Artículos

La dinámica de la trama vincular en torno al conflicto por el uso de fitosanitarios en el periurbano de Roldán. Santa Fe

The dynamics of the relational plot surrounding the conflict over agrochemicals use in the periurban area of Roldan, Santa Fe

Campos, Victoria; Rosenstein, Susana; Murray, Ricardo

Victoria Campos

victoriacampos1015@gmail.com

Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario Argentina

Susana Rosenstein

susanarosenstein5@gmail.com

Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Rosario Argentina

Ricardo Murray

ricemur@gmail.com

Agencia de Extensión Rural Roldan. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina

Pampa. Revista Interuniversitaria de Estudios Territoriales

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

ISSN: 1669-3299

ISSN-e: 2314-0208

Periodicidad: Semestral

núm. 31, e0092, 2025

revistapampa@unl.edu.ar

Recepción: 08 diciembre 2024

Aprobación: 30 mayo 2025

URL: https://portal.amelica.org/ameli/journal/583/58353735835373001/

DOI: https://doi.org/pampa.2025.31.e0092

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Resumen: En las últimas décadas, la intensificación en el uso de agroquímicos ha generado reclamos desde diferentes sectores de la sociedad civil en torno a la salud humana y ambiental. En 1995, Santa Fe sancionó la Ley 11273, que reguló el uso de fitosanitarios, delegando en los gobiernos locales el dictado de ordenanzas. Desde la perspectiva de la complejidad nos planteamos analizar la dinámica del conflicto por el uso de fitosanitarios, desde la práctica de diferentes actores locales, en la localidad de Roldán, Santa Fe, Argentina.

A partir del análisis aplicando la metodología de estudio de caso, identificamos tres etapas: instalación del problema, redacción y promulgación de la ordenanza e implementación. Concluimos que los actores llevan adelante prácticas diferentes y coherentes con los significados atribuidos al territorio, reforzando el conflicto ambiental que caracteriza a la trama vincular y de esta manera el territorio se construye y transforma en una tensión permanente.

Palabras clave: Fitosanitarios, Ordenanza, Periurbano, Prácticas, Actores.

Abstract: In recent decades, the intensification in the use of agrochemicals has generated

complaints from different sectors of civil society regarding human and environmental health. In 1995, Santa Fe Province passed the Law 11273 on Pesticides and Fertilizers which rules the use of these products, however the fine tuning for local conditions was delegated to cities and towns through local ordinances of its own.

From the perspective of complexity we propose to analyze the conflict dynamics over the use of agrochemicals from the practices of different local actors in Roldán, Santa Fe, Argentina.

From the analysis applying the case study methodology, we identified three stages: installation of the problem, drafting and enactment of the ordinance, and implementation. We conclude that actors failed to construct a common meaning about the problem and that environmental conflict that characterizes the social relationships has produced new transformations in the peri-urban territory, evidencing the different conceptions of the society-nature relationship.

We conclude that actors carry out different and coherent practices with the meanings attributed to the territory, reinforcing the environmental conflict that characterizes the relational plot, and in this way, the territory is constructed and transformed into a permanent tension

Keywords: Agrochemicals and Fertilizers, Ordinance, Peri-urban, Practices, Actors.

1. Introducción

Roldán es una localidad muy cercana a Rosario (30 km) en el centro sur de la provincia de Santa Fe, históricamente relacionada con la producción agropecuaria. Su fundación estuvo directamente ligada a la expansión productiva de las tierras como consecuencia de los procesos de colonización que tuvieron lugar en nuestra región a partir del año 1850.

En las últimas décadas, esta localidad sufrió profundas transformaciones como consecuencia de migraciones internas provenientes de los grandes centros urbanos, del avance de lo urbano sobre lo rural, cambios en los sistemas productivos e intervenciones desde el sector público. Como dato general que reflejó este proceso, para la provincia de Santa Fe en el período 2008 - 2014, 10.000 has pasaron de rurales a urbanas. Este mismo relevamiento posicionó a la localidad de Roldán, en el segundo lugar detrás de Funes en relación con el mayor crecimiento, con 11 nuevos barrios que sumaron más de 8500 lotes (Provincia de Santa Fe, 2013). Sin duda, la instalación de nuevos barrios más los profundos cambios que experimentó la agricultura en los últimos 20 años, transformaron el territorio. Cambios relacionados con nuevos cultivos, formas de manejo y tecnología incorporada. La expansión del cultivo de soja resistente al glifosato combinado con siembra directa fue un fuerte impulsor de este proceso de transformación que, sumado a otros, resultó en la desaparición de la lechería y la horticultura con la consecuente liquidación de infraestructura e instalaciones y la disminución de la necesidad de empleo por unidad de superficie en las zonas periurbanas del Gran Rosario. (Neiman, 2012; Cloquell y col, 2007). A ello se suman los cambios en la estructura social productiva como consecuencia de la cesión de tierras en arrendamiento por parte de pequeños productores y la mayor incidencia de las empresas proveedoras de insumos. Sin duda, esta nueva agricultura “industrializada” vino de la mano de un aumento de aplicación de agroquímicos [1] y fertilizantes en los últimos 25 años. Según la Consultora IES, sólo en el año 2017, el incremento fue del 5,6% con respecto al año anterior. (Telam Agropecuario, 2018).

Estas transformaciones fueron el punto de partida para la emergencia del conflicto por el uso de productos fitosanitarios hacia finales de los años 2008-2009, que como resultado de acciones colectivas que se detallarán más adelante, generaron la posterior promulgación de la ordenanza Nº 738/12 que regula la aplicación de dichos productos en la localidad.

En este contexto, en el presente trabajo nos planteamos como objetivo analizar la dinámica del conflicto por el uso de fitosanitarios en la localidad de Roldán desde la práctica de diferentes actores locales, tomando como dimensión temporal desde 2008 hasta 2021. Periodo que incluye: el momento de surgimiento del conflicto, la propuesta de redacción y promulgación de una ordenanza y la implementación y control. Para responder al objetivo nos planteamos las siguientes preguntas: ¿cuáles son las particularidades del territorio de Roldan? ¿Cómo surge el conflicto en la localidad? ¿Cuáles son los grupos de actores que intervienen en las diferentes etapas del conflicto? ¿Cuáles son los significados que cada grupo de actores asignan al territorio periurbano? ¿En qué prácticas se traducen estos significados? ¿Qué efectos tienen las prácticas ?¿Estas prácticas profundizan o atenúan el conflicto? ¿Cómo contribuyen a la transformación del territorio? Partimos del supuesto que los diferentes significados atribuidos al territorio por los actores en función de sus intereses, sumados a la capacidad de movilizar recursos para oponerse o promover la construcción y aceptación de normas legales, marcarían la dinámica del conflicto.

2. El devenir del conflicto

2.1. La modernización del agro pampeano desde los 50’

Para poder comprender y explicar la dinámica del conflicto, creemos necesario realizar una breve reseña de los hechos que contribuyeron a su emergencia. Tal como menciona Brailovsky y Foguelman (1991), al momento de realizar una descripción de las condiciones del medio ambiente actual es necesario para poder entender lo que pasa vincularlo con situaciones históricas concretas. Fue a partir de la década del ‘50 que en la región pampeana comenzó una transformación muy importante de las actividades productivas desarrolladas hasta el momento. Desde fines de los ‘50, los países de América Latina aceptaron los lineamientos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), según los cuales los países “desarrollados” podrían colaborar con los países “subdesarrollados” a través de inversiones claves que promoverían reformas estructurales, con el Estado en un rol de planificador del desarrollo y promotor del avance científico y tecnológico.

Así, se crearon Institutos Nacionales orientados a la Investigación Agropecuaria y adaptación de técnicas productivas (INTA en la Argentina, INIAP en Ecuador, FONAIAP en Venezuela, INIP en Chile, INTA en México, etc..) con el apoyo financiero y técnico norteamericano, todos con estructuras similares y con la finalidad de adaptar las nuevas tecnologías a las condiciones agroecológicas de cada región, vinculando los países receptores con los generadores. Simultáneamente, el crecimiento de los Centros Internacionales de Investigación Agrícola (CIMMYT, CIAT, CIP en México, Colombia y Perú respectivamente) contribuyeron eficazmente a concientizar acerca de los beneficios de la “Revolución Verde”, término que se utiliza para definir este periodo. Existe abundante bibliografía con múltiples interpretaciones acerca de los orígenes de la Revolución Verde, de su evolución y, sobre todo, de los impactos positivos y negativos que ha producido en los países del Tercer Mundo. (Sevilla Guzman, 1993, 1997; Long, 1977)

Como consecuencia de este proceso, a partir de 1960, comienza en la región pampeana una transformación de la agricultura con el objetivo de incorporar tecnología para aumentar la producción y la productividad a partir de la aplicación del modelo tecnológico de base industrial que se llamó “modernización del agro pampeano”. Este modelo implicó la homogeneización de las formas de producción, en la búsqueda de obtener mayores volúmenes, mediante la introducción de la industria proveedora de maquinarias como tractores e implementos y de la de insumos como fertilizantes, semillas y agroquímicos.

En muy pocos años se asiste a profundos cambios al interior de las unidades de producción: se mecanizan todas las labores, se incorporan semillas mejoradas y agroquímicos, se modifican las técnicas de manejo y surgen nuevas formas de organización. Como consecuencia, aumenta el requerimiento de bienes de capital, tanto fijo (maquinarias, tractores) como circulante (semillas, herbicidas, insecticidas, fertilizantes), a la vez que disminuye la necesidad de mano de obra. (Espoturno 2018)

Pero, sin duda, el hito tecnológico fundamental lo constituye la incorporación del cultivo de la soja en la década del 70, tomando un impulso inusitado, gracias a la combinación de una serie de factores externos e internos como: -el aumento de la demanda por parte de Europa que comienza a basar la producción animal en las harinas proteicas; -el aumento del precio internacional; -la difusión de los trigos de ciclo corto (germoplasma mejicano) que permiten la realización de dos cultivos en un mismo ciclo agrícola y, por lo tanto, un doble ingreso dentro de la unidad, -el impulso dado al cultivo por las empresas transnacionales al tratarse de un “cultivo mejorado”, es decir, acompañado por todo un paquete tecnológico que incluía nuevas variedades, uso de inoculantes y herbicidas selectivos y utilización de implementos agrícolas específicos, - el rol cumplido por el INTA, realizando no sólo la investigación adaptativa de las variedades de trigo mejicano y de soja, sino también la generación y difusión de nuevas técnicas de manejo. Al no existir tradición sojera en el país, los productores necesitaron recurrir a las indicaciones de los técnicos para “aprender” a hacer el cultivo.

Esta etapa de la modernización suele ser denominada “agriculturización”. Ello refiere a que se verificó un significativo aumento de la superficie dedicada a la agricultura en detrimento de las actividades ganaderas, las cuales en muchos casos fueron relocalizadas en otras regiones favoreciendo la expansión de la frontera agropecuaria.

La agriculturización promovió el surgimiento de nuevos actores en el agro pampeano como los contratistas de producción y contratistas de labor, ambos capitalizados en maquinarias. Los primeros toman tierra en arrendamiento y se hacen cargo de todo el proceso productivo. Algunos son propietarios de fracciones de tierra pero la posesión del capital (excesivo para la superficie que trabajan) les permite ampliar la escala de producción. Los segundos, gracias a la simplificación de las tareas agrícolas, prestan servicios de labores de siembra, fumigación y/o cosecha, a aquellos productores que carecen del capital necesario.

El desplazamiento de la producción ganadera hacia zonas marginales para la agricultura (inclusive dentro de la propia frontera agrícola, hacia los suelos con menor aptitud edáfica) transformó el paisaje pampeano. Paulatinamente se fueron abandonando las instalaciones ganaderas, las actividades de granja vinculadas al autoconsumo y la residencia rural; pocos animales y aún menos hombres será la nueva imagen de la zona rural.

2.2. La profundización del proceso de modernización

A lo largo de la década del ‘90, Argentina asistió a profundas transformaciones políticas y económicas vinculadas a una nueva etapa de desarrollo del capitalismo: el neoliberalismo. La reducción del gasto público, la apertura económica y las privatizaciones forman parte de las características de la etapa. Hacia el interior del sector agropecuario, algunas de las medidas que mayor incidencia tuvieron fueron: la liberalización de los mercados y la desregulación a partir de la no intervención activa del Estado en políticas agrarias, la eliminación de organismos como la Junta Nacional de Granos y Carnes; la liberalización de los contratos de arrendamiento, pasando de la forma tradicional de pago “a porcentaje” al pago “en quintales fijos” quedando los riesgos de la producción totalmente a cargo del tomador de tierras. Estas medidas profundizaron las tendencias iniciadas en la década del 70.

Para los sistemas de producción pampeanos, el modelo económico se tradujo básicamente en un aumento de los costos: se incrementan los impuestos, los gastos de comercialización, el transporte y la energía. El resultado fue una fuerte descapitalización de los pequeños y medianos productores, carentes de créditos y/o endeudados a altísimas tasas y un aumento de la escala necesaria para asegurar la persistencia de la unidad.

Un hito, en esta década, que marcó profundamente el proceso de transformación del sector agropecuario fue la aprobación, en 1996, de la comercialización de semillas de soja RR genéticamente modificadas, resistentes al glifosato. [2] El nuevo paquete tecnológico destinado a la producción agrícola, se basó en estas nuevas variedades, el glifosato y la siembra directa. También estuvo acompañado por el aumento en el uso de insumos de síntesis química como fertilizantes, inoculantes, fungicidas, insecticidas y la difusión de nuevos cultivares para maíz, algunos de ellos transgénicos como el Bt. (Rosenstein, 2003).

La incorporación de esta tecnología implicó la simplificación de las prácticas productivas a partir de: la tendencia a la siembra de un solo cultivo dentro del año agrícola, la no remoción del suelo reduciendo el tiempo de labor y el gasto en combustible y la eliminación de todo tipo de malezas con un solo herbicida, abandonando el control de forma mecánica. Cambios que acentuaron el proceso de especialización productiva.

Esta nueva etapa dentro del proceso de modernización fue llamada de “sojización”, donde la superficie sembrada con soja transgénica pasó de representar un 1% en la campaña 1996-1997, a más del 90% en la campaña 1999-2000, mientras que la siembra directa pasó de 300 mil ha en 1990/91 a 9 millones de ha en 2000/01 (Espoturno, 2018). En este escenario, la estrategia de muchos productores se centró en el incremento de la escala, no sólo en la región pampeana sino también hacia zonas marginales, por ejemplo, a las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis y Salta, impulsando la ampliación de la frontera agrícola sojera gracias a un modelo tecnológico posible de replicar en otras regiones. Proceso que tuvo que ver con el aumento de los cánones de arrendamiento de la tierra en la Zona Núcleo de la región pampeana, con altos precios internacionales de productos agrícolas que tornaron rentable la producción en zonas geográficas con menor potencial productivo y también con legislaciones, tanto locales como provinciales, que lo permitieron. (Merigo; Rosenstein; 2008).

Las consecuencias no fueron las mismas para todos los actores agrarios. Cloquell y otras señalan que “la fracción de pequeños productores familiares absorbió las consecuencias sociales del modelo, por su casi nula capacidad de negociación frente a los propietarios que ceden tierra a terceros, comerciantes de insumos, acopiadores y exportadores” (2007, p.16). La dificultad de negociación frente a las nuevas reglas del juego tuvo como consecuencia la desaparición de numerosos sistemas de producción agropecuarios, especialmente de los pequeños y medianos productores imposibilitados de hacer frente a los gastos necesarios del proceso productivo y/o con dificultades para enfrentar el pago de créditos. Se impuso la necesidad de aumentar la producción y la productividad, como estrategia necesaria para la permanencia implicando el incremento de la escala de producción a partir de la tenencia precaria. Y, muchas veces, esta estrategia no pudo concretarse frente a la competencia ejercida por otros actores con parque de maquinarias más modernos y también frente al incremento de los precios de arrendamiento.

Estos procesos significaron profundas transformaciones territoriales, las cuales tuvieron consecuencias sociales, ambientales y en la fisonomía de las localidades agrarias y las zonas rurales. Creemos importante remarcar, que tal como lo describimos en la primera etapa de la modernización y también menciona Rosati, “buena parte de los efectos que tienden a atribuírsele a la soja (despoblamiento rural, diferenciación de productores, desaparición de explotaciones, concentración de la producción agropecuaria, etc.) se estaban desarrollando desde mucho antes de la gran expansión sojera.” (2013, p 98)

Fue entonces como, a partir de la incorporación de nuevas tecnologías en el sector agropecuario con la creciente utilización de productos fitosanitarios, aparece en las últimas dos décadas, un fuerte cuestionamiento a la utilización de éstos últimos desde distintos sectores de la sociedad: las organizaciones ambientalistas, educadores, médicos, vecinos, funcionarios. Lo que se pone de manifiesto es un conflicto ambiental que contrapone el derecho a producir con el derecho a vivir en un ambiente sano. “La profundización del modelo de la agricultura industrial comienza a ser cuestionada públicamente cuando se perciben perjuicios para la sociedad, creciendo la tensión entre la población vinculada a la producción agropecuaria y otros habitantes de la misma comunidad” (Cloquell et al., 2014)

En este contexto de conflictividad, alrededor del año 2010, surge un conjunto de ordenanzas en comunas y/o municipalidades de la provincia de Santa Fe con el propósito de lograr un uso correcto y racional de los fitosanitarios. Estas ordenanzas, enmarcadas dentro de la Ley provincial de Productos Fitosanitarios N° 11273 dictada en el año 1995, van a establecer zonas de exclusión o libres de aplicación. Esta ley plantea que cada comuna o municipalidad debía adecuar la legislación a la situación local y como consecuencia, encontramos ordenanzas muy distintas entre sí, que ponen en evidencia los intereses opuestos y los conflictos de derechos que se establecen entre productores, vecinos y demás actores. Esto es, las ordenanzas son causa y consecuencia de las relaciones sociales imperantes en cada localidad.

3. Conceptos teóricos

A partir de la situación planteada, retomaremos el objetivo del presente trabajo desde la perspectiva de la complejidad. “La complejidad transforma el mundo en una inmensa red de interacciones dinámicas y en permanente transformación, donde nada puede definirse de manera independiente, mientras que en la perspectiva clásica las interacciones resultan invisibles.” (Najmanovich, 2008, p.31).

Desde este paradigma resulta, por un lado, que el conocimiento deviene de la interacción del hombre con el mundo al que pertenece y por otro, e implicado con el anterior, que sociedad y ambiente son inseparables. La complejidad implica pasar de la búsqueda de certezas a la aceptación de la incertidumbre, sin recorridos ni opciones predefinidas, sólo atentos a las condiciones que permiten la aparición de la novedad. Es este, por tanto, un proyecto en permanente evolución (principio de recursividad) en el que los “productos” (o los resultados) son causa y efecto de nuevos “productos” (o resultados). (Najmanovich, 2017). El pensamiento complejo sabe que todo saber es parcial, que ese saber se configura en los encuentros dado que todo (actores, artefactos, conocimiento, comunidades, territorios, naturaleza) está “entramado”. En esa trama vincular que se autoproduce estamos todos implicados, todos somos partícipes, y todos somos afectados de una u otra manera. Y en esa trama nadie puede dominar absolutamente a otro, toda dominación es relativa y frágil y, por lo tanto, también todo control. (Najmanovich, 2017). En la trama no hay independencia, somos co-dependientes y los límites de la misma son flexibles y dinámicos permitiendo la generación de nuevas interacciones, nuevas formas de orden.

Ahora bien, ¿cómo pensamos estos conceptos en el caso bajo estudio? Roldan es eso precisamente, una comunidad formada por individuos que no forjan su destino por sí mismos, que no son independientes ni dependientes sino que establecen relaciones tensas, activas-afectivas entre ellos, conformando una trama a la que todos pertenecen en grados diferentes y de distintas maneras. En nuestro caso, una trama caracterizada, en mayor o menor grado, por la conflictividad y que, por esta dinámica interna generada por sus propios “componentes”, se autoproduce. (Rosenstein et.al. 2017)

Sabemos que las comunidades habitan en un territorio, otro de los conceptos centrales que orientan nuestra investigación.

Santos (2006) considera el espacio como un conjunto de elementos fijos y flujos. Los elementos fijos, fijados en cada lugar, permiten acciones que modifican el propio lugar, los flujos nuevos o renovados recrean las condiciones ambientales y las condiciones sociales y redefinen cada lugar. “Los flujos son el resultado directo o indirecto de las acciones y atraviesan o se instalan en los elementos fijos, modificando su significado y su valor, al mismo tiempo en que también se modifican”. Entonces, cuando afirma que “los flujos son cada vez más diversos, más amplios, más numerosos, más rápidos”( 2006 p.38), deberíamos considerar qué sector/es de la sociedad están dinamizando estos flujos, a las necesidades o intereses de quien/es responden. En síntesis, para este autor el espacio es el resultado de la relación entre sistemas de objetos y sistemas de acciones. “Por un lado, los sistemas de objetos condicionan la forma de las acciones y, por el otro, el sistema de acciones crea objetos nuevos o se lleva a cabo sobre objetos preexistentes. Así es como el espacio encuentra su dinámica y se transforma” (2006 p. 39).

…”La acción no sucede sin que haya un objeto y cuando se ejerce, acaba por redefinirse como acción y por redefinir el objeto. Por eso los eventos están en el propio corazón de la interpretación geográfica de los fenómenos sociales”..”Un mismo objeto a lo largo del tiempo varía de significado. Aunque sus proporciones internas sean las mismas, las relaciones externas están siempre cambiando. Hay una alteración en el valor del objeto, aunque sea materialmente el mismo, porque la trama de relaciones en la que está inserto opera su metamorfosis, haciéndolo sustancialmente otro. Siempre se está creando una nueva geografía” (2006, p. 61).

También Haesbaert (2013) hace referencia al término espacio, afirmando que el concepto de espacio es más amplio que el de territorio. El espacio es una construcción concreta y material, una producción social de una amplitud tal que incluye todas las dimensiones: la económica, la política, la cultural y también la natural. En efecto, esta última no puede olvidarse, ya que el espacio (sobre todo el geográfico) resulta de una apropiación y/o una dominación de la naturaleza. Cuando se mira el espacio centrando el enfoque en las relaciones de poder, se está identificando un territorio.

Tanto la definición de territorio de Haesbaert como la de espacio de Santos se explican a partir de la manera en que las acciones sociales definen el espacio. La diferencia entre ambos radica en que el primero pone énfasis en definir el territorio como resultado del papel central que las relaciones de poder juegan en su construcción.

En síntesis, el territorio no es sólo un espacio físico, sino que se define por la manera en cómo se produce en su interior la interacción social y por la manera en la que las acciones colectivas, resultantes de dicha interacción, se ejercen y modifican los lugares. Es decir, cómo esas acciones llevadas adelante por los actores construyen y deconstruyen el territorio.

Ahora bien, hablar de relaciones sociales implica de por sí considerar las relaciones de poder y su evolución en el tiempo, que dependeran del capital específico que los actores hayan podido acumular en las luchas anteriores y que, a su vez, orientará las estrategias futuras. Para nuestro análisis tomaremos tres capitales definidos por Bourdieu y Wacquant, (1995), que son los que adquieren importancia en el campo específico del conflicto: el capital cultural o informacional, el capital social como relacional y el capital simbólico que es el capital económico o cultural cuando es conocido y reconocido por otros. Aquellos que detentan mayor volumen de uno u otro, estarán en condiciones de imponer la escala de valor más favorable a sus intereses y por lo tanto de definir el camino para la resolución de conflictos. Esto es, lograrán imponer su propia visión y sus propias prácticas acerca del proceso de construcción del territorio y a la vez, como este generará nuevas relaciones, nuevas visiones, nuevas prácticas sociales, desde el principio de la recursividad.

Pero este proceso no se produce sin conflictividad. En el caso que nos ocupa, los conflictos por el uso de fitosanitarios se originaron a partir de los reclamos de los nuevos vecinos y las agrupaciones ambientalistas que reivindican el derecho a vivir en un ambiente sano frente a productores agropecuarios e ingenieros agrónomos que defienden su derecho a producir bajo el modelo dominante de la agricultura industrializada. Esto es, hay un conjunto de significaciones diferentes acerca del espacio físico y, por lo tanto, diferentes formas de apropiarse de la naturaleza en la cotidianeidad que entran en tensión.

Entendemos los conflictos ambientales como conflictos sociales, relacionados con daños a los recursos naturales o bienes comunes que emergen cuando actores locales o exógenos al territorio manifiestan, mediante una acción colectiva, su oposición, desacuerdo, perspectiva en relación con algún proyecto o práctica local cuyo impacto consideran negativo para el ambiente. (Fontaine, 2004)

Pero Roldán no constituye una excepción. En este mismo período también emergió el conflicto en numerosas localidades de la provincia de Santa Fe y en otras provincias que fueron de la mano de la promulgación de ordenanzas locales, cada una con sus restricciones particulares. Entonces, a partir de la instalación del conflicto y de la puesta en vigencia de estas ordenanzas se instaló el concepto de “periurbano”, esa franja difusa, entre el espacio urbano y el espacio rural. Es un espacio que se define por la indefinición: no es campo, ni es ciudad. Con el paso del tiempo, el periurbano “se extiende”, se “corre de lugar”. Tratándose de un territorio, esto es, un espacio que construimos y deconstruímos entre todos, es inestable y cambiante en función de la constitución de nuevas redes sociales, nuevos actores, nuevas formas de organización, nuevos usos del suelo (Barsky, 2005). De allí, su alto grado de complejidad, cuyas características dependerán de las relaciones más o menos tensas que se establezcan entre nuevos y viejos actores.

De este modo, en estos espacios coexisten diversos usos y formas de habitar. Los periurbanos permiten pensar en cierta fragmentación, discontinuidad y heterogeneidad que remite a un movimiento constante; donde la ocupación de los mismos en nuestra región responde a un proceso no planificado, con un crecimiento marcadamente acelerado a causa de las migraciones internas en algunas localidades en las que la producción agraria es fundamental dentro de la economía regional.

Cardoso y Fristchy (2012) establecen una diferenciación respecto a esta franja difusa, considerando que la parte interna de la interfase corresponde al periurbano y la externa, al rururbano. Identifican elementos en común, como la mezcla de funciones y usos del suelo, como así también se diferencian en el nivel de presión de los usos urbanos sobre los usos de suelo agrícola. En el periurbano, la presión por el uso urbano es muy fuerte, debido a la mayor cercanía a la ciudad, en tanto que en el rururbano la presión es menor, debido a una mayor distancia respecto a la ciudad, como así también a una mayor disponibilidad de tierras que en el espacio periurbano y al carácter más reciente del proceso que le da origen. Mientras que el periurbano se conformó por el avance de la ciudad hacia su periferia, en sentido centrífugo de población urbana y actividades económicas, en el rururbano se dio una combinación de procesos, en distintas escalas temporales y espaciales.

El fenómeno rururbano tiene la particularidad de expresar el cambio sufrido por la población rural al entrar en contacto con la vida urbana y en las adaptaciones que la población urbana realiza al trasladarse a este nuevo entorno. Si bien estos autores consideran posibles criterios de distinción, siempre remarcando la dificultad para su delimitación, estos podrán ser movilizados para futuros trabajos que profundicen el análisis del conflicto en esta interfase.

Estas características del territorio periurbano explican el porqué de la emergencia de conflictos ambientales en muchos casos. Sin duda, se trata de un conflicto profundo, en tanto implica reformulación de significados. Lo que está en juego es una lucha por imponer una visión acerca de la construcción del territorio. La lucha es por el acceso a un recurso no material: el capital simbólico, esto es, por detentar el grado de poder capaz de influir sobre el comportamiento de los otros. Y de eso se trata cuando hablamos de relaciones sociales, implica de por sí hablar de relaciones de poder. Dijimos más arriba que toda dominación es relativa y frágil, nadie domina totalmente sobre el otro. Entonces, pensamos el poder como un recurso dinámico que a veces detenta un grupo de actores y otras veces, otro y, consecuentemente, también van cambiando los significados y las prácticas acerca del proceso de construcción del territorio por determinados lapsos de tiempo según prevalezcan los de un grupo o de otro. A la vez, es este proceso el que va a generar nuevas relaciones, nuevas visiones, nuevas prácticas sociales y nuevos conflictos.

4. Metodología

Para responder al objetivo del presente trabajo analizaremos la conflictividad en torno al uso de fitosanitarios que eclosiona en los últimos 15 años en la localidad de Roldán, como un estudio de caso. Los estudios de caso se destacan y diferencian de otros métodos porque tratan fenómenos contemporáneos en situaciones de la vida cotidiana real. Estas son situaciones en las cuales los límites entre el fenómeno estudiado y su contexto no son claros, ni identificables en forma inmediata (Martinez Carazo, 2006).

El método de estudio de caso es una metodología rigurosa que entre otros aspectos, es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren, permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable. (Martinez Carazo 2006)

Entonces, a partir de esta metodología, no esperamos la explicación ni la predicción de los fenómenos sino su comprensión, reconociendo que las prácticas son una construcción de un grupo social, atravesada por las estructuras económicas, sociales y políticas más amplias.

El estudio de caso tiene una fuerte orientación empírica y descriptiva en la cual el detalle y la particularidad no pueden ser dejados de lado. El todo se entiende en sus partes y éstas en el todo como sucede con un sistema autocontenido. El contexto estará definido a partir de la conformación del sistema, inclusive podremos encontrar influencias externas incorporadas como partes componentes del mismo. (Sautu et, al. 2005)

Con límites reales o teóricamente definidos, los estudios de caso se destacan y diferencian de otros métodos porque tratan fenómenos contemporáneos en situaciones de la vida cotidiana. Estas son situaciones en las cuales los límites entre el fenómeno estudiado y su contexto pueden no ser claros, ni identificables en forma inmediata, quedando esa delimitación en manos del investigador. (Sautu et, al. 2005)

Tal como se menciona en la descripción del problema, el conflicto por el uso de productos fitosanitarios eclosiona en los últimos 10 años. Yin (1989, p. 23) (como se citó en Martínez Carazo, 2006, p.74) considera que el estudio de caso es apropiado para temas prácticamente nuevos, ya que la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos:

• “Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes

• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos.”

Conceptualizar un caso particular “constituido en caso particular de lo posible”, apoyándose en las homologías y diferencias existentes permite cumplir con el propósito de generalización a partir de concebirlo realmente como tal. (Bourdieu y Wacquant, 1995, p. 80)

En el estudio de caso no se selecciona una muestra representativa de una población sino una muestra teórica. En este sentido, consideramos que la localidad seleccionada es un caso que representa acabadamente a la región, por sus características agroecológicas y productivas y su origen que orientaron las formas de organización en torno a las actividades agropecuarias. Y, a la vez, esperamos encontrar sus particularidades en relación con el devenir del conflicto, esperando que, aunque con matices, este sea un caso típico de otras localidades presentes en la región.

Para el relevamiento de información, realizado entre 2016-2021, tomamos como universo de análisis el conjunto de actores involucrados directa y/o indirectamente en el surgimiento del problema y en el proceso de construcción e implementación de la ordenanza en la localidad.

Para reconstruir el proceso al interior de cada comunidad y para abordar el objeto de estudio utilizamos como fuentes de información primaria entrevistas semi-estructuradas, también nos apoyamos en fuentes secundarias como actas de reuniones, artículos periodísticos, etc.

La elección de la entrevista semi-estructurada obedece a que este instrumento de recolección de información brinda las posibilidades de guiar el diálogo al tiempo que permite la inclusión de cuestiones no previstas. Es una herramienta que combina momentos de discurso pre-codificado y cerrado, necesario para relevar información cuantitativa con otros momentos de fluir continuo, de discurso basado más bien en una línea argumental creada por entrevistado e investigador en los que salen a la luz las representaciones, significados, motivaciones acerca de determinadas prácticas. De allí, su utilidad para relevar cómo los actores actúan y reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas individuales, para rescatar desde el hablar lo que hacen y lo que son, esto es para rescatar su subjetividad. Este tipo de entrevista facilita la recolección y el análisis de procesos que han sido construidos por la práctica directa de personas que son parte y producto del proceso estudiado. (De Toscano, 2009).

Los actores entrevistados fueron: vecinos, funcionarios municipales, organizaciones ambientalistas, productores agropecuarios e ingenieros agrónomos. La variable a relevar fue la práctica llevada adelante por los distintos actores y el sentido que dicha práctica adquiere para el actor en relación con el surgimiento del problema y la elaboración e implementación de la ordenanza. Las dimensiones que se definieron fueron: -Rol en el surgimiento del problema -Acciones para instalar el tema en la localidad -Tipo de participación en la iniciativa, en la redacción y en la implementación de la ordenanza -Acciones frente a situaciones de conflicto -Participación en organizaciones locales -Aspectos facilitadores y obstaculizadores del proceso.

Para el análisis de los datos, construimos categorías de prácticas y los sentidos atribuidos a cada una de ellas por los actores, a partir del análisis de los discursos (en tanto práctica social) y tratando de encontrar las similitudes y diferencias en función del lugar que cada actor ocupa en el espacio social. Ello pone en evidencia que tal como menciona Merlinsky (2013), los conflictos ambientales rara vez responden a un único interés.

Como en este tipo de estudio los casos se construyen a medida que avanza la investigación, el análisis del conflicto nos permitió relacionar la variable original, esto es, la práctica de los actores y su significado con las dimensiones planteadas por Merlinsky (2013):

Escala a nivel, local, regional, nacional, transnacional.

Inscripción territorial, las diferentes representación del territorio que se construyen y deconstruyen junto con el conflicto.

Controversias sociotécnicas, situaciones de disenso entre actores ligados a la tecnociencia y actores sociales, claves para entender cómo se produce y se transforma el conocimiento sobre el ambiente a partir de los conflictos.

Perfil de los actores de la controversia, en relación con las posiciones, intereses y recursos a disposición de cada grupo de actores como factores que definen y enmarcan sus prácticas. Patrones de acción colectiva: líneas de acción o patrones de organización y comportamiento diferentes a las que se encontraban previo al conflicto.

Juridificación, refiere a reformas políticas, uso de la ley para resolver disputas, entre otros.

Inscripción institucional de las demandas: esta dimensión nos permite “…identificar la influencia que ejerce el conflicto sobre los modelos de gestión territorial, los modelos productivos regionales, la institucionalización de las políticas públicas, así como la incorporación de dispositivos de participación social en la formulación y/o implementación de estas últimas.” “.. analizar aquellos mecanismos de socialización que quedan abiertos por el conflicto y que contribuyen a establecer algún tipo de respuesta duradera desde el sistema social y/o las instituciones estatales”. (Merlinsky 2013, p 70)

Desde el principio de recursividad, todas estas dimensiones son transversales en el análisis de la dinámica del conflicto pero además, si bien resultan útiles para una descripción más ordenada, lo cierto es que se terminan superponiendo unas con otras, en tanto son efectos o productos que devienen causa de nuevos productos o efectos. En el caso que nos ocupa, algunas de estas dimensiones adquieren más importancia que otras.

5. El entramado que encontramos

5.1. Vecinos

Se dividían en dos grupos bien diferenciados. Por un lado, para los “viejos vecinos”, comprometidos con la producción agrícola que históricamente caracterizó al territorio y de la cual dependían y dependen directa o indirectamente para vivir, las aplicaciones no constituían un problema. Inclusive desconocían la existencia de ordenanzas anteriores al 2012 que las regulaban. De hecho, no participaron ni en la redacción ni promulgación de la nueva ordenanza ni en el proceso de implementación de la misma.

Por otro lado, los “nuevos vecinos” eran nuevos actores dentro del territorio, surgidos como consecuencia de las migraciones internas en busca de una mejor calidad de vida fuera de las grandes urbes y, a la vez, de la expansión del negocio inmobiliario, el incremento del valor de la propiedad urbana y la implementación de políticas nacionales de crédito para la construcción de viviendas. Se trataba, en su mayoría, de profesionales, poseedores de un capital cultural específico de su profesión, pero sin conocimiento de las características de las prácticas agrícolas.

Surgimiento del problema: Para ellos, el uso de fitosanitarios representaba un problema del que tomaron conciencia cuando se mudaron a los nuevos barrios y las “máquinas pasan al lado de nuestras casas”.

Si bien en un principio, las acciones se limitaron a realizar denuncias individuales en la Municipalidad, la falta de respuesta del poder político local indujo a estos actores a juntarse con otros vecinos para intentar visibilizar el problema. También convocaron a periodistas para que difundan el problema en los medios, “nos parábamos delante de las máquinas, boicoteando las pulverizaciones”,

Promulgación de la ordenanza: En este sentido, enunciaron que hicieron protestas frente al Concejo Deliberante y consiguieron una sesión para tratar el tema a la cual asistieron junto con otros actores de la localidad. Sin todo lo que hicimos “no hubiéramos logrado nada”.

Está claro que los nuevos vecinos sólo alcanzaron formas de organización informales que no perduraron en el tiempo y, por lo tanto, no lograron adquirir una cuota de poder suficiente como para influir en el estado de cosas. Sin embargo, afirmaron que a partir de la presión ejercida por ellos para que el Consejo los convocara, se comienza a discutir la redacción de una nueva ordenanza.

Implementación de la ordenanza: En esta etapa, reclamaron a la Municipalidad que se hiciera cargo de la limpieza de la franja de 100 m que el productor había abandonado. En la misma se prohíbe la aplicación de productos fitosanitarios en todas sus variables toxicológicas en una franja de seguridad no menor de 100 metros desde la línea de alambrado. Tampoco veían a ningún ingeniero agrónomo controlando las aplicaciones o bien, otras veces, el propio profesional las frenaba cuando ellos se acercaban a pesar de que se establece que toda aplicación de productos fitosanitarios en áreas restringidas supervisadas, deberá contar obligatoriamente con la presencia de un Ingeniero Agrónomo perteneciente al listado de profesionales habilitados y capacitados para esta función otorgado por el CIASFE Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe. (Ordenanza 728/2012)

Llama la atención que, a pesar de la lucha, domine entre estos actores el desconocimiento acerca de las características de la ordenanza local: “no tengo en claro bien que dice”. A lo sumo saben que “habla de la presencia de un ingeniero y del aviso de la fumigación”, o en el mejor de los casos, que establece una distancia de 100 m de prohibición de aplicaciones de fitosanitarios. Esto es, por un lado, afirman que “consiguieron” la ordenanza pero, una vez promulgada, no se dispusieron a conocerla en profundidad.

Conflictividad post implementación: Los vecinos sienten que la Municipalidad no responde a sus reclamos y que, a pesar de sus pedidos reiterados, ni siquiera les avisan cuando van a realizar fumigaciones, siendo que el municipio tiene registros de aplicaciones y el productor esta obligado a comunicar la aplicación no menos de 24 horas antes Es más, denuncian que, en muchos casos, tampoco están las recetas ni las autorizaciones de aplicación. La percepción que subyace entre los vecinos es que hay una alianza estratégica entre el poder local y los productores, frente a la que nada pueden hacer, al punto que uno de ellos enuncia que llegó a pensar en “quemar los campos”. De hecho, cuando un vecino intentó parar a una máquina por no respetar los 100 m de restricción, la respuesta del productor fue, según él, “yo tomo café todos los días con el juez”

No dudaban que los causantes del problema eran, por un lado, los productores agropecuarios con los que no visualizaban ninguna posibilidad de consenso y por el otro, el accionar de la Municipalidad que no ejercía ningún control sobre el cumplimiento de la ordenanza. Nuevamente, percibían que a los productores, aplicadores y poder político parecía no importarles la legislación vigente y hacen oídos sordos a los reclamos. Ante una denuncia “no ven nada”, “se cubren unos a otros, no quieren tener problemas”, “no hay ningún control de nada”

Aun así, el problema no parecía tener prioridad suficiente como para transformar la acción individual en acción colectiva, hasta el momento no había posibilidades de incrementar su capital social. Las Comisiones Vecinales que fueron surgiendo en los nuevos barrios estaban más dedicadas a los problemas urgentes de infraestructura (agua, gas, caminos de acceso) y seguridad lo que indicaría que no había aún consenso suficiente como para incorporar la cuestión de los fitosanitarios a la agenda de reclamos.

5.2. Funcionarios

Los funcionarios municipales más involucrados en el problema pertenecían a la Secretaría de Medio Ambiente y de Producción, ésta última encargada del control de las aplicaciones.

Surgimiento del problema: Según ellos, el problema salta a la luz en la localidad a raíz de las denuncias hechas por vecinos, acusando a productores por no cumplir con la primera ordenanza local, promulgada en el año 2003, que adhería a la ley 11.273. Entonces “y para darle una solución había que redactar una nueva”.

Sin embargo, no había consenso en relación con el origen del problema. Según una funcionaria, los fitosanitarios no constituían un problema para la población y sí lo era, aunque indirectamente, para los desarrolladores de barrios privados que, como exigencia de la provincia, debían presentar estudios previos de impacto ambiental. Así, lo que en un principio, fue una exigencia para controlar el establecimiento de urbanizaciones en zonas inundables implicó, luego, la necesidad de contar con una ordenanza que regulara las aplicaciones de agroquímicos. Desde esta perspectiva, el interés estaba puesto en lograr la autorización para urbanizar.

Promulgación de la ordenanza: Hay coincidencia, entre los funcionarios, en que la iniciativa para la redacción de la ordenanza la llevó adelante la Municipalidad y que convocaron a diversas reuniones del Concejo Deliberante, invitando a profesionales.  “Para mí fue muy positivo que la gente se reúna y debata y cada uno exponga su postura”. Según los entrevistados, se convocaron también a los vecinos y a los productores por separado a través de avisos en los diarios locales, lo que estaría mostrando que no hubo intención de facilitar la negociación de puntos de vista antagónicos en pos de lograr algunos acuerdos básicos que permitieran desarticular los conflictos. Sin embargo, hay quienes creen que hubo participación y la redacción fue producto de “un consenso” y otros que opinan que fue una decisión del Intendente.

Implementación de la ordenanza: las acciones de la Municipalidad estuvieron dirigidas a una serie de charlas de capacitación para aplicadores y a hacer un listado de los ingenieros agrónomos matriculados habilitados como veedores ya que lo requería la ordenanza. Como parte de la implementación, dicen que cuando el vecino preguntaba si se estaba cumpliendo con la ordenanza, le mostraban el aviso más la fotocopia de la receta agronómica de aplicación y además lo llamaban al profesional para constatar si estuvo presente, esto es, consideran que disponen de herramientas para asegurar y demostrar el cumplimiento de las normas. De hecho, afirmaron: “las denuncias no son frecuentes”

Conflictividad post implementación: En relación con los conflictos, algunos enunciaron que disminuyeron a partir de la promulgación de la ordenanza y lo atribuyen al control sobre las aplicaciones que realiza el profesional. Así “los aplicadores hacen lo que corresponde y eso da tranquilidad al vecino”. Desde el punto de vista de algunos funcionarios, el proceso ha sido exitoso: “No sé qué piensan los demás, yo estoy contenta por lo logrado”

Sin embargo, admiten que la Municipalidad no tiene respuestas en relación con el control de malezas en la franja de 100m y menos aún tiene propuestas productivas para el área. Admiten también que la Municipalidad no se hace cargo de contratar al profesional “para no ser juez y parte”, esto es, el pago de los honorarios le corresponde al productor. Pero algunos consideran que el empleado municipal a cargo de la recepción de la documentación requerida por la ordenanza, correspondiente debería ser un profesional de la agronomía.

5.3. Productores agropecuarios

Los productores agropecuarios son muy heterogéneos en relación con la superficie total trabajada (de menos de 100 a 500 has aproximadamente), con los porcentajes de esa superficie que quedan comprendidos en el área periurbana y también en relación con la tenencia de la tierra. Hay productores propietarios y arrendatarios tanto en la franja de seguridad sin aplicaciones como en la zona restringida. Estos últimos tienden a abandonar la tierra en tenencia precaria, optando por trabajar fuera del área de restricción, Los propietarios, por su parte, dejaron los 100m sin trabajar o bien, decidieron realizar producciones alternativas como producción de fardos. El número de productores involucrados dentro de la franja de seguridad era de 21 en el año 2017 (Registros de la AER Roldán, INTA).

Surgimiento del problema: Todos los productores coincidían en que el problema se desató a partir del 2008, con el conflicto por la resolución 125 que, según ellos, enfrentó a la sociedad con los productores. Y, simultáneamente, se produjo el auge del negocio inmobiliario que avanzó sobre la tierra productiva para convertirla en tierra urbana y en este sentido, desde su mirada, los conflictos se intensificaron a partir de la afluencia de actores urbanos que ocuparon los nuevos barrios en tanto “van apareciendo casas nuevas todo el tiempo”.

Afirmaban que el origen de los conflictos no estaba en su accionar sino en que, ”le han metido tantas cosas en la cabeza (a la gente)”, esto es, el problema es la desinformación y también la “deformación de la información en función de la conveniencia de algunos”. Sostienen que la gente no entiende que los herbicidas, especialmente el glifosato, son de muy baja toxicidad, “es uno de los más inofensivos que hay”. Es más, uno de ellos enunció que hace muchos años que trata de llevar adelante prácticas amigables con el ambiente, que optó por ir dejando todos los productos fosforados y ello se debe a que los productores de hoy están muy informados y trabajan profesionalmente. Otro, incluso, sostiene que pedía autorización para la aplicación y solicitaba las recetas aun cuando todavía no era obligatorio.

Entonces, para muchos, la finalidad de las ordenanzas que restringen la aplicación de productos fitosanitarios era que vendieran sus tierras lo más baratas posible a los desarrolladores urbanos.

Promulgación de la ordenanza: En relación con el proceso de redacción de la ordenanza, los productores enunciaron que asistían a las reuniones y que, desde el discurso del poder político local, buscaban una solución consensuada. Sin embargo, finalmente, “hicieron la ordenanza que ellos quisieron, fue una bajada de línea en el Concejo Deliberante”. No es extraño que remarquen que en las reuniones sólo había 4 o 5 ambientalistas y ellos, incluidos los ingenieros agrónomos, eran muchos más: lo que están indicando es que los primeros tuvieron mayor peso a la hora de la decisión en tanto su postura resultaba funcional a los intereses de los desarrolladores.

Algunos van más allá denunciando que no los dejaban entrar, que había “un entramado corporativo” y que los que decidieron “no tenían idea de nada”. Otros, en cambio, no cuestionan los mecanismos de construcción, argumentando que era necesario que el Municipio se hiciera cargo del problema y que estableciera restricciones para “dar un poco de tranquilidad a la gente”.

Implementación de la ordenanza: Con posterioridad a la ordenanza, todos afirman haber modificado sus prácticas productivas en pos de cumplir con las restricciones. En la franja que va de los 100 a los 500m, cuando compran el producto solicitan la receta, piden la autorización a la Municipalidad adjuntando la receta de aplicación y contratan a un profesional para que decida y verifique que la aplicación se realice en las condiciones adecuadas…“gente que no lo hacía, se ha estado aggiornando o, de alguna manera, lo está haciendo digamos..., salvo mínimos casos, pero te diría que en un 90% las cosas se están haciendo” ..“yo te diría que hay bastante concientización”. Y en los casos en que son propietarios de los equipos, se han inscrito en el registro de aplicadores, tal como lo demanda la ordenanza.

Para la franja de 100 m, los productores enunciaron que están buscando todas las alternativas; siembra de maíz y/o trigo con labranza convencional, pasturas para rollos, avena y vicia, “cuando se puede” y, sino, la dejan sin sembrar. Pero no queda muy claro si, en realidad, están dispuestos a producir sin aplicaciones de agroquímicos. De hecho, eligen trigo o maíz porque, a su criterio, son cultivos que requieren menos aplicaciones que la soja y no despiertan tanta reacción por parte de los vecinos que identifican este último cultivo con el uso de glifosato.

Reconocen también que algunos años cortaron el pasto de la franja “porque era impresionante, un bosque” y dejaron de hacerlo porque no sólo tienen un gasto más sino que consideran que el mantenimiento le corresponde a la Municipalidad.  De última, “los que quisieron que quedará así son ellos, entonces”…”se meten los caballos, pero de eso no se ocupa nadie, ni hago la denuncia…”, mostrando así una parte del múltiple conflicto, en este caso, con el poder político y con los vecinos.

Conflictividad post implementación: A pesar que ponen el acento en los cambios en las prácticas productivas, es evidente que, para la mayoría de los productores, el grado de conflictividad con los vecinos se incrementó con la puesta en marcha de la ordenanza, no debido a sus prácticas sino al aumento de la densidad poblacional. “Y hay muchos productores con problemas”. De hecho, enuncian que han tenido denuncias y multas o que los vecinos los han increpado, en general, por infracciones que afirman no haber cometido. Por ejemplo, por aplicar un fertilizante líquido o por medir un lote con el equipo fumigador.

Por otra parte, atribuyen la “culpa” también a la Municipalidad por dar curso a las denuncias anónimas y mandar un empleado a inspeccionar, sin la firma del denunciante. “si vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer bien, y si no, no vengás más, sino, no podés entrar más al campo”. La ordenanza establece la creación de un libro de denuncias de infracciones a la Ley 11273,

Entonces, esa sensación de vulnerabilidad no sólo domina entre los vecinos entrevistados, también entre los productores que ven amenazada la posibilidad de continuar con su actividad en ese espacio que les pertenece. Tanto es así que, “soy consciente de que puede que tenga que vender y seguir con lo mío en otro lado pero tampoco lo voy a regalar”

Pero no todos los productores acuerdan con el aumento del nivel de conflicto. Otros, quizás más cercanos al discurso del poder político local, enuncian que, con la normativa vigente, “el problema está bastante mitigado, me lo dicen las chicas que toman las solicitudes de permiso y también las quejas”. Los vecinos se acercan a veces a “preguntar” que se está haciendo pero cuando el profesional les explica y les muestra la autorización de la aplicación, se quedan tranquilos.

5.4. Ingenieros Agrónomos

Dentro de los ingenieros agrónomos que desarrollan su actividad en la localidad, algunos pertenecen a instituciones públicas como INTA y la Municipalidad. Otros se dedicaban a la actividad privada, ligados a la venta de insumos y asesoramiento técnico, trabajando en relación de dependencia con Centros de Servicios o cooperativas o bien en forma independiente. Dentro de éstos últimos, muchos cumplen la función de veedores, esto es, supervisan las aplicaciones de fitosanitarios en la zona restringida supervisada de 500 m.

Surgimiento del problema: En relación con el planteo del problema, los profesionales locales, tanto de la actividad pública como privada, coinciden con algunos de los funcionarios y productores cuando afirman que la causa del surgimiento del problema fue el negocio inmobiliario que aprovechó el incremento del valor de la propiedad urbana y la necesidad de la gente de alejarse de la gran ciudad. Como consecuencia se avanzó con loteos rodeados por explotaciones agropecuarias, aumentando el “área límite urbano rural que es la zona de conflicto... con el agravante de que los loteos no contemplaron un área buffer”. Tanto es así que denuncian que “hubo una campaña de difamación violenta contra los productores que aplicaban” (productos fitosanitarios), instigada por intereses de los desarrolladores de barrios privados y coincidiendo con el conflicto desatado por la resolución 125 a nivel nacional en el año 2008. Así, hubo “movimientos de vecinos con fuertes quejas por el uso irracional de fitosanitarios”, que, precisamente, comenzaron a ser escuchados a nivel local a partir de ese momento y que fueron los responsables de instalar el problema a través de notas en los diarios y de comentarios sobre las denuncias de algunos barrios.

La consecuencia fue que no hubo negociación posible entre vecinos y productores, “hubo una mecha que se encendió ahí...fue muy explosivo”. Pareciera entonces que, en coincidencia con otros actores, para los ingenieros agrónomos el origen del conflicto no estaría tanto en el rechazo a las aplicaciones de productos como en los intereses de un actor que no se muestra, que se mantiene en la sombra pero que aprovecha un conflicto mayor, como fue la crisis del 2008, para accionar a su favor.

La imposibilidad de negociar se tradujo inmediatamente en denuncias de los nuevos vecinos que, apoyados por agrupaciones ambientalistas e incluso por algunos políticos, instalaron el problema rápidamente en la localidad. Pero a la hora de responder por sus propias acciones frente al conflicto, se mantuvieron al margen del problema.

Promulgación de la ordenanza: Sólo dos profesionales enunciaron haber sido convocados. Uno de ellos perteneciente al ámbito público, fue consultado por el Secretario de la Producción de la Municipalidad para que realizara observaciones o sugiriera cambios a la ordenanza. El hecho de pertenecer a una institución pública referente del sector agropecuario le otorgaba un reconocimiento claro, por parte del poder político, de su capital técnico y, por lo tanto, de su capital simbólico para intervenir en la redacción de la ordenanza. Sin embargo, sus propuestas fueron consideradas sólo en parte. En el otro caso, se trata de un profesional del ámbito privado que ejerce la actividad desde hace 30 años en la localidad, mostrando una densa red de vínculos (capital social) especialmente con los productores.

La mayoría de los entrevistados coincidieron en que la ordenanza la redactó el Intendente tomando modelos de otras localidades y que, si bien hubo varias reuniones previas, “salió entre gallos y media noche”. En las reuniones participó muy poca gente aun cuando comentan que el INTA convocó a los distintos actores involucrados: productores, aplicadores, vecinos, funcionarios municipales y de la Secretaría de Producción de la provincia de Santa Fe, técnicos del INTA. El hecho de enunciar que la ordenanza salió “entre gallos y medianoche” marca la existencia de profundos desacuerdos entre los profesionales y el poder político local, aunque no siempre se tradujeran en conflictos explícitos. La postura de los ingenieros agrónomos es que “todo es cuestión de control y no de prohibición” pero que es más fácil prohibir para no tener que controlar. Así, el impedimento de realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo el distrito. “no tiene ningún argumento técnico...fue un capricho”. De hecho, afirman que hubo que hacer excepciones en años en que las condiciones climáticas impidieron las aplicaciones terrestres.

Implementación de la ordenanza: Algunos profesionales cumplieron con la función de veedores a pesar de no acordar con la prohibición de las aplicaciones, mencionan que su acción se limitó a controlar y dar a conocer la ordenanza, manteniéndose “al margen de los conflictos entre las partes”

Todos cuestionaron el nivel de capacitación del personal municipal encargado de la recepción de la documentación y, por el otro, el hecho de que la Municipalidad no se hiciera cargo de la contratación del ingeniero que debía verificar el cumplimiento de la ordenanza. Incluso, van más allá, cuando enuncian que el actor que debe ser controlado es el desarrollador de los barrios privados: es él el que debería estar obligado a dejar sin urbanizar los 100 m contiguos a los lotes de producción.

Conflictividad post implementación: Algunos profesionales denunciaron que el nivel de conflictividad entre vecinos y productores disminuyó luego de la puesta en marcha de la ordenanza. A su criterio, el hecho de que ellos supervisaran las aplicaciones hizo que los vecinos dejaran de denunciar y también obligó a los productores a buscar “de mala gana un ingeniero agrónomo”. Otros, por el contrario, reconocen la existencia de conflictos, pero no lo enuncian explícitamente.

La percepción de los profesionales, en general, es que cada actor, productor o vecino, pelea por sus intereses individuales y no hay posibilidad, por ahora, de acciones colectivas, sin embargo, ellos no se involucran en el problema. Son los otros los que deben cambiar para que éstas acciones sean posibles.

Al igual que los productores, atribuyen el conflicto fundamentalmente a la desinformación de la gente, capaces de confundir “una máquina que está cosechando con una que está fumigando”, “sólo el olor del glifosato genera una paranoia importante y alarma a todo el resto de los vecinos”. Lo que circula entre la gente es que glifosato, Monsanto y cáncer van de la mano y que el profesional es un “vendedor de productos contaminantes”. Esa discusión permanente “sin fundamento” que, según los entrevistados, la ordenanza no contribuyó a esclarecer porque no se conoce o porque no es concreta, alimenta el grado de desinformación. Y eso genera mucha impotencia entre quiénes, se supone, son los portadores del conocimiento técnico, capital cultural y que, por lo tanto, estarían en condiciones de decir cómo tienen que hacerse las cosas.

Quizás, lo que subyace en el discurso es una sensación de impotencia por no poder seguir aplicando las herramientas del modelo tecnológico dominante que tan bien conocían y que ya no funcionaban para las áreas periurbanas. En general frente al disgusto del productor, tenían que implementar nuevas estrategias de control de las plagas con productos de baja toxicidad y verificar que éste las cumpliera pero, además, carecían de información y experiencia para plantear modelos productivos alternativos más adecuados a las restricciones impuestas por la ordenanza como producción diversificada y tecnologias de bajo impacto. Y sin duda, se perfilaba ya una demanda en este sentido que los profesionales sentían que aún no podían satisfacer.

6. Conclusiones

El conflicto que caracteriza a la trama vincular, esto es, el conflicto como acción colectiva, se ubica en este espacio específico, en el territorio periurbano, en un momento histórico e implica contraposición de intereses, derechos, perspectivas, lógicas y significados por parte de los grupos analizados.

Los actores locales atribuyen significados diferentes a un territorio destinado tradicionalmente, en nuestro caso, a la agricultura, buscando así, a través de sus prácticas, la apropiación del espacio como forma de relación con la naturaleza en la vida cotidiana: para el gobierno local se trata de un espacio administrativo que entra en los planes de ordenamiento territorial, para los productores significa la propiedad privada a partir de la cual obtienen ganancias de la explotación de los recursos naturales pero también es el espacio de su identidad. Para los profesionales, es el ámbito en el que aplican su conocimiento técnico, apostando, en general, al incremento de la productividad. Por el contrario, para los vecinos es el espacio en el que viven, que rodea a sus viviendas y, por lo tanto está ligado al bienestar y a la salud. Y todos, de una u otra manera, están fuertemente anclados al territorio. La territorialidad, entonces, expresa una relación compleja entre la comunidad y su medio, en tanto, implica una apropiación concreta a partir de prácticas diferentes que dejan huellas en ese espacio.

Retomando la definición de inscripción territorial, queda claro porque los actores llevan adelante prácticas diferentes y coherentes con los significados atribuidos al territorio. En este sentido, mientras los nuevos vecinos reclaman, denuncian, expresan que la ordenanza no se cumple, atribuyendo la responsabilidad a la alianza entre el poder local y los productores, los productores afirman haber modificado sus prácticas productivas pero el problema es la “ignorancia” de los vecinos que no entienden de agricultura y el accionar de la Municipalidad que da curso a las denuncias y no se responsabiliza del mantenimiento de la franja de restricción. Los profesionales, por su parte, cambian sus prácticas sólo para adecuarse a las restricciones impuestas por la ordenanza y se mantienen al margen porque el problema no son ellos sino la desinformación de la gente. Y el poder político local, si bien toma la iniciativa de la redacción de la ordenanza, luego no controla eficientemente su cumplimiento, no se hace cargo del desmalezamiento de la franja y tampoco tiene propuestas productivas para el área.

Si como dijimos, el territorio es un sistema construido y deconstruido a partir de una red de interacciones dinámicas en un permanente “bucle recursivo” (Morin, 1994), en el caso que nos ocupa, la reproducción del conflicto refuerza las prácticas de los actores y el territorio se construye y transforma en una tensión permanente. Sin duda, la ordenanza como emergente de las relaciones sociales locales en torno al conflicto y como una dimensión de la juridificación, contribuyó a esa transformación. Sin embargo, no fue suficiente para atenuar la desconfianza, la “inconvivencia”, el desencuentro, que dominan las relaciones sociales locales.

En el devenir del conflicto también se evidencio la movilización de la cuota de poder que detentaron los actores en los diferentes momentos analizados. Fue así como el poder político local impone el suyo cuando dicta la ordenanza pero luego no ejerce el control del cumplimiento, los productores ponen en juego la propiedad privada y su derecho a decidir que producir cuando persisten con el modelo productivo dominante y se resisten a incorporar producciones alternativas, los profesionales ejercen el poder de decir cómo tienen que ser las cosas desde su posición de expertos cuando optan por no involucrarse para no cambiar, los vecinos cuando recurren al capital social para visibilizar el problema a través de sus denuncias en la Municipalidad y en los medios. Y así, en esta incertidumbre, el territorio se va modificando.

7. Reflexiones para pensar continuidades…

Este trabajo se enmarcó en un proyecto más amplio que nos permitió continuar con el trabajo en la localidad con una extensión temporal mayor al presentado en este artículo, por esto podemos dar cuenta de algunos cambios que serán las preguntas de futuras investigaciones.

Partiendo del interrogante, ¿qué ocurre cuando alguno de los sectores logra pasar de la acción individual a la acción colectiva? Podemos afirmar que, a fines del año 2016, la trama vincular local vuelve a transformarse cuando los vecinos logran una nueva forma de organización, logrando ampliar su capital social: el colectivo “Paren de Fumigarnos -Roldán” que pone el problema del uso de agroquímicos en la agenda local a partir de la decisión de salir a reunir firmas para apoyar la presentación de un recurso de amparo donde se solicitaba ampliar la franja de prohibición. La Unión de Vecinales que reúne a comisiones vecinales de 11 nuevos barrios y que, hasta ese momento, no se había involucrado mayormente en el problema, comienza a intervenir con múltiples denuncias por el incumplimiento de la ordenanza. Ponían el énfasis en la incompetencia y ausencia del estado municipal que “plantó barrios en el medio del campo” y no se hizo cargo del control ni tuvo alguna disposición para discutir soluciones con los actores involucrados. “La municipalidad no nos recibe y cuando lo hace sostiene que la ordenanza está perfecta”. El colectivo también cuestionaba a los técnicos encargados del control, denunciando que no respetaban las condiciones ambientales requeridas para una aplicación.

En este contexto, quedaba cada vez más claro que los vecinos no constituían un sector homogéneo. Y si bien, no había conflicto explícito, los viejos vecinos miraban con recelo a los nuevos, como si se sintieran invadidos por estilos de vida urbanos muy diferentes a los suyos. De hecho, en general, se resistieron a firmar el recurso de amparo, decidieron, en su mayoría, no comprometerse.

Por su parte, el Municipio no planteaba ninguna acción frente a la profundización del conflicto, limitándose a autorizar las aplicaciones y enviar a la guardia urbana (GUR) en el caso de denuncias de incumplimiento. Esto es, un Estado que carecía de herramientas de gestión y de voluntad real (según la mayoría de los actores entrevistados) para ordenar el territorio en beneficio de todos los ciudadanos.

Se evidencia, entonces, como la organización como práctica colectiva, esto es, la movilización de capital social, incrementa la cuota de poder de los vecinos para hacerse escuchar pero también para profundizar el conflicto, para mostrar con más fuerza cual es la forma de apropiación del espacio que se ajusta a sus intereses, ligados a la salud y al bienestar.

Frente a este grado de complejidad, el camino pasa por mostrar, rescatar y priorizar aquellos puntos en los que hay coincidencias, puntos que los propios actores, inmersos en la disputa, no pueden reconocer que tienen. Pasa por comenzar a reconocer que hay un otro que merece respeto y, a partir de allí, empezar a pensar que la confianza es posible y deseable. Y todos sabemos que la generación de vínculos de confianza es el primer paso de toda acción colectiva.

Siguiendo esta premisa, en el año 2017, un equipo perteneciente a la AER Roldán del INTA y a la Facultad de Cs Agrarias de la UNR, decidió intervenir con el objetivo de generar nuevas formas de interacción y construir lazos de confianza. Así, convocaron al encuentro primero en talleres por sector y luego en una Mesa de Diálogo con la participación de los diferentes sectores en conflicto: representantes de productores del periurbano, de la Unión de Vecinales, de los Ingenieros Agrónomos que trabajaban o residían en la localidad, del colectivo ambientalista “Paren de Fumigarnos - Roldán”, del Honorable Concejo Municipal y del Departamento Ejecutivo Municipal. Si bien no es el objetivo de este trabajo analizar el devenir de la Mesa, sí podemos afirmar que fue y es una forma de autoorganización que da cuenta claramente de las tensiones en la trama local, que a veces derivaron en acuerdos y otras veces no, que a veces originaron productos tangibles y otras veces no pero que siempre implicaron cambios grandes o pequeños, positivos o negativos, en el accionar del conjunto. También y en términos muy generales, podemos afirmar que, alternativamente, a veces más unos que otros, fueron los ingenieros agrónomos y los productores los más resistentes a transformar sus prácticas en pos de negociar un significado común en relación con el espacio periurbano.

La Mesa de Diálogo, como política de una institución pública, inaugura un nuevo modelo de gestión territorial, basado en la participación social, y en el cual el poder político local es un actor más. Un nuevo modelo que implicó, entre otras cuestiones, que éste último accediera a responder a las demandas de los vecinos y ambientalistas de transparentar la información de las aplicaciones de fitosanitarios, a promover la capacitación de los agentes encargados del control, a modificar la ordenanza vigente incorporando cláusulas para el cumplimiento de las BPA de modo de garantizar la minimización del riesgo durante y luego de las aplicaciones, a poner en discusión la posibilidad de incorporar la producción agroecológica en el distrito.

No podríamos afirmar que se trate de un tipo de respuesta duradera al conflicto en tanto dependerá del grado de participación de los actores y también de la decisión del poder político local de seguir integrando la Mesa. Tampoco creemos que un conflicto ambiental de esta naturaleza tenga un cierre: sólo permitirnos aceptar que la convivencia es un proceso que transita caminos inciertos, que no siempre llegan a dónde queremos o nos proponemos llegar, que sólo se hace explorando, experimentando nuestra potencialidad hoy, apostando a encontrar el grado de tensión que nos permita un buen convivir.

Recursivamente, será este nuevo “orden” de las relaciones sociales locales el que va a producir nuevas transformaciones en el territorio periurbano: en tanto el poder se redistribuye, a veces, detentado en mayor proporción por un sector y otras veces por otro, también van cambiando los significados y las prácticas acerca del proceso de construcción del territorio según prevalezcan los intereses de un grupo o de otro. Pero, sin lugar a duda, será un territorio diferente, producto de relaciones más armónicas con capacidad de repensar los caminos del desarrollo.

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Notas

[1] Sustancias o mezcla de sustancias químicas, de origen sintético o natural y de diversa estructura, actividad biológica y grados de toxicidad, utilizadas con el fin de prevenir, controlar o eliminar la presencia de seres vivos, y/o nutrir el suelo . Desde finales del siglo XX, su uso se vio incrementado a partir de su asociación con semillas transgénicas, lo que propició la emergencia de conflictos y controversias en torno a los desequilibrios ecológicos y enfermedades que generan. Frente a su conceptualización como fitosanitarios, fitofármacos y/o fitotérapicos –que invisibiliza su accionar letal y los presenta como remedios–, o como pesticidas, plaguicidas y/o matayuyos –que se acota a su función productiva y reedita la idea de control de plagas–, sostenemos la definición de agroquímicos y/o agrotóxicos, centrando la atención en su acción biocida y contaminante. Dada su persistencia en suelos, aguas, aire y alimentos, así como sus efectos en la salud humana y no humana, se constituyen como cuestión de salud pública, comunitaria y ambiental.(Schmidt, Castilla, Toledo Lopez, 2022)

[2] El glifosato es un principio activo herbicida cuyo objetivo es el control de las malezas que compitan o pudieran llegar a competir con los cultivos por recursos vitales como luz, agua y nutrientes. El glifosato es un herbicida sistémico, no selectivo -en general- y actúa como selectivo sobre los cultivos genéticamente tolerantes (“RG”).(CASAFE 2022)

* Contribución de autoría (CRediT)

Victoria Campos: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, supervisión, visualización, redacción borrador-original, redacción-revisión y edición.

Susana Rosenstein: conceptualización, análisis formal, investigación, metodología, administración del proyecto, recursos, supervisión, visualización, redacción borrador-original, redacción-revisión y edición.

Ricardo Murray: conceptualización, metodología, administración del proyecto, recursos, supervisión.

Aprobado por María Valentina Locher (Directora editorial)