Introducción

Bolivia tiene una historia de desastres internacionales que debemos contrarrestar con una guerra victoriosa, para que el carácter boliviano no se haga de día en día más pesimista. Así como los hombres que han pecado deben someterse a la prueba de fuego para salvar a sus almas en la vida eterna, así los países como el nuestro que han cometido errores de política interna y externa, debemos y necesitamos someternos a la prueba de fuego que no puede ser otra que el conflicto con el Paraguay.

Daniel Salamanca (1928)

En julio de 1932, Bolivia inició hostilidades bélicas con Paraguay por el control del Chaco Boreal (un área aproximada de 650.000 km2), dando inició a la denominada guerra del Chaco. Este acontecimiento constituyó el primer enfrentamiento bélico moderno en Sudamérica y el mundo donde se utilizó de manera exclusiva la tracción mecanizada; es decir, vehículos blindados¹. La guerra del Chaco generó, hasta cierto punto, lecciones militares que fueron recuperadas en la Segunda Guerra Mundial por países como Alemania y Estados Unidos². A nivel interno, el conflicto fue fundamental en la crisis de legitimidad del régimen del Estado minero-feudal; además, generó un movimiento nacionalista que impulsó un proceso de transformación social y político, cuyo clímax se concretó con la revolución nacional de 1952³

Durante la guerra del Chaco, el gobierno de Daniel Salamanca implantó un conjunto de políticas restrictivas y autoritarias orientadas al alistamiento militar y la preservación del orden y la moral entre la población. Entre ellas estuvo la política de censura de prensa. Esta política fue una apuesta gubernamental por el control de la información emitida por los periódicos de circulación nacional, regional y local⁴. Sin embargo, la censura fue resistida por algunos periódicos de la época, tales como El Universal⁵; así como también por la oposición política liberal y republicana, los cuales eran dueños o estaban vinculados a periódicos locales y nacionales⁶.

En contextos de enfrentamientos bélicos, la censura busca la construcción de medios propagandísticos, el «disciplinamiento» de la población, la modelación de la opinión pública y la búsqueda de legitimidad con base a categorías como nación y progreso⁷. Un aspecto central en el estudio de la política de censura es la respuesta que dieron los diferentes actores ubicados dentro y fuera del Estado; aquello permite entender cómo los actores asumieron o confrontaron las políticas autoritarias durante contextos bélicos y extraordinarios.

El artículo analiza el discurso de los parlamentarios bolivianos sobre la política de censura de prensa durante el inicio de hostilidades entre Bolivia y Paraguay (de septiembre de 1932 a enero de 1934). Mediante el análisis del discurso se identificaron un conjunto de conceptos, sentidos y valores construidos entorno a la problemática de la libertad de expresión y el papel de la prensa en el contexto de la guerra del chaco. Se plantea que el parlamento boliviano configuró dos discursos en oposición: el primero, impulsado por los conservadores, defendió una política parlamentaria de control de los periódicos nacionales y regionales amparándose en las ideas de defensa nacional, libertinaje y traición a la patria; el segundo, impulsado por los liberales y republicanos, condenó una política parlamentaria de censura debido a que constituía una flagrante agresión a los derechos y libertades constitucionales.

1. Marco analítico y metodología

Se trabajó a partir del concepto de discurso. Este concepto proviene del campo de la lingüística y de las ciencias interpretativas, como la hermenéutica, pero su uso se generalizó en el conjunto de las ciencias sociales. Desde la mirada de Michel Foucault, el discurso, expresa un conjunto de ideas, representaciones y conceptos que buscan generar conocimiento capaz de imponerse como legítimo sobre la realidad social. Un aspecto central en la explicación del discurso en Foucault es la búsqueda de regularidades discursivas en relación con amplios procesos sociales y políticos⁸. En el campo de la investigación histórica, el discurso opera como un patrón o sistema de significaciones que contiene, de cierta forma, una «concepción general de la sociedad o imaginario social»⁹.

El aspecto central del discurso es la identificación del proceso de percepción y apreciación de los individuos o colectivos con respecto a los marcos de posibilidad histórica, vale decir, precisar los esquemas conceptuales que permiten la experimentación del mundo¹⁰. Como manifiesta Joan W. Scott, las personas no experimentan o adquieren conciencia del mundo ipso facto, sino que lo fabrican en términos significativos¹¹. Finalmente, el discurso opera como un sistema de clasificación e identificación; es decir, ayuda a ordenar la realidad social y construye identidades (el nosotros y el ellos). En palabras de Cabrera, es un conector entre las estructuras (sociales y políticas) y la subjetividad de las personas¹². En este texto se utilizó el concepto de discurso como un conjunto de significaciones que orientan y dan sentido las acciones de los actores; además, expresa el marco conceptual por el cual las personas experimentan o perciben las condiciones o estructuras sociales y políticas históricamente dadas.

En términos metodológicos, se utilizó el análisis del discurso, entendido como el «conjunto neutro de recursos metodológicos que sirven para analizar alocuciones, escritos, entrevistas, conversaciones, etc.»¹³, como lo menciona David Howarth. El análisis del discurso permite al investigador social visibilizar y categorizar las visiones que circulan dentro de la sociedad civil y el Estado¹⁴. ara autores como Pedro Santander, la lectura de los discursos equivale a leer la propia realidad social¹⁵, dado que el discurso no solo constituye un vehículo de ideas, sino es un factor que participa en la propia construcción de la realidad social¹⁶.

En este trabajo se utilizó el análisis del discurso con dos propósitos: 1) Identificar las categorías y conceptos que ayudaron a los diputados a comprender, justificar y confrontar la política de censura a la prensa durante la guerra del Chaco. 2) Visibilizar la contienda entre liberales, conservadores y republicanos bolivianos en el contexto de guerra y la crisis política del gobierno de Daniel Salamanca. Se centró el análisis en el debate parlamentario, es decir, en las discusiones emanadas dentro del Congreso Nacional. Los debates fueron transcritos en un documento oficial denominado Diarios de Debates de la Honorable Cámara de Diputados (DDHCD). Los DDHCD son documentos públicos divulgados por el Poder Legislativo mediante la Biblioteca y el Archivo Histórico de la Asamblea Plurinacional de Bolivia¹⁷, la circulación de estos documentos se remonta a la creación de la República; contienen la discusión parlamentaria respecto de proyectos de Ley, interpelaciones a autoridades nacionales, fiscalización de instituciones estatales, elaboración de minutas de comunicación y pronunciamientos, entre otros asuntos. En total, se trabajó con siete diarios de debate de los meses de septiembre y noviembre de 1932, noviembre y diciembre de 1933 y enero de 1934. Se utilizaron las siguientes variables para la recolección de datos: 1) Apoyo o crítica a la censura. 2) Identificación de los entes censores. 3) Objetivos de la política de censura. 4) Ideas y conceptos utilizados¹⁸.

La redacción de los DDHCD en el período estudiado estuvo a cargo del jefe de redacción de la Honorable Cámara de Diputados. Las voces del documento corresponden a diputados varones pertenecientes a los sectores letrados y pudientes económicamente de la sociedad y tienen filiación política liberal, republicana y conservadora. El documento busca visibilizar el trabajo parlamentario en beneficio de la población boliviana. Se refleja un ambiente de debate político «de altura», con lenguaje refinado y elegante, alejado de los exabruptos y del lenguaje popular¹⁹. Pretenden educar, iluminar y dirigir a la nación en tiempos de guerra. El contexto de producción del documento fue la guerra y la crisis política y militar; la tensión entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Alto Mando militar demarcó una buena parte del debate y la discusión parlamentaria²⁰. Finalmente, los nombres de pila de los diputados no aparecen en el documento, únicamente figuran los apellidos paternos y en algunos casos los maternos.

2. Estado del arte

La producción académica en Bolivia sobre la guerra del Chaco es sumamente amplia y diversa. El principal foco de estudio fue la conducción de la guerra en los ámbitos militar, político y diplomático. David Hartzler Zook considera que los Estados en conflicto llevaron adelante diferentes visiones militares: Bolivia, bajo la dirección militar del general alemán Hans Kundt, tuvo una estrategia de carácter ofensivo basada en el ataque frontal. En cambio, Paraguay desarrolló un plan mucho más posicional fundamentada en la trinchera²¹. Estos diferentes enfoques explican, hasta cierto punto, el triunfo del ejército paraguayo sobre el boliviano. Otro elemento central en el estudio de la guerra fue la tensión entre los poderes del Estado boliviano. Francisco Barrero menciona que la característica central del periodo fue la disputa interna entre el presidente Daniel Salamanca y el Alto Mando militar²². El autor menciona que Salamanca mostró una visión «triunfalista» y poco realista sobre las campañas militares; en cambio, el Alto Mando militar persiguió objetivos más modestos y accesibles²³.

Por su parte, Juan Pereira Fiorilo afirma que Salamanca también tuvo disputas internas con la oposición política liberal y republicana. Aquello se evidenció en dos escenarios concretos: la prensa y el parlamento²⁴. La falta de unidad, acuerdos y lenguajes comunes entre los actores que dirigieron la guerra contra el Paraguay constituye una característica importante que acentúa la literatura especializada.

Los medios de comunicación y la censura gubernamental durante la guerra del Chaco fueron otra de las temáticas abordadas (sobre todo aquel ubicado en el campo de la comunicación social). Andrés Gómez señala que, durante la guerra, los medios escritos y radiales asumieron un compromiso importante con los intereses de la nación y el ejército en el campo de batalla; los medios de comunicación ocuparon roles propagandísticos destinados a contrarrestar la propaganda paraguaya²⁵. La Asociación de Periodistas de La Paz menciona que el gobierno de Daniel Salamanca mantuvo una relación áspera con la prensa boliviana, la cual estuvo mediada por la política de censura y el control de la prensa²⁶. Al respecto, señala lo siguiente: «La guerra no solo cambió el curso de las noticias y la forma de regularlas mediante la censura militar […] sino que también vació las redacciones»²⁷.

Desde la historia política, la censura de prensa ha sido ampliamente estudiada en contextos dictatoriales y de guerra en la primera mitad del siglo XX. En España, la censura de prensa es un tópico importante, debido a la existencia de largos periodos dictatoriales atravesados por conflictos bélicos nacionales e internacionales: primero con Miguel Primo de Rivera (1923-1930), y luego con Francisco Franco (1936-1973). Entre los trabajos más relevantes se encuentra el de María José Ruiz, dedicado a la censura de prensa como condición y «modelo» del quehacer de los periódicos y las revistas españolas en los primeros años del siglo XX. Ruiz también analiza la finalidad y los efectos de la censura en los medios de comunicación. Por último, identifica la creación de un «nuevo periodismo» en España²⁸. Otro trabajo relevante ha sido el estudio de José Antonio del Valle sobre la censura de prensa durante el periodo liberal y, posteriormente, dictatorial en España. En este trabajo, Del Valle establece que la censura estuvo definida tanto por el componente exterior, (la Primera Guerra Mundial) como por el interior (disciplinar a la población frente a focos de subversión). Por otra parte, afirma que la censura expresó matices acordes a la dinámica del contexto histórico, siendo en algunos periodos más arbitraria (sobre todo en dictaduras), universal y de fomento²⁹.

En el caso de Colombia, Olga Yanet Acuña Rodríguez estudia la censura de prensa de 1949 a 1957, a nivel de tres elementos analíticos: el control de la circulación de las ideas políticas y modelación de la opinión pública; la censura como mecanismo de presión de los gobiernos autoritarios, y la censura como indicador de cambio de régimen democrático a uno autoritario³⁰. Los tres trabajos permiten pensar la censura de prensa como una política estatal dinámica de regímenes totalitarios o autoritarios y gobiernos constitucionales en situación de guerra (interna o externa); además, como una política que busca el «disciplinamiento» de los grupos sociales y la generación de medios de propaganda gubernamental que garanticen niveles de legitimidad. Sin embargo, los trabajos mencionados no profundizan en las diferentes repuestas de los actores hacia las políticas de censura establecidas por los gobiernos dictatoriales y constitucionales. El papel activo y dinámico de la prensa y los partidos políticos frente a la política de censura es una veta de análisis importante y todavía pendiente de investigar.

Existen casilleros vacíos correspondientes al análisis histórico de los actores y los sentidos que construyeron durante el enfrentamiento bélico entre Bolivia y Paraguay. Por esto, es necesario indagar y reconstruir históricamente cómo los actores percibieron y, sobre todo, respondieron a las políticas y acciones dictaminadas durante la guerra. Si bien la literatura identifica la crisis política interna como un factor importante en la derrota boliviana, es necesario profundizar en los escenarios, las formas y modalidades en que se manifestó dicha crisis. La relación entre gobierno y prensa durante la guerra es una temática de análisis sustancial tanto para develar el papel de los medios escritos en la difusión de ideas y conceptos como para entender las tensiones y disputas en torno al control de la información³¹. Por tanto, trabajar el discurso parlamentario sobre la censura ayuda a entender las construcciones significativas de los diputados bolivianos con respecto a la guerra y el papel de la prensa; además, visibiliza la contienda ideológica y política entre liberales, republicanos y conservadores.

3. Contexto histórico

El amor, el poder, la guerra. En eso consiste la verdad de la vida. Pues bien, fue en el Chaco, lugar sin vida, donde

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Bolivia fue a preguntar en qué consistía su vida.

Rene Zavaleta Mercado, 50 años de historia.

Desde la fundación de la República, la guerra constituye un elemento central para entender la configuración sociopolítica de Bolivia. Acontecimientos como la guerra del Pacífico (1879-1883), la guerra federal (1899) y la guerra del Acre (1901) marcaron el discurso y accionar tanto de las elites «ilustradas» como también de la plebe indígena. Sin embargo, el conflicto bélico más transcendente y cruento, desde la independencia, fue sin lugar a dudas la guerra del Chaco (1932-1935). Aquello debido al elevado costo en vidas humanas que dejó la campaña militar (con cerca de 60.000 muertos) y, sobre todo, por generar un punto de inflexión en la histórica relación de exclusión entre el Estado y los sectores indígenas, campesinos y populares.

Las causas que ocasionaron la guerra fueron tema de discusión historiográfica y política, pero podemos indicar que existieron dos principales: la disputa por el petróleo entre empresas transnacionales; y la búsqueda de legitimidad y redención por parte del régimen de Salamanca. La primera, la más difundida, establece que el conflicto fue resultado de la disputa por el control y explotación de los campos petroleros ubicados en la región del Chaco entre la Standard Oíl (empresa petrolera estadounidense que operaba en Bolivia) y la Royal Dutch Shell (empresa inglesa situada en Paraguay); posteriormente, se evidenció que la región careció de dichos campos³².

La segunda plantea la responsabilidad del presidente Salamanca en el inicio de hostilidades. En 1931, Salamanca impulsó una política agresiva de control militar del Chaco Boreal bajo el lema de «pisar fuerte en el Chaco». Esta política estuvo orientada a reavivar el civismo nacional y superar el ambiente casi insurreccional de la movilización indígena y proletaria³³. Igualmente, Salamanca pensó que hacerse con el control del Chaco podía otorgarle a Bolivia una salida al océano Atlántico mediante el río Paraguay, dando, de esa manera, solución al enclaustramiento marítimo³⁴.

Las condiciones logísticas y geográficas fueron un aspecto importante en el desarrollo y resultado de la guerra. La distancia entre la ciudad de La Paz y el Chaco eran más de 1.600 km; en cambio, Asunción estaba a solo 300 (Figura 1). A la distancia entre la sede de gobierno y el teatro de operaciones se sumó la falta de medios de comunicación y caminos de penetración para el avance y abastecimiento del ejército. El medio geográfico, casi desértico, también instituyó una dificultad relevante para el ejército boliviano, el cual provenía, en su mayoría, del macizo andino y la región de los valles. El Chaco era una región semiárida, con un clima tropical de sabana, pocas fuentes naturales de agua y temperaturas que sobrepasaban los 40° C. Debido a estas características, el Chaco fue considerado por los combatientes como el «infierno verde».

Figura 1
Mapa de la región del Chaco, 1932
Fuente: «History 30.8: Oct. 1 Chaco-War-Locaor-Map», K. C. Johnson, acceso el 1 de abril de 2023, https://kc-johnson.com/history-30-8-oct-1/chaco-war-locaor-map/.

Bolivia ingresó al conflicto bélico con Paraguay en medio de una gran crisis económica resultado de la caída de los precios internacionales del estaño, cuyas divisas formaban el principal ingreso del Estado³⁵. La producción agrícola también estuvo estancada debido a la falta de innovación tecnológica y la persistencia de formas premodernas de producción, tales como la hacienda y el pongueaje³⁶. En términos políticos, la rivalidad entre liberales, conservadores y republicanos estuvo más pronunciada que nunca. Los conservadores estaban organizados entorno al Partido Republicano Genuino y lograron, a la cabeza de Daniel Salamanca, ganar las elecciones nacionales de 1931, pero el control del Congreso Nacional estuvo en manos de los liberales y republicanos. Este escenario de gobierno dividido también estuvo acompañado de un ambiente de movilización y presión protagonizada por indígenas, artesanos y obreros³⁷.

Los liberales estuvieron organizados entorno al histórico Partido Liberal y tuvieron como principal líder a José Luis Tejada Sorzano, vicepresidente de Salamanca y posterior presidente de la República. Los republicanos estuvieron articulados al Partido Republicano Socialista a la cabeza de Bautista Saavedra, expresidente de Bolivia. Ambos partidos constituyeron la principal fuerza de oposición al gobierno de Daniel Salamanca. Desde el parlamento, ellos impulsaron el bloqueo de varios proyectos de ley propuestos por el Ejecutivo³⁸; además, aplicaron constantemente el mecanismo de interpelación y censura hacia los diferentes ministros de Estado³⁹. Desde la prensa, los opositores criticaron la falta de firmeza de Salamanca en la conducción de la guerra y, posteriormente, lo responsabilizaron de los fracasos en las campañas militares y diplomáticas⁴⁰. La respuesta del Gobierno, sobre este último, fue la clausura y sanción de dichos periódicos.

Finalmente, Salamanca también tuvo que lidiar tensiones con el alto mando militar. La relación entre el presidente y el Estado Mayor fue áspera y llena de dificultades, lo cual llevo al constante cambio de jefes militares⁴¹. Salamanca agudizó las fricciones con la imposición del general alemán Hans Kundt como jefe del Estado Mayor, lo cual terminó hiriendo irreversiblemente el ego nacionalista de los generales bolivianos. Por su lado, los militares consideraban que Salamanca era un incompetente en la conducción de la guerra y en 1934 terminaron dándole un golpe de estado en la localidad de Villamontes (un centro de operaciones militares). La guerra finalizó en julio de 1935 con una Bolivia diezmada frente a un Paraguay compacto y, ante todo, más nacional.

4. Los conservadores frente a la censura

En julio de 1932, Daniel Salamanca decretó estado de sitio en todo el territorio nacional. La censura de prensa constituyó una de las medidas más relevantes durante el contexto de guerra. El control de la información periodística estuvo en manos de varias instituciones, entre ellas el Estado Mayor General, los Comandos Mayores Departamentales⁴² y el Departamento de Propaganda y Censura dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, creado en diciembre de 1932⁴³. A esta tarea también se sumaron, posteriormente, las prefecturas y algunas autoridades locales⁴⁴. La censura también estuvo destinada a controlar la correspondencia entre combatientes y sus respectivos familiares⁴⁵. La aplicación de esta política terminó cerrando temporal y definitivamente periódicos liberales, republicanos e independientes. La censura fue ampliamente respaldada por periódicos oficialistas y políticos conservadores de la época. A continuación, se presentará el discurso de los diputados conservadores sobre la censura de prensa; este estuvo mediado por un conjunto de categorías que expresaron la visión de estos políticos con respecto a la guerra y el papel de la prensa.

4.1. La defensa nacional y el control de la información

Cuando Bolivia procedió a la defensa militar del fortín Boquerón, uno de los episodios más cruentos y heroicos en la historia de la guerra, el parlamento boliviano llevó adelante un debate sobre la censura de prensa. La discusión empezó en el momento que un grupo de diputados conservadores, pertenecientes al Partido Republicano Genuino (el partido de gobierno), impulsaron una minuta de comunicación⁴⁶ al Ejecutivo, promoviendo la censura y control de la información de periódicos de circulación nacional y regional⁴⁷. El diputado Quiroga justificó la propuesta de la minuta señalando que el trabajo periodístico entorpecía y ponía en riesgo la «defensa nacional»⁴⁸. Quiroga increpó al periódico Última Hora por debelar información correspondiente a la movilización de tropas del ejército boliviano⁴⁹. Según el diputado, dicha información habría sido interceptada por agentes paraguayos⁵⁰. También los diputados propusieron llevar adelante una investigación para «descubrir» a los autores que revelaron información secreta a Ultima Hora⁵¹.

El diputado Ballivián se sumó a estas acusaciones, manifestando que la prensa tendía a publicar «sin el menor escrúpulo» información que entorpecía tanto las gestiones diplomáticas como las actividades militares⁵². Otros diputados concordaron con el carácter de la minuta, pero propusieron que se remitiera únicamente al control de la información estratégica militar⁵³. Sin embargo, el diputado Mendizábal sostuvo que la propaganda periodística también debía ser intervenida mediante la creación de una oficina de «Publicidad e Informaciones anexa al Estado Mayor General»⁵⁴. Los diputados conservadores fueron partidarios de convertir al parlamento en un ente censor de la prensa en el marco de la «defensa nacional». Si bien el decreto de Salamanca estableció al Ejecutivo y al mando militar como entes censores, los conservadores propusieron la adscripción parlamentaria a estas funciones específicas.

El discurso de convertir al parlamento en un ente censor estuvo amparado en la noción de «defensa nacional». La defensa nacional era un concepto difundido por el gobierno y los conservadores que hacía referencia a la labor «patriótica» de protección del territorio frente al avance del enemigo extranjero⁵⁵. Pretendió articular al conjunto de la población boliviana bajo un mismo objetivo: el resguardo territorial. Esta categoría acompañó las campañas de reclutamiento, movilización de tropas y emisión de nuevos impuestos⁵⁶. Finalmente, la defensa nacional estaba por encima de los derechos y las libertades; era una tarea que todos los bolivianos debían realizar por sobre cualquier otro deber. Para los conservadores la política parlamentaria de censura a la prensa se justificaba plenamente en la labor patriótica de defensa del territorio.

El concepto de «libertinaje» también acompañó el discurso de los conservadores a la hora de plantear la censura de prensa. Según el diputado Benavides, la censura instituyó una respuesta oportuna al libertinaje de la prensa en la cobertura que realizaban sobre la guerra y, sobre todo, las acciones de las autoridades⁵⁷. El diputado Bridoux señaló que el libertinaje era una deformación de la libertad establecida por la constitución:

Desgraciadamente, las circunstancias han variado, hoy día no solo hay libertad, sino que esa libertad ya es desmedida, que toca los lindes del libertinaje periodístico ¿Y eso puede llamarse libertad? Toda libertad, todo derecho tiene su límite y ese límite termina donde comienza el derecho de otros. Ahora bien, el derecho de otros esta mellado por la prensa libre, que se desenvuelve dentro de un desenfreno absoluto⁵⁸.

El libertinaje fue entendido como un estado de caos periodístico. Según los conservadores, el libertinaje de la prensa opositora dio lugar a una campaña sistematizada de ataques «infundados» hacia el gobierno y los militares en la conducción de la guerra y las relaciones diplomáticas⁵⁹. Para el ministro de Relaciones Exteriores, el caos periodístico terminó dañando severamente la moral de los combatientes, sembró el temor y la desconfianza hacia las autoridades nacionales, y, lo más grave, estimuló la indisciplina militar en la defensa de la nación⁶⁰.

Los diputados conservadores también utilizaron la categoría de «traición a la patria». Según ellos, revelar información estratégica militar o diplomática constituía traición a la patria y al sacrificio de los miles de soldados en batalla⁶¹. La publicación de información militar, como el movimiento de tropas, fue considerada delito y un atentado a los intereses de la nación en armas; aquello, según el diputado Ríos Bridoux, tenía que ser sancionado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo⁶².

H. [Honorable] Ríos Bridoux. – […] Las cuestiones internacionales son sumamente delicadas y hay que encargarlas dentro del terreno periódicos con un tacto exquisito, porque muchas veces la vida de la nación misma está pendiente de ciertos acontecimientos del momento histórico, y entonces cualquier seña, cualquier dato, cualquier relación imprudente, pueden ser suficientes motivos para comprometer al país hasta llevarlo a un estado de beligerancia o aun desastre, y esos culpables serían tildados como traidores a la Patria⁶³.

La traición a la patria estaba asociada con la idea de «derrotismo». La censura estaba destinada a frenar los artículos e informaciones derrotistas, es decir, aquellas que incentivaban la falta de fe en las gestiones militares y diplomáticas durante la guerra⁶⁴. También en términos normativos, mediante Ley Nacional, la Cámara de Diputados entendió a la traición a la patria como la «complicidad con el ejército enemigo en situación de guerra internacional»⁶⁵; la condena estipulada por este delito fue la pena de muerte.

Los diputados Brioux, Ortiz y Echazú destacaron un elemento importante para la promoción de una política parlamentaria de censura a la prensa: la debilidad de las instituciones estatales en la ejecución de la censura⁶⁶. Desde su mirada, las instituciones estatales nacionales y locales (como el Ministerio Público y las Prefecturas) carecieron de eficiencia en el control de la información periodística; aquella debilidad permitió, en palabra de Bridoux, el «desborde de la prensa» y una «campaña sistemática de desprestigio a los altos poderes del Estado»⁶⁷.

H. Bridoux. – […] Si en el Poder Ejecutivo hay debilidad para reprimir estas campañas (de desinformación), yo creo que el Legislativo tiene el deber de poner coto a los desmanes de esa prensa, cuyos periodistas parece que no se han dado cuenta de la seriedad del momento […].

H. Echazú. – […] Aquí estamos viendo que nuestro gobierno con la preocupación de tanto asunto ha descuidado hasta cierta manera, de llamar la atención de la prensa, en lo que respecta a la publicación de noticias, que más tarde podrían sernos sumamente perjudiciales. Es, pues, notorio que nuestros diaristas no tienen mayores escrúpulos para lanzar noticias que como digo, pueden entorpecer nuestras negociaciones diplomáticas y la buena conducción misma de la campaña en que estamos empeñados⁶⁸.

La guerra, desde su mirada, constituyó un tiempo «anormal» y «patológico»⁶⁹ que otorgaba al Poder Ejecutivo y Legislativo la posibilidad de sobre pasar ciertos derechos y garantías constitucionales. El estado de sitio y la censura periodística fueron medidas plenamente justificadas por el contexto bélico y de movilización general. Se comparó, en reiteradas ocasiones, la censura de prensa en Bolivia con la establecida por los países anglosajones durante la Primera Guerra Mundial, indicando que en ambos casos el propósito era «resguardar los altos intereses de los pueblos afectados por el conflicto»⁷⁰. La propuesta de censura parlamentaria a la prensa se explica también por la debilidad institucional del Estado en la ejecución de la censura. Para ellos, el trabajo periodístico incurrió en impericias en el manejo y difusión de información político–militar; la filtración de información estratégica podía otorgarle ventajas al ejército enemigo. Los conservadores también fueron partidarios de convertir a la prensa en una herramienta de difusión de propaganda gubernamental que impulsara el «fervor cívico» y contribuyera en la «defensa nacional». Sin embargo, los diputados liberales y republicanos entorpecieron esta propuesta por ser considerada inconstitucional y atentatoria de la «libertad de expresión».

5. Liberales y republicanos «contra» la censura

Desde el inicio de la guerra, los diputados liberales y republicanos se opusieron a que el parlamento impulse, como institución, una política de restricción de información a la prensa nacional. Los liberales, amparados en el liberalismo político, impulsaron la defensa de la libertad de prensa y pensamiento contemplada por la Constitución. Ellos consideraron que la «impericia» de la prensa en el manejo de la información militar no instituía un motivo suficiente para impulsar una política parlamentaria de censura. El 14 de septiembre de 1932, el diputado Tejerina declaró que la censura parlamentaria representaba un peligro a las garantías constitucionales⁷¹, también mencionó que la función del ente legislativo no era «controlar lo que dicen los periodistas»⁷². El diputado Gonzales ponderó la labor que desempeñaban los periodistas durante la guerra⁷³. Comparó el rol de los periodistas con la de los soldados en el campo de batalla, dado que ambos luchaban, desde diferentes escenarios, por el respeto de la integridad territorial de Bolivia⁷⁴. Finalmente, Gonzales calificó como una «monstruosidad» la intención de promover, desde el parlamento, el control de la prensa⁷⁵.

H. Gonzales Duarte. – […] Si el día de mañana un comunista trata de difundir sus ideas desde un órgano de prensa, ¿podrá la cámara de diputados pedir al Ejecutivo la censura de esa prensa? Sería una monstruosidad, señores diputados. La cámara no puede inmiscuirse en materia alguna en estos asuntos que son de resorte privativo del gobierno. Esto dentro de cierta lógica y es precisamente dentro de esa lógica, que el partido político al cual pertenezco (Partido Liberal) nunca ha sido partidario de la censura a la prensa⁷⁶.

Para los republicanos la libertad de expresión constituía un dogma constitucional en todos los países considerados como avanzados⁷⁷. El diputado Lanza Solares manifestó taxativamente que «no podía existir civilización sin prensa»⁷⁸. Republicanos y liberales acordaron definir a la prensa y libertad de expresión como los principios inexpugnables de la doctrina jurídica moderna⁷⁹.

H. Lanza Solares. – […] La prensa es el todo de la nación, la defensa del pueblo, el atajo del despotismo, el impulsor de la ciencia; el fomento de la riqueza, todo cuanto contribuye a hacer feliz a un pueblo, todo cuanto evite que se propague la ignorancia; de manera que clausurar diarios es abrir un paréntesis de tinieblas en el desarrollo de una convivencia social. Cualquier oposición a esa libertad de prensa tiene consecuencias funestas que perturban la paz social y crean la erección de tiranías⁸⁰.

Los diputados liberales identificaban al parlamento como el «guardián de la Constitución»⁸¹. Rechazaron la minuta de comunicación de censura de prensa impulsada por los conservadores, debido a que rompía con el orden legal y constitucional del Congreso Nacional⁸². El diputado Echeverría estipuló que el parlamento era el «representante genuino del pueblo» y como tal debía velar por las libertades y las garantías constitucionales⁸³. Ellos consideraban la guerra como un estado de «excepcionalidad», pero aquello no justificaba una «subalternización» o el «sacrificio» de la constitución⁸⁴. Entonces, el debate parlamentario planteó de manera implícita la siguiente pregunta: ¿Quiénes podían censurar en el contexto de guerra?

En la lógica de los liberales, la censura de prensa era un asunto privativo del gobierno y los militares. La Cámara de Diputados no podía promover una política de restricción de libertades. La ruptura constitucional podía ser llevada adelante por el Poder Ejecutivo y el Estado Mayor General debido al contexto de guerra y «defensa nacional», era un asunto relacionado con las funciones de cada institución democrática. Un diputado expresó esta posición de la siguiente manera:

H. Echeverría. – […] Dentro de los actuales momentos de conflicto armado, el Estado Mayor General es el único dueño y señor de la situación. Él puede ejercer ampliamente la censura de la prensa en el orden militar, pero la Cámara no puede inmiscuirse en estos asuntos y mucho menos censurar a la prensa. También estamos en estado de sitio. ¿no podrá el ejecutivo por sí y ante sí tomar las medidas conducentes, a fin de evitar con toda política los desbordes de la prensa? Claro que puede hacerlo, entonces, toda sugestión está por demás; por otra parte, sería atentatoria a nuestras prácticas democráticas que la cámara tomaría cartas en el asunto⁸⁵.

Los diputados republicanos ponderaban el papel de la prensa y la libertad de expresión en la formación de las naciones, pero también eran conscientes del estado de emergencia militar. Por tanto, al igual que los liberales, reconocieron al Poder Ejecutivo como el encargado de la aplicación de la política de censura en el contexto de guerra. Sin embargo, propusieron que se aplique una censura «inteligente», «culta» y «delicada», es decir, una política de control más mesurada basada en la coordinación y el acuerdo con los directores de los diferentes diarios⁸⁶.

El gobierno de Salamanca terminó desplegando una política de censura agresiva sustentada en la sanción económica y la clausura de periódicos opositores que difundían «información perniciosa» para la defensa nacional⁸⁷. Estos excesos en la aplicación de la censura empujaron a los diputados liberales y republicanos a interpelar y pedir informes a los ministros de gobierno. El 29 de septiembre de 1932, en el momento que Bolivia pierde el control del fortín Boquerón, el diputado Castedo interpeló al ministro de Gobierno, Enrique Hertzog, por la clausura del periódico La República⁸⁸. El ministro de Gobierno manifestó que la clausura de La República correspondió a las publicaciones derrotistas del periódico sobre la campaña militar en «Laguna Chuquisaca»⁸⁹; además, el ministro describió a los columnistas de La República como periodistas con «mentalidad paraguaya»⁹⁰. El diputado Lanza puso en duda las acusaciones del ministro y, por el contrario, recalcó el trabajo «patriótico» realizado por los miembros de La República durante el contexto de guerra⁹¹.

Existió una disputa entre el gobierno y la Cámara de Diputados por la definición y el alcance de lo «patriótico». La controversia buscaba establecer: ¿Quién o quiénes eran patriotas? y ¿quién o quiénes no lo eran? De la misma manera, se debatió el criterio para establecer si un artículo periodístico contribuía o no con la defensa nacional. Los republicanos denunciaron un ejercicio monopólico e instrumental del gobierno en el empleo del concepto de lo patriótico reducido al soporte periodístico de las disposiciones gubernamentales; además, acusaron que, a título de la defensa nacional, el gobierno perseguía periodistas, clausuraba periódicos y silenciaba a la opinión pública⁹². El diputado Herrero planteó que el «verdadero patriotismo se ejercita muchas veces criticando, haciendo ver a los poderes públicos la necesidad de hacer tal o cual cosa o de modificar procedimientos antes que sea tarde […] patriotismo hay, y tal vez más desinteresado, en las filas de la oposición que en las que rodean al gobierno»⁹³.

Los diputados liberales y republicanos percibieron una tendencia instrumental en el ejercicio de la censura de prensa por parte del gobierno y los diputados conservadores. Según Solares Lanza, el gobierno utilizó la política de censura para acallar a periódicos con líneas editoriales contrarias al presidente Salamanca y al partido de gobierno⁹⁴. En el debate parlamentario, las acusaciones y denuncias de los diputados conservadores hacia los periódicos liberales fueron constantes y desataron un conjunto de respuestas:

H. Quiroga. – […] Existen en Cochabamba más de un diario, que no hacen otra cosa que calumniar señadamente (sañudamente) a las autoridades; uno de ellos es precisamente el periódico «El Tiempo».

H. Anze. – Es diario liberal…

H. Quiroga. – ¡Es de usted (el periódico), por eso miente!

H. Anze. – Los mentirosos son los periódicos subvencionados…

H. Quiroga. – Como decía, ese periódico de propiedad del diputado Anze, no hace otra cosa que calumniar a todas las autoridades, lanzándoles epítetos de lo más destemplados que darse pueden. De consiguiente, la versión que dicho periódico registra no puede ser cierta y no es posible de creer⁹⁵.

La posición anticensura de los diputados liberales y republicanos entró en contradicción cuando empezaron a pedir rectificaciones a periódicos independientes y gubernamentales por publicaciones contra el parlamento y, sobre todo, contra los políticos liberales y republicanos. Aquello se evidenció en el pedido de rectificación a los periódicos La Patria⁹⁶ y el Universal. El 29 septiembre de 1932, los diputados solicitaron la aprobación de una minuta de rectificación al periódico La Patria, con respecto a la publicación de información en «desmedro de la dignidad del Parlamento»⁹⁷. Según el diputado Anze, el periódico La Patria difamó y etiquetó injustamente a los parlamentarios liberales como los responsables del empantanamiento en la aprobación de leyes destinadas a la defensa nacional⁹⁸.

El 14 de enero de 1933, en el momento en que el ejército boliviano capturó el fortín Corrales, los liberales exigieron nuevamente la rectificación del periódico La Patria por un comentario en su línea editorial que mellaba el trabajo de los parlamentarios en el marco de la protección del territorio nacional⁹⁹; también increparon al diputado Canelas, director de dicho periódico, por la «falta de hidalguía para sus colegas de la H. Cámara»¹⁰⁰. Esta propuesta fue descartada por el presidente de la Cámara, el diputado Franz Tamayo, indicando que «los desbordes de la prensa deben ser combatidos por la misma prensa»¹⁰¹. Finalmente, en diciembre de 1933, en el tiempo que Bolivia perdió la estratégica batalla de Campo Vía, e ingresa a un escenario marcado por las constantes derrotas militares, el diputado Céspedes presentó otro pedido de rectificación al periódico el Universal por las difamaciones vertidas hacia el parlamento¹⁰². Al respecto, el diputado señaló lo siguiente:

Casi a diario la prensa local viene haciendo afirmaciones, que dañan el prestigio de la Representación Nacional. En este momento acabo de leer un párrafo en el diario «Universal» que dice: (Lee). «Estas afirmaciones de carácter tendencioso deben ser reprimidas enérgicamente», por lo que ruego a la H. Presidencia quiera impartir las órdenes precisas, para la rectificación de estos comentarios¹⁰³.

El presidente Tamayo respondió el pedido de rectificación de el Universal señalando que el parlamento procedería «hacer las rectificaciones interesadas»¹⁰⁴. Cabe mencionar que el presidente de la Cámara operó de manera distinta en los pedidos de rectificación de los periódicos La Patria y el Universal: en el primero, denegó la censura e indicó que la prensa debía auto regularse; en el segundo, en cambio, procedió a la rectificación parlamentaria. Aquello se debió al diferente contexto de enunciación de los pedidos de rectificación y, sobre todo, el ejercicio de una censura selectiva acorde a la línea editorial de los periódicos. Tamayo impidió una minuta de censura contra La Patria debido al vínculo del periódico con el gobierno y el Partido Conservador Genuino. Sin embargo, en el caso de el Universal, la censura aplicó dado que el periódico tuvo una línea editorial contraria a la gestión del presidente Salamanca. El contexto de enunciación en ambos casos también fue diferente: uno marcado por la victoria militar y otro, en cambio, por el avance estrepitoso del ejército enemigo en Campo Vía y Nanawa.

Como se observa en la Tabla 1, el discurso de los parlamentarios republicanos y liberales estuvo marcado por el respeto de los principios constitucionalistas. La guerra, como excepcionalidad, no justificaba la promoción parlamentaria de una política de restricción de la información. Criticaron al gobierno por la instrumentalización de la censura que dio paso a la clausura y neutralización de los periódicos liberales y republicanos. Con todo ello, el discurso liberal y republicano fue ambiguo debido a la promoción, en determinados contextos, de la rectificación periodística de la prensa oficialista e independiente.

Conclusiones

Este trabajo persiguió adentrarse en el campo de las significaciones construidas por los diputados bolivianos en el contexto de la guerra del Chaco y la censura periodística. Como menciona Miguel Ángel Cabrera, el discurso instituye una herramienta importante para entender los marcos de representación y sentido de los actores. También visibiliza los esquemas de apreciación y experimentación de las estructuras políticas y sociales. Bajo este enfoque, se utilizó la noción de discurso para entender los marcos conceptuales de los diputados liberales, republicanos y conservadores con respecto a la guerra, la censura y el papel de la prensa.

Los diputados emitieron dos discursos que reflejaron posiciones políticas e ideológicas distintas y enfrentadas. Por un lado, estuvo la promoción y legitimación de la censura parlamentaria de la prensa, impulsado por los diputados conservadores (afines al gobierno). Este apeló a los conceptos de defensa nacional, libertinaje y traición a la patria para justificar una política parlamentaria de control de la información. La defensa nacional significó una labor patriótica nacional de protección del territorio frente al enemigo extranjero. Los conservadores antepusieron la protección de la nación por encima de cualquier derecho o libertad estipulada por la constitución. El libertinaje fue entendido como el uso desmedido de la libertad de expresión. Según ellos, los periodistas excedieron la libertad de prensa y expresión conferida por la constitución. También utilizaron la categoría de traición a la patria para referirse a la filtración de información militar y, sobre todo, para identificar conductas derrotistas en las filas de los periodistas. Los conservadores validaron la censura amparados en las experiencias de control periodístico de países europeos en la Primera Guerra Mundial. Finalmente, un elemento importante en la promoción de la política parlamentaria de censura fue la debilidad institucional del Poder Ejecutivo en la aplicación de la censura periodística.

Por otro lado, estuvo el discurso de rechazo y crítica a la censura parlamentaria de la prensa, impulsado por diputados liberales y republicanos. Este hizo hincapié en el ámbito jurídico normativo. Los parlamentarios de oposición identificaron al parlamento como el «guardián de la Constitución», por lo cual era inconcebible promover o auspiciar una política parlamentaria de restricción y control de la información. Afirmaron que la censura era una tarea propia de los militares y el Poder Ejecutivo; denunciaron la instrumentalización política de la censura, destinada al cierre de periódicos de oposición. Un aspecto importante en el discurso opositor fue la contienda por la definición y el alcance de lo patriótico frente al estipulado por el gobierno y los conservadores. Sin embargo, mantuvieron un lenguaje ambivalente sobre la censura de prensa. Aquello se evidenció cuando empezaron a impulsar procesos de interpelación y rectificación hacia periódicos que criticaron el trabajo de los diputados de oposición.

La censura de prensa constituyó una temática compleja y áspera; además, terminó ahondando la división entre oficialistas y opositores. El discurso de los diputados bolivianos estuvo definido por la dinámica de la guerra y el conflicto político interno; los conceptos y las categorías empleadas visibilizan posiciones políticas e ideológicas encontradas con respecto a la guerra y al control de la información periodística. Los conservadores comprendieron la guerra como un estado «patológico» y «anormal» que permitía la supresión de derechos y libertades constitucionales, tales como la libertad de expresión y prensa. La política parlamentaria de censura estuvo dirigida a convertir la prensa en un instrumento de propaganda y difusión de ideas que legitimaran la conducción del conflicto.

Los liberales y republicanos entendieron la guerra como un estado de «excepcionalidad», pero bajo el cual se debían mantener derechos y libertades constitucionales; fueron seguidores del respeto parlamentario de la libertad de prensa y expresión. En su apreciación, la ejecución de la censura estaba en manos exclusivas del Estado Mayor y el Poder Ejecutivo, además, ésta debía ser «inteligente, culta y delicada». Con todo ello, ambos discursos fueron flexibles y cambiantes en el tiempo acorde al desarrollo de la propia disputa política; también el fracaso militar empujó al parlamento a asumir una posición cada vez más favorable a la clausura y sanción periodística.

La censura es una arista importante en el paquete de políticas autoritarias asumidas por los gobiernos y las instituciones estatales durante enfrentamientos bélicos nacionales e internacionales. La guerra y la censura establecen los marcos de posibilidad discursiva y de enunciación de los periódicos y los periodistas. Sus objetivos centrales son el «disciplinamiento» y control de la población (frente al enemigo interno o externo), la promoción de ideas y conceptos que validen la visión y acción de los grupos de poder, y, como vimos en este caso, la neutralización de la oposición política y social. Por último, es necesario seguir estudiando la aplicación de este tipo de políticas autoritarias, sobre todo si consideramos las disputas y formas de resistencia desarrolladas por los periodistas y grupos políticos y sociales.

Fuentes primarias

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Notas

Notas de autor