1. Introducción

Las condiciones habitacionales en barrios populares del Gran Buenos Aires han sido usualmente abordadas en términos de sus vulnerabilidades (Rodríguez y Di Virgilio, 2011), que reflejan tanto las dificultades de intervención estatal en el conurbano (Zarazaga, 2017), como el tipo de trayectoria esperada en asentamientos (Cravino, 2009), caracterizada por la ocupación del espacio, la posterior autoconstrucción por parte de sus habitantes (Armus y Bohoslavsky, 2015) y la eventual formalización (Pírez, 1995). A pesar de la complejidad de estos territorios y de la diversidad entre ellos impulsada por programas focalizados (Soldano, 2014), ciertamente ese panorama tiene utilidad en términos de la formulación de condiciones habitacionales típicas.

En cambio, no resulta tan claro que la representación social que los habitantes elaboran sobre el espacio barrial sea un espejo de estas carencias. En efecto, sobre estas significaciones confluyen tanto condiciones de hecho como expectativas; memorias sobre modalidades de acceso al lote como roles esperados del Estado que espejan a sus políticas; sentidos sobre el reconocimiento estatal del espacio e imágenes generales de lo urbano; valoraciones sobre usos y sobre alteridades de proximidad.

En este artículo, se analizan las representaciones sociales sobre el espacio barrial de vecinos de un barrio popular del Municipio de Quilmes -9 de agosto- que se configura de modo relativamente típico en relación con sus condiciones habitacionales. Producto de una ocupación de tierras de los años 80, se encuentra emplazado en una zona de fuertes vulnerabilidades socio-laborales así como ambientales. Al mismo tiempo, las políticas desplegadas en el lugar se destacan por lo acotado de su alcance, dando cuenta de un rol fuertemente subsidiario en lo habitacional.

Ahora bien, al significar su propio barrio, los habitantes de 9 de agosto hilvanan una serie de dimensiones: espacialidades públicas y privadas; reconocimiento estatal y usos de sus habitantes; y, finalmente, la continuidad de condiciones informales actualizadas bajo ciertas políticas públicas se integran como núcleos de sentido en una estructura simbólica que representa a lo barrial bajo distintas modalidades.

Estas operaciones tienden a enfatizar dos formas disímiles de demarcación del espacio local, que han sido usualmente identificadas por la literatura académica (Duhau y Giglia, 2016). Mientras que algunos de los habitantes tienden a significar espacialidades públicas y privadas a escala local a través de la delimitación jurídico-estatal, otros remarcan las alteridades de proximidad, estableciendo umbrales respecto a ellos.

Las demarcaciones basadas en las alteridades de cercanía o categorías jurídicas, si bien no necesariamente excluyentes entre sí, dialogan con las trayectorias habitacionales de los vecinos. Así, como hipótesis interpretativa de estas representaciones, se propondrá que, mientras aquellos que participaron de la ocupación del barrio tienden a emplear un tipo de demarcación jurídica, los que arribaron a sus lotes a través de compras informales o cesiones, emplean una delimitación a través de personificaciones de cercanía.

A continuación, se presentan algunos elementos sobre el hábitat popular en el Gran Buenos Aires y sobre el caso de estudio en particular. Luego de algunas precisiones de índole teórico y metodológico, se analizan distintos perfiles de entrevistados, según cómo significan las demarcaciones de proximidad.

2. Ocupaciones de tierra y políticas habitacionales en el Gran Buenos Aires

El hábitat popular constituye una de las principales preocupaciones de la sociología urbana latinoamericana que –por lo menos en las últimas cinco décadas- se ha interesado, entre distintas temáticas, por las dinámicas políticas y estatales vinculadas a ocupaciones de tierras (Castells, 1974; Sigal, 1981; Gorelik, 2022), por la mercantilización informal del suelo urbano (Abramo, 2012; De Soto et al, 1987), por las especificidades de la urbanización propia de asentamientos (Pírez, 1995) y por su posición respecto a las regulaciones y centralidades de la ciudad como forma (Duhau y Giglia, 2012; Segura, 2015).

Si bien sobre la configuración de barrios populares^[1] del Gran Buenos Aires confluyen una multiplicidad de procesos –desde reformas neoliberales y cambios en la estructura laboral hasta formas de expansión urbana de larga data-, para contextualizar los sentidos de la espacialidad barrial cabe prestar atención principalmente a dos elementos: las ocupaciones de tierra como modalidad de acceso al suelo urbano, por un lado; las políticas habitacionales y su actualización de condiciones informales, por el otro.

A mediados del siglo XX, la expansión del Gran Buenos Aires tuvo como forma hegemónica al loteo popular. Los altos salarios de tiempos de la industrialización sustitutiva y la laxitud de las condiciones regulatorias –acotadas a la comercialización y no a las condiciones de infraestructura urbana (Relli, 2011)- favorecieron el acceso de sectores populares a terrenos de bajo costo (Merklen, 1997). A pesar de su crisis a mediados de los 70 (Merklen, 1997), el modelo de loteo popular tuvo una sobrevida simbólica como expectativa del acceso al lote (Nardin, 2019), integrada en una imagen de la ciudad.

Las políticas de la última dictadura favorecieron un aumento de los costos de los terrenos y la depreciación salarial, poniendo fin al loteo popular como dinámica usual entre sectores populares del Conurbano (Merklen, 1997). A principios de los años 80, una serie de ocupaciones de tierra ocurridas en la zona de San Francisco Solano marcaron la irrupción de este tipo de acción directa como forma de acceso al lote (Cravino y Vommaro, 2018). Esta generación de tomas –usualmente denominada clásica (Nardin, 2018)- se caracterizó por la ocupación organizada de terrenos, el reparto de lotes y la recreación del trazado urbano regular, usualmente bajo disposición ortogonal (Kostof, 1995). De esta manera, tendió a recrear la expansión urbana del modelo anterior –sintetizada en la oposición entre villa y barrio (Cravino y Varela, 2008; Pinedo, 2022)- aunque sin seguir los canales institucionales formales, propios del Estado o el mercado. Como resultado, los asentamientos se caracterizaron en términos jurídicos por el procesamiento del carácter informal de la tenencia, que recibe aunque sea un mínimo de reconocimiento estatal pero se encuentra en una situación tensada con diferentes normativas –desde la titulación al cumplimiento de derechos vinculados a la vivienda.

En las décadas posteriores a las tomas clásicas, ocurrieron una serie de transformaciones en los asentamientos. La literatura académica se ha interesado, entre otros temas, por el crecimiento de un mercado inmobiliario informal (Cravino, 2009), por las situaciones de violencia en los asentamientos (Ossona, 2019; Tufró, Brescia y Pingaro Lefevre, 2017) y por los cambios en la politicidad popular, conforme las organizaciones barriales adquirieron relaciones estrechas con entramados partidarios (Merklen, 1997b; Auyero, 2001).

Ahora bien, en paralelo a las dificultades de sectores populares para acceder al suelo y la vivienda, se produjeron una serie de transformaciones en los modos de intervención pública. Si bien el modelo de loteo popular ya suponía un rol estatal subsidiario en lo habitacional –con viviendas autoconstruidas por sus propios habitantes (Armus y Bohoslavsky, 2015)-, en los años 90, el Estado profundizó esta faceta, focalizándose en programas de titulación como respuesta tanto a las demandas de los asentados (Cravino y Vommaro, 2018) como a las recomendaciones de organismos multilaterales de crédito (Clichevsky, 2000). Los antecedentes respecto a estas políticas han resaltado sus dificultades de implementación y la tendencia a no finalizar los trámites de escrituración (Di Virgilio, Guevara y Arqueros, 2010) o a procesarlos de modo parcial, incluso dentro de territorios pequeños (Mosso, 2017). El caso de estudio se enmarca en este panorama general.

Al mismo tiempo, estos programas no carecen de efectos. La entrega de distinto tipo de documentaciones que remiten al dominio produce modos de reconocimiento estatal de la tenencia (Nuñez, 2023), que circulan socialmente junto con otras certificaciones que no están necesariamente integradas en la titulación pero que sus receptores colocan en vistas a elaborar seguridad en torno a la tenencia –comprobantes de servicios, papeles surgidos de compras informales. En los últimos años, la emisión de Certificados de Vivienda Familiar por la ANSES ha añadido una política nacional a la escrituración (Guevara, Marigo y Wallace, 2018; Nuñez, 2022).

A pesar de que en algunos casos específicos el Estado llevó adelante programas de mayor alcance –incluso algunos próximos al caso de estudio (Nuñez, 2023)-, a grandes rasgos las políticas habitacionales permanecieron acotadas a la titulación y a distintos modos de facilitación de la autoconstrucción, que usualmente implicaron la participación de mediadores territoriales (Nardin, 2018, Echevarría, 2024). En los últimos años, algunos programas buscaron trascender estos límites, llevando a cabo procesos de integración socio-urbana (Miranda Gassull, 2022).

3. Caracterización del caso de estudio: el barrio 9 de agosto

El caso de estudio seleccionado –el barrio 9 de agosto- se ubica en la zona de Quilmes oeste. Junto con San Francisco Solano –el área lindante, también ubicada en los márgenes del Municipio-, ha recibido considerable atención de parte de la literatura académica que se ha interesado por las ocupaciones de tierra ocurridas desde los años 80 (Cravino y Vommaro, 2018; Pinedo, 2022; Izaguirre y Aristizábal, 1988) así como por la complejidad y densidad de la politicidad popular de la zona (Nardin, 2018; Pinedo, 2022). En el siguiente mapa, puede notarse la ubicación relativa de 9 de agosto en relación con otros asentamientos de la zona:

Mapa 1
Asentamientos en Quilmes Oeste/San Francisco Solano
elaboración propia en base a RENABAP y Google Maps

Fundado en 1985, 9 de agosto se enmarca en las tomas denominadas clásicas (Nardin, 2018) en términos de la importancia del reparto organizado del lote, así como por la participación de la Iglesia católica quilmeña (Woods, 2007; Pinedo, 2022) en el proceso. En contraste con otras ocupaciones contemporáneas, 9 de agosto se caracterizó por la relativa endeblez de la agrupación del asentamiento, que logró controlar el acceso, disponer el trazado de lotes y establecer comisiones de delegados, pero no consiguió una continuidad firme. En los años 90, los delegados parecen haber trocado en mediadores con lazos con el oficialismo municipal, en un proceso semejante al estudiado contemporáneamente en otros asentamientos (Merklen, 1997b). Aun así, los referentes de 9 de agosto obtuvieron recursos limitados para el barrio. La debilidad de las interlocuciones personalizadas y las pequeñas dimensiones del lugar (solo 7 manzanas) lo consolidaron como un territorio políticamente periférico.

Las intervenciones en materia de política habitacional en el barrio se enmarcaron en la especificidad de esta posición, caracterizándose por lo subsidiario en relación con las condiciones de vivienda, por lo marginal en términos de la reconfiguración del espacio barrial y por la falta de terminación de la escrituración.

En efecto, hasta 2019, las políticas de vivienda se habían acotado a la entrega ocasional de materiales o distintas ayudas a la autoconstrucción, en línea con el panorama general de la zona. En las primeras décadas del siglo, se llevaron a cabo obras de mejorado parcial de las calles. Al mismo tiempo, se emplazaron espacios públicos en áreas remanentes pequeñas, lindantes a un establecimiento industrial.

Lo acotado de la intervención magnificó los contrastes entre 9 de agosto y otros barrios de la zona, al tiempo que prolongó los déficit ambientales generados por la particular ubicación del barrio. A diferencia de otros asentamientos, 9 de agosto se encuentra relativamente cerca del centro municipal, ubicándose sobre una avenida de importancia en el Conurbano sur. Sin embargo, los usos del suelo que lo rodean profundizan el relegamiento del barrio.

Una serie de industrias fuertemente contaminantes se encuentran a ambos lados del barrio. Sus altos murallones tienden a encapsular el área doméstico-residencial. Los fondos del barrio están compuestos por un arroyo y una serie de basurales. La baja altura favorece recurrentes inundaciones. En cambio, cruzando la avenida, se sitúa un barrio de mayor consolidación. Su ajuste a los rasgos de la forma urbana (Segura, 2015) remarca –para los habitantes de 9 de agosto- la vulnerabilidad del asentamiento. En el siguiente mapa, puede notarse un acercamiento al territorio y a los disímiles usos del suelo:

Mapa 2
Usos del suelo en 9 de agosto
elaboración propia en base a Google Maps

En los últimos años, este panorama ha tenido cambios parciales. En 2019, se iniciaron obras como parte de un proyecto de integración socio-urbana (Miranda Gassull, 2022). La entonces Secretaria de Integración Socio-Urbana llevó adelante obras a través de una cooperativa del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), interrumpiendo una situación próxima a la desertificación organizativa. En una primera etapa, se mejoraron las conexiones a servicios públicos de agua y luz eléctrica. Más adelante, con posterioridad al trabajo de campo realizado (2021), se continuaron con obras de calles y en un centro comunitario, que fueron interrumpidas con el cambio de gobierno en 2023. Además, la organización llevó adelante encuentros periódicos con los habitantes del barrio, en vistas a informar los programas que se desplegarían en el territorio y conocer las demandas locales.

Si bien estos elementos dieron cuenta de una reconfiguración novedosa del barrio, al momento de entrevistar a los vecinos del lugar todavía no habían tenido un claro impacto sobre sus representaciones, predominando –como se desarrollará- una memoria de las etapas previas de la historia barrial.

4. Representaciones del espacio y horizontes estatales de formalización

Los sentidos de la espacialidad barrial en asentamientos del Conurbano resaltan tres grandes dimensiones teóricas, que confluyen sobre la elaboración de significados: las representaciones del espacio (Lefebvre, 2013) y su capacidad para crear ciertas imágenes de la ciudad (Kostof, 1995); el establecimiento de diferenciaciones funcionales –público/privado (Duhau y Giglia, 2012; Carrión, 2016)- como operación básica de construcción de territorialidad (Sack, 1986); la complejidad de la informalidad habitacional, atravesada por políticas públicas que la actualizan (Roy, 2005; Maneiro y Bautés, 2017).

Siguiendo a Lefebvre, la configuración de la forma urbana en las sociedades contemporáneas destaca el peso de las representaciones del espacio (Lefebvre, 2013), es decir, codificaciones estatales de la espacialidad, que lo amolden a un continuo homogéneo y fragmentable –permitiendo su mercantilización-, que a su vez recrea la centralidad estatal como ordenadora de lo urbano y con capacidad de delimitar asimétricamente al espacio. De esta manera, el espacio experimentado resulta subalternizado al espacio concebido (Lefebvre, 2013), actualizando los códigos dominantes. Si bien los aportes de Lefebvre resultan imprescindibles para reconocer el peso estatal en la configuración del espacio y de sus sentidos, no deja de remitir a un alto nivel de abstracción, que requiere ser articulado con herramientas de menor alcance.

En tanto forma (Segura, 2015), la ciudad constituye una imagen (Kostof, 1995; Lynch, 2013) que se plasma en expectativas como en memorias sobre su acceso. De esta manera, la codificación dominante –y el papel estatal en su demarcación- son tematizados a través de distintas prácticas de construcción de territorialidad, entre las que destacan el trazado urbano, la delimitación de lotes, la infraestructura y las diferenciaciones funcionales. En el Gran Buenos Aires, y en asentamientos en particular, esta imagen también contiene un horizonte de consolidación barrial, que actualiza elementos propios de la etapa del loteo popular al tiempo que construye una legitimidad de cierta forma urbana. Por otro lado, esta imagen no sólo conforma un vínculo con el espacio de proximidad sino que posee una escala metropolitana (Segura, 2012), que establece centralidades, jerarquías como modelos desde el que evaluar las condiciones de cercanía.

Ahora bien, más allá de los contrastes entre esa imagen de la ciudad y el barrio habitado, la construcción de lo urbano y su formalización no suponen una espacialidad homogénea. Por el contrario, se encuentra atravesado por diferencias en términos de dos dimensiones: al interior de la propia demarcación, por un lado; y en la concreción de políticas públicas, por el otro.

Respecto a lo primero, en las últimas décadas, la sociología urbana se ha interesado crecientemente por las transformaciones en el espacio público (Duhau y Giglia, 2012; Carrión, 2016; Rovira, 2021). En este marco, el establecimiento de diferenciaciones funcionales (público y privada) remite a dos grandes modalidades. Por un lado, la realizada por el Estado a través de sus disposiciones jurídicas, que reconocen ciertas espacialidades y señalan usos legítimos (Duhau y Giglia, 2012). Por otro lado, la demarcación puede actuar a través de las alteridades que son consagradas como propias de cada espacialidad, validando o no su presencia en ellas así como sus prácticas. Como se mencionó, estas dos formas de demarcaciones pueden encontrarse espejadas en las representaciones de sentido común sobre lo barrial.

En buena medida, esta agenda de investigación se ha focalizado sobre áreas céntricas y, aun cuando posee objetivos a escala general de la ciudad, tiende a preocuparse por la contradicción entre usos públicos y empleos privados del espacio, entendiendo a estos últimos como eminentemente comerciales (Carrión, 2016). De esta manera, ha profundizado en la comprensión de los efectos de la mercantilización de espacios públicos (Duhau y Giglia, 2012) y en el rol del Estado como facilitador de rentas privadas (Rovira, 2021).

Sin embargo, esta configuración de la díada público/privado resulta difícil de reconocer en barrios populares. Aunque las tensiones generadas por la mercantilización informal ocurren desde las ocupaciones clásicas (Nardin, 2018; Maneiro, 2022), antes que una oposición entre espacio público y usos comerciales, lo privado remite a un empleo doméstico-familiar. De esta manera, los sentidos de lo público y lo privado actualizan a lo barrial como umbral de lo doméstico (Mayol, 1999), dando lugar a otra serie de equivalencias simbólicas que se profundizan en el análisis.

Paralelamente, así como la propia imagen de la ciudad contiene diferenciaciones internas, la presencia del Estado a escala local tampoco remite a un componente homogéneo. Más allá de las discusiones en torno a la informalidad urbana como déficit de servicios públicos y de las dificultades de esta perspectiva (Pírez, 2019), las representaciones descriptas imponen la pregunta por la dimensión eminentemente política de la informalidad (Roy, 2005; Maneiro y Bautés, 2017). En otras palabras, la distinción entre lo formal y lo informal a escala barrial remite no tanto al cumplimiento de ciertas condiciones sino a la presencia contradictoria de lo estatal, que formaliza espacialidades y documentaciones, participa de la conformación de expectativas en torno a lo urbano pero también actualiza lo informal a través de su intervención (Roy, 2005). Como se mencionó, la emisión de distintos comprobantes que remiten a lo dominial ejemplifica este tipo de intervención pública.

Al perpetuar lo catalogado como informal pero reconocerlo bajo disímiles políticas, el Estado actualiza su rol como productor de códigos (Lefebvre, 2013) al tiempo que da lugar a una memoria de políticas públicas marcadas por el desplazamiento –pero no la anulación- de las fronteras entre lo formal y lo informal. Entre las representaciones de los entrevistados, el papel de mediadores barriales y la parcialidad de las intervenciones en el espacio de proximidad destacan como núcleos temáticos atravesados por esta posición contradictoria de lo estatal.

5. Modalidades de representación y variables de segmentación

Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento práctico (Jodelet, 1984), que elaboran significado a partir de la selección de ciertos elementos de la realidad social y su inserción en los sentidos socialmente en circulación. En términos del objeto de estudio, este proceso de anclaje (Jodelet, 1984) involucra imágenes de la ciudad y expectativas de acceso al suelo urbano, modos estatales de formalización y su concreción en políticas públicas –que se espejan, a su vez, en una memoria de formas de intervención-, así como distinciones de proximidad y significados en torno al espacio doméstico-familiar.

Las representaciones sobre lo barrial pueden entenderse como disímiles operaciones simbólicas, que resuelven distancias entre lo público y privado, remitiéndola a la capacidad jurídica de demarcación como a las alteridades de cercanía (Duhau y Giglia, 2012). En vistas a sistematizar estas significaciones, se recurrió al cuadro semiótico como herramienta interpretativa. El empleo de una herramienta propia de análisis estructural –y no, por caso, de análisis de contenido o análisis de discurso- se justifica en el abordaje del conjunto del texto de las entrevistas como unidad de registro (Nuñez, 2024). Como recurso, el cuadro semiótico ordena la atención hacia operaciones de sutura simbólica transversales a las evocaciones de los sujetos, permitiendo una articulación entre las representaciones sociales en tanto concepto y la elaboración social de categorizaciones.

Siguiendo a Greimas, el sentido puede ser entendido como un par categorial que opera a través de tres series de relaciones (Greimas y Rastier, 1973). Las de contrariedad suponen la simple diferencia entre elementos –por caso, público y privado. En cambio, cada categoría también permite su contradicción, que supone su negación lineal (no público, no privado). Al disponerse estas relaciones en forma de cuadro, pueden reconocerse lazos de implicación, en el que un par categorial deviene homólogo a la negación de su categoría recíproca. En el siguiente cuadro se presentan estos vínculos:

Figura 1
Díada público/privado dispuesta en cuadro semiótico
elaboración propia

La ilustración de esta variedad de articulaciones posibles entre términos favorece una definición de lo simbólico en clave de operaciones de sutura, a través de las cuales disímiles elementos adquieren significado (Lacan, 2002). De esta manera, lo barrial, antes que remitir a núcleos últimos de sentido –lo comunitario, lo cercano o distintas expectativas de acceso a la ciudad-, resulta de múltiples desplazamientos a través de los cuales una estructura simbólica desliza significados.

La resolución precaria de las distintas categorías permite la tematización de categorizaciones ulteriores, que vuelven a encontrar remisiones simbólicas, solo que a través de los márgenes del cuadro. Así, como se sostendrá en el análisis, las distinciones entre lo doméstico-residencial y la escala barrial o, con mayor énfasis, entre demarcaciones jurídicas o de alteridades remiten a la díada público/privado (en sus tres relaciones significantes) al tiempo que elaboran otros niveles de sentido. En el cuadro siguiente se ilustra esta sistematización de operaciones simbólicas:

Figura 2
Díada público privada y categorizaciones de segundo grado en cuadro semiótico
elaboración propia

Ahora bien, la primacía de ciertas categorías sobre otras –al punto que consiguen ordenar los desplazamientos que hacen a la estructura de significados- dialoga con las trayectorias de cada sujeto. Si bien la variedad de posibles sentidos tienden a enmarcarse en ciertos elementos a escala barrial –como los modos de intervención pública o el vínculo genético con una ocupación de tierras-, los recorridos a nivel individual se constituyen en una variable de corte de las representaciones. Aunque cada entrevistado se encuentra atravesado por múltiples trayectorias, la habitacional guarda especial relevancia al momento de favorecer ciertos sentidos de lo barrial sobre otros.

Como se anticipó, el análisis se orienta por la hipótesis de que dicha trayectoria favorece demarcaciones a través de lo jurídico o vía alteridades de cercanía. A grandes rasgos, entrevistados que arribaron al barrio a través de la ocupación, tienden a enfatizar, bajo distintos significados, la delimitación jurídica de lo público y lo privado. En cambio, quienes llegaron vía compras informales o cesiones, otorgan un mayor peso simbólico a la demarcación vía alteridades. La importancia de esta variable de segmentación ya ha sido identificada por distintos antecedentes bibliográficos (Cravino, 2009; Nardin, 2019).

La investigación siguió adelante un diseño de tipo cualitativo, adecuado al foco en múltiples variables que configuran un caso de estudio y, además, al abordaje de significaciones. Las entrevistas presentadas formaron parte de un trabajo de campo colectivo llevado a cabo en noviembre de 2021 como parte de un seminario de la Carrera de Sociología (UBA).^[2] Fueron de tipo semi-estructurado, reuniendo ejes que permitieron conocer trayectorias individuales en términos laborales, habitacionales y de vinculación con lo estatal, así como reconstruir la historia reciente del barrio. La muestra estuvo integrada por 12 vecinos, que no habían sido previamente contactados y que circulaban por el barrio o se encontraban en su domicilio. Se siguieron cuotas de edad y género en vistas a disponer de una mayor amplitud de perfiles.

En una fase ulterior, se llevó a cabo un muestreo teórico, diferenciando a los entrevistados según su trayectoria habitacional. Si bien el principal indicador de esta variable fue la modalidad de acceso al lote, también se prestó atención a la vinculación con diferentes políticas públicas (escrituración, facilitación de autoconstrucción). Para el análisis, se seleccionó una submuestra de cuatro entrevistas, con fines ilustrativos de las modalidades generales de representación social.

6. Desde los inicios: los límites de la consolidación barrial

Ricardo y Alejandra^[3] comparten la participación en la ocupación original del barrio, solo que desde diferentes posiciones. Ricardo la experimentó directamente, fue cercano a la organización del momento y conoció de primera mano el proceso atravesado en sus primeros años:

R: Sí hubo problemas, sí, porque aparecieron muchos dueños, pero como le repito el hombre este puso un abogado y nos defendió a nosotros y él nos dijo lo que teníamos que hacer (…) fue muy duro, porque nos querían sacar, si o sí. Decían que venían con la topadora a tirar todo abajo (…) Si, tuvimos miedo que nos saquen (…) Y ahí quedó, siguió el abogado y fuimos a declarar a La Plata y nos dijo que no como no teníamos dinero, no teníamos nada, que nos quedemos tranquilos que no nos iban a sacar y quedó todo en manos de él (...)

E: ¿Y les dieron algún papel o algo?

R: Si, un certificado de vivienda (…)

E: ¿Y tuvieron que pagar el terreno cuando entraron o les dieron sin pagar?

R: Nos dieron para ir pagando de a poquito, creo que las escrituras están, pero no sé quién dijo que están suspendidas (…)

E: ¿Y si el Estado les diera un terreno usted cree que tendrían que pagarlo?

R: Y me imagino que sí, que puedan pagarlo, aunque sea un poco pero que puedan pagarlo y te den los papeles. Yo ahora acá estoy pagando la luz y el agua y si hay que pagar otra cosa lo pagaré (Ricardo, 60 años, cooperativista).

La narración de Ricardo hilvana usos y expectativas a conflictos y legitimidades propios de una situación de tenencia informal, en la que la posesión de hecho del lote carece de dominio perfecto (De Rosa y Abadie, 2012). A pesar de que el reconocimiento estatal no se conjuga como un núcleo de sentido sólido, clausurado sobre sí mismo, como si los usos permitidos se situaran linealmente según el respeto a las normas, sí tematiza la consagración estatal del espacio privado.

Además de las referencias a tramitaciones y al rol de un letrado, este horizonte de formalización imbrica la posesión y el eventual dominio. Ahora bien, mientras que, estrictamente, la demarcación jurídica del espacio privado remite a un empleo abstracto, la representación social del entrevistado complejiza el sentido de lo legal al imbricarlo a un uso eminentemente doméstico. Desde ya, en tanto las propias normativas sobre regularización legitiman de ese modo a los beneficiarios (De Rosa y Abadie, 2012), no deja de constituir una significación, socialmente situada, de textos legales. A su vez, elabora una conciliación entre usos y reconocimientos públicos que remiten a la formalización estatal de lo urbano pero superan a las normativas.

Esta operación sutura las distintas tensiones en torno a la tenencia informal. Además de actualizar algunos elementos de las memorias clásicas sobre las tomas de tierras (Cravino y Vommaro, 2018; Nardin, 2019; Nuñez, 2023; Maneiro, 2022), la legitimación de la ocupación se vale del uso residencial de los lotes ocupados.

Esta posición legalmente ambigua no finaliza en su origen: al referirse a las documentaciones que posee, Ricardo vuelve a construir este horizonte de formalización, superando la endeblez de las certificaciones entregadas por el Estado; los certificados entregados no son escrituras pero guardan cierta función análoga. La recreación de prácticas mercantiles –como la disponibilidad a pagar o el hecho de estar abonando servicios- se constituye en criterio de validez del empleo doméstico, recreando una trayectoria análoga a la de un comprador, solo que en el plano simbólico.

Así, la definición de lo doméstico-residencial resulta atravesada por una expectativa formalizante, que prolonga su recorrido a escala barrial, solo que con mayores distancias entre usos y reconocimientos:

R: Me gustaría que se mejore, que se entube, que puedan poner la cloaca el gas todo eso. (…) eso, que se entube se ponga el gas y la cloaca, que se mejore (…) Y por ahora si es tranquilo el barrio (…) Sí es cómodo, porque antes no teníamos que ir hasta 12 de octubre y Camino para tomar el colectivo y ahora fueron a hablar al municipio para hacer las paradas y estamos ahí, si más cerca.

E: ¿Y qué le gusta del barrio?

R: Me gusta que es más tranquilo, está más tranquilo (...)

E: ¿Es distinto el barrio a otros cercanos o es igual?

R: No, yo veo que el barrio está un poco quedado, en cambio ahí enfrente en el Novak está bastante mejorado, mejor posicionado que nosotros (Ricardo, 60 años, cooperativista).

La formalización barrial articula dos series de expectativas, que remiten a la ciudad como forma (Segura, 2015) y al Estado como garante tanto de la propiedad privada como de la infraestructura urbana. Ricardo construye un plano de regularidad, que tiende a adquirir una escala metropolitana. Sin embargo, la relativa endeblez de la intervención estatal en 9 de agosto construye una acepción específica de los espacios públicos, que se apartan de su carácter de sitios recreativos, conservando únicamente la cualidad de espacios de tránsito. Así, conforme Ricardo avanza de la vivienda al barrio, tiende a recurrir a demarcaciones jurídicas como a delimitaciones de alteridades.

En términos de las relaciones significantes entre lo público y lo privado (que se ilustraron en las figuras 1 y 2), Ricardo conjuga dos operaciones diferentes, si bien no antagónicas. Por un lado, el desplazamiento hacia la mejora barrial no deja de constituir una progresión del devenir familiar-residencial: así como el espacio doméstico/privado constituye una unidad a ser legítimamente reconocida a partir de ese tipo de uso, el horizonte de formalización prescribe servicios análogos a todas esas unidades emplazados en lugares de acceso libre.

Este movimiento simbólico de lo privado a lo público (Mayol, 1999; Duhau y Giglia, 2016) opera a partir de la relación de contrariedad entre categorías: la ausencia de contradicción recurre a dimensiones transversales, que dan cuenta de un mismo marco representacional. Esta estructura se vale de los pares categoriales usos/reconocimiento, por un lado, formal e informal, por el otro, situándolos en un empleo análogo bajo referentes disímiles. Así, políticas públicas y prácticas en diferente escala (vivienda y barrio) significan a lo público/privado como demarcación básica de la territorialidad urbana.

A diferencia de Ricardo, Alejandra mantuvo una posición más apartada de la organización de la ocupación y de la politicidad barrial. Vive, junto a su familia, en el barrio desde los años 80, habitó tanto lotes ocupados por sus padres como otros comprados tardíamente. El distanciamiento respecto a la toma no favorece cambios en los sentidos del espacio privado sino del, principalmente, público:

E: Claro. ¿Y cómo era el barrio cuando llegaste acá?

R: Pelado (se ríe) Todo con cañas hechos los tejidos, si el barrio del frente no había barrio, era todo una fábrica y todo… todo de cañas, árboles, yuyos (…) A la casa de mi suegra, exacto. Y ahí es como yo te decía, dijeron que iban a lotear y que iban a empezar a pagar, que cada uno nos cambiemos... que tengamos el terreno y justo un señor nos vendió este (…)

E: Y ustedes son dueños de esta casa... La construyeron ustedes…

R: Sí, sí, nosotros y tenemos el título ya, que tengo que ir a retirarlo...

E: Ah, el certificado de vivienda...

R: Exactamente… Y de este tiene mi hija (el terreno de al lado) Nosotros lo compramos pero bueno, lo tiene mi hija porque justo vinieron y nos pidieron que alguien... y bueno... le puse a ella, pero nosotros lo compramos con nuestro sacrificio también, con mi marido, entre los dos (Alejandra, 53 años, pensionada).

Como el primer entrevistado, Alejandra tiende a homologar las distintas documentaciones que posee a las escrituras, de modo tal que la consolidación se emparenta a la regularización del dominio. Posiblemente, los certificados a las que hace referencia sean constancias censales emitidas por la ANSES luego del primer RENABAP^[4] de 2016 y 2017 (Guevara, Marigo y Wallace, 2018). En el plano de las representaciones de la entrevista, el procedimiento censal que da origen a estas documentaciones troca en reconocimiento estatal necesario, aproximándose a la identificación que desarrollaba el primer entrevistado entre formalización de la tenencia y uso doméstico-residencial.

Estas ambivalencias de la tenencia informal no sólo remiten a lo estatal sino al desarrollo de intercambios mercantiles. El pago del terreno adquiere efectos de formalización, transformándose en un criterio para la regularización. El relato de Alejandra refleja los efectos que las expectativas de titulación suelen tener en barrios populares: al parecer, varios vecinos decidieron mudarse, dividendo grupos familiares ampliados ante la posible escrituración. Así, la entrevistada dejó el lote de su suegra y compró uno para ella misma.

Ahora bien, estos horizontes de políticas públicas se encuentran, desde la perspectiva de la entrevistada, socialmente segmentados cuando remiten a lo barrial:

E: ¿Y qué le gusta a usted de su barrio?

R: Y lo que es tranquilo… Que no hay tanto eso, que roben (…)

E: ¿Y qué cosas no le gustan del barrio?

R: Y la gente que no progresa y que ve los demás y te crítica y te dice "ese tiene plata", porque a nosotros nos decían así, que tenemos plata., pero no, yo tengo porque yo salía todos los días a las seis de la mañana, mi marido también, si no era a cirujear, era a hacer changas y así… Y me gusta tener cosas, ver bien mi casa, todo. Y eso me molesta, que la gente no quiera progresar. Porque sabés todos los que vinieron para querer hacer viviendas y nadie quiere pagar, nadie quiere, todos quieren que le regalen, esa es mi bronca…

E: Y del barrio... ¿Qué cosa no te gusta?

R: Porque nosotros hace años que estamos y mirá como estamos. No estamos como otros barrios que progresaron y tienen vivienda, todo…

E: Decís por ejemplo, no sé, las calles, la iluminación o...

R: Y sí, las calles... Esas calles son un desastre. Ahora porque hicieron ese mejorado nada más, y ahora pusieron las luces pero es por las elecciones, sino nada… (Alejandra, 53 años, pensionada).

Las falencias en la infraestructura local dilatan los umbrales entre lo público y lo privado, dando lugar a un recorrido por las categorías del cuadro semiótico diferente al de Ricardo. Alejandra tiende a enfatizar como el ajuste de condiciones locales a la imagen esperada de la ciudad involucra prácticas acordes. Como resultado, la ausencia de infraestructura da lugar a la inversión de los usos legítimos en vecinos que encarnan una serie de usos carentes de validez.

Este énfasis en los vecinos –para rechazarlos- desplaza el foco de la demarcación jurídica a la de alteridades, volviendo a configurar la díada público/privado solo que desde sus negaciones recíprocas. La falta de progreso barrial y las personificaciones ilegítimas configuran simbólicamente una doble imposibilidad: del espacio privado como aquel en que se desarrollan los empleos domésticos válidos; del espacio público como locus de las sociabilidades de cercanía.

A su vez, esta tematización por la negativa profundiza el apartamiento de las condiciones formales. El reconocimiento estatal es expulsado del barrio a través de las prácticas de sus habitantes. Alteridades e informalidad devienen hilvanadas en un mismo proceso de persistencia de vulnerabilidades y precariedades.

7. Los limites barriales como alteridades de proximidad

A pesar de las vulnerabilidades ambientales comunes a los habitantes de 9 de agosto, sus trayectorias guardan divergencias según la antigüedad en el lugar, con efectos sobre las características que adquiere la irregularidad de su tenencia, así como sobre las memorias de intervenciones públicas y de consolidación barrial.

El énfasis en lo degradado del territorio también constituye una memoria de las formas de intervención pública, como puede notarse en el siguiente fragmento de Raúl, quien compró su lote varios años antes de la entrevista (2021):

R: Acá si hubo algún que otro político fue para ponerse las manos en el bolsillo que por hacer algo por el barrio, lo digo así, de frente y de una. Yo viví muchos años, todo aquel que emprendió algún camino político acá es más para meter la mano en el bolsillo para ellos mismos que para el barrio. Porque si no hoy en día el barrio tendría asfalto, iluminación, tendría. Adelante hay luz, medidores (…) y más de uno quisiéramos pagar los medidores para ser dueños y tener un impuesto en nuestra casa, porque a la hora de sacar un crédito te piden un servicio y no lo tenés. Y no es que somos unos pobres acá que no tenemos nada. Queremos pero no lo tenés, queremos los medidores, queremos el asfalto, queremos gas, queremos agua, queremos un montón de cosas (Raúl, 45 años, desempleado).

Al haber tenido cierto contacto con los referentes de la zona, resultan esperables las referencias a la politicidad barrial. Ciertamente, los escasos logros obtenidos por los mediadores espejan la posición periférica del barrio en la política del Municipio. A su vez, hilvana una intensa demanda de regularidad, tematizada a través de las falencias infraestructurales. El reproche al Estado supone, así, un rol esperado de sus efectivas modalidades de intervención, vinculando formas personalizadas de interlocución pública al progreso barrial y a la sutura de las distancias con la imagen esperada de la ciudad, que se alimenta de las comparaciones con otros asentamientos que han recibido programas habitacionales de mayor alcance:

R: Pero por más prosperidad -porque gente buena y mala hay en todos lados- más prosperidad, es más nosotros andamos por todos lados y vemos asfaltos allá, asfaltos allá, asfaltos allá. Nosotros vemos en La Matera, en el 13 nosotros decimos: “qué lindo y acá qué pasa”. Acá hace falta también, no lo hacen y este es un barrio que tiene mucho más tiempo que la Matera y sin embargo nosotros no tenemos y vemos las luces, los asfaltos, eso si quisiéramos del barrio. Que prospere un poquito más como los otros están prosperando, no sé por qué nosotros no, no sé por qué (Raúl, 45 años, desempleado).

De esta manera, las referencias de Raúl a otros barrios exhiben la escala metropolitana en la que se sitúa la experiencia de lo urbano (Segura, 2012): los significados de lo privado y lo público no dejan de involucrar la tematización de espacialidades que trascienden la escala barrial. Las menciones a la prosperidad del comienzo tematizan una dimensión de alteridades y sociabilidades de vecindad que resulta rápidamente eclipsada por las distancias entre la infraestructura de otros barrios y la de 9 de agosto.

Para finalizar, Julián integra el perfil de vecinos de llegada reciente. Por su edad (28 años), no participó de la ocupación y llegó al barrio a través de la subdivisión de un lote heredado por su pareja. Al mismo tiempo, vivió en otros asentamientos que han sido receptores de políticas de vivienda que dejaron un mayor impacto territorial:

R: Lo que pasa es que acá nadie se pone de acuerdo. No hay acuerdo entre todos los vecinos. Esa calle de ahí, que es la principal, está toda rota esa calle. Acá estaría bueno que haga unas mejoras, si no es grande. Acá no se están pidiendo 50 cuadras (…) Yo no vi ninguna obra. No repararon en algún momento las calles... está sin mejorar hace cuantos años. Este todo sin mejorar... Sí, no se está pidiendo un asfalto. Si quieren venir a hacer un asfalto bienvenido sea, pero un mejorado. Que vos puedas pasar tranquilo (Julián, 28 años, albañil).

La endeblez de la consolidación barrial tiende, como en otros entrevistados, a asemejar espacios públicos a zonas de tránsito, al tiempo que remarca lo trunco de las políticas habitacionales desplegadas en el lugar. Empero, a diferencia de los vecinos anteriores, Julián enfatiza en mayor grado el peso de las sociabilidades de proximidad –o su ausencia- como indicadoras de la degradación de cercanía:

E: ¿Qué le gusta del barrio?

R: La tranquilidad. Yo me puedo sentar acá afuera tomando unos mates tranquilos (...) Cosas que no me gustan del barrio... la gente no es muy unida en el barrio. El tema de la limpieza... de todo. De las mejoras también.

E: ¿Qué cosas de las mejoras?

R: Las calles, la plaza. Ahí hay una plaza [supuestamente] Ponele, si yo quiero, si yo con mi auto quiero pasar, yo tengo que arreglar la calle. Ponele, ahí donde está el camión [Señala a la calle], donde está la tierra, yo veo que los vecinos me miraban ahí al sol como está ahora, ¿vos te pensás que venían a ayudar? Ahí, donde ves todo en negro [Señala a otra parte de la calle]... era todo basura eso, todo basura. Ahora sacaron el cartel que había puesto acá, yo había puesto un cartel ahí. Que decía, "Sea mejor vecino y no tire basura". Y me lo sacaron hace como dos semanas los pendejitos, los pendejitos lo sacaron. Yo junté toda la basura, embolsamos toda la basura con ella, así estaba de basura [Hace un gesto de la altura]. Todo ahí. Juntamos bolsas de residuos, llevamos todo allá a la esquina que se lleve el basurero. Después puse el cartel. Y ahí, ahora, no hay más basura. Pero eso es el tema. A mi no me gusta, puedo ser humilde, lo que sea, pero estoy acá afuera tomando unos mates y no me gusta tener toda la basura ahí. Esto es así... no, no hay unidad (Julián, 28 años, albañil).

En buena medida, el entrevistado magnifica las operaciones de los anteriores entrevistados que tematizaban la distinción público/privado en términos de su doble negación –y consecuente imposibilidad cotidiana. Calles y plazas ejemplifican un modo de intervención estatal caracterizado por la persistencia de condiciones degradadas que actualiza su distancia con las expectativas de consolidación. Sin estar del todo ausente esa exigencia de regularidad, Julián traduce las insuficiencias de la demarcación jurídica en criterios de moralidad a escala vecinal. En esta operación, el entrevistado troca su figura en la de un campeón moral, que suplanta las falencias estatales logrando aproximar –en la medida de sus posibilidades- el barrio a las condiciones esperadas. Por el contrario, los demás habitantes personifican usos espurios y condiciones vulnerables, al punto de devenir responsables. El cartel que Julián dice haber colocado (Sea mejor vecino y no tire basura) sintetiza esta segmentación barrial a partir de la moralidad de usos cotidianos.

Como resultado, además de subalternizar la demarcación jurídica en la de alteridades, Julián tiende a disolver las sociabilidades locales: ausente del espacio público –por inmorales-, su eventual presencia depende de un horizonte de formalización que permanece inconcluso.

8. Conclusiones

Aún en condiciones degradadas y de fuerte vulnerabilidad habitacional y ambiental, las significaciones del espacio barrial que elaboran los habitantes de barrios populares del Gran Buenos Aires no se reducen a un espejo de esos déficits, incluso a su lamento. Tampoco a un núcleo último de sentidos densos, que irradiarían a lo barrial como un locus de virtuosidades o de peligros. Por el contrario, la representación del espacio próximo se inscribe en una estructura simbólica compleja, atravesada por trayectorias habitacionales, modalidades históricas de acceso al suelo y las complejidades de la intervención estatal.

Así, el estudio de las representaciones de sentido común informa la posición social específica desde la que los habitantes de barrios populares experimentan procesos comunes al hábitat popular metropolitano, sino regional. Al mismo tiempo, revela la inserción de los asentamientos en dinámicas que no los encapsulan simbólicamente en el plano local: por el contrario, favorecen categorías significantes complejas, que se apartan de sentidos hegemónicos y los recrean al mismo tiempo. La tematización de las cercanías espaciales se encuentra, así, estructuralmente descentrada, en tanto recurre a expectativas y memorias que exceden lo barrial para dar cuenta de demarcaciones jurídicas o basadas en las alteridades de proximidad.

En este contexto, la díada público/privado resulta actualizada como diferenciación básica en la construcción de territorialidad. En contraste con espacios céntricos –sobre los que se ha focalizado la literatura académica-, la configuración de esta distinción tiende a remitir a empleos residenciales y zonas comunes, sean para usos recreativos o –principalmente- de libre acceso.

Al tematizar esta distinción, los habitantes de barrios populares actualizan horizontes de consolidación barrial, que recrean tanto expectativas como la capacidad estatal de formalizar lo urbano. Al mismo tiempo, significan usos y criterios morales, a través de los cuales la distancia entre formas urbanas y vulnerabilidad habitacional puede ser simbólicamente resuelta.

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Notas