) por autoridades estadounidenses, durante los años 2018-2019. Para la identificación de programas y pro- yectos de apoyo se realizó un rastreo de los sitios web de las instituciones público estata- les. En ellos se encontró una variación de 205,948 entradas más durante 2019 que 2018 y 215,464 salidas más en la comparación de los mismos años. También, hubo 3,235 depor- taciones más por vía aérea y 7,277 más por vía terrestre para un total de 10,512 depor- taciones más que 2018. Se obtuvo un perfil aproximado, aplicando una serie de variables compatibles con la encuesta Emif Sur y se identificaron algunos programas de atención. Se concluye que las deportaciones no han sido masivas como se esperaba, el perfil de los deportados está caracterizado por la intención de regresar, por temor e incertidumbre al retorno. Además, los programas de atención y apoyo locales son insuficientes.

Palabras clave: Deportado, retornado, devueltos, perfil de deportación, programas de atención, El Salvador.

US DEPORTATIONS TO EL SALVADOR DURING 2019, AN APPROACH TO THE PROFILE OF DEPORTED PEOPLE.

INTRODUCCIÓN

Los vínculos migratorios contemporáneos entre los países se derivan de la brutal guerra civil que tuvo lugar en El Salvador entre 1980 y 1992. La guerra fue financiada en gran medi- da por la administración Reagan, se cobró más de 75.000 vidas y envió entre el 25 y el 35 % de la población a una ruta migratoria hacia los Estados Unidos (PNUD, 2005). En el período de posguerra, los niveles notablemente altos de emigración se sustentan en la persistente desigualdad económica interna alimentada en gran medida por la continua penetración eco- nómica de los Estados Unidos, así como por la violencia de las pandillas, los desastres ambien- tales y la constante «atracción» hacia las opor- tunidades económicas y el refugio político en los Estados Unidos (Gammage, 2007). A pesar del pequeño tamaño de El Salvador, un nota- ble 1,5 millones de salvadoreños nacidos en el extranjero ahora viven en los Estados Uni- dos. La población constituye la tercera pobla- ción hispana más grande, la sexta nacida en el extranjero y la segunda población indocumen- tada más grande de los Estados Unidos (Hoe- fer, Nancy, & Baker, 2012).

Los salvadoreños constituyen ahora una de las poblaciones de migrantes más [ deportables en los Estados Unidos: el 46 % de la población nacida en el extranjero es indocumentada y otro 25 % tiene estados temporales o parcia- les sin condiciones para obtener la ciudada- nía (Brick, Challinor, & Rosenblum, 2011) y (Brown & Patten, 2014). Por lo tanto, entre los

migrantes nacidos en El Salvador, el 71 % no son ciudadanos y están sujetos a deportación si cometen delitos. El estado general de legalidad que se ha argumentado para caracterizar a la población limita sus oportunidades de vida, los hace vulnerables a la explotación económica y los abusos de los derechos humanos, obligán- dolos a llevar vidas atormentadas por el espec- tro del control de inmigración de Estados Uni- dos (Menjivar, 2006).

Los salvadoreños constituyen una de las pobla- ciones más deportadas de los Estados Unidos por porcentaje del total de deportaciones. De 391,953 en el año fiscal 2011, 4.4 % (17,308) de las deportaciones fueron hacia El Salva- dor. Esto los convirtió en el cuarto grupo más deportado, solo detrás de los mexicanos con un 75 % (293,966), los guatemaltecos con un 7,7 %

(30,313) y los hondureños con un 5,6 % (21,963) (Office of Immigration Statistics, 2014). A pesar de la politización de los pandilleros salvadoreños, la gran mayoría de las deportaciones salvadoreñas han sido el resultado de viola- ciones de inmigración, no de condenas penales (Office of Immigration Statistics, 2014). En 2011, los salvadoreños deportados por «condenas penales» constituyeron repentinamente el 49 % de las expulsiones al país.

Contexto

El Salvador es un país profundamente influen- ciado por las migraciones. Es un país produc- tor de enormes contingentes de inmigrantes y dependiente de significativos montos de reme-

sas familiares. La población salvadoreña ha estado migrando desde los últimos cien años, desde la construcción del Canal de Panamá, pasando por la oleada migratoria hacia Hondu- ras en los años 50 que termina con las depor- taciones en el marco de la guerra de las «100 horas» hasta los años de la preguerra, la guerra y la impresionante y paradójica coyuntura de posguerra (porque se suponía que a la firma de los Acuerdos de Paz, se abriría una etapa de oportunidades) hasta la organización de cara- vanas en nuestros días (Turcios, 2017).

En el caso de EEUU, la historia migratoria de los salvadoreños, a finales de la década de los 70 y los 80, en pleno proceso de la guerra civil (1980-1992) se marca el inicio de los flujos migratorios masivos.

De acuerdo con la Organización de las Nacio- nes Unidas (ONU-ACNUR, 2016) la migración tiene el potencial de sacar a millones de perso- nas de la pobreza de darles acceso a un trabajo digno y de fomentar el desarrollo sostenible; en tal sentido, la migración en un mundo cada vez más global, produce transformaciones de largo plazo (Castles, 2010). Sin embargo, migrar no es en sí misma la solución para las personas, pues también puede tener resultados negati- vos como la pérdida de la vida en las peligrosas rutas, pasando por el tráfico de personas y la explotación de migrantes, hasta la dependencia del envío de remesas y la ‘fuga de cerebros’ con sus consecuencias sociales que ello supone.

Las causas fundamentales (sin ser reduccionis- ta), apuntan a los factores económicos, reuni- ficación familiar e inseguridad, en su orden de importancia numérica, según la información oficial disponible de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME, 2020). Resul- ta redundante asociar dichas causas con claras dinámicas de exclusión social. Seguidamente, el des-empoderamiento de los migrantes que via- jan de manera irregular implica un incremento de los riesgos y de la condición de vulnerabi- lidad (REDODEM, 2018). La vulnerabilidad de las personas migrantes durante su tránsito y retorno, así como los riesgos que de ello se desprenden, son diversos y están ampliamen- te documentados en la literatura especializada (Marroni, 2016).

No es casual que el flujo de migrantes cen- troamericanos, en general, y salvadoreños, en particular, hacia EEUU haya aumentado para 2017. Así lo advierte el Pew Research Center (PRC, 2019) citado por BBC News Mundo (Mundo, 2019) con base en datos de Informes del Departamento de Seguridad Nacional de EE.U, quienes afirman que los indocumenta- dos aumentan por dos vías: cruzando la fron- tera estadounidense ilegalmente, y quedándose después de que expira su visado (en esta moda- lidad caben muchas más personas indocumen- tadas pertenecientes a otras procedencias dife- rentes a las del Triángulo Norte).

Antecedentes de las deportaciones

Luego del 11/9 de 2001 hubo un cambio extre- mo en la política de inmigración de Estados Unidos que aceleró e incrementó la deporta- ción formal masiva de los no ciudadanos des- de el interior de ese país. En este contexto, se promovió la búsqueda de distintos tipos de deportación con el fin abrir la remoción a múl- tiples condiciones que encajaran con la acción legal de deportar. El Department of Homeland Security (DHS) distingue dos tipos de deporta- ción que en su lenguaje administrativo deno- minan: remoción y retorno. La remoción es la expulsión de extranjeros con base en una orden de deportación formal que tiene consecuen- cias administrativas o penales y que incluye el impedimento de reingresar a Estados Unidos por 5, 10, 20 años o de manera permanente. El retorno (return), el tipo de deportación que se conocía más ampliamente en México, es la expulsión de extranjeros que no se fundamen- ta en una orden formal de deportación y, por tanto, no tiene consecuencias administrativas o penales (U.S. (DHS), 2021).

Tanto las «aprehensiones» (que suponen detenciones y posterior deportación), y «retor- nos» (que supone repatriación) en la frontera sur de Estados Unidos habían estado ínti- mamente relacionados y, en su mayor parte, antes del 11/9 se trataba mayoritariamente de migrantes de origen mexicano; no obstante, después de los atentados, todo cambió respec- to del incremento en el número de migrantes aprehendidos en la frontera los cuales proce-

dían de otros países, especialmente, de Centro- américa (Siskin, 2015). Por otra parte, el DHS, bajo el esquema de Consecuencias del Sistema de Retorno, (Consequence Delivery System), empezó a aplicar sanciones muy severas al cru- ce fronterizo indocumentado de centroameri- canos, por lo que se les empezó a remover, en lugar de retornarlos.

Marco conceptual de la deportación La otra cara de la moneda de la

La otra cara de la moneda de la migración, en términos de acciones de política estatal y regulación relacionada con la soberanía de los Estados, es la deportación (De Genova, 2010). En sí misma, la deportación se define como un

«acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de habérsele terminado el per- miso de permanecer en dicho Estado» (OIM, 2006, p. 16). Los procesos y políticas para la deportación, y en el peor de los casos, se pro- duce y se ejecuta en condiciones de estigmati- zación bajo el énfasis de la ilegalidad asociado a la delincuencia (Abrego, 2013), (Abrego & Lakhani, 2015) y (Reiter & Coutin, 2017).

Por otro lado, desde el punto de vista de la ins- tancia encargada de dicho proceso en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Inter- na (DHS, por sus siglas en inglés), la depor- tación o alien removal es definida como «el movimiento obligatorio y confirmado de un extranjero inadmisible o deportable de Estados Unidos basado en una orden de expulsión [de

modo que] todo extranjero que es deportado o

«extraído» tiene consecuencias administrati- vas o penales impuestas a la posterior entrada a Estados Unidos debido a la orden de extrac- ción» ( Jacobo, 2016, p. 221). Hay que tener en cuenta que, el término deportación se asocia con mucha frecuencia con otros términos, es el caso de «retorno forzado», que según la mis- ma OIM, la define como «un regreso obliga- do fundado en una decisión administrativa o judicial» (OIM, 2006) y «repatriación» que se refiere al «derecho individual de un refugiado o prisionero de guerra de regresar al país de su nacionalidad, en determinadas condiciones».

En este contexto, se registran diferencias y traslapes conceptuales que generan confusión cuando se usan indiscriminadamente los tér- minos anteriores, y otros para referirse a los inmigrantes expulsados por autoridades esta- dounidenses a sus respectivos países. En el marco de la intensa migración cíclica que se desarrolló por muchas décadas, tanto las ins- tituciones gubernamentales como la academia estadounidense utilizaban el término de «apre- hensión» para referirse a la detención y pos- terior deportación de los migrantes que, en la mayor parte casos, reemprenderían de nuevo el intento de cruzar la frontera indocumenta- damente.

Para una caracterización bastante novedosa relacionada con la teorización sobre la depor- tación de migrantes, se plantean interpretacio- nes en un contexto de mayor amplitud. Si bien la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y

Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (Ille- gal Immigration Reform and Immigrant Res- ponsibility Act, IIRAIRA of 1996), constituyó una acción de fortalecimiento del Estado de Derecho en los EEUU, en la que la deporta- ción se consideraba un componente del con- trol de inmigración ilegal, también fue usada como un mecanismo de control más allá de la indocumentación, de tal manera que entran en su alcance los controles de tipo social, de seguridad y étnico xenofóbico con una serie de consecuencias nefastas para las personas migrantes en términos de carga de culpabili- dad, destierro, fragmentación familiar y comu- nitaria (Kanstroom, 2007). En esta perspectiva, el aumento súbito de las deportaciones legales y formalmente fundamentadas en la IIRAI- RA de 1996 y que se consumaron durante los gobiernos de los presidentes Bush, Obama y Trump, han sido utilizadas en las campañas políticas ante los ciudadanos estadounidense, con el seudoargumento de que el gobierno se está deshaciendo de los numerosos extranjeros criminales indeseables, los «badmans», como los llama Trump.

No obstante, el eslogan de los «extranjeros cri- minales» queda desvirtuado por la evidencia. Lo que muestran los registros es que se trata de un número reducido de los no ciudadanos deportados por delitos de alta peligrosidad, como, asesinato, narcotráfico, violación y secuestro: «el análisis del New York Times de los registros internos del gobierno muestra que desde que el presidente Obama asumió el car- go, dos tercios de los casi dos millones de casos

de deportación involucran a personas que habían cometido infracciones menores, inclui- das infracciones de tránsito, o que no tenían antecedentes penales» (Cohen & Thompson, 2014, p. 1).

De la comparación de estos registros con el discurso de campaña electoral, se evidencia que «se ha extendido una definición amplia- mente flexible de “criminal” para aplicarlo a los migrantes que han cometido delitos leves que violentan la ley de inmigración» (Berge- ron, Chishti, Kerwin, & Meissner, 2013, p. 11, 93 ss). Esto llevó a una criminalización siste- mática avalada por una parte importante del electorado estadounidense, de tal manera que se esperaba ya en el futuro cercano que toda violación a la legislación de inmigración sería afrontada con la deportación, convirtiéndose en el mecanismo por excelencia para el control de los extranjeros en situación indocumentada (De Genova, 2010).

Específicamente, la deportación de personas migrantes que llegan a los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Sal- vador y Honduras) procedentes de países por donde transitan o a los que han llegado, repre- senta una realidad compleja y contundente que genera consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales para estos países. Dichos flujos de personas deportadas, principalmente, desde Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos se han incrementado en los últimos años, en especial, a partir de las políti- cas deliberadas del actual gobierno de Donald Trump; lo que establece un reto al diseño de

políticas públicas pertinentes para mitigar los impactos del retorno forzado.

Propósito/objetivos

Elaborar un perfil de la persona deportada al momento de su retorno al país. Así mismo, identificar las principales opciones que el Esta- do salvadoreño brinda para la reinserción de las personas deportadas y recomendar algunas acciones para mejorar la atención y reinserción de las personas deportadas.

Metodología: enfoque y diseño metodológico

El enfoque de esta investigación es de tipo cua- litativo, de corte documental, dado que se bus- ca establecer un perfil de la persona deportada adulta (hombre/mujer) a partir de sus propias características, experiencias e historia par- ticular en la población deportada/retornada durante el período de 2019-2020, y en el mar- co de las políticas migratorias de la administra- ción Trump. Asimismo, revisar los principales proyectos de inserción de las personas devuel- tas, retornadas o deportadas de EEUU. Con ello se plantearán algunas recomendaciones para mejorar estos proyectos.

Al no contar con fuentes y bases de datos nacionales propias sobre las características de las personas deportadas, se tomó como referencia la «Encuesta sobre Migración de la Frontera Sur de México» EMIF, Norte/ Sur, administrada a personas salvadoreñas deportadas (“devueltas” en la jerga mexicana

de la encuesta) por autoridades estadouniden- ses durante 2018-2019. Las Encuestas sobre Migración en las Fronteras de México (EMIF) se componen de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF Norte), y la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur). Estas encuestas se llevan a cabo desde 1993 (EMIF Norte) y desde el 2004 (EMIF Sur), con el objetivo de conocer las características de los movimientos migra- torios de las fronteras norte y sur de México.

Las encuestas son métodos de investigación científica con un enfoque principalmente cuantitativo cuyo objetivo es recabar informa- ción acerca de un fenómeno en un subgrupo de la población sobre la que se desea conocer algo. En el caso de las EMIF, el fenómeno de interés es la migración, la población en la que se desea conocer este fenómeno consiste en los movimientos migratorios que suceden en las fronteras norte y sur de México en un perio- do de tiempo de interés (generalmente en un trimestre) y la muestra la conforman aquellos movimientos migratorios que los encuestado- res de las EMIF logran captar en ese periodo, siguiendo metodologías rigurosas de muestreo y de medición. En la Figura 1 se muestra el diagrama de la dirección de desplazamientos migratorios que la EMIF Sur da cobertura a través de sus encuestas.

Dentro del flujo de migrantes devueltos (deportados) por las autoridades migrato- rias de Estados Unidos, están «Individuos de 15 años o más (antes de 2018) o de 18 años o

más (después de 2018) que utilizaron el terri- torio mexicano para llegar a Estados Unidos, que declararon ante las autoridades migrato- rias de ese país haber nacido en Guatemala, Honduras o El Salvador, que se internaron o residían en territorio estadounidense sin la documentación requerida y que fueron reteni- dos y devueltos a su país de origen por el aero- puerto internacional del mismo». Dentro de este subconjunto de la encuesta, se encuentran los Migrantes Devueltos por las Autoridades Migratorias de Estados Unidos a El Salvador (EMIF Sur, 2018-2019).

Esta base de datos de migrantes salvadoreños devueltos o deportados, ha sido construida a partir de un instrumento consistente en una encuesta (Anexo 1), la cual ofrece una serie de datos a partir de preguntas relacionadas con su situación de deportación, condiciones labo- rales y sentimientos ante el retorno a su país. La muestra consultada es de 1,606 individuos, con el mismo número de cuestionarios com- pletados.

De la base de datos a partir de la administra- ción de la encuesta a salvadoreños identifica- dos como devueltos o deportados, se consul- taron los siguientes ítems (entre paréntesis el número de ítem en la encuesta) de cara a la elaboración del perfil:

Sexo (1)

Edad (2)

Último año escolar cursado y aprobado (1) Sí sabe leer y escribir (2)

Sí habla inglés y qué tan bien lo domina (4 y 4.1)

País en el que nació (10) País en el que vive (11) Localidad específica (11.1)

Estado/condado/ciudad en la que vivía (11.3)

Tiempo de vivir en el EEUU (12)

Intención de volver a entrar algún día a EEUU (31.1)

Si fue visitado por un representante del consu- lado de su país mientras permanecía detenido (35.5)

Funciones que desempeñó si trabajó durante se estancia (38.1)

RESULTADOS

Tabla 1

Comparado de flujos migratorios enero-septiembre 2018 CON 2019

Como resultado de la búsqueda en la Dirección General de Migración y Extranjería DMGE, se obtuvo como resultado dos comparaciones de flujos: uno comparativo de entradas y salidas de personas migrantes hacia EEUU entre 2028 y 2019 (Tabla 1), y otro, de personas depor- tadas/retornadas de EEUU por vía terrestre y aérea, también correspondientes a los años 2018 y 2019 (Tabla 2).

(DGME, 2020).

Tabla 2.

Comparados de retornados de enero a septiembre de 2018 con 2019

Como se observa en la Tabla 2, la variación de las deportaciones entre 2018 y 2019, tanto por vía terrestre como aérea de personas con nacionalidad salvadoreña (10,512 en total), no ha sido significativas en relación al número de personas salvadoreñas migrantes en EEUU. Dada la campaña electoral de Donald Trump, muy agresiva en los mensajes contra los inmi- grantes indocumentados de cara al electorado estadounidense, la expectativa de deportacio- nes masiva era enorme. Sin embargo, en lo que respecta a la población de salvadoreños, las deportaciones no alcanzaron las dimensio- nes de masividad. En parte, eso tiene que ver con los recursos que exige redadas y sistemas de búsqueda masiva, pero también es impor- tante señalar que muchos inmigrantes pagan impuestos, a veces con documentación o sin ella, lo cual representa una razón para no hacer de la deportación una medida indiscrimina- da, ya que se estaría minando la posibilidad de ingresos fiscales en una población inmigrante más allá de la salvadoreña.

(DGME, 2020).

Perfil de la persona deportada

En relación a la aproximación a un perfil de la persona deportada, retornada o devuelta, en el 2013, el Comité de Estados Unidos para Migrantes y Refugiados (USCRI), realizó en alianza con la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), para elaborar un perfil del migrante salvadoreño a partir de entrevistas realizadas a retornados que recientemente habían regresado a El Salvador. Tomando como base esta investigación, se trabajó con las varia- bles proporcionadas por dicha investigación (Bolaños, Calles-Minero, & Ramos, 2013), pero con variaciones y aplicadas a los deportados/ retornados/devueltos que encuestó y registró la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur, 2018-2019).

De la encuesta se han seleccionado 17 variables como significativas y relevantes para una apro- ximación de perfil de la persona deportada, retornada o devuelta. Las variables (columna izquierda con No. de ítem de la encuesta) y su caracterización (columna derecha) están en la siguiente Tabla 3.

Tabla 3.

Perfil de persona deportada/retornada/devuelta

Elaboración propia con base a datos de (EMIF Sur, 2018-2019) En relación a los datos obtenidos por cada variable, es importante señalar que hay un pre- dominio masculino (hombres) en la población deportada/retornada/devuelta. Lo cual puede ser producto de la predominancia de hombres trabajando fuera del hogar, y con ello se pone más en riesgo de ser identificado y aprehendi- do por las autoridades migratorias.

En promedio, la edad de la población salva- doreña deportada/retornada/devuelta, es de entre 18 y 40 años. Este dato corresponde con los sujetos de interés de la encuesta, ya que se focaliza en personas mayores de edad; los menores de edad constituyen una población diferente que se le da atención diferente por autoridades migratorias. En tal sentido, lo que la encuesta logra capturar en relación al rango de edad en la población encuestada, correspon- de con la población mayor de edad deportada/ retornada/devuelta.

En relación a la etapa escolar cursada y apro- bada, los encuestados presentan una dominan- cia de educación primaria (49 %), seguida de ninguna etapa de estudios cursada (31 %) y, en tercer lugar, de educación secundaria (18 %). Esta predominancia, muestra un perfil edu- cativo nulo y muy bajo, lo cual representa una situación de mucha vulnerabilidad a la hora de lograr una movilidad exitosa en términos de encontrar trabajos bien remunerados, relegan- do las oportunidades a casi cualquier ocupa- ción que simplemente le reporte ingresos. Hay que tener en cuenta, que la mayoría dice haber vivido en EEUU los últimos cinco años, lo cual

permite inferir que son de reciente llegada y adaptación.

De los encuestados, la mayoría expresa saber leer y escribir (67 %), frente a un (33 %) que dice no saberlo. Este dato, reafirma la vulnera- ble situación escolar de la población deporta- da. En cuanto al dominio del idioma inglés, la gran mayoría expresa no dominarlo (49 %), un 30 % expresa tener un dominio intermedio y, sólo un 21 % dice dominarlo. Este dato supone una de las limitaciones más significativas para el acceso a empleos con mayor ingreso; ade- más, de dificultades para acatar instrucciones y seguir procedimientos.

De los Estados norteamericanos mencionados como lugares de residencia de los salvadoreños, antes de la deportación, que fueron encues- tados, se encuentran: Los Ángeles California, Meryland, Virginia y Texas. En relación al tiempo de vivir en EEUU, un 52 % dice haber vivido entre 1 y 5 años; un 28 % entre 5 y 10 años y, un 20 % entre 10 y 15 años.

En cuanto a la intención de volver a intentar regresar a los EEUU de nuevo, un 82 % dice lo intentará de nuevo, un 15 % que lo pensará, y solo un 2 % manifiesta que no lo hará. La abru- madora respuesta de intención de reingresar a EEUU evidencia una disposición de la mayoría de deportados por regresar, lo cual los convier- te en inmigrantes indocumentados potenciales.

El 67 % de los encuestados menciona que recibió visita de las autoridades consulares de su país mientras estuvo detenido para ser deportado; en tanto, un 33 % manifiesta que no recibió visita alguna de dichas autoridades. Sin embargo, el porcentaje de detenidos por deportación tuvieron contacto con autorida- des consulares nacionales, lo cual evidencia un aumento en las acciones de atención por parte de las autoridades, aunque no se sabe en cali- dad de qué asistencia o ayuda dichas autorida- des realizaron estas visitas.

En relación a las funciones y oficios que las personas deportadas realizaban en EEUU antes de su deportación, figuran las siguientes: cuido y limpieza de casas, servicios de limpie- za, jardinería, construcción, manejo de autos, enderezado y pintura, negocio propio. En su mayoría son actividades de ejecución operaria que están sujetas a salarios bajos y sin cobertu- ra de prestaciones. Llama la atención la catego- ría de “negocio propio”, que en algunos casos puede suponer la autonomía e independencia económica, pero una situación indocumenta- da de parte de la persona dueña. En tal caso, aunque haya logrado esa independencia, se encuentra en situación de vulnerabilidad ante la deportación.

El 86 % de las personas deportadas expresa temor ante el inminente retorno a su país, ya que en su mayoría son nacidos en El Salvador, y conocen la situación a la que se enfrentan a su regreso. La principal fuente de temor apa- rece la incertidumbre económica con un 69 %,

seguida de la violencia e inseguridad con un 12 %, y persecución o amenazas por pandillas con un 11 %. Esto evidencia una persistencia de condiciones adversas que promueven la inmi- gración, así como la razón por la cual la abru- madora mayoría expresa su decidida intención a volver a EEUU.

Opciones del Estado para personas deportadas/retornadas

En relación al objetivo dos de esta investiga- ción, se realizó una búsqueda de opciones de atención desde el Estado u organismos guber- namentales que ofrecen mecanismos de aten- ción inmediata a personas deportadas/retor- nadas. Principalmente, se hizo una búsqueda digital en los principales sitios web.

Entre ellos destacan proyectos relacionados con el fortalecimiento de la economía de los deportados/retornados, mediante diferentes incentivos económicos como bonos y apoyos iniciales, capacitaciones o asesorías técnicas, para la generación de empresas y para el desarrollo talento humano.

Programa nacional de emprendi- miento «Juventud Emprende» de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE)

Está orientado a personas emprendedoras entre las edades de 18 a 35 años preferen- temente, con idea de negocio en mente y/o negocio en marcha no mayor a los tres años;

orientados a la generación de valor agregado y enfoque de innovación en el mercado, con conocimiento del sector, servicio o producto que ofrece y formación académica de bachi- ller como mínimo, con la disponibilidad de formarse como emprendedor/a, pertenecer a los sectores económicos priorizados: Industria de la manufactura textil y confección, papel y cartón, plásticos, química farmacéutica y cos- mética natural, artesanías, alimentos y bebi- das, calzado, agroindustria, turismo, servicios empresariales a distancia, logísticos y aeronáu- tica. Este programa está orientado a la juven- tud, pero en su abanico de oportunidades, ofrece a personas jóvenes deportadas/retrona- da, espacios para acceso a: Acompañamiento para crear empresas, Formación Emprendedo- ra, Desarrollo de Redes, Gestión de Financia- miento, entre otras (CONAMYPE, 2021).

Atención y reinserción de personas retornadas del Ministerio de Relaciones Exteriores

Se trata de un mecanismo ágil y seguro de información y coordinación, por medio del cual se brinda una atención especializada a la población salvadoreña retornada desde otros países. El programa ofrece posibilidades para que estas personas realicen sus proyectos de vida en sus comunidades, brindándoles apo- yo en las áreas de atención psicosocial, opor- tunidades laborales, formación académica

y emprendimientos. La iniciativa cuenta con doce ventanillas de atención a personas migrantes retornadas, seis de las cuales ofrecen servicios especializados para mujeres. Estos puntos trabajan de manera articulada con diferentes actores locales y nacionales claves en proyectos de beneficio para la población retornada y sus familias, a través de tres pasos básicos: recepción y bienvenida, vinculación e inserción, así como seguimiento (RREE, 2021)

El Bono de Oportunidad de Instituto Salvadoreño del Migrante (ISAMI)

Orientado hacia las etapas tempranas del emprendimiento. «El Bono de Oportuni- dad que a través del programa de reinserción sociolaboral de las personas migrantes se pone a disposición de estas personas retornadas, tie- ne como objetivo apoyarles en la primera fase de la creación de sus emprendimientos, en la cual se contempla talleres especializados en el fortalecimiento de sus capacidades emprende- doras, incluyendo conocimientos sobre cade- nas de valor y asociatividad, finanzas, aspec- tos jurídicos, fiscales y laborales, marketing y comunicación, comercio exterior, gestión de calidad, aplicaciones informáticas y simulación de gestión de microcréditos para desarrollar su proyecto empresarial. Asimismo, asesorías en

la formulación de sus proyectos empresaria- les que sean viables económica y socialmente, proporcionarles asistencia técnica en la consolidación de sus iniciativas para garantizar su sostenibilidad, entre otros» (ISAMI, 2021).

El Programa de Oportunidades para el Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS)

Está orientado a la contratación de jóvenes sin experiencia laboral, así como a personas de 40 años o más desempleada o con largos períodos de cesantía. El subsidio está dirigido al sector de empleado para estimular la contratación. Aquí caben personas que abandonan su lugar de ori- gen por razones socioeconómicas en busca de mejor calidad de vida, y que por diferentes circunstancias retornan al país (MTPS, 2021)

El Proyecto «Retorno a casa» de la Dirección de Atención al Migrante de la Dirección General de Migración y Extranjería (DMGE)

Este brinda atención inmediata en los proce- sos de recepción de personas salvadoreñas. Proceso de recepción de la población para brindar atención integral inmediata mediante

«la entrega de refrigerio, llamadas telefónicas para comunicarse con sus familiares en el país y en el extranjero, asistencia médica, recepción de denuncias de violaciones a sus derechos, asistencia en primeros auxilios psicológicos, apoyo financiero para facilitar su traslado a sus lugares de origen, alojamiento de emergencia,

orientación a los programas de inserción, atención con equipos multidisciplinarios mediante las instituciones de protección de la niñez y la adolescencia; también con la entrega de artículos de uso personal: ropa, calzado, cintas para zapatos, entre otros» (DGME, 2021)

DISCUSIÓN

La mayoría de los inmigrantes salvadoreños son enviados a centros urbanos pobres con altos niveles de tensiones raciales y étnicas. Los salvadoreños están empleados de manera des- proporcionada en las industrias de servicios, manufactura y construcción caracterizadas por la inestabilidad y los bajos salarios (Brown & Patten, 2014). Tienden a vivir en estados con altos costos de vida y residen en hogares super- poblados en vecindarios pobres y de clase tra- bajadora (Hamilton & Stoltz Chinchilla, 2001).

La mayor parte de la población salvadoreña nacida en el EEUU y en El Salvador residentes en el mismo EEUU, evita la vida de pandillas. Sin embargo, la persistencia de estados de alta vulnerabilidad y de «marginalidad múltiple» en los que viven muchos han contribuido a la formación de pandillas callejeras latinas como la Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y la Mara 18 (Vigil, 2002). La politización de estas pandillas ha estigmatizado a toda la población salvado- reña, lo que ha llevado a un mayor estado de deportación (Chacón, 2007).

Con independencia del motivo de la expulsión, el contexto al que regresan los deportados/ retornados/devueltos salvadoreños, lo cierto es que impide la integración exitosa de la nue- va diáspora estadounidense. Se han realizado esfuerzos progresivos desde el gobierno de izquierda en 2009, pero el país aún continúa luchando con altos grados de pobreza, desem- pleo y delincuencia callejera. En los años de la posguerra, el modelo neoliberal de desarrollo económico seguido por el estado salvadoreño ha hecho poco para mejorar las desigualdades socioeconómicas (Velásquez Carrillo, 2010). Los deportados están regresando a una sociedad estratificada con opciones ocupacionales limita- das (Dingeman-Cerda & Rumbaut, 2015).

También están regresando a un entorno políti- co represivo. Hasta que se negoció la histórica tregua entre pandillas en las cárceles salvadore- ñas en 2012, el gobierno se basó en un enfoque de tolerancia cero a la violencia de las pandillas (Zilberg, 2011). Las estrategias de «mano dura» exacerbaron la violencia y contribuyeron a la criminalización y la inseguridad de la nueva diáspora estadounidense (Dingeman-Cerda & Rumbaut, 2015). El contexto institucional del regreso posiblemente podría mitigar un clima tan duro para los deportados que regresan de los Estados Unidos. Pero ni el gobierno salva- doreño ni el estadounidense han invertido lo suficiente en la reinserción de deportados. La

responsabilidad de la integración posterior a la deportación recae casi por completo en los deportados y sus familias, lo que limita su capacidad para contribuir a la sociedad salvadoreña de manera positiva y progresiva.

CONCLUSIONES

● Se constata que las deportaciones masivas hasta la llegada de Donald Trump a la pre- sidencia de EEUU, al menos hasta finales de 2019, no han sucedido.

● La variación en el número de deportacio- nes de salvadoreños, no es significativa si se comparan 2018 y 2019.

● Hay una variación en la jerga para referirse a la persona deportada según los contextos: de retornada en el contexto de país receptor (El Salvador) y devueltos en el contexto de las fronteras EEUU-México.

● El perfil aproximado de personas retor- nadas/deportadas evidencia una serie de vulnerabilidades como: baja escolaridad, no dominio del idioma inglés, exposición a choque cultural inverso, temor a la incerti- dumbre económica, ambiente de inseguri- dad y violencia y amenazas de pandillas.

● Los programas gubernamentales y/o esta- tales de atención a la persona deportada en el país son limitados en apoyo económico, psicológicos, laboral y de seguimiento.

RECOMENDACIONES

● A las instituciones gubernamentales y/o estatales, se les recomienda ampliar los pro- gramas de atención y protección a las perso- nas migrantes destinando una inversión más grande y sostenida.

● Desarrollar una relación más sólida con ins- tituciones y organizaciones civiles con capa- cidad para apoyos psicológicos, de reinser- ción social, laboral y comunitarias.

● Profundizar la atención de los migrantes connacionales en los consulados salvadore-

ños en EEUU, específicamente en materia de: asesoría legal para regularizar su situa- ción migratoria, resguardo y seguimiento a quienes muestren buena conducta y cumpli- miento de sus obligaciones, apoyo económi- co para trámites, orientación y contactos en caso de deportación.

● Promover en la ciudadanía una actitud de respeto a los derechos de las personas deportadas, evitando la estigmatización por hábitos y costumbres relacionados con la vestimenta y la imagen personal.

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