1. Prohibición jurídica de la restricción automática de un Derecho Humano

La prohibición de restringir un Derecho Humano de forma automática es el elemento más básico e importante que pone límites a la autoridad. Esta aseveración pone en duda la legitimidad de algunas normas jurídicas como la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ciertas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y, en general, diversas actuaciones de autoridades en el desarrollo de los procesos punitivos.

Sin embargo, no basta señalar lo anterior de forma tan superficial y, por tanto, el análisis debe realizarse desde el bloque de constitucionalidad y, evidentemente, desde sus elementos.

2. El bloque de constitucionalidad y la operatividad de sus elementos

El bloque de constitucionalidad es la base jurídica de protección de los Derechos Humanos a partir de los ámbitos jurídicos más importantes para su operatividad. Tales ámbitos son los siguientes:

1. 1. Los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de los cuales el Estado Mexicano sea parte.
2. 2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. 3. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos elementos deben ser analizados bajo el principio pro-persona, es decir, el Derecho Humano, así como su restricción, deberá ser operado jurídicamente por cualquier autoridad con base en la mayor protección posible para los sujetos sociales.

En ese sentido, los Derechos Humanos y sus restricciones operativamente deben atender a los rubros jurídicos antes señalados, pues en caso contrario, es muy probable su violación.

De esta forma, el bloque de constitucionalidad representa la unidad inescindible y permanente de derechos fundamentales de fuente constitucional e internacional reconocidos por el ordenamiento jurídico mexicano, caracterizados por estar elevados al máximo rango normativo y, como consecuencia, compartir el mismo valor constitucional, sin que ninguno de ellos tenga una preeminencia formal sobre los otros (Fix Fierro, H, 2015:215).

Lo anterior limita a los juzgadores al realizar el control de convencionalidad. Por ende, ninguna norma jurídica o interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser contraria al Bloque; por ejemplo, la restricción automática de Derechos Humanos que prevé la Jurisprudencia del Pleno marcada con el número de registro 2006224,^[1] la cual prohíbe a los juzgadores a realizar un control de convencionalidad exoficio con respecto a la jurisprudencia del Pleno de la Corte Mexicana, aún cuando existen sentencias de la Corte Interamericana que determinarán la prohibición de automática de las restricciones a los Derechos Humanos. En cuanto a la ley secundaria, por ejemplo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé en su artículo 95 que a las autoridades investigadoras administrativas no les son oponibles el secreto bancario, fiscal, fiduciario, lo cual contraviene el Derecho Humano a la intimidad personal descrita en el artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En ambos ejemplos se hace notar la falta de concordancia entre diversos ámbitos jurídicos con el bloque de constitucionalidad.

La siguiente lámina nos muestra al bloque de constitucionalidad:

Como se observa en la figura, la operatividad de las normas jurídicas, de las interpretaciones de los Tribunales Constitucionales o Cortes Supremas de los Estados y a cualquier norma administrativa en materia de Derechos Humanos, están supeditadas al Bloque de constitucionalidad, lo que implica que cualquier controversia jurídica en este ámbito debe ser analizada con el mismo. Esto permitirá que dicho bloque sirva de base para la aplicación operativa de protección de Derechos Humanos utilizando como herramienta principal el principio Pro Persona.

Esto quiere decir que, la protección del Derecho Humano invocado o analizado por la autoridad en determinado caso en concreto dependerá del grado de protección que los elementos del bloque le otorguen con base al principio pro persona.

El principio pro persona ha sido conceptualizado por Mónica Pinto como sigue:

El principio pro persona es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria. (1997:163)

Es decir, que, si el Derecho Humano tiene mayor protección en un Tratado Internacional, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos que en la Constitución del Estado o la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, entonces, con base en el principio pro persona, se debe aplicar la primera, y así con las demás; todo depende de la mayor protección que cualquier elemento del bloque de constitucionalidad le otorgue.

Así lo señala la siguiente gráfica:

3. La autoridad y los límites a su actividad restrictiva de Derechos Humanos.

Por tanto, la operatividad de las autoridades punitivas al realizar un análisis de los Derechos Humanos en un caso en concreto, lo deben hacer desde el parámetro jurídico que les otorga el Bloque de Constitucionalidad, lo cual se le conoce como Parámetro de Regularidad Constitucional.

Con respecto al parámetro de regularidad constitucional, Cesar Astudillo nos indica:

Se puede señalar que el parámetro de constitucionalidad representa la agregación eventual de derechos fundamentales adscritos al bloque de la constitucionalidad, de criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales y de disposiciones jurídicas sustantivas, procesales y orgánicas de carácter subconstitucional que, en conjunto, se erigen como criterio o canon de enjuiciamiento para la resolución judicial de controversias de contenido constitucional. (2015:121).

Es decir, la actividad jurídica que realizan las autoridades con respecto a la operatividad procesal e incluso dogmática con respecto a los Derechos Humanos, así como sus determinaciones, ya sean sentencias, resoluciones, acuerdos, etc., deben ser acordes al bloque de constitucionalidad, es decir, ese es el parámetro de regularidad constitucional que deben utilizar. En este caso, el test de proporcionalidad es de vital importancia, pues las autoridades deberán determinar el sentido de operatividad que le otorgarán al bloque de constitucionalidad de acuerdo al caso en concreto.

Con respecto al test de proporcionalidad, Mario Javier García García señala lo siguiente:

En ese contexto, la utilización del test de proporcionalidad como instrumento para controlar los actos de los poderes públicos que incidan en derechos fundamentales, en específico las normas penales, puede ser ubicado en el marco del constitucionalismo contemporáneo, ello en torno a una nueva forma de interpretar la norma constitucional con la finalidad de aumentar el grado de constitucionalización del ordenamiento jurídico. (2023:45).

Es decir, que la autoridad estatal está obligada a aplicar el test de proporcionalidad con el fin de que el bloque de constitucionalidad tenga operatividad para la protección de los Derechos Humanos, incluso en las restricciones a los mismos.

En la siguiente gráfica se explica:

La actividad jurídica de las autoridades invariablemente debe seguir estas líneas para la protección de los Derechos Humanos. De esta forma, en lo que respecta específicamente a la operatividad de las restricciones al ejercicio de los Derechos Humanos, el bloque de constitucionalidad es uno de los límites que tiene la autoridad. Por tanto, la restricción que se pretenda aplicar debe analizarse bajo los estándares de la convencionalidad y constitucionalidad, utilizando como herramienta primordial al principio pro persona.

Es decir, si en la Constitución del Estado se encuentra de forma expresa una restricción y ésta no es acorde con los estándares de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y restringe en menor nivel dicho derecho o requiere de ciertos elementos para que sea legal y legitima la misma, entonces, bajos el principio pro persona, se debe aplicar la que señala la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

Como ejemplo, se puede señalar la restricción al Derecho Humano de la libertad personal bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa que se encuentra en el artículo 19 Constitucional, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos^[2]y que determina la restricción automática de la libertad, sin debate alguno por las partes procesales. Sin embargo, en el caso Jenkins vs Argentina,^[3] así como en el caso García Rodríguez vs México,^[4] la restricción al Derecho Humano de la libertad personal no puede ser de forma automática, por ende, la Constitución Mexicana no es acorde a lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, mediante una interpretación conforme^[5]con base en el principio pro persona y utilizando las reglas del bloque de constitucionalidad y del parámetro de regularidad constitucional, se debe aplicar la jurisprudencia del multicitado Tribunal Internacional.

En materia administrativa punitiva, un ejemplo es el contenido en el artículo 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,^[6] el cual señala que a la autoridad investigadora no le es oponible el secreto bancario y que puede acceder a la información financiera de los investigados; sin embargo, el artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos determina el Derecho Humano a la honra y a la dignidad de las personas y, entre ellas, el derecho humano a la intimidad personal.^[7] Por tanto, para acceder a la información personal financiera de una persona se debe respetar su derecho a la intimidad, por ende, no se puede hacer de forma automática; este tratamiento también es corroborado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cual, en el caso Gremio de Abogados Alvear Restrepo vs Colombia señala que si bien es cierto que se puede restringir el derecho humano a la libertad personal, también debe hacerse bajo determinados estándares de protección a los Derechos Humanos.^[8] Bajo los argumentos anteriores, la autoridad, observando el bloque de constitucionalidad y operando el parámetro de regularidad constitucional, debe determinar la inconvencionalidad del artículo de la ley secundaria.

4. Conclusión

Como en todo tipo de restricciones a los Derechos Humanos, éstas no pueden hacerse de forma automática, también requieren de un análisis jurídico para su operatividad dentro del bloque de constitucionalidad.

Es decir, la validez de la restricción de un Derecho Humano con base a la regresión del principio de progresividad implica un análisis garantista extremo por parte del juzgador, pues tendrá que motivar y fundamentar en su ejercicio que dicha regresión persigue un fin constitucionalmente válido (principio de idoneidad), que dicha regresión es pertinente de acuerdo al caso en concreto en el que se pretenda aplicar, mediante el cual debe hacer un análisis minucioso del mismo y argumentarlo bajo una teoría del caso válida.

El juzgador también debe determinar la necesidad de dicha regresión, de la misma forma requiere de una teoría del caso, es decir, pruebas que así lo acrediten, los hechos específicos y su permisión en la norma jurídica; además deberá determinar fundada y motivadamente la proporcionalidad entre el Derecho Humano del gobernado a quien se le pretende restringir, así como el bien jurídico que se pretender proteger con dicha restricción y que además implica una regresión: El juzgador deberá razonar con exactitud dicha restricción basada en una regresión.

Este ámbito de restricción al ejercicio de los Derechos Humanos es de extrema dificultad, puesto que éstas requieren de una argumentación analítica muy específica y de gran gravedad social o para las víctimas de acuerdo al caso en concreto de que se trate.

Los Derechos Humanos y sus principios no son absolutos, por lo cual, en caso de que se cumpla con el test de restricción, bajo los principios de proporcionalidad y de razonabilidad, éstos se pueden restringir, suspender o limitar.

Sin embargo, también es importante señalar que, a mayor restricción, el análisis garantista debe ser más escrupuloso y con una fuerte argumentación y fundamentación por parte de la autoridad que pretenda dicha restricción, además de la determinada teoría del caso (datos de prueba, hechos y norma jurídica) que demuestren la necesidad, pertinencia e idoneidad de la misma.

Referencias bibliográficas

Astudillo, C, (2015) El bloque y el parámetro de constitucionalidad en la Interpretación de la Suprema Corte de justicia de la Nación, en Carbonell, Miguel et al. (Coords.), Estado Constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo, Estado Constitucional, t. IV, vol.I. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Barak, A. (2017), Proporcionalidad. Los Derechos Fundamentales y sus restricciones. Palestra Editores.

Castañeda, M. (2018) El principio pro persona ante la ponderación de Derechos. Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fix Fierro, H (2015) Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo. Estado constitucional, tomo IV, volumen 1. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

García García, M. (2023). El test de proporcionalidad como instrumento de control constitucional de las leyes penales: Su aplicación por parte de la SCJN y el Tribunal Constitucional Español. En: Olguín Torres, Antonio (Coord.) Reflexiones contemporáneas sobre derecho constitucional comparado. Universidad de Guanajuato & Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro.

Olguín, Torres A. (2023) Reflexiones contemporáneas sobre Derecho Constitucional comparado. Universidad de Guanajuato.

Padilla Sanabria, L. (2022) La metodología geométrica para la operatividad dogmática y procesal del derecho punitivo: especial referencia al derecho disciplinario. Ed. Lizbet Padilla.

Padilla Sanabria, L. (2024) La obtención lícita de la prueba en el ámbito de la restricción a los Derechos Humanos. Ed. Lizbeth Padilla.

Pinto, M. (1997). La aplicación de los tratados sobre Derechos Humanos por los tribunales locales. Centro de Estudios Legales y Sociales.

Normas jurídicas

Cuadernillo 26 de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia la Nación.

Notas

Notas de autor