Artículo de investigción
Persona privada de libertad en situaciones de vulnerabilidad en el contexto de derechos humanos en El Salvador, 2019-2020
Revista Ciencia, Cultura y Sociedad
Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador
ISSN: 2305-7688
ISSN-e: 2709-2593
Periodicidad: Semestral
vol. Vol 7, núm. 1, 2021
Recepción: 28 Junio 2022
Aprobación: 02 Diciembre 2022
Resumen:
El estudio tiene como objetivo efectuar un diagnóstico nacional de los grupos vulnerables de personas privadas de libertad en el sistema penitenciario de El Salvador lo que permitirá advertir sobre el estado actual que guardan estas instituciones para la toma de decisiones. El estudio es: descriptivo, cuantitativo, transversal. La población vulnerable es 9,149 per- sonas privadas de libertad, y se obtuvo de acuerdo a la información recopilada del registro del Sistema Penitenciario. Para el año 2020 la tasa Penitenciaria en El Salvador fue de 579, con una sobrepoblación y hacinamiento elevados. Dentro de la población de privados de libertad vulnerable corresponde a un 24 % del total global de 37,977; de los cuales solo un 6.65 % representa al género femenino; sin embargo los reclusos con enfermedades crónico degenerativas, Terminal e Infectocontagiosas son los que representan mayormente los gru- pos vulnerables, seguido de los que tienen una enfermedad mental, luego adultos mayores, extranjeros, mujeres que conviven con hijos dentro del centro penitenciario y, finalmente, con discapacidad física. El nivel crítico de hacinamiento hace difícil en cierta manera que se asegure un respeto básico a los derechos humanos de las personas, aunque el sistema penitenciario hace los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a las mismas. En relación a esta condición se determinó que un 24 % del total de la población peniten- ciaria se encuentra dentro de los cinco grupos vulnerables de personas privadas de libertad, representando una categoría que requiere atención prioritaria, a causa de las implicaciones sociales y familiares que esto conlleva.
Palabras clave: Diagnóstico, centro penitenciario, derechos humanos, grupos vulne- rables, privados de libertad, El Salvador.
Abstract: The objective of the study was to make a national diagnosis of vulnerable groups of persons deprived of liberty in El Salvador prison system. In this way, we can see the current state of these institutions in decision-making. The methodology was des- criptive, quantitative and cross-sectional; the population, 9,149 deprived of liberty people, was compiled from the Prison System registry. In 2020 the prison rate was 579, with high overpopulation and overcrowding corresponds to 24 % of the overall total of 37,977; of these a 6.65% represent the female gender. However, convicts with chronic degenerative, terminal and infectious diseases they are those who represent the most vulnerable groups, followed by those who have a mental illness, then older adults, foreigners, women living with children inside the prison and, finally, with physical disability. The critical level of overcrowding makes it somewhat difficult to ensure basic respect for the human rights of individuals, although the prison system makes the necessary efforts to comply with them. In relation to this condition, it was determined that 24 per cent of the total prison population is among the 5 vulnerable groups of people deprived of liberty, representing a category that requires priority attention, because of the social and family implications that this entails.
Keywords: Diagnosis, prison, human rights, vulnerable groups, deprived of liberty, El Salvador.
Introducción
El Diagnostico Nacional de la Persona Privada de Libertad en situaciones de vulnerabilidad en el contexto de Derechos Humanos en El Salvador, 2019-2020 surge como una estrategia con el objetivo de elaborar y proponer una reforma legislativa de la Política Penitenciaria, que contri- buya a mejorar la condición de las Personas Privadas de Libertad en situaciones de vulnerabilidad en las cárceles de El Salvador, y así contribuir a fortalecer el trabajo que se realiza en el Sistema Penitenciario. Pero para llegar a este fin se realizó como primera fase el Diagnostico de los grupos vulnerables de los reclusos en todo el sistema penitenciario del país lo cual refleja este estudio.
La Universidad Evangélica de El Salvador invitó al Instituto Andaluz de Criminología, Sevilla, España a participar de sus proyectos con el objetivo de estrechar relaciones de amistad e intercambio entre ambas instituciones en la atención a las personas Privadas de Libertad (PPL) en situación de vulnerabilidad.
Con el objetivo de aportar en el tema de derechos humanos de las personas privadas de libertad emerge la presente investigación en atención a las personas privadas de libertad en situaciones de vulnerabilidad, para cerciorarse que su vida dentro de la prisión se desarrolle bajo el contexto de derechos humanos, sin embargo, previo a tal situación es importante efectuar un diagnóstico de esta población a fin de conocer la situación actual.
Bajo las condiciones actuales de hacinamiento y sobrepoblación, las inhumanas condiciones de habitabilidad y la violación de derechos humanos fundamentales que enfrenta la gran mayoría de población privada de libertad, la cárcel que opera en dirección contraria al mandato resocializador que establece la Constitución y la Ley Penitenciaria. La deshumanización y despersonalización que produce en las personas la sobre- vivencia bajo tales condiciones durante años e incluso décadas, limita severamente las posibilidades de integrarse a la vida en sociedad, y en muchos casos, termina favoreciendo su socialización criminal (Andrade, 2015).
A partir de lo anterior surge la necesidad de realizar una investigación destinada a efectuar una modificativa de la reforma legislativa de dicha Política, donde parte el siguiente planteamiento para el desarrollo de la fase I del estudio:
¿Cuáles son los grupos de personas privadas de libertad en condiciones de vulnerabilidad dentro de las cárceles de El Salvador?
Dado que en El Salvador existe una mayor población penitenciaria, se hace necesario realizar investigaciones enfocadas sobre la Persona Privada de Libertad en situaciones de vulnerabilidad, debido a que es una problemática que enfrenta el sistema penitenciario salvadoreño, aunado a ello según World Prison Brief El Salvador es uno de los países en Centroamérica con una tasa de población en prisión más alta de 565 (100,000 habitantes del país) basado
en una población nacional estimada de 6,49 millones en octubre de 2020 (a partir de cifras de las Naciones Unidas).
En el último quinquenio, la población privada de libertad superó en más de 20 000 internos su capacidad instalada, lo que da una idea de los alarmantes niveles de hacinamiento penitenciario que tiene el país. Pero esta tendencia a aumentar el encierro de personas señaladas de cometer un delito, que se dirige principalmente contra grupos vulnerables y que ha prevalecido en el país durante las últimas dos décadas, no parece haber disuadido a la criminalidad en el país.
En la última década, las tasas de homicidios y la incidencia de delitos como la extorsión, los robos y las violaciones sexuales han crecido considerablemente. Entre 2003 y 2014 la tasa de homicidios se duplicó al pasar de 36 a 62 por cada cien mil habitantes. Las proyecciones del índice de homicidios al cierre de 2015 no son nada alentadoras, en tanto la espiral de asesina- tos ha tenido un notable incremento (Andrade, 2015), siendo necesario formular el objetivo del estudio de Efectuar un Diagnóstico Nacional de la Persona Privada de Libertad en situaciones de vulnerabilidad en el contexto de Derechos Humanos dentro del marco de la Política Penitenciaria de El Salvador 2019-2020.
Metodología
La presente investigación es un estudio descriptivo, con enfoque de tipo cuantitativo, de corte transversal y su finalidad analítica. La unidad de
análisis son los grupos de PPL en situaciones de vulnerabilidad, considerando dentro de ellos las variables de: mujer, mujer madre, adultos mayo- res, extranjeros, personas privadas de libertad con discapacidad (física), enfermedad mental, enfermos con patología cr.nico degenerativa, enfermedad terminal y contagiosa.
Según el registro del Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) hasta la fecha del 27 de febrero 2020 se contaba con un registro general de 37,977; de dicho total se obtuvo una población de grupos de PPL en condiciones vulnerables de 9,149 en los 26 centros penitenciarios a nivel nacional, esta última fue considerada como población definitiva.
Para el análisis de los datos se llevó a cabo a través de una matriz o base de datos en Excel que fue llenada a partir de la consolidación de datos reportado por cada centro penitenciario y en el SIPE, lo cual permitió llevar el registro estadístico de la PPL en situaciones de vulnerabilidad para efectuar el análisis y profundizar en las diversas dimensiones de la situación de vulnerabilidad penitenciaria.
El acceso a la información se tramitó bajo una solicitud oficial a la Dirección de Centros Penales (DGCP), además se revisaron publicaciones nacionales e internacionales en materia penitenciaria a fin de contribuir al fundamento teórico de la evidencia científica.
Instrumentos de registro y medición
Se diseñó una base de datos en Excel para el registro de datos cuantificables de los PPL en condiciones de vulnerabilidad, y para salvaguardar la confidencialidad de los mismos las nóminas de los PPL bajo estas condiciones solo fueron mane- jadas por el personal delegado por la DGCP.
Se realizó un recorrido por las instalaciones de algunos centros penitenciarios de forma coordinada y con la participación de los organismos de derechos humanos y personal de las áreas técnicas asignados por la DGCP, quienes fueron los responsables de la revisión de la información recabada.
Procesamiento y análisis de la información
Los datos recolectados por la DGCP se vaciaron en una hoja de Microsoft Excel, donde se unificaron los datos en las categorías respectivas de los grupos vulnerables de PPL. Se usó
la función de filtro y recuento automático de la hoja de Excel para determinar frecuencias absolutas, las frecuencias porcentuales se determinaron por la formula regla de tres de la hoja de Excel.
Análisis de resultados
Para la descripción de los resultados se diseñó una base estadística de datos en Excel de los reclusos del sistema penitenciario de acuerdo al registro del SIPE que fue remitido por la DGCP.
Descripción de resultados
La situación en cárceles de El Salvador se detalla en la Tabla 1, donde muestra la tasa penitenciaria de los años 2019 que cerro dicho periodo con una tasa de 640 por los 100,00 habitantes, y para el año 2020 se tiene una tasa de 579, en donde se verifica el especial incremento del crecimiento de la población penitenciaria en comparación a lo registrado desde el 2010 que fue de 374.
El Centro Penitenciario de Usulután tiene el mayor porcentaje de hacinamiento para marzo del 2019 con 395 %, y para periodo 2020 de igual forma se mantiene este centro penal con
alto nivel de hacinamiento con 400 %; pero, sobrepasa aún más el Centro Penal de San Francisco Gotera con un 500 % (Tabla 2).
En cuanto a la población privada de libertad en situaciones de vulnerabilidad recluida en las cárceles de El Salvador; se reporta una población total penitenciaria de 37,977 según registro de 27 de febrero del 2020, y de ese total la población vulnerable corresponde a un 9,149, es decir que del 100 % del total de la población un 24 % corresponde a los PPL en condiciones de vulnerabilidad que requiere atención.
De acuerdo a categorización de los grupos vulnerables de PPL en el periodo 2020 (Tabla 3) demostraron que un 6.65 % de las mujeres reclusas se encuentran mayormente en el CP de Ilopango, mientras que el grupo de mujeres que conviven con hijos dentro del centro penitenciario se focalizan en la granja de Izalco en un 1.14 %. Los reclusos adultos mayores en prisión son un total de 2.31 %, encontrándose mayormente en CP La Esperanza. Un 1.07 % PPL corresponden a reclusos con discapacidad física tanto hombres como mujeres, encontrándose mayormente en CP La Esperanza.
El 2.55 % corresponden a reclusos con enfermedad mental tanto hombres como mujeres, encontrándose mayormente en CP La Esperanza. El total de reclusos con enfermedades crónico degenerativas, terminal e infectocontagiosas son un 9.12 % en total, de los cuales se agrupan (3.17 %) con enfermedad infecto contagiosos (tuberculosis y VIH); (5.93 %) con enfermedades crónico degenerativas (diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal), no se incluye Hepatitis dado que no existe ningún PPL que padezca de dicha patología durante ese periodo informado, y cinco con enfermedad terminal, tanto hombres como mujeres, encontrándose mayormente en CP.
De Izalco, excepto con enfermedad terminal y hepatitis. El total de reclusos extranjeros son de
1.25 %; tanto hombres como mujeres, encon- trándose mayormente en CP de Apanteos.
Discusión de resultados
En la actualidad, El Salvador exhibe las cifras de privados de libertad más altas de su historia y una de las mayores tasas de prisionalizacion de las Américas y del mundo. Entre 2005 y 2015, la población penitenciaria pasó de 12,000 a 31,000 internos, lo que representa un incremento superior al 150 % en los últimos 15 años, esto sin considerar los más de 5000 detenidos en bartolinas policiales (Andrade, 2015).
Además, según estadísticas de la Dirección General de Centros Penales, la población penitenciaria al 2 de mayo de 2016, ascendía a 33,421 personas, entre procesados y conde- nados. En el último quinquenio, la población privada de libertad superó en más de 20, 000 internos su capacidad instalada, lo que da una idea de los alarmantes niveles de hacinamiento penitenciario que tiene el país. Pero esta
tendencia en aumentar el encierro de personas señaladas de cometer un delito, que se dirige principalmente contra grupos vulnerables y que ha prevalecido en el país durante las últimas dos décadas, no parece haber disuadido a la criminalidad en el país (Andrade, 2015).
De acuerdo a lo descrito, la capacidad instalada para marzo de 2019 se encontraba en 29,770, albergando para ese periodo 39,938 privados de libertad, que comprende una sobrepoblación total de 10,168, esto es con un 134 % de hacina- miento. Mientras que para el periodo 2020, se redujo la capacidad instalada y cantidad de PPL mostrando datos de 27,387 y 37,977 respectivamente (Tabla 4), en comparación al periodo 2019; pero la sobrepoblación y el hacinamiento se mantienen elevados con 10,590 y 139 % respectivamente en todo el sistema penitenciario.
En el mes de enero-febrero se hicieron efecti- vos movimientos como cierre de penales y reu- bicación de PPL de 30 penales existentes; en el 2019 se registraron un total de 26 en todo el sistema, para el 2020.
Las cárceles de El Salvador se encuentran con sobrepoblación desde hace más de una década, debido al acelerado crecimiento de las tasas de encierro. Desde inicios de la década pasada, su densidad poblacional rondaba los 120 internos por cada 100 plazas. El Comité Europeo para los Problemas Criminales establece que, cuando la densidad carcelaria supera el 100 % de la
capacidad instalada es considerada como sobrepoblación penitenciaria, mientras que cuando supera el 120 % se denomina sobrepoblación crítica o hacinamiento (Andrade, 2015).
Esto significa que, actualmente, se enfrenta a una sobrepoblación critica o hacinamiento en el sistema carcelario salvadoreño dado que la densidad carcelaria supera el 120 %, para el periodo 2020 se tiene un 139 % del total de todos los centros penitenciarios; y esto hace difícil que se asegure el respeto básico a los derechos humanos de las personas.
La sobrevivencia en estas condiciones, durante años e incluso décadas, limita severamente las posibilidades de integrarse a la vida en socie- dad y, en muchos casos, termina favoreciendo su socialización criminal (Andrade, 2015).
Este notable incremento de hacinamiento, sobrepoblación y tasa penitenciaria conci-
be la prisión como un mecanismo de defensa social y la solución fundamental al fenómeno criminal, el cual favorece más a la socialización criminal y reincidencia del delito limitando la reintegración a la sociedad.
De acuerdo a las fuentes consultadas, todos los penales de El Salvador exhiben, pero no
cumplen con las condiciones mínimas necesarias de habitabilidad para los internos. No obstante, existen algunos en los que las condiciones son aún más graves, como en los penales de Cojutepeque, Quezaltepeque, San Miguel y Ciudad Barrios. Las precarias condiciones bajo las cuales sobreviven estos conglomerados humanos, debido a la falta de servicios básicos como agua, luz, deficiente alimentación, elevado hacinamiento, profundo deterioro de la infraestructura básica, se convierten en elementos adversos a la finalidad de la pena, que es la rehabilitación (Andrade, 2015).
Diferente a los resultados reportados en el periodo 2020, en el cual se demostró que dentro de los Centros Penitenciarios destacados por su mayor porcentaje de hacinamiento se encuentran: Usulután con 400 % y el CP de San Francisco Gotera con un 500 %.
La tendencia en aumentar el encierro de personas señaladas de cometer un delito, que se dirige, principalmente, contra grupos vulnerables y que ha prevalecido en el país durante las últimas dos décadas, no parece haber disuadido a la criminalidad en el país. En la última década, las tasas de homicidios y la incidencia de delitos como la extorsión, los robos y las violaciones sexuales han crecido considerablemente. Entre 2003 y 2014 la tasa de homicidios se duplicó al pasar de 36 a 62 por cada cien mil habitantes. Las proyecciones del índice de homicidios al cierre de 2015 no son nada alentadoras, en tanto la espiral de asesinatos ha tenido un notable incremento (Andrade, 2015).
Dentro del Diagnóstico Nacional de los grupos vulnerables de PPL realizado en cárceles de El Salvador, en el 2020 se reporta que existe una población total penitenciaria de 37,977, según registro de 27 de febrero del 2020 del SIPE, y de ese total la población vulnerable corresponde a 9,149; significa que del 100 % del total de la población un 24 % corresponde a los PPL en condiciones de vulnerabilidad que requiere atención, en este caso: la cuarta parte de la población total penitenciaria. Lamentable- mente no se cuenta con un registro previo de un diagnóstico como tal para comparar la tendencia que la literatura menciona acerca de la mayor tendencia del encierro de las personas bajo condiciones de vulnerabilidad.
Para categorizar los grupos de PPL en condiciones de vulnerabilidad en El Salvador, se consideraron aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico (Reglas de Basilea, 2009; Euro social, 2014).
Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características
específicas, o incluso de su nivel de desarrollo social y económico (Reglas de Basilea, 2009). A partir de la definición de grupos vulnerables desde la conceptualización del enfoque jurídico, se determinaron los grupos de PPL identificados en situación de vulnerabilidad a:
1. Mujer: mujer y madre
2. Adulto mayor: mayores de 60 años
3. Discapacidad física y enfermedad mental
4. Enfermedades crónico degenerativas (diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal), terminal e infecto contagiosa (VIH y tuberculosis)
5. Extranjeros
La vulnerabilidad de las mujeres presas se presenta en dos dimensiones; la primera, por cuestiones de género y; la segunda, por los efectos de la prisionización. Por otro lado, en atención a que la violencia contra la mujer representa las relaciones de poder históricamente sostenidas entre hombres y mujeres, en el espacio carcelario no solo se reproducen, sino que se ven intensificadas, por lo cual deben activarse mecanismos para evitar perpetuar estos esquemas de discriminación (Ministerio de Justicia, 2014). Esto demuestra, según los datos obtenidos en la investigación, que el grupo vulnerable de reclusas Mujer y mujer madre que se encuentran en los diferentes centros penitenciarios del país, corresponden a un total de 6.65 % mujeres
ubicadas mayormente en el CP de Ilopango. Mientras que el grupo de mujeres que conviven con hijos dentro del centro penitenciario se focalizan en la granja de Izalco con un total de 1.14
%, lo cual refleja la importancia de intensificar los mecanismos rehabilitantes; considerando el género y los efectos que conlleva la prisionización no solo de la mujer, sino a los hijos que conviven con ellas en el recinto penitenciario.
Según la ONU, se define como adulto mayor a toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 para los países subdesarrollados; según la OMS, todo individuo mayor de 60 años se le llamara de forma indistintiva persona de la tercera edad (Espinosa, 2004). Del total de los 26 centros penitenciarios del país, los reclusos adultos mayo- res recluidos alcanzan un total de 2.31 %, encontrándose mayormente en CP. La Esperanza. Este porcentaje preocupa dado que una población tan sensible indica que no tendría calidad de vida, aunado a la edad avanzada está sujeto a padecer múltiples enfermedades que lo vuelven aún más vulnerable.
En cuanto al concepto de enfermos/as psiquiátricos/as se debe tomar la definición propuesta por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que define a las mismas como aquellas que: «tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás» (Ministerio de Justicia, 2014).
La enfermedad mental o el trastorno mental es una alteración de tipo emocional, cognitivo y/o comportamiento, en que quedan afectados procesos psicológicos básicos como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la sensación, el aprendizaje, el lenguaje, entre otros. Lo que dificulta a la persona su adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea alguna forma de malestar subjetivo (FEAFES, 2008; INEGI, 2020).
Del total de los 26 centros penitenciarios del país, 1.07 % PPL corresponden a reclusos con discapacidad física tanto hombres como mujeres, encontrándose mayormente en CP. La Esperanza. Mientras que 2.55 % corresponden a reclusos con enfermedad mental de ambos sexos, encontrándose mayormente en CP. La Esperanza. Este grupo vulnerable es importan- te retomar desde el punto de vista jurídico por su condicionante referida a sus deficiencias, sea física o mental lo cual es importante al momento que el juez imponga la pena en prisión.
En la enfermedad terminal concurren una serie de características que son importantes para definirla y para establecer adecuadamente la terapéutica. (SECPAL, 2019) Los elementos fundamentales a considerar en los reclusos con enfermedad terminal son:
1. Presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable.
2. Falta de posibilidades razonables de res- puesta al tratamiento específico.
3. Presencia de numerosos problemas o sín- tomas intensos, múltiples, multifactoria- les y cambiantes.
4. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico, muy rela- cionado con la presencia, explícita o no, de la muerte.
5. Pronóstico de vida limitado. (SECPAL, 2019)
En cuanto a los reclusos con enfermedad ter- minal únicamente se tienen registrado un total de 5 PPL bajo esa condición. Cantidad mínima, pero que incide sobre el derecho a la salud.
La enfermedad contagiosa es aquella enfermedad comunicable por el contacto con el enfermo que la sufre, con sus secreciones o con algún objeto que haya tocado el mismo. (Baquero, 2019). Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y, por lo general, de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63 % de las muertes.
En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29 % era de menos de
60 años de edad (OMS, 2019). En la investigación se encontró un total de reclusos con enfermedades crónico degenerativas e infectocontagiosas de 9.10 %; esta información estadística es importante porque considera fortalecer la atención integral de los reclusos, en función a los derechos fundamentales a nivel penitencia- rio, según lo descrito por Nelson Mandela.
Del total de 37,977 Privados de Libertad recluidos en el Sistema Penitenciario; solo 1.25
% corresponde a los reclusos extranjeros, tanto hombres como mujeres.
Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
● Dado que desde el segundo semestre del periodo 2019 se han realizado acciones de la Dirección General de Centros Penales de reubicar PPL para la reducción del hacina- miento carcelario, fue una acción notable reflejada en centros penitenciarios de CDM para mujeres de Izalco y CP de Chalatenango que no presentan hacinamiento, cumpliendo la capacidad instalada que tiene cada centro. Sin embargo, el CP de Chalatenango fue uno de los recintos penitenciarios que, a principio de enero de 2020, dejó de formar parte del registro, debido a la remodelación de la infraestructura y destino de la misma. Diferente a los centros penitenciarios de CP Usulután, Sensuntepeque, San Francisco Gotera,
Ciudad Barrios y Apanteos que sobrepasan la capacidad instalada dado que reflejan porcentajes críticos de hacinamiento (mayor de 300 %) por lo que sería pertinente considerar acciones oportunas para minimizar el nivel de hacinamiento de estos centros.
● Dentro de la Población Privada de Libertad en situaciones de vulnerabilidad recluida en las cárceles de El Salvador, se encontró que un porcentaje total corresponde al 24 % de 37,977 registrados en el periodo de febrero 2020, esto representa la cuarta parte del 100% de la población penitenciaria que requiere mayor atención en salud penitenciaria.
● De acuerdo a las categorías de los diferentes grupos vulnerables de privados de libertad; el
7.79 % representa al género femenino de la población penitenciaria, 1.14 % corresponde a las mujeres que convive con hijos en el recinto penitenciario; siento esta categoría la que requiere atención prioritaria por las implicaciones sociales y familiares que este grupo representa. Un 2.31 % son adultos mayores, siendo un grupo vulnerable a las condiciones de vida en prisión con efectos gravosos por el hacinamiento y la limitada asistencia sanitaria. En la investigación se encontró un
1.07 % de privados de libertad con discapacidad física lo cual dificulta su desarrollo individual en el área laboral necesaria para su reinserción social. La identificación de
2.55 % privados de libertad en la categoría de enfermos mentales indica que el sistema penal no está funcionando de acuerdo a la norma y dogmática penal, la incapacidad
mental es una causa de inimputabilidad que debe ser considerada por el juzgador cuan- do impone la pena de prisión. Los reclusos con enfermedades crónicas, degenerativas, terminales o infecto contagiosa represen- tan un 9.12 %, este grupo requiere mayor demanda de atención en salud penitenciaria. En la categoría de los reclusos extranjeros se encontró un 1.25 %. Lo anterior refleja el serio deterioro del derecho a la salud en el sistema penitenciario. Por lo tanto, es importante considerar fortalecer la atención integral de los reclusos en sus derechos fundamentales a nivel penitencia- rio según lo descrito por Nelson Mandela. Y dado que la naturaleza de los delitos incide en la condición de aprisionamiento, prevalecen delitos de homicidio, drogas y tratas de personas; asimismo, se considera que el grupo familiar es un vehículo de reinserción social y el derecho limitado a la defensa, por lo cual torna más susceptibles su condición de vulnerabilidad.
Recomendaciones
Corte Suprema de Justicia
● Garantizar el efectivo cumplimiento de la labor de vigilancia de los jueces en relación con los derechos de los internos.
Procuraduría General de la República
● Solicitar a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos un efectivo cumplimien- to a la información que por ley deben manejar para garantizar los derechos de los internos.
● Dirección General de Centros Penales
● Proponer una reforma de política penitencia- ria que contribuya a reducir las vulneraciones a derechos humanos de los privados de libertad considerados en las diferentes categorías esta- blecidas en la investigación, tomando en cuenta la funcionalidad del tratamiento individualizado con respecto absoluto al principio de legalidad.
● Considerar en la política penitenciaria que el rol de madre de las privadas de libertad es el prin- cipal vehículo de resocialización; siendo impor- tante brindar un tratamiento individualizado y de carácter prioritario, para no afectar los dere- chos del niño debido a los efectos de la prisio- nización; debiendo, por tanto, establecerse una política de atención coordinada con el ISNA.
● Retomar en la política de tratamiento peni- tenciario, flexibilidad en la concesión de beneficios penitenciarios que no alteren la finalidad de la pena, pero que reduzca consi- derablemente la prisionización.
● Se debe señalar en la política penitenciaria, principalmente, en los programas generales de régimen penitenciario, la formación laboral y capacitación en áreas como: computación, biblioteca y actividades laborales que les permi- ta desempeñarse de acuerdo a sus limitaciones.
● Considerar en la política penitenciaria, la frecuencia de identificación de privados de libertad de acuerdo a la nacionalidad, en el triángulo norte y Colombia; para establecer
una política de coordinación con las emba- jadas de los respectivos países, y así definir la atención requerida durante el tratamien- to penitenciario.
Ministerio de Salud
● Para los casos de enfermedades degenerati- vas y terminales se debe considerar flexibi- lidad en los criterios para conceder benefi- cios penitenciarios; mientras que, para las enfermedades crónicas o infectocontagiosas, coordinar un plan nacional de salud integra-
do, con el ministerio de salud para la asigna- ción de áreas especializadas de tratamiento y recursos médicos de atención.
Universidad Evangélica de El Salvador
● Continuar apoyando estudios que sustenten la evidencia científica en el área criminoló- gica y penitenciaria que permitan potenciar los programas de rehabilitación, como el programa «Yo cambio» que se desarrolla en el Sistema Penitenciario.
Referencias
Andrade, Laura y Adilio Carrillo. (2015). El Sistema Penitenciario Salvadoreño y sus Prisiones. Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas». 1ª Edición. El Salvador.
