1. Introducción

La expansión del virus COVID-19 y la declaración como pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud [OMS] en este momento tan particular de la historia de la humanidad ha generado, sobre todo en los pueblos originarios, y en especial de América Latina, profundas transformaciones no del todo positivas sino más bien, por el contrario, negativas porque afectaron severamente sus relaciones sociales y cotidianas. Un ejemplo es el de nuestro país. El 20 de marzo de 2020 se implementó en Argentina, a raíz de la pandemia el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio [ASPO], deseando evitar desde luego la expansión del virus COVID-19 (Argentina.gob.ar, 2022). Ello dejó desde luego un impacto profundo ante la situación de pobreza y precariedad social que venía padeciendo este sector de la comunidad desde hace décadas. Entre otras cosas, se agravó su situación económica aún peor que la que venían padeciendo, se acentuó la histórica invisibilización, estigmatización y en ocasiones, la criminalización asociada a su condición sociocultural (Abeledo et al., 2020).

Indudablemente, el ASPO constituyó una medida obligatoria para evitar la expansión del virus, evitando así una multitud de contagios y por consiguiente un aumento de la mortalidad, basta con observar las cifras de otros países donde no se adoptaron las respectivas medidas o se implementaron más tardíamente. Sin embargo, a través de esta acción sanitaria, necesaria y obligatoria, se paralizó el empleo y hubo una abrupta retracción en los ingresos de los integrantes de los pueblos indígenas, que, en gran medida poseen un nivel de informalidad de empleos muy elevado y ocupan las categorías ocupacionales de menor salario, tal es el caso, por ejemplo, de los varones en el rubro de la construcción y las mujeres en el servicio doméstico. Cabe recordar que la rama de ocupación que posee el mayor nivel de informalidad de todas es el empleo rural, donde muchos miembros de las comunidades indígenas desempeñan sus labores.

Por ello han sido claves los recursos dispuestos por el Gobierno Nacional en el otorgamiento de ingresos a personas afectadas severamente por la pandemia como los derivados, por ejemplo, del programa Alimentar, la Asignación Universal por Hijo [AUH], el cobro de pensiones, las tarjetas alimentarias y el reciente Ingreso Familiar de Emergencia [IFE], entre otros. Estos beneficios por parte del Gobierno Nacional han subsanado algunas dificultades de un importante sector de la población indígena, encontrando otros sectores muchas dificultades para obtenerlos, por la falta de documentación y estar lejos de sus hogares.

Nuestro aporte a esta problemática consistirá en realizar un diagnóstico del impacto de la pandemia y el ASPO que tuvieron sobre los pueblos indígenas las medidas implementadas. Para ello, en primer lugar, se identificarán aquellas regiones de presencia indígena en el país y las comunidades que allí habitan. En segundo lugar, nos detendremos en ciertos ejes o problemáticas que son comunes a todos los pueblos y comunidades. Estas problemáticas son históricas, aunque algunas de ellas se agudizaron durante la pandemia y el ASPO.

Según el censo de 2010^[i] la población originaria de la Argentina era de casi un millón de habitantes (955.032 personas), es decir, el 2,4 % de la población desciende o se autoreconoce como indígena en el país (Figura 1). Cabe aclarar que desde que tuvo lugar el primer, y único hasta la fecha, Censo Indígena Nacional de 1965-1968 (Ministerio del Interior, Secretaría de Gobierno, 1968) hasta el año 2010 se pasó de un total estimado de 165.381 indígenas a casi un millón.

A la vez, se reconocieron dieciséis grupos indígenas en la década del sesenta, a más de treinta dos pueblos en el año 2010 (INDEC, 2012). Se estima, no obstante, que para la tercera década del siglo XXI serían más de cuarenta los pueblos originarios de la región. En cuanto a los grupos demográficamente más numerosos de la Argentina se hallan los Mapuches con más de 200.000 personas en el país, los pueblos Toba y Guaraní, con menos de 200.000 y más de 100.000, y los grupos Diaguita, Kolla, Qechua y Wichi que se sitúan entre los 50.000 y 100.000 integrantes (INDEC, 2015). Estos suman el 70 % de la población originaria de la República Argentina, mientras el 30 % restante se atomiza en más de 30 pueblos diseminados en el territorio (Figura 2).

Figura 1.
Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios sobre el total de población en viviendas particulares, según provincia. Total, del país. Año 2010
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, p. 278, INDEC (2012).

Por otra parte, es de destacar que las provincias con mayor proporción de indígenas son Chubut, Neuquén, Jujuy, Río Negro, Salta y Formosa. Sin embargo, es relevante señalar que los datos por provincia de presencia indígena, a veces son mucho menores en relación a los existentes, a los que en verdad se consideran reales (Trinchero, 2010). Ello ocurre por falta de registros o la mala aplicación de los censos o simple y llanamente como consecuencia de prejuicios sumamente extendidos en la población que asume que el “ser indígena” es un obstáculo y una condición negativa. En las ciudades la población indígena es más que la esperada, aproximadamente ocho de cada diez indígenas viven en centros urbanos. Es interesante señalar que, del total de habitantes indígenas censados en el país en el año 2010, el 81,9 % (782.171 personas) residen en zonas urbanas, mientras el 19,1 % restante (171.861) lo hace en espacios rurales.

El aumento de la presencia indígena en las ciudades, como acaba de verse, se explica como causa de procesos migratorios que sucedieron a lo largo de toda la historia argentina, alejando al indio de sus tierras legítimas y en el que se conjugaron las campañas militares, los desplazamientos compulsivos hacia enclaves productivos, la sedentarización en misiones y reducciones estatales y el avance de la frontera agropecuaria sobre sus propios territorios ancestrales.

Figura 2.
Población indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios en viviendas particulares por pueblo indígena. Total del país. Año 2010
Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, p. 28, INDEC (2012).

2. Antecedentes

Un aspecto a considerar cuando se tratan estos temas vinculados en particular a la problemática indígena es reconocer como antecedente que las cosmovisiones y modos de vida de estos pueblos ancestrales no comparten nuestra visión del mundo occidental sujeta a modos de vida totalmente adversos a su legado cultural. En este sentido, la revisión de la literatura permite analizar y reflexionar sobre las principales problemáticas que iremos viendo y que están determinadas por este choque de perspectivas disímiles y contrapuestas. Por ejemplo, debido a su visión del mundo, no es dable esperar que las comunidades indígenas adopten automáticamente el extractivismo que afecta severamente a sus tierras y ponen en grave riesgo a su existencia como pueblo. La noción occidental de desarrollo que en este marco traen consigo las actividades extractivistas estalla cuando se pretende implantar minas, represas o grandes plantaciones en tierras indígenas.

3. Materiales y Métodos

El método de trabajo fue de tipo exploratorio y descriptivo. Se procedió a una búsqueda bibliográfica referida al tema y se consultaron datos de población provenientes del Censo Nacional de Población del año 2010, información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC]. También se trabajó con datos obtenidos del Censo Indígena Nacional de 1968 suministrado por la Secretaría de Gobierno del Ministerio del Interior. No se omitió desde luego la consulta a revistas especializadas sobre el tema, documentos institucionales en páginas web y otras fuentes secundarias. Con esta información recogida, se procedió a su sistematización, procesamiento, análisis y evaluación. Por otra parte, se recurrió al recurso cartográfico para garantizar una correcta integración al conjunto de datos. El uso del material cartográfico, por otra parte, confeccionado en base a las directivas del IGN, permite enriquecer el proceso de aprendizaje de la investigación, al facilitar la incorporación de la espacialidad del tema propuesto. Los cuadros y gráficos permiten, de una manera sencilla y rápida, la comparación de datos en el presente estudio.

4. Área de Estudio

En cuanto a los pueblos originarios en las distintas regiones del país se presentan discrepancias. Comencemos con la Región Metropolitana de Buenos Aires [RMBA]. En dicha región se auto reconocen como descendientes o pertenecientes a pueblos originarios un total de 248.516 personas (Tabla 1). Comprende población indígena residente en la ciudad de Buenos Aires [CABA] y en el Gran Buenos Aires [GBA]. Representa ella el 31 % de los indígenas del país, lo que quiere decir si a nivel nacional ocho de cada diez indígenas argentinos viven en ciudades, tres de ellos lo hacen o en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Los pueblos originarios con mayor representación en la RMBA, son el Guaraní y el Toba, con más de 49.000 personas el primero y más de 39.000 el segundo. Cifras menores o de menor representación demográfica la detentan pueblos como los quechuas, mapuches, diaguitas-calchaquíes y aymaras que tienen poblaciones menores a 30.000 habitantes. Estos grupos tienen presencia en la zona como resultado de la expulsión de sus territorios originarios y las migraciones acaecidas durante la segunda mitad del siglo XX.

Los pueblos originarios distribuidos en las distintas regiones del país ofrecen desigualdades en cuanto a su pertenencia étnica y según residencia, en ámbitos urbanos o rurales. En la región pampeana que está compuesta por el interior de la provincia de Buenos Aires, todo Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa, se reconocen como descendientes o pertenecientes a un pueblo originario 239.317 personas. En la región habitan casi un cuarto de los indígenas del país y, por tanto, es una cifra comparable a la registrada en la región metropolitana (Gran Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires). Este número representa el 1,7 % de la población de la región y es inferior al promedio nacional (2,4 %). En cuanto a su conformación étnica, el pueblo más numeroso en la región es el mapuche con casi 50.000 integrantes, luego le sigue la sumatoria de ‘otros’ pueblos, algo más de 36.000 personas, el pueblo Qom (toba) con algo más de 33.000 integrantes, el guaraní que supera los 22.000 y Diaguita Calchaquí con casi 20.000 personas. Por otra parte, en la Figura 3 se permite visualizar la proporción de población indígena en zonas urbanas y rurales. La región pampeana emerge como zona del país de mayor presencia indígena en las ciudades.

Figura 3.
Población indígena por provincia, según residencia en ámbitos urbanos o rurales y a partir de datos brindados en INDEC (2015)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos otorgados por el INDEC (2015).

En cuanto a la región nordeste, que abarca las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, los pueblos originarios ascienden a casi 91.600 integrantes. Este número representa el 2,5 % de la población de la región, levemente superior al promedio nacional que es del 2,4 %. Se trata de la zona del país con mayor proporción de población indígena rural (46,5 %). El pueblo más numeroso de la región es el Qom, con más de 44.000 personas, seguido del Wichi con algo más de 19.000, el guaraní, con casi 8.000 integrantes, el Pilagá, con algo más de 4.000 y el pueblo Nivacle con alrededor de 1.100 personas.

Los pueblos originarios de la región noroeste, compuesta por las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, suman más de 173.000 habitantes. Este número representa el 3,5 % de la población regional, que es superior al promedio nacional (2,4 %). Sus mayores representantes en la región es el Pueblo Kolla, con más de 46.000 integrantes, seguido del Diaguita-Calchaquí, que supera las 33.000 personas, el Wichi, con más de 20.000 integrantes concentrados principalmente en la provincia de Salta, y guaraní, con más de 18.000 miembros, distribuidos principalmente en Salta y Jujuy. Luego le siguen otros pueblos menores que han logrado su reconocimiento en estos últimos años.

Los pueblos originarios de Cuyo, que comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, cuentan en la actualidad con más de 57.000 habitantes que se autoreconocen descendientes o pertenecientes a un pueblo originario. Este número representa el 2 % de la población regional y es levemente inferior al promedio nacional (2,4%). Los pueblos que poseen mayor representación son el pueblo Huarpe, con más de 26.000 integrantes, seguidos por los mapuches, con 7.800 miembros, los quechuas, con más de 5.200 y los comechingones, con 3.700 personas. Otros pueblos presentes en Cuyo son los Diaguita-Calchaquí, Kolla, guaraní, Toba, Tehuelche, y Pampa.

Por su parte, la región patagónica, compuesta por las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un número superior a 145.000 personas se autoreconocen como descendientes o pertenecientes a un pueblo originario. Este número representa el 6,9 % de la población regional y supera con creces al promedio nacional (2,4 %). La región patagónica se constituye, así como el territorio con mayor proporción de población indígena del país. En cuanto a Chubut, Río Negro y Neuquén concentran el 91 % del total de indígenas de toda la región. Patagonia, por otra parte, es la única región del país, además de Cuyo, que se encuentra hegemonizada básicamente por un pueblo indígena: el mapuche, que asciende al 80 % de los indígenas de la región, reuniendo algo más de 116.000 integrantes. El pueblo Tehuelche también posee una importante representación demográfica, superando los 13.600 integrantes. Luego le siguen otros pueblos originarios cuya presencia en la región es el resultado de numerosas migraciones, en gran medida de trabajadores de emprendimientos similares a las provincias del norte argentino. Se explica así la presencia en el lugar del pueblo quechua, con más de 2.100 integrantes, el grupo Kolla, Qom, guaraní, Diaguita-Calchaquí, Pampa, Aymara, Comechingón y Huarpe.

En cuanto a las cosmovisiones indígenas versus la dualidad humanidad-naturaleza occidental se observan algunas particularidades. Muchas de las conductas de estos pueblos con la naturaleza tienen una manifestación religiosa. Desde esta perspectiva, ni la tierra ni la naturaleza tienen dueño, para estas comunidades no existen los recursos naturales, como objetos de dominación, y de apropiación, todo esto es ajeno a su visión del mundo. Esta concepción holística y simbiótica, compartida por el pueblo indígena es parte de su esfera vital y de su legado cultural. Por ejemplo, algunos pueblos americanos tenían una actitud casi religiosa hacia la naturaleza. En la mayor parte de América, los hombres les rendían culto a muy diversas variantes de la madre Tierra. Algunos creían que ciertos animales o también árboles eran la encarnación de sus antepasados. Esta forma del ver el mundo los llevó seguramente a actitudes más respetuosas hacia los bosques o los animales salvajes que las que hubieran tenido de no ser ésa su religión. Recordemos a los indios norteamericanos que vivían de la caza del bisonte y aprendieron a respetarlo y no dañarlo. Igual hicieron los indios patagónicos con el guanaco.

En cambio, en oposición a ello está la cosmovisión occidental explotadora de una naturaleza ajena a los seres humanos y que busca apropiarse de los recursos naturales para maximizar sus ganancias en los plazos más cortos posibles. Los recursos naturales o materias primas son concebidos como bienes económicos explotables y altamente redituables. Esta posición sostiene que los recursos naturales y la capacidad de absorción de los residuos de la biósfera son prácticamente infinitos, y se valoriza en grado extremo la capacidad de la especie humana de construir un nicho ecológico artificial. Por otra parte, se supone que el desarrollo tecnológico tiene una dimensión intrínsecamente positiva y que la propia tecnología es capaz de corregir los desequilibrios ecológicos creados por la actividad humana. Esta visión del mundo es actualmente predominante en la mayoría de los países del mundo, y en particular en las superpotencias. Como se ve este enfoque está absolutamente en las antípodas del enfoque indigenista y da lugar a muchos conflictos de carácter ambiental.

5. Resultados. Principales problemáticas observadas

El impacto del ASPO tuvo sobre los pueblos indígenas trágicos efectos, en particular sobre aquellas comunidades de zonas rurales. No obstante, se muestran ciertas características comunes tanto en el ámbito rural como urbano de profundas desigualdades socioeconómicas y carencias de infraestructura que afectaron a los diferentes pueblos habitaran donde habitaran. Entre las problemáticas evidenciadas, se advierten carencias en la infraestructura sanitaria, el trato discriminatorio y racista en algunos ámbitos, la escasez y/o precariedad de políticas de salud, la falta de insumos médicos, de unidades de traslado y especialistas de forma permanente, situaciones que se profundizan en contextos rurales. Pero no deberíamos olvidar las situaciones vinculadas con las dinámicas extractivistas en los territorios ocupados por las comunidades, entre las que se pueden enumerar la expansión de la frontera agroindustrial con los consiguientes desmontes, el uso de agrotóxicos o la megaminería que afectaron sus condiciones de vida en general. A continuación, me detendré en cada una de ellas, acudiendo a ejemplos regionales y/o provinciales para describir tal situación (Instituto Interamericano de Derechos Humanos [IIDH], 2018).

En lo que compete a la situación económica y laboral no es para menos, el ASPO resultó catastrófico por la paralización del empleo y una abrupta disminución de los ingresos en vastos sectores del país y, aún peor, para los integrantes de las comunidades indígenas, influyendo radicalmente en sus economías. Se recuerda que la mayoría de sus integrantes no cuentan con un ingreso formal, sino que perciben ingresos informales. En tal sentido y de acuerdo a datos oficiales la informalidad en el país, por ejemplo, en el año 2014 era del 44 % y entre los integrantes de los pueblos indígenas alcanzaba en algunas regiones hasta el 80 o 90 %, es decir, prácticamente la totalidad de los trabajadores (Bertranou y Casanova, 2014). Todo ello, desde luego, con el agravante de la particular inserción de estos grupos en tareas de menor calificación.

Se ilustra el caso, por ejemplo, de las comunidades de la región turística del norte de la Patagonia, provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut que vienen siendo severamente afectadas por los escasos ingresos resultantes de esta actividad económica, como la venta de diferentes productos para el turismo, y la prestación de diversos servicios como la limpieza, la jardinería, mantenimiento, transporte, construcción, etc. Su economía prácticamente se desplomó. Si no fuera por los recursos otorgados por el Gobierno Nacional tales como el ingreso Familiar de Emergencia [IFE] y la Tarjeta Alimentar, que se sumaron a otros existentes, las consecuencias son igualmente devastadores. También han resultado centrales para la ayuda de estos pueblos las redes comunitarias de contención. Se han aumentado los comedores en ciertas comunidades y se ha puesto en marcha una colecta de donaciones para cubrir la necesidad de productos de limpieza, ropa y alimentos.

En cuanto a la situación educativa no han sido tampoco tan alentadoras las medidas para garantizar una educación que contemple las particularidades del período en que se transita. La pandemia y el consecuente Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dejó aisladas a muchas familias indígenas con miembros en edad escolar, niños y adolescentes, por el cierre de establecimientos escolares y sus respectivos comedores. En estos casos sí hubo personal docente y directivos que implementaron diversas estrategias, para garantizar la continuidad escolar, movilizándose a las viviendas de las familias con riesgo de contraer la enfermedad de COVID-19.

También tuvo un activo rol los auxiliares docentes indígenas que distribuyeron materiales didácticos, cuadernillos y otros recursos educacionales. También en muchos casos fueron quienes transmitieron las estrategias de prevención y cuidado frente al COVID-19. Sin embargo, también fueron muchas las dificultades que se presentaron. Dada la falta de dispositivos tecnológicos, como computadoras, tablets, etc., tan necesarios en estas circunstancias, no tuvo el efecto esperado por la falta de conectividad a internet, sobre todo para las comunidades rurales. Por otra parte, los cuadernillos enviados por el Ministerio de Educación de la Nación para distribuir en las escuelas fueron totalmente inoperantes por la dificultad respecto de la conectividad ya que muchas de las actividades que deben realizar los escolares requieren de la implementación de internet. En la provincia del Chaco, por ejemplo, se crearon materiales escolares para las comunidades indígenas rurales, sin embargo, persistió la dificultad del acceso a internet. En el caso de Misiones, pocas comunidades indígenas recibieron los materiales elaborados desde Nación y tampoco hubo distribución de recursos didácticos por parte de la provincia (Aliata, et al., 2020).

Respecto a la situación sanitaria también se ha agravado en el contexto del ASPO. Se exacerbó el trato discriminatorio y racista que se venía caracterizando antes de la pandemia en buena parte de los hospitales y centros de salud urbanos y rurales ante las comunidades indígenas. La falta de insumos médicos, unidades de traslado y especialistas de forma permanente brilló por su ausencia en aquellas zonas más necesitadas y agravadas por el COVID-19. La falta de acceso al agua potable, más urgente que nunca en contexto de pandemia, en cantidad y calidad suficientes fue un factor agravante ya que impidió en su totalidad el saneamiento de los elementos de uso, y la higiene personal, limitando así las condiciones básicas de salubridad necesarias para afrontar la pandemia.

Otro problema estructural son los altos niveles de hacinamiento, higiene y ventilación, que padecen muchas familias indígenas, muy especialmente en las zonas urbanas, que desde luego condicionan las posibilidades de llevar adelante el ASPO. A su vez, sumado a aquello la casi ausencia de la recolección de residuos y desagües cloacales de muchas de las viviendas indígenas fortalece la vulnerabilidad de estas poblaciones. Deberíamos considerar también, en este aspecto, que muchas comunidades indígenas se hallan en regiones del país con contextos epidemiológicos críticos como la tuberculosis, chagas y dengue.

El Chagas se encuentra en aquellas zonas de nuestro territorio donde hay vinchucas, aunque los movimientos migratorios han generado un aumento de infectados en lugares donde no se encuentra el insecto. En cuanto al dengue es motivo actualmente de una atención especial en Argentina debido a varios factores: el cambio climático en particular, el aumento de los viajes y las migraciones, la inadecuada recolección de residuos y la insuficiente provisión de agua potable que obliga a su almacenamiento en recipientes caseros habitualmente descubiertos. La ocurrencia de casos de dengue en Argentina se restringe a los meses de mayor temperatura (noviembre a mayo) y se halla en directa vinculación con la ocurrencia de brotes en países limítrofes (Ministerio de Salud de la Nación [M.S.N], 2019).

Otras de las problemáticas que se viene intensificando se encuentra aquella vinculada con las situaciones de violencia que vienen padeciendo muchos de los integrantes de las comunidades indígenas en nuestro territorio. Las situaciones de racismo y discriminación son particularmente graves, asumiendo en algunos casos una cuota temeraria. Se han registrado, en muchos casos, desde acciones arbitrarias a integrantes de las comunidades hasta graves abusos por parte de funcionarios públicos, instituciones sanitarias y hasta de fuerzas de seguridad. Algunas llegaron a tener incluso repercusiones a nivel nacional como la represión de una familia indígena en la provincia del Chaco y lo ocurrido en la ciudad de Tartagal donde las fuerzas de seguridad provincial realizaron operativos de desalojos sin orden judicial, y reprimiendo a los integrantes de la comunidad.

Otro aspecto a considerar es lo territorial y ambiental. Los pueblos indígenas se asientan en territorios, en algunos casos, avalados o reconocidos por los gobiernos provinciales y/o locales, pero en continuo avasallamiento por parte de emprendimientos privados que no reconocen este derecho de las comunidades. A través de acciones arbitrarias, y/o graves abusos de diversos agentes estatales, como funcionarios de las fuerzas de seguridad las comunidades se enfrentan a desalojos ilegales, violando abiertamente la ley que el propio estado implementó. Todas estas problemáticas de discriminación y maltrato se han agravado en el contexto del ASPO. Desde luego, en muchas regiones del país las comunidades indígenas ya venían siendo afectadas por estas situaciones críticas.

Otra cuestión relevante es la expansión del extractivismo en sus territorios que ya viene afectando bajo diversas formas sus bienes comunes (bosques y aguas, entre otros), tales, por ejemplo, la megaminería a cielo abierto, la deforestación, la actividad petrolera, los desarrollos inmobiliarios y turísticos, la producción agroindustrial con sus consiguientes desmontes y uso masivo de agrotóxicos, solo por citar los más importantes. La deforestación ha sido impactante, la Argentina ha experimentado un triste récord en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del XXI al ser uno de los países del mundo que más ha visto disminuir sus bosques nativos, desde luego, con todas las consecuencias que esto puede tener. Cabe indicar que las actividades de desmonte han tenido continuidad durante toda la pandemia a pesar del aislamiento. En algunos casos dicho desmonte ha sido avalado por gobiernos provinciales y/o locales, lo que implicó un avasallamiento sobre los derechos territoriales y ambientales de las comunidades indígenas. De acuerdo a estudios satelitales llevados a cabo por Greenpeace entre marzo y julio de 2020 se deforestaron más de 29.000 hectáreas de bosques nativos en las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Chaco. Se trata del segundo foco de deforestación más importante de América del Sur después del Amazonas (Greenpeace Argentina, 2021).

La histórica expansión de las actividades extractivas, inconsulta por otra parte, sobre territorios indígenas como la minería metalífera también fue sustancialmente agravada durante la pandemia. Estas actividades requieren de enormes cantidades de agua donde ésta escasea y provocan envenenamientos y contaminación de afluentes y cuencas lo que ha sido en ciertas oportunidades denunciadas por numerosas comunidades indígenas sin respuestas de las autoridades.

La instalación de estos proyectos mineros conduce a graves problemas en el abastecimiento continuo de agua, lo cual impide que numerosas comunidades indígenas desarrollen los protocolos de salud necesarios para su sobrevivencia ante el COVID-19. Por ejemplo, un caso que llamó la atención fue el conflicto en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, protagonizada por la comunidad indígena Atacameños del Altiplano. Dicha comunidad, junto a vecinos de la villa de Antofagasta de la Sierra, venía resistiendo la construcción sin licencia social del acueducto sobre el río Los Patos por parte de una empresa minera. Los agravios y maniobras por parte de la empresa fueron denunciados durante la pandemia por los medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, estas problemáticas mencionadas son históricas y se han agudizado durante el período del ASPO. La falta de control por parte de las autoridades, además, y la directa complicidad con estos proyectos de extractivos han contribuido a agudizarlo.

6. Discusión

Como se ha visto hasta aquí el contexto de pandemia y las medidas propuestas para su contención, en particular el ASPO, ha venido a profundizar las desigualdades e injusticias que padecían estos pueblos. El sometimiento, el trato discriminatorio y racista que sobrellevan estas comunidades desde hace décadas han venido a incrementarse tal cual queda documentado en las páginas precedentes. Con el advenimiento de la pandemia las comunidades indígenas tuvieron que enfrentar nuevas dificultades, como el de cumplir protocolos que no respondían o entraban en contradicción con sus modos de vida y prácticas culturales. La crisis sanitaria agravó los problemas históricos como la falta de agua potable en sus comunidades, el acceso a los servicios de salud, el escaso nivel de educación brindado y las presiones sobre sus tierras y territorios. Por otra parte, en distintas provincias se restringió la circulación de rutas sin haber previsto que de este modo muchas comunidades indígenas quedaban aisladas, sin acceso a bienes básicos, entre ellos la alimentación y los medicamentos. Estos fueron algunos ejemplos de los despojos que vivieron estas comunidades en plena pandemia de Covid-19.

Referencias Bibliográficas

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Notas