INTRODUCCIÓN

La historia constitucional latinoamericana refleja que, a finales del si- glo XIX, los distintos Estados contaron con “constituciones de mezcla” en las cuales se hacían constar disposiciones de corte conservador y, de manera simultánea, disposiciones de corte liberal. Esto fue fruto del tipo de acuerdo constitucional llamado “acumulación”, en virtud del cual los diferendos a nivel político eran resueltos por medio de la fusión de ambas visiones políticas, a pesar de las claras contradiccio- nes que había entre estas y que, en consecuencia, se tradujeron en contradicciones dentro de los propios textos constitucionales. Este análisis ha sido llevado a cabo a partir de los estudios de la doctrina constitucionalista latinoamericana que, dejando de lado la tesis del “nuevo constitucionalismo latinoamericano”, se han enfocado en la materia desde la perspectiva de su evolución histórica para entender cómo se ha estructurado el poder desde la independencia de los Es- tados de la región hasta la actualidad, lo cual ha sido abordado espe- cialmente por el profesor Roberto Gargarella (Gargarella, 2014).

En virtud de lo anterior, conviene replicar a nivel nacional estudios como el realizado por el profesor Gargarella en su libro La sala de máquinas de la Constitución, para así analizar cómo interactuaron las corrientes liberal y conservadora en nuestro ámbito constitucio- nal. De esta manera se podrá determinar cuáles son los fundamentos políticos sobre los cuales se perfilaron los primeros textos constitucio- nales de la República Dominicana, lo que permitirá no solo conocer mejor la historia constitucional dominicana, sino también hacer un análisis más minucioso de nuestra Constitución a partir de los oríge- nes y transformaciones de sus distintas disposiciones. De ahí que el objetivo central de esta investigación es determinar si la fusión con- servadora-liberal existente en el resto de los Estados latinoamerica- nos a finales del siglo XIX también estuvo presente en nuestro país.

Este estudio se limita a abarcar la revisión de los textos de las consti- tuciones dominicanas proclamados entre 1844 y 1900, cuyo estudio se hace de la mano de fuentes doctrinales e históricas. Todo esto con el propósito de aplicar un análisis de alcance jurídico y político en tor- no a la influencia de las ideologías conservadora y liberal en el conte- nido de los referidos documentos.

LA CREACIÓN DE CONSTITUCIONES ANTE LA DIVERSIDAD IDEOLÓGICA

El proceso de redacción de constituciones normalmente implica la confluencia de las distintas posiciones ideológicas que son parte de una determinada nación. Esto es especialmente cierto en aquellos Estados que han alcanzado su independencia y que, en consecuen- cia, se embarcan en determinar cuáles serán las disposiciones consti- tucionales en las que se fundamentará su ordenamiento jurídico. En esta labor de redacción inicial de una constitución intervienen una multiplicidad de actores y factores, dentro de los cuales se pueden destacar tanto los distintos grupos que detentan poder suficien- te para moldear el texto sobre la base de sus intereses particulares, como el contexto sociopolítico en el que se circunscribe la labor crea- dora de la ley fundamental (Klein y Sajó, 2012, p. 2).

Es relevante observar la manera como los distintos actores interactúan para acordar cuál será el contenido constitucional, principalmente en aquellos escenarios en los que coexisten posiciones encontradas, es decir, donde distintos grupos con intereses encontrados pretenden influir en la redacción constitucional. La forma que se adopte para incluir la diversidad de la sociedad, en especial la relativa a las ideo- logías políticas, ha sido considerada como un aspecto vital para de- terminar en qué medida se protege o socava el pluralismo. De ahí se apunta que “las instituciones que ellas [las constituciones] estable- cen pueden promover el pluralismo. En todo caso, y como demues- tra el estudio de casos, los acuerdos constitucionales pueden hacer el pluralismo menos fácil” (Murray, 2018, p. 7).

En este punto es importante aclarar cuáles son los cuatro tipos prin- cipales de acuerdo constitucional que recoge la doctrina (Gargarella, 2021), es decir, las cuatro maneras de que distintas posiciones ideo- lógicas pacten el contenido de un texto fundamental. Estos son: 1) la imposición, que se refiere a la adopción de una constitución clara- mente inclinada hacia la posición dominante en un contexto plural₁;

2) el silencio, que se refiere a no abordar aquellos aspectos en los que las distintas posiciones existentes entran en conflicto; 3) la acumula- ción, que ya se ha explicado, y 4) la síntesis, que se refiere a la llegada a acuerdos comunes entre partes sobre aspectos en los que están dispuestas a ceder.

LA EXPERIENCIA DEL CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO DEL SIGLO XIX

América Latina se ha caracterizado, desde la época independentista de los Estados que la componen, por ser un espacio en el cual se ha experimentado ampliamente la redacción de constituciones (Negre- tto, 2018, p. 8). Fueron precisamente esos procesos independentistas ocurridos desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX los que revelaron la necesidad de que el nuevo orden sociopolítico conllevara un nuevo orden jurídico, el cual se pretendía estuviera construido en torno a la constitución nacional (Negretto, 2017, p. 7). En todo caso, las primeras redacciones constitucionales tuvieron que lidiar con el hecho de que esos nuevos Estados estaban compuestos por una sociedad con grupos con ideas políticas diferentes y, en oca- siones, también contradictorias.

El constitucionalismo latinoamericano de finales del siglo XIX se ca- racterizó por estructurarse a partir de los acuerdos a los que llega- ron las facciones conservadora y liberal en el proceso de redacción

de las constituciones de los distintos Estados. Los conservadores, por un lado, defendían una muy fuerte concentración del poder por medio de su ejercicio autoritario, al tiempo que también buscaban un apego religioso de la moral social. Los liberales, por el otro lado, también eran partidarios de la concentración del poder en la clase política (con respecto a la sociedad civil), pero con la limitación de un sistema de frenos y contrapesos y el establecimiento de una serie de derechos básicos que protegían la autonomía individual. Estas dos posiciones, si bien no eran contradictorias en todas sus partes, cierta- mente poseían características que las diferenciaban de manera clara (Sang Ben, 2015).

A pesar de las citadas diferencias, y sin implementar de manera apropiada otros mecanismos de acuerdo constitucional más conve- nientes para la coherencia de los textos fundamentales, los distintos Estados latinoamericanos en la segunda mitad del siglo XIX se de- cantaron por la fusión conservadora-liberal para la redacción de sus constituciones. En otras palabras, optaron por la “acumulación”, con- sistente en la suma de las distintas posturas sobre la mesa (en este caso, la conservadora y la liberal) y la consecuente inclusión expresa de disposiciones constitucionales que satisficieron el interés de cada una de ellas, a pesar de a veces incurrir en incoherencias a lo interno del propio texto constitucional (Gargarella, 2021).

Si bien son varias las críticas a este modo de acuerdo constitucio- nal, también es posible advertir que: 1) por lo menos, América Latina abandonó parcialmente la imposición que predominó a inicios del siglo XIX y 2) podría justificarse que la acumulación se debió a la pre- mura por tener un acuerdo expedito que impidiera el derramamien- to de sangre por la lucha entre conservadores y liberales.

La consecuencia evidente del proceder de los jóvenes Estados lati- noamericanos es que tuvieron “constituciones de mezcla”, las cuales contenían “pretensiones opuestas” que se escribieron de manera su-

perpuestas; llegándose a situaciones en las que resultaba extenuan- te, e incluso necesariamente parcializada, la tarea de la interpretación constitucional. Esto se debe a que había disposiciones que limitaban el poder, pero al mismo tiempo otras que permitían su ejercicio au- toritario; también había una serie de derechos consagrados, pero simultáneamente existía una posibilidad abierta y arbitraria de res- tringirlos (Gargarella, 2015).

LA EXPERIENCIA DEL CONSTITUCIONALISMO DOMINICANO DEL SIGLO XIX: RECUENTO HISTÓRICO

Con respecto a la realidad latinoamericana descrita, ¿en qué esta- tus se encontraba la República Dominicana? Antes de abordar esta pregunta conviene hacer una aclaración inicial: la República Domi- nicana, a diferencia de una importante cantidad de los Estados lati- noamericanos, no se independizó sino hasta mediados del siglo XIX, por lo que esto podría incidir en las diferencias que este país pudo haber tenido con respecto al ritmo que llevaron los demás Estados de imposición a inicios del siglo XIX y acumulación a finales del siglo XIX.

A partir del análisis de los textos constitucionales que la República Dominicana tuvo entre 1844 y 1900, un total de dieciséis, es posible advertir que los acuerdos constitucionales oscilaban entre la impo- sición, sobre todo por parte de los conservadores, y la acumulación, especialmente por la inclusión de fuertes disposiciones de corte con- servador a constituciones de redacción generalmente liberal. En otras palabras, la fusión conservadora-liberal que se presenció en el resto de los Estados latinoamericanos se encontraba presente en el país, pero también es notable que esta, en la mayoría de los casos, se incli- naba más por el conservadurismo que por el liberalismo, llegándose en algunas ocasiones a una imposición del primero sobre el segundo.

ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1844

La tesis descrita se comienza a sostener a partir de la primera cons- titución de la República, del 6 de noviembre de 1844, cuya redacción inicial tuvo una clara influencia liberal por el momento histórico en el cual fue redactada y que se tradujo, entre otras cosas, en la inclusión de un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado. En palabras de la doctrina nacional, se entiende que esa redacción “demuestra un conocimiento claro de las principales teorías políticas que se desprendían del liberalismo clásico extendido en occidente durante los siglos XVII y XVIII y del uso que de las mismas se había hecho en otras naciones” (Montilla, 2021).

A pesar de lo anterior, Pedro Santana, uno de los principales caudillos de aquella época posindependista, no aceptó los amplios poderes otorgados al Poder Legislativo y exigió la modificación de la redac- ción (Martínez, 1996). Esta se llevó a cabo y solo requirió un nuevo artículo constitucional (Mateo, 2013), el célebre —pero poco celebra- ble— artículo 210, disposición según la cual:

Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el Presidente de la República puede libremente organizar el ejército y la armada, movilizar las guardias nacionales y to- mar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y la seguridad de la Nación; pudiendo en consecuencia, dar to- das las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna₂ [negritas agregadas por el autor].

No hay que olvidar que el resto de la redacción no sufrió mayores modificaciones, por lo que confluyeron disposiciones liberales, relati-

vas al control del poder, con esta disposición conservadora, referente al ejercicio del poder de manera política y jurídicamente irrespon- sable. En este sentido, puede observarse cómo este artículo 210 se contrapone con los artículos 58 y 67 de esa Constitución, los cuales consagraban la posibilidad de seguir un juicio político contra el presi- dente de la República (Jorge, 2016, p. 57). Ahí reside el inconveniente de estas “constituciones de mezcla”, pues una de estas dos disposi- ciones tiene que claudicar ante la otra, lo cual dependerá de cómo se interprete posteriormente la Constitución. De hecho, la historia entre 1844 y 1854 demuestra que los gobiernos diferentes al bando de Pedro Santana (conservador) “se rigieron bajo esa Constitución, más liberalmente aplicada” (Vega, 2012, pp. 243-244); situación que demuestra que este tipo de constituciones confirma la problemática de que quien detenta el poder tiene la posibilidad de aplicar la dispo- sición constitucional que le convenga, sea la conservadora o la liberal.

ESTUDIO DE LAS CONSTITUCIONES DE LA PRIMERA REPÚBLICA

Una historia similar a la explicada se siguió repitiendo en el transcur- so de la Primera República, comprendida entre 1844 y 1861, puesto que ante cualquier reforma constitucional de tendencia liberal se su- cedía una contrarreforma de corte conservador. Un primer ejemplo son las dos constituciones de 1854; la primera, del 27 de febrero de 1854, era de tendencia liberal al buscar eliminar las disposiciones me- nos democráticas e implicó una reducción del hiperpresidencialismo vigente por medio de la distribución de los poderes, mientras que la segunda, del 23 de diciembre de 1854, restauró los poderes presi- denciales tanto sobre el Gobierno central como sobre los gobiernos provinciales (Franco, 2009) y, como era de esperarse, restituyó el ne- fasto artículo 210 —que había sido eliminado en la reforma del 27 de febrero de 1854— el cual le otorgaba a la Presidencia de la República poderes exorbitantes sin la consecuente responsabilidad (Figueroa, 2020). Nueva vez, fue el general Pedro Santana quien propició la in- clusión de disposiciones de tendencia claramente conservadora bajo

el argumento de que se necesitaba un gobierno “justo y paternal”.

La gran excepción fue la “Constitución de Moca”, del 19 de febrero de 1858, impregnada por el liberalismo (Franco, 2009). Esta, sin em- bargo, solo tuvo pocos meses de vigencia y un reducido alcance te- rritorial por darse en un contexto de una guerra civil; por lo que el “conservadurismo constitucional” volvió a primar con la restauración de la Constitución del 23 de diciembre de 1854 (Ray, 2017, p. 9). Esto se mantuvo así hasta la Anexión a España, que interrumpió la vida inde- pendiente de la República. En consecuencia, se apunta que en este periodo de la Primera República “las constituciones eran o liberales o conservadoras, todo según la tendencia del gobierno que la po- nía en vigencia” (Vega, 2022, p. 193). Esta tesis, sin embargo, conviene que sea matizada a los fines de indicar que, si bien las constituciones tenían una tendencia marcada en una u otra vertiente —sobre todo en la conservadora—, también es cierto que en algunas de corte con- servador se incluían disposiciones de tendencia liberal, y viceversa. En otras palabras, no hubo una predominancia absoluta a lo largo de esos casi veinte años de la acumulación como acuerdo constitucio- nal, pero tampoco de la imposición.

ESTUDIO DE LAS CONSTITUCIONES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA

Después de la Restauración de la República, momento cuando el Es- tado dominicano recupera su independencia con el fin de la Anexión a España, se da inicio a la Segunda República, comprendida entre 1865 y 1916. La vida constitucional no se diferenció demasiado de lo descrito hasta el momento en lo que respecta a la relación conser- vadurismo-liberalismo, pues se mantuvo la tendencia de modificar la constitución en virtud de los ideales del gobierno de turno. Esto hizo que nueva vez se manifestaran dos tipos de constituciones: las de corte conservador y las de corte liberal (Vega, 2012, p. 293). Esto no implica, como ya se ha explicado, que no haya tenido que llegarse a acuerdos, sino que las constituciones acordadas favorecían más a un

lado según quien controlara la entidad encargada de ejercer el poder constituyente derivado. Ahora bien, también es importante aclarar que, aunque algunos actores políticos anunciaran una tendencia, como el liberalismo, esto no impidió en algunos casos que se inclu- yeran disposiciones de la tendencia contraria, como la conservadora; cuestión que se explica en la realidad de que las corrientes ideológi- cas y las consecuentes posiciones políticas “se entretejieron en ese mar de países pequeños y los grandes, los isleños o continentales” (Sang Ben, 2015).

Algo que sí diferencia a la Segunda República de la Primera fue la gran cantidad de reformas constitucionales, pues el país llegó a te- ner el equivalente a una reforma constitucional cada dos años (Vega, 2022, p. 175). Las reformas constitucionales de esta época fueron mu- chas, pero no siempre respetaron las reglas procesales que el propio texto fundamental exigía (García, n. d.); se trataba de una medición de fuerzas políticas y militares, más que de un respeto a la constitu- cionalidad. En muchos casos, el principal objeto de modificación fue- ron las reglas de mandatos presidenciales, llegando a configurarse desde mandatos de un solo año (Constitución del 6 de enero de 1878) hasta mandatos de seis años (Constitución del 14 de septiembre de 1872), y disponiéndose desde reelección indefinida (Constitución del 14 de septiembre de 1872) hasta no reelección consecutiva (Constitu- ción del 14 de noviembre de 1865) (Jorge, 2016, pp. 249-250).

APLICACIÓN DE LA TESIS DE LA FUSIÓN CONSERVADORA- LIBERAL EN EL CONSTITUCIONALISMO DOMINICANO DEL SIGLO XIX

Después de haber realizado el anterior recuento histórico sobre los textos constitucionales que fueron proclamados durante la Primera República y la Segunda República, se hace necesario hacer una revi- sión de estos no desde una perspectiva temporal, sino sobre la base del tipo de acuerdo constitucional que fue asumido. En tal virtud, se

estudiarán, en primer lugar, los textos constitucionales que tendie- ron a la acumulación y, en segundo lugar, los que se inclinaron por la imposición.

TEXTOS FUNDAMENTALES QUE TENDIERON A LA ACUMULACIÓN COMO TIPO DE ACUERDO CONSTITUCIONAL

En este punto conviene volver a sustentar la tesis inicial, relativa a la presencia de constituciones que incluyeron simultáneamente ele- mentos de corte conservador y elementos de corte liberal. Existen tres casos que sirven para ilustrar esta fusión: la Constitución del 6 de noviembre de 1844, la Constitución del 25 de noviembre de 1881 y la Constitución del 20 de junio de 1896. La primera, la Constitución del 6 de noviembre de 1844, ya fue explicada, pues se vio que incluía el juicio político como un mecanismo de freno del Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo (elemento liberal), pero dispuso también el artículo 210 que otorgó poderes exorbitantes al presidente de la República (elemento conservador).

El segundo casos, la Constitución del 25 de noviembre de 1881, re- presenta una fusión conservadora-liberal en lo que respecta a la re- gulación constitucional de la religión. El artículo 11, numeral 12, de ese texto contemplaba: “La religión católica, apostólica y romana es la religión del Estado. Los demás cultos se ejercerán libremente en sus respectivos templos”. De ahí que se dispuso la libertad de cultos (elemento liberal), pero al mismo tiempo el establecimiento de un Estado expresamente confesional (elemento conservador).

El tercer caso, la Constitución del 20 de junio de 1896, también inclu- ye aspectos de índole conservadora y liberal. Así, en su artículo 2 con- cebía la alternabilidad (elemento liberal) al disponer que el Gobierno de la República sería “esencialmente civil, republicano, democrático, representativo, alternativo y responsable”; sin embargo, en su artícu- lo 44 posibilitaba la reelección indefinida (elemento conservador) al

consagrar abiertamente que “El Presidente de la República durará en sus funciones cuatro años, a contar del día que tome posesión del cargo y podrá ser reelecto”. De hecho, la posibilidad de reelección indefinida era la razón fundamental de esa reforma constitucional (Vega, 2022, p. 257) y su objetivo la consolidación perdurable en el poder.

TEXTOS FUNDAMENTALES QUE TENDIERON A LA IMPOSICIÓN COMO TIPO DE ACUERDO CONSTITUCIONAL

Así como había constituciones donde se visualizaba fácilmente fusio- nes entre ambas posturas, también había otras con una tendencia consolidada hacia una de ellas. Así, del lado conservador se encuen- tra la Constitución del 23 de diciembre de 1854, la cual en una extra- ña disposición concebía una amplia facultad de acción presidencial, pero responsabilizaba solo a los funcionarios por los abusos de poder (elemento puramente conservador). Así, en su artículo 35, numeral 22, se disponía:

En los casos de conmoción interior a mano armada, y los de rebelión o invasión de enemigos, y cuando sea informado de que hay algún proyecto contra la seguridad del Estado, si la defensa de este y la garantía de la sociedad la exigiere podrá tomar todas aquellas medidas que crea indispensables para la conservación de la República, suspendiéndolas inmediata- mente que cese la necesidad que las motivó, debiendo dar al Poder Legislativo una relación circunstanciada de las medidas preventivas que se hayan tomado. Las autoridades que pro- cedan la ejecución de ellas, serán responsables de los abu- sos que se cometieren [negritas agregadas por el autor].

Otro ejemplo de tendencia claramente conservadora, y consecuente inclinación más a la imposición que a la acumulación, es la Constitu- ción de 14 de septiembre de 1872, en la cual se concibe el Estado con-

fesional (elemento puramente conservador) sin la correspondiente libertad de culto (ausencia de elemento liberal). El artículo 10 de esa Constitución disponía: “La Religión Católica, Apostólica, Romana es la religión del Estado. Sus Ministros, en cuanto al ejercicio de su mi- nisterio eclesiástico, dependen solamente de los Prelados canónica- mente instituidos”.

Un último ejemplo, pero de tendencia liberal, fue la citada Consti- tución de Moca del 19 de febrero de 1858, en la cual se limitaba cla- ramente el poder centralizado. Esto se debe, entre otras razones, a que se creó el “Poder Municipal”, al tiempo que se sometía a la Presi- dencia de la República a límites, como la necesidad de consultar sus decisiones con su Consejo de Estado.

Una inferencia interesante sobre las constituciones que tenían una mayor tendencia hacia un lado del espectro u otro es que las cons- tituciones de corte conservador solían mantenerse más tiempo vi- gentes, como la Constitución del 6 de noviembre de 1844, que duró diez años, y la Constitución del 23 de diciembre de 1854 que duró cuatro años y luego se reactivó por cuatro años más. En cambio, las constituciones de corte liberal tenían tendencia a caer más rápido. La Constitución del 27 de febrero de 1854 y la Constitución de Moca del 19 de febrero de 1858, por ejemplo, solo duraron meses para ser reformadas. En ese sentido, estos escenarios propiciaron el uso de la reforma constitucional como un medio para “para incrementar el poder político en vez de limitarlo” (Montilla, 2022), considerando que las disposiciones constitucionales en materia de regulación del poder solían ser suprimidas o, en su defecto, limitadas en cuanto a su alcance.

La situación descrita fortalece la tesis inicial de que cuando se aplica- ba una imposición como modo de acuerdo constitucional, entonces predominaba el conservadurismo, el cual procuraba precisamente un ejercicio menos restringido del poder por parte del aparato es- tatal y, particularmente, por parte del Poder Ejecutivo. Este último

razonamiento también permite deducir que, en el contexto constitu- cional dominicano del siglo XIX, los conservadores tendían a imponer sus criterios, mientras que los liberales se veían obligados a negociar para que algunos de los de ellos fueran incluidos.

APLICACIÓN A NIVEL NACIONAL DEL TEST DE ELEMENTOS QUE CARACTERIZÓ A LAS CONSTITUCIONES DE MEZCLA LATINOAMERICANAS

En este último apartado, conviene aplicar a la evolución histórica del constitucionalismo dominicano del siglo XIX el test de los cuatro elementos que caracterizaron las constituciones de fusión en Amé- rica Latina, desarrollado por el profesor Roberto Gargarella. Antes de abordarlos, es relevante volver a aclarar que la fusión conservadora-li- beral no se advierte de manera clara en todas las constituciones do- minicanas del siglo XIX, pues, como se ha dicho, algunas tenían una inclinación más marcada a la imposición que a la acumulación. A se- guidas los cuatro elementos (Gargarella, 2014):

1) Consagran la tolerancia de cultos, sin afirmar necesariamen- te la neutralidad estatal. Es posible identificar varias consti- tuciones dominicanas del citado periodo con este tipo de regulación, siendo un ejemplo la Constitución del 25 de no- viembre de 1881 que contemplaba simultáneamente la liber- tad de culto y el Estado confesional.

2) Definen un sistema de frenos y contrapesos, desequilibrado en favor del presidente. Esta es una formulación recurrente en las constituciones dominicanas del siglo XIX, siendo el ejemplo más emblemático la Constitución del 6 de noviembre de 1844 que consagraba el juicio político, pero también poderes exor- bitantes en favor del presidente de la República (por medio del artículo 210 descrito ut supra).

3) Establecen una organización centro-federal. En varias cons- tituciones de esta época se consagraba el “Poder Municipal” que implicaba que el Gobierno Central compartía funciones con los gobiernos regionales; tal es el caso de la Constitución del 29 de junio de 1866.

4) Resisten que la Constitución incluya, ya sea fuertes compro- misos sociales a favor de los grupos más postergados en la Constitución, ya sea compromisos políticos favorables a una mayor intervención ciudadana en la esfera pública. Este tema es recurrente en todas las constituciones dominicanas estudiadas, pues incluso cuando en momentos se pretendía liberalizar más la participación política (por medio de la aper- tura del sufragio activo), se manifestaban contraataques de limitación (por medio del establecimiento de un sistema de escogencia usando el sistema de colegios electorales, presen- te a finales del siglo XIX).

Así las cosas, la República Dominicana se unió a la lista de Estados que se encaminó a saldar “las tensiones entre los dos grupos polí- ticos principales que se disputaban el poder ―liberales y conserva- dores―-” (Gargarella, 2020), pero esta no fue una tarea enteramente satisfactoria por los embates propios de los conflictos partidarios que se trasladaban a pugnas de poder por medio del uso de la fuerza armada. Las consecuencias de esa fusión conservadora-liberal, pero con tendencia incluso a veces a una imposición más conservadora, se siguieron manifestando a lo largo de la historia de nuestra República.

CONCLUSIONES

La República Dominicana no fue la excepción de la fusión conserva- dora-liberal que el constitucionalismo latinoamericano experimentó a finales del siglo XIX, sino que nuestro país también estuvo regido por constituciones de mezcla en las cuales se asumió la acumulación como tipo de acuerdo constitucional entre las facciones conserva- dora y liberal, pero con mayor tendencia a favorecer a la primera. Lo anterior se materializó a partir de la primera redacción de nuestra ley fundamental en el año de la independencia, pues esta, a pesar de incluir una serie de disposiciones de corte liberal para el control de los poderes del Estado, también abrió las puertas al conservadurismo por medio del ejercicio del hiperpresidencialismo. La acumulación también estuvo presente en una importante cantidad de constitu- ciones durante la Primera y la Segunda República, sobre todo en as- pectos como la regulación de la religión, el alcance de la separación de los poderes y el régimen político-territorial.

A pesar de lo anterior, el Estado dominicano también contó con cons- tituciones que tendieron a asumir la imposición como tipo de acuer- do constitucional, sobre todo por parte de los conservadores. Así, se concluye que cuando ocurría una imposición era más probable que una constitución conservadora permaneciera más tiempo que una liberal, debido a la hegemonía de los conservadores en la historia constitucional dominicana del siglo XIX.

Importar imagenLas distintas reformas a la Constitución dominicana, así como los orí- genes de sus disposiciones, sirven para entender mejor la redacción con la que contamos hoy en día, con sus luces y sombras. Algunos de los defectos actuales los heredamos precisamente de esas mezclas no coordinadas entre posiciones ideológicamente contradictorias; por lo que será tarea de una nueva “generación constitucional” re- ducir estas consecuencias negativas y buscar soluciones coherentes entre los distintos grupos ideológicos de nuestra sociedad.

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Notas