Introducción^[1]

Al interrogarnos por los y las jóvenes en las ciudades del mundo y de Latinoamérica en particular, inmediatamente pensamos en los y las estudiantes^[2] copando las calles de Santiago de Chile y las diversas ciudades de Colombia en los años recientes (AAVV, 2019; Somma, et al, 2020; Aranguez Muñoz y Sanhueza, 2021; García Acelas, y Arias Perales, 2021). Asimismo, la participación y, en varios casos, el protagonismo del estudiantado en los alzamientos de masas de las principales ciudades latinoamericanas durante la década de 1960 es un fenómeno muy documentado y estudiado. En México, Brasil, Uruguay, Perú y Argentina se ha observado cómo el alumnado universitario fue parte activa del proceso de radicalización política hacia la izquierda que tuvo lugar a nivel regional y trasnacional durante los llamados global sixties (Millán y Bonavena, 2018; Millán y Califa, 2019a; Luciani, 2019; McAdams y Monta, 2021).

En Argentina en particular, los llamados “azos” se concentraron durante el año 1969 en varias ciudades del país (Fernández, et al., 2013). Córdoba, Rosario, Tucumán, en particular, fueron los epicentros de una masiva y radical movilización obrera-estudiantil contra la dictadura de la autodenominada “Revolución Argentina” (1966-1973) (Millán y Califa, 2019b). Los levantamientos de masas de esa etapa tuvieron como escenario principal de la movilización y los enfrentamientos a ciudades capitales de provincias que habían experimentado procesos de modernización capitalista en los años previos. En cambio, en ciudades como La Plata y Buenos Aires (en ese entonces denominada como Capital Federal) la movilización estudiantil no confluyó masivamente con el movimiento obrero, menos radicalizado que en las provincias ya citadas (Nava, 2012; Califa, 2018; Pis Diez, 2019a).

En todas las ciudades argentinas mencionadas se localizaban universidades nacionales que habían atravesado un importante proceso de masificación de su matrícula estudiantil en los años previos al golpe de Estado de 1966, momento en que las casas de estudios fueron intervenidas por las Fuerzas Armadas (Buchbinder, 2005). En el marco de la Guerra Fría, las universidades eran consideradas “nidos de subversivos” y uno de los orígenes de la “infiltración comunista” en el país (Mendonça, 2017). Ante tales diagnósticos, inicialmente, la dictadura procuró limitar el crecimiento cuantitativo de las instituciones, fijando cupos de ingreso (Califa y Seia, 2017), y el movimiento estudiantil fue perseguido y reprimido (Millán y Califa, 2016), aunque dichos esfuerzos no pudieron contener la creciente movilización estudiantil que encontró su auge durante 1969 (Califa y Millán, 2019b, 2021a, 2021b; Califa, 2018, 2020; Millán, 2017; Vega y Diburzi, 2004, Vega. 2011).

Las movilizaciones estudiantiles durante la dictadura del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983) en Argentina aún permanecen menos exploradas,^[3] a partir de cristalizaciones académicas en el campo de las ciencias sociales sobre la inacción absoluta, la pérdida de trascendencia política de la militancia estudiantil en esa etapa (Brunner, 1985; Vila, 1985; Levy, 1991). Dichas militancias se desarrollaron en otro contexto regional e internacional y tuvieron rasgos diferentes. Como ha caracterizado Collin Barker (2008), desde mediados de la década de 1970, el estudiantado fue parte de un proceso de desmovilización social y de desradicalización política, incluso, de conservadurismo, luego de la derrota de los esfuerzos revolucionarios a nivel global. En América Latina, y el Cono Sur en particular, ese proceso se dio en el marco de dictaduras inspiradas en la Doctrina de la Seguridad Nacional. Las universidades fueron intervenidas, el cuerpo profesoral “depurado” y el movimiento estudiantil reprimido por las Fuerzas Armadas y por fuerzas paramilitares también (Patto Sá Motta, 2015; Salto, 2020). Sin embargo, el estudiantado procuró reorganizar sus estructuras gremiales y políticas tempranamente (García Monge, et al, 2006; González Vaillant, 2019; Müller, 2016).

Más recientemente, el período de la última dictadura empezó a convocar mayor atención académica por parte del campo de estudios sobre los movimientos estudiantiles en Argentina. Así, contamos con trabajos sobre los efectos de la represión; los cambios en la vida estudiantil y los procesos de reorganización estudiantiles, fundamentalmente a partir de 1982, en ciudades como Córdoba (Servetto y Chabrando, 2012; de Flachs, 2015; Requena, 2021; González Valdés, 2022), Buenos Aires (Pedrosa, 2002; Perel, et al., 2006; Arriondo, 2011; Seia, 2019), La Pampa (Monasterolo, 2020); Mar del Plata (Castro, 2017), Santa Fe (Vega, 2022) y Rosario (Grimi, 2021).^[4] A partir de estos estudios de caso, es posible afirmar que, luego de la derrota en la Guerra de Malvinas, el movimiento estudiantil universitario^[5] tenía presencia pública en las calles de las ciudades argentinas con una agenda reivindicativa propia y un posicionamiento anti-dictatorial. Así, nos proponemos poner en diálogo, comparar y reconstruir las interconexiones entre procesos de movilización local. Lo hacemos tomando en consideración el planteo de Luciano Alonso (2018) acerca de la importancia de considerar a diferentes actores colectivos que intervinieron de diversas maneras en un proceso indeterminado de transición democrática que se abría.^[6]

En este artículo, proponemos en una caracterización general y un esbozo comparativo de los procesos de movilización estudiantil relativamente simultáneos que tuvieron lugar en las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Rosario y Buenos Aires, atendiendo al reportorio de acción colectiva desplegado en cada caso. Aquí, analizamos aquellas reivindicaciones comunes y particulares que movilizaron al estudiantado en cada ciudad, el marco de oportunidades políticas en el que lo hicieron, los diversos usos del espacio urbano desplegados, las alianzas que lograron conformar los movimientos estudiantiles y los resultados obtenidos en cada ciudad.^[7] Se trata de un aporte al campo de los estudios del pasado reciente y de los movimientos estudiantiles con el propósito más amplio de construir una mirada más completa y compleja, que a partir de estudios de caso y consulta de fuentes de diversos puntos geográficos nacionales, pueda generar un mapa y poner en diálogo los procesos particulares de reorganización estudiantil de las universidades nacionales argentinas, una vacancia notable para el período seleccionado (Millán y Seia, 2019).^[8]

De este modo, desarrollamos una estrategia de triangulación intrametodológica a partir del análisis documental complementario de diversas fuentes como publicaciones de izquierda (Imagen, Aquí y Ahora, Nueva Generación, Opción, Nueva Juventud, Prensa Obrera), prensa especializada, local y nacional (Perspectiva Universitaria, Clarín, La Capital, La Nación, La Prensa, La Razón, La Voz, Tiempo Argentino), publicaciones estudiantiles (declaraciones, panfletos, boletines) y documentación oficial producida por la propia dictadura (normativa, publicaciones, informes).

La universidad bajo la dictadura en Argentina

En el diagnóstico del “Proceso de Reorganización Nacional” las universidades constituían un “problema” debido a que habían sido “infiltradas por el comunismo”, generando cuadros para la llamada “subversión”.^[9] Para las autoridades educativas y militares, el co-gobierno y la autonomía universitaria habían propiciado la politización estudiantil que luego había llevado a su radicalización hacia la izquierda (Cersósimo, 2018). En su modelo de universidad, los jóvenes debían concurrir exclusivamente a estudiar y formarse profesionalmente a los claustros. Asimismo, sostenían que las estructuras universitarias habían crecido “demasiado”, generando una situación de “sobredimensionamiento” de la matrícula que debía ser revertido ya que era un escenario propicio para la acción revolucionaria (Seia, 2016).

Así, las universidades nacionales fueron intervenidas por las Fuerzas Armadas pocos días después del golpe de estado de 1976. La comunidad universitaria fue objeto del plan sistemático represivo. En la Universidad de Buenos Aires (UBA), 907 estudiantes, ex estudiantes, graduados, docentes, no-docentes y autoridades fueron asesinados o desaparecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.^[10] Por su parte, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) contabilizó 750 detenidos-desaparecidos; la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) localizada en esa ciudad, 200; y, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 201 (Rodríguez, 2015). La denominada “depuración de los claustros” también incluyó cesantías docentes y la quita de la condición de estudiante a quien no se presentara a cursar en las Facultades, vigiladas de forma permanente por las fuerzas policiales. Asimismo, las autoridades interventoras sostuvieron la prohibición de toda actividad política y gremial en los claustros establecida en la ley universitaria 20.654 (1974) y se ilegalizó a prácticamente todas las agrupaciones estudiantiles y los organismos gremiales universitarios (Casola, 2015).

La “limpieza ideológica” de las facultades se articuló con un proceso doble de achicamiento y selección del estudiantado concretado mediante la disminución de los cupos por carrera y la exigencia de exámenes de ingreso, certificados de antecedentes penales y de domicilio actualizados (Rodríguez, 2015). Así, en 1976 la matrícula universitaria de las universidades públicas sumaba 518.000 estudiantes a nivel nacional, en 1981 había caído a 402.000 alumnos (Buchbinder y Marquina, 2008).

El movimiento estudiantil contra la política universitaria de la dictadura

Al momento del golpe de Estado de 1976, el movimiento estudiantil argentino se encontraba fragmentado y debilitado ante los ataques perpetrados por los sectores ultra-conservadores en las facultades y por bandas para-policiales por fuera de las mismas, durante la segunda mitad del tercer gobierno peronista (Califa y Millán, 2016). Dejando atrás los posicionamientos y el accionar radicalizado hacia la izquierda que había sostenido durante la década del sesenta y la primera mitad de los setenta (Califa, 2014; Bonavena, et al, 2018), el movimiento estudiantil moderaba sus demandas y su repertorio de acciones, aspirando a la normalización universitaria como medida pacificadora de la dinámica universitaria (Millán, 2018). Con la intervención universitaria de 1976, la ilegalización casi total de los actores del movimiento estudiantil y el despliegue del “terrorismo de estado” sobre sus militantes, el panorama era desalentador. Sin embargo, la militancia estudiantil fue re-articulándose hasta constituirse hacia el final de la etapa como parte activa de la oposición a la dictadura (Millán y Seia, 2019).

Durante los años de la dictadura, miles de jóvenes quedaron afuera de las universidades. Este escenario generaba críticas entre los diversos sectores políticos y cuestionamientos, angustia e incertidumbre entre el estudiantado. Había acuerdo entre las agrupaciones estudiantiles que militaban clandestinamente en la universidad en que se había avanzado sistemáticamente en la reducción de la matrícula estudiantil, con la finalidad de achicar la injerencia presupuestaria, social y política de las universidades públicas. Los y las militantes estudiantiles junto a las Federaciones universitarias sostenían la falsedad de los argumentos esgrimidos por las autoridades educativas: la escasez presupuestaria no se debía al crecimiento excesivo del estudiantado sino a la política de asfixia financiera del sector educativo. Consideraban que se trataba de un “limitacionismo puro” (Seia, 2019). Las agrupaciones promovían la organización de los y las ingresantes en Comisiones de Aspirantes y que los padres también apoyasen y participasen de las iniciativas a favor del ingreso irrestricto. Sostenían que no había que esperar milagros ni puertas abiertas por parte de las autoridades educativas; postulaban la urgencia de “alzar la voz” para ser escuchados y conquistar el derecho a peticionar y lograr el derecho a estudiar.^[11] Se fue consolidando la organización de los ingresantes en Comisiones que presentaron cartas y petitorios ante las autoridades de las facultades.^[12]

La difusión de un proyecto de nueva ley universitaria generó entre el estudiantado nuevos cuestionamientos a la política universitaria, sustentados en buena medida en la tradición de la Reforma Universitaria de 1918 (Seia, 2019). Cabe señalar que inicialmente estos cuestionamientos al proyecto de ley no convocaron acciones de movilización estudiantil, pero generaron un clima de creciente disconformidad.^[13] Las agrupaciones estudiantiles coincidían en que los estudiantes debían aprovechar la brecha abierta por el debate acerca de la ley para hacer escuchar su voz y exigir por sus derechos.^[14] Pese a los numerosos desacuerdos manifestados a nivel público, el 22 de abril de 1980 se sancionó la nueva legislación universitaria n° 22.207. Las críticas hacia la misma no cesaron hasta el final de la dictadura, esto posibilitó la articulación de un discurso de crítica global a la política universitaria de la dictadura. La ley era considerada la cristalización y la verbalización del modelo universitario de la dictadura. Así, su derogación se convirtió en una de las principales banderas del movimiento estudiantil.

Con la sanción de la ley, la amenaza del arancelamiento se sintió de inmediato entre el estudiantado, y las diversas agrupaciones políticas iniciaron su militancia contra la medida. Desde 1949 el estudiantado no tenía que pagar por cursar (Pis Diez, 2019b), aunque sí por la realización de trámites, la práctica deportiva o el uso de instalaciones y servicios como laboratorios y computadoras. Las agrupaciones denunciaban que el Estado dejaría de hacerse cargo de la totalidad del presupuesto universitario. Esta política, consideraban, estaba orientada por el principio de “subsidiariedad del Estado” que impulsaba el Ministerio de Economía.^[15]

En este marco, en julio de 1980 la reunión de representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA)^[16]aprobó un plan de lucha nacional que incluía la recolección de firmas de respaldo a un petitorio contra el arancel en todas las universidades nacionales. También se planificaba convocar a mesas redondas y asambleas, organizar Comisiones Contra el Arancel, solicitar entrevistas con sectores políticos, sindicales y sociales y la realización de un acto público.^[17]

El regreso estudiantil a las calles (1981)

Durante 1981, en el marco de un proceso de relativa “apertura política” con crecientes expresiones de descontento social, críticas políticas y malestar ante la grave situación económica (Franco, 2018) y a partir del establecimiento del cobro del arancel en las universidades argentinas, se potenciaron los niveles de organización y movilización estudiantil. Una de las medidas impulsadas por la militancia fue el “no pago” del arancel a través de una vía burocrática establecida en la normativa: la exención. Las y los estudiantes podían solicitar ante las autoridades ser condonados del pago del arancel si argumentaban imposibilidades económicas. Las agrupaciones aprovecharon este mecanismo “dentro de la norma” para rechazar el arancelamiento. Otra alternativa que iba en el mismo sentido era pedir las becas estipuladas dentro del mismo sistema de aranceles.^[18] Así, durante 1980 y 1981, las agrupaciones promovieron que el conjunto del estudiantado presentara la documentación en las facultades el mismo día y durante la misma franja horaria.^[19] De este modo, se generaba una concentración estudiantil contra una política dictatorial que formalmente era una fila para completar un trámite administrativo.^[20] En ese marco, también se conformaron Comisiones Contra el Arancel. En octubre de 1980, la Federación Juvenil Comunista contabilizaba 70 Comisiones activas a nivel nacional, entre ellas, 17 en la UNLP, 36 en Buenos Aires.^[21]

En julio de 1981, comenzaron a desarrollarse las primeras asambleas estudiantiles en las Facultades y concentraciones en las calles de Rosario, reuniendo a algunos cientos de personas.^[22] Las mismas eran impulsadas por las Comisiones Pro-Centro, los Centros conformados y las agrupaciones con el objetivo de repudiar públicamente el arancel ante los medios locales de comunicación (diarios y radios). La primera tuvo lugar el día 2 cuando 80 estudiantes se reunieron frente al Diario La Tribuna para manifestar su oposición al arancel que, “echaba por tierra 60 años de gratuidad y conquistas”. En la segunda convocatoria, el 7 de julio, más de 200 jóvenes recorrieron las calles céntricas de Rosario, pasando por la sede de la emisora LT8, y fueron dispersados por la policía. La tercera concentración se realizó días más tarde y reunió a más de 300 estudiantes. Esta vez la convocatoria se inició frente al edificio del Rectorado de la UNR para presentar un petitorio contra el arancel respaldado por 3500 firmas. Ante la presencia policial, los y las estudiantes se dirigieron hacia el Diario La Capital para informar los sucesos de la jornada y sus reclamos. Las agrupaciones de izquierda destacaban que, ante la presión estudiantil, el rector había prorrogado la fecha límite para el pago del arancel del semestre vigente. No obstante, describían que un tercio del alumnado no había pagado, aún ante las amenazas de sanciones y limitaciones en la cursada si no se abonaba.^[23]

En octubre tuvieron lugar movilizaciones en otras ciudades del país. El día 2, “el movimiento estudiantil volvió a conmocionar el centro de la ciudad de Córdoba” cuando 500 estudiantes concentraron frente al Rectorado de la UNC donde realizaron una asamblea convocada por el Centro de Estudiantes de Derecho con el apoyo de la Federación Universitaria local y las demás Comisiones Pro-Centro. Allí también entregaron un petitorio que, entre otros puntos, planteaba la suspensión del pago del arancel, la derogación de la ley universitaria, la eliminación de trabas al ingreso y el aumento del presupuesto. Luego, marcharon hacia la estación de la radio LVDI, atravesando el casco céntrico entonando “ni arancel ni represión, queremos educación”. A su paso, según retrataban las organizaciones de izquierda, la población les manifestaba su simpatía y adhesión.^[24] En la ciudad de La Plata, el día 30, se realizó una pequeña concentración de 50 personas frente al Rectorado de la UNLP convocada por el Centro de Estudiantes de Medicina.^[25]

En Buenos Aires, el 17 de septiembre, 150 estudiantes concentraron en la calle Lavalle del centro porteño ante la convocatoria de las Comisiones Reorganizadoras de Ingeniería, Filosofía y Letras, los Centros de Medicina, Ciencias Exactas y Farmacia, con la adhesión de la FUA y la FUBA. Los cánticos entonados se pronunciaron contra el rector, los cupos de ingreso y el arancel.^[26] En ese marco, la FUBA convocó para el 22 de octubre a la primera movilización callejera en la ciudad capital desde 1976. Los volantes proclamaban “Buenos Aires también pelea”. A diferencia de las Federaciones de las otras ciudades, la concentración no tendría lugar ante el Rectorado de la UBA, sino en las inmediaciones del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. La movilización partió desde Plaza Houssay^[27] con una columna de entre 200 y 300 estudiantes a los que se fueron sumando otros a lo largo del recorrido. El cartel que encabezaba la columna decía: “Queremos democracia en la universidad. No al arancel. Por la participación.”. Entre los cánticos se escuchaban “libertad, libertad… queremos democracia en la universidad”, “los centros de estudiantes, unidos y adelante”, “se va a acabar, se va a acabar el arancel en la universidad”, “Atención, atención, el único camino es la movilización”, “FUA-FUBA, la lucha continúa”. Estos eran acompañados por aplausos de los y las observadores (transeúntes o vecinos de la zona) y por la vigilancia de la Policía Federal.^[28]

Al llegar a las inmediaciones del Ministerio, una delegación intentó entregar a las autoridades el documento y el petitorio firmado por el estudiantado, pero se desató la represión policial. Fueron detenidos varios estudiantes, entre ellos Víctor Vicente y Alejandro Mosquera, miembros de la Comisión Reorganizadora del Centro de Estudiantes de Derecho. Los fotógrafos de los medios gráficos, que registraron estos hechos, también fueron presa de las fuerzas de seguridad.^[29] Luego, se conoció que habían sido detenidos militantes estudiantiles en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ante esta situación, el Centro de Estudiantes de dicha unidad académica organizó una conferencia de prensa para denunciar la represión a la movilización y la detención de sus militantes, solicitando su inmediata liberación. En la misma estuvieron presentes alrededor de 100 estudiantes. Por su parte, las asociaciones de periodistas gráficos denunciaron los agravios recibidos durante la represión a la movilización estudiantil. A partir de esta situación, la violencia perpetrada contra el movimiento estudiantil logró mayor visibilidad, así como también la movilización desarrollada.

La movilización estudiantil no cesa ni deja de crecer (1982-1983)

Durante los primeros meses de 1982, las movilizaciones estudiantiles se concentraron en la cuestión del ingreso. En Rosario, “los universitarios de esta ciudad se lanzaron a las calles para repudiar el sistema de ingreso en solidaridad con los aspirantes” y lograron un importante apoyo de organizaciones políticas, gremiales y patronales locales. Organizados en 7 Comisiones de Ingresantes por Facultad y una a nivel de la UNR, los y las jóvenes realizaron peñas, asambleas y concentraciones frente a los diarios locales. Asimismo, se reunieron con representantes de la Multipartidaria y la Central General del Trabajo (CGT) local. Un amplio arco político (Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Partido Intransigente, Partido Comunista, Partido Socialista Unificado, Movimiento Integración y Desarrollo, Frente de Izquierda Popular), la Asociación Empresaria de Rosario, la Federación Agraria Argentina, el Colegio de Abogados de la provincia de Santa Fe, el Centro de Arquitectos, la Confederación de Trabajadores de la Educación expresaron su respaldo a los y las aspirantes movilizadas por el ingreso a la universidad. El 11 de marzo, 300 estudiantes marcharon por la calle peatonal San Martín del centro rosarino. Según reportaba la revista de la Federación Juvenil Comunista, las y los estudiantes entonaban consignas contra las restricciones al ingreso y el tradicional “estudiantes, unidos y adelante”, rodeados de aplausos de los y las transeúntes.^[30]

La guerra por las Islas Malvinas y del Atlántico Sur (abril-junio 1982) resultó un disparador para la política en la universidad más allá de la posición que cada agrupación adoptó frente a la misma (Polak y Gorbier, 1994). Las Comisiones, los Centros y las agrupaciones utilizaron la coyuntura para legalizar de hecho su existencia y funcionamiento, ampliando el contacto y ganando referencia ante los y las estudiantes. El espacio público universitario volvió a incluir reuniones y debates. En la UBA, en algunas facultades como Ciencias Médicas y Ciencias Económicas, las autoridades prohibieron que las organizaciones estudiantiles colocaran mesas; en otras como en Derecho, Arquitectura y Ciencias Exactas y Naturales, la iniciativa estudiantil fue aceptada. Así, se registraron 3.500 firmas recolectadas en Derecho en solidaridad con los soldados, 800 voluntarios para donar sangre en la mesa de Económicas, y 800 firmas en Ciencias Exactas y Arquitectura para comprar una bandera para las Malvinas.^[31] Además de la recolección de firmas y de donantes de sangre, las diversas agrupaciones, muchas veces de modo conjunto, organizaron otras actividades como comisiones de solidaridad y paz que reunían dinero, ropa, comida, cigarrillos para los soldados,^[32] plenarios, festivales^[33] y actos en facultades como Filosofía con una asistencia de 600 personas, Medicina, Derecho, Ciencias Exactas, y Sociología, entre otras. También, surgían espontáneamente momentos en que se entonaba el himno nacional en los bares, comedores y pasillos. La policía interrumpía muchos de estos eventos y detenía a sus participantes.^[34]

En Rosario, a pesar de la prohibición explícita del rector Humberto Riccomi, miles de estudiantes se sumaron a participar de actos, peñas, asambleas y mesas de solidaridad promovidas por los Centros y Comisiones Reorganizadoras. En La Plata, se contabilizaba que 9500 estudiantes habían participado de actos, peñas, asambleas y otras iniciativas durante mayo. Allí, contaron con el apoyo de las autoridades de la UNLP y algunos sectores como el comunismo promovieron entrevistas con representantes de las FFAA y visitas a los cuarteles.^[35] En la UBA, las conducciones comunistas de los Centros Estudiantiles de Ciencias Exactas, Medicina y Farmacia y Bioquímica también se reunieron con los comandos de las tres armas “(…)para llevar la solidaridad del movimiento estudiantil y solicitarles su participación en un acto del día 6 en la Facultad de Medicina para presentar lo recolectado y entregarlo a las FFAA”.^[36] Se había decidido que, en ese acto, se abriría el local del Centro de Estudiantes que se encontraba clausurado desde la intervención. Estaba previsto que del mismo participaran delegaciones de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) y de las Juventudes Políticas Latinoamericanas.^[37] Finalmente, el acto fue prohibido por el decano que recurrió a las fuerzas policiales para impedirlo. Situaciones similares se repitieron en unidades académicas como Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, Filosofía,^[38] Psicología e Ingeniería de la UBA en donde la policía desalojó las sedes ante intentos de reuniones y asambleas.^[39]

Con el anuncio de la rendición incondicional de Argentina frente a las tropas británicas el 14 de junio de 1982, el proceso de reorganización y movilización estudiantil no se interrumpió, sino que se profundizó. Inició así una nueva etapa para la dictadura, la de la transición institucional signada por una crisis en múltiples niveles y una ascendente movilización que amplió las posibilidades de los grupos opositores (Águila, 2008).

El 4 de septiembre de 1982, en Rosario, se reunieron las Federaciones regionales que confluían en la Junta Representativa de la FUA. Se convocó al estudiantado a bregar por el ingreso irrestricto, sin exámenes ni cupos, también por la gratuidad de la enseñanza universitaria y la derogación de la ley universitaria para la democratización de los claustros. Se definió también la realización de un plan de lucha a nivel nacional.^[40] El mismo consistía en la recolección de firmas en un nuevo petitorio que fue presentado ante el Ministerio de Cultura y Educación en la movilización del 22 de octubre de ese año bajo la consigna “la educación es un derecho, no un privilegio”. En ella se calculó que participaron aproximadamente 2.000 personas.^[41] Días más tarde, en Rosario, se desarrolló una movilización estudiantil hacia el Rectorado de la universidad para solicitar una audiencia con el rector y entregarle un petitorio.^[42] Ante la negativa de las autoridades, el 5 de noviembre se realizó una nueva movilización. Como la solicitud estudiantil volvió a ser rechazada, se optó por cortar y ocupar la calle, bloqueando el acceso al rectorado por unas horas. De esta forma, el movimiento estudiantil se apropiaba transitoriamente del espacio público urbano para hacer notar su presencia y que sus reivindicaciones sean escuchadas.

En La Plata, el 5 de noviembre, 500 estudiantes se movilizaron al rectorado de la casa de estudios local. Allí, la Comisión Reorganizadora de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) entregó un petitorio ante el Secretario General de la universidad. En ese documento se exigía la derogación del arancel, el aumento del presupuesto educativo, la reimplantación del comedor universitario, la legalidad de los Centros y la restitución de sus locales y bienes. Asimismo, se cuestionaba a los concursos docentes. La columna estudiantil recorrió las calles céntricas platenses con pancartas que identificaban a las facultades presentes y el acompañamiento de una delegación de la organización de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo. Luego, las y los estudiantes desconcentraron “en orden”.^[43]

La movilización estudiantil se potenció ante el horizonte cada vez más próximo de una salida democrática. Las agrupaciones aprovecharon el momento de relativa debilidad militar para avanzar con su agenda reivindicativa y comenzar a plantear qué rasgos debía tener “la universidad de la democracia”. En 1983, la FUA también definió un plan de lucha nacional que tuvo una importante repercusión en Rosario, Córdoba, La Plata y Buenos Aires. El nivel de movilización fue importante y tuvo continuidad por varios meses, articulándose con otras demandas estudiantiles hacia los rectorados de cada institución.^[44] En Buenos Aires, el Comité Reorganizador de la FUBA, los Centros de Estudiantes de las facultades, junto con las agrupaciones, los Cuerpos de Delegados, las Comisiones y la Junta Coordinadora de ingresantes de la UBA^[45] se movilizaron en dos ocasiones (10 y 22 de marzo) al Ministerio de Cultura y Educación para presentar sus petitorios a las autoridades exigiendo “ingreso de todos los aspirantes, derogación del sistema cupos y mayor presupuesto”, sin obtener respuesta alguna.^[46]

En Córdoba, el 22 de marzo, alrededor de 1000 estudiantes se concentraron frente al rectorado universitario para protestar por la falta de cupos de ingreso y los aranceles.^[47] En ese momento, 64 aspirantes, que habían aprobado el examen de ingreso a las carreras de Derecho, Medicina y Odontología pero habían quedado afuera del cupo, fueron autorizados a cursar como “oyentes”. A mediados de año, a esos y esas estudiantes no se les permitió rendir los trabajos prácticos, entonces, iniciaron una huelga de hambre frente a la histórica iglesia de la Compañía de Jesús, a pasos del rectorado en pleno casco histórico de la ciudad. En apoyo a dicha lucha, se realizaron asambleas inter-facultades y movilizaciones hacia el rectorado. Allí, se concentraron 12000 personas. Las asociaciones profesionales como el Colegio de Médicos y la Federación Médica local, fueron actores centrales para respaldar el reclamo estudiantil. El rector accedió a reunirse con dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles, y terminó por autorizar los exámenes de los y las huelguistas. Esta movilización victoriosa que había logrado quebrar los cupos de ingreso fue bautizada como el “oyentazo”, un nuevo, pequeño y pacífico “azo” tenía lugar en la Córdoba de la transición democrática.^[48]

En La Plata, el reclamo de los y las ingresantes durante el mes de marzo obtuvo una respuesta negativa por parte del rector Gallo.^[49] Semanas más tarde, la movilización convocada por la FULP reunió a más de 2000 estudiantes.^[50] Si la falta de respuesta continuaba, la Federación amenazaba con iniciar una huelga universitaria. Luego de 15 días de movilización, el rector aceptó reunirse con los delegados de la FULP y, finalmente, cedió ante una de las demandas estudiantiles y suspendió la resolución que impedía continuar cursando a quienes adeudaran materias.^[51] El movimiento estudiantil se fortalecía con estas conquistas locales que tenían lugar en todo el país.

En Rosario, también se movilizaron los y las estudiantes durante el mes de marzo. Convocados por la Federación Universitaria de Rosario (FUR) y la Comisión de Ingresantes, el primer día del mes, varios cientos de estudiantes marcharon desde la Plaza 25 de mayo hasta el rectorado para solicitar una reunión con la máxima autoridad y entregarle un nuevo petitorio con más de 2000 firmas en el que se demandaba el ingreso directo a la casa de estudios. Una delegación fue recibida y los funcionarios se comprometieron a dar una respuesta. Tras una nueva movilización el día 9, el rector Riccomi recibió al estudiantado para informarles la respuesta negativa a sus demandas ya que afirmaba que la política de ingreso de la universidad se regía por los lineamientos de la ley universitaria vigente. Al día siguiente, la Federación local y la Comisión de Ingresantes realizaron un acto por el ingreso irrestricto en la sede del sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad. Allí, las centrales sindicales y la Multipartidaria manifestaron su apoyo. El 21 de marzo se realizó una nueva concentración estudiantil ante el rectorado rosarino donde cortaron la calle y realizaron una “sentada” durante varias horas.

El 18 de mayo, convocada por la FUR, se cumplió una huelga estudiantil con un alto porcentaje de adhesión. En horas del mediodía, se organizó una “olla popular”^[52] en las calles Entre Ríos y Córdoba para reclamar por la reapertura del comedor universitario. Progresivamente, el repertorio de acciones colectivas se iba ampliando, en general recuperando prácticas históricas del movimiento estudiantil. Por la tarde, una columna de 4 cuadras compuesta por 2000 personas se movilizó por las calles céntricas de Rosario. La marcha estudiantil recorrió la calle peatonal Córdoba desde la Plaza 25 de mayo hasta el rectorado. Además de los Centros de Estudiantes de las facultades, participaron representantes de gremios, partidos políticos y de los organismos de derechos humanos como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos. Como en otras partes del país, desde los edificios se arrojaba confeti y se aplaudía el paso de la columna. Una vez en el rectorado, los y las estudiantes realizaron una “sentada”, cantaron el himno nacional y ofrecieron un minuto de silencio en memoria de los muertos durante el conflicto bélico en Malvinas y los caídos por la represión de la dictadura.^[53] Observamos, la consolidación del arco de alianza del movimiento estudiantil rosarino, así como también la ampliación de sus reivindicaciones y denuncias, con un discurso cada vez más abiertamente anti-dictatorial.

Si durante la primera mitad de 1983, a nivel universitario, las movilizaciones se focalizaron contra el ingreso restringido, los meses siguientes a la par de las campañas electorales por la renovación de las autoridades de los Centros de Estudiantes en las facultades y a nivel nacional, la cuestión del arancel tomó protagonismo entre las reivindicaciones estudiantiles. En Filosofía y Letras de la UBA, la asamblea estudiantil decidió no pagar más el arancel. Para concretar la medida de protesta, los estudiantes entregaban las “chequeras”^[54] a las autoridades ya electas del Centro de Estudiantes.^[55] Sin embargo, los y las militantes de las diversas agrupaciones recuerdan que se encontraron ante la dificultad de que no todos sus compañeros estaban dispuestos a entregar las “chequeras” en caso de que se las solicitaran para realizar algún trámite o rendir examen. Una situación similar se vivió en la organización de la llamada “quema de chequeras”, impulsada por los Centros de Estudiantes de Filosofía y Letras, Medicina y Ciencias Económicas. Con la participación de 1.000 personas, la acción colectiva tuvo lugar en la Avenida Córdoba a la altura de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Plaza Houssay. En esta ocasión, el movimiento estudiantil optó por interrumpir el tránsito y no realizar su protesta en una plaza que hubiera sido menos “disruptivo”.^[56]

A medida que se acercaba el final del gobierno dictatorial, las autoridades iban flexibilizando las exigencias respecto del arancel ante la presión estudiantil. En ese marco, el 16 de septiembre de 1983, los Centros de Estudiantes de la UBA y facultades marcharon contra los aranceles, por la derogación de la ley 22.207 y por el retiro de la policía de los claustros. En Rosario, la FUR proponía al alumnado no abonar el arancel, mientras que convocaba a movilizaciones para rechazarlo. Así, una nueva concentración estudiantil de cerca de 1000 asistentes tuvo lugar frente al rectorado.^[57] Esta consigna se sumaba a la continuidad del conflicto por el ingreso ya que ante la falta de respuestas, en septiembre, 70 aspirantes que solicitaban ser admitidos como estudiantes regulares en Derecho, Medicina y Odontología iniciaron una huelga de hambre. El 19 de ese mes, la Federación convocó una movilización en apoyo a los y las huelguistas y para entregar un nuevo petitorio, ahora con 10000 firmas que lo respaldaban. En este contexto, el movimiento estudiantil comenzó a exigir públicamente la destitución del rector Riccomi. La concentración permaneció interrumpiendo el tránsito frente al rectorado durante toda la noche. Ante esta situación, un sacerdote católico y uno ortodoxo solicitaron, sin éxito, una audiencia con el rector.^[58] Luego de 8 días de ayuno, dirigentes sindicales y políticos de la provincia de Santa Fe solicitaron una reunión con el rector y enviaron un telegrama al presidente de facto, el General del Ejército Reynaldo Bignone. El 23 de septiembre se reunieron miles de personas para acompañar la huelga de hambre y el rector accedió a conformar una mesa de negociación con padres, estudiantes en ayuno, representantes de la FUR, de la cámara empresaria y la CGT locales. Ante la presión social y política, Riccomi debió acudir a Buenos Aires para reunirse con el ministro de educación nacional, Cayetano Licciardo. Mientras tanto, en Rosario, la huelga de hambre y la concentración en el rectorado se sostuvieron. Luego de la reunión en la Capital Federal, el ministro aceptó la renuncia del rector a la vez que dispuso el ingreso inmediato como alumnos regulares a todos los y las ingresantes que hubieran aprobado los exámenes de ingreso, suprimiendo los cupos. Quienes no hubieran aprobado, podrían cursar como “oyentes”.^[59] El movimiento estudiantil rosarino logró poner fin a uno de los ejes vertebradores de la política universitaria de la dictadura. Como ha sostenido Gabriela Águila (2008), esta victoria fue expresión de la articulación en la universidad, espacio clave de la protesta social y política, con sectores políticos y sindicales en oposición a un gobierno dictatorial que se desmoronaba.

A modo de cierre

A lo largo del texto hemos descripto un conjunto de movilizaciones estudiantiles contra la política universitaria de la dictadura en las ciudades argentinas de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Rosario durante los años iniciales de la década de 1980, coincidentes con la etapa final de la dictadura autodenominada como “Proceso de Reorganización Nacional”. Observamos que el repertorio de acción colectiva, así como la agenda de reivindicaciones de los movimientos estudiantiles locales tenían importantes puntos en común y, además, poseían una coordinación a nivel nacional desde la Federación Universitaria Argentina. En las cuatro ciudades, se repetían los cuestionamientos a la ley universitaria, las restricciones en el ingreso y el arancelamiento de los estudios de grado. Las agrupaciones estudiantiles que participaban de las Federaciones y daban vida a los Centros de Estudiantes y Comisiones Reorganizadoras de Centros promovieron la organización del alumnado en Comisiones de Base de Ingresantes y Contra el Arancel. Desde allí, se pusieron en marcha diferentes acciones como la presentación de notas, la recolección de firmas en respaldo a petitorios, el pedido de exención de pago del arancel y, a medida que el contexto era menos peligroso, comenzaron a convocarse reuniones y concentraciones públicas. En las ciudades por fuera de la Capital Federal, sobre todo en Rosario, las movilizaciones estudiantiles hacia el rectorado universitario fueron numerosas entre 1981 y 1983. En La Plata y Córdoba, las movilizaciones, aunque menos numerosas inicialmente, recorrían los cascos céntricos para culminar ante las sedes rectorales. Estas acciones colectivas interrumpían el tránsito, obstruían calles y transformaban el devenir cotidiano de las actividades urbanas. A su paso, recibían el apoyo del resto de la ciudadanía. Asimismo, en las tres ciudades mencionadas, en varias ocasiones, las concentraciones se trasladaron hacia las oficinas de los medios de comunicación locales para difundir la situación y denunciar la falta de respuesta por parte de las autoridades.

Sin embargo, también encontramos diferencias entre los casos analizados. En Buenos Aires, las marchas callejeras fueron menos numerosas, pero concentraron la atención de los medios nacionales al dirigirse hacia el Ministerio de Educación de la Nación. No hay registro de movilizaciones hacia el rectorado porteño. En todas las ocasiones, mientras en Buenos Aires marchaban, también lo hacía los y las estudiantes de otras ciudades del país, en el marco de planes de lucha nacionales coordinados por la FUA. Si bien en todas las movilizaciones la presencia policial fue permanente, solo en Buenos Aires se registró represión a la marcha de 1981.

Por otra parte, en Córdoba y Rosario se recurrió a acciones de mayor radicalidad como huelgas universitarias y de hambre, luego de meses de movilización. En Rosario, más de una semana después de ayunar y ante la intermediación de partidos políticos, sindicatos y la iglesia, el movimiento estudiantil logró la eliminación de los cupos de ingreso y la renuncia del rector interventor desde 1976.

En ningún caso, los y las estudiantes recurrieron a la violencia. El movimiento estudiantil de los tempranos ochenta condenaba la violencia y el “terrorismo de ambos signos”. Las agrupaciones que orientaban políticamente a las Federaciones y los Centros militaban activamente para diferenciar al movimiento estudiantil de la transición democrática de las experiencias de radicalización política hacia la izquierda de los tardíos sesenta y tempranos setenta (Seia, 2019). Este horizonte queda ilustrado en el repertorio de acción colectiva: concentraciones, “sentadas”, “ollas populares”, ayunos, petitorios y recolección de firmas.

Asimismo, el movimiento estudiantil consolidó un marco de alianzas amplio y heterogéneo ya que no solo contó con el respaldo de dirigentes gremiales locales, sino que sus demandas fueron apoyadas por cámaras empresariales, colegios y asociaciones de profesionales, instituciones religiosas, todo el arco de los partidos políticos que promovían la transición democrática y los diferentes organismos de derechos humanos. Esto le valió obtener cierta legitimidad y “respetabilidad” como actor social y político a considerar en la discusión de las políticas educativas implementadas en el futuro democrático (Manzano, 2018).

El movimiento estudiantil de la etapa final de la dictadura retornó a las calles céntricas de las principales ciudades de Argentina para hacer visibles sus reivindicaciones ante las autoridades universitarias, medios de comunicación y autoridades de la cartera educativa a nivel nacional. Procuró hacerlo de forma ordenada y pacífica, evitando exponerse a la represión policial y buscando el apoyo amplio de actores de sectores locales. Atrás quedaban los años de barricadas y enfrentamientos con las fuerzas armadas y policiales. No obstante, el estudiantado volvió a alterar el “orden” urbano, luego de más de 10 años de represión.

La dictadura no logró su meta de erradicar definitivamente la organización y la politización estudiantil de las universidades nacionales. Tampoco imponer su modelo universitario, justamente, debido a la movilización estudiantil. Finalmente, y a pesar de las notables rupturas históricas, vale la pena dejar abiertos interrogantes acerca de las líneas de continuidad en la mayor combatividad y radicalidad de los movimientos estudiantiles rosarino y cordobés, en contraste con el platense y porteño. En ese sentido, retomando los planteos sobre el caso de la UNC de González Valdés (2022), y Requena (2021) resulta de sumo interés, también, considerar los diferentes papeles desarrollados por los movimientos estudiantiles y federaciones locales en los procesos de normalización universitaria y en la escena política local en los años posteriores.

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Notas

Notas de autor