La Seguridad Social en Ecuador una relectura desde la Economía Feminista

Social security in Ecuador a rereading from the feminist economy

La seguridad social (SS) emerge como un sistema de prestaciones frente a los riesgos sociales, con enfoque asistencialista y ordenado bajo la situación laboral y la capacidad contributiva de determinados sujetos sociales. Los seguros sociales, de manera general, están orientados por los principios de producción capitalista y condicionados por el acceso al trabajo formal. La cobertura, por tanto, se concentra en la población vinculada a empleos formales, bancarizada y con acceso a crédito.

La SS es un derecho humano, por tanto, es universal y mantiene principios de progresividad y no regresividad. Ratifica la responsabilidad del Estado en garantizar el ejercicio de este derecho, promover su reivindicación y cumplimiento, así como lograr un avance constante de políticas y medios para que no sufra retrocesos en el acceso y la calidad de las prestaciones. De la misma manera, se incluyen enfoques y principios, a fin de asegurar que los grupos históricamente excluidos, discrimina- dos y en condiciones de vulnerabilidad ejerzan su derecho a la SS.

Este artículo pretende, desde la mirada de la economía feminista (EF), ampliar las aproximaciones convencionales respecto a la SS, las cuales dan sustento a polí- ticas públicas, al uso de estadísticas e indicadores que frecuentemente invisibilizan las relaciones sexo-genéricas y de poder que reproducen la racionalidad capitalista heteropatriacal hegemónica. Para ello, pretendemos problematizar e interrogar, de manera empírica y científica, el conflicto estructural y conceptual que contribuye a debilitar el alcance de la ss. El debate va más allá de las prestaciones y la cobertura, por lo que partimos desde una revisión de lo que reconocemos como trabajo, de cómo ha sido distribuido socialmente y qué implicaciones políticas tiene. La SS, tal como otras instituciones de la modernidad, ha sido construida en medio de disputas y relaciones de poder sexistas que involucran conceptualizaciones y subjetivaciones que delimitan lo que se entiende por trabajo productivo. De esta forma, se busca disputar los espacios teóricos que surgen de discursividades hegemónicas y apuntar hacia posibilidades que interpelen esa racionalidad.

El artículo se inscribe en la perspectiva genealógica foucaultiana de la guberna- mentalidad. La cual permite identificar cómo las distintas problemáticas, incluyendo la de la SS, son fundamentalmente interpretadas desde perspectivas convencionales que construyen «regímenes de verdad», dejando de lado otros enfoques, que son vistos como saberes subordinados. Una aproximación genealógica rastrea los vínculos mutuos entre el saber y el poder, relación que deslegitima otras lecturas, como la de la EF, cuya analítica de los sistemas de SS da centralidad a elementos que desde el mainstream pasan desapercibidos.

La gubernamentalidad, grosso modo, analiza los modos en que opera el gobierno de las poblaciones. Aquí, la noción de gobierno no toma el sentido convencional vinculado a las actividades del Estado, remite más bien a las técnicas de conducción y control de las conductas que, por mucho, exceden a la agencia estatal. La analítica de la gubernamentalidad nos remite a una condición histórica, un a priori, producto de la interrelación entre múltiples instancias institucionales, procedimentales, técnicas y discursividades que dan lugar a una forma específica del ejercicio del poder. Implica describir la operatividad de los diferentes micropoderes que, durante un momento histórico particular, tejen una red relacional, en parte funcional, en parte conflictiva; pero, en suma, constitutiva de una racionalidad de las maneras de gober nar (Foucault, 2013 y 2017).

Con la hegemonía de la economía neoclásica, se va generando las condiciones de posibilidad para la emergencia de la gubernamentalidad neoliberal. La cual des- pliega un ajuste del poder político para proteger el mercado capitalista, no sobre sus procesos entendidos como propios y naturales, sino sobre el marco de posibilidades para que éstos tengan lugar, estimulando la competencia. En el neoliberalismo, la sociedad deviene en empresa y el ser humano en empresario de sí mismo. Un des- pliegue del poder sobre la población y los cuerpos, en la cual la noción de capital humano instrumentaliza la competencia haciendo que los individuos se autoconduzcan dentro de la racionalidad hegemónica (Foucault, 2012).

Para lo tocante a este artículo, se entiende a la SS como una institución social que, en tanto actualmente está atravesada por la gubernamentalidad neoliberal, ha devenido instrumentalizada como parte de un más extenso dispositivo de seguridad, orientado a la protección de los procesos entendidos como propiamente económicos. Es así que, a pesar de ser producto de varias luchas sociales muchas veces enfrentadas a la lógica capitalista, desde una perspectiva genealógica, la SS cobra una funcionalidad histórica-contextual, que puede devenir en instrumental a la economía-mundo capitalista y a la racionalidad dominante.

Desde el mainstream de la economía, el sujeto a ser cubierto principalmente por la SS, se centra en aquellos individuos que le son funcionales al sistema, el cual corresponde al homo economicus, quien debe estar protegido frente a los riesgos que pueden alterar el ciclo de explotación, acumulación, productividad y consumo. Se trata de un sujeto entendido como racional en el cálculo egoísta de su propio beneficio, un sujeto trascendental según ciertos preceptos hegemónicos de los sistemas materiales, simbólicos y discursivos que conforman un orden social de normalidad, privilegios y opresiones.

La economía, al igual que otros campos disciplinares, está sometida a dispositivos de poder, una disciplinarización del saber, en la cual un enfoque en particular, el de la economía neoclásica, es ungido como saber positivo y el único legítimo para dar cuenta de los procesos económicos. Un dispositivo de saber-poder que naturaliza la economía-mundo capitalista, la hermetiza y blinda de interferencias provenientes de campos considerados exteriores. Una disciplinarización, cuya mirada crematística, solo es posible en tanto se asienta sobre la invisibilización e infravaloración de otras actividades y procesos que ocurren por fuera del «régimen de verdad» dominante. Para lo tocante a este artículo, las labores de cuidado.

En materia sexual, la EF ha puesto en evidencia que la identificación del trabajo con el empleo formal, aquel que se da en relación de dependencia, excluye e invisibiliza otras formas de trabajo productivo y de generación de valor. La inscripción de lo económico a las formas de trabajo que pueden ser transadas en el mercado y, con ello, la relegación de las mujeres al trabajo de cuidados, entendido como una esfera exterior a la economía, han permitido «liberar a los hombres adultos de esa responsabilidad y así facilitarles su participación en el mundo público con total libertad de tiempo y acción. En pocas palabras, permitirles ser homo economicus» (Carrasco, 2014a, p. 36).

Este artículo analiza el modo en que el sistema de SS ecuatoriano se inscribe dentro de redes de poder androcéntricas adecuadas a la gubernamentalidad hegemónica. Trata de determinar su incidencia en la funcionalidad de la economía de mercado,¹ la cual es vista como autónoma y por fuera de la esfera de los cuidados. La consideración de la SS como una institución contextualmente instrumentalizada para la protección de la economía capitalista en el marco de la gubernamentalidad neoliberal, cobra en este trabajo un sentido no solo descriptivo sino también político: el de comprender que la SS no es en sí misma una institución servil al capitalismo, lo es en tanto se rige por una determinada racionalidad, por lo que es posible apuntar a su reorientación.

Para el abordaje de la problemática aquí tratada, partimos del concepto de sistema sexo-género (Rubin, 1986). Este permite la visualización de una multiplicidad de relaciones de poder sexo-genéricas desplegadas en momentos históricos determinados, e incluso contextos geosociales particulares. El sistema sexo-género es planteado como una redimensionalización del concepto de patriarcado, usual- mente entendido como una estructura ahistórica que no responde a un contexto específico; en suma, un concepto universal y totalizador. El patriarcado aparece, así, como uno más de los diferentes sistemas sexo-género que se han manifestado históricamente, en el cual las relaciones de poder concernientes al sexo y al género derivan del poder del padre.

El análisis de un sistema sexo-género, entre otros existentes y posibles, permite atender a representaciones subjetivas, valores ideológicos, estructuras de dominación y sujeción que crean condiciones sociales y políticas particulares y conducen modos de vida históricos. A partir de lo formulado por Rubin se pueden comprender las relaciones sexo-genéricas en contextos determinados, como el Ecuador en la actualidad, y analizar el modo en que una institución específica, como el sistema de SS, se ve inserta en este cúmulo de relaciones de saber-poder. Esto nos conduce a analizar las formas de explotación de las mujeres en el capitalismo actual, la particular división sexual del trabajo que allí se gesta y las relaciones de poder que se producen y reproducen.

Federici (2018) refiere que a finales del siglo XIX se reorganiza la vida institucional, social, económica y política. Las mujeres son desplazadas del «trabajo formal» y se asume el trabajo reproductivo y de cuidados como inherente a la condición de género, al tiempo que se crea una dependencia del salario masculino, una nueva jerarquía y forma de dominación. Partiendo desde la desvalorización de la mujer como sujeto social, hasta la asignación de un trabajo no reconocido ni remunerado, pero que es el pilar de todas las formas de organización del trabajo en el capitalismo.

El salario es un elemento esencial en la historia del desarrollo del capitalismo porque es una forma de crear jerarquías, de crear grupos de personas sin derechos, que invisibiliza áreas enteras de explotación como el trabajo doméstico al naturalizar formas de trabajo que en realidad son parte de un mecanismo de explotación. (p. 19)

Problematizar las dinámicas de fondo de la SS conlleva un estudio que comprenda todos los vectores que atraviesan y sostienen ese sistema, por cuanto cabe atender a las relaciones entre los poderes relativos al sexo-género y otros que dibujan subjetividades escindidas dentro de las mismas categorías sexuales o de género: cuestiones como la racialización, la irregularización e ilegalización de los migrantes, el empobrecimiento de sectores enteros de la sociedad, etc. Las complejas estructuras de poder que categorizan y jerarquizan vidas, que privilegian y protegen al sujeto categórico y paradigmático, el homo economicus. Un sujeto que es, de manera general, subjetivado con el hombre asalariado, con trabajo formal y con capacidad contributiva, que coincidirá típicamente con el hombre blanqueado y heterosexual.

La consideración de otros vectores del poder que conforman las redes en que se ve implicado el factor sexo-genérico es de particular importancia para el caso latinoamericano. Según Pineda (2018), en América Latina el racismo adopta procesos y formas simbólicas determinadas y vinculadas al colonialismo. Las poblaciones negras, afrodescendientes e indígenas de Latinoamérica son los grupos históricamente excluidos, manteniendo su condición precarizada y empobrecida, con limitadas oportunidades de acceso a trabajos dignos, con salarios desiguales y cobertura de los sistemas de protección social. En la región la incidencia de pobreza en población indígena es del 47%, en la población afrodescendiente del 26%, frente al 17% que alcanza en población no racializada (CEPAL, 2021).

Alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado en 2019, y el 91,5% de estas personas eran mujeres, muchas de ellas afrodescendientes, indígenas o migrantes […]. Este sector exhibe un elevado nivel de precarización: los salarios se encuentran entre los más bajos del conjunto de trabajadores remunerados y los niveles de informalidad son especialmente altos (un 76% de las mujeres que allí se emplean no cuentan con cobertura previsional). (CEPAL, 2022, p. 217)

La forma de organización económica en la gubernamentalidad neoliberal no se reduce a intereses productivos, sino que arraiga posiciones de privilegio e ideologías que configuran sistemas complejos de desigualdades sociales. El racismo actúa como fuerza material y simbólica, y cuando atraviesa a las mujeres o personas feminizadas, las dinámicas de dominación se acentúan e intensifican las brechas para el ejercicio pleno de los derechos humanos, como el de la ss.

En América Latina los cuidados no se reducen a las labores domésticas y de reproducción, sino que convocan un ejercicio constante de sobrevivencia frente a la precarización y las desigualdades. Las mujeres y personas feminizadas latinoamericanas no solo sostienen la vida, sino que sostienen una vida racializada, explotada y oprimida. Deben hacer frente a la desprotección y a los riesgos permanentes a los que se ven expuestas en contextos invisibilizados por una representación mercantilizada de lo público y lo laboral.

Franco (2020) ilustra el racismo estructural que afecta a las mujeres que habitan las periferias, y llama la atención sobre los mecanismos de contención dirigidos a los perjudicados por el sistema. La autora refiere a sujetos sociales racializados que pertenecen a las periferias, espacios marginales, territorios que no son tomados en cuenta a la hora de formular política pública. Se refiere, particularmente, al peso de la desigualdad estructurada del capitalismo, que recae sobre las mujeres.

¿Cómo quieren tratar a las mujeres de manera igual para jubilarnos si ya somos tratadas de manera desigual todos los días? Las mujeres estamos en la base de la pirámide, con los salarios más bajos, trabajando jornadas dobles y todavía quieren tratarnos «igual» para la jubilación. Es un discurso de igualdad sólo cuando sirve a los intereses de ellos. Tenemos que recordar que estamos en condición de subalternas, no sólo por lo simbólico. (Franco, 2020, p. 148)

Tanto en sus orígenes, cuanto, en sus conquistas históricas, la protección y SS ha sido el efecto de luchas enfrentadas con la explotación capitalista y sus efectos. No obstante, éstas, como otras tantas gestas revolucionarias, se han desvinculado de una intencionalidad y perspectiva más amplia y plural, tanto como señala Segato (2019) respecto del género, cuanto respecto de la colonialidad y el racismo. Muchas veces incluso, los discursos totalizantes en que se han asentado varias de estas luchas han devenido en el menosprecio de luchas adyacentes y necesarias para el transcurso a una sociedad distinta en sentido amplio.

Un ejemplo de ello, con importantes efectos sobre la SS, son las huelgas y levantamientos de inicios del siglo XX en Estados Unidos. El sector textil estadounidense veía levantarse en 1909, por segunda vez casi consecutiva, tras un levantamiento masivo en 1908, una gruesa manifestación de trabajadores que reclamaban por la concesión de varios derechos laborales, principalmente relacionados con el salario y la jornada laboral. Eran principalmente las mujeres quienes sufrían los embates de la explotación en el sector textil, constituyendo aproximadamente el 60% de la fuerza laboral y percibiendo en promedio una cuarta parte del salario que recibían los hombres (Michels, 1999). A pesar de ello y de que la huelga fue en buena medida liderada por una mujer, Clara Lemlich, contando con la participación del movimiento feminista (Alterman, 2001), la lucha sufrió una disrupción interna propiciada por varios líderes sindicales que consideraban efímero el trabajo femenino y no conciliable con las demandas generales de la huelga, entre ellos Samuel Gompers, fundador de la American Federation of Labour (Michels, 1999).

Es a partir del reconocimiento de la convergencia de diversas relaciones de poder y las posiciones que los diferentes sujetos ocupan en ellas, así como de la necesidad de atender a la amplitud de los efectos de las luchas sociales y de imprimir en ellas el signo de la pluralidad, que a continuación se problematiza la SS en Ecuador. El análisis está abocado a la identificación de las desigualdades sexuales sobre las que se asienta, al tiempo que reproduce, la configuración del sistema de SS ecuatoriano.

LA SEGURIDAD SOCIAL EN ECUADOR. DE LA PARIDAD ESTADÍSTICA A LA INEQUIDAD REAL

En Ecuador, el sistema de SS se caracteriza por mantener una muy baja cobertura, asociada principalmente al empleo formal; las barreras para plasmar los mandatos constitucionales del 2008 que garantizan su universalidad bajo responsabilidad del Estado; las limitaciones para incorporar a nuevos afiliados principalmente jóvenes; y su complejidad al existir sistemas paralelos como los de las Fuerzas Armadas y Policía. A los problemas de baja cobertura hay que añadir el marcado carácter regresivo del sistema, tanto a nivel de quintiles de ingreso, sectores de trabajo, etario y de género; puesto que son las mujeres, por los roles heteropatriarcales históricamente legitima- dos, las que presentan mayores dificultades para acceder a la SS y quienes mantienen menores prestaciones, por ejemplo, solo desde el 2015 en Ecuador se abrió una modalidad de afiliación diferenciada para las mujeres que les da acceso solo a un seguro de invalidez, vejez y muerte (King, Carranza, y Maldonado, 2022, en prensa).

Es cierto que las cifras estadísticas denotan una general progresión hacia la paridad en cuanto a la cobertura sexuada de la SS en Ecuador. Así, en el último Boletín Estadístico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que corresponde a los datos de 2020, de un total de 4.132.359 afiliados entre el Seguro Social Campesino (SSC) y el Seguro General Obligatorio (SGO), el 49,12% eran mujeres, al tiempo que de 653.844 pensionistas en total del SSC, el 52,54% eran mujeres (IESS, 2021).

Los avances en materia de igualdad y en el acceso a derechos, en buena medida corresponden a la incidencia de las luchas feministas en las estructuras políticas. No obstante, siendo que la participación general de prestaciones de SS encierra un conjunto de particularidades y distinciones sexuadas, los sesgos y disparidades ahí existentes no son visibles en los indicadores de cobertura. Datos como los antes expuestos solo reflejan que, actualmente, en términos generales, existe una proporción casi similar en la SS para hombres y mujeres. Un indicador que no refleja los problemas de cobertura del sistema, al cual tan solo acceden 2 de cada 5 personas económicamente activas (PEA), ni tampoco refiere a las barreras sexualmente diferenciadas para acceder al mismo.

El dato crudo esconde las diferencias en los modos en que hombres y mujeres gozan y hacen ejercicio de estos derechos. Un análisis más profundo de la equidad real del sistema de SS ecuatoriano, exige un acercamiento que rebase el reduccionismo positivista, que asume como principal criterio de igualdad a las cifras de cobertura.

La EF, que constituye un eje analítico central de este artículo, ha cuestionado ya ampliamente este proceder basado en la premisa «añada mujeres y mezcle» (Pérez, 2005). Una crítica a la mera inclusión de datos sobre las mujeres sin cuestionar los modelos fundamentalmente androcéntricos en que se inscriben.

Una desagregación de las cifras antedichas respecto de los afiliados durante el 2020 arroja elementos que denotan un acceso diferenciado a la cobertura del sistema de SS para hombres y mujeres (ver Tabla 1).

Se identifica que en el SSC la afiliación en calidad de dependiente y jefe de familia, es inversamente proporcional en las cantidades de hombres y mujeres afiliados para cada categoría, con una marcada diferencia, donde las mujeres son principalmente afiliadas como dependientes y los hombres como jefes de familia. A pesar del acceso casi equitativo a las prestaciones de salud, las exclusiones sexo-genéricas se mantienen, ya que la pensión de vejez e invalidez solo es percibida por el jefe de familia. Ello pone en evidencia las relaciones de poder sexistas que se configuran en las familias ecuatorianas, problemática que excede la institucionalidad del sistema de ss. Ello se corrobora considerando el factor etario, la población dependiente incluye menores de edad y otras cargas familiares además del cónyuge o conviviente legal del jefe o jefa de familia. Para los datos de 2020 no existen afiliados en calidad de jefe de fami lia por debajo de los 15 años de edad; sin embargo, a partir de allí, en que se registran jefes de familia afiliados, el número de hombres es superior para cada grupo etario. Es a partir de esta edad también en que aumenta la proporción de mujeres afiliadas en calidad de dependientes; mientras que para edades por debajo de los 15 años las cifras sexuadas de afiliados como dependientes son prácticamente equivalentes.

Esto da luces sobre la necesidad de observar la gubernamentalidad neoliberal como un entramado del que participan múltiples instituciones, entre ellas para el caso, el sistema de SS y la familia. Valga decir con ello que la solución a los múltiples problemas en materia de accesibilidad de derechos y protección social no son abordables únicamente en el marco de la SS, sino mediante largos esfuerzos, luchas y puestas en cuestión de los diversos dispositivos, incluyendo los discursivos, que se ven invo lucrados en el sistema sexo-género y el conjunto de la gubernamentalidad operante.

En cuanto a las diferencias en cobertura de personas afiliadas al SGO y al SV, se identifica que, para la primera, la cual está relacionada fundamentalmente con el trabajo formal, la afiliación es mayoritariamente masculina, con una diferencia porcentual del 17%. En contraste, existe cerca de un 22% más de mujeres que de hombres afiliados al SV. De una parte, la afiliación voluntaria es una herramienta relevante para ampliar la protección social más allá del trabajo formal, sin embargo, esta modalidad no está cubierta por las prestaciones de cesantía y desempleo; manteniendo mecánicas vulnerabilizantes. En primer lugar, las cuotas para afiliarse al SV² recaen exclusivamente sobre el/la afiliado/a, mientras que para el SGO es compartida con el empleador al igual que el subsidio monetario por enfermedad común o accidente por riesgos de trabajo. Adicionalmente, el valor mínimo de los pagos mensuales corresponde a cerca del 18% del Salario Básico Unificado (SBU), sin considerar el nivel de ingresos de la persona afiliada, las cuales principalmente realizan TNRH y TRH con multipatrones o trabajo por hora.

La diferencia porcentual entre hombres y mujeres, en cuanto al acceso al SGO y al SV, permite elucidar que son principalmente los primeros quienes gozan de una ventaja participativa en relaciones formales de trabajo, mientras que un mayor número de mujeres se encuentran bien en el sector informal, desempleadas o realizando TNRH. De la misma forma que la contracción de ocupación es mayor para las mujeres, su salida del mercado laboral por razones familiares y cargas de cuidado dificulta su afiliación y la regularidad de esta. Las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) respecto de la población ocupada en el 2021, muestran que la tasa de hombres asalariados es superior en un 15,7% respecto de las mujeres, para el trabajo independiente el porcentaje de mujeres supera al de los hombres en 2,1% y para trabajos no remunerados las mujeres los superan con una diferencia del 13,5%. Esta fuente, también muestra que las mujeres tienen un promedio de ingresos de USD 391 y los hombres de USD 476. Las mujeres son siempre peor pagadas, no solo en el general nacional, sino en cada uno de los grupos dentro de las categorías de desagregación: área de residencia, etnia y edad (ENEMDU, 2021).

Las mujeres ocupan, en mayor medida que los hombres, posiciones desaventajadas en las relaciones laborales en el país. De lo que se deriva que la calidad en el acceso a las prestaciones del sistema de SS no sea equitativa en materia sexual. Ello debido a lo expuesto arriba: el hecho de que la informalidad en el trabajo hace recaer la carga económica requerida para afiliarse al SV sobre la misma persona interesada. Exigencia particularmente vulnerabilizante considerando que estos grupos, principalmente las mujeres, perciben ingresos menores en relación con los trabajadores formales.

La tabla 1 muestra la cobertura sexuada del sistema de SS ecuatoriano respecto al TNRH. Al respecto, es posible visibilizar el hecho de que la ampliación de la cobertura de la SS se da sobre la base de una desigualdad social más profunda, de carácter marcadamente sexista. En la cual, el trabajo doméstico recae fundamentalmente en las mujeres. De un total de 308.567 de trabajadores afiliados dentro de la categoría de TNRH, prácticamente la totalidad, el 99,42% son mujeres. Cabe insistir en que el haber incluido esta clase de trabajo es un acierto significativo en cuanto a la visibilización y reivindicación de la importancia que conlleva para la economía y la reproducción social; no obstante, las cifras sexuadas que derivan de ello ponen en evidencia una problemática social que excede, aunque implica, el alcance de la SS en Ecuador.

El TNRH ha sido históricamente invisibilizado en el país y a nivel global. En Ecuador empieza a reconocérselo como contributivo de la economía nacional, por tanto, abarcable por la SS, desde la Constitución de 2008. Con ello, en 2009 se encarga al Ministerio Coordinador de Desarrollo Social elaborar una propuesta de reforma a la Ley de SS, de lo cual se derivaron ocho iniciales proyectos de ley que desemboca- ron en un proyecto finalmente aprobado en 2014 (OIT, 2016).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC) publicó en 2014, por primera vez un análisis exploratorio respecto del TNRH, para el periodo 2007- 2010, mediante una novel cuenta satélite de TNRH (CSTNRH). En esta publicación, así como en las subsecuentes: de 2016 que abarca el período 2011-2013; de 2018 periodo 2014-2015 y de 2020 para el periodo 2016-2017, se reconocen que las actividades de TNR no son consideradas en las cifras de contabilidad nacional con que se calcula el

Tabla 1
Afiliados a la SS en Ecuador por sexo

IESS (2021)

PIB (INEC, 2020a). Para hacer frente a este vacío, las CSTNRH consideran un total de 66 actividades no remuneradas, entre trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar, trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar y trabajo no remunerado para otros hogares, para la comunidad y voluntario (INEC, 2020b).

Los resultados obtenidos mediante estas herramientas arrojan que entre el 2007 y el 2017, el promedio del valor agregado bruto (VAB) del trabajo no remunerado con respecto al PIB era del 19%, con un porcentaje mínimo de 16,8% en 2008 y un máximo de 20,5% en 2016. De igual manera, se divide la exposición de datos sobre TNR, de manera sexuada en relación con el VAB y la participación por cantidad de horas para hombres y mujeres. Respecto del primer factor se obtiene que, para ese mismo período, las mujeres aportaron un VAB del 14,2% en promedio, mientras que los hombres un 4,7%. Así mismo, entre 2007 y 2017, se contabilizaron 11.575.676 horas anuales promedio de TNR, de las cuales, el 76,4% correspondían a participación femenina. Es decir, que casi 8 de cada 10 horas de TNR contabilizado para ese periodo recayeron en las mujeres, contribución que aún sigue siendo invisibilizada en las cuentas nacionales (INEC, 2020a).

La contabilización del uso del tiempo se llevó a cabo a través de una encuesta de uso del tiempo (EUT) en el marco de la CSTNRH, en la cual se consideraron 8 de los 14 capítulos que originalmente conforman la EUT. Estos capítulos son: actividades culinarias para el consumo del hogar; mantenimiento del hogar; cuidado de ropa y confección; compras, servicios, gerencia u organización; cuidado de niños y niñas; construcción y reparaciones; actividades no remuneradas para otros hogares, para la comunidad y trabajo voluntario; cuidado y apoyo de personas con discapacidades que sean miembros del hogar (INEC, 2020b). La intención de la EUT es dilucidar la participación diferenciada de hombres y mujeres en el trabajo doméstico, partiendo del principio de que esta participación es distinta no solo en relación con el tiempo empleado para las actividades domésticas, sino también por el tipo de actividades. Estas herramientas, entre otras, permiten un primer acercamiento a la comprensión de las relaciones de poder que se generan al interior de las familias, en que la distribución diferenciada del tiempo para las labores domésticas entra en relación con otros esquemas sexistas instituidos en lo social y familiar, que desembocan en una posición desaventajada para la mujer, tanto en la institución familiar cuanto en otros espacios sociales, entre ellos el laboral.

El conjunto de información expuesta hasta el momento guarda múltiples sesgos, a pesar de los distintos avances en el reconocimiento del trabajo doméstico y el trabajo feminizado en general. El primero de los que aquí hemos podido identificar está en la representación androcéntrica del trabajo y el uso del tiempo en que se sostienen los modelos estadísticos utilizados para observar el trabajo en general y la diferenciación sexuada del mismo. Carrasco (2014b) sostiene que la mayoría de estadísticas económicas se asientan en un modelo económico masculino, que identifica el trabajo con el empleo mercantil y la producción con la producción orientada al mercado.

Un debate respecto a la distinción entre trabajo productivo y no productivo que se remonta al momento de emergencia de la economía como saber especializado, tal como lo refiere Mazzucato (2019), se remite a las discusiones entre los mercantilistas King y Petty dentro de sus clasificaciones de trabajo productivo y a las disputas conceptuales sobre la teoría del valor en la economía política clásica. Imponiéndose una perspectiva, en la cual solo el trabajo que es mercantilizado es visto como productivo. Una racionalidad que se ha mantenido prácticamente invariable hasta la actualidad en el mainstream de la economía. Se trata de un modelo masculino por cuanto la reducción de lo económico al mercado deja de lado otros sectores y actividades que no ocurren en él, pero sobre los cuales se apoya el ámbito mercantil, sobre todo el trabajo doméstico y de cuidados realizado histórica y principalmente por mujeres.

En este sentido, las estadísticas construidas a partir de las CSTNRH representan un avance significativo para visibilizar la importancia económica del TNR doméstico y de cuidados, a la vez que la desigualdad en la distribución de tiempos dedicados a estos trabajos por hombres y mujeres. Sin embargo, los límites para el efecto no dejan de estar presentes. Las EUT, tanto en Ecuador como en otros países guardan, al decir de Carrasco (2014b), limitaciones para la elucidación de interrelaciones entre la participación de las mujeres en el trabajo de mercado y otras actividades no remuneradas. Es decir, que, si bien estas herramientas permiten observar la predominancia femenina en el empleo del tiempo destinado al TNR, carece de instrumentos adecua- dos para visualizar las formas de organización en los tiempos y actividades al interior de las familias que son causa y efecto de la doble jornada, a la que se ven sometidas generalmente las mujeres que participan de actividades remuneradas en el mercado, a la vez que cargan con la mayor parte del trabajo doméstico. En suma, la EUT no per- mite observar a profundidad las dinámicas de poder que se producen en el hogar y fuera de él, relacionadas con la distribución de actividades, la negociación familiar y los límites que ello supone para la accesibilidad de las mujeres al mercado.

Un segundo sesgo está en la todavía opaca consideración extensa del trabajo de cui- dados. Contar con herramientas de visibilización del TNR dentro y fuera de los hogares no es suficiente para desvelar el conjunto de desigualdades sexuales en el ámbito del trabajo y la economía. Es necesario, además, modificar y ampliar los instrumentos estadísticos correspondientes al sector mercantil. Los instrumentos tradicionales para el cálculo de la PEA o el PIB, carecen de indicadores distintivos oportunos para visibilizar la feminización históricamente acarreada de los trabajos de cuidado dentro de la misma esfera mercantil. Las estadísticas, que a partir de un enfoque de género buscan poner de manifiesto la feminización del TNR, principalmente doméstico, al dejar de lado el ámbito mercantil, no contemplan los trabajos de cuidados realizados en el mercado (Pérez, 2019).

El camino hacia la visibilización de estas relaciones sociales como la feminización del trabajo y la mercantilización sexista de los cuidados tiene todavía un largo camino por delante, para lo cual se requieren instrumentos que permitan más que una visión diferenciada del trabajo de mercado y el trabajo no remunerado. Son necesarias herramientas que permitan comprender la economía como sugiere Polanyi (2003), como imbricada en múltiples relaciones sociales y políticas en que el mercado no constituye un ámbito separado de otras esferas, sino parte de procesos más amplios, fuera de los cuales no cobra sentido.

Un último sesgo identificado es lo que permite volver la mirada hacia la relación que se tiende entre el modelo androcéntrico de construcción de instrumentos esta- dísticos y la cobertura del sistema de ss. El reconocimiento del impacto del TNR sobre lo convencionalmente entendido como económico y productivo ha sido uno de los elementos justificativos para la consideración del trabajo doméstico dentro de la protección social. De allí que antes que las relaciones de poder que intervienen en la división sexual del trabajo, en la feminización de los cuidados y de los trabajos impagos, lo que ante todo interesa a las estadísticas con enfoque de género es reconocer el valor agre- gado de los trabajos no remunerados, principalmente realizados por mujeres, sobre el PIB. En suma, los instrumentos estadísticos con que se cuenta hasta el momento, a pesar de tenerse como avances importantes en materia de sexo y género, no permiten problematizar el sistema nacional de ss como una estructura protectora del trabajo en tanto es considerado como productivo, desde la perspectiva convencional.

Cabe en este sentido no solo preguntarse ¿a quiénes cubre la ss en Ecuador? Sino

Cabe en este sentido no solo preguntarse ¿a quienes cubre la SS en Ecuador? Sino ¿quiénes, qué sujetos y de qué manera pueden acceder a derechos de protección social? y ¿qué relaciones de poder se ven imbricadas en las formas diferenciadas de accesibilidad a derechos de protección social? Los datos de cobertura dan la apariencia de una progresiva igualdad, lo cual es cierto solo de manera parcial. Se cubre y se «protege» las subjetividades vulnerabilizadas, pero no se pone en cuestión ni se atiende las causas de esa vulnerabilidad.

La progresiva inserción de mujeres a la esfera convencional del mercado ha ocurrido sobre la base de lo que desde la EF se ha llamado cadenas globales de cuidados. Dado que el trabajo de cuidados es fundamental e insoslayable para la reproducción de la vida, el mayor acceso de mujeres a un mercado laboral que deja poco tiempo para la distribución de tiempos fuera de la productividad mercantil ha supuesto diversas formas de organización de los cuidados. Podemos esquematizar esta organización de los cuidados según tres formas, de entre las cuales son las dos últimas las que constituyen lo que Pérez (2014) denomina cadenas globales de cuidados.

La primera de ellas es ampliamente reconocida en los estudios sociales y la EF; se trata de la doble jornada impuesta a las mujeres.³ Por ello se entiende que dado que el trabajo de cuidados ha sido históricamente delegado a las mujeres, aquellas que han ingresado al trabajo de mercado suelen conciliar la distribución de sus tiempos de modo que les sea posible asumir sus responsabilidades mercantiles y el trabajo doméstico de cuidados, recayendo sobre ellas esta doble jornada de trabajo (Carrasco, 2003). Esto ocurre; sin embargo, principalmente en familias que no pueden participar de las otras dos formas que se exponen a continuación, debido a dificultades económicas y sociales.

La segunda forma de organización de los cuidados está en la delegación de los trabajos de cuidado. Debido a que la presión del mercado por acaparar los tiempos de las y los trabajadores es cada vez mayor, ciertas familias desarrollan estrategias de delegación de los cuidados y el trabajo doméstico en general. Estas estrategias se configuran en torno a dos ejes. El primero de ellos es el de la familia ampliada, donde se ve involucrado principalmente el factor etario; el trabajo de cuidados es principalmente delegado a otras mujeres como abuelas e hijas adolescentes, perpetuando la asignación social de estas actividades a las mujeres. El segundo eje es la delegación a empleadas del hogar, en lo que se ven involucrados los factores relativos a la condición socioeconómica, migra toria y racial. Son para el caso, también fundamentalmente mujeres quienes realizan estas labores, pero ante todo mujeres racializadas, empobrecidas y/o en situación de irregularidad migrante; en suma, cuerpos convertidos en aprovechables y explotables en el marco de una amplia configuración gubernamental (Pérez, 2014).

Finalmente, una tercera forma está en la mercantilización de los servicios de cuidado. Son principalmente mujeres quienes realizan las actividades mercantiles orientadas a los cuidados; es de reconocer además que la mayoría de mujeres insertas en el mercado laboral, sobre todo aquellas con mayores desventajas socioeconómicas, se encuentran en sectores que representan extensiones del trabajo doméstico y de cuidados (Benería, 2006). Los cuidados no se han liberado de sus ataduras sexistas; por el contrario, se han recargado con más intensidad sobre las mujeres migrantes, empobrecidas y racializadas. Es decir, no es un logro enteramente emancipatorio que ha conseguido colectivizar los cuidados y lograr mayor participación masculina; sino que se identifica como otras formas de organizar los cuidados de manera más adecuada a las necesidades derivadas de la protección de la economía de mercado.

Rodríguez (2017) sostiene que esta nueva organización social de los cuidados, representa un vector de reproducción y profundización de las desigualdades. Además, que adopta una dimensión transnacional y multidimensional, conjugándose con la condición de migración, valiéndose principalmente de mujeres de las periferias globales que se trasladan hacia el norte global, y de otros cuerpos feminizados no únicamente migrantes, sino también racializados y empobrecidos que terminan asumiendo la demanda de cuidados de las familias con mayores ventajas sociales.

El sistema de SS requiere desarrollar instrumentos de visibilización y atención de los diversos factores que inciden en la feminización de los cuidados. Así también, es necesario apuntar hacia el desarrollo de medidas que deben ser pensadas más allá de la sola cobertura de la SS, sino que correspondan a la extensión en la calidad y accesibilidad de derechos, a la vigilancia de los abusos laborales que impiden una distribución favorable y equitativa del tiempo; en general, a la consideración de lo económico como inscrito en múltiples relaciones sociales que dibujan procesos amplios sin consideración de los cuales no es comprensible ni sostenible el mercado ni la vida en general.

ECONOMÍA FEMINISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTRA SEGURIDAD SOCIAL A MANERA DE CIERRE.

Este trabajo no pretende desconocer la importancia de la SS, ni de las luchas y reivindicaciones que se han hecho para extenderla. Al contrario, reconoce a los sistemas de protección y SS como derechos universales, de responsabilidad del Estado, que posibilitan generar mejores condiciones de vida y equidad para los trabajadores y trabajadoras. No obstante, la reflexión respecto a la SS no debe quedarse en los límites establecidos desde los enfoques convencionales, es necesario ampliar la mirada desde perspectivas heterodoxas, como la planteada por la EF, que disputan los «regí- menes de verdad» construidos desde los saberes hegemónicos.

Como sostienen Carrasco y Díaz (2018), la EF no es una rama más de la economía convencional, sino otra manera de entender el mundo que subvierte los principios hegemónicos de la racionalidad mercantilista y androcéntrica. Desde la EF, es posible hacer frente a una gubernamentalidad individualizante orientada a la protección y hermetización de la economía de mercado. Una gubernamentalidad que dibuja una sociedad en que la interrelación humana no es otra que la competencia. La EF nos ofrece la oportunidad de apostar por la ruptura de lo establecido, poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida.

La EF permite asumir la responsabilidad de comprender la SS como una institución imbricada en múltiples relaciones sociales, en cuya configuración se pone en juego la vida de diversos grupos humanos y el ejercicio de sus derechos. Insistir en la representación ampliada de lo económico y del trabajo no es un mero capri cho teórico, es ante todo una responsabilidad política. Bacchi (2009) sostiene que la representación que se hace de las problemáticas sociales guía las posibilidades de gobierno y atención de estos problemas. Lo que no es problematizado, reconocido como problemático, no deja lugar a solución alguna, queda invisibilizado, tomado como natural o inevitable y se inscribe dentro de los procesos ocurrentes pero subterráneos a toda posibilidad de atención pública.

Finalmente, la cobertura real del sistema de SS en Ecuador no puede ser otra que la de aquello que es capaz de visualizar, de aquello que es efectivamente reconocido y problematizado; no puede cubrir lo que para sí no es visible. Los hogares, y fundamentalmente las mujeres, han sostenido históricamente gran parte del amplio conjunto de la economía, cargando con el peso impago o cuando mucho mal pagado de los cui- dados, con la reproducción vital de los trabajadores del mercado; han sido, en suma, la base invisibilizada de la economía de mercado y de su sujeto, el homo economicus. Es de interés para la economía, pero sobre todo para la adecuada sostenibilidad de la vida, que la protección social reconozca el deber que tiene con el trabajo de cuidado.