1. Introducción

En la Argentina, y en nuestra región en particular, miles de migrantes de origen latinoamericano circulan gestando tramas laborales y familiares que se han consolidado por décadas en los territorios. En el estudio de las trayectorias migratorias, los territorios cobraron relevancia: la movilidad espacial de la población juega un rol importante en tanto considerada un tipo particular de desplazamiento de la población dentro de un fenómeno mucho más abarcativo, denominado movilidad territorial -también “movilidad geográfica”- (Bertoncello, 1995). Asimismo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2014) define migración como el desplazamiento “(…) de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos” (p. 38).

Desde el último cuarto del siglo XX y principios del XXI, algunas tendencias que han caracterizado las migraciones internacionales han cambiado. Por un lado, Europa dejó de ser el continente de emigración, siendo reemplazado por África, América Latina y Asia. Por otro lado, la circulación es actualmente limitada por rígidas medidas de control, tanto para el ingreso como la permanencia en un territorio ajeno. Mundialmente, las migraciones se han caracterizado por ser laborales y reguladas por los Estados; en cambio, en las últimas décadas, se vivencian trayectorias marcadas por la irregularidad (Arango, 2003).

A su vez, en la agenda internacional, la consideración de los derechos humanos de personas migrantes -tal como lo expresa el Convenio Internacional sobre la protección de quienes son migrantes y trabajan, adoptado por la ONU (2005)- consolida las apuestas por pensar a los y las migrantes como sujetos de derecho. Estos colectivos expresan cada vez más visiblemente sus múltiples demandas, que en ocasiones son resueltas a través del Estado, ámbito en el que estas poblaciones quedan en ocasiones excluidas y estigmatizadas (Vaccotti, 2012). Una de las principales causas de expulsión de los y las migrantes se relaciona con la situación de irregularidad, en términos de permisos de residencia. Esto resulta paradójico, ya que muchos países no habilitan vías de regularización pragmáticas para estas poblaciones, que quedan indefectiblemente vulnerables para su devenir laboral, habitacional, de asistencia social, etc.

Ahora bien, desde las movilidades se hilvanan así territorios distantes, se construyen trayectorias personales y familiares y se nutren historias de despojos y precariedad. En nuestro país, en marzo de 2020, el establecimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO, Decreto 297/2020), implicó para estos colectivos quedar inmovilizados, por lo que la consigna del Estado Nacional expresada en el “#Quedateencasa” supuso para algunos y algunas una cuarentena segura, un confinamiento temporal, mientras que para otros y otras se impuso una desarticulación de dichas tramas territoriales, el no acceso a sus ingresos diarios y a beneficios sociales, una presencia de fronteras internacionales infranqueables y una permanencia obligada en el país[1].

Surge así la inquietud en torno a: ¿qué sucedió con los y las migrantes, que se movieron desde su lugar de origen y construyeron trayectorias personales, familiares y laborales desde la circulación, el traslado, la consolidación de redes y la inserción en trabajos que suelen estar marcados por la precariedad y la informalidad?

A partir de este tipo de interrogantes, desde el equipo de trabajo se ha propuesto abonar al análisis de los efectos que el ASPO ha tenido sobre los colectivos migrantes internacionales en nuestro país y en el norte de la Patagonia. De este modo, se pretende aportar a la comprensión de las migraciones como procesos sociales, políticos, culturales, que componen realidades en nuestro territorio. En este sentido, huelga la reflexión acerca del modo en que la crisis derivada de las medidas tomadas por la expansión del COVID-19 reconfiguraron vulnerabilidades y limitaron el acceso universal a derechos.

Las personas migrantes, especialmente provenientes de países latinoamericanos, suelen ser ubicadas en el imaginario social como los sujetos no deseados dentro de un Estado, como colectivos que disputan el acceso a beneficios sociales o que llegan a la Argentina a quitar trabajo (Halpern, 2007; Grimson y Caggiano, 2012), siendo víctimas de situaciones de discriminación que, bajo un estado de excepción, se potencian y, paradójicamente, también se invisibilizan.

En Argentina, la movilidad de migrantes regionales ha aumentado progresivamente a lo largo del siglo XX. Suelen localizarse en zonas urbanas y se insertan en trabajos informales como son la construcción, la industria manufacturera, el comercio, la agricultura, los servicios de cuidado, según su nacionalidad, género y edad. “Estas personas y sus descendientes suelen ubicarse en los escalones más bajos de las jerarquías laborales, configurando mercados de trabajo segmentados étnicamente” (Pizarro et al., 2016, p. 116). Es decir, se asigna a las posiciones más precarias a ciertos trabajadores y trabajadoras, a partir de características supuestamente innatas debido a su nacionalidad, lo que se traduce en una relación desigual entre capital y trabajo a través de la etnicización de las relaciones de producción (Jiménez Zunino, 2011; Pizarro, 2012). De este modo, se observa que la pertenencia étnico-nacional funciona como un marcador de posibilidades y posiciones en la distribución de recursos (García Borrego y Pedreño Cánovas, 2005).

Cabe destacar que estas situaciones de desigualdad estructural se han profundizado en el contexto pandémico. En un reciente trabajo, Benza y Kessler (2021) advierten que quienes hace poco se han convertido en migrantes o están en situación irregular -junto a quienes realizan trabajos autónomos o asalariados informales de ingresos medios- han quedado por fuera de la cobertura de ayudas económicas estatales en el último año, agravándose su condición de precarización.

A partir de estas preocupaciones, el presente trabajo busca reflejar el modo en que los y las migrantes internacionales han transitado el primer período de cuarentena. Se presentan tendencias advertidas desde información cualitativa y datos cuantitativos, que permiten reflexionar acerca de los efectos que las medidas de aislamiento han tenido centralmente sobre las posibilidades laborales de migrantes internacionales.

2. Estrategias metodológicas en contexto pandémico

En el marco de proyectos de investigación financiados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), se destaca la labor interdisciplinaria entre docentes, investigadores e investigadoras, migrantes y miembros de comunidades mapuces[2] de la ciudad de Neuquén y Cipolletti (Río Negro). Las diversas trayectorias profesionales y los recorridos académicos de cada integrante hacen posible una reflexión y análisis crítico en torno a devenires de las personas migrantes y sus avatares en el ejercicio de derechos. Desde dicha inserción, y con un anclaje en redes más amplias y federales, se ha participado de la producción de encuestas y sistematización de datos que ofician de insumos para este artículo.

En primer lugar, entre el 9 y el 26 de abril de 2020, se contribuyó a la difusión de la Encuesta Nacional sobre la “Situación de la población migrante/extranjera en Argentina ante el avance del Coronavirus”, que tuvo una finalidad exploratoria. Consistió en una breve encuesta difundida a través de WhatsApp y redes sociales a lo largo de todo el país.

Se trató de un primer relevamiento originado en la urgencia del imprevisto contexto de ASPO. En un breve período de tiempo, se han obtenido 1.266 respuestas a la encuesta, complementadas con entrevistas acotadas y focalizadas en referentes de colectivos migrantes a lo largo de la Argentina. De este modo, se consolidó como un primer hallazgo del estado de situación de los y las migrantes (que luego se complejizó con un segundo instrumento de recolección de datos). Dicha encuesta se enmarca en el trabajo de articulación realizado por el equipo de investigación como parte de Agenda Migrante 2020[3], espacio de labor colectiva de incidencia a nivel nacional, que se ocupa de la protección y garantía del goce efectivo de los derechos humanos de la población migrante en Argentina.

En segundo lugar, desde mayo 2020, comenzó a diseñarse, de manera colaborativa y colectiva, la Encuesta Nacional Migrante de la Argentina (ENMA), cuyo objetivo consistió en obtener información actualizada sobre la situación de los y las migrantes antes y durante la pandemia. La necesidad de acceder a datos en vistas a la suspensión del Censo 2020 fue un objeto central, dadas las transformaciones de las dinámicas migratorias en la Argentina durante la última década. Por ello, desde dicho formulario fue posible acceder a una vasta información: desde aquella previa a su migración hasta un tiempo presente (incluyendo allí los efectos de la pandemia específicamente).

El diseño de este instrumento revistió una lógica articuladora, impulsada por un equipo de investigadores e investigadoras nucleado en el Eje Migración y Asilo de la Red Institucional Orientada a la Solución de Problemas en Derechos Humanos (RIOSP-DDHH) del CONICET de la Argentina, en vinculación con un conjunto de organizaciones y referentes de la sociedad civil que trabajan en la defensa y la promoción de derechos de la población migrante a lo largo y a lo ancho del país. La encuesta se proyectó con el objeto de obtener respuestas muestrales que representasen las cuotas de colectivos migrantes de todo el país, y se realizó su traducción en creole haitiano, chino y wolof.

La ENMA se difundió durante 45 días -entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2020-, mediante redes sociales, radios comunitarias, medios de comunicación, entre otras vías, lo que supuso una robusta campaña de comunicación y amplificación, a fin de llegar a todas las regiones del país, colectivos nacionales y perfiles sociodemográficos diversos. En total se recabaron 3.114 respuestas válidas de personas mayores de 18 años[4].

Tras ese tiempo, transcurrió la etapa de análisis, que se realizó en grupos de trabajo a partir de 12 bloques temáticos específicos[5]. En este período han participado una multiplicidad de colegas y especialistas provenientes de otros ámbitos académicos.

Como puede verse, ambas encuestas brindan información de relevancia, con un alcance nacional (obtuvo respuestas de diversas regiones del país), en torno a las experiencias migrantes en diversos aspectos de sus vidas. Es importante reconocer que presentan ciertas limitantes respecto de la representatividad estadística, pero que, no obstante, dada su finalidad exploratoria, visibilizan información en torno ciertas urgencias y vivencias que es necesario elevar.

A su vez, estos datos se ven nutridos por las redes de contacto disponibles en la región patagónica, que han permitido mantener intercambios permanentes con migrantes. Desde ellos, se han advertido diversas problemáticas emergentes que devienen centrales en el análisis del presente trabajo.

3. Primeros relevamientos

Los primeros datos que reflejaron un acercamiento a la situación diferencial de los y las migrantes en el contexto del ASPO se recolectaron mediante el contacto de las integrantes del equipo con referentes de colectivos migrantes en la zona. Dichas personas transmitían con preocupación, en el inicio de las medidas de aislamiento, la urgente demanda de alimentos y/o trabajo, espacios para residir ante contratos de alquiler que no pudieron pagarse, además de la necesidad de resolver trámites vencidos y consultar por circuitos de retornos a los lugares de residencia habituales.

Tras algunas semanas de aplicarse las medidas de ASPO -con la visualización de problemáticas que emergían desde los territorios, no solo en Neuquén y Río Negro-, desde el Espacio Agenda Migrante 2020 se diseñó una breve encuesta que se aplicó como formulario de Google y se distribuyó a personas migrantes en todo el país. Esto fue complementado por entrevistas cortas realizadas por WhatsApp, que comprendían preguntas a referentes puntuales vinculados a organizaciones sociales, en las que se solicitaba una descripción de los problemas que se observaban en el territorio y cómo se estaban solucionando.

En un primer reporte de la Encuesta Espacio Agenda Migrante (abril 2020) -denominada “Situación de la población migrante/extranjera en Argentina ante el avance del Coronavirus”- se habían obtenido más de mil respuestas desde las que se advertía la siguiente información:

· Alrededor del 80% de las personas migrantes no accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

· Quienes llegaron al país hace menos de dos años tuvieron mayores dificultades en este contexto de emergencia puesto que disponen de reducidas redes de apoyo.

· El 77% de la muestra participante afirmó no recibir beneficios sociales ni ayudas de ningún tipo.

· Solo el 28% se encontraba trabajando de manera formal antes de iniciarse el aislamiento obligatorio; el resto, trabajaba de manera informal (26,5%), de forma esporádica (28.3%) o no trabajaba (17,2%).

· El 58% de las personas indicó que al iniciarse el aislamiento dejó de percibir un salario o ingreso.

Estos sucintos hallazgos ameritan esbozar algunas tendencias y reflexiones en torno a las condiciones que enfrentan las personas migrantes junto a otros sectores sociales empobrecidos en la Argentina. Los datos de la primera encuesta advirtieron el reducido número de migrantes que han accedido al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) (CELS, 2020; Gil Araujo y Rosas, 2020; Gavazzo y Penchaszadeh, 2020) y las limitadas posibilidades de generar ingresos dada la visible precariedad e informalidad laboral que padecen.

Por otro lado, en estos primeros tiempos de ASPO, las oficinas de migraciones cerraron. Muchas personas no pudieron renovar su documentación de permanencia en el país, además de verse imposibilitadas de regresar a sus lugares de origen. Esto tuvo lugar en un contexto donde regía el -recientemente derogado- Decreto de Necesidad y Urgencia (70/2017) establecido por el expresidente Mauricio Macri, que compelía a esta población a una posición de sospecha y criminalización[6]. Es importante destacar las trabas para la regularización migratoria del gobierno de Cambiemos que, no habiéndose modificado al momento del ASPO, impidieron el acceso a trámites de radicación, así como la obtención del DNI. Esto redundó en una barrera para el acceso a servicios sociales, tal como advertían Benza y Kessler (2021).

Estas vivencias, no nuevas, se vieron empeoradas por el cierre preventivo de las fronteras en el marco del aislamiento para enfrentar la pandemia del COVID-19. Tal medida de control de los Estados supuso un aumento de personas que se encontraban en una situación de migración forzosa internacional al interior de cada territorio. En algunos casos, a las habituales trayectorias de movilidad transfronteriza se les impuso una inmovilidad definitiva.

A su vez, con una perspectiva de triangulación de datos, las entrevistas e intercambios realizados con referentes de colectivos migrantes refuerzan la mirada regional sobre los procesos advertidos desde la encuesta. Una referente de la migración venezolana en Neuquén señalaba en abril de 2020 que el principal problema que presentaban las personas migrantes para optar por beneficios del gobierno (IFE) fue no contar con residencia permanente, y quienes sí la tenían eran rechazadas o no alcanzaban a realizar los trámites. Considerando que la migración venezolana resulta bastante reciente para la zona, muchos y muchas no tienen trabajos fijos y al no poder salir padecieron la falta de dinero para sostener a sus familias. Desde la organización consultada se fueron garantizando la provisión de alimentos, abrigos y otras necesidades, a través de la donación en “mayor porcentaje de la misma colectividad venezolana, las diferentes colectividades presentes en Neuquén, Brasil, Perú, México, Líbano, Chile y conocidos argentinos” (Referente venezolana, 15 de abril de 2020).

En otro orden de urgencias, un referente de la Red de Líderes Migrantes del Norte de la Patagonia señalaba, como un serio problema, los desalojos por alquileres imposibilitados de ser pagados ante falta de ingresos, a lo que se sumaron distintas demandas como comida y documentos vencidos. Para él, los colectivos más perjudicados fueron el colombiano y el venezolano, al ser migraciones recientes sin trabajos estables ni organizaciones consolidadas. En la diversidad de situaciones que requerían respuestas inmediatas, afirmaba que:

(…) el último caso que atendí en Neuquén fue hace 4 días que vinieron a trabajar acá en Vista Alegre y los agarró la cuarentena. No tenían documentos. Ahí articulamos con el MAS de Evo, recurrieron a nosotros, el MAS les consiguió pasajes. En Cipolletti (Río Negro) teníamos uno igual, que vino a la cosecha, a una quinta, y al no poder trabajar se quedó sin nada. A él le conseguimos alojamiento hasta que se termine esto en Cinco Saltos, llamamos a la municipalidad y articulamos ahí con ellos (Referente de la Red de Líderes Migrantes, 18 de abril de 2020).

Esta última situación refleja cómo las medidas ASPO se establecieron en un momento en el que se desarrollaban en la región tareas de cosecha en la fruticultura y en la horticultura, actividades que involucran la contratación de migrantes provenientes del noroeste de la Argentina y de países limítrofes. En este caso, la recolección de frutas se extendió incluso durante el mes de abril, por lo que fue necesario que los organismos estatales establecieran medidas preventivas que obligaran a las empresas a proveer a su personal elementos de seguridad -guantes, barbijos, anteojos de protección- y de higiene -como agua, jabón y toallas de papel descartable para el secado-. También para su traslado durante la cosecha se establecieron requisitos de higiene como la desinfección de los vehículos antes y después de cada viaje, y el respeto de un número adecuado de ocupantes, a fin de garantizarse el distanciamiento mínimo. Sin embargo, rápidamente se difundieron las denuncias por el incumpliendo de dichas condiciones de trabajo en el marco de la declaración de la pandemia (Trpin, Moreno y Ataide, 2020). Según trascendidos de la entidad gremial, se corría el rumor que “(…) quieren subirlos a un colectivo y que queden varados en otra provincia y no hacerse cargo”. El Gobierno Provincial propuso, desde la coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, un retorno escalonado y progresivo, lo cual implicó que las personas trabajadoras permanecieran más tiempo en sus lugares de trabajo, expuestas a condiciones de precariedad y de riesgo sanitario.

Hasta aquí, se han presentado someramente algunas situaciones (de la encuesta y testimonios de referentes) que visibilizan la interseccionalidad entre la condición migrante y de clase en la profundización de las desigualdades sociales (Pedreño Cánovas, 2021). Específicamente se comenta el caso de los efectos de la pandemia para colectivos migrantes que se insertan en el rubro agrícola, así como aquellos provenientes de Venezuela, cuya migración, al ser más reciente, conlleva a una menor red de contención y condiciones de permanencia irregulares y vulnerabilidad.

En relación con la condición migrante, según los datos a nivel nacional, se observa que la imposibilidad de circular se vio agravada por la falta de documentación: “(…) el 29% no cuenta con documentación, está tramitándola o cuenta con una residencia precaria [lo cual] afecta la posibilidad de acceder a otros derechos” (Agenda Migrante, 2020, p. 1). Por otro lado, esta población se encuentra más expuesta a la informalidad laboral, tal como se suele resolver el empleo vinculado a migraciones, así como el propio de cosechas estacionales. También sufre dificultades habitacionales y un escaso acceso a beneficios y derechos sociales. Todo esto se ve demostrado en el estudio ya que de él surge que el 75% de los encuestados trabaja en changas, de manera informal o no trabaja; el 81% tiene que pagar alquiler y un 28% indicó haber tenido problemas con su alquiler desde que se inició el aislamiento; finalmente, el 79% no recibe ninguna ayuda social (Agenda Migrante, 2020).

Asimismo, cabe remarcar que todas estas exclusiones y marginaciones se agudizaron, tal como indicaban las personas referentes, si la migración era reciente, pues a las dificultades para el acceso a la documentación en los primeros años (con sus consecuentes informalidades, precariedad y marginalidades asociadas), se suma la falta de redes familiares y comunitarias de apoyo.

4. Tendencias desde la Primera Encuesta Nacional Migrante (ENMA)

La Encuesta Nacional Migrante de Argentina (ENMA), difundida entre los meses de octubre y noviembre de 2020, permitió reforzar algunos análisis advertidos en la Encuesta “Situación de la población migrante/extranjera en Argentina ante el avance del Coronavirus”. Tal como se señaló anteriormente, la ENMA tuvo un alcance nacional, con un fuerte anclaje territorial, tanto en su elaboración como en su diseño, implementación y análisis. A fin de garantizarse una representatividad de todos los colectivos migrantes que habitan el país, se procedió con un diseño muestral específico y se determinó la cantidad de cuotas a ser cubiertas por cada grupo nacional. El número total de respuestas válidas fue de 3.114. En las provincias de Neuquén y Río Negro, se contestaron 51 y 56 encuestas, respectivamente, lo que supone una cantidad estadísticamente no representativa. Entre otra información, la ENMA refleja algunas tendencias sobre los circuitos laborales[7] en los que se insertan varones y mujeres migrantes en la Argentina y en las provincias de Neuquén y Río Negro, así como el impacto socioeconómico del ASPO.

En primer lugar, las respuestas indicaron que previamente a las medidas de aislamiento, el 29% de esta población (a nivel nacional) se encontraba empleada bajo una relación de dependencia o con salario fijo. Se reconoce una fuerte presencia del autoempleo, ya que un 21% se identificó como independiente (monotributista social o trabajadores de la economía popular).

La situación de vulnerabilidad laboral se encuentra históricamente vinculada a la inestabilidad del empleo, al subempleo o al desempleo que caracteriza a los mercados de trabajo segregados por origen étnico-nacional (Trpin, 2020). Dentro de estas tendencias, se advierten los porcentajes de migrantes que informaron realizar changas o tener trabajos esporádicos (14%), contar con trabajos de temporada o estacionales (4%), encontrarse en situación de desempleo buscando trabajo (6%) o realizando actividades no remuneradas (6%). Es decir, un 30% de quienes respondieron la encuesta a nivel nacional señaló que su situación laboral es inestable o precaria (Figura 1).

Figura 1.
Distribución de la condición de actividad pre-COVID de las personas migrantes
Fuente: ENMA 2020 (Pregunta q_42). Número de respondientes: 2.364.

Por su parte, en la provincia de Neuquén, el 46% de las personas encuestadas se encontraba con trabajo en relación de dependencia o con salario fijo, mientras que en Río Negro se supera la mitad con un 58%. En ambas provincias, la formalización laboral está por encima de las tendencias nacionales de manera visible, y se observa un mejoramiento de las condiciones de trabajo. Por su parte, el autoempleo registró un 10% en ambos territorios (monotributista social o trabajador de la economía popular), siendo, llamativamente, la mitad de las respuestas relevadas a nivel nacional.

Sin embargo, cabe señalar que la inestabilidad en el empleo, subempleo o desempleo agrupa la precariedad de las inserciones laborales de quienes realizan changas o tienen trabajos esporádicos (12%, en Neuquén y 16%, en Río Negro), o quienes cuentan con trabajos de temporada o estacionales (10%, en Neuquén, lo cual supera los datos nacionales), o se encuentran en situación de desempleo, buscando trabajo (12%, en Neuquén y 7%, en Río Negro) o realizando actividades no remuneradas (3%, en ambos casos). Es decir, un 37% del colectivo migrante en Neuquén y un 26% en Río Negro señaló que su situación laboral era inestable o precaria antes de la pandemia (Figura 2).

Figura 2.
Distribución de la condición de actividad pre-COVID de las personas, en Neuquén y Río Negro
Fuente: ENMA 2020 (Pregunta q_42). Número de respondientes: 70.

La ENMA incluyó también una pregunta sobre si la actividad principal de las personas entrevistadas antes de la pandemia se encontraba registrada, tanto en un trabajo en relación de dependencia como en un trabajo independiente. La proporción de personas que respondieron afirmativamente fue de un 49%, mientras que un 42% dijeron no estar registradas (un 9% declararon no saber). En otras palabras, uno o una de cada dos migrantes no goza de derechos básicos como descuentos para seguridad social u obra social.

Entre las provincias de Neuquén y Río Negro, se observa que un 63% se encuentra registrado en su trabajo, mientras que un 37% de migrantes de Río Negro y un 32% de Neuquén no estarían registrados; a esta última cifra, se le agrega un 5% que declara “no saber”, mientras que en Río Negro esta opción no registra respuestas afirmativas (Figura 3).

Figura 3
Registro de la actividad principal pre-COVID
Fuente: ENMA 2020 (Pregunta q_43). Número de respondientes: 68.

El panorama expuesto sobre la situación laboral de la población migrante cambió con la emergencia sanitaria asociada a la pandemia por COVID-19 y las medidas de ASPO, al precarizarse sus condiciones de trabajo o verse impedida de generar ingresos.

Si se considera la distinción entre trabajos esenciales y no esenciales -vigentes desde las medidas de aislamiento obligatorio-, a nivel nacional, se observó la presencia de población migrante en actividades esenciales como son la producción de alimentos frescos, la comercialización de productos, los circuitos de cuidados con la atención de salud y el servicio de limpieza no doméstica, el transporte público y privado y los traslados basados en plataformas (sector terciario). Dichas actividades fueron en parte garantizadas por mujeres y varones migrantes aun con limitaciones en la circulación y la posesión de documentación vencida o en trámite.

La información relevada en la ENMA permitió distinguir a nivel nacional a quienes no vieron interrumpido su trabajo y mantuvieron sus ingresos (que componen casi en un tercio), de un 9% de migrantes que logró mantener sus ingresos aún cuando su trabajo se vio interrumpido. Asimismo, si agrupamos a quienes no tuvieron continuidad en sus ingresos (total o parcialmente), se advierte que el 31% vio interrumpida su fuente de ingresos, el 17% la vio reducida en parte y el 4% fue despedido o bien su negocio o emprendimiento cerró (Figura 4).

Figura 4
Incidencia del ASPO en el ingreso
Fuente: ENMA 2020 (Pregunta q_45). Número de respondientes: 3.114.

Resulta un número contundente que el 53% de las personas migrantes haya perdido parcial o totalmente sus ingresos ante la llegada del COVID (Figura 4). En este grupo se encuentran quienes declararon ocupación en “changas y trabajos informales” (91%), en “trabajos temporarios o estacionales” (85%) y en “trabajos independientes” (57%). Muy de cerca, les siguen quienes poseen “trabajos en cooperativas u organizaciones” (53%). Ahora bien, las personas que se vieron menos afectadas por el ASPO fueron migrantes que trabajaban en “relación de dependencia”, que en un 74% declararon continuidad en sus ingresos, luego quienes realizan “trabajos independientes” (43%) y, por último, quienes lo hacen “en cooperativas” (47%).

La imposibilidad de contar con entradas de dinero se relaciona también con las dificultades para movilizarse hasta los lugares donde habría empleo en actividades que se mantuvieron y con las limitaciones para acceder a permisos de traslado (sea por falta de documentación o de acceso a conectividad). A su vez, las restricciones en la movilidad han generado, tal como se desarrolló, situaciones de inmovilidad (personas varadas), especialmente para quienes realizan trabajos temporarios y estacionales, por ejemplo, en la producción primaria. Esto tiene como implicancia una alta desprotección y la imposibilidad de volver a sus lugares de origen dentro y fuera del país. Asimismo, las medidas de aislamiento social han llevado a la paralización de fuentes de trabajo en actividades de por sí precarizadas, en las que la población migrante se encuentra altamente representada, como son los circuitos de venta callejera, las changas o el trabajo doméstico y de cuidados. Esto agudiza aún más las situaciones de abuso laboral y la posibilidad de obtener ingresos en forma autónoma.

Desde otro punto de vista, al observar esta tendencia en las diferentes regiones de la Argentina, se advierte que en Patagonia se registraron los mayores porcentajes de migrantes que han continuado percibiendo ingresos (Figura 5).

Figura 5.
Incidencia del ASPO sobre los ingresos según región de destino
Fuente: ENMA 2020 (Pregunta q_45 y q_7). Número de respondientes: 1.942.

Dentro de Patagonia, si desagregamos los datos de las dos provincias del norte de la región, Río Negro supera la tendencia general, con un porcentaje de más del 60% de personas migrantes que tuvieron continuidad en los ingresos. Para el caso neuquino, los datos caen a un 45%, siendo en dicha provincia significativo el dato del 55% sin continuidad total o parcial de ingresos económicos de los y las migrantes. Esto puede relacionarse con los datos que reflejan que en la provincia de Río Negro se presentaba un porcentaje comparativamente menor de migrantes con una situación laboral inestable o precaria antes de la pandemia (Figura 6).

Figura 6
Incidencia del ASPO sobre los ingresos en Neuquén y Río Negro
Fuente: ENMA 2020 (Pregunta q_45 y q_7). Número de respondientes: 75.

5. Comentarios finales

A lo largo de este trabajo se han recuperado datos obtenidos desde diversas fuentes (encuesta preliminar exploratoria, relatos de referentes de organizaciones y encuesta de mayor robustez estadística), a fin de visibilizar la situación laboral que atravesaron las personas migrantes en el marco de las políticas de ASPO producto del COVID-19. Es importante enmarcar estas discusiones a partir del sentido que tiene el trabajo, en tanto soporte de inscripción social que brinda protección (Castel, 1997), a la vez que constituye uno de los principales factores de subjetivación (Svampa, 2000).

La información recabada confirma la vulnerabilidad en la que se encontraba el colectivo migrante y que se intensificó a partir de la imposibilidad de transitar. De este modo, se les inmovilizó su condición de movilidad, característica para muchas de estas personas. Sus efectos múltiples implicaron, por ejemplo, el no regreso a sus países de origen, lo que lesionó vínculos familiares, trámites y circulación de documentación, entre otras variables. En este trabajo se refleja, por un lado, el no acceso a las fuentes de trabajo (muchas de ellas de carácter informal) lo que redundó en una carencia de recursos materiales, y, por otro, el no cumplimiento de trámites de documentación (debido al cierre de oficinas y las dificultades en el acceso informático al sistema de tramitación on line).

En continuidad con los análisis aquí presentados, se confirma la necesidad de futuros cruces de datos que den cuenta de los avatares interseccionales que atraviesan las personas migrantes (Anthias, 2006; Magliano, 2018). Es decir, analizar las dimensiones de género, clase y discriminación por origen, que profundizan las desigualdades de estos colectivos en comparación con las personas nativas, lo cual se incrementa si sus migraciones son recientes.

Tal como hemos desarrollado, frente al complejo panorama del 2020, han surgido nuevos relevamientos que permitieron conocer la situación real de este colectivo heterogéneo, sobre todo en un año en el que el censo correspondiente fue pospuesto. En este sentido, una reflexión importante remite al trabajo de investigación realizado: se han puesto en común esfuerzos de trabajo en elaboración, difusión y análisis de datos, entre organizaciones de la sociedad civil y academia. También se ha trabajado de manera mancomunada en el diseño de cada ítem a responder en el formulario, así como en la traducción de los instrumentos y en las tomas de cuestionario. A su vez, la primera publicación de trabajo (Debandi, Nicolao y Penchaszadeh, 2021) presenta un relevamiento nacional con bases de datos libres, junto con los resúmenes ejecutivos y estadísticos correspondientes, promoviendo futuros análisis independientes. Asimismo, se han fortalecido las redes de trabajo interinstitucional y comunitario, lo que permitió complementar abordajes cualitativos y cuantitativos, visibilizando futuras y necesarias triangulaciones de datos[8]. Por otro lado, se han implementado herramientas digitales, desde formularios de Google hasta audios de WhatsApp, que resultaron las únicas opciones para recabar información ante la imposibilidad de realizar trabajo de campo. Este recorrido habilita a reflexionar en torno a la necesidad de actualizar datos y cómo las técnicas a emplear debieron adaptarse a un contexto intempestivo que modificó significativamente las condiciones de vida y de trabajo de las personas.

Finalmente, se ha asistido a un proceso de relevamiento a partir del que, partiendo desde las urgencias de los y las migrantes en territorio, desde y en sus tramas diarias, se han gestado respuestas en las articulaciones con organismos estatales y con organizaciones de base. En los primeros meses de ASPO, los equipos de investigación vinculados a los estudios migratorios que se constituyen en referentes del tema en la región patagónica oficiaron de mediadores en la conexión entre instituciones y demandas de la población migrante, a fin de visibilizar y canalizar demandas concretas que estuvieran aconteciendo. Ello refleja las articulaciones de largo aliento con los colectivos migrantes y los modos en que el anclaje territorial de la investigación y transferencia movilizan afectaciones para pensar las propias implicancias para con los sujetos de trabajo. Esta tarea dio cuenta de un horizonte que moviliza aun cuando el contexto fue de inmovilización.

En este escenario, diferentes colegas a lo largo del país (CELS; Gil Araujo y Rosas; Gavazzo y Penchaszadeh; el colectivo Agenda Migrante 2020) propusieron promover la recuperación de la figura de “habitante” que, ampliando la del “residente” o “ciudadano o ciudadana”, se reconoce en la Constitución Nacional[9] y que elimina estas distinciones para el acceso a derechos básicos. Se trata de una reivindicación, no solo en un contexto de emergencia sanitaria, sino, más aún, de tipo identitario, como sujetos de derechos. Las personas migrantes viven situaciones de precariedad -material y simbólica- que suele ser deshumanizadora (Butler, 2009), por lo que el acceso a derechos no puede ser un privilegio -más aún al ser el modo central por el que se adquiere reconocimiento individual-. La figura de “habitante” constituye, por lo tanto, una herramienta legal y discursiva que debe colocar a estas personas en una posición de sujetos de derecho.

Por ello, este debe ser el horizonte al que apunten las políticas sociales, a fin de abordar de una manera integral la emergencia de la pandemia. No se trata de una situación de excepción, sino de un modo de diseñar políticas verdaderamente hospitalarias, en el marco de la garantía de derechos básicos (Penchaszadeh, 2012).

En este sentido, resulta de absoluta urgencia que las autoridades competentes atiendan a las medidas que se proponen en el informe sobre la encuesta ya mencionada. Como es de saberse, este contexto de emergencia y excepción complejiza la realidad de todas las personas que habitan el territorio nacional, pero las consecuencias que recaen sobre los cuerpos migrantes que históricamente han sido racializados y estigmatizados, ponen en jaque la posibilidad de existencia digna (Curiel, 2014). Por esto, las medidas que se están tomando hoy desde el Gobierno Nacional no responden a esta realidad, ni contemplan a toda la población migrante habitante del territorio nacional.

En el marco de un trabajo como equipo de investigación, este escrito pretende reflejar algunos efectos de las medidas ASPO y advertir sobre la desigualdad que recae sobre los y las migrantes en este contexto, alertando sobre el desafío de propiciar medidas que respondan a la situación real que viven y que conlleven a mitigar la precariedad en la que habitan.

Bibliografía

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Notas

Notas de autor

marianaa.gonzalez@yahoo.com

Enlace alternativo

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