Introducción

El derecho a una vivienda adecuada en el Estado mexicano se encuentra establecido en el artículo cuarto de la Constitución; este artículo, en su sexto párrafo, garantiza el acceso de cada ciudadano a un hogar que proporcione seguridad, paz, dignidad, y características específicas como iluminación, ventilación, infraestructura básica y proximidad a servicios esenciales, todo ello a un costo razonable (Gobierno de México, 2020). No obstante, la producción de vivienda en el país ha sido tratada predominantemente como un producto económico, esto plantea interrogantes acerca de si realmente se adapta a las prácticas, tradiciones y necesidades de las comunidades que la habitan.

La oferta de vivienda debe tener en cuenta las dinámicas sociales, culturales y económicas de las familias mexicanas, garantizando el respeto a su derecho constitucional. Este enfoque es fundamental no solo para garantizar el acceso justo a la vivienda, sino también para promover una producción social del territorio priorizando la cohesión social y la cualidad de lo habitable de su entorno. A escala internacional, el establecimiento del estándar de Vivienda adecuada posicionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) representa un avance significativo hacia el derecho humano a la vivienda desde un enfoque holístico al trascender su carácter espacial y material; sin embargo, este avance a nivel teórico y social representa un reto para la política pública en México al trascender la provisión de la vivienda digna y decorosa hacia el acceso a la vivienda adecuada.

Durante las últimas dos décadas, la gestión de vivienda ha estado marcada por políticas neoliberales e individualistas que han marginado a los sectores más vulnerables, debilitando el tejido social y reduciendo la capacidad de respuesta colectiva ante los desafíos urbanos. La transición hacia la vivienda adecuada necesita el acompañamiento de una alineación institucional hacia su definición para poder concebirla en el contexto mexicano, cuantificar su alcance, gestionar, aplicar y evaluar políticas públicas dirigidas a su cumplimiento.

Para las familias en zonas vulnerables, el acceso a la vivienda no solo es una necesidad básica, sino un elemento clave para lograr estabilidad, arraigo y desarrollo comunitario. Sin embargo, la desigualdad en el acceso a recursos, junto con la carencia de interlocutores efectivos entre las comunidades y las organizaciones gubernamentales, ha agravado la precariedad en estas áreas. La falta de políticas públicas inclusivas y la desconexión entre los diversos actores sociales han limitado las posibilidades de organización y participación ciudadana, perpetuando las condiciones de desigualdad.

A partir de este enfoque, el presente documento aborda una conceptualización teórica de la vivienda que integra distintas visiones socioespaciales como la de sistema de lugares de Amos Rapoport (2003), la dicotomía física y simbólica de Oliveras (2000) y la relación espacial de Lefebvre (1991), esto para enmarcar la inclusión del concepto de Vivienda Adecuada a la política nacional de vivienda en México. Es urgente formular políticas públicas que aborden las desigualdades desde una perspectiva integral, considerando factores como género, edad, origen étnico y contexto socioeconómico.

Las políticas públicas deben trascender la teoría para convertirse en soluciones concretas que fortalezcan la integración social y mejoren la calidad de vida de los habitantes; resulta fundamental contar con herramientas que permitan medir el alcance de la vivienda adecuada. En México, los indicadores actuales evalúan la vivienda a nivel nacional, pero lo hacen principalmente desde la perspectiva de la vivienda digna y decorosa, acorde con concepciones normativas previas. Esto plantea un desafío significativo, ya que estos indicadores no están diseñados para abordar de manera específica las siete dimensiones de la vivienda adecuada definidas por la ONU (2018). Por tanto, a partir de su caracterización teórica y su contextualización con la política de vivienda en México, se propone un indicador multifactorial que permita medir el alcance de la vivienda adecuada en México con base en indicadores preexistentes, para el diseño de políticas públicas y la implementación de acciones específicas, basadas en enfoques intersectoriales.

La interlocución entre habitantes, autoridades, academia y otros sectores que intervienen en la construcción física y social del territorio debe ser priorizada, promoviendo modelos participativos que involucren directamente a las comunidades. Asimismo, resulta esencial crear mecanismos que faciliten la planificación comunitaria, tanto en contextos rurales como urbanos, con un enfoque de gobernanza que incorpore a las comunidades de manera democrática en los procesos de toma de decisiones. La efectividad de estos procesos depende de una articulación sólida entre los niveles local y federal de planificación, garantizando que las políticas desarrolladas respondan a las necesidades y especificidades de cada comunidad. Esto implica su integración en las agendas legislativas locales, estatales y federales, asegurando que sean inclusivas y respetuosas de la diversidad normativa del país.

Metodología

El presente estudio, de corte transversal en la época contemporánea, se desarrolló con un enfoque analítico y propositivo para abordar la vivienda adecuada en México, con énfasis en el contexto actual de las entidades federativas del país. La metodología combinó la revisión teórica y normativa con el análisis de datos secundarios obtenidos de fuentes institucionales y académicas, integrando perspectivas epistemológicas y técnicas. Este enfoque permitió proponer un indicador multifactorial para medir el alcance de la vivienda adecuada y apoyar el planteamiento de políticas públicas efectivas.

La investigación se estructuró en las siguientes etapas:

1. Revisión teórica y conceptual

Se realizó una exploración exhaustiva de teorías socioespaciales y del derecho humano a la vivienda, integrando perspectivas académicas e institucionales. Este proceso incluyó el análisis de obras clave, como la teoría del sistema de lugares de Amos Rapoport (2003), la dicotomía física y simbólica de Oliveras (2000) y la relación espacial de Lefebvre (1991). Además, se incorporaron los criterios de vivienda adecuada establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (2018) y su alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

2. Diagnóstico de la vivienda adecuada en México

Se llevó a cabo un diagnóstico regionalizado de las condiciones habitacionales en el país, utilizando la clasificación del Marco Geoestadístico Nacional, que divide a México en cinco regiones basadas en criterios geográficos y socioeconómicos. Esta etapa incluyó la recopilación de datos cuantitativos y cualitativos obtenidos de organizaciones gubernamentales como el INEGI, la SEDATU, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el CONEVAL, así como de investigaciones académicas.

3. Análisis normativo

Se analizaron los marcos normativos internacional y nacional para identificar las convergencias y divergencias en la definición y alcance de la vivienda adecuada. Este análisis permitió establecer la transición conceptual y operativa en México desde la noción de "vivienda digna y decorosa" hacia "vivienda adecuada". Se analizaron las repercusiones de este cambio en el ámbito de las políticas públicas y en la elaboración de indicadores.

4. Diseño de un indicador multifactorial

Se desarrolló una propuesta de indicador multifactorial para medir el alcance de la vivienda adecuada en México. Este indicador se diseñó tomando como pauta las siete dimensiones de la vivienda adecuada definidas por la ONU: seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios básicos, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Se identificaron indicadores preexistentes en fuentes nacionales que se integraron mediante un enfoque epistemológico y técnico-operativo para generar un instrumento práctico y aplicable.

5. Integración de datos y operacionalización

Los datos recopilados se organizaron en un sistema de indicadores estructurado en siete dimensiones clave, con subindicadores específicos. Estos se ponderaron con base en criterios de relevancia regional y prioridades de política pública. La integración se realizó a través de metodologías estadísticas que permitieron generar un índice general y adaptable a contextos diversos.

6. Validación y propuesta de implementación

Finalmente, se evaluó la aplicabilidad del indicador multifactorial mediante pruebas conceptuales y análisis comparativos con otros índices internacionales. Se formularon recomendaciones para su implementación, destacando la necesidad de una colaboración interinstitucional e interorganizacional entre organismos como el INEGI, el CONEVAL y la SEDATU, y la incorporación de perspectivas cualitativas y territoriales para garantizar su pertinencia y efectividad.

Esta metodología permitió la construcción de un marco analítico que sustenta la propuesta de un indicador multifactorial, concebido como una herramienta esencial para el diseño de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a una vivienda adecuada en México.

Desarrollo

En el derecho a una vivienda adecuada en México, consagrado en el artículo cuarto constitucional, constituye un elemento esencial para el bienestar y la dignidad de las personas. Sin embargo, su materialización enfrenta desafíos significativos debido a la desconexión entre las políticas públicas y las realidades socioeconómicas del país. A pesar de que el marco jurídico establece la obligación de garantizar viviendas dignas y decorosas, los enfoques de desarrollo tradicionales han priorizado la dimensión física (tangible) y económica, descuidando aspectos fundamentales como la integración cultural, la habitabilidad, la cohesión social y las distintas escalas socioespaciales inherentes a la vivienda. Este enfoque limitado ha dado lugar a una producción de vivienda que no siempre responde a las necesidades, prácticas y tradiciones de las comunidades, lo que perpetúa desigualdades estructurales y dificulta el desarrollo sostenible de los territorios.

En este contexto, el concepto de "vivienda adecuada", promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), representa un cambio paradigmático en la forma de concebir este derecho humano. La vivienda adecuada no solo implica condiciones materiales mínimas, como iluminación, ventilación y acceso a servicios básicos, sino que también abarca dimensiones tales como la seguridad jurídica de la tenencia, la accesibilidad, la ubicación estratégica y la adecuación cultural. Este enfoque integral trasciende la visión tradicional de la vivienda como un producto de consumo, posicionándola como un derecho humano fundamental que debe ser protegido y promovido por el Estado a través de políticas públicas inclusivas y efectivas.

La transición hacia este nuevo enfoque ha sido particularmente desafiante en México, donde las políticas de vivienda han estado marcadas por una visión neoliberal e individualista que ha marginado a los sectores más vulnerables. Durante las últimas dos décadas, este modelo ha debilitado el tejido social y reducido la capacidad de las comunidades para responder colectivamente a los desafíos urbanos; para superar estas limitaciones, es imprescindible que las políticas de vivienda se alineen con los estándares internacionales, integrando las siete dimensiones de la vivienda adecuada definidas por la ONU como ejes fundamentales para el diseño y la evaluación de estrategias públicas.

En la práctica, esta transición requiere la implementación de herramientas metodológicas que permitan medir el grado de adecuación de la vivienda en el país. La propuesta de un indicador multifactorial representa un avance significativo en este sentido, ya que permite traducir criterios abstractos en métricas concretas y aplicables. Este instrumento, basado en las dimensiones de la ONU, tiene el potencial de evaluar de manera integral las condiciones habitacionales en México, identificando brechas y áreas de oportunidad para el diseño de políticas públicas más efectivas. Además, su enfoque intersectorial facilita la coordinación entre distintos niveles de gobierno y sectores de la sociedad, promoviendo la participación ciudadana y la planificación comunitaria como elementos clave para garantizar la pertinencia y sostenibilidad de las intervenciones.

El diseño de este indicador debe considerar la integración de fuentes de datos cuantitativos y cualitativos, así como la diversidad territorial del país. México es una nación caracterizada por su pluralidad cultural y geográfica, lo que implica que las estrategias de vivienda no pueden ser homogéneas. Es necesario adaptar los subindicadores a las realidades específicas de las comunidades urbanas, rurales e indígenas, reconociendo sus particularidades y respetando sus formas de vida. Asimismo, la incorporación de metodologías participativas, como encuestas y entrevistas, permite reflejar las percepciones y necesidades de los habitantes, especialmente en dimensiones subjetivas como la percepción de seguridad y la adecuación cultural.

Por otra parte, es fundamental fortalecer la articulación entre las instituciones encargadas de generar información sobre vivienda, como el INEGI, el CONEVAL y la SEDATU. La falta de coordinación entre estas entidades ha dado lugar a sistemas de información fragmentados que dificultan la evaluación integral de las condiciones habitacionales. La creación de una base de datos unificada y alineada con los criterios de la ONU sería un paso crucial para superar esta limitación y garantizar la eficacia de las políticas públicas. Además, la implementación de un sistema de monitoreo periódico permitiría evaluar el impacto de las estrategias adoptadas y realizar los ajustes necesarios para mejorar su alcance.

La transición de un modelo centrado en la vivienda digna y decorosa hacia uno basado en la vivienda adecuada representa un desafío normativo, operativo y cultural en México. Este cambio no solo implica una reestructuración del marco jurídico y las políticas públicas, sino también una transformación en la manera en que se concibe la vivienda como un derecho humano integral. A través de la adecuación de un indicador multifactorial la promoción de modelos participativos y la articulación interinstitucional, es posible avanzar hacia un enfoque más inclusivo y sostenible que garantice el acceso equitativo a una vivienda adecuada para todas las personas, a partir de la implementación de políticas públicas que respeten el acceso justo a la vivienda adecuada desde una base epistémica común que sea factible de evaluar.

Fundamento epistemológico de la vivienda adecuada

El concepto de vivienda ha sido definido de diversas maneras según el enfoque disciplinario e institucional, lo que refleja su complejidad como fenómeno socioespacial. En su abordaje más básico, la vivienda se define como un espacio cerrado y cubierto destinado a ser habitado por personas. Sin embargo, esta visión carece de precisión, ya que omite los aspectos materiales, simbólicos y culturales inherentes al concepto. Más allá de esta visión elemental, múltiples instituciones y autores han abordado la vivienda desde diferentes perspectivas, lo que permite articular una definición integral.

Desde la perspectiva organizacional, el INEGI (1997) menciona que la vivienda puede entenderse como un espacio físico definido habitualmente por estructuras como paredes y techos, destinado a atender las necesidades básicas de las personas, como descansar, alimentarse y protegerse de las condiciones del entorno. Por otro lado, el hogar constituye una unidad fundamental de organización social, en la que los individuos se agrupan para realizar las actividades esenciales para la reproducción de su vida diaria. Aunque esta definición proporciona un marco funcional, resulta ambigua al no distinguir entre los estándares mínimos de habitabilidad y las condiciones necesarias para el desarrollo humano. La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI, 2019) introduce un enfoque más humano al concebir la vivienda como el eje central en el desarrollo integral de una persona. Es en este espacio donde se cultivan habilidades fundamentales, se transmiten valores esenciales y se fortalece el sentido de pertenencia y comunidad.

La ONU (2015) refuerza esta visión al introducir el derecho a una vivienda adecuada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con base en esta perspectiva, la vivienda adecuada implica un espacio seguro y saludable, con características que garanticen iluminación, ventilación, acceso a infraestructura básica y proximidad a servicios esenciales, todo ello a un costo razonable. Este enfoque pone de relieve la necesidad de una vivienda digna como la unidad central del desarrollo humano y la justicia social.

En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) - Órgano principal de la ONU, adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se reconoce que el acceso a la vivienda es un derecho universal. Este enfoque reconoce que la vivienda es un componente determinante para el desarrollo y la calidad de vida de los habitantes. Además, su influencia se extiende más allá del ámbito individual, afectando directamente a las ciudades y las comunidades que las conforman. Una vivienda adecuada puede ayudar a reducir la exclusión social, frenar el uso insostenible de los recursos naturales, disminuir la exposición a riesgos ambientales y prevenir el deterioro de las condiciones de vida de la población. Este trabajo se orienta a abordar estos aspectos, tomando como referencia los siete componentes fundamentales del derecho humano a una vivienda adecuada, definidos en los estándares internacionales.

En el ámbito académico, Ferrando (1992) describe la vivienda como "un refugio, ya sea natural o construido por el ser humano, en el que este reside de manera temporal o permanente". De manera similar, Cortés (1995) la conceptualiza como "un espacio definido por límites, creado por la acción humana, donde las personas habitan con cierta estabilidad". Desde una perspectiva constructiva, Orozco (2008) define la vivienda como un recinto, cerrado o semicerrado, que delimita áreas construidas. En este sentido, la vivienda se compone de elementos físicos o partes constituyentes que hacen posible su existencia. Estos elementos, conocidos como componentes constructivos, desempeñan funciones y objetivos específicos de manera individual o colectiva.

La vivienda no puede limitarse a un espacio físico encerrado entre muros. En este sentido, Rapoport (2003) plantea que se trata de un sistema de lugares donde se desarrollan actividades específicas, influenciadas principalmente por las acciones cotidianas de sus habitantes. La vivienda se compone por distintas escalas espaciales que van desde la habitabilidad interna hasta elementos como calles, espacios especializados y vecindarios, y está intrínsecamente vinculada a la densidad poblacional. Así, establece conexiones entre la casa, el paisaje, los asentamientos y los monumentos, integrándolos con los modos de vida de las personas. Esta visión es de suma importancia para introducir el concepto de vivienda adecuada, ya que supera la concepción de espacio físico y le introduce como un escenario cultural que integra las actividades cotidianas y los valores sociales.

Mercado (2004) coincide con esta perspectiva al argumentar que la vivienda no es simplemente una estructura física, sino también una institución cultural que interrelaciona objetos y espacios diseñados para facilitar el desarrollo del comportamiento individual y social; a este concepto lo denominan "escenarios culturales". Por su parte, Gazmuri (2012) destaca que la vivienda es el espacio donde las familias satisfacen sus necesidades básicas, constituyendo un elemento esencial de las condiciones tangibles de la vida familiar. Además, la habitabilidad de la vivienda afecta aspectos como la estabilidad, el equilibrio emocional, la salud y la capacidad laboral de sus habitantes. Desde este enfoque, la vivienda no se limita a proporcionar un techo, sino que integra procesos sociales fundamentales para la consolidación y el desarrollo de las familias.

Campos define la vivienda como el lugar de lo cotidiano, donde se entrelaza la condición subjetiva con la producción y reproducción de estructuras sociales dentro de un contexto espacial y temporal específico —un "aquí" y un "ahora"— (Campos & Yáva, 2007). Iglesias (1999) complementa esta idea al describir la vivienda como un espacio intermedio entre el habitante y su contexto natural, una red de escenarios conductuales que enmarcan tanto la vida familiar como comunitaria. Este espacio satisface necesidades biológicas, psicológicas y sociales fundamentales. En el ámbito arquitectónico, grandes figuras sintetizan la esencia de la vivienda en frases cargadas de significado. Mies Van der Rohe, por ejemplo, afirma que la vivienda representa la voluntad de una época materializada en el espacio. Le Corbusier la describe como "el estuche de la vida, la máquina de la felicidad", mientras que Luis Barragán la define como un refugio y una expresión de arquitectura emocional, más allá de un simple lugar de convivencia (Sánchez-Soto, R., & Martín-López, 2022).

Desde esta perspectiva, el arquitecto, como creador de espacios habitables, debe comprender los significados asociados a la vivienda para intervenir adecuadamente en su diseño. Aunque la arquitectura habitacional puede parecer enfocada únicamente en la construcción de casas y en satisfacer demandas del mercado inmobiliario, su objetivo primordial debería ser crear espacios que permitan a las personas construir hogares, distinción que se observa desde la perspectiva institucional de INEGI y CONAVI. Como señala Oliveras (2000), cada componente de la vivienda tiene tanto un discurso técnico como uno simbólico que el arquitecto debe considerar. Este autor subraya que la vivienda debe ofrecer un entorno que permita a los usuarios apropiarse de él y sentirse identificados, respetando sus valores individuales.

Además, Oliveras coincide con Rapoport al señalar que existe una relación intrínseca entre la arquitectura y la cultura. Argumenta que, dado que los estilos de vida varían entre culturas, la arquitectura no puede proponer modelos universales. En cambio, debe adaptarse a los valores socioculturales y sus simbolismos, los cuales evolucionan con el tiempo. Este enfoque implica reconocer la riqueza cultural de cada contexto, lo que se traduce en diseños habitacionales que responden a las necesidades específicas de cada época y lugar. Así, la vivienda se convierte en un espacio privado que refleja la voluntad individual y familiar, así como el estatus, los gustos y la cultura de sus habitantes (Oliveras, 2000).

La vivienda, manifestación primaria de la arquitectura, se refiere en su carácter más básico a la producción de espacio en términos de Lefebvre (1991), quien plantea que el espacio no es un mero contenedor de actividades humanas, sino un producto social resultante de las relaciones de poder y los procesos culturales. En su obra La producción del espacio (1974/1991), argumenta que los espacios urbanos, incluida la vivienda, son modelados por prácticas sociales que reflejan y reproducen las estructuras económicas y políticas predominantes. En este contexto, la vivienda no se limita a ser un objeto arquitectónico, sino que es un espacio vivido que se apropia y resignifica según las necesidades y aspiraciones de quienes la habitan.

Lefebvre expone de manera crítica la transformación de la vivienda por parte del capitalismo; pasando de un derecho universal a una mercancía, despojándola de su dimensión humana y cultural. Para él, la vivienda debe ser un lugar de apropiación donde las personas puedan desarrollar su vida cotidiana en condiciones de dignidad y libertad. Este enfoque enfatiza la necesidad de ver la vivienda no únicamente como un recurso económico, sino como un derecho que permita a los habitantes ejercer control sobre su entorno y participar activamente en su configuración. La producción de vivienda bajo esta lógica debería responder a las dinámicas culturales y sociales de cada comunidad, respetando sus valores y modos de vida. Sin embargo, en muchos contextos, las políticas habitacionales se centran en la estandarización y mercantilización de los espacios, ignorando las particularidades locales y exacerbando las desigualdades socioespaciales.

Harvey (2008), en su crítica al urbanismo neoliberal, conecta la vivienda con el derecho a la ciudad, entendido como el derecho de los habitantes a participar en la planificación y gestión de sus entornos urbanos. De esta manera, el derecho a la ciudad no solo abarca el acceso físico a la vivienda, sino también la capacidad de transformar los espacios urbanos para que reflejen las necesidades y aspiraciones colectivas. Para este autor, el modelo capitalista de producción del espacio ha transformado la vivienda en un medio de acumulación de capital, excluyendo a grandes sectores de la población del acceso a espacios urbanos dignos. Esto ha generado la proliferación de viviendas informales, la segregación socioespacial y la pérdida de cohesión social en las ciudades. En este marco, el derecho a una vivienda adecuada se convierte en una herramienta para combatir las desigualdades urbanas y promover la justicia social.

Se destaca la importancia de repensar las políticas habitacionales desde criterios inclusivos y participativos, que priorice las necesidades sociales sobre los intereses del mercado. Esto implica fomentar modelos de planificación comunitaria donde los habitantes sean protagonistas en la definición y gestión de sus entornos, promoviendo una vivienda que además de cumplir con estándares materiales, fortalezca el tejido social y cultural de la sociedad (Harvey, 2008). Al integrar las perspectivas de Lefebvre y Harvey, la vivienda puede definirse como un espacio físico, social y simbólico que conecta las dimensiones materiales de la habitabilidad con la apropiación en términos de identificación y transformación cíclica del espacio. Este enfoque resalta la importancia de la vivienda no solo como un refugio físico, sino como un elemento clave para la construcción de identidades, relaciones sociales y formas de vida sostenibles.

Vivienda adecuada

Con base en el fundamento expuesto, se parte de la premisa que la vivienda adecuada debe ser accesible, segura y culturalmente pertinente, promoviendo el bienestar de sus habitantes y su integración en el entorno urbano. Para lograrlo, es necesario superar las lógicas de mercado que reducen la vivienda a un producto comercial, y adoptar un enfoque basado en derechos que garantice su acceso universal como parte de una agenda de justicia social. Además, la vivienda debe entenderse como un proceso en constante transformación, donde los habitantes desempeñan un papel activo en su diseño, uso y adaptación. Este enfoque dinámico reconoce que las necesidades habitacionales varían según el contexto socioeconómico, cultural y ambiental, y que las políticas públicas deben ser flexibles para responder a estas particularidades.

La vivienda va más allá de ser un espacio cerrado por paredes; es un reflejo de las dinámicas socioculturales y económicas de una sociedad, y un elemento fundamental del derecho a la ciudad. En este contexto, ONU-Hábitat (2018) enfatiza que una vivienda adecuada debe cumplir con siete elementos esenciales que aseguran su funcionalidad y contribuyen al desarrollo humano integral. Primero, debe garantizar la seguridad en la tenencia, lo que implica que los habitantes estén protegidos jurídicamente contra desalojos forzosos, acosos o cualquier riesgo que ponga en duda la integridad de su seguridad residencial. Esto asegura un entorno de tranquilidad y permanencia. Asimismo, una vivienda adecuada debe contar con servicios básicos como agua potable, sistemas de saneamiento, energía eléctrica para necesidades fundamentales como iluminación, cocción y calefacción, además de infraestructura para conservar alimentos y gestionar residuos, elementos imprescindibles para la salud y el bienestar de sus ocupantes.

El acceso económico es otro componente crítico: el acceso a la vivienda no debe poner en peligro la capacidad de los hogares de satisfacer otras necesidades básicas o ejercer sus derechos fundamentales. Una vivienda se define como económicamente asequible cuando los gastos asociados no superan el 30 % del ingreso familiar, permitiendo así que las familias puedan vivir sin precariedad. Por otro lado, la habitabilidad asegura que la vivienda brinde seguridad física y estructural, ofreciendo espacios suficientes para los habitantes y protección contra condiciones climáticas extremas como frío, calor, humedad o lluvia, así como otros riesgos que puedan amenazar su salud. En términos de diseño, una vivienda adecuada debe ser accesible para todos, considerando especialmente para los grupos vulnerables.

La ubicación de la vivienda también desempeña un papel esencial en su adecuación. Debe estar situada en zonas que permitan a las personas acceder a servicios fundamentales de empleo, educación, salud y cuidado infantil, evitando ubicaciones expuestas a riesgos ambientales o áreas contaminadas. Finalmente, la vivienda debe respetar y reflejar las prácticas culturales de sus ocupantes, garantizando que tanto su diseño como su localización sean compatibles con la identidad cultural de la comunidad a la que sirve. En conjunto, estos elementos integran una concepción holística de la vivienda adecuada, posicionándola como un pilar clave para incidir de manera positiva en la calidad de vida y fortalecer la inclusión social y contribuir al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este enfoque no solo asegura un hábitat digno, sino que también refuerza la interconexión entre la vivienda y la calidad de vida de las personas.

La vivienda adecuada ha sido reconocida como un derecho humano inalienable, fungiendo un rol crucial en el fortalecimiento de condiciones de vida dignas y sostenibles (ONU, 2018). En este marco, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los Estados miembros de las Naciones Unidas, subraya la importancia de asegurar el acceso a viviendas adecuadas y mejorar los asentamientos informales como elementos clave para una urbanización inclusiva y sostenible. Particularmente, la meta 11.1 establece el compromiso de "asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales" antes del 2030 (ONU, 2015).

El impacto de la vivienda adecuada se refleja transversalmente en múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que demuestra su carácter integrador:

1. 1. Erradicación de la pobreza (ODS 1): La vivienda contribuye a reducir la pobreza extrema (meta 1.1) y las desigualdades socioeconómicas, promoviendo el acceso igualitario a recursos económicos y servicios básicos (meta 1.4). Además, reduce la vulnerabilidad frente a desastres naturales y fenómenos climáticos (meta 1.5).

   Salud y bienestar (ODS 3): Viviendas adecuadas mejoran la calidad de vida al reducir riesgos de enfermedades asociadas con condiciones insalubres, como la polución y la mala ventilación (meta 3.9), además de contribuir al bienestar físico y mental (meta 3.4).

   Igualdad de género (ODS 5): La vivienda sostenible fomenta la equidad de género mediante la eliminación de barreras históricas al acceso de mujeres a la propiedad de la vivienda y la tierra, promoviendo su empoderamiento económico (meta 5.a).

   Agua limpia y saneamiento (ODS 6): Infraestructuras de vivienda adecuadas garantizan el acceso universal y equitativo al agua potable y saneamiento (meta 6.1), contribuyendo a la sostenibilidad hídrica.

   Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11): La localización adecuada de viviendas favorece una urbanización inclusiva, segura y sostenible (meta 11.3), mientras que su diseño innovador permite preservar el patrimonio cultural y natural (meta 11.4).

La vivienda adecuada representa no solo un derecho humano fundamental, sino también una herramienta estratégica para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este contexto, se requiere una acción coordinada entre gobiernos, sector privado y sociedad civil para garantizar que las políticas de vivienda no solo satisfagan necesidades inmediatas, sino que también promuevan un desarrollo urbano resiliente, inclusivo y sostenible.

A pesar de los avances conceptuales y políticos, el desarrollo de vivienda sostenible enfrenta desafíos significativos, como la especulación del suelo, la expansión urbana desordenada y la exclusión de comunidades vulnerables. Para contrarrestar estas tendencias, es indispensable fomentar políticas públicas integrales que prioricen la planificación urbana sostenible y el acceso equitativo a los recursos; sin embargo, resulta fundamental la regionalización en términos de operacionalización de la vivienda adecuada para poder medirle, gestionar y evaluar su implementación en términos de política pública.

Marco normativo de la vivienda adecuada

El derecho humano a una vivienda adecuada tiene su fundamento principal en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, acogida por la AGNU en 1948, que en su artículo 25 establece que todo habitante tiene derecho a gozar de un nivel de vida adecuado, lo que incluye la vivienda, junto con otros aspectos como la salud y la seguridad social. Este artículo resalta que la vivienda es un elemento clave para lograr la dignidad humana y el bienestar tanto individual como colectivo (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por México en 1981, refuerza esta visión al disponer en su artículo 11 que los Estados deben garantizar una calidad de vida adecuada, incluida la vivienda, y resalta la importancia de la cooperación internacional para garantizar la efectividad de este derecho (Comité de Derechos Humanos, 1966). Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño (Comité de los Derechos del Niño, 1989) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM, 1979) reconocen explícitamente el derecho a condiciones de vida adecuadas, enfatizando la necesidad de atender a poblaciones vulnerables, como niños y mujeres, para asegurar su desarrollo integral y bienestar.

Estos instrumentos normativos han establecido las bases para que los Estados consideren la vivienda adecuada no solo como una necesidad básica, sino también como un derecho humano fundamental que contribuye a procesos de urbanización inclusiva y desarrollo sostenible. En México, el derecho a una vivienda adecuada está protegido por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que reconoce el derecho de todas las familias a contar con una vivienda digna y decorosa, y establece la responsabilidad del Estado de poner en marcha los mecanismos y recursos necesarios para cumplir con este propósito (Gobierno de México, 2020b). Además, el artículo 1 de la Constitución refuerza la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que México ha ratificado.

La Ley de Vivienda (LV) reglamenta este derecho, estableciendo en su artículo primero que la vivienda es un sector clave para el desarrollo nacional, que requiere la colaboración coordinada de los sectores público, privado y social (Congreso de la Unión, 2019). El marco normativo mexicano también vincula el derecho a la vivienda con el desarrollo sostenible y la planificación territorial. Por ejemplo, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU) establece un sistema jerarquizado de planeación que integra la vivienda adecuada dentro de las estrategias de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, alineándola con estándares internacionales.

A nivel de políticas públicas, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 establece los objetivos nacionales para un desarrollo integral, equitativo y sostenible. Aunque no incluye explícitamente el concepto de vivienda adecuada, este ha sido incorporado en programas sectoriales como el Programa Nacional de Vivienda (PNV) 2021-2024, que adopta un enfoque de derechos humanos y prioriza a las poblaciones vulnerables. Este programa considera la vivienda como un espacio habitacional inherentemente vinculado al territorio y promueve su desarrollo bajo principios de densificación urbana, sostenibilidad ambiental y equidad social (Gobierno de México, 2019).

Por su parte, el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PNOTDU) 2021-2024 incluye estrategias específicas para promover la vivienda adecuada como parte de un hábitat integral, vinculado al ordenamiento territorial, la gestión de riesgos y la recuperación de viviendas abandonadas o en asentamientos precarios (gobierno de México, 2021). Así, la vivienda adecuada se ha consolidado como un elemento clave en los marcos normativos internacionales y nacionales, reconociéndose como un derecho humano esencial para el desarrollo individual y colectivo. En México, su integración en leyes, políticas públicas y programas sectoriales refleja avances significativos en la alineación con estándares internacionales y en la adopción de un enfoque integral que considera la vivienda como motor de inclusión social, desarrollo urbano y sostenibilidad. No obstante, persisten desafíos para garantizar el cumplimiento efectivo de la vivienda adecuada en México, la transición desde la vivienda digna y decorosa representa una transición normativa y retos operativos a nivel federal.

Diferencia entre vivienda digna y decorosa y vivienda adecuada: transición normativa y retos en México.

El concepto de vivienda ha evolucionado a nivel internacional y nacional, reflejando un cambio paradigmático en el entendimiento de los derechos humanos y las acciones gubernamentales. En México, la transición del término vivienda digna y decorosa hacia el de vivienda adecuada representa un reto tanto normativo como operativo, en la medida en que se busca alinear el marco jurídico y las políticas nacionales con los estándares internacionales de derechos humanos.

El concepto de vivienda digna y decorosa se incorporó al marco constitucional mexicano mediante la reforma al artículo 4º en 1983, estableciendo que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar este objetivo” (CPEUM, 2024).

Este término enfatiza el cumplimiento de estándares mínimos de habitabilidad, seguridad y privacidad en las viviendas, pero carece de una definición normativa precisa y multidimensional. "Digna" se asocia con condiciones básicas de habitabilidad y "decorosa" con aspectos funcionales y estéticos. Sin embargo, su interpretación ha sido limitada, enfocándose principalmente en aspectos técnicos de construcción y en la provisión de viviendas bajo criterios de eficiencia económica (ONU, 2020). En los últimos años, México ha comenzado a adoptar el concepto de vivienda adecuada en sus políticas públicas y normatividad, aunque su incorporación plena representa un desafío significativo. Un ejemplo clave es el PNV 2021-2024, que alinea sus objetivos con los criterios internacionales de vivienda adecuada establecidos por la ONU, reconociendo la vivienda como un derecho humano fundamental y no únicamente como un producto de consumo (SEDATU, 2021).

Sin embargo, persisten retos importantes. La principal dificultad radica en la transición de un enfoque limitado, centrado en la provisión de viviendas económicas, hacia un modelo que considere de manera integral el hábitat, el ordenamiento territorial y los servicios asociados. Además, aunque el artículo 4º constitucional menciona la vivienda digna y decorosa, no se ha reformado para incorporar explícitamente el término "adecuada", lo que limita la congruencia entre el marco normativo y las políticas públicas actuales. Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no incluyó el término vivienda adecuada, lo que revela una desconexión entre la planeación estratégica nacional y los compromisos internacionales de derechos humanos. No obstante, documentos como el PNV y el PNOTDU han comenzado a incorporar esta perspectiva, estableciendo estrategias para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y sostenibilidad de la vivienda (SEDATU, 2021).

La transición de "vivienda digna y decorosa" a "vivienda adecuada" en México refleja un proceso de alineación normativa y política con los estándares de derechos humanos a nivel internacional. Este cambio implica reconocer que la vivienda no es solo un espacio físico, sino un elemento clave para el desarrollo humano integral, el desarrollo social y la sostenibilidad del sistema natural. Para lograrlo, es imprescindible reformar el marco normativo y fortalecer las capacidades institucionales y organizacionales para lograr operacionalizar el alcance de la vivienda adecuada y garantizar la intervención de todos los sectores en la implementación de políticas que reflejen esta nueva visión.

El reconocimiento del derecho a la vivienda adecuada en México ha enfrentado obstáculos significativos debido a la falta de instrumentos que permitan medir su alcance de manera integral. Aunque las siete dimensiones establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU son ampliamente reconocidas como los parámetros esenciales para evaluar la adecuación de la vivienda, su operacionalización en el país ha sido limitada. Esta ausencia de indicadores específicos dificulta la ejecución de políticas públicas efectivas y la evaluación del impacto de las estrategias existentes en la garantía de este derecho fundamental.

Caracterización de la vivienda adecuada en México

El abordaje de la caracterización de la vivienda en México presenta características diversas que reflejan dinámicas territoriales, económicas y sociales propias de las diversas regiones que conforman al país. El desarrollo y dinamismo de cada región se desarrolla y madura con el tiempo debido a la influencia de los entornos naturales, las dinámicas productivas y la interacción de importantes factores socioeconómicos, a saber, las relaciones de producción, empleo, capital social y humano. Se puede considerar que las regiones son producto del desarrollo histórico-natural, de hechos económicos y sociales y de la observancia de leyes sociales. En este sentido, una región puede definirse como un área donde emerge y cambia constantemente una mezcla de diferentes factores (naturales, económicos y sociales). El INEGI (2021) ha desarrollado diversas regionalizaciones del territorio mexicano para fines estadísticos y geográficos. Una de las clasificaciones más reconocidas es la del Marco Geoestadístico, que divide al país en regiones con base en criterios geográficos y socioeconómicos. Esta división incluye las siguientes cinco regiones:

1. 1. Región Norte: Comprende los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

   Región Norte-Occidente: Incluye Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Nayarit.

   Región Centro: Está conformada por Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México.

   Región Centro-Norte: Abarca Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí.

   Región Sur: Comprende Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Esta regionalización facilita el análisis y la comparación de datos estadísticos entre las distintas áreas del país, permitiendo una comprensión más detallada de las dinámicas regionales. Para más información sobre el Marco Geoestadístico y las regionalizaciones del INEGI, se puede consultar su sitio oficial.

Algunos datos relevantes de dichas regiones son los siguientes: 1) la región del norte es la mayor en extensión (31,3%) del territorio nacional, 2) la población se concentra en casi un 50% en las regiones centro y sur. 3) las regiones con mayor dinámica económica son la centro y norte, y 4) la zona sur es donde existen mayores niveles de vulnerabilidad y marginación. En resumen, son notables los contrastes de todo tipo en el desarrollo de las distintas regiones, así mismo, en cada región los proyectos atienden una problemática específica y apremiante.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2021b), la concentración de los hogares a nivel de entidad federativa destaca al Estado de México como la región con mayor número de viviendas, concentrando el 12.84% del total nacional, mientras que a nivel municipal, Tijuana alberga el 1.62%. Estas cifras evidencian un patrón de urbanización que se relaciona con la distribución poblacional y la demanda de infraestructura habitacional en áreas metropolitanas.

En relación con la tipología de vivienda particular, se observa que en Durango el 93.18% de las viviendas no comparten terreno, contrastando con la Ciudad de México, donde el 35.17% de las viviendas sí lo hacen. Este fenómeno se acentúa en municipios como Santa Magdalena Jicotlán y Santo Domingo Tlatayápam, en Oaxaca, donde la totalidad de las viviendas particulares no comparten terreno, frente a la Delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, donde el 58.84% sí lo comparten (INEGI, 2021b). Estas diferencias reflejan no solo la densidad poblacional, sino también las estrategias locales de ocupación del suelo y el acceso a recursos habitacionales.

El esquema de renta es otra característica significativa, siendo Quintana Roo la entidad con el mayor porcentaje de viviendas rentadas (31.77%), con Solidaridad destacando con el 49.36% de sus viviendas en este régimen. La Encuesta Nacional de Vivienda 2020 (INEGI, 2021c) señala que el 51.3% de los hogares que rentan lo hacen ante la imposibilidad de acceder a crédito hipotecario, mientras que el 9.6% considera más accesible la renta en términos de costo. Este panorama subraya la importancia de los mecanismos de financiamiento en el acceso a la vivienda.

En términos de situación jurídica, Chiapas lidera en cuanto a la proporción de viviendas sin escrituras, alcanzando un 27.2%, mientras que a nivel municipal, San Juan Coatzóspam, Oaxaca, registra un 96.82% de viviendas sin esta documentación. Esto pone de manifiesto una debilidad estructural en la regularización de la tenencia de la tierra, con implicaciones en la seguridad jurídica de las familias (INEGI, 2021b).

Por otro lado, la forma de adquisición de vivienda refleja tendencias significativas en la autoconstrucción y el apoyo gubernamental. Zacatecas destaca por tener el mayor porcentaje de viviendas autoconstruidas (46.05%), mientras que Chiapas lidera en adquisición mediante apoyos gubernamentales (8.09%). A nivel municipal, San Antonio Acutla, Oaxaca, reporta un 93.51% de viviendas autoconstruidas, mientras que Chanal, Chiapas, tiene un 61.51% adquiridas con subsidios públicos (INEGI, 2021b). Estas cifras reflejan la relevancia de estrategias gubernamentales y proyectos comerciales para satisfacer las demandas de vivienda.

La deuda asociada a la vivienda también es un tema relevante, con Quintana Roo liderando en viviendas aún en proceso de pago (78.65%). A nivel municipal, localidades como El Tule, Chihuahua, y Tlacotepec Plumas, Oaxaca, registran un 100% de viviendas en esta situación (INEGI, 2021b). Esto resalta la dependencia del crédito hipotecario como un mecanismo principal para la adquisición de vivienda.

En cuanto a los recursos relacionados con la vivienda, las desigualdades son notorias. La Ciudad de México concentra el 20.31% de las viviendas con ingresos en el decil más alto, mientras que Chiapas lidera en el decil más bajo con un 31.45%. A nivel municipal, San Pedro Garza García, Nuevo León, presenta un 50.38% de viviendas con ingresos elevados, en contraste con San Juan Cancuc, Chiapas, donde el 92.7% de las viviendas están situadas dentro del rango de menor ingreso (INEGI, 2021b; INEGI, 2020).

A partir de estos datos el panorama habitacional en México revela marcadas diferencias entre las regiones del territorio, vinculadas a factores como la dinámica económica, la densidad poblacional, las condiciones de marginación y las estrategias de ocupación del suelo:

La Región Norte destaca por ser la de mayor extensión territorial, abarcando el 31.3% del país. La dinámica económica de esta zona es una de las más vigorosas, concentrando importantes polos de desarrollo urbano, como Tijuana, que alberga el 1.62% de las viviendas nacionales. El acceso a la vivienda en esta región está relacionado con un crecimiento poblacional moderado y una baja densidad en comparación con otras regiones, lo que se refleja en una menor proporción de viviendas compartiendo terreno. Sin embargo, la dependencia del crédito hipotecario, como se observa en localidades de Chihuahua con altos porcentajes de viviendas en proceso de pago, resalta desafíos en el acceso equitativo a la vivienda.

La región Norte-Occidente combina dinámicas rurales y urbanas que influyen en las características habitacionales. En Durango, el 93.18% de las viviendas no comparten terreno, reflejando patrones de ocupación extensiva, mientras que Zacatecas sobresale por un elevado porcentaje de viviendas autoconstruidas (46.05%). Esto evidencia una fuerte dependencia de los recursos locales y la autogestión en la solución habitacional. A pesar de las iniciativas gubernamentales, la región enfrenta limitaciones en la formalización de la tenencia de la tierra y en la oportunidad de financiamiento formal para vivienda.

La región Centro concentra un importante porcentaje de la población del país, con la Ciudad de México como un caso paradigmático. En esta última, el 35.17% de las viviendas comparten terreno, cifra que se eleva al 58.84% en delegaciones como Magdalena Contreras, debido a la alta densidad poblacional y el elevado costo del suelo. La región también concentra la mayor proporción de viviendas con ingresos altos, como ocurre en la Ciudad de México (20.31%), lo que contrasta con altos índices de desigualdad que afectan la accesibilidad a la vivienda en municipios más marginados.

La región Centro-Norte incluye a Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes y San Luis Potosí, caracterizándose por un equilibrio entre áreas urbanas densamente pobladas y zonas rurales. Jalisco destaca por ser un polo económico importante, pero también enfrenta retos en el acceso equitativo a la vivienda. La autoconstrucción y la dependencia de subsidios gubernamentales son prácticas comunes, aunque su impacto es desigual en función de la localización y los recursos disponibles. Esta región evidencia la necesidad de fortalecer políticas públicas que atiendan tanto la regularización de la tierra como el financiamiento para vivienda.

La región Sur es la más vulnerable y marginada del país. Chiapas lidera en viviendas sin escrituras (27.2%) y en adquisición mediante subsidios públicos (8.09%), reflejando debilidades estructurales en la regularización de la tierra. Oaxaca presenta el mayor porcentaje de viviendas autoconstruidas (93.51% en algunos municipios), lo que subraya la dependencia de soluciones informales. Por otro lado, Quintana Roo sobresale por el elevado número de viviendas en renta (31.77%), impulsadas por el dinamismo turístico, aunque muchas de estas propiedades permanecen en situación de deuda. En términos de ingresos, Chiapas concentra el mayor porcentaje de viviendas en el decil más bajo (31.45%), lo que acentúa las brechas en la posibilidad de acceder a una vivienda adecuada.

Con base en esta información se infiere que el estudio de la vivienda en México precisa una perspectiva multidimensional que incorpore aspectos como la sostenibilidad, la inclusión de grupos vulnerables y la dinámica migratoria. Para ello, se proponen metodologías como el Análisis de Componentes Principales y el Análisis Exploratorio de Datos Espaciales, que permiten identificar patrones y clústeres territoriales relevantes (CONAPO, 2020; CONEVAL, 2022). Estas herramientas son esenciales para diseñar estrategias eficaces en la planificación habitacional y avanzar en el cumplimiento de metas nacionales, como las establecidas en la Agenda Nacional de Vivienda. La caracterización de la vivienda en México evidencia profundas disparidades territoriales y socioeconómicas, subrayando la necesidad de intervenciones integrales basadas en evidencia estadística y análisis espacial. Esto permitirá abordar los desafíos habitacionales de manera equitativa y sostenible.

Hacia un indicador multifactorial para medir la vivienda adecuada en México

Un indicador multifactorial representa un instrumento clave para traducir los criterios abstractos de vivienda adecuada en métricas concretas que sean útiles para la planificación, el seguimiento y la valoración de políticas públicas. Este enfoque permite integrar dimensiones que trascienden la mera habitabilidad física, considerando aspectos como la asequibilidad, la disponibilidad, la seguridad jurídica de la tenencia y la adaptación cultural, entre otros (ONU, 1991). En México, los indicadores existentes relacionados con la vivienda se han centrado principalmente en aspectos cuantitativos, como el déficit habitacional, la calidad de los recursos constructivos y la disponibilidad a servicios esenciales (CONAPO, 2021). Si bien estos datos son útiles, no abarcan la totalidad de los criterios establecidos por la ONU, lo que genera una visión fragmentada e incompleta de la realidad habitacional del país.

Uno de los mayores retos para establecer un indicador multifactorial es la desarticulación de los sistemas de información existentes. Instituciones como el INEGI, el CONEVAL, el CONAPO y la SEDATU generan datos relevantes sobre vivienda, pero no están alineados con los siete criterios de adecuación. Además, los enfoques actuales carecen de una perspectiva epistemológica que reconozca a la vivienda como un derecho humano integral, limitándose a aspectos técnico-operativos. Se propone el desarrollo de un indicador multifactorial basado en una integración epistemológica que articule los criterios de la ONU con los indicadores nacionales existentes. Este instrumento debe considerar los siguientes elementos:

1. 1. Alineación con criterios internacionales: Incorporar los siete criterios de la vivienda adecuada (seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural) como ejes estructurales.

   Sinergia interorganizacional: Articular los sistemas de información de instituciones como el Registro Único de Vivienda (RUV), INEGI, CONEVAL y SEDATU para generar una base de datos integral y evitar duplicidades en la medición.

   Incorporación de indicadores cualitativos: Desarrollar métricas cualitativas mediante encuestas, entrevistas y análisis participativos que reflejen las percepciones y necesidades de los habitantes, especialmente en dimensiones subjetivas como la adecuación cultural y la percepción de seguridad.

   Enfoque territorial: Reconocer las disparidades regionales en las condiciones habitacionales y diseñar subindicadores adaptados a las particularidades urbanas, rurales e indígenas.

   Dimensión temporal: Establecer una red de monitoreo periódico interorganizacional que permita evaluar el desarrollo de las políticas públicas y ajustar estrategias a partir de los resultados obtenidos.

La creación de un indicador multifactorial para medir la vivienda adecuada en México es una necesidad urgente para alinear las políticas públicas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Este indicador no solo permitiría una evaluación más precisa de las condiciones habitacionales, sino que también facilitaría la identificación de brechas y el diseño de estrategias más efectivas con en el fin de asegurar el derecho a una vivienda adecuada para todos. La integración de enfoques epistemológicos, cuantitativos y cualitativos en su diseño es clave para reflejar la complejidad y multidimensionalidad de este derecho.

El diseño del indicador multifactorial para medir la vivienda adecuada en México se articula a raíz de las dimensiones establecidas por la ONU y aprovechar la vasta cantidad de datos disponibles en el país. Este indicador integra variables cuantitativas y cualitativas, considerando criterios espaciales, sociales, económicos y ambientales. La propuesta se centra en operacionalizar las dimensiones de vivienda adecuada mediante fuentes existentes y su alineación para crear un instrumento práctico y aplicable para la elaboración y valoración de políticas públicas. La información se recupera de fuentes de información institucionales: 1. INEGI

· Censo de Población y Vivienda: Este censo se realiza cada 10 años y proporciona datos detallados sobre el número total de hogares, su composición y características. La última edición se realizó en 2020.

- Censo de Población y Vivienda 2020 - INEGI

· Encuesta Intercensal: Realizada cada cinco años entre censos, ofrece datos actualizados sobre la estructura de los hogares.

- Encuesta Intercensal 2021 - INEGI

· Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH): Proporciona información sobre ingresos, gastos y características de los hogares.

- ENIGH 2022 - INEGI

- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

· SEDATU ofrece material sobre políticas habitacionales y programas de vivienda, que pueden incluir datos sobre la conformación de los hogares en el ámbito del ordenamiento urbano y territorial.

- SEDATU - Información sobre Vivienda

- El Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV)

· Datos Abiertos del Gobierno de México

· El portal de datos abiertos del gobierno proporciona acceso a una gran diversidad de elementos, incluyendo información sobre la población y los hogares.

- Datos Abiertos - Gobierno de México

· Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

· La OCDE también emite reportes y estadísticas respecto a México, que pueden incluir datos sobre la familia y los hogares.

- OCDE - México

· Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)

· Aunque su enfoque principal es la salud, el INSP también realiza investigaciones sobre la estructura familiar y el contexto socioeconómico de los hogares en México.

- INSP - Investigación y Estadísticas

· Investigaciones Académicas y Publicaciones

· Busca estudios académicos o informes de investigación sobre la dinámica de los hogares en México. Universidades y centros de investigación a menudo publican investigaciones sobre este tema.

· Bibliotecas y Archivos Estatales

En algunas entidades federativas, las bibliotecas y archivos estatales pueden tener datos adicionales y estudios sobre la conformación de los hogares a nivel local.

El indicador se organiza en siete dimensiones clave, con subindicadores específicos basados en los datos disponibles: 1. Seguridad jurídica de la tenencia o Porcentaje de viviendas con títulos de propiedad registrados (INEGI, Registro Agrario Nacional). o Viviendas ubicadas en asentamientos informales (SEDATU). 2. Disponibilidad de servicios básicos o Proporción de viviendas que disponen de agua potable, alcantarillado y electricidad (INEGI, SNIIV). o Viviendas con disponibilidad a servicios educativos, de salud y transporte público (INEGI). 3. Asequibilidad o Conexión con el costo estándar de la vivienda y el recurso familiar medio (ENIGH, CONEVAL). o Porcentaje de viviendas en renta sobre el total de viviendas habitadas (INEGI). 4. Habitabilidad o Media de personas por habitación en viviendas ocupadas (INEGI). o Porcentaje de viviendas con materiales de construcción adecuados (INEGI, Censo de Población y Vivienda). 5. Accesibilidad o Viviendas adaptadas para personas con discapacidad (INEGI, ENADIS). o Distancia promedio a servicios esenciales como hospitales y escuelas (Datos Abiertos, SEDATU). 6. Ubicación o Viviendas localizadas en zonas libres de riesgos ambientales (CENAPRED, SEDATU). o Proximidad a centros de empleo y mercados laborales activos (ENOE). 7. Adecuación cultural o Nivel de satisfacción de los habitantes con las características de su vivienda (Encuestas Nacionales). o Viviendas que respetan tradiciones constructivas y culturales locales (Investigaciones académicas).

Metodología de cálculo

Estandarización de datos: cada subindicador se escala de 0 a 100 para garantizar la comparabilidad entre diferentes dimensiones y fuentes de información.

Ponderación: se asignan pesos a cada dimensión según su relevancia, con base en consultas a expertos, análisis de literatura y necesidades específicas del contexto mexicano. Por ejemplo, la dimensión de habitabilidad podría ponderarse más en zonas urbanas densamente pobladas.

Agregación: se realiza una media ponderada de los subindicadores para obtener un valor general del índice, representado en una escala de 0 a 100, donde 100 refleja el nivel óptimo de vivienda adecuada.

Implementación de los siete indicadores específicos:

1. Seguridad Jurídica de la Tenencia (SJT)

· Objetivo: Medir la proporción de viviendas con tenencia segura (títulos de propiedad o documentos legales).

Fórmula 1

Fuentes de datos: INEGI (Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal), Registro Agrario Nacional (RAN), SEDATU.

2. Disponibilidad de Servicios Básicos (DSB)

· Objetivo: Evaluar el acceso de las viviendas a agua potable, drenaje y electricidad.

· Fórmula 2:

· Fuentes de datos: INEGI (Censo de Población y Vivienda, ENIGH), SEDATU (SNIIV).

3. Asequibilidad (Aseq)

· Objetivo: Analizar la correlación entre los costos de vivienda y los recursos familiares para determinar su accesibilidad económica.

· Fórmula 3

(Un valor cercano a 100 indica una vivienda altamente asequible, mientras que valores bajos indican dificultad para costearla).

· Fuentes de datos: ENIGH, CONEVAL, datos de financiamiento de INFONAVIT y FOVISSSTE.

4. Habitabilidad

· Objetivo: Determinar la calidad de las viviendas en términos de espacio y materiales de construcción.

· Fórmula 4

(Un valor superior a 2 ocupantes por habitación indica hacinamiento.)

· Fórmula 5

Fuentes de datos: INEGI (Censo de Población y Vivienda, Encuesta Intercensal).

5. Accesibilidad (Acces)

· Objetivo: Evaluar si las viviendas son accesibles para personas con discapacidades y otros grupos vulnerables.

· Fórmula 6

Fuentes de datos: INEGI (ENADIS, Censo de Población y Vivienda), SEDATU.

6. Ubicación

· Objetivo: Determinar la seguridad de las viviendas con respecto a riesgos ambientales y su cercanía a centros de empleo y servicios.

· Fórmula 7 (Ubicación Segura):

Fórmula 8 (Proximidad a Servicios):

Fuentes de datos: CENAPRED, SEDATU, Datos Abiertos del Gobierno de México.

7. Adecuación Cultural (Adec)

· Objetivo: Evaluar si las viviendas respetan tradiciones constructivas locales y satisfacen a los habitantes con base en los antecedentes historiográficos de investigaciones académicas de arquitectura tradicional.

· Fórmula 9

Fuentes de datos: Encuestas Nacionales de Percepción (INEGI), investigaciones académicas, SEDATU.

Integración del indicador: los indicadores específicos se calculan de manera independiente y, posteriormente, se integra el índice general ponderado. La ponderación dependerá del contexto geográfico y las prioridades de política pública en cada región, asegurando un análisis robusto y contextualizado. Esta propuesta permite que los datos sean operacionales y ajustables a las necesidades del país, fomentando políticas más específicas y eficientes en el ámbito de la vivienda adecuada.

Conclusión

El desafío de la vivienda adecuada en México ha adquirido una relevancia creciente debido a la insuficiencia de políticas públicas que logren abordar de manera integral y efectiva las distintas facetas que conforman la definición de vivienda adecuada. Desde una perspectiva epistémica, la vivienda adecuada ha de ser entendida no solamente como una estructura física, sino como una garantía social primordial que responde a diversos factores, entre los cuales se encuentran la seguridad jurídica, la accesibilidad, la habitabilidad, la disponibilidad de servicios, la adecuación cultural y la ubicación geográfica. Estas dimensiones deben ser consideradas simultáneamente para comprender la complejidad del acceso a una vivienda digna y adecuada para todos los sectores sociales.

En México, el debate sobre la vivienda digna y decorosa frente a la vivienda adecuada ha sido un proceso que refleja la evolución en las concepciones normativas y políticas. Mientras que la vivienda digna y decorosa, tal como ha sido históricamente entendida, se limita principalmente a aspectos físicos y de mínima calidad habitacional, la noción de vivienda adecuada, conforme a los estándares establecidos por la ONU, se extiende a una concepción más holística que incluye la accesibilidad a servicios, la ubicación, la seguridad jurídica y la adecuación cultural. Esta transición normativa representa un reto significativo, ya que implica una transformación de enfoque en la forma de abordar la política habitacional, no solo en términos de construcción de viviendas, sino en términos de ofrecer un hábitat adecuado que promueva una mejor calidad de vida. El desafío principal radica en la implementación efectiva de este nuevo concepto dentro del marco normativo, sin que se queden atrás los sectores más vulnerables, quienes son los que más requieren de un enfoque integral.

Uno de los elementos clave para avanzar hacia la materialización de la vivienda adecuada es la construcción de un indicador multifactorial que permita medir su alcance de manera precisa y operacionalizable. Las siete dimensiones planteadas por la ONU para definir la vivienda adecuada no cuentan con indicadores específicos que permitan monitorear y evaluar su implementación de manera coherente en el contexto mexicano. Este vacío se puede llenar con la creación de un indicador multifactorial, basado en los datos y metodologías disponibles, que integre las diversas dimensiones teóricas y prácticas de la vivienda adecuada. Tal indicador debe ser flexible, alineado con los datos existentes y capaz de capturar la dificultad de los aspectos que intervienen en la vivienda adecuada en México, facilitando su aplicación en la creación y valoración de políticas públicas.

La propuesta de indicador multifactorial que hemos detallado en este trabajo integra factores como la seguridad jurídica, el acceso a servicios esenciales, la asequibilidad, las condiciones de vivienda, la accesibilidad, la ubicación, la adecuación cultural y el contexto económico y social. Este indicador no solo busca medir el acceso a la vivienda adecuada en su dimensión física, sino también incluir el acceso a condiciones que promuevan la cohesión social, económica y cultural. Además, se propone utilizar fuentes de información confiables y actualizadas, como las proporcionadas por INEGI, SEDATU, y otras instituciones relevantes, lo que garantizaría una medición precisa y representativa.

En conclusión, la necesidad de abordar la vivienda adecuada en México desde una base epistémica sólida y multidimensional, junto con el desarrollo de un indicador multifactorial, es fundamental para impulsar la mejora de las condiciones habitacionales en el país. Este enfoque no solo permitiría una mejor evaluación de la problemática de la vivienda en México, sino también un sustento más fuerte para la creación de políticas públicas que contribuyan a garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todos los mexicanos. La transición de los términos de vivienda digna y decorosa hacia vivienda adecuada debe ser respaldada por herramientas técnicas y normativas que permitan su implementación efectiva, aportando de este modo a la creación de una sociedad más equitativa y sustentable.

Recomendaciones

1. Ampliar la participación comunitaria en el diseño de políticas públicas: promover la implementación de procesos participativos en comunidades urbanas y rurales para recopilar perspectivas locales y garantizar que las políticas de vivienda reflejen las necesidades culturales, sociales y económicas específicas. Esto podría incluir talleres comunitarios, entrevistas y encuestas diseñadas para captar información cualitativa.

2. Validación piloto del indicador multifactorial propuesto: realizar estudios de caso piloto en diferentes regiones de México para probar la aplicabilidad y eficacia del indicador multifactorial propuesto. Esto permitiría ajustar la ponderación de las dimensiones y subindicadores según las características y prioridades locales antes de una implementación nacional.

3. Establecer institucionalmente el desarrollo de una plataforma interorganizacional para la integración de datos: crear una herramienta digital colaborativa que permita centralizar los datos provenientes de instituciones como INEGI, SEDATU, CONEVAL, y académicos, alineándolos con las siete dimensiones de la vivienda adecuada. Esto garantizaría la actualización, la interoperabilidad y el acceso eficiente a la información.

4. Fortalecer la perspectiva de género y grupos vulnerables: incorporar análisis detallados de género, discapacidad, edad y etnicidad en la evaluación de vivienda adecuada, priorizando a los grupos más afectados por la desigualdad. Esto podría incluir indicadores específicos para medir las barreras de acceso y habitabilidad que enfrentan mujeres, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

5. Monitoreo continuo y creación de una agenda legislativa inclusiva: proponer la creación de un observatorio nacional para monitorear periódicamente el cumplimiento de los estándares de vivienda adecuada y vincular sus resultados con las agendas legislativas locales, estatales y federales. Este monitoreo debería estar respaldado por informes públicos que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas.

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