Si bien la educación superior se concibe como parte de instituciones económicas, políticas y sociales más amplias (Banco Mundial, 2018b), para los actores del nivel macro del sistema de educación superior, esta está llamada a jugar un papel protagónico y esencial. Sobre todo en las diferentes esferas de lo social, cultural, político y económico de la comunidad (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2019;Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe [UNESCO-IESALC], 2008; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 1998,2009).

De otro lado, la importancia otorgada al sistema de educación superior, se refleja en el desarrollo y análisis de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). Dicho acuerdo, entendido como una agenda del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (ONU, 2015, p. 12), está compuesto por 17 objetivos que abogan por lograr una vida digna para todas las comunidades del mundo para ese año (ONU, 2015). En este panorama, el sistema de educación superior, de acuerdo con la agenda, debe ser crítico y estar diseñado para conectarse con las necesidades sociales, económicas y políticas de las comunidades a las que pertenece (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las Naciones Unidas [DAES-ONU], 2020; UNESCO-IESALC, 2020;UNESCO, 2009,2015; ONU, 2015). Cabe precisar, que si bien las acciones del sistema de educación superior se enmarcan en el Objetivo 4 y con ello la garantía y promoción de una educación inclusiva, equitativa, de calidad y para toda la vida (ONU, 2015), su integración en las realidades sociales sugiere que sus acciones tendrán un impacto positivo en todos los otros objetivos de la agenda (UNESCO-IESALC, 2020).

Tal relevancia social otorgada a la educación superior ya se hacía evidente en la primera Conferencia Mundial sobre la Educación Superior realizada en 1998. Allí, se proclamó una concepción de educación basada en la igualdad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la paz y la libertad (UNESCO, 1998). Bajo estos fundamentos, la educación superior tomó matices relacionados con una actitud crítica y constructiva que a su vez debe buscar ser materializada en procesos de mejora en las condiciones de vida de las comunidades (UNESCO, 1998, 2009,2010), especialmente, en aquellas que son más marginadas (UNESCO-IESALC, 1997,2008, 2018). En este marco, se viene incentivando a las IES a que conciban la promoción de la paz, la solidaridad, los derechos humanos, la igualdad de género, la identidad cultural, la erradicación de la pobreza, la opresión, la violencia, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y las enfermedades, como centros de sus actividades y funciones esenciales (OCDE, 2020; UNESCO-IESALC, 1997,2008, 2018;UNESCO, 1998;Banco Mundial, 2018a).

Dicha concepción de la educación superior, desde la mirada de actores internacionales, resulta ser una invitación explicita hacia los actores nacionales, sobre todo, gubernamentales y estatales; a fin de que se comprometan y fortalezcan una educación superior, entendida como un bien público de la sociedad y un derecho humano universal (UNESCO, 1998,2009). Así, desde la perspectiva internacional, se insta a los Estados a que desarrollen marcos legales y esquemas innovadores que definan quién, cómo y dónde puede impartirse la educación superior (OCDE, 2020). Asimismo, a que trabajen en pro de una fuerte y estrecha relación e intercambio entre el sistema de educación superior y los múltiples sectores sociales que hacen parte del desarrollo social, económico y ambiental a nivel local, regional y nacional (UNESCO, 1998,2015;Banco Mundial, 2018a). Todo ello, tendría como uno de los fines rectores, el reforzar el compromiso social de dichas instituciones y se sustentaría bajo garantías estatales de autonomía (UNESCO-IESALC, 2008,2018) y de financiación (OCDE, 2020;UNESCO-IESALC, 1997;Banco Mundial, 2018a). En consecuencia, el compromiso social de las IES se evidenciaría en la calidad y la pertinencia social de su oferta educativa (UNESCO-IESALC, 1997, 2008; Banco Mundial, 2017); y, también, y en la optimización de los recursos y esfuerzos en pro de la formación de ciudadanos comprometidos con el bien común de la comunidad (UNESCO-IESALC, 2008).

Lo expresado por los actores internacionales, es tomado por los nacionales del sistema de educación como fuente de creación y actualización de sus perspectivas en torno a los procesos propios de aprendizaje-enseñanza (Lago de Vergara et al., 2014;Schrader, 2011). Al mismo tiempo, le sirven como soporte para proponer marcos regulatorios y sus ofertas académicas (Avendaño et al., 2017; Holmes, 2013). Todo esto nos remite a la necesidad de abordar las perspectivas y expectativas que tienen los actores internacionales respecto al ser y hacer de las IES.

Cabe recordar que, para los actores internaciones, las IES estando sujetas al marco legal que los actores estatales definen, tienen como derecho el gozar de autonomía y estar libres de restricciones derivadas de poderes gubernamentales, religiosos, económicos, del mercado o de intereses privados. En consecuencia, le corresponde a las IES tener como razón de ser y hacer la satisfacción de las necesidades de las comunidades a las que pertenecen (UNESCO-IESALC, 2018). Para ello, se insta a que las IES aúnan esfuerzos en la creación de procesos de formación pertinentes, esto es, que la oferta educativa refleje una adecuación entre lo que hace la universidad y lo que necesita la sociedad (UNESCO, 1998). De igual manera, y con el apoyo de los Estados, se espera que las IES velen por la garantía al acceso, uso y democratización del conocimiento (UNESCO-IESALC, 1997, 2018). En este panorama, los actores internacionales animan a las IES a interesarse por un dialogo directo y continuo con la comunidad; para así conocer sus realidades e identificar formas para responder a sus necesidades, siempre de manera articulada, cooperativa y solidaria (UNESCO, 2010).

Tenemos así, que, desde la promoción de una relación directa entre IES y Sociedad, se alienta a que en los procesos de aprendizaje-enseñanza se priorice al conocimiento como bien social; el cual encuentra en el beneficio social el fin mayor de su generación, transmisión, crítica y recreación (UNESCO-IESALC, 1997). Esto último se reflejaría en la construcción y emancipación de la ciudadanía y en el bienestar de los pueblos (UNESCO-IESALC, 2018).

El reconocer este saber, como bien social, conduce a que las IES construyan planes de estudio más allá de una economía del conocimiento o de los dominios cognitivos (UNESCO, 2010). Se incentiva, de este modo, a que los procesos formativos a este nivel promuevan en los estudiantes y futuros profesionales habilidades comunicativas, el análisis crítico, la creatividad, el pensamiento autónomo, las competencias interculturales y las actitudes comprometidas con el contexto social (OCDE, 2019;UNESCO-IESALC, 2008,2020; UNESCO, 1998). Para esto, se espera que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean una oportunidad para que los estudiantes se enfrenten a problemas multifacéticos; que encierren dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales diversas (UNESCO, 2009). Adicionalmente, se espera que se les mantenga animados a elaborar productos científicos y tecnológicos que sean siempre relevantes en el plano social (UNESCO, 2010; Banco Mundial, 2017,2018b).

Los actores internacionales, consecuentes con la concepción que tienen con respecto a la educación superior, el Estado y a las IES, esperan que los estudiantes sean ciudadanos y profesionales conscientes de que la solidaridad y la generosidad son más rentables que el egoísmo, la avaricia y el individualismo (UNESCO, 1997). En otras palabras, que estén en la capacidad de construir sociedades justas sustentadas en la fraternidad, la cooperación, el respeto por los derechos humanos y el intercambio libre de conocimientos. Asimismo, que estén motivados a pensar críticamente, analizar los problemas de sus comunidades y que estén convencidos de aceptar y ejercer responsabilidades sociales (UNESCO, 1998). Desde esta perspectiva, el estudiante se concibe como un futuro profesional integral con alta responsabilidad ética, social y ambiental; con capacidad de participar de manera activa y critica en la construcción de mejores sociedades (UNESCO-IESALC, 2008). Todo esto, sin descuidar que estos despliegues tendrían que reflejarse en los valores de la paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos (UNESCO, 2009).

La perspectiva de los actores nacionales, en especial desde su marco legal, resulta ir en la misma dirección que los enunciados expresados por los actores internacionales. Muestra de ello es lo expuesto en la Constitución Política de Colombia, que, en su artículo 67, concibe a la educación tanto un derecho como un servicio público con una función social; la misma que tiene como fin último la formación de ciudadanos respetuosos de los derechos humanos, la paz y la democracia (Artículo 67, 1991/2015).

De manera específica, y para las cuestiones de la educación superior, la Ley 30 (1992) resulta ser el ordenamiento jurídico supremo. Por medio de esta Ley la educación superior es entendida como un servicio público y como proceso encaminado al desarrollo integral del potencial de la ciudadanía. Del mismo modo, la autonomía personal, la dimensión ética y un espíritu reflexivo son resaltados en esta norma. Se reafirma, además, en la libertad de enseñanza, el aprendizaje, la investigación; y se refuerzan las expectativas de una educación superior que permita a quienes acceden a esta, participar en la construcción del bienestar general de la población (Ley 30, 1992).

Tras treinta años de vigencia de la Ley 30, distintos decretos, leyes y acuerdos por parte de diversas organizaciones estatales y académicas se han promulgado; con ello, se ha buscado actualizar el marco legal para la educación superior en Colombia. De esta manera, las actualizaciones a la Ley se han contemplado con una concepción de educación superior como derecho humano, como servicio público con función social y como promotora de la formación intelectual, física, moral y ética (Decreto 0110, 1994; Ley 115, 1994;Ley 749, 2002).

A la par de las normativas mencionadas, se pueden encontrar otras disposiciones centradas en la definición y evaluación de los criterios de calidad que debe cumplir una IES para ofrecer programas de educación superior (Acuerdo 02 de 2020, 2020; Decreto 2566, 2003;Decreto 1295, 2010; Decreto 2219, 2014; Decreto 1075, 2015;Decreto 1330, 2019; Ley 1188, 2008; Ley 1740, 2014). Estos marcos, sirven igualmente como fuente para reforzar la premisa de una educación superior cercana a la sociedad, a sus dinámicas sociales y a sus necesidades. Dentro de dichos criterios de calidad se encuentran:

• Justificación del programa: en términos de demostrar una relación directa del contenido curricular, los métodos de aprendizaje y el perfil del egresado con las necesidades de las comunidades en las que se pretende ofrecer el servicio

• Investigación: dispuesta a la formación de una actitud crítica y al desarrollo de una capacidad creativa encaminadas a la transformación social y a la construcción de un mejor país

• Relación con el sector externo: enfocada en los modos en que la oferta académica tendrá un impacto positivo en la realidad de las comunidades. Dentro de estos modos el desarrollo del compromiso social de los estudiantes con la realidad de su región toma gran relevancia

• Programas de egresados: donde quienes tuvieron la oportunidad de transitar por la educación superior son llamados a materializar dicha misión a través de su rol profesional, con especial atención en las acciones que contribuyan a la dinámica social y cultural de la comunidad

• Una identidad institucional: que se refleje en una misión sensible a los problemas sociales y en una decidida promoción del interés, la capacidad y el compromiso por el desarrollo de las comunidades en las que la institución hace presencia (Acuerdo 02 de 2020, 2020; Decreto 2566, 2003;Decreto 1295, 2010; Decreto 2219, 2014; Decreto 1075, 2015; Decreto 1330, 2019; Ley 1188, 2008;Ley 1740, 2014).

De las disposiciones legales enlistadas anteriormente, cabe destacar el Decreto 1075 (2015), en particular su artículo 2.5.3.2.2.1.1, el cual presenta la calidad como un conjunto de atributos articulados, interdependientes y dinámicos construidos por la comunidad académica y entendidos como referentes que deben responder a las demandas sociales, culturales y del entorno. Dicha concepción se reafirma en el Decreto 1330 de 2019. Asimismo, vale resaltar el Acuerdo 02 (2020), mediante el cual se actualiza el modelo de acreditación de la calidad en la educación superior; el mismo que destaca la influencia de la labor formativa, académica, docente, científica, cultural y de asesoría de las IES en la búsqueda del bienestar colectivo y de la satisfacción de las necesidades del pueblo colombiano. En este marco, y más concretamente en su artículo 15, se promueve una formación de profesionales integrales, con compromiso y responsabilidad ética, social y medioambiental, que les permita afrontar realidades complejas y buscar la participación en la construcción de una sociedad más justa y equitativas.

Siguiendo con el Acuerdo 02 (2020), en su capítulo II se recogen los principios de acreditación de alta calidad para las IES. En alusión a esto, la mencionada norma nos ofrece un último argumento a favor de una educación superior cercana a la comunidad y al servicio de estas. Esto se justifica en los principios que están vertebrando tres aspectos de singular importancia: el proyecto educativo institucional (I), el proyecto educativo del programa (II) y la misión de la institución de educación superior (III). Así también, se considera importante destacar los principios expresados líneas arriba: a. adecuación, vista como la capacidad y cualificación de la institución de enseñanza superior para integrar (III) con (I) y (II); coherencia, entendida como el grado de correlación efectiva entre (I) y (II) con (III); pertinencia, que alude al cumplimiento congruente, intencionado, coherente y adecuado de (I), (II) y (III) con las condiciones y requerimientos sociales, culturales y ambientales del contexto; e, integridad, asociada al cumplimiento de la propuesta de valor de la función social definida en (I), (II) y (III).