Introducción

A nivel global, las décadas de 1970 y 1980 vieron surgir un tipo de comisiones sobre pasados violentos en sociedades en transición democrática. Estas comisiones, en la definición brindada por Hayner, fueron creadas para estudiar situaciones de violación de los derechos humanos y se caracterizaron por: 1) enfatizar los eventos pasados en lugar de los presentes; 2) buscar presentar un panorama completo de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario o de los derechos humanos a lo largo del tiempo; 3) Operar durante periodo definido que finaliza con la entrega de un informe final; 4) Ejercer algún tipo de autoridad, otorgada por sus patrocinadores, generalmente actores estatales, lo que les da acceso a más información, mayor seguridad o protección cuando investigan temas delicados, y les permite tener más influencia a partir de su informe[1].

Otras miradas sobre las comisiones de la verdad adicionan nuevas características, tales como servir de referente ante versiones del pasado en disputa, centrar en la reivindicación de las víctimas, y reconocen que ante:

La ausencia de voluntad o capacidad política para crear una investigación efectiva, la sociedad civil, los gobiernos locales y otras instituciones han creado investigaciones innovadoras parecidas a las comisiones de la verdad. Las comisiones no oficiales, locales o específicas para investigar un caso no tienen la capacidad de obligar al suministro de información y es poco probable que tengan buenos recursos en comparación con actividades financiadas por el Estado. Sin embargo, al movilizar a las víctimas y sobrevivientes, al documentar el abuso y presentar formalmente sus hallazgos, estas investigaciones han generado con frecuencia el apoyo del público y han catalizado la acción oficial, llevando a investigaciones oficiales más fuertes y otras medidas[2].

Históricamente las comisiones de la verdad han intentado elaborar un panorama de las violaciones de derechos humanos o transgresiones del Derecho Internacional Humanitario suscitadas en el marco de las dictaduras militares o de conflictos armados internos. Producto de estas comisiones, los informes finales o informes de verdad, tienen la pretensión de condensar la verdad histórica sobre los acontecimientos mencionados, por ende, son objeto de debate público y de tensiones políticas entre grupos sociales. De la experiencia internacional se considera que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica (1996)[3], ha sido la más emblemática hasta nuestros días[4]. Es preciso recordar que el objetivo de esta fue esclarecer la segregación racial —apartheid— perpetuada por el régimen y los movimientos de liberación durante 1960 y 1994.

Han sido pocos y disímiles los estudios encargados de revisar las comisiones e informes sobre el conflicto en Colombia, y en cada una de estas comisiones la taxonomía, categorías y casos específicos varían, coincidiendo en todo caso en la importancia de estas en la construcción historiográfica y de la memoria social sobre la violencia y el conflicto armado. Por un lado, Jaramillo analiza la experiencia de la Comisión de Estudios sobre la Violencia 1987[5], y el Grupo de Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; también Jaramillo Marín, Parrado y Torres Pedraza reconocen las comisiones como mecanismos institucionales para el diagnóstico del conflicto armado y de la violencia, y señalan que han existido cerca de 14 experiencias de este tipo[6]. En este trabajo los autores hacen un repaso genealógico, y presentan algunas sugerencias de lo que debería tener una Comisión de Verdad en el marco del Acuerdo de paz con las Farc-Ep. No obstante, deja por fuera del repaso genealógico y descriptivo el caso de la CEV.

Por su parte, el artículo de Kalach Torres analiza las distintas comisiones que ha tenido el país en función de categorías tales como naturaleza, rol, alcance y mandato[7] . Para esto, clasifica el estudio en cuatro grupos: las comisiones para el análisis de la violencia o el conflicto armado, las comisiones de casos concretos, la comisión con carácter asesor: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Si bien su estudio permite tener un panorama y taxonomía general de las comisiones existentes, en el caso de las comisiones con propósitos más amplios (como es el caso de las comisiones para el análisis de conflicto armado y la violencia) no incluye el caso del Informe ¡Basta Ya! del CAJAR, ni ninguna de las tres comisiones emergentes en lo corrido del siglo, y en el caso de la CEV hace referencia al mandato, pero no se detiene en analizar los diferentes aspectos que constituyen dicha comisión, siendo esto una carencia importante que el estudio que acá se presenta busca saldar.

Dicho esto, este artículo comprende las características y alcances de seis comisiones de estudios que han tenido por objeto contribuir a esclarecer la verdad histórica del conflicto armado colombiano. Esta tarea pone en discusión categorías fundamentales como la verdad, la memoria y la historia. Para esto: primero, se desarrollará una presentación teórica de las categorías en cuestión; segundo, se presentará cada una de las seis comisiones atendiendo al contexto en que se producen, los aportes a la comprensión del conflicto armado y a las ciencias sociales, sus alcances e impactos; tercero, y último, se dará cuenta de algunas conclusiones.

Las comisiones que se tratarán son: la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional (1958); la Comisión de Estudios sobre la violencia (1987); el Proyecto Colombia Nunca Más (1996); el Grupo de Memoria Histórica (2005); la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2014) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (2017). No incluimos en este trabajo otras comisiones como la Comisión de Superación de la Violencia de 1992 cuyo informe Pacificar la Paz dio cuenta del proceso de negociación con el Movimiento Armado Quintín Lame y el Ejército Popular de Liberación; la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1994 como resultado de los diálogos entre el Estado y la Corriente de renovación Socialista o la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia de 2005.

Verdad, memoria e historia

Estas tres categorías ofrecen un rico espacio de discusión epistemológica y política en las ciencias sociales y las sociedades democráticas, en tanto como sostiene LaCapra, los relatos sobre el pasado y lo que se asume socialmente como verdad no escapan a las discusiones y tensiones sobre positivismo y constructivismo, objetividad y subjetividad, cognición y afectividad, reconstrucción y diálogo, particularidad y universalidad[8].

Hay dos tipos de implicaciones en esta trama de categorías, una de orden jurídico-político: el derecho a la verdad y al pasado; y, otra de orden epistemológico, el estatus ontológico de la construcción de la verdad.

Frente al primer asunto, en el principio 2 del Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, de Naciones Unidas, se declara que cada pueblo:

…tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes[9].

Existen dos dimensiones del derecho a la verdad. La primera, volcada al esclarecimiento de los hechos históricos y su comprensión y trámite por medio de la justicia penal, y la segunda que contribuye a reforzar las prácticas deliberativas fundamentales para el proceso de construcción de la memoria colectiva en períodos transicionales[10]. En este sentido, la verdad no es solo un derecho de los pueblos, sino que la manera en que dicha verdad se construya define lo memorable, lo olvidable y también lo reprochable de las experiencias colectivas vividas en los contextos traumáticos, para este caso, el conflicto armado. En el campo político estos silencios, recuerdos, narrativas y gestos son objeto de disputa por parte de los diferentes actores del presente (gobierno, movimiento social, empresarios, entre otros). Así, los sentidos que se asignan al pasado responden a los actores e instituciones particulares del presente, que enfatizan en los aspectos que les resultan cruciales en momentos de crisis de identidad[11]. De igual modo, la memoria incluye procesos de significación y resignificación subjetivos, en los cuales los sujetos se mueven y orientan (o desorientan y se pierden) entre futuros pasados[12], futuros perdidos[13] y pasados que no pasan[14].

Así, en los informes de verdad, están contenidos testimonios que son memorias personales en las cuales se involucran recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y gestos. Muchas veces estos relatos son encuadrados en explicaciones estructurales, provistas por el trabajo de quienes desde la historia y las ciencias sociales aportan a la construcción social del sentido histórico del pasado. Hay un juego de saberes, pero también hay emociones, hay huecos y también hay fracturas[15].

La tensión epistemológica entre historia y memoria, una tensión constructiva, ha permitido reconocer el papel de las múltiples memorias de los pasados de horror, memorias que deben ser historizadas; es decir, sometidas a la operación historiográfica que produce un relato comprensivo del pasado, que proporciona matices, aristas desconocidas, conexiones y explicaciones siempre abiertas al hallazgo de nuevas evidencias y no verdades incuestionables y, por ende, arbitrarias[16]. Esto posibilita democratizar críticamente el espacio público del acceso al pasado, lo cual es una de condiciones y soportes de las sociedades democráticas.

1. La Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional, 1958

Esta comisión surgió en el marco de la transición de la dictadura de Rojas Pinilla al Frente Nacional con el propósito de establecer las razones de la denominada violencia. A finales de mayo de 1958, el ministro de Gobierno, general Pioquinto Rengifo posesionó a los comisionados, los cuales buscaban representar las voces legítimas del nuevo orden político: dos representantes del partido Liberal, dos del partido Conservador, dos generales del Ejército y dos sacerdotes de la iglesia católica. Se discute que más que la Junta Militar, fueron Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez quienes, como parte de los acuerdos bipartidistas, consideraron la procedencia de una Comisión cuyos resultados no deberían ser de conocimiento público sino restringidos a los altos funcionarios estatales y líderes de los dos partidos[17].

Luego de las deliberaciones en cada institución convocada para ser parte de la Comisión el partido Liberal designó a Otto Morales Benites, quien resultaría ser el coordinador general, y a Absalón Fernández de Soto. El partido Conservador no logró ponerse de acuerdo y solamente postuló a Augusto Ramírez Moreno. El Ejército designó al jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas, Brigadier General Ernesto Caicedo López y al general en retiro Hernando Mora Angueyra. La Iglesia nombró a los sacerdotes Fabio Martínez Vásquez, cura del municipio de Quinchía (Caldas) y a Germán Guzmán Campos, cura del municipio de Líbano (Tolima)[18].

El trabajo de la Comisión

Con el financiamiento del Ministerio de Gobierno y la obligación de rendir cuantas exclusivamente a la presidencia de la República, la comisión funcionó durante nueve meses, recorriendo los departamentos de Caldas, Cauca, Santander, Tolima y Valle del Cauca. La orientación fue documentar, a partir de informes «de las autoridades, de los directorios políticos y de las personas más importantes de cada partido, las verdaderas causas de la ola de violencia»[19]. No obstante, por insistencia de Guzmán Campos, los comisionados recibieron informes y dialogaron con miles de personas, incluyendo guerrilleros alzados en armas. Así lo sostuvo Guzmán en entrevista realizada por El Tiempo cuando la Comisión culminó labores en noviembre de 1958:

Desde el principio sostuve la tesis de que la comisión debía llegar a todas las zonas devastadas. Irse a los poblados, villorrios, veredas, por atajos y riscos, con un sentido total de sacrificio que siempre hallé con creces en mis colegas. Era necesario hablar con todos, sin asco a su abismo, a su problema, a su anhelo, a su grito de angustia, a su tragedia moral, a su rebeldía elemental de primitivos, a su vocinglero engreimiento de vencedores. Y nos fuimos desaprensivos a dialogar con el pueblo, con los campesinos, con las mujeres y los niños. A oír de sus labios la historia de sangre.

Cuántas veces nos dijeron los hombres hirsutos con lenguaje recio: «Es la primera vez que nos vienen a preguntarnos qué nos pasó; a conversar con nosotros sin engaño; a hablarnos de paz sin echarnos bala después[20].

Por iniciativa de la Comisión, el gobierno creó, en septiembre de 1958, una Oficina Nacional de Rehabilitación, cuya misión era atender las necesidades sociales y económicas de los departamentos más afectados por la violencia[21]. También se creó el Comité Ministerial de Orden Público y los Tribunales de conciliación y amnistía condicionada, con lo cual se generaron algunos recursos para estas regiones[22]. De todas formas, es necesario reconocer que ya desde junio de 1958, se había solicitado la creación de esta oficina, ante la incapacidad de arranque de La Investigadora, ya que tardó cerca de mes y medio en lograr el pleno de sus funciones.

Difusión de las labores, política de olvido y el libro pionero sobre la Violencia en Colombia

De toda la información acopiada en centenares de cartas, solicitudes y testimonios solo se hicieron públicas algunas entrevistas de prensa a los comisionados y se dio especial publicidad a los 52 micropactos locales que, con la mediación de la Comisión, se promovieron entre liberales y conservadores en municipios y veredas y entre jefes alzados quienes se comprometieron a labores de pacificación y reconciliación en pro de las apuestas del Frente Nacional[23].

Sin duda, los informes de la Comisión estremecieron a las élites políticas de los partidos tradicionales, quienes, en lugar de asumir responsabilidades y enfrentar la justicia, optaron por un pacto de silencio y olvido. En ese sentido, resulta sintomática la editorial de El Tiempo del 7 de febrero de 1959, un mes después de que la Comisión finalizará labores:

Y es precisamente el olvido de todos nuestros dolores, de todas nuestras tremendas amarguras, de todos los sufrimientos, afrentas y oprobios que sufrió la república, lo que pudiera llevarnos al necio empeño de revivirlos hurgándoles sus oscuras raíces, buscándoles tendenciosamente orígenes y responsabilidades para envenenarnos y mantenernos en estado de prevención y cólera[24].

Luego de la finalización de los trabajos de la Comisión, Guzmán Campos fue nombrado coordinador de la «Gran Misión de Paz del Tolima» en 1960 y el Obispo de Ibagué, Rubén Isaza, tramitó su nombramiento como Monseñor. Por esos años el decano Orlando Fals Borda y el profesor Camilo Torres, de la recién creada facultad de sociología de la Universidad Nacional de Colombia propusieron a Guzmán que se vinculara a una propuesta de publicación de un libro sobre la violencia en Colombia.

A pesar de la reticencia inicial, pero con la mediación del presidente Lleras Camargo (quien ya le había sugerido publicara su trabajo en visita a El Líbano el 7 enero de 1959) y la autorización de Monseñor Rubén Isaza, Obispo de Ibagué, lograron convencerlo de que participara en dicho proyecto[25].

En junio de 1962 se publicó el libro La Violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, de Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, que generó una álgida polémica debido a que, pese a su marco teórico funcional estructuralista, atribuyó algunas responsabilidades a las dirigencias nacionales.

Los argumentos centrales del libro, encuadrados por los sociólogos de la UN eran básicamente tres: 1. la quiebra de las instituciones por el sectarismo político bipartidista que había permeado a los partidos, la justicia, la policía, el ejército, la economía, la familia, la escuela y la recreación. 2. Un orden político premoderno, que impedía el rol articulador del del Estado para una adecuada cohesión social y cultural, lo cual era reemplazado por el carisma y las lealtades a los jefes locales. 3. El predominio de mentalidades campesinas premodernas[26].

Como lo señaló Carlos Miguel Ortiz, este libro fue durante los 15 años siguientes la única referencia en el campo de análisis sobre la violencia, salvo los estudios de la ciencia política realizados en la década de 1970 por estudiosos norteamericanos, cuyas producciones no circularon ampliamente[27].

Hace pocos años profesores de la Universidad del Valle vienen en un ejercicio de digitalización del Archivo de Germán Guzmán Campos, así como publicación de libros. Este fue conservado por la compañera del exsacerdote tras su fallecimiento en 1988 México, país en el que Guzmán buscó refugió tras la persecución política que sufrió por su amistad con Camilo Torres y su militancia en el Frente Unido.

2. La Comisión de Estudios sobre la violencia, 1987

Durante la década de 1980, primero en los gobiernos de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y Belisario Betancur (1982-1986) se establecieron procesos de diálogo con las insurgencias, lo que obligó a ampliar una de las funciones estatales para buscar la paz mediante la creación de instancias gubernamentales como la Comisión de Paz de 1981, la Comisión de Paz asesora del gobierno nacional de 1982, la Consejería para la Reconciliación, la Normalización y la Rehabilitación de 1986.

Simultáneamente, se consolidó en Colombia un saber experto sobre la violencia, con centro en las universidades públicas y a cargo de investigadores que indagaban las diferentes manifestaciones del denominado fenómeno de la «violencia». Sin duda la creación del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del IEPRI en 1986 y de la revista Estudios Políticos en 1987 fueron significativas expresiones de este saber experto[28], que logró mantener su autonomía frente a las presiones del Estado.

Este saber experto resultó del rápido desarrollo e institucionalización de las ciencias sociales en Colombia y de los problemas teórico-metodológicos abordados para responder a las dinámicas políticas y sociales de la época marcada por asuntos como la construcción del Estado en la relación centralización-descentralización, la emergencia de la cuestión territorial, la visibilización de la agencia de los sectores subalternos, la rápida urbanización del país, entre otros fenómenos.

Fue el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990) y por iniciativa del Ministro de Gobierno, Fernando Cepeda Ulloa, que se articularon la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR) y el saber experto sobre la violencia para dar origen a la Comisión de Estudios sobre la Violencia en enero de 1987, en una coyuntura de los diálogos entre el gobierno y las FARC, el surgimiento de la Unión Patriótica, la violencia generada por los carteles de la droga y un activo movimiento social que desde las regiones reclamaba poner fin a la centralización de decisiones y recursos.

Los Comisionados

Como coordinador se nombró al historiador de la Universidad Nacional de Colombia, Gonzalo Sánchez. De esta misma universidad fueron delegados los antropólogos Jaime Arocha y Dario Fajardo y el sociólogo Eduardo Pizarro Leóngomez. De la Universidad del Valle los sociólogos Álvaro Camacho Guizado y Álvaro Guzmán Barney; de la Universidad del Quindío, el sociólogo Carlos Miguel Ortíz; de la Universidad de Antioquia, el arquitecto y urbanista Santiago Peláez Valdez, como asesor y consultor gubernamental estuvo el sociólogo Carlos Eduardo Jaramillo, así mismo el mayor general retirado, Luis Alberto Andrade, quien se vinculó a solicitud de los académicos. Los diez comisionados realizaron un trabajo de documentación de las diferentes violencias que aquejaban al país por un espacio de cuatro meses. La ausencia de mujeres investigadoras en esta Comisión se explica por la lenta incorporación y reconocimiento de las académicas que, aunque ya hacían presencia en las universidades, no habían logrado, para entonces, que su trabajo fuera valorado y visibilizado.

La prensa denominó a este grupo y al resto de investigadores de los fenómenos de violencia como «violentólogos», en tanto uno de sus argumentos más fuertes era que en el país no existía solo la violencia política, sino un entramado de distintas violencias, articuladas por una subyacente «cultura de la violencia». La tesis más importante que esta generación de académicos defendió era que en el país no había solo conflicto armado, sino múltiples violencias lo que implicaba un conjunto de reformas y una democracia incluyente que le quitara legitimidad a la insurrección armada.

Durante los cuatro meses de trabajo los comisionados acudieron a sus propias fuentes resultantes de sus propias investigaciones. Esto, porque como lo informó entonces la revista Semana:

… la Comisión tuvo que sortear innumerables obstáculos. En primer lugar, la carencia absoluta de estadísticas oficiales sobre el tema (la Policía Nacional es la única que tiene algún tipo de datos sistematizados). En su mayoría, los archivos oficiales se encuentran comidos por los ratones e inundados de cucarachas. De las cientos de encuestas que fueron repartidas entre organismos oficiales, privados, directorios políticos y ex presidentes, solo se obtuvieron tres respuestas: una del Episcopado (que respondió con un antiguo documento), otra del Incora y la última del presidente Belisario Betancur, que no solo respondió la encuesta, sino que invitó a desayunar a los miembros de la Comisión[29].

De ahí los modestos alcances de la comisión. Más modestos en relación con la Comisión de 1958, en tanto se trataba de hacer un diagnóstico, acompañado de recomendaciones, pero a la vez más exigente, «en cuanto sus apreciaciones versan no solo sobre las formas de violencia negociable (violencia política) sino también sobre muchas otras no negociables»[30].

El informe Colombia: Violencia y Democracia

Este informe elaborado por los diez comisionados recogió un relato unificado y no diez puntos de vista. El propósito fue replantear el fenómeno de la violencia, diferenciando la violencia política de otras tres modalidades básicas de violencia: la socioeconómica, la sociocultural y la violencia sobre los territorios. Formas que se refuerzan por una cultura de la violencia que se reproduce a través de la familia, la escuela y los medios de comunicación[31]. Este diagnóstico enfatizó en el periodo de tiempo transcurrido desde la finalización del Frente Nacional en 1974 hasta 1986, informando sobre una sociedad que se transformaba aceleradamente de la ruralidad al predominio de la vida urbana.

El título del informe planteó que la antítesis de la violencia era la democracia, de ahí que una de sus recomendaciones fuera la necesidad de un nuevo pacto democrático que fortaleciera el Estado, reconociera la diversidad y habilitara la existencia de fuerzas sociales y políticas alternativas al bipartidismo. Algunos críticos de este informe plantean que pese al reconocimiento de diferentes violencias la centralidad de la violencia política es indiscutible [32].

Otros aspectos del informe que hoy siguen siendo materia de debate académico y político fueron los análisis y recomendaciones sobre el Estado, la ciudadanía y la calidad de la democracia colombiana. Resultó novedosa la definición del Estado como el espacio institucional en el que se expresan las relaciones de las fuerzas sociales, sus conflictos y finalmente, la superación de estos. Pero, la contratendencia encarnada en la «visión imperial del Estado» legitimaba la ficción de la existencia de «razas salvajes», incompetentes para ejercer dominio sobre sus tierras y que justificaba la represión contra comunidades indígenas y campesinas y la apropiación de sus tierras. Por eso, la ampliación de la democracia exigía que el Estado reconociera que la sociedad, a la cual sirve, era plural en lo étnico, lo social y lo político. De ahí la necesidad de extender la civilidad, la democracia y la igualdad a todos los ámbitos de la vida colectiva, disminuir los desequilibrios territoriales, y mejorar las condiciones de vida de la población, ya que más que una eventual crisis insurreccional, el riesgo principal era el de una «anarquización generalizada de la vida social y política del país».

Uno de los puntos de desacuerdo entre los comisionados tuvo que ver con el análisis sobre el surgimiento de los escuadrones de la muerte y su amparo por parte de los mandos militares, por la Ley 48 de 1968 sobre la Defensa Nacional, que autorizó a las fuerzas armadas a armar a civiles para labores contrainsurgentes. Ante esto, el general en retiro, Alberto Andrade, consideró que esta petición violaba el fuero militar y atentaba contra el honor militar.

De una u otra forma, los resultados de la Comisión, sobre todas sus recomendaciones, se cumplieron parcialmente, en medio del creciente poder militar, económico y político del narcotráfico y del paramilitarismo. Cinco años después, producto de las negociaciones con el M-19, el EPL y el MAQL en 1991, se firmó la Nueva Constitución que incorporó varios de los llamados realizados por los comisionados. Igualmente, el campo de estudios sobre la violencia continuó consolidándose, incluso poniendo en debate la categoría genérica de violencia y dando paso a la de conflicto social y armado.

3. El Proyecto Colombia Nunca Mas, 1996

El Proyecto Colombia Nunca Más (PCNM) surgió de iniciativas del movimiento de derechos humanos y de víctimas que hicieron eco de las apuestas latinoamericanas de otros proyectos Nunca Más en contextos de post dictadura, Argentina 1984, Brasil 1985. El título Nunca Más se asumió para establecer una conexión de memoria y acción con los sobrevivientes del Gueto de Varsovia, quienes repudiaron la barbarie nazi.

En Colombia cobraron relevancia colectivos de derechos humanos para proteger a activistas sociales, presos políticos y víctimas de las prácticas represivas del Estado. En la década de 1990 estos colectivos propusieron la campaña Colombia Derechos Humanos, como parte de las actividades se realizó en Bogotá el 8 y 9 de junio de 1994 el Seminario Internacional sobre Comisiones de Verdad.

Los organismos de derechos humanos valoraban que de ser convocada una Comisión de Verdad, sería imposible que lograra resultados conducentes a la disminución de la impunidad, al castigo a los victimarios de lesa humanidad. Por eso, después de un año de discusiones, diez organizaciones de derechos humanos, decidieron dar inicio a lo que hoy se conoce como el proyecto Colombia Nunca Más.

El proyecto Colombia Nunca Más terminó siendo una iniciativa de 17 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociales, en búsqueda de recuperar la memoria de las víctimas de la última etapa de violencia política en nuestro país:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia –ASFADDES-, Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –CSPP-, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH-, Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, Corporación Sembrar, Comité Regional de Derechos Humanos de Santander –CREDHOS-, Fundación Reiniciar, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad –CODEHSEL-, Corporación Jurídica Libertad, Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de Colombia –CEBS-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación Manuel Cepeda, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción –ANUC UR-, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria –ANDAS- y la Comunidad de los Misioneros Claretianos de Colombia[33].

Entre 1996 y 1998, se construyeron los lineamientos teóricos, metodológicos, políticos y financieros para documentar el conflicto social y armado en el lapso de 1965 a 1998. Finalizando 1998 se conformaron los equipos de trabajo regional concentrados en Bogotá, Medellín y Cali. Además de las tensiones internas, el proceso adelantado enfrentó la persecución del Estado y de los grupos paramilitares, contra integrantes del proyecto y contra las comunidades que en los territorios contribuyeron a brindar información durante el trabajo de campo[34].

Metodológicamente el PCNM optó por un enfoque territorial de análisis. Siendo el eje de trabajo la documentación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, se consideró que el rastreo debería realizarse no desde la división administrativa del país, los departamentos, sino a partir de la división territorial operacional de las brigadas militares[35]. Para esto se creó un modelo de rastreo de información y de modalidades de represión que permitió construir una base de datos robusta.

Sin duda, el marco analítico del PCNM respondió al contexto intelectual y político con posterioridad a la Constitución de 1991, cuando, pese al ambiente de agudización del conflicto, las nociones de derechos, ciudadanía, participación, fueron asumidas por los movimientos sociales. Adicionalmente, soportado en una lectura crítica de los derechos humanos el PCNM se distanció de los análisis sobre la debilidad o ausencia del Estado y calificó al Estado como un actor violento con una alta carga de responsabilidad. Así mismo, se impulsó una nueva categoría de lectura de la realidad social al abandonar el genérico «violencia» e instalar el concepto de conflicto social y armado, lo que implicaba una caracterización más precisa de actores y una mirada sobre la solución política de un proceso histórico cargado de violentas inequidades.

Los informes del Nunca Más y las reorientaciones estratégicas del proyecto

A partir del 2000 se empezaron a publicar los informes de las 18 zonas contempladas, con un volumen de información sobre 41 mil casos de crímenes. El primer volumen informó sobre la zona séptima, departamentos de Meta y Guaviare[36], otro volumen abordó la zona catorce, Magdalena Medio y parte del Nordeste Antioqueño[37]. En 2007 se publicó el informe de la zona quinta, Magdalena medio santandereano, Norte de Santander, Sur de Bolívar y Sur de Cesar[38]. Y, ese mismo año se publicó el informe de la zona tercera, Valle, Cauca y Nariño, que enfatizó en la persecución al movimiento estudiantil de la Universidad de Nariño[39].

Desde el comienzo del proyecto hubo dos grandes propósitos: la documentación de la represión estatal como base de la memoria histórica y fuente para una eventual Comisión de la Verdad y la organización de las víctimas de crímenes de Estado. Sobre este segundo objetivo, en la primera mitad de la década del 2000, en el seno del PCNM, se discutió que hubo un mayor énfasis al trabajo de investigación y organización metodológica que en la organización del movimiento de víctimas, lo que reorientó el esfuerzo de muchas de las organizaciones hacia la construcción del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, en 2005[40].

Desde el 2005 el PCNM se convirtió en una de las principales herramientas del MOVICE para potenciar la organización de las víctimas, promover sus memorias, alimentar la base de datos y producir materiales pedagógicos, talleres de memoria y otras iniciativas en esa dirección[41].

4. El Grupo de Memoria Histórica, 2005

El Grupo de Memoria Histórica (GMH) funcionó en el periodo 2007-2013, adscrito primero a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y luego al Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011. Según el GMH, su objetivo fue «elaborar un relato sobre el origen y evolución de los actores ilegales»[42].

El contexto social y político de ese periodo estuvo caracterizado por la negación del conflicto armado procedente, especialmente, desde el gobierno nacional, en contraste con una alta visibilización política y mediática de paramilitares, siendo ejemplo de esto la voz de sus líderes en estrados judiciales. A la par que esto sucedía, aumentaba la movilización social y el reclamo de las víctimas y las organizaciones de DDHH.

En lo que respecta a la conformación del Grupo, este se caracterizó por ser netamente académico[43], bajo la coordinación de Gonzalo Sánchez y de Martha Nubia Bello (Coordinadora del Informe). La amplia trayectoria de sus investigadores en el campo de las ciencias sociales y jurídicas, y el estudio del conflicto armado y la memoria social definieron la impronta del informe.

¿Informe general o informe final?

Como producto de este Grupo, se presentó en el año 2013, el Informe «¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Informe General del Grupo de Memoria Histórica». Aparece con fuerza la categoría de memoria en sus diferentes expresiones y se reconoce, como en todo proceso de memoria histórica, las disputas sociales por la verdad, y la naturaleza controversial del mismo. En tanto era un relato de memoria histórica, incluía múltiples voces y anunciaba la posibilidad de disensos, contradicciones e incoherencias, al privilegiar el recuerdo personal de «lo que pasó». Según los autores, «es un relato que se aparta explícitamente de la idea de una memoria oficial del conflicto armado»[44].

De igual manera, es una síntesis interdisciplinar rigurosa (de 431 páginas) que reconoce la larga historia de la violencia (su recorte temporal es de 1958- 2012) y acude a la categoría de casos emblemáticos, entendidos estos como «lugares de condensación de procesos múltiples que se distinguen no solo por la naturaleza de los hechos, sino también por la fuerza explicativa»[45].

El informe buscó la explicación de las causas y consecuencias del conflicto armado, aunque algunos temas fueron abordados de manera general y los llamados «casos emblemáticos» solo mencionados, por lo cual el Informe debe leerse en conjunto con el trabajo del GMH[46].

Aportes al campo de estudios

Para las ciencias sociales, los informes representan un objeto de discusión, en tanto que, como señala Sánchez: «Estas comisiones son como un registro del estado de las disciplinas. Nos muestran en qué está el trabajo en diversos campos de las ciencias sociales. Al mismo tiempo llevan a su “límite” los acumulados existentes»[47].

Uno de los aportes más importantes de este Informe es la inclusión de la categoría de memoria, reconociendo el lugar de las víctimas y su testimonio en la construcción de la verdad histórica. Desde la perspectiva de la coordinadora del Informe, hacer memoria implicó una labor de denuncia y la búsqueda de ampliación democrática, en términos de la visibilización de voces acalladas, proyectos políticos, opciones ideológicas perseguidas o desterradas[48]. De igual forma, se hizo alusión a la función terapéutica de la memoria, y en ese sentido, fue importante escuchar a las víctimas, con el ánimo de servir como instrumento de reinterpretación de lo ocurrido, la elaboración de duelo y se apostó por la función liberadora y dignificadora de la memoria, y se dedicó un capítulo específico a este fin: «Memorias: la voz de los sobrevivientes».

La inclusión de la categoría de memoria y el interés en visibilizar las memorias de las víctimas es uno de los aportes más originales al campo de las ciencias sociales. Este abordaje de la memoria se corresponde con el auge memorialístico y da cuenta de una nueva conciencia del pasado. Además, está influenciada por el campo de estudios sobre memoria, nacido en Argentina, y desplegado con fuerza como objeto de reflexión académica, en el cual se reconoce la interpretación del pasado en vínculo con las luchas por los derechos humanos y la justicia. Según el director del GMH:

Hay una conjunción clara entre historia y memoria, entre el rigor y la objetividad de la primera, y la experiencia subjetiva derivada de la segunda. El desafío presente y a futuro es cómo lograr conciliar ambas, las demandas de lo uno y de lo otro, de la objetividad y la subjetividad, y no suprimir ninguna[49].

En relación con los hallazgos e ideas fuerza, el Informe da cuenta de la diversidad de victimizaciones acontecidas por las distintas modalidades de violencia, por lo que señala que existe una violencia distintiva, o distintos repertorios violencia[50]. De igual modo, se encuentran dos principales causas explicativas del conflicto: la apropiación, uso y tenencia de la tierra; y la precariedad y miedo a la democracia.

Como se mencionó antes, el Informe inicia su rastreo histórico en el año 1958, con el fin del periodo de la Violencia y el establecimiento del Frente Nacional y se extiende hasta el 2012, año en que inicia oficialmente el diálogo de paz entre la Guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. De esos 64 años identifica cuatro periodos: el primero, 1958-1982, marcado por la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, proliferación de guerrillas, auge de la movilización social y marginalidad del conflicto; el segundo, 1982-1996 caracterizado por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los paramilitares, y la irrupción y propagación del narcotráfico; el tercero, 1996-2005, que da cuenta del recrudecimiento del conflicto armado, la expansión de las guerrillas y los paramilitares y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado; y el cuarto, 2005-2012 definido por la ofensiva militar del Estado y el aparente debilitamiento de la guerrilla. Cada uno de estos periodos se corresponde con un capítulo del Informe- libro presentado.

Desde la perspectiva de Gonzalo Sánchez, dos aportes de este Grupo, con respecto a las comisiones anteriores son:

1. La conexión temática de lo que se está haciendo con lo que está instaurado en términos normativos en la escena internacional, es decir este trabajo está muy preocupado por lo último que hay en términos de DDHH, de Derecho internacional, justicia transicional y demás. A diferencia de los casos anteriores, hay una comisión muy conectada con el ámbito internacional […] y 2. penetración en las raíces profundas de la sociedad porque en los casos anteriores eran informes desde la universidad o desde los sectores políticos; ahora en cambio hay más conexión con la sociedad, y eso garantiza también el reconocimiento social y político del trabajo de investigación[51].

Difusión, reacciones y críticas

El Informe tuvo una amplia difusión en espacios universitarios. Uno de ellos fue la Cátedra de Pensamiento Colombiano de la Universidad Nacional que en el segundo periodo de 2014 incluyó el estudio del Informe ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Según su coordinadora, se propuso:

contribuir a un ejercicio de reflexión basado en la recuperación y comprensión crítica de los aportes de pensadores, investigadores y creadores que han trabajado en torno a los temas y los problemas del país desde la perspectiva de las ciencias humanas y sociales[52].

Además de la divulgación académica, el Informe se puso en discusión a partir del documental No hubo tiempo para la tristeza y de la serie de exposiciones de la colección fotográfica de Jesús Abad Colorado, la cual hace parte importante del libro y retrata la experiencia de las víctimas del conflicto armado.

Al momento de presentarse el Informe, y después de siete años de conformado el GMH, se desarrollaba la Mesa de Diálogos entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Razón por la cual el público académico y político leía el informe en perspectiva de Informe Final y en ese sentido, una de las críticas que suscitó fue la omisión de responsabilidades políticas específicas y la equivalencia de las múltiples formas de violencia y múltiples actores, lo cual distribuyó responsabilidades y esquivó señalamientos específicos. Estas críticas también provenían de sectores cercanos a la guerrilla de las FARC e incluso actores de extrema derecha, y se explica dado que los actores en escenario de negociación querían señalar con mayor fuerza la responsabilidad de su oponente.

Otra de las críticas que suscitó el Informe fue que no hubo suficiente pluralismo en los investigadores; es decir, si bien se trataba de un grupo interdisciplinar, sus lugares analíticos y perspectivas políticas eran cercanas. Asimismo, se le criticó la superficialidad en temas como: violencia sexual, las dinámicas regionales, y en los temas de la Unión Patriótica, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y, la situación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del conflicto.

En lo referente a la periodización utilizada, la crítica se sostuvo en señalar que, al acudir a una temporalidad corta, 1958-2012, marcada por el origen en el Frente Nacional, desconoce la importancia de los antecedentes presentados en las décadas previas como explicativos del conflicto armado, especialmente lo que corresponde a la lucha por la tenencia de la tierra.

5. La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2014

La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) se creó en agosto de 2014, en el marco de las discusiones del punto de «víctimas» de la agenda de la Mesa de diálogo entre guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos, y finalizó en febrero de 2015. Según el Comunicado No. 40 de la Mesa de Paz:

El objetivo era producir un informe sobre los orígenes y las múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población[53].

Esta Comisión se enmarca en los primeros años de la Mesa de Negociación con la guerrilla más antigua del país, y que daba cuenta del reconocimiento del estatus político del adversario por parte del gobierno nacional. Esto, a diferencia de la Comisión anterior (GMH), que operó, en sus primeros años, en un contexto de agudización del conflicto marcado por el programa de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez.

Los investigadores

Para la conformación de los integrantes de la Comisión, cada una de las partes en la Mesa de Negociación designó a seis investigadores[54], procedentes de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, humanas y económicas con alta experticia en el estudio del conflicto armado, sus causas y consecuencias. En este grupo se evidencian expertos en estudios sobre la violencia (Pecaut, Gutierrez, Giraldo), también expertos en los temas agrarios y la mirada regional del conflicto (Molano y Fajardo), y expertos en estudio del narcotráfico y las mafias locales, las cuestiones de género y los procesos de construcción locales de memoria (Gustavo Duncan, María Emma Wills). También incluye «figuras de enlace» con las comunidades, con el gobierno y con la academia: Javier Giraldo, Vicente Torrijos, Sergio de Zubiría, Renán Vega y Víctor Manuel Moncayo[55].

La diversidad de perspectivas teóricas y políticas e ideológicas es una de las características más relevantes de esta Comisión. Esto garantizó que el informe no estuviera controlado por ninguna de las partes en diálogo, lo cual hizo más arduo el trabajo de articulación en perspectiva de informe unificado. No obstante, esta característica impidió la construcción de un relato unificado.

La ruta de construcción del Informe estipulaba dos momentos: el primero, la escritura individual por parte de cada investigador (doce ensayos); y segundo, la escritura del Informe por parte de los dos relatores articulando los ensayos individuales. Dado el tiempo tan corto para la escritura de los informes individuales y la articulación general (seis meses) los investigadores acudieron, especialmente, a sus estudios previos y, por tanto, sus productos estuvieron enmarcados en las temáticas específicas de su experticia.

¿Informe general o compilación de diferentes informes?

El informe «Contribución al entendimiento del conflicto armado colombiano» consta de doce ensayos y dos relatorías. A diferencia del informe del GMH y de lo esperado por el público académico, el texto no da cuenta de una explicación unificada del conflicto y sus causas, sino que compila diferentes interpretaciones y perspectivas de análisis del fenómeno en cuestión. Así se afirma en la presentación del Informe:

Dadas las características de las reflexiones producidas por los expertos, que respondieron a la misión encomendada a partir de sus personales perspectivas teóricas, con formas de abordaje muy específicas y de diferente alcance, los relatores acordamos producir también en forma separada nuestros respectivos informes, en los cuales, como se podrá́ apreciar, se evidencia la riqueza ofrecida por la pluralidad de visiones[56].

El libro cuenta con dos relatorías: «Una lectura múltiple y pluralista de la historia» de Eduardo Pizarro Leongómez, y «Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera y orden social vigente» de Víctor Manuel Moncayo Cruz; posteriormente, los doce ensayos[57].

Aportes al campo de estudios

El Informe condensa las principales explicaciones en torno al conflicto y devela diferencias en su comprensión, dadas las tradiciones teóricas e ideológicas de los comisionados. No obstante, sitúa elementos comunes en la explicación del conflicto, especialmente lo que los relatores denominan como «fallas geológicas» en la construcción de la nación colombiana[58].

Valga la pena decir que es difícil establecer los aportes del Informe en tanto que, como se dijo no es precisamente un Informe, sino una compilación de doce ensayos diversos con algunos elementos en común entre autores de este «subgrupo». En uno de estos subgrupos, se hace enfática su denominación como conflicto social y armado (en los ensayos de Darío Fajardo, Jairo Estrada, Renán Vega, Alfredo Molano y Sergio de Zubiría). Mientras que el otro subgrupo, se ubica en la caracterización de conflicto armado interno, que adopta Daniel Pécaut, y se entiende que «es un conflicto en el que la sociedad prefiere mantenerse fuera de él».

Otra de las diferencias, y aportes, está en la definición de los «orígenes del conflicto armado», del cual se distinguen cuatro clasificaciones: temporalidad extensa siendo el punto de partida de construcción estatal republicana. Temporalidad media, que tiene como punto de arranque el desarrollo capitalista en su fase moderna, son antecedente próximo del conflicto armado, va desde los conflictos agrarios de los años veinte (Molano, Zubiria, Estrada, Giraldo, Fajardo). Temporalidad corta: Origen en el Frente Nacional, se reconocen los antecedentes de los años veinte, pero se trazan discontinuidades con el periodo de la violencia (Gutiérrez y Pécaut. Temporalidad muy corta, el conflicto armado emerge a finales del Frente Nacional (Duncan)[59].

Difusión, reacciones y críticas

El Informe se entregó a la Mesa de Diálogo el 15 de febrero de 2015 en una presentación privada en la Habana (Cuba). Ante los representantes de las delegaciones de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos y de la guerrilla. Cada uno de los doce autores dio cuenta de su informe individual, en modalidad de ponencia, con un tiempo máximo de exposición de quince minutos. Dado que fue un acto privado, el público académico y político fue ajeno a este ejercicio. Además, no hubo suficiente mención de los contenidos en los medios masivos de comunicaciones, quienes se limitaron al titular de la noticia[60], ni tampoco en grandes jornadas, campañas y exposiciones académicas, salvo un par de exposiciones en universidades públicas y privadas, de uno o varios investigadores.

En lo que respecta a las críticas y reacciones, la más sobresaliente se detuvo en señalar que el trabajo investigativo fue de corte individual y no propiamente el de una comisión, y que se trató más de una comisión de expertos, consejo técnico de diagnóstico del conflicto y no de la Comisión Histórica. También se mencionó la poca innovación con respecto al estado del arte de los estudios sobre el conflicto armado; y el énfasis excesivo en situar su origen no logra dar cuenta de los cambios y continuidades del fenómeno. En palabras de Benavides:

Entendiendo que el objetivo del Informe es comprender el desarrollo del conflicto armado en el tiempo, es claro que, un énfasis excesivo en situar su origen no logra dar cuenta de los cambios y continuidades del fenómeno y centra el debate en resolver «quién pegó primero». Mientras que, prestar mayor atención a los factores de persistencia, puede permitir decantar cuáles fueron los motores de la confrontación pensando en su desactivación. Ello sin desatender el asunto de los impactos, en el cual, si bien se presenta una diferenciación de la victimización por actores y hechos, se evidencia un saldo tímido si se asume este punto como cardinal para el acuerdo de paz con las FARC[61].

6. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2017

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante, CEV) inició sus labores el 29 de noviembre de 2018 y fue creada en el marco del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y se presenta como un mecanismo de carácter temporal y extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Sus objetivos son:

1.Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, de acuerdo con los elementos del Mandato y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado […]; 2. Promover y contribuir al reconocimiento. Eso significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país; el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición […]; 3. Promover la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia [62].

El contexto en que funciona esta Comisión se caracteriza por el posacuerdo con la guerrilla de las Farc, y la continuación del conflicto con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y brotes del paramilitarismo de diferentes expresiones. Asimismo, por la polarización política entre sectores simpatizantes del Acuerdo firmado y sectores de derecha críticos al mismo, polarización que se vio reflejada en la pérdida del «Sí» en el plebiscito refrendatario, realizado en octubre 2016.

La conformación de la Comisión se caracteriza por la variedad de perfiles académicos y trayectorias sociales e institucionales. Fue presidida por el sacerdote jesuita Francisco José́ de Roux Rengifo y contó con once comisionados[63]:

Venimos del acompañamiento a comunidades, de las causas étnicas y a favor de los derechos de las mujeres; del desarrollo regional, la ciencia, la cultura, el arte y la memoria, los derechos humanos, el periodismo analítico y el trabajo con todas las víctimas; de la universidad y los centros de investigación social; de la administración pública; de otras comisiones de la verdad, y de la Iglesia y otras tradiciones espirituales. También, de acoger a organizaciones de soldados y policías y a exguerrilleros heridos en combate. Y debemos nuestro origen al coraje de estos grupos que forman el movimiento por la salida negociada al conflicto, la paz y la reconciliación[64].

El Informe Final

El Informe contiene once tomos[65], siendo lo suficientemente amplio (casi 10.000 páginas) que no solo da cuenta del relato histórico, las causas y degradación del conflicto armado, sino también del impacto de la guerra en poblaciones específicas (niños, niñas y adolescentes, y LGTBI+, pueblos étnicos y exiliados) y los desarrollos regionales del conflicto. Además, se cuenta con un Archivo de Derechos Humanos y el Sistema de Información Misional, que contiene el compilado de toda la investigación realizada y una transmedia digital que se compone del Informe Final, las recomendaciones de la Comisión, narrativas audiovisuales y productos pedagógicos para la comprensión del conflicto armado.

Aportes al campo de estudios

Es la primera vez que se incluye la explicación del conflicto armado desde una perspectiva holística que incluye cinco enfoques diferenciales: étnico, de género, persona mayor, estrategia cultural, discapacidad, niños y niñas y psicosocial. La inclusión de estos enfoques se corresponde también con los avances y acumulados de las ciencias sociales, cada vez más interdisciplinarias y diferenciales.

La inclusión de estos enfoques amplía la comprensión de las causas, consecuencias y desarrollos del conflicto armado. En el tomo 3 titulado No matarás: relato histórico del conflicto armado interno en Colombia se presentan una serie de enunciados claves que han guiado el patrimonio investigativo de lo producido en relación con los orígenes y desarrollos de conflicto armado, presentando una mirada poco polarizante de lo acontecido[66].

Según los comisionados, tres son los aportes más significativos de este Informe: 1. El reconocimiento explícito de la participación del Estado y el patrocinio de anteriores representantes de este a los grupos paramilitares; 2. Hay una descripción precisa de las formas específicas de vulnerabilidad asociadas a categorías de clase, género y etnicidad; 3. Hay un esfuerzo significativo en, a partir de plataformas digitales y redes sociales[67].

También se reconoce el impacto diferencial del conflicto en los diferentes grupos poblacionales. Según cifras del equipo del legado de la Comisión de la Verdad, los contenidos digitales más consultados son los relacionados con niños, niñas y adolescentes en la guerra. De igual manera, por primera vez un informe de estas características contempla de manera transversal el aspecto ambiental. En el Volumen Sufrir la guerra y rehacer la vida se incluye los impactos de la guerra en la naturaleza, así como también en las víctimas, excombatientes, comunidades[68].

El Informe Final da cuenta de la relación del conflicto armado y la naturaleza afirmando que este último es una víctima silenciosa del conflicto armado en el país. A su vez, la Unidad de Investigación y Acusación de la JE «ha contabilizado desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 30 de mayo de 2022, por lo menos 283 afectaciones a la naturaleza»[69] [70].

Adicional a esto, este Informe es novedoso en tanto incorpora como objeto de estudio a la población exiliada, dado que entiende el exilio como consecuencia del conflicto armado y a la población exiliada como portadora de testimonios valiosos en la comprensión de lo acontecido. Al respecto, hay que decir que la Macro territorial de exilio realizó un trabajo con redes, organizaciones, instituciones y personas de 24 países que tenían trayectoria y experiencia con el exilio y la migración forzada colombiana. Esta Macro, escuchó, sistematizó y analizó más de 2000 entrevistas recogidas en el exterior y, cerca de 30 informes y documentos entregados por víctimas, organizaciones, colectivos y grupos de trabajo que recogen las experiencias en el exilio.

Difusión, reacciones y críticas

En tanto que el objetivo del Informe era no solo esclarecer la verdad, sino generar escenarios para la convivencia y la no repetición, el Informe no hace referencia a responsabilidades individuales, sino a aquellas que son colectivas. Esto ha sido objeto de críticas, especialmente en el caso de la participación de las empresas privadas en el conflicto armado. El Informe señala que es el Sistema Integral para la Paz, la JEP quien,

Determina quiénes fueron los máximos responsables de los mayores crímenes de guerra y de lesa humanidad, y los condena a penas de justicia restaurativa en el marco de un debido proceso transicional. La Comisión, por su lado, establece responsabilidades históricas, éticas y políticas de carácter colectivo, y se refiere a responsabilidades individuales solo cuando es indispensable para la comprensión del conflicto[71].

Otra de las críticas radica en la periodización. El análisis histórico inicia en 1958, resaltando la importancia de lo acontecido en los años de la Violencia, la dictadura militar de Rojas Pinilla, y restando importancia a los procesos políticos de las décadas anteriores desencadenantes de la violencia. De igual manera, se critica a este Informe la falta de profundidad en la violencia y el terrorismo de estado. Esta crítica procede, especialmente, de organizaciones de víctimas del terrorismo de estado.

Y finalmente, la voluminosidad del Informe (cerca de 10.000 páginas) hace que sea un trabajo de gran envergadura y de difícil lectura para el público en general colombiano, cuyo promedio de lectura es de un libro por año. En compensación a esto, la CEV cuenta con transmedia digital que contiene: el Informe Final, las recomendaciones de la Comisión, narrativas audiovisuales y productos pedagógicos para la comprensión del conflicto armado.

Antes de terminar, es preciso recalcar la amplia divulgación que ha tenido el Informe Final, a partir de diplomados interinstitucionales como: el Diplomado de Apropiación del Informe Final, iniciativa de múltiples organizaciones e instituciones que fue certificado por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Distrital; El Diplomado Interuniversitario Conflicto, Memoria y Verdad; y la Cátedra Alfredo Molano Bravo, la cual tiene como uno de sus objetivos la difusión del Informe y que ha sido implementada en el grueso de las universidades estatales del país.

Conclusiones

La complejidad del conflicto social y armado, sus ciclos históricos, diversidad de actores, contextos territoriales, así como los procesos de construcción de las ciencias sociales y sus dispositivos de lectura de la sociedad colombiana, han incidido en la constitución de diferentes experiencias de comisiones y estudios sobre el conflicto, cuyas pretensiones pasan por ofrecer diagnósticos comprensivos, recomendaciones y rutas de consolidación de paz, siempre como dinámicas abiertas, parciales y con relativa presencia y aceptación por parte de la sociedad colombiana.

Las comisiones han contribuido a complejizar la mirada sobre el conflicto al problematizar las dimensiones generadoras del mismo, lo político y económico se ha enriquecido lentamente con categorías como el territorio, lo étnico, el género y lo ambiental. Esto ha sido posible porque los actores que hacen parte de las comisiones conforman un campo intelectual experto con autonomía, relativa pero significativa, frente a los intereses del Estado y los partidos políticos.

Las comisiones de verdad se han originado y desarrollado en el marco del conflicto armado, pese a que algunas de ellas se gestaron en el marco de diálogos de paz o son producto de acuerdos de paz (Comisión del Histórica del Conflicto y sus Víctimas y la CEV). No obstante, en este último caso, la existencia de otros actores armados insurgentes y paramilitares han marcado el contexto, características y recepción de estas comisiones, a lo cual se suma la amplia polarización política en que la sociedad recibe estos informes.

De igual modo, las dinámicas del conflicto armado, y su no resolución definitiva, permiten inferir que en el futuro inmediato tendrán lugar nuevas comisiones y estudios. Lo cual no significa que los esfuerzos anteriores carezcan de sentido, por el contrario, son aportes que generan una trazabilidad y una impronta que ponen de manifiesto el cruce del saber experto de las ciencias sociales, los movimientos sociales y los actores del conflicto. A su vez, dan cuenta de la necesidad de diseñar procesos de fortalecimiento de las instituciones democráticas, de la construcción de ciudadanías críticas, deliberantes y participativas y de procesos de difusión y educación de largo aliento, que estén habilitadas para asumir la verdad histórica, participar en el espacio público de las memorias, y habilitarse para trasegar caminos de reconciliación y no repetición de la barbarie.

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Notas