Introducción

Ajustar las leyes agrarias, crear el aparato burocrático que administrara la colonización y titular cientos de hectáreas baldías a campesinos y colonos no fue suficiente para soportar el proyecto agrario de los años sesenta en Colombia. La formación profesional de funcionarios de entidades como el INCORA y los conocimientos técnicos mínimos que debían tener los beneficiarios de adjudicaciones de tierras fue una limitante. Por un lado, el INCORA careció del suficiente personal idóneo que ejerciera las funciones requeridas para poner en marcha proyectos de colonización especialmente en las regiones articuladas a los territorios nacionales. Por otro, gran parte de la masa campesina no tenía los fundamentos mínimos para entender y desenvolverse en el nuevo escenario que se proyectaba con los planes agrarios del Estado. Había que plantear correctamente los términos de la reforma agraria que no serían los mismos en todos los países ni en las distintas regiones, por lo cual se tenía que formar el personal indispensable que ayudara a implementar rápida y masivamente los proyectos para aliviar la tensión social de los campos.

Así pues, la posibilidad formativa que surgió dentro del proyecto agrario de los años sesenta fue, tal vez, uno de los logros más significativos, gracias a la creación de instituciones de formación técnica y carreras profesionales que anteriormente no existían en el país, capacitación a cientos de funcionarios que orientaron y llevaron nuevo conocimiento a las zonas de colonización, y procesos de alfabetización y educación básica para campesinos y sus familias, las mismas que poco a poco fueron comprendiendo la importancia de tener una formación con la cual realmente pudieran mejorar sus unidades productivas y sus aspiraciones sociales en un país que los había marginado por décadas.

Este artículo está dividido en tres momentos: en el primero hablaremos acerca de las estrategias utilizadas por el INCORA para persuadir a campesinos y colonos en la aceptación de los requerimientos para titulaciones de baldíos, una especie de «pedagogía agraria» que involucró un fuerte adoctrinamiento católico; en el segundo se mostrará el esfuerzo del Estado por la capacitación y formación técnica de funcionarios que prestaran su servicio a la colonización; para finalizar con el proceso formativo a campesinos y colonos para que pudieran gozar de los beneficios de la colonización.

El acercamiento del INCORA a los campesinos. Entre rezos y mandatos

Fueron muchos los conflictos entre los diversos actores en el escenario agrario del país antes de la creación del INCORA. Algunos de los problemas se debieron al desconocimiento legislativo de parte de los campesinos; a la hostilidad de los legisladores agrarios que no supieron acercarse a la masa campesina, entenderlos y encontrar una estrategia de orientación sobre cómo llevar a cabo un trámite de adjudicación de un predio; a la falta de organización administrativa en los intentos del Estado por consolidar entidades que se encargaran de los proyectos de colonización, y al poco conocimiento del mundo agrario y del personal inexperto, sumado al incipiente acceso tecnológico que impidió la exploración de la geografía nacional en su totalidad para identificar las problemáticas y particularidades de cada una de las regiones y de sus habitantes.

Durante los primeros años de la década de los sesenta, la reforma agraria ocupó el primer plano de todos los sectores de la nación con proyectos en los entes gubernamentales, reuniones y congresos de diferentes asociaciones, comités para discutir y formular la nueva legislación, así como una larga lista de literatura y trabajos académicos. Sin embargo, el sector que debió ser el centro de atención, los campesinos y colonos, fueron los menos enterados de la situación. Muchos los estudiaban, los mencionaba y hasta pensaban y tomaban decisiones por ellos, pero su vinculación en la formulación del proyecto agrario fue casi nula.

Tomando en cuenta el escenario de antaño, uno de los grandes retos a superar en esta nueva etapa de reforma agraria consistió en evitar los errores del pasado, logrando que campesinos y colonos conocieran y comprendieran en qué consistirían los cambios y proyectos para poblar y hacer productivas las tierras inhóspitas del país, de las que ahora podrían gozar en calidad de propietarios. Para ello, era necesario establecer una relación recíproca entre beneficiarios e institucionalidad. Sin embargo, la impresión que se tenía en torno a esta correlación era que el INCORA necesitaba más del apoyo de los campesinos para la implementación de proyectos, que los campesinos de las orientaciones de los funcionarios de la entidad recién constituida. Esta situación se explica a partir de la falta de legitimidad y credibilidad hacia las instituciones, particularmente en regiones aisladas de los centros urbanos en las que las carencias y los aires de inconformismo eran evidentes, y se venían fraguando desde tiempos atrás planes subversivos para armar a la población y combatir las pericias causadas por el abandono estatal. También por el desconocimiento geográfico de muchas regiones del país de parte de los mismos funcionarios, de la falta de conocimientos del mundo agrario y de la poca empatía que lograban conseguir con campesinos y colonos una vez llegaban a las zonas de colonización. Los funcionarios no contaban con el conocimiento teórico suficiente, mientras que los campesinos tenían la experticia del agro y algunos colonos otros conocimientos adquiridos en los lugares de procedencia o en donde tuvieron la posibilidad de trabajar en labores comerciales, de transporte, carpintería, mecánica, etc.¹.

Por su parte, los líderes políticos trataban de acercarse y ser carismáticos con la masa campesina. Tal fue el caso del presidente Alberto Lleras Camargo, quien decidió pasar sus vacaciones en una hacienda de Girardot y hacer la siguiente reflexión para recibir el año de 1961:

Esta noche estoy en el campo. No hay más de 100 km de distancia de la capital hasta este sitio que, sin embargo, vive por lo menos un siglo atrás. en estos días he convivido con campesinos para quienes la modestísima vida de nuestros obreros calificados y empleados de clase media resultaría un lujo inusitado y una aspiración inalcanzable [...]. La escuela más cercana está a dos o tres km, en las casas se come poco o mal [...] hay también grandes fincas algunas sin explotación [...] en cada uno de estos centenares de chozas y con cada niño está incubándose una parte mínima del tremendo conflicto de la superpoblación de los países atrasados que pone en jaque todos los servicios del estado. Solo son pobladores de Colombia, pero no ciudadanos completos ².

Por tanto, urgía que el INCORA iniciara una campaña oficial de difusión dirigida especialmente a los campesinos,

…con la intención de evitar que se digan mentiras y se rieguen entre los campesinos chismes sobre los fines que tiene; contándole a los vecinos las informaciones verídicas y completas que se tienen sobre los programas agrícolas del gobierno; cooperando con los funcionarios del INCORA suministrándoles los informes y datos que ellos soliciten; organizándose en cooperativas, juntas de acción comunal, asociaciones veredales, etc. Para recibir las ayudas que la reforma les dará; solicitando cuando fuera necesario y en forma comedida y respetuosa que las autoridades locales, las fuerzas armadas y demás agentes del orden, colaboren al desarrollo pacífico y rápido de la reforma en zonas donde va a efectuarse ³.

En esta carrera informativa vale la pena señalar la meticulosidad y estrategias utilizadas en la ardua tarea de difusión de lo que denominaron el gran cambio «para salvar a Colombia del subdesarrollo». El medio de comunicación por excelencia fue el escrito –pese a que para los años sesenta en Colombia el índice de analfabetismo entre la población rural superaba el 40%⁴–. Para ello, el INCORA editó una serie de publicaciones en las que explicaron los alcances y procedimientos de la reforma, además de un sinnúmero de artículos de prensa que por un buen tiempo inundaron los ejemplares noticiosos, especialmente del semanario El Campesino, proyecto de la iglesia católica que comulgó con las ideas desarrollistas de la Alianza para el Progreso. Este material fue entregado a las comunidades del campo y en él se consignó la información básica de la reforma agraria, escrita en un lenguaje sencillo que pudiese ser entendido por los campesinos; sin los tecnicismos que generaban vacíos, confusiones y malinterpretaciones, características de la engorrosa legislación de difícil comprensión para gran parte de la masa campesina⁵.

Entre los documentos encontrados, señalamos dos por su particular narrativa. El primero, titulado: «El mecanismo de nuestra reforma agraria», publicado dos años después de sancionada la Ley 135 de 1961. Resumía y describía el procedimiento de la reforma bajo las directrices del INCORA y sintetizaba la extensa ley.

El segundo documento titulado: «Cambiaremos la vida del campo. Explicaciones sobre la reforma agraria de Colombia»⁶ circuló principalmente en el extremo suroccidente del país, y llama fuertemente la atención el discurso plasmado allí. Muestra las bondades de la reforma agraria y los cambios para el país en pro de su progreso, dando una idea de empoderamiento del campesinado, pero a su vez exhortándolo al acatamiento de las normas, al respeto a la propiedad privada y al no involucramiento en los procesos sociales y políticos comunistas que se expandían por el continente. En las líneas del texto se manipulaba y engañaba al «hermano campesino» –como se le denominó–, haciéndolo pasar falsamente por el protagonista del cambio con frases como: «Tú y nosotros tenemos una gran tarea: cambiar la vida en el campo colombiano […] TU problema es el de todo el país». A la vez, se esforzaban por ubicarlo en la historia del país enalteciendo sus cualidades: «…con tu trabajo se ha construido la prosperidad y el progreso a través de siglos. Tú estuviste en las tropas que ganaron la independencia, tú has venido sacrificando en beneficio del país la vida, los hijos, las esperanzas». Rotunda verdad que por siglos la historia y la sociedad ha desconocido, pero que sale a flote en pleno proceso de implementación de la reforma con fines proselitistas y de intereses personales, de una forma sutil pero contundente:

Para lograrlo, se ha tratado de no perjudicar a las personas adineradas sino en mínima parte, pues ellas también dentro de su esfera, han ayudado a la construcción de la república y tienen derechos que ni tú ni nosotros pretendemos desconocer.

La anterior frase deja en evidencia el persistente temor a la expropiación⁷, la campaña en favor de la preservación del latifundismo⁸ y la perpetuación de una elite terrateniente a la que también se le debía y de la que no se podía prescindir. Viene la estocada final con:

Muchas veces el político irresponsable dejó en los oídos esta promesa, pero jamás un cambio real en la situación llegó a producirse. Esta vez va de veras: gentes con la conciencia de que TU problema es el de todo el país, llevó al congreso y aprobó allí una ley destinada a transformar a Colombia en una nación moderna de donde debe desaparecer para siempre la miseria, la ignorancia y el atraso.

El mismo documento se complementó con respuestas sagaces frente a preguntas estratégicas como estas: «¿Por qué la reforma agraria le sirve al progreso de Colombia? ¿Quién va a hacer la reforma agraria? ¿Y las tierras de dónde salen? ¿La tierra la dan regalada? ¿Cómo hace uno para que lo tengan en cuenta para las adjudicaciones?», entre otras que explicaban prácticamente lo mismo que el documento anterior. Sin embargo, hay dos preguntas que llaman fuertemente la atención, porque responden al contexto internacional y a intereses particulares nacionales durante la coyuntura en la que se implementó la reforma. La primera, «¿La iglesia se opone a la reforma?», en la que daban una explicación bastante sugestiva:

En absoluto. Muy por el contrario, interpretando el mandato evangélico de amor y justicia, los pontífices León XIII, Pio X y Juan XXIIII en diversas encíclicas, cartas y recomendaciones a los católicos y la jerarquía eclesiástica han expuesto con nitidez la doctrina de la iglesia con relación al derecho de propiedad y a las reformas sociales que tiendan a dar bienestar al campesino, al obrero y al pobre en general, como único camino de cerrar el paso al ateísmo materialista de los comunistas. Además, la conferencia episcopal reunida en 1961 aconsejó la acción del clero regular y secular en favor de la reforma agraria colombiana ⁹.

En esta respuesta, llama la atención la fuerte tendencia ideológico–religiosa expresada. Recordemos que desde un contexto internacional efectivamente en las encíclicas mencionadas se buscó la inclusión de los campesinos en reformas que mejoraran sus condiciones de vida. Pero especialmente durante la guerra fría el objetivo fue impedir que tomaran el camino del comunismo, reafirmando el fuerte temor de los gobiernos subordinados a las políticas estadunidenses frente a una posible sublevación campesina. Por lo que era importante enfatizar en la importancia de seguir con los preceptos cristianos, más aún, en un país confesional como el colombiano. En uno de sus discursos, Carlos Lleras alertó sobre los peligros del comunismo, en parte, como estrategia para ganar adeptos a su mandato expresando que:

… era más apto para la subversión un campesino sin tierras, sin cultura, enfermo y trashumante, que el obrero de la ciudad protegido por el contrato colectivo […]. Los propietarios deben pensar en el peligro que representa esa masa campesina analfabeta, desnutrida y sin tierra. […] La subversión en Latinoamérica no se combate sólo con medidas militares sino con profundos cambios sociales. Si no hacemos eso, la batalla estará perdida cualquiera que sea el grado de tecnificación de la producción agrícola. De ahí que el Gobierno esté interesado en incrementar la reforma agraria y los programas de asociación campesina ¹⁰.

Pero no solo la Iglesia colombiana abogó por la implementación de una reforma agraria. En Brasil, La Acción Católica Brasilera tuvo como motivación principal evitar la propagación del comunismo en las masas trabajadoras¹¹. En el proceso de reforma agraria chileno algunos sacerdotes en su tarea de persuadir a los ocupantes para que entregaran los fundos tomados, en sus sermones dominicales, anunciaban las penas del infierno para los ocupantes ilegales¹². Y en Perú, pese a la reforma agraria de tinte socialista liderada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la «sacrosanta propiedad privada» hizo parte del discurso oficial que constantemente se pronunciaba a favor de la pertenencia del Perú «a la tradición occidental y cristiana que defendía el sistema democrático, la propiedad privada y la libertad de expresión»¹³.

Volviendo a Colombia, el Frente Nacional desde sus inicios dio a la Iglesia una participación privilegiada tanto en la construcción de la Ley 135 como en las reformas venideras¹⁴. Uno de los mecanismos de intervención de gran éxito fue por medio del Semanario El Campesino, órgano de prensa de la Acción Cultural Popular (ACPO), que circuló en el país entre 1958 y 1990. Autodenominado en un principio como «un semanario al servicio y en defensa de los campesinos de Colombia», el periódico tuvo en sus inicios una fuerte campaña a favor del urgente mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado. Esto requirió una postura crítica frente a la elite dirigente, aunque sin llegar a ser opositores del régimen político del Frente Nacional. Su agenda informativa impulsó la implementación de la reforma agraria, por lo que la promovieron noticias e informes fuertemente desde sus editoriales, sin que fuera a afectar la tierra bien utilizada y evitando proponer una redistribución que tuviera tintes de izquierda; más bien, en defensa y promoción de la propiedad privada¹⁵.

Para la prensa colombiana, «la iglesia había tomado las banderas de la reforma agraria»¹⁶, a partir de una postura fuertemente marcada por la ideología cristiana y anticomunista. La misma visión fue especialmente compartida por parte de los gobiernos conservadores. Tal fue el caso del presidente Guillermo León Valencia (1962-1966) que manifestó en cada oportunidad el fuerte sentimiento cristiano con frases decimonónicas y ambiguas como la vociferada en Villavicencio en 1964: «Por eso nunca podrá haber en Colombia problemas de tierra sino hombres que las trabajen y las dignifiquen bajo los signos del temor de Dios, del amor a la patria¹⁷ y de la devoción por la libertad…»¹⁸. En las palabras del mandatario siempre persistió el temor al comunismo, persuadiendo al campesino a entender la reforma agraria «en términos cristianos»; es decir, en el reconocimiento y respeto del derecho de propiedad, defendiendo la reforma prevista para Colombia y haciendo una marcada diferencia entre las otras reformas

…porque lo que no podría ocurrir y esa es la diferencia esencial nuestra, entre los partidos cristianos del mundo y los partidos comunistas, es que vulneremos el derecho de propiedad en los actuales propietarios para traspasarlo a otros que recibirán no la plenitud de un derecho sino la violación de ese mismo derecho ¹⁹.

Continuaba además reconociendo que, si bien el campesino necesitaba tierra para dignificarse, por nada debía renunciar a su fe cristiana ni a las banderas de la democracia:

Yo me comprometo a daros a cada uno de vosotros una parcela de tierra, pero no para que allí continúe o se produzca la holganza en la propiedad, sino que para que con el trabajo fecundo la redimais para grandeza de la patria y seguridad y sosiego de vuestras propias familias. Por eso el símbolo actual de Colombia debe ser una multitud abigarrada de campesinos que se ha integrado hasta el punto de traernos inclusive representantes de nuestras propias tribus indígenas, para significar que el país está unido en su respeto a la justicia y al derecho, en su deseo de tierra para poder trabajar y en su decisión irrevocable de no dejar pasar la hoz y el martillo para que sustituyan la cruz que ha sido es y será el símbolo perdurable de todas las redenciones ²⁰.

La otra pregunta polémica, era la que hacía referencia a quiénes se mostraban interesados en la reforma agraria. Su respuesta –como era de esperarse, estratégica– ubicaba jerárquicamente en primer lugar al campesino como directo beneficiario al recibir la tierra y los medios para trabajarla, así como la posibilidad de superar la pobreza «con trabajo duro y no con revolución»²¹. En segundo lugar, estaba el gobierno y las autoridades que con la reforma le darían solución «a la situación delicada en los campos colombianos resultante de una injusticia de siglos», refiriéndose a la conformación de grupos armados que ya se estaban organizando en algunas regiones. En tercer lugar, la Iglesia²², que veía en la reforma «un instrumento de caridad y amor por los desvalidos y una búsqueda sensata y pacífica de justicia». En cuarto lugar, y tal vez el de mayor discusión, estaban los países amigos, principalmente Estados Unidos, que vio con simpatía los esfuerzos que se hacían para sacar a Colombia del atraso y para librarla de la amenaza totalitaria; con lo cual quedaba claro que la reforma respondía tácitamente a las directrices emanadas de la Alianza para el Progreso que ya había aportado un gran presupuesto para la financiación de los programas que desarrollaría el INCORA. En quinto lugar, ubicaban a los industriales, que miraban la reforma como un medio rápido para mejorar la producción nacional que permitiría que los campesinos elevaran sus ingresos y compraran productos industriales que antes jamás habían adquirido. En sexto lugar, el país entero solucionaría los más graves problemas humanos y económicos.

Por otro lado, había una fuerte presión de parte de otros sectores interesados en que se iniciaran rápidamente las titulaciones de tierras a campesinos pobres; entre ellos, el ministro de guerra, el general Alberto Ruiz Novoa, quien estaba plenamente convencido de que los acontecimientos que se estaban desarrollando en el mundo tenían que ver con un verdadero conflicto entre democracia y comunismo

… con causas socioeconómicas que obligan a pensar en mejorar el nivel de vida a través de una mejor repartición de la riqueza con justicia social. Y si eso se logra, mejorarán inclusive los ingresos de los industriales, se superará el subdesarrollo y se ganará la batalla contra el comunismo, que es la reacción frente a esa infrahumana condición de miseria que sufren muchos ciudadanos ²³.

Recordaba el ministro que existía dentro de la junta directiva del INCORA un representante de las fuerzas armadas que debería estar presionando para que los proyectos se ejecutaran prontamente²⁴, y para ello recomendaba una estrategia poco convencional: la creación de organismos paramilitares voluntarios que aceleraran la colonización y la producción agrícola de las tierras ociosas que rodearan los centros de consumo existentes en el país. La idea que, al parecer, la traía después de una visita a Israel, tuvo graves consecuencias para el país especialmente a partir de los años ochenta, efectivamente con la incursión del paramilitarismo, no como voluntario en la colonización, sino como fuerza contrainsurgente que asesinó, despojó y desplazó a centenares de colonos que años atrás habían recibido parcelas para su subsistencia. No obstante, las críticas que aparentemente hizo Ruíz Novoa al INCORA fueron tomadas y apoyadas por el mismo ministro de agricultura, Virgilio Barco²⁵.

Capacitación de los futuros funcionarios

Uno de los esfuerzos institucionales necesarios para poner en marcha la reforma consistió en la urgente preparación profesional del personal que se encargara de la ejecución de los proyectos para la colonización en las regiones seleccionadas; no obstante, la tarea no sería tan sencilla, puesto que el país para ese momento tenía un gran déficit de profesionales. En un balance realizado en 1963 se evidenció la precaria situación del país al no contar con suficientes profesionales que atendieran las necesidades del agro. Para cuarenta mil kilómetros cuadrados en cultivos agrícolas y casi trescientos mil en pastos, el país no contaba siquiera con ochocientos agrónomos; para atender a más de quince millones de vacunos y una gran población avícola, porcina, ovina, caballar, no llegaban a cuatrocientos los veterinarios. Cuando en los países más avanzados existían diez profesionales y técnicos por cada mil trabajadores del campo, en Colombia la proporción era de uno por cada diez mil²⁶.

Pero no únicamente Colombia tenía tal inconveniente. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el mismo año, se señaló que los problemas más graves de casi todos los países para poner en marcha la reforma eran dificultades financieras y deficiencias de recursos técnicos, debido a que ambas acciones requerían de grandes inversiones y de un considerable número de especialistas en varios niveles, con gran atención en el sector que correspondía a la preparación de técnicos de nivel medio y sobretodo inferior, grupo de la mayor importancia porque su tarea específica era la de trabajar en contacto directo con el campesinado²⁷.

En el informe Necesidades de personal técnico para un programa de reforma agraria en Colombia, se mencionó el esfuerzo por traer al país personal experto que capacitara a los futuros funcionarios del INCORA, principalmente en las siguientes ramas: fotointerpretación; química y clasificación de suelos; cartografía y reconocimiento; geología; conservación de suelos, drenaje y desalinización; alinderamiento, títulos y avalúos; economía agrícola para la planificación de fincas, hogares y crédito supervisado; cooperativismo y desarrollo de la comunidad. Además, se sugería que dichos expertos ya contasen con experiencia reconocida en procesos similares en países como Italia, Estados Unidos, Costa Rica y Chile, o que estuviesen trabajando en entidades reconocidas internacionalmente como la FAO²⁸.

En ese sentido, se recurrió a una serie de capacitaciones impartidas a los funcionarios que ingresarían a laborar en entidades como el INCORA y la Caja Agraria. Ellos tendrían que defender las bondades de la colonización frente a los campesinos, pero sobre todo reiterarles lo imprescindible que era que ellos permitieran, acataran y adoptaran las orientaciones del INCORA, con las que se podrían lograr cambios no solo en lo concerniente a cómo trabajar la tierra, sino en aspectos culturales, de convivencia y hasta de hábitos personales que mejorarían significativamente su calidad de vida. Dichas capacitaciones estuvieron principalmente a cargo de instituciones nacionales como la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, con el apoyo de entidades externas como la FAO²⁹, el BID, las fundaciones Rockefeller, Ford y Kellogg's, que no solo brindaron su apoyo en la capacitación y formación de técnicos encargados de la ejecución de la reforma, sino que mostraron su beneplácito en la creación del INCORA y del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)³⁰.

Gran parte de esas capacitaciones se desarrollaron entre 1961 y 1965 con diversos objetivos y en diferentes regiones del país, especialmente en las que se tenía previsto implementar proyectos de colonización tomando en cuenta, como elemento favorable, que a la par que se capacitaba a los funcionarios y se iban adelantando los proyectos agrarios. A continuación, se mencionan algunas capacitaciones.

La ESAP fue la entidad a la cual Alberto Lleras Camargo le encargó la misión de programar la realización de la reforma agraria en asuntos de formación y capacitación técnica; en este orden de ideas, la entidad organizó varias capacitaciones. Siendo tal vez una de las primeras previstas para poner en marcha la reforma agraria en Colombia, a mediados de 1961 estructuró un programa para la constitución de equipos de trabajo que se encargaran de brindar las orientaciones necesarias a las familias adjudicatarias de tierras. Los aspirantes deberían ser graduados en recursos naturales, expertos agrícolas, normalistas, o en su defecto con estudios de secundaria finalizados. Los conocimientos que adquirirían durante los dos meses contemplados para su capacitación incluían un conocimiento básico –pero útil– acerca de acción comunal; aspectos sociales, económicos, técnicos y jurídicos de la reforma agraria; estudios comparativos de la misma en diversos países; cooperativismo y mercadeo; trabajo de grupo y relaciones humanas; cívica; descentralización y coordinación administrativa, geográfica y técnica de Colombia, y estructura del municipio y entidades autónomas regionales³¹.

Se esperaba la capacitación de por lo menos 80 personas que cumplieran con los requisitos y decidieran viajar a cada una de las regiones donde se implementarían los proyectos de colonización. El equipo se compondría de dos promotores de acción comunal, dos expertos en planeación de fincas y crédito supervisado, dos expertos en reconocimiento de suelos y alinderamiento, dos mejoradoras de hogar y un coordinador del equipo. Se preveía la conformación de 20 equipos, y cada uno tendría que orientar a por lo menos 300 familias en aspectos como la productividad, el manejo de su crédito y el progreso de sus hogares. El equipo no podría cumplir con funciones de salud y educación³².

Por su parte, el INCORA por conducto de la ESAP impartió un curso de cooperativismo y promoción hacia la reforma agraria en los Llanos Orientales a inicios de marzo de 1963 y bajo la dirección del mismo Camilo Torres Restrepo. Se esperaba la asistencia de 51 delegados de 50 municipios y corregimientos del oriente de Boyacá, Arauca y Casanare, para iniciar estudios durante 15 días en los que el sostenimiento y traslado de los asistentes corrió por cuenta del INCORA. El curso incluía, entre las materias de estudio, un completo análisis de los alcances de la Ley 135, su filosofía, su influencia en el desarrollo agrario y en las técnicas de cultivo, a cargo de siete profesores especializados³³.

Ahora bien, el «IV Curso Internacional sobre aplicación de la Reforma Agraria» se convirtió en uno de los espacios de gran asistencia por parte de profesionales interesados en conocer los aspectos más importantes de la reforma agraria, a partir de la socialización de experiencias de países en los que ya se venía aplicando programas de reestructuración en la tenencia de la tierra. La sede del curso en 1963 fue Colombia, ya se había desarrollado en Costa Rica, Chile y Brasil. Fue patrocinado por la FAO, el INCORA, la ESAP y el BID³⁴, tuvo como objetivo principal ampliar el enfoque de la reforma hacia aspectos sociales con la idea de que los profesionales asistentes comprendieran la psicología del campesino y el papel que podían desempeñar en el progreso de la misma, haciendo énfasis además en la necesidad de constituir organizaciones campesinas bajo la figura de cooperativas y sindicatos, estrategia que fue adoptada por el INCORA y que fue fuertemente desarrollada después de 1968 con la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y las Juntas de Acción Comunal (JAC) en los diferentes frentes de colonización.

Precisamente uno de los mayores esfuerzos fue el programa de organización campesina conformada para orientar lo que sería la ANUC, que consistió en la capacitación de los funcionarios del sector público agropecuario que se convertirían en los promotores de las asociaciones campesinas a nivel local y nacional. Dicha capacitación, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se centró en la divulgación de los objetivos de la organización campesina y se ofreció en diversas regiones del país, con cuatro centros agropecuarios. Se organizó en grupos de trabajo integrados por un abogado, un sociólogo y un comunicador. En su totalidad eran cincuenta cursos en los que se esperaba la participación de alrededor 1034 profesionales y 1862 funcionarios del nivel medio³⁵.

Desde el sistema de educación formal del país fue importante el trabajo mancomunado entre el INCORA y el Ministerio de Educación (MEN), que fue capaz de dimensionar la carencia de profesionales y las necesidades inmediatas del país para poner en marcha los proyectos agrarios. El esfuerzo provino principalmente de regiones en las que se proyectaban colonizaciones y parcelaciones, por lo que se le apostó a la creación de programas de educación superior que respondieran a la demanda de profesionales en áreas específicas como Topografía, Ciencias Agropecuarias, Veterinaria, Sociología, entre otras, y poner el conocimiento científico al servicio de un proyecto colectivo dirigido por primera vez a los sin tierra. Entre la apertura de nuevos programas y el apoyo brindado por el MEN se encontraron: 1) La Universidad del Quindío con la creación de un programa en Topografía³⁶; 2) el otorgamiento de recursos iniciales para la creación del Instituto Técnico Agrícola, adscrito a la Universidad de Nariño; 3) en 1961 la creación de la Facultad de Economía del Hogar en la Universidad de Caldas, como una exigencia externa de la política de la Alianza para el Progreso³⁷ y cuyo objetivo estaría orientado al adiestramiento del personal en lo que respecta a la mejora de las condiciones de vida de la familia campesina; 4) en la misma institución universitaria se creó la especialidad de Zootecnia en la Facultad de Agronomía³⁸; 5) el Instituto Superior de Educación Rural en el municipio de Pamplona, que abrió sus puertas en 1957 con el apoyo técnico de la Unesco ofertando cuatro especializaciones: Agropecuarias, Educación Fundamental, Supervisión Escolar y Cooperativismo, recibiendo en sus inicios a 136 estudiantes becados que posteriormente ingresaron a laborar en entidades como el INCORA y la Caja Agraria³⁹ ; 6) por último, el Ministerio de Agricultura ayudó en la creación de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional por cuanto se consideraba que no se conocía la realidad de las áreas campesinas y, si se quería llevar a cabo una reforma agraria, era «indispensable averiguar sus reacciones, sus prejuicios, sus creencias, su sistemas de trabajo, etc». Fue una de las instituciones más comprometidas con la expansión de los principios metodológicos del desarrollo comunal y a partir de 1963 se encargó de dirigir los cursos de preparación y adiestramiento de los promotores regionales y locales de la División de Acción Comunal y de todos los empleados públicos que participaran en los programas de esta dependencia⁴⁰.

De la misma manera, el BID propuso una metodología de acción para la realización de estudios teóricos. Fue así como se creó el Centro Interamericano de Reforma Agraria (CIRA) en la Ciudad Universitaria de Bogotá en cooperación con la Universidad Nacional de Colombia y el INCORA. Para finales de 1963, había ofrecido diez cursos internacionales y dos nacionales, así como cursos para ejecutivos de la reforma agraria, curas párrocos y directores de cooperativas. Esta nueva entidad concentró la mayor parte de las funciones a capacitaciones y adiestramiento del personal profesional de las instituciones nacionales de reforma agraria, colonización y parcelaciones. De igual manera, hizo un esfuerzo por examinar los casos concretos en cada país, para avanzar no solo en la instrucción, sino adicionalmente en metodologías con enfoques interdisciplinarios⁴¹.

Pese a los grandes esfuerzos formativos, aún era precaria la profesionalización en otras ramas como el Derecho. En 1968 se aseguraba que el INCORA apenas contaba con 20 profesionales que no se sabía si eran abogados, quienes tendrían que acompañar a 200.000 reclamantes de tierras en lo concerniente a los procesos de adjudicaciones y titulaciones; en términos relacionales, sería un profesional por cada 10.000 campesinos⁴², lo cual era insostenible. Muchos analistas concordaron que si no se lograba la finalización de los proyectos en su totalidad era por falta de tiempo y de personal capacitado para su ejecución. Además, la entidad carecía de estudios técnicos sobre suelos, fuentes de agua, vientos, clima, y aprovechamiento de recursos por parte de la población.

No obstante:

Los buenos resultados que trajo esta campaña masiva de capacitación de personal técnico para la reforma se corroboran si se toma en consideración que ésta se prolongó hasta los años setenta, se desarrolló en diferentes regiones del país y también fue adoptada por otras agencias como el Ministerio de Agricultura ⁴³.

El turno para el proceso formativo les correspondía ahora a los nuevos propietarios de tierras.

Figura 1 y 2
Avisos de la ESAP invitando a profesionales a capacitaciones para acceder como funcionarios de INCORA
Fuente: AGN, Fondo Camilo Torres Restrepo, caja 11, carpeta 3, folio 4.

La educación para los campesinos y sus familias, ¿antes o después de darles tierra?

Uno de los indicadores que subsumían al país bajo el indiscriminado calificativo de «subdesarrollado» era el del alto índice de analfabetismo, especialmente entre la población campesina. Por lo que la educación entraba en una de las primeras necesidades, y con ella se esperaba que pudiese contribuir al desarrollo socioeconómico del país y a un cambio en la mentalidad y cultura del campesino, alejándolo del peligro que representaba las ideas comunistas que se contraponían a los principios básicos de democracia y progreso. Para presidentes como el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966):

Solo la educación alumbra con la llama de la sabiduría las tinieblas en que se debate la inmensa masa de los pueblos latinoamericanos, porque solo a través de la educación el hombre tiene conciencia plena de sus derechos y es capaz de saber qué le conviene hacer y qué debe evitar ⁴⁴.

Se refería al papel que debía cumplir la educación en la formación de campesinos y colonos beneficiarios de los proyectos de colonización.

También para organismos internacionales como la OIT y la Unesco, el éxito de los programas de reforma agraria y colonización dependía del mejoramiento integral de los campesinos beneficiarios y sus familias, lo que se lograría no solo con la adjudicación de tierras, sino siendo receptores de una adecuada capacitación técnica y una eficiente formación. El aprovechamiento de las tierras y la apertura de nuevos frentes de trabajo requería que el gobierno diera un viraje a los sistemas de educación agrícola con la conformación de centros de entrenamiento, granjas de experimentación y en general con la formación técnica que requerían los campesinos⁴⁵.

El tema educativo fue bastante debatido y prueba de ello aparece en reflexiones de algunos académicos y congresistas de la época. Tal es el caso de Octavio Arizmendi Posada, representante a la Cámara por el partido conservador (1962-1966), quien planteó que la relación de la reforma agraria con la educación se estaba pensando desde dos tesis contrapuestas: los interesados en que la reforma no se realizara o se desviara de sus fines sociales, sosteniendo que había que educar al campesino antes de darle tierra –la SAC por ejemplo–⁴⁶, lo cual tardaría mucho tiempo; y los que afirmaban que ante todo se debía entregar tierra y luego ocuparse de brindar educación a los nuevos propietarios. Sin embargo, el mismo congresista señaló que

…una cosa es elevar los ingresos de la familia campesina y otra cosa es lograr que esos mayores ingresos se traduzcan en mejores condiciones de vida: mejor salud, nutrición balanceada, viviendas más confortables, eficientes servicios colectivos, mayor escolaridad, etc. Lograr mayores ingresos mediante la entrega de la tierra y la provisión de crédito, por ejemplo, es un cambio socioeconómico: lograr mayor productividad mediante la adopción de nuevas prácticas y obtener que los mayores ingresos se conviertan en mejores niveles de vida es un cambio cultural y no se logra sino por vía de la educación ⁴⁷.

No obstante, tanto detractores como defensores de la reforma, expertos, analistas y comunidad internacional concordaron en que era indispensable enseñarle al campesino las prácticas agrícolas modernas, el funcionamiento administrativo y comercial de las cooperativas, el mecanismo del crédito supervisado, el mejoramiento de su hogar, etc. Para que al cabo de un lapso se despertara, en él y en su comunidad, un movimiento con fuerza propia y ascendente para el mejoramiento del nivel de vida individual y colectivo⁴⁸.

Siendo así, la propuesta más adecuada fue la de llevar el proceso educativo simultáneo a la implementación de los proyectos de reforma agraria⁴⁹, dirigida a los campesinos adultos, que en su mayoría se encontraban en edad productiva (menores de 40 años), fuera de las aulas y llegando a su propio entorno. En esta medida, era elemental realizar un cambio en los métodos tradicionales de capacitación, que para entidades como la OIT resultaban ser demasiado lentos, dado el apremio para solucionar las necesidades latinoamericanas en escenarios rurales. Por tanto, se requería adaptar los sistemas de formación a la cultura e idiosincrasia de las comunidades, de los campesinos, de los indígenas, sus hábitos, y en general a su sincretismo cultural⁵⁰. La OIT consideró conveniente la publicación de manuales para la enseñanza de las actividades agrícolas en su grado elemental y medio, y en el idioma propio de cada país. Adaptó los programas teóricos a las condiciones del agro, dotando de parcelas y equipo técnico a dichos establecimientos para la realización de prácticas de parte de estudiantes que egresarían de instituciones educativas encargadas de impartir una formación relacionada con los programas agrarios, y organizando bibliotecas con literatura sobre reforma agraria y formación profesional⁵¹.

Una parte del proceso de alfabetización vino de parte de los Cuerpos de Paz, impuesto por el gobierno estadounidense a los países latinoamericanos para apoyar los programas de modernización que se adelantaban en el marco de la Alianza para el Progreso. Los jóvenes estadounidenses que viajaron a Latinoamérica trabajaron con instituciones públicas y privadas en el área educativa para formar líderes comunales y formas de organización vecinal siguiendo la experiencia norteamericana en barrios marginales. Se estima que llegaron alrededor de 20.000 jóvenes entre 1961 y 1970, y los países que más voluntarios acogieron fueron Colombia, Brasil, Chile y Perú⁵².

Sin embargo, se pone de manifiesto la importancia de la extensión rural y de la acción comunal como el método más adecuado para lograr los fines educativos:

La extensión es un método informal de educación fundamental de adultos basado en lograr que la gente aprenda haciendo; para ello se propone afianzar el vínculo entre el hombre y la tierra; su táctica es ayudar a la gente a ayudarse a sí misma. Como medios, la extensión agrícola emplea las demostraciones de método y resultado, las fincas piloto, las ayudas audiovisuales, los cursos para líderes, los medios de divulgación, los clubes agrícolas, etc., poniendo su acento en la comunidad local ⁵³.

El método más apropiado, efectivo y recordado aún por varias generaciones de campesinos colombianos, fue el proporcionado por la Acción Cultural Popular (ACPO), fundación de origen católico. Adelantó un ambicioso programa de educación a distancia para adultos campesinos denominado «Educación Fundamental Integral», entendida como:

El mínimo de conocimientos generales que tiene por objeto ayudar a los niños y a los adultos que no disfrutan de las ventajas de una instrucción escolar, a comprender los problemas peculiares del medio en que viven, a formarse una idea exacta de sus derechos y deberes individuales y cívicos y a participar eficientemente en el progreso social y económico de la comunidad a la que pertenecen ⁵⁴.

La Educación Fundamental Integral que propuso la Iglesia se basó en un sistema combinado de medios y en un programa de formación a líderes campesinos⁵⁵, que consistió en brindar una serie de prácticas, ideas y contenidos a los beneficiarios de los cursos para crear pautas de pensamiento, formas de comportamiento y actitudes que contribuyeran a generar competencias y capacidades para la gestión y solución de las necesidades propias del entorno rural⁵⁶. Dicha iniciativa pretendió en gran medida suplir la escasez de maestros en las zonas rurales del país, con contenidos que pudiesen llegar masivamente a los campesinos que les urgía aprender a leer y a escribir. Se complementaba el aprendizaje con aspectos de la matemática básica, el cuidado de la salud, el manejo de la economía, el trabajo y la espiritualidad en seis asignaturas: alfabetización, charlas de hogar, catecismo, cívica, aritmética y cursos campesinos.

Para la Iglesia era incompleto el proyecto de reforma agraria del gobierno que solo contemplaba tres aspectos: educación, seguridad y tierras. Exigían que se tuviera en cuenta otras problemáticas que aquejaban a las comunidades campesinas tales como la higiene, la salud, la vivienda, el equilibrio económico entre el sector social y el agropecuario, la configuración sociológica y demográfica, la carencia cultural y técnica⁵⁷. El proyecto educativo abanderado por ellos fue bastante insistente en afirmar que, si bien las leyes y hasta la misma coacción oficial podían ser utilizadas para cambiar la distribución de la propiedad en Colombia, de nada servía si el campesino no ampliaba sus conocimientos y no aprovechaba mejor su tiempo para cultivar y producir más, y si no hacía uso de los créditos para invertir en sus parcelas⁵⁸. El campesino debía estar preparado para las transformaciones agrarias, lo que justificaría que la tierra se le entregara una vez adquiriera los conocimientos suficientes.

El 14 de febrero de 1962, el primer gobierno del Frente Nacional, en cabeza del presidente Alberto Lleras Camargo, ratificó su apoyo decidido a la misión de ACPO:

… si a la soledad del campesino se suma el aislamiento de su ignorancia la situación no es menos dura. La educación fundamental o elemental es indispensable para sostener una mínima capacidad económica. Si no lee, escribe, suma, resta, multiplica y divide; si no sabe manejar sus máquinas sin ayuda ajena, aplicar abonos, comunicarse con quienes ensayan nuevos métodos, entrar en contacto con las fuentes de ayuda y crédito oficial, es forzosamente un ser inferior en la comunidad ⁵⁹.

ACPO se valió principalmente de dos herramientas para la transmisión de contenidos: la radio y la prensa. La primera consistió en la creación de una red de escuelas radiofónicas que impartieron cursos de formación básica campesina por medio de la emisora Radio Sutatenza. El proyecto consistió en entregar radios receptores transistorizados a la mayor cantidad de campesinos posible, que para la fecha de estudio eran aproximadamente 8.086.542 campesinos de los 13.997.650 habitantes del territorio colombiano en total. La misma Caja Agraria ofreció créditos y facilidades de pago a los campesinos para que pudieran adquirirlos «con una cuota inicial de 45 pesos y con plazo hasta de 10 meses para pagar el valor total de este moderno medio de comunicación y educación»⁶⁰. Con las escuelas radiofónicas, se logró en 1960 la constitución de 450 Juntas Veredales lideradas por los sacerdotes de cada vereda, y la alfabetización de miles de campesinos a través de los programas radiales⁶¹.

La segunda herramienta, la prensa, se materializó en el semanario El Campesino, en el que se instruyó sobre cómo mejorar las viviendas y los cultivos en la organización comunitaria para la puesta en marcha de proyectos para construir puentes, alcantarillados, escuelas, huertas, granjas y caminos veredales. Una de las estrategias del periódico fue la invitación a la lectura grupal; es decir, quien supiera leer lo hacía en voz alta para grupos grandes. El Campesino ayudó a movilizar los valores y creencias católicas en un momento en que la Iglesia vio amenazada su hegemonía sobre los sectores rurales por el avance del comunismo en la región⁶². Los alejó de esta ideología y propendió porque el campesinado se convirtiera en el «agente de su propio desarrollo»⁶³.

Otro de los grandes logros del proceso pedagógico de la ACPO fue la formación de líderes campesinos que luego conformaron Juntas de Acción Comunal, objetivo que también hacía parte de la reforma agraria con el propósito de estimular el desarrollo en las regiones más azotadas por la violencia. Se buscaba organizar a los campesinos para que por iniciativa propia gestionaran proyectos educativos, agrícolas, culturales y de ampliación de infraestructura (vías, servicios públicos y vivienda). Con el fin de impulsar masivamente el programa de Acción Comunal, el Ministerio de Educación dispuso alianzas con universidades públicas y privadas para organizar cursos de capacitación en la labor comunal, ayudándose del material radiodifusor, cinematográfico y cartillas otorgadas por la Unesco y la OEA. Igualmente, el ministerio dispuso que a partir de 1960 todos los planes de estudios universitarios debería tener una instrucción básica de desarrollo comunal, al igual que los cursos dictados a empleados públicos, militares y Policía Nacional. Un tiempo después de conformar los primeros comités veredales que le darían paso a la ANUC, en 1969, el Ministerio de Agricultura en cooperación con el Ministerio de Gobierno realizó 52 cursos en 41 lugares diferentes del país, capacitando a más de 500 dirigentes campesinos ⁶⁴.

Desde el sector académico también se llevaron a cabo aportes y debates sobre la puesta en marcha del programa de Acción Comunal. En 1960 los sociólogos Orlando Fals Borda y Camilo Torres Restrepo organizaron en Bogotá el Primer Seminario Interuniversitario de Desarrollo de la Comunidad. Hubo representantes de casi todas las universidad públicas y privadas del país; también asistieron representantes de todos los ministerios, un líder comunal de cada una de las 83 juntas constituidas hasta el momento y delegados de las Naciones Unidas y la OEA. De este seminario, la academia colombiana se comprometió a la preparación de cursos de posgrado y profesionales especializados en la actividad comunal; por ello, se enfocó en la formación universitaria de los licenciados en sociología y asistencia social con énfasis en organización de la comunidad⁶⁵.

Conclusiones

Algunos de los cursos impartidos tuvieron una coordinación interinstitucional. No obstante, la falta de integración de programas fue el mayor problema, pues las acciones aisladas perdían su efecto por falta de continuidad y complemento. Los cursos eran de corta duración sin una sede fija y se dictaban en centros y veredas diferentes. La formación versaba en torno a que los campesinos colonos y sus familias adquirieran conocimientos básicos en capacitación agropecuaria, mecánica, tractorismo, artesanías, industrias menores, modistería, primeros auxilios, nutrición, etc. En su mayoría tenían apenas una duración de 15 días y una capacidad variable entre 15 y 150 alumnos.

Sin embargo, las necesidades y carencias en materia educativa superaban los esfuerzos institucionales. Las escuelas por lo general apenas contaban hasta tercero de primaria. En algunas regiones eran tan precarias las condiciones que los campesinos tomaban apuntes en trozos de papel y escribían con trozos de carbón⁶⁶. No existió una política educativa específica para la colonización, por lo cual se aplicaron criterios generales sobre contenidos educativos que resultaban extraños e inaplicables para los colonos y sus familias. Esto junto con las condiciones nutricionales y de salud de los niños hizo que, pese a que en muchos casos se cursaron varios años de escuela, no se tradujeran en un aprendizaje real. No se tuvo en cuenta el bagaje cultural que traía consigo los nuevos pobladores, el nivel socioeconómico y educativo, así como la problemática que surgió del cambio de lugar de vivienda, puesto que los pobladores debían hacer un gran esfuerzo de readaptación a un medio diferente.

Respecto a la formación para los hijos de los campesinos, la realidad no fue ajena al panorama anterior. Para 1957, los niños en edad escolar (7-14 años) eran 2.579.405, de los cuales solo el 53 % estaba matriculado en las escuelas primarias; 1.632.742 eran niños que vivían en áreas rurales, y solo el 33,6 % asistía a la escuela. El número de maestros que prestaba su servicio en primaria fue de 35.295, pero para atender a toda la población escolar se requería por lo menos de 30.738 maestros más⁶⁷.

No obstante, el poco conocimiento adquirido por los colonos y campesinos tal vez fue suficiente para lograr su organización, a la par que los forzó a complementar la instrucción con su propia experiencia y con las experiencias de otros sujetos que fueron llegando a los centros de colonización con propuestas más arriesgadas.

Fuentes primarias

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Notas

Notas de autor