1. Introducción

El presente trabajo busca reconstruir históricamente el contexto en que se implementaron las políticas sociales en la provincia de Santiago del Estero, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952). Se trata de un estudio situado y la delimitación busca comprender las dinámicas específicas que caracterizaron este período, sabiendo que el mismo se consolidó en torno a políticas sociales centradas en el bienestar, con un claro enfoque en la justicia social, la incorporación de los sectores populares y el fortalecimiento del Estado en la atención principalmente a la salud, educación, y trabajo, y que a su vez también estuvo marcado por la conflictividad social.

Durante el período en estudio se pone en marcha el Primer Plan Quinquenal, ampliándose obras de importancia a nivel local como el caso de la construcción de instituciones y edificios públicos. Esta ampliación se debía a la democratización del bienestar impulsada por este plan de gobierno; por lo que el recorte temporal hasta 1952 permite centrarse en un período clave en el que las políticas sociales de bienestar fueron impulsadas con claridad y continuidad.

Este primer gobierno peronista en Argentina significó una etapa de transformaciones estatales que redefinieron las relaciones entre el Estado, la sociedad y la economía. Un eje central de este proceso fue la reconfiguración del rol del Estado como promotor de bienestar; expandiendo sus funciones y competencias. Las políticas implementadas buscaron la modernización de la infraestructura y la economía, así como la integración de sectores históricamente marginados.

Autores como Campione (2003) analiza el período e identifica las tensiones entre los actores políticos y las influencias externas como factores que impactaron en la formulación de políticas públicas, argumentando que el peronismo no fue sólo una respuesta a la crisis de la década de 1930, sino un fenómeno emergente de un complejo entramado de relaciones sociales y políticas. Estos cambios respondieron a demandas de diferentes sectores sociales y económicos, y gestó un nuevo modelo de Estado que buscaba integrar a los trabajadores y ampliar su participación política. Esta integración puede interpretarse como una forma de control social a través de la inclusión, canalizando demandas dentro del marco del Estado.

Berrotarán (2003) por su parte, sostiene que Perón presentó su Plan de Gobierno como un enfoque innovador para la gestión pública, donde la planificación se erigió como una herramienta fundamental para la formulación de políticas. El análisis que realiza trasciende la dicotomía éxito/fracaso de estas políticas, considerando el desarrollo de un Estado con nuevas capacidades para prevenir y controlar la economía y la vida social. Sin embargo, también señala una dualidad en estas transformaciones: la promoción de políticas de redistribución y derechos laborales coexistió con prácticas que subordinaron la participación política ciudadana a las dinámicas del poder peronista, convirtiendo al Estado en un actor clave no sólo en la regulación económica, sino también en la gestión de la lealtad política; la cual se presenta como estrategia deliberada para mantener el poder, al igual que la subordinación que operó como una forma de control político.

Este contexto de intensa actividad estatal orientada a la modernización de estructuras sociales y a la promoción de justicia social, constituye un campo fértil para el estudio de las políticas y su impacto en el ámbito local, considerando las particularidades de la provincia y sus idas y vueltas con las políticas nacionales; donde también se identifican formas de control estructural -desde lo institucional y lo económico- y formas de control político y social -lealtad, subordinación, integración dirigida-, características del primer gobierno peronista.

2. Las Políticas Sociales en Santiago del Estero

La realidad social local presenta una complejidad que exige una mirada donde necesariamente deben tenerse en cuenta sus particularidades, especialmente en lo que respecta a desajustes y conflictos que demandaron la intervención estatal. Comprender el significado social de las políticas sociales según las características de la provincia, dentro del contexto del sistema capitalista vigente, permite reconocer que los principales desafíos en la implementación de estas políticas son multifacéticos y varían según el contexto socioeconómico y político.

Las políticas sociales pueden ser conceptualizadas como un conjunto de estrategias y acciones que el Estado implementa, con el objetivo de garantizar el bienestar social y la equidad en la distribución de recursos y oportunidades entre la población. Según Biernat y Ramacciotti (2012) se puede entender la intervención social del Estado desde una perspectiva histórica y social, de ninguna manera atribuible a una categorización abstracta, universal y única. Su construcción es producto de un proceso histórico en el cual, al mismo tiempo que se reconocen los derechos sociales de las personas, se van creando nuevas demandas sociales que modifican el curso de las agendas políticas y sociales. Las autoras destacan la influencia de las demandas y resistencias sociales en la evolución de las políticas sociales en Argentina, donde el Estado se presenta como una esfera en la cual las fuerzas políticas negocian, consensuan o imponen sus conveniencias, y guarda en su interior un juego contradictorio de intereses que pueden generar relaciones conflictivas con otros actores de la sociedad civil como con otras áreas administrativas.

A partir de la consolidación de los Estados modernos, la educación, la previsión social, la salud y la vivienda fueron cuestiones consideradas prioritarias para lograr la integración social y así evitar que “el progreso económico condujera a una disociación social” (Ramacciotti, 2010).

En este sentido, la política social es producto del desarrollo de las relaciones sociales puestas por la dinámica del capital y como tal, una experiencia social e históricamente determinada que expresa la tensión entre capitalismo y bienestar social, entre las controvertidas leyes del mercado y la viabilidad de la democracia y el reconocimiento de derechos sociales (López, 2022).

En consonancia con estos autores, este trabajo aborda las políticas sociales como estrategias implementadas por el Estado, orientadas a integrar y controlar determinados sectores, con el fin de evitar desajustes sociales.

En Santiago del Estero, las políticas sociales estuvieron influenciadas y determinadas por las directrices del primer gobierno peronista a nivel nacional, el cual promovió reformas en los sectores laboral, educativo y sanitario. Sin embargo, su implementación no fue uniforme en todo el territorio, ya que estuvo condicionada por las alianzas y disputas entre los distintos grupos políticos locales.

Las obras públicas más significativas que se desarrollaron en período comprendido entre 1946 y 1952 fueron la construcción y refacción de escuelas, hospitales, salas de primeros auxilios, viviendas, caminos y puentes; así como la instalación de servicios públicos. Estas iniciativas fueron financiadas parcialmente con fondos del gobierno nacional y también con recursos provinciales, contando con el respaldo de sindicatos peronistas y sectores influyentes de la sociedad santiagueña.

El objetivo del gobierno nacional fue reorganizar el sistema de salud pública, reducir los índices de analfabetismo, y regularizar la educación primaria, secundaria y técnica en respuesta a las nuevas demandas de mano de obra capacitada que imponía la economía. Asimismo, se buscaba mejorar las condiciones de vivienda y habitabilidad, dado que muchos trabajadores carecían de vivienda propia y enfrentaban altos costos de alquiler.

Las políticas públicas implementadas por los gobernadores Mittelbach, Juárez y González, se convirtieron en instrumentos clave para transformar el paisaje social y político a escala local, aun cuando la ejecución de tales estrategias estuvo sujeta a tensiones internas y críticas tanto desde sectores externos como desde diversas facciones del propio peronismo santiagueño.

Ramacciotti y Valobra (2010) refieren que, con el triunfo de Perón en 1946, se inauguró un período de mayor intervención estatal, en el que la mejora de las condiciones sanitarias de las masas ocupó un lugar central en la agenda del gobierno. En el caso de la provincia, según Tenti (2021), y en consonancia con el ascenso de Perón al poder y el avance sistemático del control estatal sobre la beneficencia y la acción social, el Estado santiagueño comenzó a intervenir en áreas que anteriormente estaban en manos de asociaciones de caridad. Durante este período, se cancelaron los subsidios otorgados a las Sociedades de Beneficencia, quienes hasta ese entonces se ocupaban de la acción social provincial.

Si bien la intervención estatal significó un avance en términos de ampliación del acceso particularmente a los servicios de salud y educación, las políticas peronistas a nivel local tuvieron una concentración de poder en manos del Estado llevando a que la implementación de las mismas fuera inequitativa, lo cual pone de relieve la necesidad de equilibrar la intervención estatal con la autonomía local en pos de un desarrollo social y educativo más efectivo.

A continuación, se exponen las políticas implementadas por los tres gobernadores del período 1946-1952: Mittelbach, Juárez y González; quienes, a pesar de sus diferencias y tensiones internas, dejaron su impronta en la provincia.

3. Los gobernadores del primer gobierno peronista en Santiago del Estero

Después de tres años de dictadura militar en el país, Perón asumió la presidencia en 1946 y propuso a Aristóbulo Eduardo Mittelbach, coronel y miembro del Partido Laborista, como candidato a la gobernación de la provincia, quien ganó obteniendo 35.438 votos, superando a los 24.856 del Dr. José Benjamín Ávalos de la U.C.R. (unificado) y los 9.932 del Dr. Santiago Corbalán de la U.C.R. de Santiago del Estero, -previamente ministro de Gobernación de Antenor Álvarez y habiendo ocupado también cargos legislativos-.

Mittelbach estuvo al mando del gobierno provincial desde mayo de 1946 a enero de 1948, siendo destituido por una intervención federal ordenada por el presidente de la Nación.

Tras 15 meses de intervención, se convoca nuevamente a elecciones generales. El 10 de abril de 1949, el Dr. Carlos Arturo Juárez obtuvo la victoria en su partido, siendo propuesto como candidato por el oficialismo. Ocupó el cargo de primer mandatario de la provincia desde mayo de 1949 hasta el 4 de junio de 1952, no siendo un dato menor, ya que no se había dado que un gobernante completara su mandato en la provincia en trece años. De este modo, se destacó como una figura política clave y logró atravesar con éxito este período de turbulencia política, caracterizado por cambios de liderazgo y las intervenciones del gobierno nacional (Alen Lascano, 1992).

El gobierno de Juárez puede caracterizarse como el primero con una orientación obrerista, destacándose por su esfuerzo en convertir la interpretación de las demandas públicas de la provincia en su programa de acción administrativa. Finalizado su mandato, por medio de elecciones generales resultó electo un nuevo gobernador.

Desde junio de 1952 se encontraría al mando de la provincia Francisco Javier González, también propuesto por el partido oficialista. Éste fue un político surgido de las filas del sindicalismo provincial y delegado regional de la Confederación General del Trabajo en Santiago del Estero; llegó a la gobernación con 153.538 votos, frente a los 24.205 de la U.C.R., cuyo candidato era Ángel R. Freytes.

Su mandato que se extendió desde el 04 de junio de 1952 hasta el 28 de febrero de 1955, estuvo marcado por un contexto político tumultuoso debido a un golpe militar, que en el contexto Nacional derrocó a Perón y condujo a la intervención de todas las provincias peronistas. Si bien, en un principio, contó con el apoyo de su antecesor (Juárez), luego de una serie de enfrentamientos vinculados principalmente a la revisión de gastos en obras públicas realizados durante el mandato de este último, y luego de comprobarse malversación de fondos e irregularidades, la tensión se intensificó. Tras acusaciones cruzadas, sumado a las diferencias que se fueron gestando entre el primer mandatario provincial con el gobierno nacional, Santiago del Estero debió afrontar una vez más, una nueva intervención federal, que resultó en la destitución de Francisco J. González en febrero de 1955.

3.1. Innovación en la gestión pública: las políticas de Mittelbach

Mittelbach en su discurso de asunción el 15 de mayo de 1946, prometió gobernar “sin partidismos, en un afán de bien común”, destacando la importancia de abordar problemas urgentes como la salud y educación pública, la falta de agua en las localidades rurales, la industria forestal, entre otras (Mittelbach, 1946).

En el área de salubridad, orientó sus acciones con un enfoque eminentemente preventivo, abordando la sanidad bajo los principios modernos de la medicina social y promoviendo la instalación de sanatorios y dispensarios. Además, se propuso resolver los problemas de conservación y expansión de la red vial, así como la construcción de viviendas populares y de bajo costo, ya que el déficit habitacional de los trabajadores, junto con la propagación de enfermedades y epidemias, eran consecuencias directas del hacinamiento y de las condiciones higiénicas precarias.

El Consejo de Higiene Pública implementó campañas de prevención y control de enfermedades, administrando vacunas -antivariólicas, antidiftéricas, antitíficas, anticoquelochosas, entre otras- y realizando controles médicos en localidades del interior. Este Consejo se encargaba de emitir comunicados en relación a las enfermedades infecto-contagiosas de carácter endémico, lo que motivaba el refuerzo de la campaña de medidas profilácticas y preventivas para evitar la propagación de enfermedades. Este Consejo, se encontraba a cargo del Dr. Humberto Carral Tolosa y en ocasiones coordinaba acciones con Asistencia Pública de la Provincia.

Santiago del Estero se acogió a la “Ayuda Federal para Asistencia Social” mediante decreto nacional N° 31.589/44 que establecía que la Dirección Nacional de Salud Pública debía preservar la salud de los habitantes de todo el territorio de la República, asegurando la asistencia médica, social y tratamiento de las enfermedades.

Como gran parte del sector obrero vivía en condiciones habitacionales precarias, y se dificultaba la reproducción de la vida cotidiana, -ocasionando malas condiciones de salud y en consecuencia la inasistencia y deserción escolar de los niños-, esto se ponía en evidencia en el requerimiento de certificados médicos y bucodentales para la inscripción en las escuelas y en la dificultad de obtención de los mismos debido a estas circunstancias.

En el ámbito educativo, su gestión se centró en la expansión de la educación popular mediante la creación de Universidades Populares en diversas localidades como la Capital, Banda, Añatuya, Loreto, Fernández, Termas de Río Hondo, Suncho Corral, Frías y Clodomira. Estas instituciones que funcionaban anexas a las escuelas y bibliotecas populares, buscaban acercar la educación a las áreas rurales y urbanas marginadas, donde el acceso a la educación formal resultaba limitado. Los cursos que se dictaban y realizaban en las Universidades Públicas eran de: dactilografía, castellano, literatura, música, aritmética, telegrafía, taquigrafía, inglés, francés, encuadernación, electricidad, bordado, dibujo y pintura, corte y confección, lencería, economía doméstica, cocina, pedagogía, primeros auxilios, redacción y tejido, entre otros. Para la obtención de certificados de finalización de los cursos, se realizaba un examen a quienes contaran con un 70% de asistencia a clases y presentaran los trabajos prácticos estipulados.

Publicaciones del período tienden a enfatizar la narrativa oficial, presentando estas políticas como todo un éxito, como es el caso del medio local La Hora que se hacía eco de la importante labor que cumplía el Consejo Superior de la Universidad Popular de Santiago, bajo la presidencia del Dr. José Félix Castiglione, destacando la cantidad de matriculados en los distintos cursos que se ofrecían.

Siguiendo a Grassi (1989), se puede observar que, además, se hicieron esfuerzos por mejorar la infraestructura escolar y proporcionar útiles a las escuelas en zonas más alejadas. La capacitación del personal docente y la formación educativa también fueron prioridades para el Estado Nacional durante el período.

También se crearon escuelas provinciales y nacionales como las Escuelas Láinez -Ley 4874- en: El Churqui (departamento Jiménez), Campo del Águila (departamento Alberdi), Paraje 14 de Mayo (departamento Quebrachos), y en Paraje Apera (departamento Banda). También, la construcción de la Escuela Normal de Mujeres, que ofrecía educación secundaria para la formación de las futuras maestras de la provincia. La educación se convirtió en una de las principales herramientas para la construcción de este nuevo modelo de Estado, en el que el rol de la mujer adquirió un protagonismo notable.

Desde 1948, con la creación de la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, también se pusieron en marcha diversas iniciativas destinadas a proporcionar asistencia social a sectores que se encontraban fuera del aparato asistencial estatal o sindical. Con esta estrategia buscó integrar a aquellos grupos marginados dentro del sistema de protección social del Estado.

Previo a la implementación de la Ley 12.774 sancionada en 1942 bajo el nombre de Servicio de Previsión y Asistencia Social, se dieron inicio a programas de prevención y asistencia social, siendo que, para cumplir con dicha normativa, la provincia recibía un aporte del gobierno nacional. Se contemplaban pensiones para la vejez, inválidos, ancianos y ciegos, así como ayuda al Asilo de Huérfanos, reposición de medicamentos y atención a salud, primeros auxilios y otros gastos relacionados con el mantenimiento de institutos dependientes de los hospitales provinciales, tales como el de cardiología, transfusión de sangre y atención a personas con tuberculosis, asistencia pública, salas de maternidad, dispensarios de lactantes, entre otros. La ley también preveía la atención de las Sociedades de Beneficencia, y fueron numerosas las instituciones benéficas y culturales que recibieron subsidios para su sostenimiento, entre las que se pueden enumerar: El Museo Arqueológico Provincial, la Sociedad de Beneficencia, Hogar Rivadavia, La Casa del Niño, Hogar de Huérfanos de San Vicente de Paul, Hermanas Domínicas, Sociedad de Conferencia de Señoras Terciarias Franciscanas, sostenimiento de escuelas en La Banda, Fernández, Taboada y Clodomira, Colegio de Artes y Oficio San Francisco, Museo Provincial de Bellas Artes, Colegio Hogar de Belén, Colegio San José, Hospital Mixto, Hospital Independencia, Salas de primeros auxilios, Asistencia Pública, Bibliotecas, etc.

Dependiente del Consejo de Higiene Pública, funcionaba una Casa del Niño, brindando atención a niños abandonados al nacer. Asimismo, por medio del Decreto Nacional N° 33.259, se otorgaron subsidios para la institución Hogar del Niño, ubicada en calle Independencia N° 373, la cual estaba sostenida y dependía de la Sociedad Amigos de la Educación -institución privada creada en 1943- que ofrecía atención médica, social, educación escolar, y albergaba a niños con el objetivo de asegurar su futuro mediante la protección y defensa de sus derechos, garantizando una vida sana y segura, evitando que se encontraran en la miseria de los conventillos.

La Caja de Ahorros y Previsión Social, creada bajo la Ley 1625, asumió la administración y el pago de pensiones, incluyendo las destinadas a la vejez (Ley 1912).

Mediante la Ley N° 1828 de Asistencia Social (inciso 14 y 15- personas indigentes con falta de medios económicos) se establecía la entrega del subsidio, creándose para tal fin una Oficina de Subsidios y Asistencia Social en la provincia, ubicada en calle Absalón Rojas N° 22. Ésta se encargaba de distribuir fondos subsidiados a madres pobres de la ciudad de La Banda por intermedio de la sala de maternidad de esa localidad, realizando idénticas tareas de ayuda a madres pobres del interior provincial. En relación a la acción social, Tenti (2021) refiere que para no dejar desatendido este sector vulnerable, se encargó a una Oficina de Distribución de Subsidios, creada para brindar ayuda a inválidos, ciegos, enfermos, ancianos sin recursos y madres pobres, tomando los fondos de los subsidios cancelados. Asimismo, el dinero asignado por el presupuesto para asistencia social comenzó a ser manejado por esta Oficina con destino a diversos fines. Entre algunas de las instituciones que se beneficiaban con esta ley se encuentran: Apostolado de la Oración del Convento San Francisco, Sociedad de Beneficencia de la ciudad de Frías, Sociedad Los Amigos de la Educación, Asilo San Vicente de Paul, entre otras.

Durante la gestión de Mittelbach la asistencia social se concretó en un principio a partir de una fuerte participación de instituciones civiles de protección social que bajo las leyes 12.774 y 1.828 recibían subsidios para su sostenimiento y para llevar a cabo acciones no sólo de asistencia sino también de atención. Posteriormente, se suma el Estado como otro actor interviniente, que como señala Tenti, en consonancia con el ascenso de Perón al poder y el avance sistemático del control estatal sobre la beneficencia y la acción social, el gobierno santiagueño comenzó a intervenir en áreas que anteriormente estaban en manos de asociaciones de caridad.

3.2. Políticas Sociales como estrategia: las transformaciones en el gobierno de Juárez

Para el período gubernativo de Juárez, entre las reformas administrativas que se implementaron con el fin de reorganizar la provincia, se encuentran la creación de varias dependencias, como la subsecretaría de cultura y las direcciones de transporte, estadística y censo, dirección general de educación, de vivienda, entre otras. Asimismo, se llevaron a cabo acciones que contribuyeron al avance de obras públicas.

Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud Pública implementó una serie de medidas orientadas a mejorar la salud de la población y expandir los servicios de la Sanidad Pública; ampliándose y mejorando los servicios en varios establecimientos. En el hospital de Frías, por ejemplo, se realizaron modificaciones en la sala de operaciones y esterilización, y se habilitó un laboratorio; en el hospital de Añatuya se construyó una sala de clínica médica para hombres con 20 camas, se renovó el pabellón de cirugía y esterilización, y se realizaron reparaciones en la sala clínica para mujeres, en el pabellón de maternidad y en el pabellón infantil, además de construir un local para la administración; en el Hospital Rural de Pintos se incorporaron dos pabellones con 20 camas; en el Hospital Rural de Ojo de Agua se amplió la sala de mujeres con 12 camas, la sala de hombres con 7, y se construyó una sala de internación para cirugías; por último, en el Hospital Rural de Fernández, se construyeron una sala de cirugía y una sala de operaciones. A esto se agregan Salas de Primeros Auxilios en diversas localidades como Atamisqui, Termas de Río Hondo, Choya, Tintina, Moreno, Sotelillos, La Fragua, Villa Río Hondo, Estación Matará, Estación Robles, Atoj Pozo, El Caburé, Pampa de los Guanacos, Lilo Viejo, Villa Guasayán, entre otras.

La Delegación de Salud Pública estableció 19 puestos para vacunación antivariólica en la Capital y 6 en la ciudad de La Banda debido a los brotes de viruela negra -se exigió la presentación de certificados de vacunación para poder viajar como parte de la campaña antivariólica-, y se promulgaron leyes que establecían la vacunación antituberculosa y antivariólica en todo el territorio provincial. Asimismo, el Ministerio de Salud Pública de la Nación continuó realizando giras integradas por médicos, odontólogos y visitadoras de higiene, quienes, organizados en equipos y comisiones, efectuaban visitas y controles en escuelas nacionales y provinciales.

Se reestructuraron los servicios sanitarios particularmente en el ámbito rural, dividiendo la provincia en zonas sanitarias, cada una de las cuales contaba con salas de primeros auxilios y estaciones sanitarias. Como parte del plan de centralización de la administración de la salud pública, los servicios que dependían de los municipios, pasaron a formar parte del Sistema General de Sanidad provincial, resultando una obra de gran relevancia la Asistencia Pública de la Capital.

En el plano educativo, intervino en la administración educativa, quitándole autarquía y autonomía. Disolvió el Consejo General de Educación, y en su lugar, instauró la Dirección General de Educación y la Oficina Coordinadora de Informaciones, con el fin de centralizar más la gestión. Se promulgó una nueva ley de educación, el régimen legal de licencias para el personal docente de la provincia y se implementó el seguro escolar. Además, se creó el tribunal de calificaciones para ascensos docentes, basándose en antecedentes y méritos para transparentar las designaciones, aunque, en la práctica, era el gobernador quien las avalaba. Para control de docentes y estudiantes se creó el Cuerpo de Sanidad Escolar (anteriormente Junta delegada de Ayuda Escolar) en la capital y Junta delegada de Medicina Escolar en el interior (Tenti 2012). El Cuerpo de Sanidad Escolar integrado por médicos escolares, odontólogos, visitadoras de higiene, personal administrativo y de servicio; se encargaba de expedir certificados bucodentales, de salud y vacunación con una gran demanda.

Se realizaban campañas de alfabetización en las escuelas por disposición de las autoridades de Nación, a fin de que la totalidad de los analfabetos en edad escolar sean inscriptos, constituyéndose en la provincia la Comisión Provincial de Alfabetización a cargo del ministro de Gobierno, Dr. Luis Pericás. También se puso en funcionamiento una escuela en el Hospital Independencia.

De acuerdo con la Ley Nacional N° 2.737 de subvención escolar, la provincia recibía dinero para fomento de la instrucción primaria que provenía de la Dirección General de Educación.

En 1949, se creó la Comisión de Ayuda Social de la Provincia, dependiente del gobierno provincial, con la Sra. Luz Márquez Medrano de Juárez, -esposa del gobernador- como presidente, cuya misión principal era atender los servicios de Asistencia Social en beneficio de personas pobres y desvalidas e internados en lugares de reclusión; y la asistencia sanitaria y social, brindando protección y solución a la invalidez, desamparo y desprotección. Esta Comisión administraba el Hogar del Niño “24 de Febrero” y el Hogar de Ancianos “17 de Octubre”, ambos creados durante el gobierno de Juárez; entre sus labores se incluían la distribución de juguetes, ropa, medicamentos, prótesis ortopédicas y útiles escolares, así como donaciones enviadas por la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Además, gestionaba pensiones otorgadas por el Poder Ejecutivo a personas de humilde condición y proporcionaba información sobre jubilaciones, pensiones, seguros de vida y préstamos. Ante situaciones de fallecimiento, se brindaba ayuda económica y social a las familias cubriendo los gastos funerarios. También facilitaba el transporte para que niños del interior pudieran realizar viajes educativos. Parte de la subvención que recibía esta Comisión de Ayuda Social provenía, entre otros, de la donación de comercios de la Capital y del interior provincial, de jefes y empleados de distintas reparticiones, y de miembros de la delegación regional de la CGT.

El Poder Ejecutivo mediante decretos autorizó obras públicas incluidas en el Plan de Gobierno de Juárez como también las licitaciones para compras de insumos y materiales para los Hospitales Mixto, Independencia, Psiquiátrico, Salas de Primeros Auxilios, designación de personal de la salud y médicos para las salas, dispensarios y hospitales, Asistencia Pública, Casa del Niño, Maternidad de La Banda, etc. Se buscó afianzar los principios de justicia social, disponiendo, por ejemplo, que el Consejo de Asesores Letrados de la provincia asesorara en forma gratuita a gremios y obreros en cuestiones relacionadas a salarios, jornales y diferencias que tuvieran con los patrones.

En su gestión dictó un importante decreto sobre la unificación de dos reparticiones autárquicas: la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones, y la Caja de Ahorros y Previsión Social, que otorgaban beneficios previsionales conforme a las leyes vigentes; por lo que centralizó en la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones la atención de todos los servicios en materia de prevención. Se otorgaron diversas pensiones de acuerdo con la Ley N° 2.145 (ex conscriptos a la primera incorporación al servicio militar obligatorio), y aguinaldo a favor del personal jubilado de la administración provincial.

En relación a la legislación laboral, con la finalidad de adecuar la provincia al nuevo sistema nacional jubilatorio, se modificó el viejo régimen incluyendo la limitación de la edad mínima a los 50 años y la incorporación de la jubilación voluntaria con 20 años de servicio. También se introdujo el beneficio de un subsidio extraordinario por fallecimiento para todos los empleados de la administración pública, y se amplió la cobertura de la ley al personal de las municipalidades, que anteriormente operaba bajo un sistema propio.

Juárez buscó brindar respuestas a las demandas de la población impulsando diversas obras para resolver problemáticas de larga data. En el ámbito de la Asistencia Social, especialmente en salud, el plan de obras públicas y asistenciales comprendió la edificación de nuevos hospitales regionales y salas de primeros auxilios, así como la ampliación y adición de pabellones en hospitales ya existentes. La administración de asilos para niños, ancianos y mujeres también fue objeto de atención, para garantizar que los albergados recibieran un trato digno, alejados de la miseria y el abandono.

Su gestión estuvo marcada por importantes transformaciones en el contexto provincial. Un ambicioso plan de desarrollo social y económico comenzó a extenderse hacia localidades que se encontraban desatendidas, como presentaron algunas publicaciones de los diarios locales El Liberal y La Hora. Las políticas sociales durante su mandato avanzaron hacia un modelo de Estado de Bienestar, especialmente en áreas como salud, seguridad social y educación. Sin embargo, estas políticas no se aplicaron de manera homogénea en todo el territorio provincial, ya que el acceso a la educación no fue generalizado para la mayoría de la población, y la atención sanitaria estuvo marcada por fuertes disparidades, concentrándose principalmente en la Capital y en algunas de las principales ciudades del interior; por lo que, si bien el gobierno invirtió en seguridad social, las medidas implementadas resultaron insuficientes.

3.3. La acción gubernamental de González

González siguió la línea del Estado Nacional, manteniendo la continuidad de las políticas públicas que se venían implementando en la provincia, realizándose importantes obras como también políticas sociales con financiamiento y apoyo del gobierno nacional.

En relación a la protección de los trabajadores, la delegación regional del Instituto Nacional de Previsión Social habilitó una dependencia del Estado capacitada y autorizada por ley para asesorar a patrones, empleados y obreros sobre el cumplimiento de las normativas de previsión. El cuerpo de inspectores de este organismo era responsable de realizar inspecciones en establecimientos comerciales e industriales de la ciudad controlando el cumplimiento de las leyes de previsión social.

La Comisión de Ayuda y Asistencia Social fue reorganizada por decreto del Ejecutivo Provincial, designando como presidenta a la Sra. Haideé Polti de González, esposa del gobernador. Entre las acciones realizadas se destacan la ayuda y asistencia a familias de bajos recursos, visitas al Hogar del Niño “24 de Febrero”, reparto de ropas en distintos barrios de la ciudad Capital y del interior provincial. Asimismo, se otorgó apoyo económico a familias humildes, se gestionaron internaciones en la Capital Federal para personas sin recursos a través del ministro de Salud Pública de la Nación, se distribuyeron alimentos, juguetes y medicamentos.

Durante su gestión, surgieron diversas instituciones que, aunque alineadas con la lógica política del peronismo, mantenían algunas disputas internas. Así, hubo casos en los que no se seguía estrictamente las directivas verticalistas del movimiento. Barry (2021) alude al rol de las primeras damas provinciales, esposas de gobernadores y legisladores, en los casos de Buenos Aires con Elena Caporale, esposa del gobernador Domingo Mercante, y de Santiago del Estero con Haydée Polti, desempeñaron un importante papel social. Estas mujeres que inicialmente acompañaban y apoyaban a sus esposos, comenzaron a emular el trabajo de Eva Duarte a través de la Fundación, dando lugar, en el caso de Santiago del Estero, a la Comisión de Ayuda Social Provincial. Tras la sanción de la ley del voto femenino en 1947, el entramado político en las provincias pasa a llamarse “Centros Cívicos María Eva Duarte de Perón”, limitando las actividades políticas de estas mujeres, canalizándose más estrechamente dentro de la estructura estatal. El quiebre en la participación política de estas mujeres se da en 1949 con la creación del Partido Peronista Femenino; desde ese momento, los centros fueron disueltos y la toma de decisiones políticas y sociales se centralizó bajo el control del gobierno nacional. En adelante la organización y la determinación de políticas en el Partido Peronista Femenino quedaron bajo la supervisión de Perón y, particularmente, de Eva Duarte, a través de las delegadas censistas quienes eran seleccionadas exclusivamente por ésta última.

Para dar cumplimiento a la misión encomendada por la Dirección General de Asistencia Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión desde el Gobierno Nacional se enviaron a la provincia a inspectoras de subsidios, las que, junto con el personal de la División de Pensión y Asistencia Social de la delegación regional, se encargaron de diligenciar trámites de solicitudes de subsidios.

Este accionar revela que, si bien las funciones de la asistencia se modificaron respecto a períodos pasados, persisten prácticas destinadas a “controlar y moralizar” a los sectores populares. Así como la sociedad fue transformándose y mutando, el Estado fue modificando sus modalidades de intervención, pero manteniendo ciertas estrategias de control y acción.

4. Cartografía y análisis espacial de centros educativos y sanitarios en la provincia

Para mejorar la calidad y cobertura de los servicios médicos se crearon hospitales, pero sólo en 5 localidades del interior (como se mencionó en el apartado 3). En el mismo sentido se promovió la construcción de Salas de Primeros Auxilios en localidades más pequeñas, permitiendo atender casos de emergencias médicas y evitar el traslado a los hospitales principales; nuevamente las mismas se establecieron en 24 localidades de las más de 300 de la Provincia. Se crearon otros servicios en diversas especialidades, como los casos de enfermedades de la piel, banco de sangre, plasma y hemoterapia, oftalmología, tuberculosis, radiología y fisioterapia; por lo que con estos servicios especializados se mejoró en la respuesta de emergencias médicas y complicaciones (como en los partos), reflejando la modernización de los servicios de salud en la provincia. Sin embargo, estos organismos estaban emplazados en las dos principales ciudades (Capital y Banda).

La sanidad y Asistencia Social resultaba insuficiente; los dos hospitales de la ciudad Capital, así como los hospitales regionales de Añatuya, Frías y Fernández se encontraban saturados. A principios de 1940, el 72% de los fallecidos no había recibido asistencia médica, aunque hacia 1945 la situación experimentó importantes variaciones. En Santiago del Estero, con una extensión de 145.670 kilómetros cuadrados y con una población de 600.961 -último dato estadístico provincial-, hay departamentos enteros en los que no existía ni una sola farmacia, siendo que hay varios departamentos en los que no hay ni un facultativo y mucho menos una sala de primeros auxilios o estación sanitaria (Olmos Castro, 1945).

El gráfico N° 1 muestra la localización de centros educativos y sanitarios en la Provincia; pudiéndose observar un escaso número de Centros de Higiene Maternal e Infantil, con una mayor concentración en la zona central, ubicándose en 8 departamentos. Las Salas de Primeros Auxilios, situadas en 11 departamentos, presentan una mayor dispersión en el territorio provincial.

Gráfico N° 1.
localización de los centros educativos y sanitarios

Si bien a nivel país se incrementó la cantidad de médicos por habitante, que pasó de 1 cada 1.250 habitantes a 1 cada 850 entre 1946 y 1954, cabe resaltar que dichos avances se dieron con fuertes disparidades regionales, en tanto se concentraron mucho más en Córdoba, Santa Fe y la Capital Federal que en otras provincias (Andrenacci, et. al. 2014; Torre y Pastoriza, 2002). Esto lo refleja Olmos Castro para Santiago del Estero “...en nuestra provincia no existen médicos en los siguientes departamentos: Alberdi, con 7.553 habitantes y 13.260 kilómetros cuadrados; Atamisqui, con 12. 427 habitantes y 2.160 kilómetros cuadrados; Figueroa, con 24.743 habitantes y 6.595 kilómetros cuadrados; Guasayán, con 11.029 habitantes y 2.810 kilómetros cuadrados; Mitre, con 5.854 habitantes y 3.140 kilómetros cuadrados (...) y en otros departamentos donde existen, lo es en reducida cantidad, como el departamento Aguirre, muy extenso, en que sólo hay médico en Estación Pinto; el de Avellaneda en Colonia Dora; en Copo, con una extensión de 2.990 kilómetros cuadrados, tiene un solo médico en Pampa de los Guanacos y así sucesivamente...” (Olmos Castro, 1940).

Las enfermedades contagiosas se hicieron frente a través de la promulgación de leyes que disponían la vacunación, campañas de vacunaciones masivas y establecimiento de puestos de vacunación. Las diversas campañas que se implementaron en el área de salud pública para combatir enfermedades endémicas y mejorar las condiciones sanitarias en general, pusieron énfasis en la lucha contra el paludismo, utilizándose para ello métodos como la fumigación con DDT. Con este tipo de programas de prevención sanitaria se puede observar la propuesta del gobierno, que no sólo respondía a las emergencias médicas, sino que también buscaba promover la salud preventiva como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la población.

Se prestó especial atención a la salud infantil y maternal, creándose centros de para tal fin situadas en localidades de la provincia pertenecientes a 8 de los 27 departamentos, que brindaban atención a mujeres embarazadas y a sus hijos; estos centros contaban con un equipo de profesionales, incluyendo médicos, parteras, enfermeras y personal administrativo, lo que garantizaba un enfoque integral en la atención de la salud de las madres y los niños.

El establecimiento del lactario en la Casa del Niño y en el Centro Sanitario Infantil de La Banda fue importante ya que aseguraba el bienestar de los niños en situación de vulnerabilidad, propendiendo al cuidado y protección de su salud desde la primera infancia. En la Capital, se establecieron 14 organismos diversos. De este modo el objetivo de lograr una cobertura sanitaria y asistencial en toda la Provincia y llegar a zonas rurales más alejadas se cumplió de manera muy parcial.

Otro aspecto central de la política social durante este período fue el cuidado de los sectores vulnerables, como los ancianos, huérfanos y personas con discapacidad. Con la creación del Hogar de Ancianos “17 de Octubre” y el Hogar del Niño “24 de Febrero”, se buscó mejorar la calidad de vida de sectores desprotegidos de la sociedad, pero, siendo su localización también en la ciudad Capital.

Se prestó atención al sostenimiento de numerosas instituciones benéficas y culturales, madres pobres del interior provincial, asilos de huérfanos. El otorgamiento de subsidios a personas necesitadas a través de la Oficina de Subsidios y Asistencia Social también formaron parte de un sistema de protección social que buscaba mitigar las desigualdades no sólo económicas sino también sociales.

En el ámbito educativo, se pueden mencionar las siguientes instituciones: *Creación de Escuelas Láinez (Ley 4874) en El Churqui departamento Jiménez, Campo del Águila departamento Alberdi, Paraje 14 de Mayo departamento Quebrachos, en Paraje Apera departamento Banda, en 14 de Mayo departamento Quebrachos. *Se pusieron en funcionamiento Universidades Populares en Capital, Banda, Añatuya, Loreto, Fernández “Adolfo Alsina”, Termas de Río Hondo, Suncho Corral, Frías y Clodomira. *Construcción de la Escuela Normal de Mujeres (1946). *Inauguración del Hogar Escuela “Eva Perón” (10/05/1949). *Inauguración de establecimientos educativos: Escuela N° 23 en Santa Ana departamento Quebrachos, Escuela N° 30 en Tacanitas, Escuela 28 de Marzo N° 32 en Clodomira, Escuela N° 92 en Fernández departamento Robles, Escuela N° 259 en El Favorito departamento Banda, Escuela N° 314 en el Aibe departamento Banda, Escuela N° 354 en La Falda departamento Banda, Escuela N° 445 en Nueva Líbano departamento Banda, Escuela N° 27 en Frías departamento Choya y Escuela N° 512 en San Juan departamento Banda, Escuela Nacional N° 305 en Bandera. *Creación de la Junta de Medicina Escolar en el interior provincial. *Se puso en funcionamiento una escuela en el Hospital Independencia. *Subvención escolar para fomento de la instrucción primaria (Ley Nacional N° 2.737).

En este sentido, se observa que, entre las acciones llevadas a cabo en el área educativa, un avance importante fue la conversión en 1947 de la Escuela Normal de Maestras en Escuela Normal de Profesores^[1]mediante la creación del profesorado en instalaciones anexas al establecimiento. El Profesorado comenzó a funcionar con dos especialidades: Profesorado Normal en Ciencias y Profesorado Normal en Letras. Se constituyó en una institución clave para la formación de docentes en la provincia y respondía a la creciente necesidad de personal docente calificado para las nuevas instituciones educativas que se estaban abriendo. Aunque nuevamente la Capital era beneficiada, esto posibilitó que los docentes, que antes se formaban en otras provincias, ahora lo hicieran en Santiago del Estero.

La inauguración del Hogar Escuela Eva Perón en 1949 representa un claro ejemplo de la política del gobierno peronista que buscaba llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad para que pudieran ser incorporados al sistema educativo. Esta institución se concebía como un espacio para acoger a niños y niñas, brindándoles acceso a la educación y formación integral; sin embargo, su ubicación en la ciudad Capital la hacía accesible sólo a los niños de la misma.

La creación de una escuela en el Hospital Independencia, aunque circunscripta a ese nosocomio, refleja una preocupación no sólo por la salud, sino también por la educación y el bienestar de los estudiantes; medidas que buscaban mejorar las condiciones de aprendizaje y a la vez garantizar la salud de los niños y niñas con el objetivo de fomentar su permanencia en el sistema educativo.

Las subvenciones que establece la Ley Nacional N° 2.737, para fomentar la instrucción primaria, permitió aliviar las dificultades económicas de las familias, haciendo posible la gratuidad de la educación primaria en muchas zonas del país. Esto fue un paso positivo hacia la universalización de la educación, ampliando el acceso a la escuela para más niños.

Con más de 135.000 km² de superficie, y numerosos parajes rurales sin buena infraestructura de servicios, ni caminos, con una densidad media de 3,3 habitantes/km² para 1947 y de 3,5 para 1960, hacia 1947 Santiago del Estero contaba con 14 departamentos rurales^[2](Aguirre, Alberdi, Atamisqui, Belgrano, Figueroa, Guasayán, Mitre, Ojo de Agua, Pellegrini, Rivadavia, Salavina, San Martín, Sarmiento, Silípica) y 12 departamentos urbanos y rurales (Avellaneda, Banda, Capital, Copo, Choya, Gral. A. Taboada, Loreto, Matará, Moreno, Quebrachos, Río Hondo, Robles). De acuerdo a la información oficial, tanto en 1947 como en 1960 gran parte de la población vivía en el campo, de ahí la importancia de atender las necesidades de estos territorios en diversos aspectos, en especial el educativo (Censos Nacionales de 1947 y 1960).

La Ley 4874 dio lugar a la creación de las Escuelas Láinez en localidades rurales de la provincia y si bien esto refleja el esfuerzo por ampliar la cobertura educativa en áreas que se encontraban desatendidas, las mismas fueron muy pocas y en 4 de los 27 departamentos de la Provincia.

En el marco de la creación de Universidades Populares el gobierno provincial promovió la expansión de la educación en sectores históricamente excluidos lo cual se relacionaba con el proyecto de inclusión social del peronismo; estas instituciones se situaron en 9 ciudades de 8 departamentos.

En el gráfico, también se observa que hay varios departamentos sin obras, en contraste con la ciudad Capital que fue la más favorecida; además la localización de las escuelas (18) concentradas principalmente en el área centro-sur y el reducido número de Universidades Populares.

La creación de las nuevas instituciones en zonas alejadas se puede interpretar como una estrategia para reducir las desigualdades regionales, sin embargo, la aglutinación de los centros educativos en las principales ciudades, como la Capital Santiago del Estero y La Banda, continuó siendo notable. Esto indica que las zonas rurales y apartadas todavía enfrentaban dificultades en el acceso a la educación, a pesar de los esfuerzos realizados por mejorar la infraestructura educativa.

Si bien la acción del Estado no logró extenderse a todo el territorio provincial, quedando bastantes zonas desprovistas de servicio educativo y sanitario, no puede negarse que el gobierno logró que una mayor cantidad de población tuviera acceso a la salud y educación públicas, lográndose con ello una mayor democratización del bienestar.

5. Asistencia Pública Provincial

La Asistencia Pública, cuyo edificio estaba ubicado en calle Saénz Peña próximo a Av. Moreno, experimentó un intenso movimiento durante el período 1946-1950, como se muestra a continuación, en el cuadro N° 1.

En este análisis se observa que el año de mayor actividad asistencial fue 1947, mientras que el de menor actividad fue 1950. Los servicios más solicitados y con mayor respuesta fueron el despacho de recetas, consultorios externos y aplicación de inyecciones. Sin embargo, en 1948, se evidencia una disminución en la respuesta a estas solicitudes, aunque en 1950 se dio un repunte generalizado. Otros servicios, como análisis clínicos, certificados de buena salud, exámenes bucodentales y libretas de sanidad, mostraron menor satisfacción; no obstante, en 1950 se registró un notable incremento en la demanda de análisis clínicos. Este incremento podría explicarse como consecuencia de la estabilización de los servicios, y por una mejora en la infraestructura y mayor disponibilidad de recursos, siguiendo los lineamientos del plan nacional.

El Estado Provincial, por su parte, aplicó estrategias orientadas a mejorar el acceso a los servicios de salud, priorizando la salud preventiva y optimizando la gestión para reducir los brotes epidémicos que afectaban a la región. Se llevaron a cabo, también, procesos de descentralización en los servicios de salud para una mejor distribución de los recursos. La reorganización de los servicios asistenciales y la reducción de actividades burocráticas en el sistema de salud pública mostraron avances como también continuidades durante los primeros años del gobierno peronista. En términos generales, hubo una ampliación de la cobertura como también en la accesibilidad a los servicios de salud durante este período particularmente con la creación de salas de atención y dispensarios en diversas localidades, aunque no llegó a todo el territorio provincial.

Aunque las políticas implementadas por el Estado Provincial y el gobierno nacional, como la descentralización y la priorización de la salud preventiva, apuntaron a mejorar el acceso y la equidad, el sistema seguía dependiendo de una infraestructura que resultaba insuficiente y de recursos limitados, afectando la calidad de los servicios en algunas áreas.

6. Conclusiones

Las políticas sociales en Santiago del Estero tuvieron la intención de integrar a los sectores populares en un proyecto nacional de desarrollo y bienestar, pero también de consolidar un control político y social. La creación de la Fundación Eva Perón dedicada a la distribución de ayuda social mediante la distribución de alimentos, ropa y medicamentos fue trascendental; pero si bien se trató de una medida asistencial que favoreció a los más desprotegidos, también fue una estrategia de control social al vincular a los beneficiarios directamente con el aparato del Estado y al liderazgo de Perón y Eva Duarte de Perón.

Se impulsaron programas para la construcción y refacción de hospitales y escuelas, lo que ayudó a mejorar parcialmente las condiciones de vida en sectores rurales y marginados. Sin embargo, estas políticas no siempre estuvieron acompañadas de una infraestructura adecuada o de una distribución equitativa como se expuso (gráfico N° 1).

El gobierno peronista, a través de la Fundación Eva Perón, la política laboral y la implementación de programas asistenciales, buscaba integrar a los sectores populares en un proyecto nacional, pero también asegurarse de que esta integración no fuera sinónimo de autonomía política, manteniendo un seguimiento y control político de las provincias. En este sentido, la entrega de beneficios sociales por parte de organismos estatales como la Fundación fue un mecanismo de control, ya que el acceso a estos recursos se encontraba en cierta medida condicionado al apoyo político y la lealtad hacia el gobierno nacional. La política asistencial fue eficaz para crear consenso entre las clases populares, particularmente en provincias como Santiago del Estero, donde la situación de la pobreza era crítica.

En este sentido, las políticas sociales que se implementaron en el período, fueron una combinación de esfuerzos de integración, pero también de control ya que a la vez operaron como herramientas de consolidación del poder político.

Las limitaciones estructurales de la provincia, impidieron que las políticas tuvieran un impacto no sólo más profundo y equitativo en todo el territorio, sino también duradero en la mejora de las condiciones sociales de la población en general.

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