Artículos
Recepción: 05 mayo 2025
Aprobación: 29 octubre 2025
Resumen: Este trabajo tiene por objetivo observar y analizar la evolución de calidad del empleo de los asalariados privados agropecuarios del Uruguay entre 2004 y 2019; período caracterizado por profundas transformaciones en el sector agropecuario y cambios institucionales en el ámbito laboral. Para medir la evolución de la calidad de empleo se utiliza el Índice de Malos Empleos (IME), índice sintético compuesto por cuatro dimensiones: seguridad social, productividad, ingresos y horas de trabajo. Los resultados muestran una mejoría gradual en la calidad del empleo, no obstante, dado el contexto, esta mejoría parece no ser suficiente para lograr una mejora sustancial y equitativa de las condiciones laborales comparado con otros sectores productivos.
Palabras clave: Calidad Empleo, Asalariados Agropecuarios, Transformaciones agrarias.
Abstract: This work aims to observe and analyze the evolution of the quality of employment of private agricultural wage earners in Uruguay between 2004 and 2019; a period characterized by profound transformations in the agricultural sector and institutional changes in the workplace. To measure the evolution of the quality of employment, the “Bad Jobs Index” (IME) is used, a synthetic index composed of four dimensions: social security, productivity, income and working hours. In summary, the results show a gradual improvement in the quality of employment, however, given the context, this improvement does not seem to be enough; There are still pending challenges to achieve a substantial and equitable improvement in working conditions in other productive sectors.
Keywords: Employment Quality, Agricultural Wage Earners, Agricultural Transformations.
Introducción
El presente artículo se basa en los resultados del proyecto denominado “Calidad de empleo en tiempos de transformaciones y mayor regulación del mercado laboral en el sector agropecuario: el caso de Asalariados Privados Agropecuarios del Uruguay entre 2004 y 2019".
La relevancia del estudio se fundamenta en la importancia del sector y de los asalariados dentro de este. Riella y Mascheroni (2015c) hablan de una relevancia del sector en la economía y en particular de los asalariados rurales en un contexto de reprimarización de las economías latinoamericanas. En Uruguay el sector agropecuario es un pilar de la economía nacional, donde en el período de estudio aportó al Producto Bruto Interno (PBI) Nacional un promedio de 7% anual; y un 10% de los trabajadores; siendo los asalariados privados entre el 50 y 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) agropecuaria.
Siguiendo con la relevancia podemos tomar en cuenta el contexto de estudio; por un lado en un contexto de transformaciones de la estructura agraria. Factores exógenos y endógenos generaron el desarrollo de rubros no tradicionales; incorporando nuevos mercados, actores, uso de los recursos naturales, tecnología, lógicas organizacionales; que transformaron la estructura agraria, así como también la economía nacional.
A su vez en el periodo estudiado coincide con la incorporación de asalariados agropecuarios a ámbitos de diálogo y negociación colectiva, como los consejos de salarios, por primera vez en la historia. También en este periodo hubo avances legislativos importantes, avances fundamentales, postergados históricamente.
El trabajo recorre aspectos conceptuales que definen el grupo de referencia de estudio, la evolución de los derechos laborales en el periodo de estudio, los estudios previos sobre la misma área, la metodología del trabajo, y se presentan los resultados según el Índice de Malos Empleos, por carencia, su intensidad e incidencia. Finalmente se presentan las reflexiones y conclusiones del trabajo.
Asalariados Agropecuarios: Fundamentos teóricos conceptuales
Este trabajo tiene como objeto de estudio a los “asalariados agropecuarios”, tomando en cuenta la clasificación de Juncal et al. (2014); según el autor existen 3 categorías conceptuales para caracterizar lo que comúnmente se denomina “trabajador rural”; que son: trabajador rural, asalariado rural y asalariado agropecuario.
La denominación de trabajador rural incluye a personas que desempeñan actividades en el sector agropecuario, bajo modalidades de trabajo asalariado y no asalariado; incluye productores familiares, trabajadores por cuenta propia, cooperativistas, entre otros.
Teniendo en cuenta esta primer definición se podría tomar a Piñeiro (2008) en su propuesta en “el Trabajo Precario en el campo uruguayo”, donde toma una conceptualización amplia de trabajo, como proceso de transformación de la naturaleza y materia prima. Define como trabajadores rurales a todos aquellos que trabajan en tareas agrícolas sean éstas en relación de dependencia (asalariados) o en forma independiente (trabajadores por cuenta propia, productos agrícolas familiares, trabajadores familiares no remunerados).
La segunda categoría; Asalariado rural, realiza una primera clasificación, cambiando la palabra trabajador, por asalariados; incorporando únicamente a trabajadores que perciben una retribución a cambio de la tarea realizada, quedando así excluidos del grupo productores familiares, familiares no remunerados, cooperativistas, entre otros.
Esta denominación, según el autor de referencia, plantea algunas complejidades, por ejemplo, el enclave territorial, habiendo asalariados rurales que puedan realizar tareas rurales en territorios urbanos y/o suburbanos. Otra complejidad es la diferenciación de tareas y responsabilidades, pudiendo haber asalariados rurales que ejecutan tareas manuales e intelectuales; trabajadores que participan directamente en tareas agrícolas y trabajadores en tareas complementarias.
La última categoría, que tomaremos como referencia para el estudio, es la de asalariado agropecuario; está armoniza la condición de asalariado con el tipo de tarea que realiza. Es una denominación, que está basada en la tarea que realiza, y no la actividad de la empresa o el establecimiento que lo contrata. Según Juncal et al. (2014) . Se trata de asalariados que tienen un vínculo directo con los procesos productivos, realizando tareas de manipulación con los factores productivos.
Teniendo en cuenta esta clasificación se toma como referencia a los asalariados agropecuarios como objeto de estudio teniendo en cuenta que son la mayoría de los puestos laborales del sector (a pesar de que otros tipos de tareas y oficios en el marco de empresas agropecuarias han crecido en las últimas décadas) y que es una población altamente sensibles a transformaciones productivas, legislativa – laborales, salariales y de condiciones laborales; a diferencia de otros asalariados con mayor calificación.
Evolución de los asalariados agropecuarios
La estructura agraria en el Uruguay tiene rasgos característicos diferentes a países de la región y de América Latina; una de ellas es la importancia de los asalariados en la Población Económicamente Activa (PEA) Agropecuaria. Se pueden marcar tres momentos importantes en el aumento y consolidación de los asalariados en el sector: el primero con la temprana modernización de la estancia cimarrona, ocurrido desde final del siglo XIX, que tuvo como efectos la distribución de la tierra, la instauración de la propiedad privada, y el alambramiento de los campos, que produjeron un contingente de personas sin acceso a medios de producción y de vida que debieron asalariarse para subsistir. “Suele coincidirse en que estos cambios marcaron el ingreso del mundo rural en la producción capitalista, a la vez que permitían que el país se incorporase al comercio internacional, como exportador de materias primas y alimentos” (Moraes; 2003:14). El segundo momento se identifica a partir de la década de 1940 con el desarrollo de un modelo de industrialización interna y protección que permitió el desarrollo de la agricultura, allí hubo un crecimiento y consolidación de una masa de asalariados en rubros como la horticultura, viñedos, caña de azúcar, la remolacha, arroz, entre otros. Finalmente, en el tercer momento se puede identificar desde el final del siglo XXI, luego de un proceso de estancamiento, cuando se procesa una nueva ola modernizadora que tuvo su apogeo a partir de 2005; en este periodo hubo una disminución importante en la PEA agropecuaria en todas las categorías, pero los asalariados crecieron en términos relativos; pasaron de representar 56% en 1985 a representar el 65% de la PEA Agropecuaria en 2011.
Sobre esto último, Carámbula y Oyhantçabal (2019) hablan de un proceso de proletarización en el agro, donde crece el sector remunerado, en detrimento de sectores no remunerados. Romero (2021) tomando aportes de autores como (Kay 2007, Rubio 2008, Villulla 2019) menciona que el crecimiento de los asalariados, en proporción a los demás sectores, es claro indicador del dominio de las relaciones capitalistas de producción, convirtiendo a los asalariados en la principal fuerza creadora de riqueza. Según éste, la situación se consolida a partir de un proceso de restructuración del modelo de producción de alimentos y energía, impuesta por mercados internacionales, que implicó transformaciones en el mercado de trabajo.
Las mediciones realizadas para el presente artículo, que se cimientan en la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), con base en los códigos de actividad de establecimientos agropecuarios, dan cuenta de un crecimiento de los asalariados en establecimientos rurales entre 2007 a 2019, de 29% a 42%. Por su parte muestran la disminución de patrones de 17,1% a 8,9% y los trabajadores por cuenta propia con local o inversión de 46,2% a 40,5%.
Respecto a los puestos laborales según estadísticas del Banco Previsión Social (2021) los cotizantes dependientes de empresas agropecuarias crecieron de 2004 a 2008, llegando a ubicarse por encima de los 100 mil; mientras que entre 2009 y 2019 el número descendió lentamente hasta posicionarse en torno a 80 mil. Carámbula y Oyhantçabal (2019) subrayan que a diferencia de otras caídas de trabajadores dependientes, en esta etapa la disminución no está vinculada a una crisis, sino que al proceso de tecnificación e incremento de escala en la actividad agropecuaria que sustituye trabajo por capital y desplaza a los patrones menos productivos (Carámbula y Oyhantçabal 2019;167).
Evolución de los derechos laborales y sindicales en el sector Rural
Es un consenso entre los estudios sobre los trabajadores rurales que los mismos históricamente estuvieron postergados y atrasados en cuanto al ejercicio de sus derechos laborales respecto a los que gozaron los trabajadores urbanos y de otras ramas.
“las condiciones de trabajo en el sector han sido históricamente precarias y de baja calidad, lo que ha producido importantes carencias en las condiciones de vida de amplios sectores de la población rural” (Riella y Mascheroni; 2014: 183).
Los trabajadores rurales han estado sujetos a cuerpos normativos propios, distintos que los trabajadores urbanos. Se destaca que “hace casi 150 años (1875) que encontramos dentro de nuestra legislación disposiciones particulares que regulan el trabajo rural, ya sea de forma genérica o específica para alguno de sus sectores” (Longa y Lasarte; 2021: 31).
En el periodo de estudio, coincidente con el espacio de gobierno del partido Frente Amplio – Encuentro Progresista, se abre una etapa de avance en materia de derechos importante para los trabajadores rurales, de aquí surge el interés de observar y analizar dichos avances y cambios.
Según Riella y Mascheroni (2015a) este adelanto formó parte de una política agraria productivista con mecanismos institucionales para la inclusión social, donde se destacaron 3 conjuntos de políticas públicas para el sector agropecuario: las políticas de regulación de las relaciones laborales, la promoción de inversiones y las reformas en el sistema tributario.
Una de las primeras medidas fue la convocatoria a Consejos de Salarios, que desde 1992 no habían sido convocados; aunque esta vez, por primera vez en la historia, se incluyó al sector rural, servicio doméstico y sector público.
Según Barrios y otros (2007) hubo dos temas principales al inicio, libertades sindicales - buen relacionamiento entre las partes; y limitación de la jornada laboral. Esto desembocó en la aprobación de la Ley No 17940 de Libertad sindical y derechos laborales; que dio garantías para las organizaciones y afiliados; ayudando al fortalecimiento y generación de nuevos sindicatos rurales, y al crecimiento de afiliados.
Otros de los grandes avances alcanzados fue la limitación de la jornada laboral, descansos intermedios y entre jornadas de los trabajadores rurales (en 2008 se promulgó la Ley Nº 18.441). Las particularidades del trabajo rural, determinados por la naturaleza llevó a que los trabajadores, principalmente de la ganadería y agricultura de secano, no pudieran gozar del beneficio pleno de la limitación de la jornada y descanso semanales como otros sectores; un derecho consagrado en la constitución de 1934, que fue vulnerado para este sector por más de 70 años.
En 2009 se promulgó el decreto N°321/009 que vino a regular la seguridad y salud de los trabajadores rurales y en 2012 se promulgó un nuevo Estatuto del Trabajador Rural, Decreto Ley N°14.785, ubicándose como la principal norma que rige en materia de trabajo rural, y que regula de forma genérica los aspectos fundamentales del sector y principalmente obligaciones de la relación laboral. La ley contiene disposiciones sobre salario, beneficios del salario (alimentación y vivienda), rubros laborales (licencia, aguinaldo, salario vacacional), asistencia médica, seguridad y salud laboral, despido y disposiciones respecto al trabajador y su familia en el establecimiento.
Respecto a los ingresos una medición realizada por Riella y Mascheroni (2009), muestran que para el año 2008 el 21.7% de los hogares de asalariados rurales se encontraban en situación de pobreza por ingreso. Según Ackermann et al. (2014) mencionan que el sector agropecuario y de la construcción son los que han tenido mayores ajustes entre 2006 y 2013, con un crecimiento real de los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia por encima de 7% promedio anual. No obstante, como veremos en el análisis de datos los ingresos de los trabajadores dependientes en el sector agropecuario siguen en niveles bajos en términos comparativos con otras actividades.
Finalmente, otro de los hitos simbólicos importantes para los trabajadores rurales ha sido la Ley 19.000, promulgada en noviembre de 2012, que declara el 30 de abril de cada año el "Día del Trabajador Rural" como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esa actividad.
El sector agropecuario uruguayo en el contexto de estudio (2004 - 2019)
Luego de un periodo de estancamiento dinámico (Cardeillac y Juncal 2017; Piñeiro y Moraes, 2008), hacia principios de la década del 2000, el sector agropecuario comienza un periodo de transformaciones que permanecen hasta la actualidad. Estas transformaciones son explicadas por factores exógenos y endógenos, que a continuación enunciamos. Dentro de los factores exógenos estuvo la demanda creciente por alimentos a nivel global, en especial de países asiáticos; que provocaron el incremento sostenido de los precios internacionales de los commodities, constituyéndose este factor en el principal motor de la dinámica de la agricultura (Vasallo; 2013).
De esta forma, hubo un protagonismo liderado por los fondos de inversión y pensión, y, los bancos, para quienes resultó atractiva la inversión en tierra y producción de alimentos (Piñeiro, 2014). Este fenómeno de inversión estuvo motivado por ventajas comparativas de la región, y el agotamiento de las fronteras agrícolas en el hemisferio norte, dada la influencia de las restricciones ambientales y laborales a la producción de alimentos en Europa que llevaron un corrimiento hacia el hemisferio sur. Además de esto, a nivel regional, los países limítrofes, Argentina y Brasil, en este contexto, expandieron sus fronteras agrícolas hacia el nuestro (Vasallo; 2013). El proceso de “sojización” denominado por Arbeletche (2016), habla de la expansión de cultivos oleaginosos, que comenzó en Argentina y Brasil con anterioridad trasladándose rápidamente a comienzo de los 2000 a nuestro país con características muy similares. En el sector arrocero también se constató en el periodo una creciente incorporación de productores e inversores brasileños, pero este ya venía desde la década de 1980 cuando se produjo la expansión del cultivo en el norte del país. En la ganadería también se constató la presencia de empresarios de la región mediante la compra de tierras y de brasileños en la industria frigorífica (Vasallo, 2013).
Respecto a los factores internos se destacan las capacidades de promoción de inversiones, con políticas horizontales y sectoriales para la inversión, políticas de exoneraciones impositivas, de suelo y aguas menos rigurosas, política cambiaria favorable al sector y cambios legales para la tenencia de la tierra, entre otras medidas.
Según datos del Informe de Uruguay Siglo XXI “Oportunidades de agronegocios” del año 2019; entre el año 2000 y el primer semestre de 2017 se realizaron 36.362 operaciones de compraventa de tierras que involucraron 8,1 millones de ha, cambiando sustancialmente el mercado de tierras. Esta demanda produjo el incremento del precio de la tierra, multiplicándose por 10 en 15 años; a modo de ejemplo en 2002 el precio promedio fue de U$S385 la ha, mientras que en 2017 ascendió a US$3.716 la ha.
Según Oyhantçabal y Sanguinetti (2017) en un contexto de crecimiento de la economía nacional; el sector agropecuario fue uno de los más dinámicos, no sólo por su propio crecimiento, sino por su efecto multiplicador en el conjunto de la economía y dinamismo en materia exportadora. Según estos entre 2002 y 2015 el PBI agropecuario creció por encima de 40% en pesos constantes, a una tasa anual superior al 3%; no obstante creció por debajo que resto de la economía que se ubicó en 6% por año.
El aporte del sector agropecuario al PBI nacional osciló en el periodo de estudio entre el 6% y 7% del PIB. Previo al 2007 los guarismos estuvieron por encima del 7% llegando en 2004 a un 9%. Si incluimos a los subsectores e industrias asociadas, que se lo suele denominar sector agroindustrial, la contribución osciló entre 14% y 16% del PIB entre el periodo 2015-2019, según el mencionado informe de Uruguay Siglo XXI.
Dentro de la heterogeneidad interna del crecimiento se puede destacar a un sector pecuario de menor dinamismo y un sector agrícola muy dinámico que se convierte en el gran responsable de una importante transformación en la economía.
En última instancia, según el anuario de MGAP - DIEA (2019) para el año 2019 se estimó una superficie de bosques plantados de 1.243.000 de hectáreas; 29.000 hectáreas de cítricos, frutales, viñedos y olivos; 145.000 hectáreas de arroz, 1.525.800 hectáreas de cultivos cerealeros e industriales de verano e invierno; y 12.579.000 hectáreas de ganadería. Esto indicaría un completo uso del suelo productivo nacional. Este periodo de transformaciones y crecimiento es el contexto donde se desarrolla el trabajo.
Antecedentes de estudios sobre calidad de empleo en trabajadores rurales uruguayos
En materia de estudio de calidad de empleo a trabajadores rurales en Uruguay, podemos referenciar un documento de trabajo realizado por Riella y Tubio (1997) donde analizan los resultados de la Encuesta a Cosechadores de Citrus. En la misma se encuesto a 4.517 trabajadores de las seis mayores empresas citrícolas del litoral norte. En ella se relevó datos sociodemográficos, ocupacionales, sobre calidad de vida, capacitación, opiniones y expectativas sobre las condiciones de trabajo.
Otro de los estudios de referencia es el trabajo “Explorando la calidad del empleo en la forestación. Un estudio de caso” de Riella y Mascheroni (2009), la investigación se realizó en la empresa Forestal Oriental y sus empresas sub-contratadas en todas las etapas de la fase agraria de la cadena forestal. Se relevó datos sobre volumen, modalidades, localización del empleo, proceso de trabajo, condiciones de trabajo, condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.
También se realizó un estudio similar en el sector agrícola de la caña de azúcar denominado “Estudio sobre los cortadores de caña de azúcar en Bella Unión”, que fue realizado por Grupo de Estudios en Sociología Rural, Territorio y Desarrollo del Departamento de Sociología; en él se censo a 993 trabajadores, aplicándose una encuesta a 327. Entre las dos técnicas se relevó la cantidad de trabajadores, características socio‐demográficas, condiciones laborales (salario, formalidad, accidentabilidad y sindicalización), ciclo anual de empleo, trayectoria laboral del trabajador, expectativas laborales, grado de autorrealización con el trabajo, condiciones de vida del trabajador y su familia.
Otros estudios que toman aspectos de la calidad de empleo son “La precariedad del empleo en los trabajadores zafrales de la esquila” (2003) y “El trabajo precario en el campo uruguayo” (2008) del Dr. Diego Piñeiro; “La calidad del empleo en la ganadería uruguaya. Un estudio de caso” (2012) y “El sector agrario uruguayo. Trabajadores transitorios y vulnerabilidad social” (2021), “El empleo transitorio en el agro uruguayo: una mirada multivariada para explorar el perfil social de los trabajadores y trabajadoras” (2021) todos ellos de los autores Alberto Riella y Jessica Ramírez.
Por último, mencionamos el trabajo Ciclos económicos y puja redistributiva: el caso de la institucionalidad del mercado de empleo agrario en Uruguay (2005-2018); de los autores Alberto Riella, Paola Mascheroni y Jessica Ramírez (2020), que estudió la evolución de los salarios y condiciones del trabajo agrario en Uruguay entre 2005 a 2018 y su relación con el desempeño económico del sector en esos años. Este trabajo tiene por objetivo observar la trayectoria de los indicadores de mercado de empleo en dos periodos; el primero en un contexto de mayor regulación del mercado de empleo y expansión del sector; y un segundo periodo en un contexto de contracción del sector. Los indicadores analizados por los autores son ingresos salariales, formalización del empleo, jornada laboral e incidencia de la pobreza de los asalariados agrarios. Como fuente de datos utilizan datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), tomando como unidad de análisis a los asalariados del sector agropecuario y sus hogares.
Como lectura general sobre los estudios de calidad de empleo en el sector encontramos diversas perspectivas teóricas y metodológicas para abordar el tema que le brinda una riqueza importante. No obstante, a la hora de realizar un análisis comparativo se encontraron dificultades ya que se utilizan diferentes indicadores, poblaciones (por ejemplo, hay estudios que toman todos los ocupados del sector, otros los dependientes y otros los asalariados agropecuarios; no hay limitación entre sector público y privado) y fuentes de datos.
Metodología
Para medir la calidad de empleo en este estudio se utilizó el Índice de Malos Empleos (IME); un índice sintético, propuesto por Porras y Rodríguez (2014, 2016, 2022), que toma 4 dimensiones, las cuales son denominadas carencias de la calidad de empleo.
a) Carencia Ingreso: en esta dimensión se medirá si el trabajador tiene un ingreso malo o bueno, siendo el umbral elegido el valor/ hora del Salario Mínimo Nacional definido para cada año. El Salario Mínimo Nacional (SMN) fue decretado en el año 1969; Decreto 1534/969, y se lo define como el “piso por debajo del cual no puede estar ninguna remuneración”; en este sentido se toma el SMN como una medida de referencia, como el piso salarial mínimo para cualquier trabajador.
Para estimar esta carencia, se suman los montos de las variables de ingresos, se divide por la variable cantidad de horas semanales trabajadas; y para finalizar se multiplica por 4 (las semanas del mes). Una vez obtenido los guarismos, se contrasta con el valor hora mínimo de cada año, estableciéndose si el monto es inferior o superior al SMN.
b) Carencia Protección social: Toma en cuenta si la ocupación tiene cobertura total o parcial de la seguridad social; el asalariado tendrá carencia si no está registrado en el Banco de Previsión Social y si los aportes no son por todo el sueldo. La seguridad social genera derechos jubilatorios, subsidio por desempleo, seguro por enfermedad y cobertura de salud, acceso a beneficios varios en el Banco de Previsión Social, tanto para el trabajador como para su familia. Para estimar esta carencia se utilizan dos variables: aporta a caja de jubilaciones y aporta por la totalidad del salario.
c) Carencia productividad y posibilidades de desarrollo personal:
Según estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)[1], existe un vínculo importante entre la calidad de empleo y la productividad de las empresas. Al sector productivo y el mercado laboral le afecta el tamaño de las empresas, las escalas, el capital, la tecnología y la informalidad en la que se encuentran. Según Cárdenas (2022) las empresas informales suelen ser más pequeñas y menos productivas que las empresas formales. A la vez estas afectan, compiten con las empresas formales afectando la productividad del sistema. Porras y Rodríguez (2014) mencionan que hay un proceso de retroalimentación entre calidad del empleo y productividad, un aumento en la productividad laboral media de la economía, permite mejorar la calidad del empleo, debido a que es un factor determinante del margen de beneficios de las empresas y por lo tanto, de las posibilidades que cuentan para ofrecer mejores condiciones a los trabajadores. Además de esto la ocupación debe ofrecer oportunidades de crecimiento desarrollo laboral / personal; en microempresas se limitan más que las empresas de otro tamaño en cuanto oportunidades de ascender de categoría.
Para la construcción de la variable informalidad se toman los aportes de Porras y Rodríguez (2014) que adoptan la definición operativa de la OIT, que considera a los ocupados como informales si son trabajadores del servicio doméstico, trabajadores del sector privado en microempresas (establecimientos con menos de cinco empleados) o trabajadores por cuenta propia con o sin local. Teniendo en cuenta esto para estimar los valores de esta carencia se toma la variable de la ECH tamaño de la empresa; a los efectos del estudio si el asalariados privado agropecuario se encuentra en una microempresa se considera que padece la carencia de informalidad.
d) Carencia de horas: Se considera una ocupación con problema de horas si el asalariado trabaja menos de 40 horas semanales y desea trabajar más horas; o, si su jornada laboral supera las 48 horas semanales. Lavalleja y Torres (2022) mencionan que es relevante debido a que las horas de trabajo excesivas constituyen una amenaza para la salud, interfieren en la vida familiar y pueden estar correlacionados con una remuneración por hora muy baja y una baja productividad.
Para este cálculo se toman en cuenta las variables de la ECH: horas semanales trabajadas y búsqueda de otro empleo.
Respecto a la puntuación de la carencia Porras y Rodríguez (2014) mencionan que en la medida que cualquiera de las dimensiones consideradas constituye restricciones en el empleo, no se debería considerar así a una ocupación como de calidad si la misma no supera los umbrales definidos en cada una de las dimensiones.
En referencia a la ponderación, el criterio aquí adoptado es que todas las dimensiones tengan el mismo peso, al igual que el trabajo desarrollado por las autoras Porras y Rodríguez (2014; 2017; 2022), según los autores no existe un fundamento teórico fuerte para darle un peso diferente a una u otra dimensión y que cualquier otra ponderación resultaría arbitraria.
No obstante, en la medida que se considerare necesario una ponderación distinta de las dimensiones el instrumento permite realizarlo. De hecho, en la investigación en la cual se realiza este estudio se ensayan diferentes ponderaciones de acuerdo con las correlaciones de las variables tomadas para cada dimensión.
El Índice de Malos Empleos (IME) registra la incidencia de los empleos de mala calidad (cantidad de ocupados que tienen empleo de mala calidad), y la intensidad de la calidad de empleo (cantidad de dimensiones con problema de los ocupados con empleos de mala calidad). Siendo el valor del IME el resultado de la multiplicación de la proporción de los malos empleos entre el conjunto de asalariados entre la proporción de carencias en los malos empleos.
Siendo su fórmula: IME= H (incidencia) * A (intensidad)
El IME podrá tomar un valor entre 0 y 1; será igual a 1 en el caso hipotético que todas las ocupaciones tengan problemas de calidad (q = n) y con carencias en todas las dimensiones consideradas (ci=d). Mientras que el valor mínimo corresponde a la situación en que q = 0, es decir que no hay empleos de mala calidad. Si el IME aumenta indicará que los empleos empeoran en calidad, si disminuye indicará que son menos las malas ocupaciones y/o se redujeron la cantidad de carencias.
A decir de Porras y Rodríguez (2014) el IME es sensible tanto a la frecuencia como a la amplitud de las carencias, por lo cual su aplicación para medir los malos empleos nos permite tener un indicador que resume en un solo índice la incidencia y la intensidad de los problemas de calidad de empleo. Esto es fundamental para evaluar la evolución y la efectividad de políticas destinadas a mejorar la situación de los trabajadores, puesto que la medida disminuirá más sí además de reducir el número de trabajadores con problemas de calidad de empleo, disminuye la intensidad de los problemas de calidad de quienes continúan presentando mala calidad de sus empleos.
El indicador elegido tiene limitaciones por ejemplo en el número de dimensiones seleccionadas; pero las mismas debieron ser seleccionada de acuerdo con la disponibilidad de datos ya que para este se definió trabajar con fuentes secundarias. Al ser un estudio longitudinal se plantearon dificultades en el seguimiento de variables durante el periodo; hubo variables que podían haber sido incorporadas, pero durante el periodo por decisiones metodológicas de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas fueron retiradas. Por ejemplo, una variable que se descarto fue el grado de sindicalización que se relevó hasta el 2009, permitía saber si el trabajador estaba afiliado. Lo mismo ocurrió con la variable “tipo de contrato” que permitía conocer directamente si el trabajador tenía contrato permanente o zafral.
Respecto a la unidad para este trabajo la unidad de análisis principal son los Asalariados Privados Agropecuarios cuyo único empleo es agropecuario, a estos los denominaremos “APA”.
Criterios de selección son las tareas en la ocupación principal, la categoría de ocupación y la cantidad de empleos.
También se realizará comparaciones con los Asalariados Privados con un solo empleo de todas las ramas y con los Asalariados de Manufacturas Origen Agropecuario (APMOA) con un solo empleo.
Análisis de resultados
El análisis de los resultados se realizará primero por carencias, para luego analizar los resultados del IME en su globalidad, y finalmente su incidencia e intensidad.
En términos generales para los asalariados agropecuarios en el periodo no hubo transformaciones, la presencia en pequeñas empresas oscilo entre un 40% y 50% en todo el periodo. La segunda categoría con mayor cantidad de asalariados es la de 5 a 9 personas, siendo cercana a 25%. En la categoría de 10 a 49 personas rondó en 20% en el periodo y la categoría de más de 50 personas al 10%.
La ganadería se destacó como el sector con mayor número de asalariados en pequeñas empresas, representando la mitad de los asalariados rurales; más del 50% de las empresas ganaderas tienen 4 asalariados o menos. En contraste, la agricultura vio una reducción significativa de pequeñas empresas, del 53,6% al 19,3%, lo que indica un aumento en empresas con mayor volumen de asalariados. El sector hortifrutícola también mostró una disminución en microempresas, pasando del 41,7% al 34,5% en 2019. En la forestación, hubo un leve descenso de 3 puntos porcentuales durante el mismo periodo.
Comparando con el total de trabajadores privados en el país, que se sitúa alrededor del 25% de presencia en pequeñas empresas, se observa que los APA trabajan en empresas de menor productividad, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal y laboral. Esta situación afecta negativamente al Índice de Malos Empleos (IME), reflejando un problema estructural del sector.
Dentro del sector agroindustrial observamos que todos han disminuido su nivel de carencia en productividad entre 2007 y 2019; los Asalariados Privados de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) en su mayoría, trabajan en empresas con más de 5 trabajadores, y su carencia de productividad se situó por debajo del 10% en 2019, lo que sugiere que en la manufactura hay asalariados con mayores oportunidades de desarrollo laboral y tecnológico.
En cuanto a la carencia de cobertura de seguridad social, que refiere a la falta de registro en el Banco de Previsión Social (BPS) y el no aporte por el ingreso; Lavalleja y Torres (2022), mencionan que Uruguay tiene la menor tasa de informalidad en América Latina, con un 24.5% en 2019, significativamente por debajo de países como Chile, Brasil y Costa Rica. Según estos la informalidad laboral es un problema relevante en la región, alcanzando en algunos países más del 60% de los ocupados. En cuanto a nuestro país entre 2006 y 2012 la tasa de informalidad presentó una marcada disminución, pasando de un promedio de 35.0% a 26.6%, estabilizándose hasta 2020, hasta la crisis provocada por la Pandemia del COVID.
En cuanto a los APA la carencia aportes a la seguridad social disminuyó del 57.4% en 2004 al 24.9% en 2019. Este descenso coincide con un aumento en los puestos cotizantes en el BPS, que alcanzó un pico en 2012 antes de descender nuevamente. La mejora en la cobertura de seguridad social puede atribuirse a una mayor fiscalización del BPS y a incentivos tributarios para patrones que incentivaron la formalización del empleo.
No obstante, a pesar de esto los guarismos siguen siendo preocupantes ya que en 2019 uno de cada cuatro asalariados agropecuarios no aportaba a la seguridad social. A la interna de los sectores la ganadería tiene el mayor porcentaje de aporte a la seguridad social, aumentando del 56% en 2004 al 85% en 2019; mientras que en el sector agrícola, el aporte creció del 40.6% al 74.3%, y en el sector forestal del 30.8% al 75.2%. Comparando los Asalariados de Manufacturas de Origen Agropecuario (APMOA), se observa que tienen porcentajes de no aporte por debajo del 10% en todo el periodo analizado.
En cuanto a la carencia horas, entre 2004 y 2019, los Asalariados Privados Agropecuarios (APA) mostraron un aumento significativo en la franja de 40 a 48 horas, pasando del 36.3% al 71.6%. Aquellos que trabajaban más de 48 horas semanales disminuyeron drásticamente del 36.8% al 11.7%. Esto refleja el impacto positivo de las medidas legislativas que limitan la jornada laboral y establecen regímenes de descanso. Por su parte el deseo de trabajar más horas cayó del 26.6% al 10.5%, lo que sugiere que el 90% de estos trabajadores están satisfechos con su carga horaria.
La carencia de horas, que combina las horas trabajadas y el deseo de trabajar más, disminuyó drásticamente del 71% en 2007 al 21% en 2019, con la mayor reducción entre 2004 y 2013.
Para 2019 los asalariados de la ganadería presentaron la mayor carencia de horas (19.8%), seguidos por los de agricultura (12.7%) y forestación (4.4%). Comparando con los Asalariados Privados de Establecimientos Agropecuarios (APEA), la carencia de horas fue similar entre 2013 y 2019, con una mejora notable entre 2007 y 2013.
En cuanto a la carencia de ingresos para los APA se puede caracterizar en 4 etapas; una primera de 2004 a 2007 donde hubo un aumento de la carencia, esto se explica por el fuerte incremento del valor del SMN a partir del 2005. La segunda etapa de 2007 a 2010 donde hubo un descenso de la carencia, aumentando los ingresos que superan 1 SMN. La tercera etapa se encuentra entre 2010 y 2013, un periodo de crecimiento de la carencia y disminución de los salarios por encima del SMN, este crecimiento esta explicado por el crecimiento del SMN que no fue acompañado de igual forma por el crecimiento salarial. Tal como lo explica en el documento del Instituto Cuesta Duarte (2023), cuando el SMN aumenta de manera drástica tiene impactos sobre trabajadores de baja calificación, con menores niveles salariales y porcentaje de aportes a la seguridad social.
La cuarta etapa, de 2013 a 2019 la carencia vuelve a descender, pero de forma lenta, recuperando los valores previos a 2010; este periodo se caracterizó por un continuo aumento del SMN y un aumento similar de los ingresos de asalariados rurales.
Por sector encontramos que en la ganadería se encuentra el menor porcentaje de asalariados que no llegan a 1 SMN, en todo el periodo no supero el 20%, culminando en 2019 entorno al 15%; es decir los asalariados de la ganadería tienen mejores salarios. La agricultura y la hortifruticultura tuvieron un descenso hasta 2013, para luego trepar a más de 30% y culminar cercano a 25%. En la forestación por su parte hubo inestabilidad, ya que los números decrecieron y crecieron de una medición a otra, de modo general se puede decir que en el periodo hubo un descenso de la carencia en 5%, pasando de 31% en 2007 a 26% en 2019.
Respecto al promedio de ingreso (línea amarilla) observamos que hasta 2013 el promedio estuvo por encima de 1,5 SMN, pero a partir de allí se ubicó entre 1 y 1,5 SMN.
Análisis de carencias agrupadas e IME
En términos de carencias agrupadas, el guarismo de 0 carencia, es decir de asalariados que no tienen ninguna carencia, tuvo un importante incremento entre el 2007 y 2010, para luego oscilar entre 25 y 30%. El porcentaje de asalariados con 1 carencia fue el más elevado del periodo, tuvo incremento entre 2007 y 2010, seguramente captando asalariados de otras franjas que mejoraron la calidad de empleo; luego de allí se mantuvo en torno a un 35%. La franja de “dos carencias” disminuyo en el periodo, terminando en un 25%; y los empleos con 4 carencias se mantuvieron por debajo del 5% desde el 2010.
Si observamos por subsectores agropecuarios para el año 2019, quien tiene mayor porcentaje de asalariados sin carencia es la ganadería con 30%, mientras que la agricultura/ hortifruticultura y la forestación se ubican en torno al 20%. En la franja de una carencia también hay un porcentaje mayor de la ganadería, que entre las dos primeras franjas se acerca a un 70% de los asalariados. Forestación y Agricultura tienen porcentajes similares, acercándose a un 60% entre las dos primeras.
Respecto al peso de las dimensiones sobre las carencias totales en el IME para el año 2019, encontramos que la productividad es la de mayor peso con un 35%, la dimensión horas tiene un peso de 28%, el ingreso 19% y la seguridad social 17%.
Respecto al Índice de Malos Empleos (IME) para los Asalariados Privados Agropecuarios (APA) se mide en una escala de 0 a 1, donde un valor de 1 indica que todas las ocupaciones tienen problemas de calidad y carencias en todas las dimensiones consideradas. Entre 2007 y 2019, el IME para los APA descendió de 0.40 a 0.32, lo que sugiere una mejora en la calidad del empleo. Sin embargo, entre 2016 y 2019, el IME aumentó, indicando un deterioro en la calidad del empleo, coincidiendo con un estancamiento en el sector. Comparando con los Asalariados Privados (AP) del país, el IME pasó de 0.22 en 2007 a 0.18 en 2022, si bien se observa una reducción de la brecha en la calidad del empleo, persiste una diferencia significativa.
Tal como lo indicamos en el capítulo metodológico, el IME se compone de dos elementos: la incidencia (H), que indica la proporción de empleos de mala calidad, y la intensidad (A), mide la cantidad de carencias promedio que tienen los empleos de mala calidad. La incidencia en los APA era del 80% en 2007 y del 75% en 2019, lo que significa que tres de cada cuatro asalariados agropecuarios tenían al menos una carencia. Aunque la incidencia disminuyó hasta 2016, aumentó nuevamente hasta 2019. Por su parte, la intensidad, que indica cuán graves son esos empleos, también mostró una disminución lenta, pasando del 50% en 2007 al 43% en 2019.
En términos generales se puede decir que hubo un incremento de la calidad de empleo de los Asalariados Privados Agropecuarios, pero el mismo fue en descenso lento tanto en intensidad, como en incidencia. El principal problema está dado por la incidencia, la proporción de empleos que tienen al menos una carencia se ubica por encima del 70% en 2019. Mientras que la intensidad ronda el 40%, es decir que los malos empleos están más próximos a tener dos carencias que una.
Conclusiones Generales
El análisis de la calidad del empleo de los asalariados privados agropecuarios en Uruguay entre 2004 y 2019 muestra que, si bien en el período se verificaron mejoras sostenidas en varios indicadores vinculados a la formalización laboral, la cobertura de seguridad social y los ingresos, dichas mejoras resultan insuficientes para revertir las históricas desigualdades que afectan a este colectivo en comparación con otros sectores de actividad.
El uso del Índice de Malos Empleos (IME) permitió captar tanto la incidencia como la intensidad de las carencias laborales, evidenciando una disminución progresiva de los empleos de mala calidad. Sin embargo, persisten problemas estructurales asociados a la estacionalidad, la zafralidad, los bajos salarios relativos y la concentración del empleo en microempresas, factores que limitan las posibilidades de desarrollo personal y profesional de los trabajadores agropecuarios.
En este sentido, el período analizado constituye una etapa bisagra: por un lado, la incorporación del sector a la negociación colectiva, junto con la aprobación de marcos normativos largamente postergados, que supuso un avance sustancial en materia de derechos laborales; por otro, las transformaciones productivas derivadas de la intensificación tecnológica, la expansión de nuevos cultivos y la internacionalización del agro configuraron un escenario que redujo el peso relativo de la mano de obra y acentuó la heterogeneidad interna de las condiciones laborales.
En suma, aunque se constata una mejora gradual en la calidad del empleo, esta no alcanza aún para consolidar un escenario de trabajo decente y equitativo en el sector agropecuario. Los desafíos pendientes refieren, principalmente, a la reducción de la informalidad residual, la mejora de los ingresos relativos, la atención a la situación de los trabajadores transitorios y la promoción de oportunidades de capacitación y movilidad laboral. Abordar estos aspectos resulta clave para que los asalariados agropecuarios puedan beneficiarse de manera más justa y sostenible de las transformaciones del agro uruguayo en el siglo XXI.
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Notas
