Artículos Libres

Cartografía del paracaidismo en zonas urbanas irregulares y extensión de patrimonio informal, CDMX, México

Mapping of skydiving in irregular urban areas and extension of informal patrimony, CDMX, Mexico

Rivera, Oscar D.

Oscar D. Rivera

oscarriverag@filos.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) México

Geográfica Digital

Universidad Nacional del Nordeste, Argentina

ISSN-e: 1668-5180

Periodicidad: Semestral

vol. 21, núm. 42, Esp., 2024

geogra@hum.unne.edu.ar

Recepción: 18 Agosto 2024

Aprobación: 12 Noviembre 2024

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/615/61550536155053008/

DOI: https://doi.org/10.30972/geo.21427707

Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

ePub generado a partir de XML JATS4R

Resumen: El presente trabajo evidencia la renuencia de población al establecerse en zonas no habilitadas legalmente e inseguras geográficamente en la Ciudad de México, fomentando problemáticas de instauración urbana informal conocida como paracaidismo. El objetivo del análisis es implementar posibles soluciones a dichos asentamientos con base en muestras cartografías que evidencien la ampliación del paracaidismo a futuro, precisando que la ocupación urbana irregular forja confrontaciones entre personal gubernamental con grupos llamados Asambleas de Barrios. Existe una profunda renuencia de paracaidistas a ser reubicados debido a episodios de violencia entre gobierno y Asambleas de Barrios, el presente trabajo evidencia que bajo ninguna circunstancia se pueden habitar lugares donde existe propietario, Áreas Naturales Protegidas, Áreas de Valor Ambiental o zonas de riesgo, áreas elegidas por personas que establecen su patrimonio, lo anterior se menciona con el objetivo de concertar entre Asambleas de Barrios y aparato gubernamental para ejecutar a futuro soluciones urbanas.

Palabras clave: Paracaidismo, Irregularidad, Urbanismo, Confrontaciones.

Abstract: The present work evidences the reluctance of the population to settle in areas that are not legally authorized and geographically insecure within Mexico City, fostering problems of informal urban settlement known as parachuting. Therefore, the objective of the present analysis is to implement possible solutions to these settlements based on cartographic samples that show the expansion of such parachuting in the future, specifying that the irregular urban occupation forges confrontations between government personnel and population groups called Neighborhood Assemblies. Currently there is a deep reluctance of the parachutists to be relocated due to multiple episodes of violence between the government and the Neighborhood Assemblies, pointing out that the present work evidences that under no circumstances can one inhabit places where there is an owner, Natural Protected Areas, Environmental Value Areas or zones of environmental value, Areas of Environmental Value or risk zones, areas that were chosen by people who currently establish their informal patrimony, the above is mentioned with the objective of reaching an agreement between members of the Neighborhood Assemblies and the governmental apparatus with the purpose of executing effective urban solutions in the future.

Keywords: Parachuting, Irregularity, Urbanism, Confrontations, Confrontation.

1. Introducción

El establecimiento en diversas zonas no aptas para la habitabilidad con base en las características geográficas o legales del terreno es algo creciente en diversas partes de la Ciudad de México [CDMX] siendo ésta la zona de estudio del presente artículo (Figura 1). Lo anterior, en gran medida es potencializado debido a la indiferencia gubernamental de las alcaldías, al no interferir en la apropiación de predios o áreas de riesgo que no debieron ser ocupadas o urbanizadas.

Figura 1.
Zona de estudio, CDMX, México

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (2024)

Es importante puntualizar que en diversas colonias existen invasiones urbanas llamadas zonas de paracaidismo conocidas específicamente por ser autoconstrucciones urbanas irregulares que con el paso del tiempo son patrimonio informal de los habitantes, las cuales se establecen en gran medida en las periferias de la CDMX, sin embargo, también esto ocurre en el centro de la urbe sin importar las características geográficas o legales del sitio, aclarando que dicha ocupación la convierten posteriormente en patrimonio irregular al instaurar procesos de autoconstrucción (Ward, 1977; Aranda, 2018).

La expansión urbana por medio de paracaidismo permea cada vez más sitios de la CDMX, instituyendo problemáticas diversas de apoderamiento de lugares que legalmente no corresponden a personas que se encuentran ocupando dichos sitios de manera ilegal, por ello, la intervención del aparato gubernamental instaura en la actualidad diversas formas de expulsiones forzadas violentamente, que conciben enojo y renuencia en la población paracaidista.

La evolución reciente del desarrollo urbano se caracteriza por diversos conflictos. Por un lado, intereses que se reproducen a través del crecimiento urbano desregulado por parte de empresas inmobiliarias, resultando en expulsiones de población que ocupa zonas irregulares; fomentando defensa de los paracaidistas en áreas donde existen dueños particulares, Áreas Naturales Protegidas [ANP] concernientes al gobierno federal o zonas de riesgo ante múltiples amenazas (Garza y Rodríguez 1998).

El aumento desmesurado de crecimiento urbano en diversas zonas actualmente no se encuentra regulado, el trabajo geográfico-urbano no es visible por parte de especialistas en este tipo de temas, propiciando ciertas problemáticas al establecerse población en lugares no aptos debido a que existen propietarios de dichas zonas o inmuebles. Lo anterior, al paracaidismo no le interesa y se implanta de manera recurrente e irregular, para posteriormente ser renuente a abandonar dicho patrimonio ilegal y en ocasiones inseguro geográficamente.

En la actualidad la existencia de asambleas de vecinos como sistemas de interacción emergentes en defensa de sus derechos de vivienda ofrece canales para la participación con entes gubernamentales (Sierra, 2020), sin embargo, la presencia de este tipo de Asambleas de Barrios [AB] conciben un derecho ilegal, lo cual, forja debates y conflictos entre habitantes y actores gubernamentales.

Actualmente la coordinación entre habitantes establecidos en zonas irregulares en cualquiera de las vertientes mencionadas genera defensa permanente de su patrimonio, protegiéndose por medio de violencia física o verbal en caso de ser expulsados.

En la CDMX la existencia de asambleas de vecinos ha fomentado la creación de múltiples grupos de AB, lo cual es ciertamente reconocido por diversos habitantes que ocupan predios irregulares o en riesgo amparándose con dichas asambleas, su operación y objetivo queda evidenciado con el siguiente párrafo:

El terremoto que sacudió a la CDMX el 19 de septiembre de 1985 también dio escasez de vivienda para alquiler, desatando una cadena de problemas donde los más afectados fueron los habitantes más humildes. La parte de la población que era inquilina no fue beneficiada por programas gubernamentales de reconstrucción, en abril de 1987 decidieron formar la AB y Organizaciones Vecinales. Además, se reconocieron a sí mismos como Damnificados Históricos destituidos de sus derechos por décadas de corrupción. (Corbin, s.f., parr.1).

Inicialmente la creación de asambleas de vecinos convertidas en AB, fomentaban la organización real y autónoma en parte de varios habitantes, para coexistir de manera segura después de algún suceso catastrófico con base en la construcción de viviendas en próximos años con apoyo gubernamental, sin embargo, con el transcurso del tiempo se fue transgiversando dicho objetivo; observándose actualmente intereses contrapuestos entre dichas organizaciones y entes políticos, dimitiendo a la población más necesitada de poseer un patrimonio seguro.

La organización de las AB surge en 1985 en solidaridad con las personas que habían perdido sus casas durante los sismos que devastaron a la CDMX, sin embargo, después se degeneró en un movimiento que invade y comercia predios según ciertos intereses (Belsasso, 2016), fomentando la réplica invasiva en otras zonas de la CDMX.

En CDMX el paracaidismo es un proceso creciente, por lo anterior, el aumento urbano en zonas de montaña presenta una dinámica que está íntimamente ligada al valor de la propiedad, ocupando dichas laderas personas con niveles socioeconómicos bajos o muy bajos (Escobar, 2001), precisando que el avance de ocupación irregular aumenta de manera apresurada en zonas de riesgo geomorfológico, ante posibles inundaciones, sismos y áreas minadas.

Más de 70 colonias en siete alcaldías de la CDMX se mantienen en peligro latente ante posibles derrumbes por reblandecimientos de la tierra, sismos y fenómenos hidrometeorológicos. La información anterior se encuentra contenida en el Atlas de Riesgos de la capital cuyo objetivo es evitar acontecimientos como la ocurrido el 10 de septiembre en Tlalnepantla, Estado de México [EDOMEX] donde el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite dejó dos decesos y lesionados (Santiago, 2021). Especialistas en protección civil advierten constantemente de los riesgos a los que está expuesta la población que habita dicha capital.

El presente apartado manifiesta la grave problemática del establecimiento de paracaidismo en zonas ilegales, ANP o zonas de riesgo geográfico diverso, puntualizando que cualquiera de las tres vertientes mencionadas, no deberán ser urbanizadas bajo ningún concepto al contener cuestiones de ilegalidad, irregularidad o riesgo.

2. Antecedentes y marco teórico

El presente análisis debe sustentarse con base en especialistas que aborden la problemática en algún porcentaje, el paracaidismo según la cartografía urbana actual de la CDMX debe estudiarse desde la ausencia de oportunidades, negación, segregación y ocupación irregular de la población, por ello, es indispensable conocer investigaciones sobre este tipo de análisis, para instituir objetivamente posibles soluciones a mediano y largo plazo.

El patrón de distribución espacial según la segregación social existente en diversas partes de la CDMX evidencia un indicador de hacinamiento cada vez más alto, incentivado en su mayoría por mínimos acceso a servicios de salud y alto rezago educativo en algunos grupos de habitantes, resultando en la ampliación de nuevos conjuntos irregulares de vivienda social autoconstruida (Montejano et al., 2018).

La distribución cartográfica socioespacial existente en la actualidad con base en los inicios del urbanismo en la CDMX aproximadamente desde el año 1824, no estableció una planificación y expansión urbana adecuada, no eligiendo las características físicas del terreno acordes a la seguridad en la vivienda, por ello, se comenzó a construir un urbanismo desproporcionado en ciertas zonas; fundando con el tiempo segregación en la población según su nivel económico, educativo y cultural.

Existen actualmente organizaciones de la sociedad civil que insisten en la necesidad de definir una política pública de vivienda clara y sin confusiones en materia de desalojos y en cuestiones inquilinarias, especificando que en este momento no se cuenta con una política de vivienda de fácil comprensión para dicha población (Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, 2022).

Episodios de desalojos o expulsiones forzadas van acompañados de un espectro emocional que abarca miedo y alerta en la población, la dignidad, tristeza y dolor con base en la amenaza de perder su vivienda, instauran una defensa agresiva constante de dicha población paracaidista, aunque su vivienda se encuentre dentro de la ilegalidad (Linz y Soto, 2022).

Poblaciones que viven en lugares edificados y autocontruidos poseen un componente de pobreza y marginación alto, los asentamientos informales son contemplados con frecuencia como problemáticos debido a la asociación y alto grado de defensa que establece la población (Lombard, 2015), sin embargo, en ocasiones existen mecanismos de comodidad y confort para no ser sujetos al pago de servicios o impuestos gubernamentales.

El conocimiento de las necesidades inmediatas de personas que ocupan lugares irregulares debe conocerse con seguridad, por ello, la necesidad de instituir medidas de reestructuración urbana en otras zonas, interponiendo en todo momento que no podrán edificar algún patrimonio en áreas que poseen legalmente un propietario (Lombard, 2015), por cuidado ambiental o por existir algún nivel de riesgo geográfico.

Hasta el año 2022 la vivienda informal por autoconstrucción resultó una tipología frecuente que ha ocupado el 32% del total de viviendas en el continente americano. Lo anterior, es una tendencia histórica que representa espacialmente desigualdad social entre ciertas naciones latinas (Vergara et al., 2022).

La ocupación irregular con base en la autoconstrucción va en aumento, la imposición de personas paracaidistas de vivir en zonas irregulares es cada vez más recurrente, por ello, el aparato gubernamental debe de limitar definitivamente la construcción en este tipo de zonas (Vergara et al., 2022), no siendo indiferente a dicha problemática.

El crecimiento urbano en zonas de construcción irregular por aspectos geográficamente riesgosos, obliga a diversas secretarías gubernamentales enfocadas al cuidado ambiental a crear limitaciones de ocupación urbana en zonas no aptas para la vivienda, menos aún en ANP donde actualmente existe paracaidismo (Rivera, 2022).

La incorporación de población en lugares inseguros debido a características geográficas y en ANP es cada vez más recurrente, ello no debe permitirse bajo ningún argumento, sin embargo, no se deberá ejecutar expulsiones de manera violenta por parte de autoridades de las alcaldías referida a personas paracaidistas, mismas que en su mayoría se encuentran organizadas (Rivera, 2022), lo anterior, debido a que saben y conocen que se encuentran habitando predios irregulares.

La denominada ilegalidad, irregularidad e informalidad en sentido urbano de ocupación por personas que no son propietarias de inmuebles, requiere forzosamente ser comprendida a partir de la naturaleza del orden jurídico-estatal vigente (Canestraro, 2013), reincorporando el patrimonio legal a la persona que es poseedora del terreno o propiedad siempre y cuando justifique legalmente ser propietario; es inconcebible que por actos de violencia ejercida por paracaidistas se considere por perdida la propiedad perjudicando al legítimo dueño.

Por lo anterior a continuación se muestra la realidad de las AB y su injerencia en predios de la CDMX, según información de periódicos digitales independientes.

Según un estudio interno del Instituto de Vivienda [INVI] del gobierno capitalino son 23 organizaciones las que con mayor frecuencia invaden inmuebles, por lo que ya han sido reportadas entre las autoridades correspondientes. En la lista negra se encuentran Asamblea de Barrios, Frente Popular Francisco Villa, Consejo Democrático Chinampa de Juárez, Antorcha Campesina, Provivienda Independiente Ticomán, La Hormiga y Comité Urbano Popular Azteca, entre otras. Peor aún: algunas de las asociaciones ya tienen hasta filiales, como es el caso del Frente Popular Francisco Villa, que cuenta con subgrupos: Frente Popular Francisco Villa Independiente y Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, todos ellos dedicados a la invasión de predios, principalmente en la zona oriente de la ciudad, menciona el informe del INVI. Destacan también la asociación Tierra y Libertad, las agrupaciones UPRES y Base Estrella, las cuales trabajan en la Delegación Iztapalapa; la agrupación CUFAS y el grupo Unión de Colonias Populares, que también se dedican a la invasión de terrenos. (Vázquez, 2017, p. 1).

Es importante enfatizar que la información anterior al no ser propia de un periódico reconocido se basa en la simplicidad y eficacia, lo cual, funda hasta cierto punto veracidad en sus datos. El presente apartado constata la grave apropiación de un espacio geográfico urbano de manera ilegal o con algún grado de riesgo natural.

3. Materiales y métodos

La implementación del elemento cartográfico sobre el avance y ocupación en zonas urbanas irregulares según en el análisis territorial con Sistemas de Información Geográfica [SIG], específicamente ArcGIS versión 10.1, estableció un trabajo puntual de la existencia de información sobre zonas en la CDMX donde concurren asentamientos humanos irregulares, determinando que según la búsqueda en instituciones proveedoras de dichos datos, no existe georreferenciación sobre asentamientos en predios invadidos que cuenten con dueño legítimo o en áreas de riesgo,.

Sin embargo, se obtuvo información de asentamientos irregulares en suelos de conservación conocidos como ANP a partir de datos geográficos del portal Infraestructura de Datos Espaciales del CentroGeo [IDEGeo] del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Figura 2). Es importante destacar que a partir de las representaciones cartográficas por medio de SIG puede reproducirse alguna planificación urbana, por lo anterior, los espacios informales deberán ser analizados espacialmente con modelos cartográficos prospectivos (Elinbaum y Massidda, 2020).

Figura 2.
Asentamientos Humanos Irregulares en el Suelo de Conservación CDMX, año 2008

Fuente: Elaboración propia con base en información del IDEGeo (2011)

El análisis cartográfico proyectivo según la prevención de ocupación de zonas irregulares y la coordinación para reubicaciones es potencialmente viable, el trabajo fotointerpretativo según la información geográfica existente; establece un apoyo en las decisiones a la problemática del paracaidismo en cualquier lugar de México.

Complementando la cartografía anterior, se indagó en la búsqueda de Perímetros de Contención Urbana [PCU], los cuales, según la Comisión Nacional de Vivienda [CONAVI] son una herramienta del Gobierno Federal para orientar los subsidios a la vivienda que se encuentren mejor ubicados cercanos al empleo y a los servicios básicos urbanos (Comisión Nacional de Vivienda, 2018).

Por lo anterior, el Centro Nacional de Prevención de Desastres [CENAPRED] muestra en su página electrónica los principales PCU existentes hasta el año 2016 y con base en ello, se observan cartográficamente las áreas que tienen prioridad según la escala que maneja dicho organismo gubernamental (Figura 3).

Figura 3.
Indicadores cartográficos urbanos territoriales de perímetros de contención urbana PCU

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Atlas Nacional de Riesgos (2016)

Para complementar la información y análisis anterior, se obtuvieron datos de la plataforma digital Obra Chueca (Figura 4), la cual, está enfocada en evidenciar arbitrariedades inmobiliarias en la CDMX ejemplificando casos específicos de omisiones entre autoridades y constructoras, las cuales fomentan desorden urbano (Obra Chueca, 2023).

Figura 4.
Cantidad de reportes por diversas arbitrariedades inmobiliarias en la CDMX, año 2023.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Obra Chueca. Años 2008, 2016 y 2023

Es importante precisar que los datos cartográficos analizados de los años 2008, 2016 y 2023, fueron seleccionados con el objetivo de evidenciar que dicha problemática no es especifica de un periodo y que su ocurrencia es cada vez más reciente y diversa, por otra parte, plataforma digital Obra Chueca no genera datos reconocidos por el sector gubernamental, trabajando su propia información con base en la observación empírica para evidenciarlo y sea consultado libremente por la población. La cartografía emitida y existente en dicha página electrónica Obra Chueca es muy debatible, sin embargo, sirve como única referencia entre la población para manifestar ciertas problemáticas y una de ellas, es precisamente el establecimiento de personas en predios irregulares con legítimo dueño, ANP o zonas de riesgo.

4. Resultados

El resultado cartográfico de la figura 1 demuestra que la problemática por asentamientos humanos irregulares se encuentra en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y Milpa Alta, precisamente al sur de la totalidad de la CDMX donde la geomorfología del terreno es demasiado accidentada y establece permanentemente un nivel de riesgo alto, sin embargo al no ser áreas utilizadas o protegidas, fomentan en la población la libre autocontrucción, por ello, la existencia de urbanismo irregular.

La Figura 2 revela la existencia de zonas no consolidadas dentro del urbanismo acontecido en la CDMX, ocurriendo principalmente en las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, lo que repercute en los servicios básicos de viviendas formales que existen en zonas urbanas consolidadas.

La Figura 3 manifiesta que las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Xochimilco e Iztapalapa tienen más de 25 arbitrariedades inmobiliarias a lo largo del año 2023, lo que expone la molestia de la población al evidenciar múltiples irregularidades en ciertas áreas urbanas con crecimiento irregular entre las que destacan: denunciadas ante autoridad administrativa, no denunciada, obra terminada sin sanción, clausurada, denunciada y no verificada, suspensión de actividades, suspendida o clausurada/ siguen trabajando, en juicio, con sentencia pero sin sanciones a responsables, entre otras, información que sirve como apertura de las múltiples problemáticas que ocurren en la CDMX en cuanto a la construcción o asentamientos en zonas irregulares.

El análisis en conjunto de la cartografía anterior revela las principales alcaldías y zonas en las que se deberá instituir de manera pronta limitación de construcción de paracaidismo a futuro son: Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, precisando que la ocupación urbana irregular forja múltiples problemáticas como lo son confrontaciones entre personal gubernamental con grupos poblacionales diversos.

5. Recomendaciones

La generación pronta de cartografía otorgada por el gobierno federal, estatal o municipal, para después replicarla en otros lugares de la república mexicana es urgente, la precisión y conocimiento de polígonos donde existen personas asentadas de manera irregular por motivos de ocupación en ANP, invasión de predios con propietario, en actual litigio o en zonas de riesgo geográfico inminente, es fundamental, lo anterior, será benéfico para conocer cuantitativamente y espacialmente el lugar donde ocurren dichas problemáticas.

La comparación cartográfica puede otorgar elementos georreferenciados obtenidos con SIG, mismos que construyen parámetros de diferenciación urbana y de asentamientos humanos irregulares (Rebord y Stiefkens, 2019), lo cual, podrá instituir mecanismos de reestructuración o nueva estructuración en zonas cercanas a las evaluadas.

Por otro lado, es importante precisar que la cartografía obtenida deberá servir para la comunicación entre autoridades y personas paracaidistas, incentivando reflexión constante de posibles alternativas sobre no seguir ocupando zonas que se encuentren dentro la irregularidad.

Es significativo esclarecer que las expulsiones forzadas por medio de elementos policiacos incitando a la violencia física y verbal, debe ser erradicada y no utilizada bajo ningún precepto, por el contrario, se deberá fomentar comunicación y reflexión con dicha población paracaidista, misma que no puede seguir ocupando zonas irregulares, eliminando cualquier acto de corrupción e interés entre gobierno e inmobiliarias.

Por lo anterior, es importante forjar en la población paracaidista alternativas de ocupación por medio de apoyo del gobierno federal, estatal o municipal, el cual, deberá ser el inicio para que dichas personas también sean responsables y realicen los pagos correspondientes al poseer o comenzar a sufragar algún inmueble en el cuál sean reincorporados.

Se deberá eliminar la aceptación por parte del sector gubernamental de regularizar predios o ceder derechos patrimoniales en zonas que tienen previamente legítimo propietario, recordando que los asentamientos irregulares establecidos desde 1980 son grupos de población de bajo y muy bajo poder adquisitivo, los cuales, viven en constante riesgo aunado a los escasos servicios básicos de vivienda como lo es el agua y drenaje.

No se deberá aceptar bajo ningún argumento regularizar predios en ANP o en zonas de riesgo natural para legitimar la zona, lo anterior, fomenta la multiplicación de la población en dichas áreas; exacerbando la problemática del paracaidismo.

Los desalojos forzosos son cada vez más frecuentes en diversas partes del mundo y más aún en América Latina, aconteciendo en la actualidad el llamado desahucio forzoso, el cual, es sinónimo de expulsión en zonas urbanas.

Los desalojos forzosos en momentos correctamente esclarecidos por medio de las leyes emitidas en cada país deberán ser muy claras para concretar algún desalojo derivado del paracaidismo, sin embargo, siempre con antelación se tendrán que realizar actos de concertación con dicha población paracaidista, con el objetivo de no implantar en ningún momento episodios de violencia física o verbal.

El conflicto permanente entre desalojados y fuerzas de seguridad que desean recuperar espacios ilegales, causa molestia debido a la nula comunicación, la constante disputa y defensa del territorio por parte de paracaidistas fomenta una alta renuencia a ser reubicados del lugar donde se encuentran establecidos, por ello, y recordando que el actor gubernamental tiene algún grado de responsabilidad al ser indiferente a dicha problemática en años pasados; deberán concertar y establecer mesas de diálogo con posibles soluciones antes de ejercer cualquier episodio de violencia.

6. Conclusiones

La insistencia en una política de reubicación específicamente en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, es una parte de la solución a la problemática comprendiendo las variables de riesgo, por ello, la ocupación de ANP o invasión de predios de legítimos propietarios deberá ser evaluado y dictaminado conjuntamente por las instancias que tengan injerencia directa en el tema, por ello la importancia de la existencia en todo momento gestión entre gobernantes, académicos y población paracaidista estableciendo acuerdos de reubicación consensuada y no imposición de expulsiones forzadas.

Es importante aclarar que los actuales encuentros infortunados entre gobierno mexicano y grupos llamados AB deben ser minimizados llegando a desaparecer la disputa constante de predios irregulares independientemente del tema en cuestión y poder replicarse dichas soluciones en otros Estados de la República Mexicana identificando con suma precaución la similitud y diferencia de sus elementos geográficos y políticos, por ello, la posible cartografía que exponga dichos lotes mostrará soluciones de reconfiguración urbana, lo cual, deberá ser concertante según pláticas y mesas de trabajo entre gobierno y grupos de vecinos incorporados en AB; con la premisa de fomentar siempre reflexión y que dichos ciudadanos dejen de habitar zonas irregulares para convertirse en población regularmente instituida con seguridad urbana y con ello, su patrimonio cuente con certeza y tranquilidad permanente.

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