1. Introducción

El desarrollo sostenible es una de las referencias principales en el ámbito político y académico en la discusión sobre políticas y proyectos de crecimiento. Aunque es un término que se ha criticado por las brechas conceptuales, cognitivas, sociales y competitivas que presenta, la falta de claridad a la hora de su aplicabilidad operativa y efectiva y la necesidad de atender a la emergencia ambiental actual demandan trascender la discusión sobre su interpretación y reconocer los aspectos relevantes para su estudio y la aplicación de políticas.

En términos de gobernabilidad, hay acuerdo en que el desarrollo sostenible se ha convertido en una meta que pretende ser alcanzada teniendo en cuenta dimensiones sociales, económicas, ecológicas y políticas institucionales. En consecuencia, el desarrollo sostenible debe considerarse, en primer lugar, como un concepto de tipo sistémico, no de tipo sectorial dado que es necesario que las cuatro dimensiones (ecológica, social, económica y político institucional) mejoren en forma sostenible para que se pueda hablar de desarrollo sostenible (Gallopín, 2006). En segundo término, debe comprenderse como concepto plural, ya que no tiene una única definición, sino que está mediada por las propias perspectivas y valoraciones de las personas (Gudynas, 2004).

La Agenda 2030 para el desarrollo se constituye en la guía orientadora de decisión y acción global en todos los ámbitos y niveles de actuación, que expresa en 17 objetivos (ONU, 2015) las principales metas a alcanzar para los próximos años. Los ODS en su formulación contienen las dimensiones del desarrollo sostenible, en el marco de una visión holística del crecimiento económico incluyente y sostenible y tienen un carácter universal innovador. En estas circunstancias, el paradigma del desarrollo sostenible implica una asignación de recursos eficiente, pero también eco para satisfacer necesidades sociales. Por lo tanto, el objetivo es un avance cualitativo donde es preponderante encontrar soluciones a nivel de políticas, donde el crecimiento y el consumo sean sostenibles y se priorice la inmaterialización del estilo de vida (Balaceanu y Apostol, 2014).

Las causas del cambio ambiental global son, en parte, sociales. Las consecuencias afectan la calidad de vida de las personas. Por ello, se hace necesario estudiar en profundidad los complejos procesos de transformación de la sociedad y las intervenciones destinadas a atender al logro de los objetivos del desarrollo sostenible (Hackmann y Moser, 2015). Tal como lo plantea Sachs (2015), las ciencias sociales y las universidades tienen el imperativo ético y operativo de ocuparse más activamente de la solución de los problemas ambientales. Las universidades son los espacios con el nivel crítico y los conocimientos interdisciplinarios necesarios para aportar soluciones de desarrollo sostenible.

En suma, el objetivo de este trabajo es discutir los desafíos de la transición hacia la sostenibilidad abordando al desarrollo sostenible principalmente desde su dimensión político institucional y socioeconómica. Además, se plantean los aspectos centrales para resignificar la política y el rol de las ciencias económicas y sociales en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

2. La transición hacia la sostenibilidad

La actual situación de la actividad humana sobre el planeta y sus recursos requiere un replanteo de la relación sociedad-naturaleza, lo que conduce a pensar una nueva construcción de ésta. En otras palabras, el tránsito a un estilo de desarrollo sostenible implica un cambio del modelo dominante, en particular, en el patrón eco cultural de articulación sociedad-naturaleza. Por ello, se deben vincular los problemas del ambiente con los problemas de desarrollo.

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo generó una serie de principios legales para la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Estos principios componen a la sostenibilidad e incluyen como aspectos centrales la equidad intra e intergeneracional y la preservación y restauración del medio ambiente, en el largo plazo.

Estos principios son de suma importancia al momento de considerar la realidad territorial, y su aplicación puede contribuir a reconstruir el entramado cultural y de valores, encauzar los fines y objetivos de las políticas estatales, vincular a la academia y crear redes de colaboración para la elaboración políticas territoriales, con el objetivo de evitar daños al medio ambiente y los individuos (Ramírez Guevara et al., 2015).

En consecuencia, el desafío del desarrollo sostenible es fundamentalmente un problema político y de ejercicio de poder, lo que incorpora a la agenda el tema de las instituciones político-administrativas, la participación y el proceso político (Breilh et al., 2010). Esto implica la necesidad de resignificar la política y generar nuevas prácticas basadas en la participación directa y el protagonismo de las personas en la búsqueda de alternativas que necesariamente deben surgir de relaciones horizontales. En este sentido, la dimensión política refiere a superar la noción antropocéntrica de la gestión propiciando la participación directa de las personas y las comunidades en la toma de decisiones, tanto para la definición de su futuro colectivo como para la gestión del patrimonio natural.

Las nuevas bases de gobernabilidad requieren de un nuevo paradigma de desarrollo que coloque al ser humano en el centro, donde el crecimiento económico sea un medio y no un fin, para proteger las oportunidades de vida de las generaciones actuales y futuras y respetar la integridad de los sistemas naturales. Por lo anterior, se hace necesario considerar la dimensión de efectividad en términos de competencia, que se define como la tendencia a responder de manera hábil ante exigencias o requerimientos, en este caso de la sostenibilidad. Estos incluyen tanto los retos que el medio físico impone a los individuos, como, por ejemplo, la escasez de recursos, el cambio climático, los daños ambientales, entre otros; así como las exigencias normativas del ámbito internacional, nacional, regional y local, ya sean convenciones, reglas y leyes para la protección del ambiente, normas de solidaridad, políticas públicas, justicia social; y las disposiciones individuales, que pueden entenderse como las actitudes, creencias, percepciones (Corral-Verdugo y de Queiroz Pinheiro, 2004).

En esta perspectiva, se debe tener en cuenta la importancia de incluir nuevos enfoques que demuestren la complejidad de la aplicabilidad del desarrollo sostenible. Para ello se requiere la participación de diferentes disciplinas que enriquezcan el desarrollo de propuestas y generen alternativas que respondan a esa visión sistémica de la sostenibilidad, poniendo énfasis en el estudio de las dimensiones sociales y económicas.

3. Los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Actualmente, la cuestión ambiental está claramente incorporada como problemática en la sociedad y la esfera política, materializada en los planes y programas elaborados por los organismos internacionales y los gobiernos nacionales, y delineada a través de principios generales derivados de las conferencias mundiales. El proceso de construcción de la agenda ambiental internacional desde la década de 1970 derivó en la formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que constituyen el horizonte de acción para 2030. Los cambios significativos que introducen son que, efectivamente, la transición a la sostenibilidad es hoja de ruta principal. Además, incluyen una serie de metas que son indicadores que reflejan la realidad y permiten evaluar el desempeño en todos los aspectos contenidos y su interrelación en los objetivos. Por último, comprometen a todos los países para su logro.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por generar una agenda que articule los problemas ambientales y el desarrollo sostenible, hay sobradas evidencias de que las medidas encaminadas a lograr los Objetivos todavía no han tenido efectividad y no se están desarrollando ni a la velocidad ni a la escala necesaria. De hecho, según el informe anual de los ODS (ONU, 2023) aproximadamente la mitad de estas metas están moderada o gravemente desencaminadas y más del 30% no han avanzado o han involucionado hasta situarse por debajo de la base de referencia de 2015, cuando resta menos de la mitad de la fecha límite establecida para el logro de los objetivos.

En este contexto, es evidente que no es posible seguir actuando inercialmente y esperar un resultado diferente. El desafío de los ODS es generar respuestas sistémicas a una visión global e interrelacionada del desarrollo sostenible que afronta cuestiones tales como la desigualdad social, los patrones de consumo insostenibles, la degradación ambiental y la mejora de las capacidades institucionales basadas en procesos solidarios globales. Aceptar el desafío implica que se diseñen las respuestas estratégicas necesarias, lo que supone la implementación de políticas deliberadas, consistentes a lo largo del tiempo, con la institucionalización necesaria y la complementariedad del conocimiento producido en ámbitos académicos. Por lo tanto, los ejes centrales en este desafío se orientan a territorializar los objetivos de desarrollo sostenible, institucionalizar los valores ambientales e integrar el capital natural y el acervo cultural.

4. Territorializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Territorializar los ODS es el proceso mediante el cual los actores territoriales se apropian de los compromisos globales adoptados en la Agenda 2030. Esto implica la implementación de estrategias y acciones para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos (CEPAL, 2019). A escala local, la territorialización de la sostenibilidad ecológica y económica y el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes dependen de la disposición de recursos, su ocupación y utilización. En términos políticos, el logro de mayores grados de éxito para el desarrollo sostenible implica superar la fragmentación de políticas, a partir de la articulación y la coherencia en las decisiones que posibilite un impacto directo sobre la calidad de vida de las personas y el reconocimiento del territorio.

La poca experiencia en el diseño de planes, programas y proyectos, la existencia de planificaciones sectoriales y la falta de políticas integrales se constituyen en las principales barreras en los procesos de territorialización de la sostenibilidad (Geddes, 2020). El desafío de superar la fragmentación de políticas impone una implementación territorial articulada e intersectorial, donde los discursos, instrumentos e intenciones se materialicen en acciones concretas sobre el espacio. Sumado a esto, no deben implicar omisiones que supongan falencias en la etapa de continuidad, seguimiento y control de las políticas implementadas, o con asignación insuficiente de recursos para poder llevarlas a cabo. El peligro es el que conlleva la política simbólica (Audet, 2014), que se plasma en documentos, pero no conduce a las transformaciones necesarias para mitigar la crisis socioecológica.

Además, se requiere de una matriz relacional que contribuya a superar las fronteras del aislamiento sectorial. De hecho, las demandas sociales asociadas al ambiente no forman parte de las competencias de una sola parte de la estructura orgánica ni son excluyentes de un sector. Los problemas ambientales y del desarrollo fuerzan al sector público a adoptar visiones, métodos de trabajo o formas de intervención que no se ajustan a las divisiones clásicas de la organización estatal y que, en consecuencia, precisan nuevas respuestas organizativas o nuevas formas de trabajo. Esto no significa crear nuevas estructuras burocráticas, sino más bien enfocarse en la integración de la gestión. Por lo cual todas las acciones de gobierno deben diseñarse e implementarse desde una matriz relacional, contemplando, además, las múltiples escalas involucradas en la toma de decisiones.

En definitiva, es indispensable asegurar la coordinación intersectorial e interinstitucional, con objetivos claros, acciones flexibles y transversales entre políticas ambientales, alineando las políticas públicas a la Agenda 2030 y aumentando el compromiso con tales objetivos y la coherencia de las decisiones. En este marco, el desafío para las ciencias implica analizar aquellos aspectos de la organización física y funcional de los territorios vinculados al funcionamiento económico y también reviste un especial interés la distribución de los usos del suelo y la adecuación de tales usos a las características y dinámicas naturales y territoriales. En efecto, la complejidad sistémica supone generar conocimiento respecto de los procesos territoriales que se orientan a la transición socioecológica, comprendiendo las particularidades locales que median en esos procesos y las formas en que las iniciativas globales llegan a los territorios.

Asimismo, resulta necesario que la producción de conocimiento contribuya a prestar apoyo en los procesos de reconocimiento de los problemas sociales teniendo en cuenta los límites ecológicos y contribuir en la medición de la transición hacia la sustentabilidad tanto en la escala local como global. De hecho, las políticas orientadas a fortalecer la sostenibilidad requieren de información que permita visibilizar el estado crítico de los bienes y servicios ambientales y su apropiación para facilitar el seguimiento del proceso de transición en todas las dimensiones de la sostenibilidad.

5. Institucionalizar los valores ambientales

La institucionalización de los valores ambientales se relaciona al conjunto de cambios estructurales y organizativos que se requieren para dar lugar y viabilidad institucional y política a los valores ambientalistas (Utria, 1991). Esta institucionalización supone, por un lado, reforzar la participación social a partir de mecanismos efectivos que superen las barreras para su concreción y generen buenas prácticas ambientales. Por el otro, requieren generar una culturización ambiental promovida mediante la inclusión en la gestión de la promoción de una forma diferente de actuar enfatizando en la responsabilidad social, económica y ecológica de los distintos actores sociales. La participación ciudadana implica replantear en profundidad el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas. En la actualidad, los modelos participativos están ampliamente difundidos y consolidados en la gestión. En efecto, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (CLAD, 2009) lo reconoce como un derecho y una responsabilidad.

No obstante, hay una crisis de legitimidad que afecta a las instituciones de la democracia representativa (Contreras y Montesinos, 2019) como uno de los principales aspectos que inhiben la participación activa de los ciudadanos para convertirse en verdaderos agentes de cambio. Por esta razón, es necesario profundizar en nuevos enfoques colaborativos de planificación y medios para abordar los problemas ambientales y sociales, que consideren las limitaciones de los recursos y la incertidumbre del futuro (Linnenluecke et al., 2017). En este sentido, la democracia representativa debe tender hacia una democracia participativa o directa que no se limite al derecho a votar, y le otorgue más importancia al ciudadano al permitirle intervenir en los asuntos públicos con mayor protagonismo (Estrada Villa y Cerón Gonsalez, 2022).

En lo que se refiere a las causas que dificultan la participación ciudadana, se constata que no existe en forma generalizada una cultura de participación pública y la capacidad de los municipios y de la propia sociedad es limitada para concretar la incorporación de la opinión pública en los procesos de toma de decisiones. Desde esta perspectiva, el proceso político tiene el desafío de activar voluntades de protagonismo tendientes a mejorar su realidad, generar conciencia colectiva crítica y organización social para enfrentar la crisis sistémica.

Por otra parte, la culturización ambiental demanda la implantación de Buenas Prácticas Ambientales. Estas deben ser asumidas desde su comprensión global y desde la promoción social como una herramienta de mejora e impulso de las personas beneficiarias de las actividades. Efectivamente, la utilidad de las Buenas Prácticas radica en su bajo costo y su simplicidad para la puesta en marcha. Esto supone un compromiso duradero con los territorios, ajustándose a las expectativas sociales respecto de los procesos de articulación. Además, se deben generar los mecanismos que permitan un respaldo institucional de los distintos sectores políticos para reducir la tensión entre lo estratégico y lo coyuntural, esto es, trascender los horizontes políticos y dar continuidad en el tiempo. Desde las ciencias sociales, el desafío supone generar información y herramientas para la decisión y la acción, tanto en la fase de diseño y formulación como en la ejecución de las políticas y planes.

El campo científico tiene la exigencia de aportar en términos operativos a los procesos de configuración de las agendas públicas, como un agente transformador de la realidad actual. A esto debe sumarse la capacidad de intervención técnica para hacer frente a las problemáticas comunitarias, con una mirada integradora de la sostenibilidad. Finalmente, debe profundizar en nuevos enfoques colaborativos de planificación y medios para abordar los problemas ambientales y sociales que consideren las limitaciones de los recursos y la incertidumbre del futuro.

En este sentido, se requieren metodologías que no solo faciliten mecanismos de participación, sino que permitan integrar los saberes comunitarios/locales con los saberes científico-técnicos para dar respuestas territorializadas innovadoras que contribuyan a orientar el proceso de transición. Esto implica una producción de conocimiento situado y dialogado, dado que las ciencias no pueden separarse del universo de significados y acciones del mundo que las rodea. En este marco cobran aún más sentido las distintas formas de investigación acción.

Las nociones circulantes acerca de la transición hacia sustentabilidad tienen amplia difusión. Sin embargo, en lo operativo, solo se adoptan aspectos parciales de su marco conceptual y paradigmático. La universidad tiene capacidad para promover y diseñar programas de capacitación para agentes y actores de los municipios y de grupos organizados para mejorar su capacidad de gestión ambiental y promover el compromiso de los distintos sectores en la adopción de los ODS, apostando al mismo tiempo hacia la innovación social y tecnológica para dar lugar no solo a nuevas opciones de formulación de políticas, sino también a nuevas prácticas sociales.

Por último, las actitudes o los comportamientos proambientales hacen referencia a la puesta en práctica de acciones que llevan a conservar y proteger el medioambiente natural. En este sentido, el reto es formar ciudadanos con una cultura ambiental concientizada, debido a que permite generar habilidades para propiciar buenas prácticas ambientales en contextos diversos. De ahí la necesidad de diseñar estrategias para la formación de la cultura ambiental en instituciones de nivel superior, a partir de un aprendizaje significativo.

6. Integrar el capital natural y el acervo cultural

En la actualidad, uno de los principales factores limitantes del desarrollo es la progresiva pérdida de capital natural. Por ende, resulta imprescindible incorporar en los análisis socioeconómicos mecanismos para evaluarlo, así como buscar soluciones que permitan una mayor eficiencia en el uso de los recursos y en el tratamiento dado a los residuos generados. También es imperioso admitir que el capital cultural, tanto tangible como intangible, contribuye activamente a la transición a la sostenibilidad. En consecuencia, la ignorancia u omisión de la propia responsabilidad, como consumidor, profesional y/o ciudadano, tiene relevancia central en esta transición. Esto significa que la satisfacción del bienestar no tiene por qué estar estrechamente vinculada al consumo.

Ante tal situación resulta ineludible avanzar en la investigación, reflexión y debate para establecer modelos de desarrollo más equitativos y cohesionados. Un marco integral de sostenibilidad que incorpore el capital natural y el acervo cultural tiene el potencial de aportar visibilidad a la problemática ambiental y capacidad de gestión ambiental. Este desafío asumido por las ciencias sociales significaría la incorporación de enfoques más holísticos en la relación sociedad-naturaleza.

En la Tabla 1, se sintetizan los principales desafíos de la política y el conocimiento para la transición hacia la sostenibilidad, a partir de los aspectos centrales establecidos para resignificar la política y el rol de las ciencias económicas y sociales en torno a los ODS.

Tabla 1.
Los desafíos para la resignificación de la política y las ciencias
Fuente: elaboración propia.

7. Comentarios finales

El avance en la territorialización de los ODS implica el fortalecimiento de las capacidades locales para formular e implementar políticas públicas que respondan adecuadamente a las necesidades de la sociedad y el territorio, reconociendo sus dificultades y maximizando sus potencialidades (CEPAL, 2019). La forma en que se implementa institucionalmente la cuestión ambiental, desde un actor central como el gubernamental, condiciona la profundización sobre los debates y disputas que producen en los distintos actores los procesos de uso y apropiación de la naturaleza. Por ende, su comprensión es esencial, tanto para una gestión ambiental adecuada, como para propiciar la conciencia ambiental de la ciudadanía. La institucionalidad necesaria para superar de la mejor manera posible la crisis ambiental no debe dejar de lado el largo plazo. En consecuencia, las políticas implican pensar el papel que le cabe a la ciencia, tecnología e innovación.

La relación entre el capital natural y el cultural es fundamental, dado que el natural es la base y el cultural decidirá cómo se utiliza. Por consiguiente, este último nunca es neutral, sino que refleja los diversos valores culturales. La condición necesaria para la transición hacia la sostenibilidad es que las funciones del capital natural (stock y flujos) sean sostenidas por procesos de retroalimentación desde la sociedad.

La formación de nuevas capacidades y la búsqueda de oportunidades a partir de los nuevos paradigmas científicos se relacionan, en gran medida, con las redes institucionales que originan patrones de aprendizaje con capacidad de promover una mayor sostenibilidad ambiental con una mayor inclusión social. Por tanto, asumir esa tarea requiere de perspectivas metodológicas renovadas, que superen la retórica hueca y el debate de ambigüedad deliberada de la sostenibilidad, con el fin de generar una posibilidad auténtica de desarrollo sostenible.

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Notas de autor

marber@mdp.edu.ar

Enlace alternativo

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