Fundación Redes. Haciendo Tejido para la construcción social de los Derechos Humanos en la frontera como contexto opresivo.

Networks Foundation. Making Fabric for the social construction of Human Rights on the border as an oppressive context.

La Fundación Redes (Fundaredes), organización no gubernamental fundada en 1998, trabaja en la construcción de tejido social para la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace varios años, desde la consolidación de una red de educadores, activistas y defensores en todo el país viene desarrollando profundos esfuerzos de denuncia, registro, incidencia pública y documentación de violaciones a los DDHH en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela.

En este sentido, ha realizado a través del observatorio que tiene en los estados fronterizos un monitoreo permanente a las actuaciones de grupos armados irregulares en territorio venezolano y su impacto en la población de los estados fronterizos del país, teniendo en la educación libre, plural y democrática un eje central de acción social y participación ciudadana.

Esta preocupante situación se asocia a la incursión de grupos armados irregulares, que vienen operando de diferentes formas; en efecto, FundaRedes ha podido constatar que las guerrillas colombianas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) son organizaciones con presencia cada vez mayor en la franja fronteriza que une los estados venezolanos Apure, Táchira, Zulia, Bolívar y Amazonas con Colombia, pero que también se desplaza hacia otras entidades no fronterizas.

En el caso del ELN se ha evidenciado que la presencia no sólo se circunscribe al aspecto físico, con la actuación de grupos armados que patrullan constantemente los municipios fronterizos e incluso se extienden a Mérida, Barinas y Portuguesa, sino que además en territorio venezolano operan varias emisoras de radio a través de las cuales se difunden mensajes con contenidos abiertamente ideologizantes que promueven la actividad insurgente y buscan incitar a los jóvenes a unirse a las filas de la agrupación, lo que constituye una violación flagrante a la soberanía nacional, según lo establecido en los artículos 13, 15 y 327 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de la ONU (1966), según el cual “toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Toda apología que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.

Hasta la fecha, Fundaredes ha constatado que son cinco las emisoras pertenecientes al ELN que transmiten desde territorio venezolano. La primera de ellas, Antorcha Estéreo 96.7 FM, perteneciente al Frente de Guerra Urbano “Camilo Torres Restrepo”, inició operaciones el 4 de julio de 2006, aunque luego en febrero de 2009 salió del aire tras una serie de denuncias públicas efectuadas desde la Fundación Redes ante la Fiscalía del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, fue poco lo que duró esta medida, pues la emisora reanudó su difusión el 11 de marzo de 2013 y sigue operativa hasta la fecha. Su módulo de transmisión está ubicado en algún lugar del Parque Nacional Páramo El Tamá (Táchira, Venezuela) y su espectro de influencia incluye las ciudades fronterizas de San Antonio, Ureña, Delicias, Rubio, Capacho Nuevo y Capacho Viejo; así mismo la emisora tiene recepción en la zona metropolitana de Táchira –San Cristóbal, Guásimos, Cárdenas–, en la zona sur del llano Torbes, Fernández Feo y sus adyacencias.

El 21 de octubre de 2015, Fundaredes denunció la existencia de otra emisora de estos grupos armados: la 95.5FM Voz de la Libertad, operada por el Frente de Guerra Oriental del ELN, que tiene influencia en los municipios Fernández Feo y Libertador, del estado Táchira, y Páez, del estado Apure, y todas las y todas las zonas aledañas. En esta oportunidad se dirigió un escrito a la Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conatel) mediante el cual se le solicitó actuar conforme al marco legal vigente a través de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en lo relacionado al bloqueo y cese transmisiones de las emisoras 95.5 FM Voz de la Libertad y Antorcha Estéreo 96.7 FM, pertenecientes al ELN, grupo armado irregular incluido en las listas de organizaciones terroristas extranjeras de la Unión Europea (2004), del Departamento de Estado de Estados Unidos (2001), del gobierno de Canadá (2003), y reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos como un grupo armado.

También se solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo interponer ante Conatel acciones que bloquearan la difusión de los contenidos emanados por las emisoras antes mencionadas en territorio venezolano, por cuanto hacer apología a las actividades inherentes a la agrupación guerrillera y su ideología afecta la paz de los habitantes de las zonas de influencia, a la vez que constituyen una amenaza para la soberanía venezolana y una violación a lo establecido en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual señala que las personas deben ser “protegidas por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.

En espera de respuesta por parte del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y Conatel, el 8 de enero de 2017 surgió un nuevo espacio radial del ELN: la 90.1 FM Antorcha Elena, del Frente Urbano “Carlos Germán Velasco Villamizar”, cuya área de influencia se extiende a lo largo y ancho de los municipios Bolívar, Rafael Urdaneta, Ureña, Junín, Capacho Viejo, Capacho Nuevo, Torbes, Fernández Feo, San Cristóbal y toda la zona metropolitana de Táchira. En particular, con el dial 90.1 FM Conatel sacó del aire a finales de 2016 la emisora Metropolitana Estéreo, situación que generó mucha sorpresa, por cuanto a los pocos días fue el Ejército de Liberación Nacional el que comenzó a darle uso con una nueva emisora ilegal.

Más recientemente, se evidenció que la injerencia comunicacional guerrillera en Venezuela siguió su avanzada, pues en febrero de 2018 salió al aire una nueva emisora: la 105.5 FM Radio Frontera Rebelde, cuya influencia se extiende a la franja fronteriza de los estados Apure, Bolívar, Amazonas e incluso Barinas; y el 19 de marzo de 2018 se concretó el lanzamiento de la 94.7 FM Radio Insurrección Caribeña, perteneciente al Frente de Guerra Norte Zulia, que opera en la zona sur del Lago de Maracaibo y la Sierra de Perijá.

Hasta el presente, Fundaredes ha realizado solicitudes constantes de bloqueo en el espectro radioeléctrico venezolano de dichas emisoras pertenecientes al ELN ante el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ejecutivo nacional y regional, Consejos Legislativos, Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Asamblea Nacional, entre otras instancias de las cuales aún se espera respuesta efectiva.

Como parte de los esfuerzos de documentación de violaciones a los derechos humanos a los habitantes de las poblaciones fronterizas de Venezuela con Colombia por parte de grupos irregulares armados, Fundaredes emprendió la investigación de una serie de denuncias sobre la presunta penetración de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en escuelas de las zonas rurales del lado venezolano con fines de adoctrinamiento de niños y adolescentes. Para indagar en estos señalamientos, defensores y activistas de nuestra red realizaron en el año 2009 las primeras visitas a instituciones educativas ubicadas en los estados Zulia, Táchira, Apure, Barinas, Bolívar y Amazonas donde recolectaron fascículos del material que la guerrilla del ELN obliga a los maestros venezolanos a entregar a los alumnos en sus aulas de clase, y además se entrevistaron con niños, padres y maestros.

Tras analizar el contenido y obtenidos testimonios se constató que ese material entregado a los niños y niñas venezolanos que cursan desde educación preescolar hasta el sexto grado de educación básica en las escuelas de la frontera los expone a mensajes ideologizantes que exaltan los objetivos de este grupo irregular, uno de los principales actores del conflicto armado colombiano en los últimos 50 años. Los cuadernillos contienen historias alusivas a la guerrilla colombiana, relatos y descripciones de la filosofía de la agrupación, de la motivación política de la organización, crucigramas para llenar con palabras relacionadas a la actividad insurgente, asimismo de figuras para colorear.

Además, se obtuvieron ejemplares de un comunicado que el ELN hizo llegar a los liceos venezolanos de la zona fronteriza luego de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez en el que exaltaban el carácter revolucionario del mandatario fallecido, a quien califican como “el estadista, líder, amigo, hermano, revolucionario bolivariano y gran latinoamericano antiimperialista que partió la historia del continente en dos”. Adicionalmente, el grupo armado entrega a los alumnos su revista Antorcha Elena.

En ese mismo año, específicamente en julio de 2013, directores y docentes de instituciones educativas dependientes del Ministerio de Educación y de las gobernaciones de Táchira y Amazonas denunciaron que eran amenazados por los irregulares colombianos para recibir el material que enaltece la toma del poder por las armas y realizar con los alumnos las actividades orientadas a desarrollar el contenido de los fascículos entregados. Además, los exhortaban a incluir la celebración del día del guerrillero del ELN en el calendario escolar

Actualmente, estos mecanismos intimidatorios se repiten en las comunidades educativas fronterizas de los estados Zulia, Apure, Barinas y Bolívar. Testimonios de algunos maestros indican que “hombres vestidos de civil llegan a las escuelas con revistas y panfletos firmados por el ELN y se los entregan a los niños”. El miedo a la denuncia es una constante en estas comunidades, por lo que quienes se atreven a hablar piden la reserva de sus identidades por temor a represalias.

Fundaredes obtuvo imágenes que confirman que los insurgentes se presentan armados en los centros educativos venezolanos y conminan a docentes y alumnos a participar junto con ellos en actividades lúdicas en los patios de recreación, así como en la representación de obras de teatro en las que se escenifican roles de los guerrilleros, en un afán de acercamiento con los niños y adolescentes para crear vínculos de identidad

De manera que la vulnerabilidad en la que se encuentra el sector educativo fronterizo por la presencia de estos grupos armados se agudiza aún más con el alcance de las transmisiones las emisoras pertenecientes al ELN que operan desde territorio venezolano y difunden en su programación mensajes que buscan incitar a niños y jóvenes a sumarse a las filas de la organización subversiva.

En septiembre de 2013, Fundaredes entregó un oficio ante el cuerpo diplomático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la denuncia de las actuaciones de los grupos irregulares en Venezuela y del silencio de las instituciones del Estado venezolano. Adicionalmente, se reunió con el abogado Gustavo Rangel, presidente del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes de San Cristóbal, estado Táchira, quien emitió una alerta pública por la injerencia de las emisoras con contenidos guerreristas en la población infantil, así como el rechazo de adoctrinamiento con fascículos y revistas del ELN.

Atendiendo a esta preocupación, se introdujo en septiembre de 2014 un petitorio ante el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescente para solicitar que sean resguardados los derechos de los estudiantes expuestos a los mensajes de ideologización, violencia e intimidación por parte de la agrupación guerrillera Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los municipios fronterizos de Venezuela con Colombia.

Estos deplorable hechos acontecidos en las escuelas venezolanas, atentan contra lo establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.

Como consecuencia de esta acción, la coordinadora del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio San Cristóbal, Daniela Márquez, intentó una medida ante el Tribunal de Protección del estado Táchira, órgano encargado de adelantar las investigaciones y determinar las acciones correspondientes en esta materia. Sin embargo, el juzgado no ha dado respuesta.

En vista de esta inacción judicial, en diciembre de 2014, Fundaredes se dirigió a la Defensoría del Pueblo, la Zona Educativa, el Ministerio Público y las fiscalías regionales donde reiteró su denuncia de que la guerrilla colombiana reparte entre los estudiantes de la zona fronteriza venezolana publicaciones, revistas y panfletos en los que difunde su ideología. Las denuncias ante estas instancias han sido constantes hasta la actualidad en 2018, cuando se hizo entrega al Ministerio de Educación de Venezuela y a UNICEF de un documento exponiendo esta violación de DDHH en las escuelas venezolanas.

En 2016, ante la indiferencia de las instituciones venezolanas, Fundaredes denunció la actuación de la guerrilla en Venezuela ante Amnistía Internacional; y en septiembre de 2017, se reunió con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien se le detalló el trabajo que adelanta la organización desde 2005, sobre la actuación de irregulares colombianos en Venezuela y cómo afectaba los alcances de la firma de Acuerdo de Paz en Colombia debido a la movilidad de los grupos disidentes de la guerrilla de este país territorio venezolano.

Ante la cercanía de las elecciones presidenciales en Venezuela convocadas para el 20 de mayo, las guerrillas colombianas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) activaron mecanismos con el interés de influir en los resultados electorales a través de la amenaza e intimidación a los habitantes de poblaciones fronterizas venezolanas donde estos grupos tienen fuerte presencia.

Más allá de las consideraciones sobre si estas elecciones están desprovistas de las condiciones y garantías de legalidad y verdadera convicción democrática, y que están diseñadas para que el gobierno de Nicolás Maduro se mantenga en el poder, como lo han señalado desde el momento en que fueron convocadas por la mayoría de los países del mundo, así como por organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea, el hecho de que una organización irregular armada amenace a una población para forzarla a votar a favor de un determinado candidato constituye una flagrante violación a las libertades políticas previstas en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los artículos 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela forma parte.

Al tener conocimiento de esta situación, defensores y activistas de Fundaredes, iniciaron un trabajo de investigación en el que constataron que en las poblaciones fronterizas de los estados Táchira, Zulia, Apure, Barinas, Mérida, Portuguesa, Amazonas y Bolívar, donde existe presencia del ELN y de grupos disidentes de las FARC, se han distribuido volantes con el siguiente mensaje: “Las FARC comunica a toda la colectividad que el 20 de mayo de 2018 por conciencia revolucionaria debemos salir a votar por Nicolás Maduro y así defendemos la paz del país. Así mismo se les informa que tomaremos el control de la calle para resguardo de la revolución, aquel que realice actos vandálicos será objetivo de las FARC y en los casos que sea necesario se actuara con mayor firmeza revolucionaria”. Igualmente, en su mensaje conminan a los pobladores a defender la revolución chavista.

Las alianzas políticas de la guerrilla colombiana con el gobierno de Venezuela se remontan al año 1998, cuando Hugo Chávez Frías se presentó como candidato a la Presidencia de la República. En esa época, las dos principales guerrillas colombianas (FARC y ELN) a través del Foro de Sao Paulo, un conglomerado de partidos políticos de la izquierda en América, se presentaron abiertamente como aliadas de la candidatura de Chávez Frías, tal como quedó registrado en las informaciones referidas a tal encuentro y en declaraciones públicas de los líderes de ambas organizaciones, que además aportaron recursos económicos en los estados fronterizos donde estaban diseminadas células de su organización armada.

Desde ese momento, la guerrilla colombiana tiene participación en los escenarios electorales en Venezuela; no obstante, luego de que Hugo Chávez se convirtió en presidente de la República la alianza política que se consolidó desde el Foro de Sao Paulo comenzó a tener mayor articulación y apoyo conjunto, al punto que en 2008 el presidente Chávez abogó porque se le concediera estatus de beligerancia a las FARC y además pidió sacar a ambas organizaciones (FARC y ELN) de las listas de grupos terroristas. Ese mismo año, la Asamblea Nacional (Parlamento) de ese entonces, integrada por mayoría oficialista, aprobó un texto que le confirió ese carácter beligerante a estos dos movimientos insurgentes con el fin de respaldar la propuesta del mandatario nacional.

En 2007, durante el referéndum de la reforma constitucional, en el que salió derrotado el presidente Chávez, Fundaredes recibió denuncias de habitantes de tres localidades del país: Naranjales, municipio Fernández Feo del estado Táchira; Socopó, municipio Sucre del estado Barinas, y municipio Perijá, del estado Zulia, sobre la presión que la guerrilla ejercía en esos lugares a través de reuniones con vecinos, productores agropecuarios y campesinos para exigirles que respaldaran la reforma propuesta oficialista.

En posteriores procesos como las elecciones regionales del año 2012, la Fundación Redes constató la activa participación de la guerrilla en los estados Zulia, Bolívar, Táchira, Apure y Amazonas. En esta última entidad, el gobernador de aquel momento, Liborio Guarulla, denunció la presencia de 5 mil hombres de la guerrilla colombiana que fueron cedulados por el gobierno venezolano para participar en el proceso electoral, lo cual contribuyó a que el candidato afecto al proceso del presidente Chávez obtuviera la victoria en 2017.

Desde hace más de una década, tanto las FARC como el ELN han tenido cada vez mayor participación en las jornadas electorales venezolanas, ejerciendo actividades de proselitismo, activismo, movilización y manipulación electoral en los estados donde ejercen control del territorio venezolano, de acuerdo con testimonios obtenidos por la red de activistas de Fundaredes, los cuales han quedado registrados en audios a lo largo de estos años.

Prueba de ello es que en el año 2015, Fundaredes recibió denuncias sobre la actuación de la guerrilla, en este caso adicionalmente del Frente Bolivariano de Liberación, en varios municipios de los estados Zulia, Apure, Táchira, así como en Bolívar, donde se aprovechó de la figura del voto asistido para ejercer control en las elecciones parlamentarias, pues el organismo electoral permitió su participación como miembros del protocolo de la jornada. En esa oportunidad, se realizó la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, de lo que constituyó una evidente violación a la Constitución venezolana que ampara el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes de forma libre, mediante el voto directo y secreto.

Elemento probatorio de esta actuación es que según los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral hubo poblaciones de estos estados fronterizos donde la proporción de sufragios emitidos en un determinado centro de votación fue igual al total de los votos a favor del partido de gobierno, obteniendo cero la oposición, lo que es estadísticamente improbable. Adicionalmente, medios de comunicación en estas entidades registraron denuncias sobre el retiro forzoso de los testigos que representaban a la oposición en algunos de estos centros electorales que terminaron siendo controlados por el partido de gobierno y la guerrilla.

A ello se suma el hecho de que bajo la anuencia del CNE se establecieron centros electorales itinerantes en residencias particulares o en lugares bajo el control total de activistas y/o miembros de la guerrilla, según denuncias obtenidas por Fundaredes en los municipios Rafael Urdaneta del estado Táchira; Catatumbo, Jesús María Semprún y Perijá, del estado Zulia, y en varios municipios del Estado Apure, donde se pudo constatar que en casas de guerrilleros operaron centros electorales itinerantes donde tras el conteo de votos todos fueron a favor de los candidatos del gobierno. Más tarde, en 2017 las FARC hicieron sus primeras reuniones fundacionales como partido político en Venezuela, haciendo uso instalaciones públicas como la Casa de la Cultura de Santa Cruz de Aragua y espacios de la Gobernación de Aragua para hacer proselitismo, contraviniendo las leyes venezolanas.

Entre abril y lo transcurrido de mayo de 2018, Fundaredes ha evidenciado nuevos indicios de que la injerencia de los grupos armados colombianos se mantiene vigente y mueve su maquinaria y estrategias para el proceso electoral convocado para el 20 de mayo. Así lo demuestran dos comunicados públicos emitidos por las FARC y el ELN que son distribuidos en comunidades de diez estados del país, en los que abiertamente se señala su alianza con la revolución bolivariana chavista y cuyos mensajes intimidatorios buscan forzar a votar a la población que muestra desánimo en participar en el proceso electoral debido a las circunstancias antidemocráticas que envuelven esta jornada presidencial.

En el panfleto divulgado por el ELN se lee: “Chávez no ha muerto, vive y vivirá, por eso todos los revolucionarios y verdaderos patriotas de la América de Bolívar, el Che, Camilo, Gaitán, nos unimos en forma combativa y revolucionaria en el deber de apoyar este 20 de mayo las elecciones presidenciales en dignidad con Nicolás Maduro Moros, hombre de pueblo, líder obrero quien representa los intereses de los hijos de Chávez y el legado de la justicia verdadera para los humildes de la tierra.

Consecuentes con la lucha libertaria y emancipadora de clase decretamos ALERTA REVOLUCIONARIA en Defensa de la Revolución Chavista, por tanto, cada poblador debe participar OBLIGATORIAMENTE este domingo 06 de mayo en el simulacro patriota disponiendo toda su labor desde las 6am respaldando al Líder Nicolás Maduro, ni rendición ni entrega… siempre junto al pueblo...”.

El volante emitido por las FARC conmina a la población a votar el 20 de mayo por el presidente-candidato Nicolás Maduro y advierte que tomarán control de las calles y que actuarán para castigar cualquier acto vandálico que ocurra durante la jornada electoral, en alusión a la quema de centros de votación el 30 de julio de 2017 en ocasión de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Así, a través del uso de las armas y el manejo de sus elementos de comunicación, las FARC y el ELN ejercen presión para el control electoral a favor de Nicolás Maduro, lo que contraviene no sólo lo establecido en la Constitución venezolana, sino en el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ante estas situaciones irregulares y violatorias de los derechos humanos, la Fundación Redes exhorta al Consejo Nacional Electoral, a la Fiscalía del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a garantizar los derechos vulnerados a los ciudadanos que residen en las zonas venezolanas de la frontera con Colombia y otros Estados donde opera la guerrilla colombiana, haciendo a miles víctimas de la influencia de estos grupos armados, al tiempo que hace un llamado a las Fuerzas Armadas a que restablezca la soberanía venezolana en estos espacios, tal como lo ordenan la Constitución y las leyes de la República.

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Una afirmación que parece tan elemental constituye el principal fundamento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también se convierte en el principio más profundamente vulnerado cuando se secuestra y/o desaparece a una persona.

Venezuela es uno de los países con la tasa de secuestros más alta de Latinoamérica y este delito que pareció haber disminuido durante los años 2015 y 2016 por tener pocos registros de incidencia mediática en la opinión pública, ha regresado con fuerza a la frontera venezolana de la mano de grupos guerrilleros, organizaciones paramilitares y bandas criminales. Según testimonios de habitantes de la frontera obtenidos por la Fundación Redes, desde el primer semestre del 2017 recrudecieron los enfrentamientos entre el ELN y la agrupación Los Pelusos, un pequeño reducto de la desmovilizada guerrilla maoísta Ejército Popular de Liberación y que para el primer trimestre de 2018 mantienen una encarnizada pugna por el territorio y el control que de éste deriva para las actividades ilegales de contrabando, extorsión y tráfico de estupefacientes.

Fundaredes, ha realizado seguimiento a las denuncias de desapariciones de personas y secuestros registrados en los estados Táchira, Apure y Zulia, y a partir de ese trabajo se ha constatado que los municipios fronterizos con mayor índice de víctimas de este delito en la actualidad son: Pedro María Ureña, Bolívar y Rafael Urdaneta, en Táchira; Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, en Apure; y Jesús Enrique Lozada, Sucre y Catatumbo, en Zulia.

De acuerdo con datos del Observatorio de Delito Organizado, sólo en septiembre de 2017 ocurrieron 27 casos de secuestro en Venezuela, de un total de 206 registros en todo el año, y el estado con mayor incidencia en este delito para esa fecha fue Zulia, con 21,8%. El estudio señala que la mayoría de estos hechos responde a la acción de bandas organizadas. En 2018 suman 14 años consecutivos sin conocerse estadística oficial sobre criminalidad y violencia en Venezuela; sin embargo, de acuerdo con expertos en criminalística el delito que más ha crecido en la última década en Venezuela, con un incremento de 300% desde 2009, es el secuestro.

Uno de los casos recientes que cobró mayor notoriedad pública y mediática fue el ocurrido el 16 de febrero de 2018 cuando un ex paramilitar del “Clan del Golfo” condujo a la policía colombiana hasta dos trochas en la frontera con Venezuela donde fueron encontrados los cadáveres de cinco personas, dos adolescentes y tres adultos, entre quienes se encontraban dos policías y un militar, desaparecidos en San Antonio del Táchira desde 2016. Las víctimas eran el funcionario de la policía del estado Táchira Kevin Rodrigo Botello y el oficial de la Policía Nacional Bolivariana Wilmer Yair Cáceres, desaparecidos desde enero de 2016 cuando salieron en una motocicleta con la intención de divertirse. La tercera víctima fue el sargento de la Guardia Nacional Bolivariana José Buitrago Castellanos, quien en abril de 2016 se trasladó hasta San Antonio del Táchira con familiares que tenían previsto realizar compras en la ciudad colombiana de Cúcuta. El militar, por medidas de seguridad, pasó a territorio colombiano y optó por esperar el regreso de sus parientes cerca de una trocha, en la zona del Puente Internacional Simón Bolívar, de donde desapareció sin dejar rastro.

“Para nadie es un secreto que en la frontera han reaparecido delitos como la extorsión y el secuestro, sumándole las desapariciones; este año 2018 por ejemplo se han registrado dos plagios en Ureña, el de un comerciante que aún no ha aparecido y este que por fortuna tuvo un feliz término”, declaró la gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, en referencia a la liberación del jugador del Ureña Fútbol Club Maikol Vivas, quien había sido secuestrado por hombres armados en la población Aguas Calientes, el 3 de abril de 2018, así mismo ocurrió en San Antonio del Táchira con 3 jóvenes el viernes 04 de marzo, quienes aproximadamente a las 4:00 pm los hombres abordaron a un joven que se bebía una cerveza en la calle, los extraños se movilizaban en dos motos, una Bera Socialista y una Horse, le pidieron sus documentos, lo esposaron y se lo llevaron, al igual que en la avenida Venezuela se repitió el hecho, pero esta vez eran seis hombres que se trasladaban en una camioneta. Repitieron el proceso y se llevaron a dos jóvenes de los cuales ninguna noticia se tiene.

En el primer trimestre de 2018 fueron plagiadas cuatro personas por miembros de un presunto comando del ELN en la frontera entre los municipios Páez del estado Apure, en Venezuela, y Teorama del Norte de Santander, en Colombia. Hasta la presente fecha (finales de mayo de 2018) permanecen plagiadas por los irregulares, las autoridades colombianas sobre este caso han declarado estar haciendo distintos operativos de búsqueda, no existiendo comunicación alguna con los plagiarios de Arturo Baere, Yulbreider Pallares, Ronald Montejo y Leonardo Pallares, al igual que ratifican este tipo de siniestros como el resultado del enfrentamiento por control de territorio entre el ELN y EPL conocido como los pelusos, así mismo las autoridades militares de Colombia han señalado abiertamente, sí que los líderes de la guerrilla del ELN se encuentran resguardados en Venezuela.

Familiares de las víctimas de secuestro y desapariciones con quienes se han entrevistado activistas de Fundaredes manifiestan su temor a hablar públicamente de los casos e incluso a acudir ante las autoridades a denunciar, pues presumen que se trata de una actuación directa de grupos armados irregulares que operan en la zona y que cualquier denuncia pueda significar una sentencia de muerte, no sólo para su familiar secuestrado o desaparecido, sino para cualquier otro miembro de la familia.

Asimismo, se han documentado casos en los que los autores del secuestro son funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado venezolano, algunos de los cuales han sido procesados por el sistema de justicia. De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Violencia, en 2017 fueron reportadas 2.887 denuncias contra policías y militares incursos en este delito.

Ante el grave recrudecimiento de la criminalidad en los municipios fronterizos, la Fundación Redes exhorta el Estado venezolano a atender sus responsabilidades en materia de seguridad de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Bolivariana de Venezuela: “El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración”; y garantizar la seguridad de los habitantes de estas localidades según los principios establecidos en el artículo 55 constitucional: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes”.

Por ello, la Fundación Redes exhorta a las instancias de investigación criminal y del sistema de justicia venezolanos, como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, los grupos especiales de las fuerzas armadas anti extorsión y secuestro así como a todos los organismos responsables de la seguridad de los habitantes de los espacios fronterizos a que realicen esfuerzos por impedir que el flagelo del secuestro y desapariciones ponga en riesgo la vida de venezolanos. Se exhorta a que sean investigados a profundidad los casos para castigar a los responsables y retomar el control de la seguridad en la zona fronteriza a fin de garantizar el derecho a la vida todos los venezolanos.

Los venezolanos que residen en poblaciones fronterizas con Colombia están sometidos a una guerra sin cuartel que se ha desatado en la margen del río Táchira, protagonizada por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la recién surgida Organización Paramilitar Fronteriza (OPF), grupos paramilitares conocidos como “Rastrojos” y “Urabeños” y “Águilas Negras”, así como por bandas criminales que sostienen constantes enfrentamientos para intentar imponer su supremacía por el control de los territorios de frontera, en muchos casos con la anuencia o incluso acompañamiento de militares venezolanos, según han determinado investigaciones judiciales y relatos de testigos.

El drama humano que vivió Colombia por más de 50 años por la acción de grupos guerrilleros y paramilitares ahora es sufrido por los venezolanos que residen en la zona limítrofe. Dos recientes ataques en los estados Zulia y Táchira son expresión de esta cruenta situación que deja en mayor estado de vulnerabilidad a la población fronteriza. En el primero, ocurrido el 7 de junio de 2018, un docente y un guerrillero murieron en un enfrentamiento armado entre el ELN y paramilitares en la población de Encontrados, municipio Catatumbo. Los heridos, cuya cifra se desconoce por el hermetismo oficial, fueron trasladados al ambulatorio de la zona que fue tomado por las fuerzas militares venezolanas para impedir el acceso a la prensa.

En el segundo caso, suscitado en Táchira, tres hombres fueron atacados a tiros hasta causarles la muerte en una trocha (paso ilegal) conocida como “La Mona”, del lado colombiano de la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia). Testigos relatan que las víctimas se dedicaban al tráfico ilegal de combustible y estaban acompañadas por más de diez personas a unos metros de distancia del lugar donde fueron ultimados, pero en territorio venezolano, cuando fueron interceptados por hombres armados quienes trasladaron a todos al lado colombiano. Allí apartaron a los tres contrabandistas y les dispararon frente al resto del grupo, al cual obligaron a llevar los cuerpos de vuelta al lado venezolano de la frontera. Este tipo de enfrentamientos son constantes por el control de cientos de trochas en los municipios de Táchira que limitan con Colombia, con mayor énfasis en Delicias, San Antonio y Ureña, donde los pobladores presencian estos ataques de miembros de grupos irregulares.

En la frontera colombo-venezolana existe un conflicto armado de mediana intensidad, clasificación que deriva de acuerdo con lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario y ratificado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se refiere a que progresivamente los crímenes son cada vez más violentos. En el caso de los grupos irregulares armados en la zona limítrofe colombo-venezolana esta situación se ve reflejada en enfrentamientos militares y operaciones hostiles e ilegales que mantienen permanentemente activo el conflicto y ha dado como resultado un aumento drástico de los secuestros, desapariciones y asesinatos, bien sea por encargo (sicariatos) o durante enfrentamientos armados que muchas veces tienen como escenario las comunidades donde el derecho a la vida, consagrado en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, no parece tener ningún valor.

Para que una situación sea considerada conflicto armado, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, deben existir grupos con una organización que les permita realizar operaciones militares hostiles, con capacidad de mantener las operaciones prolongadas en el tiempo, que haya enfrentamientos de tipo militar entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados organizados o entre esas agrupaciones; además, que ocurran dentro del territorio de un Estado. Todas esas condiciones están presentes en la frontera colombo-venezolana.

El conflicto armado entre grupos guerrilleros y paramilitares, al que se suman bandas criminales, se extiende a lo largo de los 2.219 kilómetros de franja fronteriza entre Colombia y Venezuela, afecta a los habitantes poblaciones limítrofes desde el estado Zulia (en el occidente del país) hasta Amazonas y Bolívar (en el sur), donde constantemente son reportados enfrentamientos.

FundaRedes tiene el compromiso día a día de fortalecer y consolidar la red de docentes y activistas defensores de derechos humanos en todo el país, para lo cual seguirá formando de manera permanente en la promoción y defensa de los derechos humanos, Venezuela es la nación de la región con más violación de DDHH pero con muchas debilidad en los procesos de documentación y sistematización, en este sentido, nuestra organización adelanta un plan integral de formación permanente para la documentación de violaciones según estándares internacionales, que nos permita además de hacer incidencia pública poder capitalizar avances en la protocolización de denuncias formales ante los sistemas de defensa internacional en la garantía de los mismos, por tanto parte de nuestro compromiso es poder a través de nuestro talento humano y profesional documentar y elevar en lo sucesivo este mismo año denuncias que atiendan el trabajo de investigación que de manera minuciosa y responsable adelantamos con toda nuestra red dentro y fuera del país.

Durante el año 2018 se seguirá consolidado el observatorio de DDHH Redes en estados Apure, Táchira y Zulia con el propósito de monitorear la actuación de los grupos irregulares colombianos en Venezuela, así mismo para el año 2019 se aspira consolidar con nuestra REDH en los estados Amazonas y Bolívar los respectivos observatorios de DDHH ya que la actuación de estas organizaciones terroristas en dichas entidades justifican la necesidad de sistematizar mediante el observatorio su actuación desmedida que viene multiplicándose en los últimos días. Por otra parte, la Fundación Redes, teniendo la educación como columna vertebral de actuación, aspira en prospectiva de mediano plazo, tener en los 23 estados del país fortalecida la red de educadores, activistas y defensores de derechos humanos que promuevan e impulsen la construcción de tejido social, la cultura preventiva, la participación ciudadana y el liderazgo emergente, para esto se buscara fortalecer permanentemente alianzas estratégicas con distintas instituciones que posibilitaran un mejor y mayor impacto social que destaque pertinencia y relevancia.