Introducción

De acuerdo con datos establecidos por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH),^[1] durante el conflicto armado acontecido en Guatemala entre 1960 y 1996 se llevaron a cabo 600 masacres, se destruyeron 400 aldeas, 200.000 personas fueron asesinadas, un millón desplazadas y 45.000 desaparecidas. Lo acontecido en esos 36 años sigue siendo materia de fuertes “disputas” (Jelin, 2013, p. 13) que se tornan visibles de acuerdo con ciertos acontecimientos que traen al presente hechos del pasado. Las luchas por las memorias de ese pasado cobraron fuerza en 2013 cuando el expresidente de facto Efraín Ríos Montt (1982-1983) y su exjefe de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez fueron juzgados por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad cometidos contra la población maya Ixil durante su mandato.

Mientras las víctimas y sus familiares traían al presente memorias que daban cuenta de la violencia vivida, sectores de derecha que temían que se llegara a una sentencia condenatoria que afirmara la existencia del genocidio en Guatemala, buscaron posicionar un relato negacionista de este delito. Una sentencia condenatoria abría la posibilidad de juzgar a otros implicados, lo cual preocupaba tanto al sector militar como a los grupos con mayor poder económico en el país por su participación directa o indirecta durante el conflicto armado. En el presente artículo se busca responder qué estrategias y discursos utilizó el sector militar y empresarial en 2013 para posicionar el negacionismo del genocidio maya.

Represión y conflicto armado en Guatemala

De acuerdo con Edelberto Torres-Rivas (2011), en Guatemala no hubo guerra civil sino largos periodos de represión estatal y momentos de conflicto armado con un desequilibro de fuerzas desfavorable para la guerrilla (p. 274). Este período da inicio con el levantamiento del 13 de noviembre de 1960 llevado a cabo por un sector joven del ejército que estaba en contra de la instalación en el país de una base de entrenamiento militar para la preparación de una invasión a Cuba por parte de la Agencia Central de Inteligencia Americana (CIA) durante el gobierno Ydígoras Fuentes (1958-1963) y finaliza el 29 de diciembre de 1996 cuando la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el Ejército de Guatemala firmaron el último de los Acuerdos de Paz.^[2]

Aunque el levantamiento del 13 de noviembre fue derrocado rápidamente, de sus miembros surgen al poco tiempo las guerrillas. La violencia ejercida desde el Estado incrementó al lado del accionar de la guerrilla. Desde 1963 el ejército desarrolló un aparato de inteligencia y mecanismos de control implementando comisionados militares,^[3] duplicando el número de efectivos, militarizando la policía. Durante el gobierno de Méndez Montenegro (1966-1970) aumentó el apoyo de Estados Unidos en asesoría, entrenamiento militar, material de guerra y armamento. “A fin de evitar secuestros de la guerrilla y la exigencia de canjes” (Luján, 2010, p. 312) el Estado cambió la toma de prisioneros, por la desaparición forzada. Surgieron entonces los escuadrones de la muerte, grupos paramilitares, que publicaban listas de personas que luego eran asesinadas o desaparecidas.

El movimiento social también fue creciendo y en la década del 70 el incremento de la organización social dio lugar al aumento de protestas de sindicatos, organizaciones campesinas y estudiantiles. El Estado respondió con medidas represivas contra dirigentes de estas organizaciones. Con la llegada al poder de Carlos Arana Osorio (1970-1974) se inició una escalada de la violencia, llegando a decretar Estado de sitio durante un año. El terremoto del 4 de febrero de 1976, ocurrido durante el gobierno de Kjell Eugenio Laugerud (1974-1978), que permitió la formación de grupos para atender las necesidades, dio lugar al surgimiento de organizaciones en las áreas rurales y urbanas. En esta década también emergieron muchos movimientos rurales mayas. Actividades como el comercio y los trabajos de reconstrucción después del terremoto permitieron establecer lazos entre comunidades. En 1978 surgió el Comité de Unidad Campesina (CUC) la mayor organización campesina del país y con dirigencia maya. El CUC unió diferentes organizaciones pequeñas unificando aspiraciones y demandas.

Genocidio contra la población ixil

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) concluye que “el 81% de las violaciones registradas durante la guerra se produjo entre 1981 y 1983” (1999, p. 320) bajo los gobiernos de Romeo Lucas García y de Efraín Ríos Montt. Tras desplegar un análisis de distintos actos de violencia la CEH (1999) concluye que “agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas en los años 1981 y 1982, ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo maya que residía en las regiones ixil, Zacualpa, norte de Huehuetenango y Rabinal” (p. 422). Aunque la guerra implicó a varios actores la CEH (1999) estableció que “la responsabilidad del 93% de las violaciones registradas recae sobre el Estado de Guatemala, incluyendo en esta categoría el Ejército nacional, las PAC, los comisionados militares, otras fuerzas de seguridad del Estado y los escuadrones de la muerte” (p. 324). El porcentaje restante lo atribuyó en un 3% a las organizaciones guerrilleras y en un 4% a grupos no identificados.

El general Romeo Lucas García fue electo en 1978. Durante su gobierno fueron aplicadas estrategias radicales contrainsurgentes con el fin de acabar con el apoyo rural que recibía la guerrilla. Con el objetivo de ampliar su base social las organizaciones armadas incorporaron masivamente a la población indígena a sus filas y asumieron la lucha contra el racismo como punto clave de sus reivindicaciones políticas e ideológicas e incorporaron las demandas de las comunidades. Organizaciones guerrilleras como el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) se construyeron sobre las organizaciones sociales comunitarias trabajando con sus líderes.

En 1979 hubo un aumento de las protestas que buscaban evidenciar la impopularidad del gobierno. También hubo tomas de embajadas con el objeto de publicar manifiestos en la prensa. El 31 de enero de 1980 un grupo de campesinos y universitarios ocuparon la embajada de España. La policía ingresó al edificio, acción que terminó con un incendio y la muerte de casi todas las personas que se encontraban adentro. Este hecho produjo impacto a nivel internacional y se unió a las denuncias de masacres, aldeas arrasadas y desplazamiento forzado que se estaban dando a conocer fuera de Guatemala. Sin embargo, a pesar de los informes que alertaban sobre los abusos a los Derechos Humanos, durante la administración de Reagan el apoyo estadounidense se intensificó. En febrero de ese año se produjo una huelga de 75 mil trabajadores agrícolas encabezada por el CUC. El auge del movimiento social fue contrarrestado con represión contra líderes religiosos, comunitarios, estudiantiles, sindicales y de movimientos sociales ocurriendo asesinatos selectivos y desapariciones.

El 23 de marzo de 1982 previo a las elecciones de segunda vuelta, se produjo un golpe de Estado en el que se nombró un triunvirato formado por tres generales, entre ellos José Efraín Ríos Montt, quien el 9 de junio de ese año disolvió el triunvirato y se proclamó presidente. Como parte de sus estrategias contrainsurgentes, fue lanzado el Plan Victoria 82 en julio de 1982 con tres objetivos principales: el rescate de la población civil, la recuperación de las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) y la aniquilación de los Comités Clandestinos Locales (CCL) y las unidades permanentes (UMP) de la insurgencia (Brett, 2007, p. 98). Las FIL y los CCL estaban constituidos por población civil indígena que apoyaba a la guerrilla y que en pocas excepciones contaba con armas. Previo a iniciar la ofensiva militar, Ríos Montt anunció una amnistía para que durante 30 días integrantes de la guerrilla y sus colaboradores se entregaran. Finalizado ese periodo en el que pocos atendieron al llamado de amnistía, la aniquilación contemplada en el plan Victoria 82 se llevó a cabo a través de masacres y la política de tierra arrasada. De las 626 masacres registradas por la CEH el 64% se produjeron entre junio de 1981 a diciembre de 1982, todas en aldeas mayas y de manera sistemática.

A finales de 1982 el gobierno inició la construcción de las llamadas “aldeas modelo” y “polos de desarrollo” para reasentar a personas que habían huido de sus comunidades a causa de la violencia, muchas tras una masacre. Virginia Garrard-Burnett (2013) en Terror en la tierra del espíritu santo describe:

En estas aldeas, los refugiados recibían casas y alimentos y trabajaban en un ambiente altamente controlado, rígido, en donde la recompensa y el castigo; el lenguaje, el entretenimiento y la vida espiritual, todas estaban manipuladas para desorientar y reorientar, para convertir a los pobladores en ciudadanos leales y agradecidos de la Nueva Guatemala. (p. 93)

De acuerdo con Garrard-Burnett, estas aldeas también forzaron la integración de la población indígena, mezclando intencionalmente personas de diferentes aldeas pertenecientes a diferentes grupos lingüísticos promoviendo la castellanización. Como parte del plan Victoria 82 también se llevaron a cabo las campañas conocidas como “Trabajo, techo y tortillas” y “Fusiles y frijoles”. Esta última consistió en la ampliación de las Patrullas de Autodefensa Civil, las cuales estaban formadas por civiles y cumplían funciones de vigilancia interna y externa de las poblaciones en apoyo a las acciones militares. “Se constituyeron en una nueva estructura de poder local militarizada que destruyó el tejido y las relaciones sociales tradicionales al interior de las comunidades” (CEH, 2000, p. 147) llegando a realizar acciones represivas en contra de personas de su comunidad o comunidades cercanas. Durante el gobierno de Ríos Montt también se crearon los Tribunales de Fuero Especial que violaban principios del debido proceso, para juzgar y castigar a supuestos subversivos.

Actuando desde la Doctrina de Seguridad Nacional, las operaciones militares se concibieron dentro del concepto de eliminar al enemigo interno, considerando como enemigos a “aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin ser comunistas tratan de romper el orden establecido” (Centro de Estudios Militares del Ejército de Guatemala, Manual de Guerra Contrasubversiva, 1999, p. 21). Aunque esta Doctrina ubicaba como principal enemigo al comunismo internacional, en Latinoamérica combatía a un enemigo interno materializado en agentes locales comunistas o cualquier persona con ideas contrarias a los gobiernos militares (Leal, 2003, p. 75). De acuerdo con la CEH en la década del 80 el concepto de enemigo interno se extendió no solo a quienes rompían el orden establecido, sino a los que potencialmente podían llegar a romperlo, incluyendo a la población indígena por ser considerada “base social de la guerrilla”. Esta concepción puede verse en los planes de campaña Victoria 82 y Firmeza 83 que con la llegada de Ríos Montt al poder consolidaron el proyecto militar contrainsurgente.

Los objetivos de estos planes “fueron definidos por los propios militares con metáforas tales como la necesidad de ‘quitarle el agua al pez’, que se refería al factor de seguridad o la afirmación ‘ganar los corazones de la población’, referido al factor de desarrollo socioeconómico” (CEH, 1999, p. 197). En uno de los documentos desclasificados de la CIA de 1982 se expresa que “La bien documentada creencia del ejército, de que toda la población ixil está a favor del EGP ha creado una situación en la que el ejército combatirá sin clemencia tanto a combatientes como a no-combatientes [civiles]” (CIA, “Document Secret”, p. 2-3; en Sanford, 2012, p. 41). Esto queda evidenciado en los datos de la CEH (1999) que expresan que el 38% de las víctimas registradas de las que se pudo determinar la edad, el 18% eran niños y el 3% ancianos (p. 323) y el 11% de las víctimas de desaparición forzada corresponde a niños (p. 66). Testimonios recogidos por la CEH también evidencian la intención de impedir nacimientos o el crecimiento de la población maya mediante acciones específicas operadas con particular crueldad dirigidas hacia menores de 5 años, mujeres embarazadas y sus neonatos. La evidencia de que la violencia se dirigió también a niños, ancianos y mujeres embarazadas demuestra que las víctimas de este exterminio compartían más un carácter étnico que una militancia en alguna agrupación guerrillera.

Juicio por genocidio

En 2001 la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) con la asistencia del Centro de Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) interpuso ante el Ministerio Público (MP) una demanda por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra Efraín Ríos Montt y su exjefe de Inteligencia Militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez.^[4] En 2012 el primero compareció ante un juzgado donde se le comunicó que estaba inculpado por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad y se le dictó arresto domiciliario. Rodríguez Sánchez fue capturado en 2011 acusado de los mismos delitos. Después de más de 10 años de presentada la demanda y 30 años de su mandato, el 19 de marzo de 2013 inició el juicio en su contra.

Este constituyó un momento importante que propició un debate entre varios sectores del país en torno a las memorias del conflicto armado y el genocidio. La “disputa del pasado” (Jelin, 2013, p. 13), siempre presente, con el anuncio de la apertura del juicio cobró mayor movimiento. Antes que iniciara ya se preveía la relevancia de ese proceso. El 17 de marzo el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala publicó en el diario elPeriódico:

La inminente apertura a juicio contra el general Efraín Ríos Montt inaugura el capítulo más duro de la disputa del pasado (…) Guatemala ha pasado en dos décadas de la disputa por la memoria del conflicto armado a la disputa por la responsabilidad jurídica de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.^[5]

Este instituto en su publicación también describía el escenario en el que se iniciaba el juicio: una comunidad internacional interesada en el juzgamiento de militares por violaciones de derechos humanos; incertidumbre de filas militares que especulaban que 3.000 exoficiales podrían ser procesados en relación con esa causa; grupos militares reclamando que el juicio era una traición a los acuerdos de paz o demandando simetría penal mediante el juzgamiento de exguerrilleros.

Conforme se desarrolló el juicio, las memorias de la guerra fueron ocupando las pantallas de televisión, los periódicos, las radios, las redes sociales, las calles y las charlas cotidianas. Sectores de distintos ámbitos recurrían a los medios de comunicación para dar a conocer sus acuerdos o desacuerdos en torno al desarrollo del juicio y su relato del pasado. Parte de estos sectores emplearon un discurso negacionista es por ello que a pesar de que la disputa giraba en torno al juicio, lo que se debatía fuera de este no era la culpabilidad de los acusados sino si se había o no cometido genocidio contra la población maya durante la guerra.

Paralelo a la disputa “Sí hubo” / “No hubo” genocidio, el juicio se desarrolló del 19 de marzo al 10 de mayo, día en que se absolvió a Rodríguez Sánchez y se condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad. Durante el juicio testificaron 98 sobrevivientes de masacres ejecutadas por el Ejército durante el mandato de Ríos Montt y medio centenar de peritos presentaron evidencias que sustentaban la acusación. La estrategia de la defensa se enfocó en dilatar el proceso logrando su suspensión el 18 de abril y logrando el 20 de mayo de 2013 la anulación de la sentencia y de todo lo actuado en el juicio a partir del 19 de abril.

Tras la anulación, los tribunales determinaron que el caso volvería a juicio, proceso que no se inició hasta marzo de 2016 a causa de los desafíos legales planteados por los abogados defensores. Debido a que Ríos Montt padecía demencia vascular mixta cortical y subcortical el juicio no estaba abierto al público o la prensa, Ríos Montt no estaba obligado a estar presente y si se le hallaba culpable no se le impondría una pena. Después de varias audiencias ese proceso también se suspendió después de que el tribunal determinara que Rodríguez Sánchez tenía derecho a un juicio abierto y público. Finalmente, el último juicio dio inicio en octubre de 2017.

El 1 de abril de 2018 murió Ríos Montt a los 91 años de un paro cardíaco. El juicio siguió su curso y finalmente el 26 de septiembre de 2018 el Tribunal de Mayor Riesgo B determinó que sí se cometió el delito de genocidio y de deberes contra la humanidad, sin embargo, con dos votos a favor y uno en contra se absolvió a Rodríguez Sánchez.

Estrategias del negacionismo en Guatemala

Pierre Vidal-Naquet (1994), en Los asesinos de la memoria, señala las estrategias que utilizan los revisionistas para negar, relativizar o banalizar el genocidio judío. Presenta seis principios (p. 38) que comparten en cierto grado todos los revisionistas y ocho principios del método revisionista (p. 42). En estos se pueden identificar las estrategias que utilizan para tratar de instaurar su razón tales como: exigir pruebas que respalden a cabalidad lo ocurrido en el Holocausto; interpretar las evidencias del genocidio de una manera favorable o encontrar una explicación a los hechos aunque carezca de fundamento; desplazar las responsabilidades o relativizar los crímenes al compararlos con otros; acusar de falsas las pruebas y testimonios argumentando que responden a un interés o han sido obtenidos por coerción; ignorar las evidencias del Holocausto.

En Guatemala durante el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad llevado a cabo en 2013 contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez surgieron discursos y acciones en los cuales pueden identificarse estrategias similares a las mencionadas anteriormente, llevadas a cabo por sectores de derecha en Guatemala, con el objeto de negar el genocidio cometido contra la población maya. El conjunto de negacionistas que cobró visibilidad estaba conformado en su mayoría por militares retirados, sus familiares, empresarios y personas identificadas con discursos de derecha, entre ellos algunos periodistas o académicos de universidades privadas. Las acciones que tomaron para propagar su postura y la atención que recibieron los convirtieron en interlocutores válidos para una gran parte de la sociedad.

Las voces negacionistas con más constancia y protagonismo durante el juicio fueron la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), la Fundación Contra el Terrorismo y agrupaciones formadas por personas de diferentes sectores que se unieron para difundir su postura. Además de visibilizar su memoria del pasado, estos sectores estaban interesados en que no se llegara a una sentencia condenatoria, ya que esta podría conllevar la persecución de otros implicados, entre los cuales podrían estar algunos de sus miembros. En esta sección se analizan las estrategias que estos grupos utilizaron para posicionar el negacionismo maya.

Avemilgua

En la lucha por las memorias de la guerra durante el desarrollo del juicio, una de las herramientas más utilizada para hacerse escuchar fue el comunicado de prensa. En 2013, aún seguía teniendo bastante impacto mediático y validez para la sociedad lo publicado en papel, más que lo dicho en las redes sociales de esa época. Sectores empresariales, militares, organismos de derechos humanos y organismos internacionales expresaron en ellos su postura ante el juicio, realizaron demandas, relataron sus memorias y respondieron a los comunicados de otras organizaciones.

Los comunicados y declaraciones de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala caracterizados por exaltar la figura del Ejército iniciaron con la negación simple, sin dar explicaciones, la cual cambiaron conforme aumentó la posibilidad de que se llegara a sentencia condenatoria. El 18 de marzo, encabezado con la frase: “Por el Honor y Dignidad del Ejército de Guate. Reconciliación (,) no venganza” esta asociación publicó un comunicado en el que llamaba a respetar el “Acuerdo fundamental de Paz: Amnistía, Verdad Histórica sin individualizar responsabilidades ni propósitos o efectos judiciales (…)”.^[6] Expresaban que la amnistía había sido acordada “con las excepciones que fueron aceptadas por todos los involucrados en la negociación, porque estábamos sabidos y conscientes de que en Guatemala no hubo actos que pudieran impedir su aplicación, ni a insurrectos, ni a miembros del Ejército” (2013, p. 62).

Exponían que ninguna de las partes cometió delitos no contemplados en la amnistía y aunque nombran a la guerrilla terrorista también la presentan como débil y al Ejército como el héroe vencedor que salvó al país:

Los soldados, veteranos del enfrentamiento armado interno, satisfechos y orgullosos de haber derrotado militarmente al movimiento terrorista en sus distintas facciones y organizaciones, que pretendieron instaurar en Guatemala un régimen totalitario marxista comunista, objetivo que logramos, pese al abandono de nuestros aliados en la llamada “Guerra Fría”. (2013, p. 62)

Conforme el juicio avanzó, Avemilgua optó por visibilizar supuestos crímenes de la guerrilla. Por varias semanas publicó en varios medios una serie de anuncios de una página completa, todos encabezados con la frase “Para que Guatemala avance necesitamos juicios justos e imparciales” acompañados cada uno con distintos fragmentos de testimonios en los que hombres o mujeres ixiles responsabilizaban a la guerrilla de algún acto violento. Avemilgua abandonó la idea de la imagen débil de la guerrilla y, siempre manteniéndose sin reconocer la existencia del genocidio, empezó a resaltar los crímenes cometidos por esta. Pasó de pedir el no juzgamiento por respeto a la amnistía a pedir que no se juzgue solamente a una de las partes. En uno de estos anuncios, incluso, recurrieron a la mentira en concreto incluyendo el logo de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) sin su autorización, colocando a esta asociación que apoyaba a las víctimas, dentro de un mensaje que insinuaba que el juicio no estaba siendo justo y debía juzgarse a la guerrilla.

El 8 de mayo, dos días antes de que se dictara sentencia, Avemilgua publicó un comunicado en el que a diferencia del primero daba una extensa explicación sobre el porqué consideraba que en Guatemala no hubo genocidio:

En el delito de genocidio, lo esencial, es la intención de eliminar total o parcialmente a un grupo nacional étnico o religioso y el que los actos sean cometidos en razón de la pertenencia al grupo nacional, étnico o religioso. Nadie durante el enfrentamiento armado interno, fue muerto por ser indígena, o en este caso, ixil. Las muertes causadas por insurgentes y contrainsurgentes se cometieron en consideración a la pertenencia, cooperación o afinidad con la guerrilla insurgente o con la contrainsurgencia. (…) En los Acuerdos de Paz no aparece la palabra genocidio ni una sola vez, pues ni las partes, ni los testigos internacionales, consideraron nunca, que hubiese ocurrido. En el Acuerdo que contiene los detalles, para la Ley de Reconciliación Nacional, no se menciona ni el genocidio, ni la desaparición forzada: delito que se tipificó en Guatemala hasta 1995.^[7]

Basados en la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio (1948) de las Naciones Unidas que considera a este como todo acto “cometido con la intención de destruir, totalmente o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, el principal argumento de los negacionistas es que en Guatemala no hubo una intención de destrucción a uno de los grupos que abarca el concepto de la convención. En este comunicado Avemilgua argumenta que no hubo una intención de eliminar a uno de los grupos que aparece en el concepto de la ONU. Señala que las muertes ocurrieron entre insurgentes y contrainsurgentes sin dar explicaciones sobre la muerte de civiles, realizando una interpretación favorable que se encuadre en el concepto de la ONU e ignorando cualquier información que la contradijera. Utiliza un argumento más simple para la negación: no hubo genocidio porque no aparece en los Acuerdos de Paz, acuerdos que se firmaron antes de que la CEH realizara su informe y en un momento en el que aún no había muchas investigaciones sobre lo acontecido durante esos 36 años. También toman como pruebas la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas; los Convenios de Ginebra y sus Protocolos; y el Estatuto de Roma para argumentar que “no hubo genocidio en Guatemala y si lo hubiese habido estaría prescrito; y delito contra deberes de humanidad no es aplicable al enfrentamiento armado interno, no está excluido de la amnistía y encima ya está prescrito”.

En un comunicado posterior de seis hojas, titulado “Con el más absoluto respeto a todas las víctimas del conflicto armado interno a continuación publicamos los nombres de nuestros héroes caídos”.^[8] Además de colocar un listado de más de 2000 nombres relatan su memoria de la guerra enfatizando en acciones de la guerrilla que permitan trasladarles la responsabilidad del genocidio. Exponen que “es importante recordar que desde su inicio la guerrilla –en este caso las FAR- utilizaron al indígena como un recurso de guerra” (p. 56). Con la interpretación que hacen de la formación de las guerrillas construyen un relato que exculpa al Ejército. Tras detallar el reclutamiento de indígenas explican que “no fue ni el Estado, ni el gobierno que inició la persecución en contra de los insurrectos alineados por dirigentes ladinos,^[9] fueron sus actos atentatorios contra la vida y los bienes de los guatemaltecos, lo que motivó su intervención” (p. 56), exculpando así a toda Fuerza Armada del Estado y trasladando la responsabilidad de sus propias muertes a los indígenas reclutados.

Fundación Contra el Terrorismo

La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) fue una de las más activas en la disputa de las memorias en torno a la guerra y el genocidio, utilizando estrategias para difundir su discurso no solamente a través de comunicados de prensa y apariciones en medios de comunicación, sino también acciones en las calles y a través de la difusión de su propia revista La Farsa del Genocidio, en la cual publicaron su memoria de lo ocurrido durante el conflicto armado. Esta organización conformada mayormente por exmilitares o familiares de estos, surgió “con el objetivo de defender a los miembros de la Institución Armada de los cargos judiciales en su contra” (Gamazo, 2013, p. 204) a raíz de la llegada de la Fiscal General del MP Claudia Paz y Paz (2010-2014) que le dio seguimiento a las investigaciones sobre la guerra solicitando órdenes de captura contra oficiales de alto rango del Ejército y la Policía Nacional. Ricardo Méndez Ruiz, su presidente, fue secuestrado por la guerrilla en 1982 y es hijo de quien fue ministro de Gobernación durante el gobierno de Ríos Montt.

La Farsa del Genocidio consistió en cuatro fascículos de aproximadamente 20 páginas cada uno, insertos en elPeriódico entre abril y mayo de 2013 con portadas acompañadas de frases como “Conspiración marxista desde la Iglesia Católica”, “¡El mundo merece conocer la verdad!”. Cada fascículo, excepto el cuarto, estaba identificado con un título distinto.

1. 1. El delito de genocidio jamás existió en Guatemala
2. 2. La farsa del genocidio en Guatemala, un buen negocio
3. 3. Un reconocimiento otorgado para hacer daño, Rigoberta Menchú, Nobel 1992

Los fascículos presentan la memoria de la guerra desde la visión militar. Sostienen que en Guatemala no se cometió genocidio y que el mismo es una invención surgida por intereses políticos y económicos de otros países, la guerrilla y la Iglesia Católica. Fueron escritos por el vicepresidente de la FCT, el capitán Óscar Germán Platero Trabanino y en 2014 reunidos y publicados en un libro también titulado La Farsa del Genocidio en Guatemala.

Ante un contexto en el que el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la guerra estaba cobrando relevancia, la FCT concentró sus esfuerzos en el uso político del pasado para prevenir futuras acusaciones. Aunque realizó las publicaciones en paralelo a la fase oral del juicio, no centró su interés en defender a los acusados. Su objetivo era de mayor alcance, divulgar su memoria para demostrar que el delito del que se les acusaba era una farsa construida en venganza contra el Ejército. En referencia al genocidio, el primer fascículo inicia:

Pocas veces en la Historia de la Humanidad, se ha orquestado con tanta enjundia y bajeza, una campaña de desinformación y mentiras, que han sido repetidas con tanta frecuencia, y en forma sistemática, que ante la complacencia, confabulación, complicidad y financiamiento, de parte de países europeos y algunos sectores político-sociales estadounidenses; han terminado por aparecer como verdad, ante los ojos de algunos sectores sociales guatemaltecos y mundiales (…) (fasc. 1, 2013, p. 2)

Los fascículos, por lo tanto, buscaron desmentir ese relato dando a conocer su versión del pasado y las razones por las que consideran que la guerrilla junto con países socialistas y la Iglesia Católica llevaron a cabo un “proyecto para posesionar el tema de un supuesto genocidio como instrumento de venganza contra sus vencedores” (fasc. 3, 2013, p. 3). Señalan como falsos y parte de ese proyecto a los dos informes que dan cuenta de lo acontecido durante la guerra. Se refieren a los miembros de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) como “sesgados y comprometidos (ideológicamente)” y de haber actuado “malintencionadamente” (fasc. 1, 2013, p. 9) al omitir información de “acciones terroristas” en el informe Guatemala: memoria del silencio (1999). Señalan al informe del Proyecto Arquidiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala: nunca más (1998) de estar dirigido y manipulado por frentes guerrilleros como el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y de ser “un esfuerzo perverso, concebido por los teólogos de la Liberación, como una acción de venganza contra el Ejército de Guatemala, por haber hecho fracasar su mayor operación subversiva en Latinoamérica” (fasc. 1, 2013, p. 9).

Consideran que la Iglesia Católica, en específico los sacerdotes y monjas practicantes de la teología de la Liberación, ejercían la función de reclutamiento para el EGP mediante “reuniones de adoctrinamiento constante; hasta asesinatos para implantar el terror a quienes se negaban incorporarse en la guerrilla” (fasc. 1, 2013, p. 3). Interpretan el exilio de algunos religiosos como parte de una estrategia para establecer en otros países “bases de operaciones para consolidar el proyecto de apoyo al frente internacional del EGP” (fasc. 1, 2013, p. 11) y conseguir financiamiento de países europeos. Acusan a “antropólogos, supuestos historiadores, geógrafos, estudiantes, artistas, supuestos intelectuales, colectivos de estudio, feministas” (fasc. 1, 2013, p. 12) de ejercer trabajo de lobismo para propagar en el exterior que en Guatemala se estaba cometiendo genocidio y a las agrupaciones ajenas a la guerrilla como las organizaciones sindicales o la Coordinadora de Viudas de Guatemala (Conavigua) de ser “organizaciones de frente encubiertas”.

También señalan que el premio Nobel de la Paz dado a Rigoberta Menchú Tum fue “otorgado con la complicidad sueca y de la izquierda socialista europea en el año 1992, fue solo otro engranaje más del montaje conspirativo para lograr posesionar LA FARSA DEL GENOCIDIO EN GUATEMALA” (fasc. 3, 2013, p. 8). El tercer fascículo subtitulado “Un reconocimiento otorgado para hacer daño: Rigoberta Menchú, Nobel 1992” está dedicado a argumentar esa idea. Exponen que, encontrándose la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) debilitada, recurrieron al premio Nobel en busca de apoyo en el extranjero. La importancia de la historia de Rigoberta Menchú, explican, reside en “que podía ser utilizada para convertir una revolución muerta en un movimiento campesino, una guerra de guerrillas en una reivindicación de derechos humanos, y una derrota estratégica en un reconocimiento diplomático en el extranjero” (fasc. 3, 2013, p. 8).

Los fascículos también relatan el surgimiento de la guerrilla y la responsabilizan de las muertes indígenas por la generación de una base social masiva en esas comunidades enfrentada con el Ejército. Señalan que el objetivo estratégico del EGP era: “destruir al poder local y a las autoridades indígenas (con clara intención genocida)” (fasc. 1, 2013, p. 2) para sustituirlo por el poder revolucionario. Enumeran masacres que expresan haber sido omitidas en los dos informes antes mencionados y, culpabilizando a la guerrilla, tratan de desmentir varios de los crímenes que se le atribuyen al Ejército. Expresan que el surgimiento de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) se debió a que la población pedía “a gritos armas para defenderse del acoso guerrillero” (fasc. 1, 2013, p. 9). Al respecto también señalan que la existencia de las PAC desmiente la existencia del genocidio. Preguntan: “si el ejército hubiera tenido la intención de exterminar a los campesinos indígenas ¿habría armado y organizado a esta enorme cantidad de ellos?” (fasc. 1, 2013, p. 18).

Para todo crimen que se le imputa al Ejército, la FCT tiene una explicación, aunque carezca de argumentos sólidos, lo que hace recordar lo expuesto por Pierre Vidal-Naquet (1994) “los revisionistas, de buena gana “materialistas”, materialistas de pacotilla, se ocupan de salvar los no fenómenos. No importa cuál interpretación sea buena, con tal que niegue. Se hallan en el reino del discurso vacío” (p. 155). La FCT explica que los restos encontrados en fosas comunes pertenecen a asesinatos llevados a cabo por la guerrilla. Indican que las Comunidades de Población en Resistencia estaban formadas por “grupos de campesinos retenidos por los terroristas, siendo utilizados como mano de obra para que sembraran y sostuvieran con su trabajo el corredor logístico” (fasc. 1, 2013, p. 17). En cuanto al desplazamiento forzado, mencionan que se dio a causa del asedio de la guerrilla o que fue maliciosamente interpretado porque consideran que los campamentos de refugiados en México estaban formados por “migrantes temporales que todos los años viajaban a ese país a trabajar en el corte de café, lo que demagógicamente se manipuló, como si se hubiera tratado de un éxodo o desplazamiento forzado de 1000000 personas” (fasc. 1, 2013, p. 17). En el último fascículo, incluso, denominan al caso de la quema de la Embajada de España “un plan siniestro organizado por la Dirección Nacional de la Organización Terrorista autodenominada Ejército Guerrillero de los Pobres” (fasc. 4, 2013, p. 3) efectuado con la complicidad del embajador Máximo Cajal.

Además de visibilizar su discurso a través de la revista, la FCT también organizó una manifestación en apoyo a los acusados proporcionando transporte hacia la capital a ixiles provenientes de Nebaj, Cotzal y Chajul. De acuerdo con una publicación de Prensa Libre “al menos 50 buses provenientes del área ixil llegaron a la capital y participaron de una marcha en la que mostraron su malestar en contra del juicio”.^[10] Portaban carteles con la frase “MP soy ixil y quiero ser testigo”. De acuerdo con una publicación de elPeriódico, Ricardo Méndez Ruiz, quien acompañó al grupo “aseguró que la fundación que dirige absorbió los gastos de transporte, alimentación, agua y la contratación de baños portátiles” (p. 3).

Una de las estrategias recurrentes para confundir a la población fue propagar la idea de que una condena por genocidio implica no solamente culpar a los acusados sino a toda la población. En una acción llevada a cabo por la FCT, familiares y amigos de militares obsequiaron calcomanías a conductores y transeúntes con las frases “Yo amo al Ejército de Guatemala” y “L@s guatemaltec@s NO somos genocidas” para que desde esta aseveración al guatemalteco o guatemalteca le bastara preguntarse a sí mismo ¿soy genocida? Y al responderse que no, concluir que en Guatemala no hubo genocidio.

Traicionar la paz y dividir a Guatemala

Una estrategia muy particular de los negacionistas en Guatemala fue apelar al miedo pronosticando problemas a futuro. Uno de los comunicados en el que se utilizó esta estrategia fue el publicado el 16 de abril firmado por figuras políticas y exguerrilleros que participaron en la negociación de los Acuerdos de Paz. Titulado “Traicionar la paz y dividir a Guatemala” en este comunicado alertaban sobre las consecuencias del juicio expresando que la acusación no era solo en contra de Ríos Montt, Rodríguez Sánchez o el Ejército:

La acusación de genocidio en contra de oficiales del Ejército de Guatemala constituye una acusación, no solo contra esos oficiales o contra el Ejército, sino en contra del Estado de Guatemala en su conjunto que, de consumarse, implica serios peligros para nuestro país, incluyendo una agudización de la polarización social y política que revertirá la paz hasta ahora alcanzada (…) Esta acusación de genocidio, que significa la deliberada eliminación de poblaciones enteras por razones étnicas, implica –de consumarse- el peligro inminente de que la violencia política reaparezca, traicionándose con esto el objetivo y la conquista de la paz.^[11]

Además, calificaban la acusación de genocidio de ser una “fabricación jurídica” que no correspondía al anhelo de los deudos de las víctimas ni al “de la mayoría de la población de superar el pasado y encontrar la reconciliación nacional”. No daban explicaciones de por qué consideran que es una fabricación jurídica. Tampoco negaban explícitamente el genocidio ni daban razones por las que creían que no ocurrió. Se centraban en convencer no con interpretaciones del pasado sino con alertas de consecuencias graves, de problemas concretos. Se trataba de una negación cuya función no era aclarar lo ocurrido en el pasado, sino prevenir problemas a futuro. Su negación era explícitamente por conveniencia, por el bien del país.

Este comunicado desencadenó una serie de respuestas y dio mayor movimiento a la disputa que se estaba llevando a cabo. Una de estas respuestas fue un comunicado firmado por activistas y académicos publicado el 18 de abril titulado “No existe paz sin verdad y justicia” en el que denunciaban que el anterior comunicado forzaba la idea de que demandar justicia era traicionar la paz. Aclaraban que “la reconciliación es el objetivo primordial de todo proceso de transición, pero esta no consiste en la acción irresponsable de pretender olvidar el pasado”.^[12] Especialmente criticaban que el comunicado declarara que la condena por genocidio podía revertir la paz, calificando esta afirmación como un chantaje para forzar el silencio y la impunidad. Aclaraban que el que el Estado reconociera el genocidio no representaba un conflicto crítico para el Estado y que el calificar la acusación de genocidio de una fabricación jurídica era “ignorar o desafiar los testimonios de las víctimas presentados durante el juicio”. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), también se pronunció al respecto señalando que advertir que una sentencia condenatoria “era un peligro inminente de que la violencia política reapareciera”,^[13] era hacer una amenaza injustificable contra el tribunal.

En respuesta a estas reacciones y comentarios, publicaron un segundo comunicado titulado “Compromiso con la verdad y la paz”, en el que sí negaban explícitamente el genocidio y daban explicaciones para esa negación. Exponían que no desconocían “las atrocidades ocurridas en el enfrentamiento armado interno” y el derecho a la verdad y la justicia, pero que “en Guatemala no se cometió genocidio” ya que:

(…) los miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado, no tuvieron intención de eliminar a ningún grupo nacional, étnico o religioso, como tal, sino que reprimir cualquier real o supuesta vinculación con las fuerzas insurgentes (…) Condenar por genocidio al Estado de Guatemala es distorsionar la naturaleza de un conflicto armado que no se dio por razones étnicas, sino político-ideológicas y económicas, y que se produjo en el contexto de una “guerra fría”, en medio del asedio de poderes externos entonces existentes, cuya responsabilidad directa y dolosa quedaría ocultada. De cara al futuro, se estaría creando una situación social y política que afectaría la convivencia entre los diferentes pueblos que constituimos el Estado nacional.^[14]

Al igual que el resto de negacionistas se basaron en el concepto de genocidio de la ONU. Como este concepto no incluye la intención de destruir a grupos políticos, expresaron que las muertes durante la guerra se dieron por razones políticas-ideológicas y económicas, recurriendo a la interpretación que les permite hacer que las muertes no encuadren en el concepto de la ONU. En este segundo comunicado, a pesar de haber recibido fuertes críticas por este tipo de declaraciones, vuelven a apelar al miedo pronosticando que la sentencia por genocidio acarreaba graves consecuencias para el país.

Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras (CACIF)

El CACIF, conformado por empresarios, es uno de los grupos con mayor poder en el país. Durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, empresarios formaron parte del Consejo de Estado contribuyendo financieramente y aportando avionetas de su propiedad a la contrainsurgencia. En la coyuntura del juicio por genocidio “politólogos asesores del Cacif, que hicieron dos análisis durante el juicio alertándolos de que si condenaban a Ríos Montt, las investigaciones seguirían la cadena de mando y podría enjuiciarse al Consejo de Estado de 1982 y 1983” (Rodríguez, 2016, p. 81) tomando en cuenta experiencias de otros países con sentencias por genocidio como Alemania y Ruanda. A lo largo de todo el proceso el CACIF mantuvo una participación constante y activa en las disputas de la memoria. El 19 de marzo, día que inició el juicio, hizo una publicación en la que llamó a la reconciliación, a “dejar atrás el odio y la revancha política”, a respetar la independencia judicial y el debido proceso exponiendo que:

(…) los actos de violencia que caracterizaron al conflicto armado, condenables desde todo punto de vista, se produjeron en la lógica insensata de la guerra, donde guatemaltecos de diversa condición se agredieron entre sí, lo cual no puede ser calificado bajo ninguna circunstancia como Genocidio, puesto que no hubo destrucción total o parcial de ningún grupo nacional, étnico, racial o religioso.^[15]

A lo largo de todo el proceso el CACIF mantuvo su discurso sin mayores cambios basándose en el concepto de la ONU para argumentar que no hubo genocidio porque no hubo intención de eliminar a un grupo específico. Según su discurso, hubo muchas muertes, pero no genocidio. Se valió de la relativización, banalización o normalización de los hechos para poder negar el genocidio. Recurrió a pluralizar las muertes para borrar el carácter étnico de estas. Mientras Avemilgua invisibilizaba a los y las civiles indígenas explicando que hubo muertes solo entre guerrilleros y fuerzas armadas, el CACIF señalaba que las víctimas fueron “guatemaltecos de diversa condición”.

Esta organización con un importante poder económico en el país dirigió algunos de sus comunicados a instituciones del Estado y organismos internacionales. Tras pronunciamientos emitidos el 18 de abril por la CICIG, la ONU y la Unión Europea, el CACIF publicó el 23 de abril un comunicado en el que llamaba “a respetar el debido proceso” expresando su preocupación por la intromisión de terceros nacionales e internacionales “en las decisiones judiciales emitidas por los principales tribunales de Justicia de Guatemala”.^[16] Otro comunicado de este tipo lo publicó el 13 de mayo, días después de dictada la sentencia condenatoria dirigido a la Corte de Constitucionalidad (CC) llamándola a preservar la gobernabilidad y el futuro del país y a enmendar todas las anomalías que consideraban se habían incurrido durante el proceso. Sosteniendo el argumento que expresaron desde el inicio del juicio en este comunicado exponían que el Tribunal había hecho una calificación inadecuada de la figura del delito de genocidio “puesto que no se ha demostrado la intencionalidad específica del Estado por exterminar a un grupo étnico particular”.^[17] Reiteraban que “la violencia ocurrida durante el conflicto armado, es producto de un insensato enfrentamiento en el que guatemaltecos de diversa condición se agredieron entre sí, sin particularizar procedencias étnicas, sociales o religiosas” (p. 11).

También expresaban que el fallo “deja una percepción muy clara de que la justicia ha sido presa del conflicto ideológico (…) es lamentable la intromisión y presión ejercida por personas y organizaciones extranjeras en un proceso judicial guatemalteco” (p. 11). Para los negacionistas en Guatemala una forma común de tratar de quitarle validez a las denuncias es señalándolas de responder a un interés o económico o de ser producto de una manipulación. El CACIF atribuye la resolución de los jueces no al trabajo realizado por la fiscalía y los querellantes adhesivos en la presentación de evidencias y testimonios, sino a la presión extranjera y a intereses ideológicos restándole importancia a todo lo acontecido durante el juicio o tomándolo como parte de esa especie de complot internacional e ideológico.

Otro comunicado del CACIF publicado tras la sentencia fue el titulado “¡Ahora dicen que los guatemaltecos somos genocidas!”. Publicado en el periódico de mayor circulación, el comunicado presentaba un discurso distinto centrado en alarmar a la población. Exponía las supuestas implicaciones que conlleva una condena por genocidio: “El mundo nos mira como GENOCIDAS (…) Creen que los guatemaltecos somos tan ruines como los Nazis o las dictaduras de Ruanda y Yugoslavia”.^[18] Al contrario de los otros comunicados que se dirigían a instituciones este se dirige a la población interrogándola, alertándola e instándola a tomar acciones: “Aceptar que el Estado es GENOCIDA, nos implica a todos (…) ¿Eres tú un genocida? (…) ¿Te gusta que a Guatemala la tilden de GENOCIDA, sabiendo que aquí no hubo genocidio? (…) ¡Hazte escuchar!”. En este comunicado además de nutrir su discurso negacionista con una interpretación favorable del pasado, añadieron una del futuro, convirtiendo al genocidio en algo presente y personal que pueda ser más cercano y palpable para el público, tratando de convencer desde el temor y la indignación.

Conclusiones

Los hechos acontecidos durante los 36 años de guerra en Guatemala implicaron de forma directa o indirecta a una multiplicidad de actores, más allá de las organizaciones guerrilleras y el Ejército. El juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, aunque no era el primero que se llevaba a cabo en el país por crímenes cometidos durante la guerra, sí era el primero por genocidio y contra un exjefe de estado. Temiendo que este fuera el inicio de una serie de procesos similares en el que se juzgara además de militares a otros actores responsables de este delito, los posibles implicados participaron de la disputa del pasado y visibilizaron su versión negacionista para contrarrestar las memorias del genocidio que traían al presente los testimonios de las víctimas. Los principales promotores de un discurso negacionista fueron agrupaciones de exmilitares y empresarios. Las estrategias que utilizaron van desde la interpretación de conceptos hasta la apelación al miedo o la invención de justificaciones a cualquier hecho que dé cuenta del genocidio.

Citan el concepto de la ONU y señalan que no hubo intención de destruir a alguno de los grupos que se mencionan porque indican que las muertes no fueron de carácter étnico sino se produjeron por razones políticas o ideológicas, entre miembros de la guerrilla y el ejército. Aunque no dan explicación al porqué si fueron de carácter político, la mayor parte de asesinatos se cometieron contra población civil, incluso niños y niñas. También citan los Acuerdos de Paz señalando que no se cometió genocidio porque este no fue mencionado en dichos acuerdos. Apelan al miedo y la indignación alertando sobre las posibles consecuencias negativas para el país que trae una sentencia por genocidio o realizando generalizaciones carentes de sentido, como la afirmación de que una sentencia por este delito convierte a toda la población guatemalteca en genocida.

En la línea de dar justificación y respuesta a cualquier duda, indican que el genocidio es una invención surgida por intereses políticos, económicos, extranjeros y con intención de venganza. Señalan que las fosas comunes corresponden a asesinatos llevados a cabo por la guerrilla y que es esta la causante del desplazamiento forzado y las masacres. Afirman que las Patrullas de Autodefensa Civil se formaron debido a que la población deseaba defenderse de la guerrilla.

Aunque todas estas estrategias se valen de invenciones absurdas o sin argumentos de peso, en Guatemala el negacionismo ha logrado visibilidad debido a que quienes usan este tipo de discursos cuentan con suficientes recursos y poder para hacerse escuchar. En Guatemala aún no se suele utilizar el término negacionista para nombrar a quienes niegan el genocidio maya. En 2013 la presión ejercida por estos en el juicio por genocidio tuvo incidencia en la anulación de la sentencia condenatoria. Mientras a los negacionistas no se les llame como tales, sus aseveraciones seguirán siendo tomadas en cuenta o consideradas como una versión válida a debatir.

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Notas

Notas de autor