Introducción

Las investigaciones sobre las políticas públicas de redistribución socioeconómica durante la pandemia de covid-19 se han centrado principalmente en aspectos como el público al que están dirigidas y su eficacia para generar una red de contención para las poblaciones vulnerables en el mediano plazo (Dorlach, 2023). Son menos los estudios que abordan las percepciones ciudadanas sobre estas políticas, un factor clave para comprender las trayectorias políticas de las sociedades en la pospandemia. Entender las opiniones de las y los ciudadanos acerca de las políticas de redistribución es relevante, ya que cualquier intento por reducir la desigualdad en las sociedades contemporáneas depende del consenso social y del apoyo político (García-Sánchez et al., 2020).^[*]

En este artículo, se observa la relevancia de la clase social para conocer el grado de acuerdo de la población en Argentina con diversas políticas de redistribución socioeconómica implementadas o postuladas durante el primer año de la pandemia: ¿Hay un efecto significativo de la posición de clase social sobre las evaluaciones ciudadanas respecto de las políticas de redistribución socioeconómica de la pandemia? ¿Qué posiciones de clases están más asociadas con niveles más altos de apoyo o rechazo hacia estas políticas? La respuesta a este interrogante proviene del análisis estadístico de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por Covid-19 (ESAyPP/Pisac-covid-19), realizada a una muestra probabilística de 5.239 personas adultas residentes en localidades urbanas de Argentina entre octubre y diciembre de 2021 (Dalle y Di Virgilio, 2022). A partir de una serie de preguntas incluidas en la encuesta, construimos un índice sumatorio para medir las preferencias redistributivas, que constituye la variable dependiente central de nuestra investigación.

Con respecto a los posibles factores explicativos de estas preferencias, es importante destacar que nuestro artículo postula un enfoque de análisis de clases sociales que considera que la posición de clase objetiva es una variable explicativa fundamental para comprender las percepciones subjetivas sobre la desigualdad, tanto a nivel microsocial como a nivel macrosocial (Wright, 1997). A nivel microsocial, este postulado nos orienta a un análisis estadístico centrado en comprender el efecto de la posición de clase de los individuos sobre sus preferencias redistributivas, aunque siempre teniendo en cuenta la articulación de la clase con otros factores explicativos, tanto sociodemográficos como actitudinales.

Por otro lado, la perspectiva wrightiana también resalta la importancia de un enfoque macrosocial, cuyo objetivo es reconstruir las orientaciones promedio de las diferentes posiciones de clase y qué tipos de alianzas sociales entre clases se configuran en la sociedad, en relación con las políticas de redistribución socioeconómica. Este tipo de análisis utiliza la información microsocial obtenida a través de las encuestas (actitudes individuales hacia la redistribución) para formular un diagnóstico global sobre los tipos de alianzas sociales que podrían apoyar o rechazar dichas políticas. Esta combinación micro y macrosocial es relevante para comprender las dinámicas sociales que influyen en los apoyos o rechazos a las políticas redistributivas en una sociedad determinada.

En una época de vertiginosos cambios en la dinámica política tanto de países latinoamericanos como a nivel internacional, adquiere cada vez más centralidad el debate sobre el rol del Estado en sociedades profundamente desiguales. Es por ello que este artículo se propone brindar información relevante para comprender cómo los clivajes objetivos de clase social se articulan con las preferencias subjetivas sobre la redistribución en la Argentina, puesto que consideramos que esta información es un insumo clave para pensar y discutir futuras políticas públicas orientadas a la reducción de la desigualdad.

La pandemia de covid-19 en la Argentina: las políticas de redistribución en la emergencia

La irrupción de la pandemia implicó que la mayor parte de los gobiernos del mundo adoptaran el aislamiento y el distanciamiento social como las principales medidas para evitar el contagio masivo y amortiguar la emergencia sociosanitaria. En el caso de Argentina, durante los primeros tres meses de pandemia (de marzo a mayo de 2020) el gobierno decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) para restringir la circulación de la población en todo el territorio nacional, con la excepción de las personas dedicadas a garantizar las actividades declaradas esenciales. A partir de junio, en las regiones donde la situación epidemiológica lo permitía, comenzó una nueva etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), que consistía en la apertura parcial de ciertos sectores con el propósito de equilibrar las medidas de prevención de contagios con la reactivación socioeconómica.

Las medidas de restricción a la circulación fueron necesarias para mitigar el impacto del covid-19 en la población y contribuyeron al buen desempeño comparativo de Argentina en la contención del virus, lo que se reflejó en niveles relativamente bajos de exceso de mortalidad durante 2020. No obstante, estas medidas no pudieron evitar generar un fuerte impacto negativo en una economía que ya enfrentaba dificultades para mantener una trayectoria de crecimiento sostenido desde hacía casi una década. En particular, la paralización total o parcial de diversos sectores de la actividad económica en 2020 exacerbó la crisis que el país arrastraba desde 2018-2019. Este bienio estuvo marcado por la pérdida de empleo, la disminución del poder adquisitivo de los sectores asalariados y el aumento de los índices de pobreza, entre otras consecuencias derivadas del colapso financiero del modelo económico iniciado en 2015 (Castellani y Anchorena, 2021; Dalle, 2022; Díaz Langou, Della Paolera y Echandi, 2021).

La superposición de dos crisis de gran magnitud (Dalle, 2022) generó una profundización del deterioro tanto de las condiciones de vida de la población como de la situación del mercado laboral (Actis Di Pasquale, Gallo y Capuano, 2022). En la primera mitad de 2020 aumentó la pobreza hasta alcanzar al 42% de los hogares, y empeoraron todos los indicadores del mercado laboral, con una caída de diez puntos porcentuales en la tasa de actividad y un aumento de cuatro puntos en la tasa de desempleo que alcanzó al 13,1% de la población económicamente activa (Indec, 2020). Si bien estas tendencias negativas afectaron a diversos sectores sociales, es evidente que las principales consecuencias económicas y sociales de la pandemia recayeron sobre los sectores más vulnerables, incluyendo a personas desocupadas de larga duración, cuentapropistas de baja calificación y aquellas empleadas de manera informal o precaria, sobre todo en los sectores económicos más afectados por las medidas de restricción, como el comercio, la gastronomía y el turismo, entre otros (Ernst y López Mourelo, 2020).

En este contexto de crisis económica y social, el gobierno nacional implementó una serie de políticas públicas orientadas a resguardar las fuentes de trabajo, preservar los ingresos de los/as trabajadores/as y evitar el cierre de empresas. Si bien estas políticas tuvieron un impacto positivo en un momento crítico, su implementación fue desigual e intermitente (Kaplan y Delfino, 2021). En particular, se destacan las investigaciones que muestran que las políticas de transferencias de ingresos a sectores más vulnerables (como el Ingreso Familiar de Emergencia [IFE]) fueron insuficientes y no lograron revertir las dramáticas consecuencias de la pandemia para los ingresos de las familias más pobres (Salomón, 2020).

Si bien estas investigaciones se enfocaron sobre la implementación de estas políticas y sus consecuencias económicas y sociales, existe menos evidencia respecto de las evaluaciones ciudadanas sobre estas políticas. Este tema es fundamental si queremos comprender la sostenibilidad de largo plazo de las políticas de redistribución socioeconómica en sociedades desiguales y en crisis como la Argentina contemporánea. Con el objetivo de contribuir al conocimiento de este aspecto poco explorado de las políticas públicas de la pandemia, en este artículo seleccionamos 6 de estas políticas implementadas y/o debatidas en la Argentina durante 2020 y que tenían un claro objetivo de redistribuir recursos económicos hacia los sectores más vulnerables. En la siguiente tabla presentamos un resumen de las políticas evaluadas en la encuesta ESAyPP/Pisac-covid-19 y que fueron incluidas en el análisis de las opiniones ciudadanas que realizamos a lo largo del artículo. Las cinco primeras de la tabla son políticas efectivamente implementadas y las últimas dos (5 y 6), si bien no fueron implementadas, sí fueron tenidas en cuenta en el debate público respecto de la intervención del Estado en la distribución de recursos socioeconómicos durante la pandemia:

Como podemos ver en la Tabla 1, en el marco del aislamiento social y ante las graves consecuencias de una crisis inédita, el gobierno argentino implementó una serie de políticas de redistribución socioeconómica orientada a contener a los sectores más vulnerables de la sociedad. Si bien estas políticas fueron, en muchos casos, insuficientes e irregulares, su aplicación generó amplios debates en la opinión pública y nos brindan una excelente oportunidad para comprender las dinámicas de apoyo o rechazo a las políticas de redistribución en una sociedad profundamente desigual.

Las medidas implementadas se pueden dividir en tres grandes grupos: las destinadas a la asignación de ingresos, enfocadas principalmente en los sectores más vulnerables (políticas 1 y 6 de nuestra tabla); las medidas regulatorias, orientadas a regular los precios de productos, alquileres y tarifas de servicios públicos (3); políticas enfocadas en obtener recursos de los sectores más privilegiados de la sociedad (4 y 5) y, finalmente, un paquete de fondos destinados mayoritariamente a sostener el empleo y la producción de bienes y servicios (2) (Elbert, Boniolo y Dalle, 2022). Si bien cada una de estas políticas presenta particularidades en cuanto a su población objetivo, financiamiento y proyección temporal, todas comparten una dimensión común: la redistribución socioeconómica. En otras palabras, el debate sobre estas políticas en la esfera pública gira en torno a la cuestión de si el Estado debe intervenir en la economía para brindar contención a los sectores más vulnerables, así como sobre las formas de financiar tales iniciativas y determinar su horizonte temporal. En este contexto, hemos decidido centrarnos en las evaluaciones ciudadanas de estas políticas, tal como se reflejan en la encuesta ESAyPP/Pisac-covid-19, con el fin de contribuir al debate contemporáneo sobre los factores asociados a la aprobación y sostenibilidad de las políticas de redistribución socioeconómica.

Es importante aclarar que el trabajo de campo de la encuesta se realizó entre de octubre y diciembre de 2021, lo que es relevante para comprender el contexto sociopolítico de las opiniones ciudadanas sobre las diferentes políticas públicas. Durante ese período había finalizado la mayor parte de las políticas de contención como el IFE y el congelamiento de alquileres y, a la vez, se habían realizado las elecciones legislativas intermedias de 2021 que mostraron el crecimiento electoral de orientaciones políticas de derecha.

Políticas de redistribución, preferencias subjetivas y clases sociales

En un contexto global de creciente concentración de la riqueza y ampliación de la brecha económica entre ricos y pobres, es cada vez más relevante el estudio de las orientaciones subjetivas sobre la desigualdad social (Assusa y Benza, 2023; Castillo, 2012;Martínez et al., 2022; Pérez-Ahumada y García-Castro, 2024; Steele y Breznau, 2019). En particular, siendo América Latina una de las regiones más desiguales del mundo, adquiere centralidad en la región el análisis de las opiniones ciudadanas sobre las políticas públicas orientadas a la reducción de la desigualdad (Maceira, 2023). La comprensión de estos posicionamientos es importante no sólo como objetivo de investigación académica, sino como parte de los debates políticos más generales, ya que cualquier intento de reducir la desigualdad en las sociedades contemporáneas requiere de consenso social y apoyo político (García-Sánchez et al., 2020).

Tomando como ejemplo el caso de Argentina durante la pandemia de covid-19, este artículo se propone contribuir a la evidencia empírica sobre los factores micro y macrosociales asociados a la distribución de las preferencias redistributivas de la población. Para ello, definimos a las políticas redistributivas como una serie de políticas estatales orientadas a transferir recursos económicos desde los sectores más pudientes hacia los sectores más vulnerables de una sociedad (García-Sánchez et al., 2020). Estas políticas tienden a generar divisiones en la opinión pública e implican que hay sectores que deben ceder recursos para que sean repartidos hacia los grupos sociales más necesitados. Las tensiones sociales pueden emerger por la implementación de impuestos a los sectores más ricos o por políticas de regulación de los precios que inciden en la canasta de gastos de los hogares más pobres, pero en todos los casos se trata de políticas públicas que adquieren centralidad en el debate ciudadano y los medios de comunicación.

Aunque existe evidencia de que, en términos comparativos internacionales, la ciudadanía argentina ha mostrado una preferencia persistente por niveles bajos de desigualdad social (Jorrat, 2012) y ha respaldado, en general, políticas públicas orientadas a su reducción (Kessler, Vommaro y Asussa, 2023; Lodola y Seligson, 2011;Mora y Araujo, 2011), también es cierto que en tiempos recientes se han legitimado en el debate político nacional algunas perspectivas extremas que enfatizan las consecuencias positivas de la desigualdad en términos de eficiencia económica (Morresi y Ramos, 2024). Desde esta mirada política, se rechaza cualquier tipo de política pública orientada a la reducción de la desigualdad social por considerarla negativa para las dinámicas de crecimiento económico (Stefanoni, 2021).

En términos más generales, podemos asumir que las preferencias de las personas respecto de las políticas de redistribución se ordenan en un espacio teórico continuo entre dos polos ideológicos antagónicos: un polo de opinión que podríamos llamar “pro-Estado”, que considera que es deseable la intervención del Estado en la redistribución de los recursos económicos, y un polo “pro-mercado”, que tiene miradas antagónicas a esta intervención (Catterberg, 1989). Teniendo esto en cuenta, nos preguntamos cuál de estas dos orientaciones generales prevalecía en la sociedad argentina al momento de la pandemia: ¿Las personas apoyaron las diferentes políticas de redistribución durante la emergencia sanitaria? O, por el contrario, ¿expresaron miradas antagónicas a la intervención estatal de la economía para redistribuir recursos hacia los sectores más vulnerables?

En este artículo nos proponemos responder a estas preguntas no sólo a través de los niveles generales de apoyo a las políticas de redistribución, sino también mediante la exploración de los diferentes factores económicos, sociodemográficos y actitudinales relacionados con variaciones en las preferencias redistributivas de la ciudadanía (Brown-Iannuzzi et al., 2015; Castillo, 2012;García-Castro et al., 2022). En particular, nos interesa abordar para el caso argentino la pregunta planteada en estudios comparativos internacionales sobre el papel del posicionamiento económico objetivo en la explicación de las preferencias redistributivas de las personas y sus percepciones sobre la desigualdad (Cruces et al., 2013; Langsæther y Evans, 2020; Levanon, 2018): ¿Existen diferencias significativas en la orientación ideológica hacia las políticas de redistribución entre personas de distintas clases sociales? ¿Las personas pertenecientes a clases sociales privilegiadas son, en promedio, más reacias a las políticas de redistribución? ¿Qué segmentos de la clase trabajadora muestran una mayor disposición hacia las políticas de redistribución?

Para responder a estas preguntas, este artículo despliega una perspectiva teórica inspirada en el marxismo sociológico de Erik Olin Wright, quien sostiene que la clase social objetiva es un factor explicativo primordial para comprender variaciones en las orientaciones ideológicas de las personas respecto, entre otras cosas, a la distribución de recursos económicos en la sociedad (Wright, 1997). En particular, consideramos que las preferencias de las personas respecto de las políticas públicas de redistribución socioeconómica tienen un particular contenido de clase, por tratarse de intervenciones estatales que necesariamente orientan recursos desde los sectores más pudientes a los sectores más vulnerables de una sociedad (García Sánchez et al., 2020) y que tienen consecuencias materiales evidentes para personas de diferentes clases sociales.

En primer lugar, la perspectiva de Wright nos orienta al estudio microsocial de los factores determinantes de las preferencias redistributivas, considerando la clase social en interacción con otra serie de factores sociodemográficos y actitudinales. En este enfoque analítico, el objetivo principal es comprender el efecto que puede tener la posición de clase objetiva de las personas sobre sus preferencias redistributivas, dado que se postula que las condiciones materiales asociadas a la clase y las experiencias biográficas enraizadas en las mismas tengan un efecto sobre diferentes aspectos de la conciencia de clase de las personas, incluyendo sus percepciones subjetivas sobre la desigualdad social (Pérez Ahumada, 2014;Wright, 1997). Sin embargo, aunque Wright otorga una centralidad analítica al posicionamiento de clase objetiva, también subraya la importancia de incorporar el análisis de otros mecanismos de desigualdad, ya que la clase social no es el único factor explicativo de las variaciones actitudinales, ni siempre el más relevante para comprender estos fenómenos (Wright, 2005).

Desde esta perspectiva, el objetivo del análisis microsocial es determinar el peso relativo de la posición de clase social, en un esquema de análisis que incluya una diversidad de factores explicativos de las variaciones en las preferencias redistributivas. Dentro de la diversidad de factores que pueden ser incluidos en este tipo de modelos analíticos se encuentran las típicas variables sociodemográficas como el género y la edad, pero también variables actitudinales como la orientación política de las personas y su autopercepción de clase que han demostrado tener un efecto significativo sobre las preferencias de políticas de redistribución de los individuos (Brown-Iannuzzi et al., 2015; Pérez-Ahumada y García-Castro, 2024). La expectativa teórica es que las personas autoidentificadas con la clase trabajadora y que postulen una orientación política hacia la izquierda o centro-izquierda del espectro ideológico tenderán a presentar posturas más favorables a las políticas de redistribución.

En segundo lugar, la propuesta analítica de Wright enfatiza la relevancia de pasar del nivel microsocial (centrado en factores determinantes de las preferencias redistributivas que expresan los individuos) al nivel macrosocial, centrado en analizar cómo se cristalizan diferentes formaciones ideológicas de clase en una sociedad determinada. El estudio de la articulación entre variables macro y microsociales para la explicación de las preferencias redistributivas tiene una larga tradición en la literatura, enfocada en el efecto de variables de nivel societal como puede ser el índice de Gini o el índice de desarrollo humano. En estas investigaciones se testean las hipótesis de que hay factores asociados al contexto de cada país que determinan los estándares de desigualdad percibida y justificada, así como los niveles aceptables de redistribución (García-Sánchez et al., 2020).

En el caso del enfoque macrosocial propuesto por Wright, la pregunta nos orienta a la manera en la que se distribuyen las preferencias redistributivas en relación con una estructura de clases sociales determinada (Wright, 1997). La pregunta central en este nivel de análisis desde el enfoque de Wright es la siguiente: ¿Cómo se agrupan las diferentes clases sociales en el mapa ideológico de los debates respecto de las políticas de redistribución socioeconómica? ¿Existe un bloque que agrupa posiciones de clase contrarias a la redistribución en antagonismo a otro bloque ideológico de clases sociales que son, en promedio, más favorables a la redistribución? ¿Cuáles son las clases sociales que conforman cada uno de estos bloques ideológicos con respecto a las políticas de redistribución socioeconómica?

En términos teóricos, el concepto que guía este tipo de análisis macrosocial es el de “formaciones de clase” que podemos definir, siguiendo a Wright, como fuerzas sociales que emergen en el marco de estructuras de clase a partir de relaciones sociales de tipo cooperativo entre diferentes posiciones de clase orientadas a la concreción de un interés material compartido (Wright, 1997). En otras palabras, las formaciones de clase expresan agrupamientos de diferentes clases sociales que son afines entre sí con respecto, entre otras cosas, a un determinado posicionamiento sobre la distribución de recursos económicos en una sociedad. En nuestro artículo buscamos identificar qué clases sociales presentan actitudes promedio similares frente a las políticas de redistribución socioeconómica y analizar en qué medida esos agrupamientos reproducen las fronteras estructurales que distinguen a las clases privilegiadas de los distintos segmentos de la clase trabajadora.

El objetivo final de este tipo de análisis es utilizar la información microsocial relevada por las encuestas (las actitudes de las personas sobre la redistribución) para hacer un diagnóstico global respecto del tipo de alianzas sociales que pueden apoyar o rechazar las políticas de redistribución. Es importante aclarar que este tipo de investigaciones son realizadas bajo el supuesto teórico-metodológico de que algunos aspectos de la estructura social pueden ser reconstruidos a partir de las características de las unidades individuales que la conforman (Sautu et al., 2005). Es decir, si bien se trata de un análisis de tipo macrosocial porque el objetivo es reconstruir analíticamente un rasgo de una sociedad determinada, la información de base utilizada para esta reconstrucción sigue siendo de tipo individual.

El paso analítico de lo micro a lo macro nos permitirá responder algunas preguntas centrales sobre la sociedad argentina actual: ¿Hay una polarización de clase social con respecto a las políticas de redistribución? O, por el contrario, ¿hay miradas sobre la redistribución que son transversales a las diferentes posiciones de clase? Las respuestas a estas preguntas nos permitirán determinar cuáles son las alianzas posibles entre clases sociales en la Argentina contemporánea con respecto a las políticas de redistribución. La identificación de estas alianzas comprenderá el grado y tipo de apoyo que pueden tener los diferentes tipos de políticas redistributivas. En particular, podremos determinar si estamos en presencia de una sociedad polarizada en términos ideológicos en donde las posiciones de clase propietarias tienen posturas antagónicas a la redistribución y los diferentes segmentos de la clase trabajadora tienen posturas favorables a la redistribución. También podremos establecer, en el marco de esta potencial polarización, cuál es el rol de los sectores medios de la sociedad y cómo son aquellos que ocupan puestos gerenciales y profesionales: ¿Tienden, en promedio, a alinearse con las posturas de las clases propietarias o tienen mayores afinidades, en promedio, con las posturas redistributivas de la clase trabajadora?

Preguntas e hipótesis de la investigación

Con base en la literatura relevada y el enfoque teórico-metodológico de nuestro artículo, el análisis de los datos se propone testear una serie de hipótesis con respecto al vínculo entre posición de clase y preferencias redistributivas. Dividimos estas hipótesis en dos grupos. El primer grupo, de nivel microsocial, se concentra en los mecanismos de tipo individual que pueden estar relacionados con preferencias favorables o contrarias a las políticas de redistribución socioeconómica. En segundo lugar, planteamos dos hipótesis de nivel macrosocial, con el foco en cómo se agrupan las diferentes clases sociales de la Argentina con respecto a las políticas de redistribución y si dan lugar (o no) a la conformación de bloques ideológicos polarizados respecto a este tipo de políticas. A continuación, las hipótesis que guiarán nuestro análisis:

Hipótesis de nivel microsocial

Hipótesis N° 1. Las personas ubicadas en posiciones de clase privilegiadas en la estructura de clases (empleadores/as, profesionales autónomos/as, gerentes/as, supervisores/as y profesionales asalariados/as) expresan mayores niveles de rechazo a las políticas redistributivas que las personas ubicadas en las posiciones de clase trabajadora ampliada (proletariado formal, proletariado informal y cuentapropismo informal).

Hipótesis N° 2. Con respecto a las variables sociodemográficas principales, se espera que las mujeres y los jóvenes sean los grupos más favorables a las políticas de redistribución, en comparación con los varones y las personas de mayor edad.

Hipótesis N° 3. Con respecto a las variables actitudinales, se espera que las personas identificadas con la clase trabajadora expresen un mayor apoyo a las políticas redistributivas que las personas ubicadas en la clase media. A su vez, esperamos que las personas con identificaciones políticas hacia la izquierda/centroizquierda del espectro muestran mayor apoyo a las políticas de redistribución que las personas ubicadas hacia el centro y la derecha.

Hipótesis de nivel macrosocial

Hipótesis N° 4. Se espera que haya dos formaciones ideológicas de clases polarizadas entre un polo “pro-mercado” que agrupa a las clases privilegiadas (empleadores/as y pequeña burguesía) y un polo “pro-Estado” que agrupa a las posiciones de clase trabajadora ampliada (proletariado formal, proletariado informal y cuentapropismo informal). Se esperan diferencias estadísticas significativas entre ambos polos y cercanía en los promedios de las posiciones de clase ubicadas al interior de cada uno de estos polos.

Hipótesis N° 5. En el marco de una estructura de clases polarizada ideológicamente, se espera que los sectores medios (gerentes/as y profesionales asalariados/as) expresen posturas cercanas a las de las clases propietarias. Esto conformaría un polo antagónico a la distribución conformado por las posiciones privilegiadas por posesión de recursos (económicos, educativos o de autoridad/autonomía), enfrentado a un polo favorable a la distribución en el que encontraremos a los diferentes segmentos de la clase trabajadora.

Datos y métodos

Los datos analizados en el presente artículo provienen de una selección de preguntas de la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas públicas durante la pandemia por Covid-19 (ESAyPP/Pisac-covid-19) relevada a una muestra probabilística de 5.239 personas adultas residente en localidades de la Argentina urbana entre octubre y diciembre de 2021 (Dalle y Di Virgilio, 2022). Las preguntas permitieron la construcción de nuestra variable dependiente para la medición de las preferencias ciudadanas sobre la intervención del Estado en la economía y una serie de variables independientes para evaluar los efectos de diferentes factores sociodemográficos y actitudinales sobre estas percepciones. A continuación, describimos brevemente las variables incluidas y el tipo de estrategia de análisis a desarrollar:

Variable dependiente: preferencias subjetivas sobre políticas redistributivas

Este índice es una variable compleja de tipo cuantitativa que se propone captar las actitudes que tienen las personas respecto de una serie de políticas de redistribución socioeconómica orientadas a aumentar los aportes de los sectores ricos de la sociedad argentina durante la pandemia y a redistribuir esos aportes a sectores con mayores necesidades socioeconómicas. Los insumos para la construcción del índice fueron las respuestas a seis preguntas incluidas en la encuesta ESAyPP/Pisac-covid-19 que consultaban por el grado de acuerdo de los/as encuestados/as con las siguientes medidas de intervención estatal:

1. Ingreso extraordinario para familias vulnerables (IFE),

2. Prohibición de despidos y doble indemnización,

3. Impuesto extraordinario a las grandes fortunas,

4. Congelamiento de alquileres y tarifas,

5. Mayores impuestos permanentes a la riqueza, y

6. Renta universal permanente para familias vulnerables.

La construcción del índice se realizó otorgando un valor de -1 al desacuerdo con cada medida, un 0 para la opción neutral y un +1 al acuerdo con cada medida. Si bien la encuesta incluyó preguntas sobre nueve políticas, siguiendo la literatura sobre la construcción de índices basados en ítems tipo Likert, se excluyeron del índice aquellas políticas cuyas correlaciones con el resto de los ítems resultaron inconsistentes (Babbie, 1996). Tal como explicamos en un trabajo anterior (Elbert y Morales, 2022)., las respuestas sobre ATP y sobre las propuestas de bajar impuestos a pymes y a grandes empresas tuvieron una baja performance en el análisis de correlaciones múltiples, por lo cual fueron excluidas del índice final.

De esta manera, el índice resulta de una sumatoria simple de las respuestas de los/as encuestados/as para cada una de las medidas, con un valor máximo de 6 para las posturas “prodistributivas” máximas y un valor de -6 para las posturas “antidistributivas” máximas:

La construcción del índice se realizó siguiendo los criterios de análisis estándar para escalas tipo Likert. El primer paso fue un análisis de correlaciones múltiples para observar si cada ítem individual se comportaba en relación con los otros ítems de manera coherente con la orientación ideológica que se esperaba capturar. En el caso de los ítems seleccionados, todos tuvieron entre sí correlaciones positivas, que van desde el 0,23 para la correlación más baja hasta el 0,45 para la más alta (Tabla 3). Este resultado valida la construcción del índice, ya que, al tratarse de opiniones sobre diferentes medidas de redistribución, es de esperar que todas tengan entre sí correlaciones positivas.

En segundo lugar, pasamos a evaluar la capacidad de cada ítem para distinguir entre las diferentes orientaciones. Para ello, se identificaron los 2 cuartiles extremos en la distribución del índice y a partir de ello se conformaron 2 grupos. El primer grupo contenía al primer cuartil de la distribución, es decir, el cuarto de encuestados/as con miradas más “antidistributivas”. El segundo grupo incluyó a los encuestados/as del último cuartil, que expresaron las miradas más “prodistributivas” de la muestra. Luego de ello, se realizó un t-test de comparación de promedios para evaluar la diferencia en los puntajes de cada grupo y en todos los casos las diferencias resultaron estadísticamente significativas. Finalmente, se analizó el coeficiente Alpha de Cronbach, que resultó en un valor de 0,7478 para la combinación de los seis ítems seleccionados. Según la literatura, un valor de 0,7 es suficiente para aceptar la confiabilidad y validez del índice.

Es importante aclarar que al construir el índice asumimos que todas las preguntas estaban orientadas a captar la misma dimensión (grado de acuerdo con políticas de redistribución). La evaluación unidimensional de un índice de este tipo se realiza mediante su performance en el Alpha de Cronbach y no es necesario realizar un análisis factorial de este. De todas maneras, para confirmar nuestra presunción teórica de unidimensionalidad, sometimos los 6 ítems a un análisis de componentes principales (PCA por sus siglas en inglés). Los resultados (presentados en la Tabla 4) indican que solo un componente tiene un eigen-valor mayor a 1, por lo cual se confirma la existencia de una dimensión que capta las variaciones en los datos.

Variables independientes: clase social, variables actitudinales y sociodemográficas

La variable independiente central en nuestro análisis es la clase social, ya que el artículo se propone explorar de qué manera y en qué medida las diferencias en posiciones de clase objetivas de las personas afectan sus preferencias redistributivas. En particular, utilizamos un esquema de clases sociales inspirado en la propuesta del marxismo sociológico de Erik Olin Wright (1997), que despliega una serie de dimensiones para la categorización de los individuos en posiciones de clase, incluyendo la posesión/no posesión de los medios de producción, calificaciones escasas y recursos de autoridad en el proceso de trabajo. Estos clivajes resultan en un esquema que ubica dentro de las clases privilegiadas a las siguientes posiciones de clase: empleadores (por la posesión de los medios de producción), gerentes/as y supervisores/as (recursos de autoridad) y por posesión de credenciales educativas se incluyen a los profesionales asalariados/as y los/as cuentapropistas calificados/as (con título terciario o universitario).

Por otro lado, el esquema incluye a una clase trabajadora ampliada, que contiene 3 segmentos según su inserción en el proceso de producción y su condición de informalidad. El primer segmento que denominamos “Proletariado formal”, que incluye a aquellos/as asalariados/as que no tienen altas calificaciones y tampoco posiciones de autoridad en el proceso de producción y cuyo modo de remuneración es regulado por el Estado –tomando como indicador el aporte jubilatorio por parte de la patronal– (Gasparini y Tornarolli, 2007). En segundo lugar, el “Proletariado informal” incluye a asalariados/as en similares inserciones ocupacionales al proletariado formal, pero cuya relación de dependencia no se encuentra registrada en la seguridad social (los empleadores no les pagan el aporte jubilatorio). Y, finalmente, encontramos al cuentapropismo informal (también denominado no calificado), que incluye a aquellos/as autoempleados/as que no cuentan con estudios superiores completos y realizan actividades autónomas de subsistencia. Si bien en términos estrictos el indicador para el cuentapropismo informal debería ser si tiene o no monotributo, ante la ausencia de este dato en la mayoría de las encuestas es práctica usual en América Latina utilizar como indicador proxy el nivel educativo (Gasparini y Tornarolli, 2007). En nuestro esquema de clases tiene más sentido teórico utilizar la etiqueta de “cuentapropismo informal”, aunque es importante aclarar que esta categoría es la misma que en otros análisis puede aparecer como “cuentapropismo no calificado”.

Un segundo grupo de variables independientes que se desprenden de las hipótesis y la literatura revisada tienen que ver con aspectos sociodemográficos de la población como el género y la edad, que se intuye pueden tener algún efecto sobre las preferencias redistributivas ya que han sido identificadas como relevantes en la explicación de la creciente relevancia de las orientaciones políticas de derecha en la Argentina (Goldentul y Saferstein, 2022). Si bien no son aspectos centrales de nuestro análisis, son variables que serán incluidas en los modelos de regresión. Finalmente, sumaremos un grupo de variables actitudinales que también pueden tener influencia sobre las preferencias redistributivas. En primer lugar, incluiremos en el análisis la variable autopercepción de clase, categorizada de manera dicotómica en un grupo con identidades de clase media y otro grupo con identidades de clase trabajadora. Otra variable actitudinal a tener en cuenta es la autoubicación de las personas en una escala ideológica que va de la extrema derecha a la extrema izquierda. Esta variable fue reconstruida a partir de una pregunta de identificación partidaria que fue incluida en el cuestionario^[4]. La última variable actitudinal para tener en cuenta será la afiliación sindical, como un indicador de un comportamiento en el mundo laboral que puede tener influencia por sobre las preferencias redistributivas de las personas.

Estrategia de análisis estadístico micro y macrosocial

Con base en estas variables, el artículo postula una estrategia de análisis estadístico que articula los niveles microsocial y macrosocial de análisis. El punto de partida del análisis es una regresión lineal multivariada que se propone testear diferentes modelos de análisis para la explicación de las variaciones en las preferencias redistributivas. La comparación de estos modelos se realiza mediante el procedimiento estándar de incorporación sucesiva de variables teóricamente relevantes en modelos anidados. Comenzamos el análisis con un modelo bivariado simple, para luego ir incorporando diferentes variables sociodemográficas y actitudinales que funcionarán como control.

Una vez realizado el análisis de los determinantes individuales de las preferencias redistributivas, el trabajo se focaliza en testear las hipótesis de carácter macrosocial respecto del tipo de alianzas entre clases sociales que sostienen las diferentes miradas redistributivas en la Argentina. Siguiendo el trabajo pionero de Erik Olin Wright (1997) sobre este tema, desplegamos una sección de análisis enfocada en los efectos de la posición de clase social sobre las preferencias redistributivas, asumiendo valores constantes para todas las otras variables incluidas en el modelo final de análisis multivariado (género, edad, identidad de clase y orientación política). Para ello, utilizamos los resultados de la regresión multivariada para construir un modelo de predicción de promedios que permita conocer el valor estimado de la posición de clase una vez que se dejen todas las otras variables en sus valores promedios o modales.

En términos operativos, se trata de una estrategia metodológica simple, en la que la información estadística micro-relevada mediante encuestas es utilizada como un proxy de la información macrosocial requerida para este tipo de modelos de análisis. En particular, se propone un análisis comparado de los valores promedio predichos –y sus intervalos de confianza respectivos– de las diferentes clases sociales con respecto a las políticas de redistribución, con el objetivo de identificar cuáles son las posiciones más similares entre sí y cuáles son las que presentan mayores diferencias con respecto a estos posicionamientos.

El objetivo principal de este tipo de análisis es determinar si se pueden identificar grupos de posiciones de clase que asuman, en promedio, posiciones similares con respecto a las políticas de redistribución. Para ello, establecemos un criterio empírico organizado alrededor de los intervalos de confianza de los valores predichos para las diferentes posiciones de clase. El criterio que definimos indica que una posición de clase pertenece a una alianza de clases prodistributiva si el intervalo de confianza de su promedio predicho se superpone con el intervalo de confianza de la posición de clase más favorable a la redistribución y, a la vez, no tiene superposición con el intervalo del promedio para la posición más antagónica. De manera similar, la alianza de clases antagónica a la distribución estará conformada por todas las posiciones cuyos intervalos de confianza tengan superposición con el intervalo de la posición más antagónica a la distribución y no tenga superposición con los valores predichos para la posición más favorable. Aquellas posiciones cuyos valores no se distingan claramente de alguno de los dos polos estarán ubicadas en un espacio ideológico intermedio no definido claramente a favor de ninguna de las posiciones polarizadas.

Una explicación multinivel sobre las preferencias redistributivas de los/as argentinos/as

El primer paso analítico consiste en conocer los grados de apoyo que expresó la ciudadanía de Argentina hacia las diferentes políticas de redistribución socioeconómica durante la pandemia de covid-19. Este análisis es un paso previo para avanzar en el interés central de nuestro artículo, que se refiere a la relación entre posición de clase social y preferencias redistributivas. En la siguiente Tabla 5 presentamos los resultados descriptivos del análisis, que muestran el porcentaje total de apoyo que expresaron las personas encuestadas a cada una de las políticas que conforman nuestro índice:

La primera conclusión que nos brinda la Tabla 5 es que el fuerte apoyo a las medidas redistributivas en la población argentina fue alto durante la pandemia de covid-19. Con respecto a las políticas efectivamente implementadas, la que mayor aprobación obtuvo fue el congelamiento de alquileres y tarifas. En un contexto que combinó inflación con recesión, la ciudadanía valoró que el gobierno regule el precio de esos servicios y bienes esenciales. Otra de las políticas que obtuvo mayores niveles de apoyo fue la implementación del Ingreso Familiar Extraordinario (IFE), que brindó una suma de dinero extraordinaria a familias de bajos recursos. El resto de las políticas muestran apoyos entre el 50% y el 60%, que siguen siendo bastante altos.

En resumen, podemos observar que había un consenso en la población de Argentina respecto de la necesidad de que el Estado regule los precios y brinde apoyos económicos a las poblaciones más vulnerables. En un contexto de emergencia epidemiológica, las políticas de redistribución fueron bien consideradas por las personas encuestadas, como una forma de generar una red de contención a los sectores más pobres de la sociedad. Asimismo, hubo un apoyo importante a las políticas destinadas a obtener recursos extraordinarios, como lo fue el impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

Esta evidencia respecto del apoyo a las políticas de redistribución sirve de disparador para comenzar a responder la pregunta central de nuestra investigación: ¿Qué factores están asociados con las variaciones en las preferencias redistributivas de la ciudadanía durante la pandemia? En particular, ¿hay diferencias significativas entre clases sociales respecto a las miradas sobre las políticas de redistribución? En las siguientes dos secciones de análisis responderemos estas preguntas combinando un enfoque microsocial centrado en factores individuales con un enfoque macrosocial que se pregunta por las ubicaciones promedio de las diferentes clases sociales en el espectro ideológico de las opiniones sobre la redistribución.

Los determinantes individuales de las preferencias redistributivas de los/as encuestados/as

En esta sección nos preguntamos cuáles son los factores de nivel individual que influyen sobre las preferencias redistributivas de las personas. Siguiendo la literatura sobre el tema, el artículo postula un análisis centrado en la posición de clase social, ya que se espera que las diferencias en recursos económicos, de calificaciones y de autoridad vinculados a las clases pueden influir sobre las evaluaciones de políticas que redistribuyen socialmente los recursos socioeconómicos. Efectivamente, tal como muestra la Tabla 6, la posición de clase social tiene un efecto significativo sobre las preferencias redistributivas, incluso controlando por diferentes variables de tipo sociodemográfico y actitudinal^[5]:

En primer lugar, podemos observar en el esquema bivariado del Modelo 1 que la clase social tiene un efecto significativo sobre las preferencias redistributivas. Es importante resaltar que la posición de referencia en nuestro análisis es la de las y los gerentes, quienes son asalariados/as formales con posiciones directivas altas y medias en las estructuras empresarias. Cuando comparamos el efecto de las diferentes posiciones, podemos ver que la única categoría con miradas en promedio similares a la de los gerentes es la de las y los empleadores, mientras que todas las otras posiciones presentan diferencias significativas con la clase de referencia. Las mayores diferencias hacia opiniones favorables a la redistribución se dan entre los/as profesionales asalariados/as, el proletariado formal, el proletariado informal y el cuentapropismo informal. Por otro lado, las posiciones de clase de supervisores y las y los cuentapropistas calificados tienen diferencias menores con los/as gerentes, aunque también se ubican en posiciones más favorables hacia la redistribución.

En términos generales, el Modelo 1 nos presenta un panorama interesante respecto de las orientaciones de las personas de diferentes clases sociales hacia las políticas de redistribución, ubicando a las y los gerentes como aquellos más antagónicos a las políticas redistributivas y al proletariado informal como la posición de clase más favorable a las mismas. El Modelo 2 incorpora dos variables sociodemográficas de relevancia para este tipo de análisis, como son el género y la edad. Al comparar estadísticamente este modelo con el anterior, podemos ver que ambas variables tienen un efecto significativo (las mujeres y las personas de mayor edad son las más favorables a la redistribución), pero su incorporación no anula el efecto original de la clase social. La comparación entre ambos modelos mediante el LR Test indica que la inclusión de las variables sociodemográficas es significativa, aunque los coeficientes individuales de estas variables son, por lo general, menos relevantes que aquellos de las diferentes categorías de clase.

Para finalizar el análisis de los determinantes individuales, incorporamos un conjunto de variables actitudinales, que incluyen la afiliación sindical, la autopercepción de clase social y la orientación político-ideológica. Es importante destacar que las tres variables se comportan conforme a lo previsto en la hipótesis N° 3. Es decir, aquellas personas que están afiliadas a un sindicato, que se identifican con la clase trabajadora y que tienen una orientación política más hacia la izquierda tienden a mostrar, en promedio, opiniones más favorables hacia las políticas de redistribución. Si bien el efecto de las tres variables es significativo, se destacan con coeficientes más relevantes la autopercepción de clase y la orientación política de las personas.

Con respecto a la autopercepción de clase, las personas autopercibidas en la clase trabajadora tienen, en promedio, posiciones más favorables a las políticas de redistribución en comparación con las personas que se autoperciben como parte de la clase media (con un coeficiente estandarizado de 0,10). A su vez, existe una relación entre la clase social objetiva y la autopercepción de clase que, si bien no fue incorporada en los modelos presentados, podría explorarse en futuros análisis mediante la inclusión de interacciones. Las personas de clase trabajadora tienden a autodefinirse como tales, y esta coincidencia entre posición objetiva y percepción subjetiva podría reforzar los niveles de apoyo a la redistribución.

Con respecto a la orientación política, podemos observar que es la variable individual más relevante para explicar cambios en las opiniones sobre las políticas redistributivas. Esto tiene un sentido teórico y empírico, ya que es lógico que aquellas personas autoidentificadas con el peronismo o la izquierda sean las que tienen un mayor grado de acuerdo con las políticas de redistribución. En este punto, es interesante observar que en el Modelo 3 la inclusión de variables sociodemográficas y actitudinales no anula el efecto de la posición de clase sobre las opiniones acerca de la redistribución. Si bien todos los coeficientes estandarizados disminuyen en su efecto, el modelo muestra que se mantienen relevantes las diferencias estadísticas entre las diferentes posiciones de clase y la posición de referencia (gerentes).

En términos globales, la inclusión de las variables actitudinales tiene un gran impacto sobre el R2 (explicado centralmente por la inclusión de la variable de orientación política), siendo el modelo que comparativamente explica una mayor proporción de las variaciones en la variable dependiente. Un hallazgo interesante del Modelo 3 es que la variable edad arroja un coeficiente negativo, lo que significa que a mayor edad crecen las orientaciones progresistas respecto de las políticas públicas. Si bien el efecto es pequeño (cercano a cero), la dirección del mismo es coherente con hallazgos de estudios cualitativos sobre el tema (Goldentul y Saferstein 2022).

Perspectiva macrosocial: formaciones de clase en la Argentina con respecto al posicionamiento ideológico sobre las políticas de redistribución

En la sección anterior analizamos los determinantes individuales de las actitudes hacia las políticas de redistribución socioeconómica mediante un análisis de regresión lineal multivariada. Este análisis nos permitió identificar los aspectos de las personas encuestadas que tienen un mayor impacto en sus preferencias sobre políticas redistributivas. Uno de los hallazgos principales de este análisis fue la persistente influencia de la posición de clase social sobre las preferencias redistributivas, incluso luego de controlar por una serie de variables sociodemográficas y actitudinales. En esta sección queremos tomar esta conclusión como punto de partida para mapear las posiciones de las diferentes clases sociales en el espectro ideológico de la sociedad argentina, con el objetivo de identificar las alianzas entre clases que sostienen las diferentes miradas sobre la necesidad de políticas de redistribución socioeconómica en la Argentina.

En términos teóricos, esta exploración parte del concepto wrightiano de “formación de clase”, definido como los lazos de solidaridad y cooperación entre personas al interior de una posición de clase o entre personas de diferentes posiciones de clase orientados a la persecución de sus intereses materiales de clase (Wright, 1997). La pregunta central desde esta perspectiva es la siguiente: ¿Qué clases sociales tienen mayor afinidad entre sí respecto a sus orientaciones sobre la distribución de recursos económicos en la sociedad? ¿Existen agrupamientos de diferentes posiciones de clase con respecto a sus miradas promedio sobre las políticas de redistribución? La respuesta a estas preguntas nos permite identificar variaciones en las formaciones de clase de diferentes sociedades, desde las más polarizadas ideológicamente en términos de clases a otras en las cuales las clases sociales no determinan posicionamientos ideológicos sobre la distribución de recursos materiales. ¿Cómo podemos caracterizar a la Argentina de la pandemia en el marco de estas posibilidades? ¿Existen afinidades entre diferentes posiciones de clase respecto a las políticas redistributivas? ¿Existen bloques que agrupan diferentes posiciones de clase favorables y contrarias a las políticas redistributivas?

En términos empíricos, la propuesta de Wright para responder a estas preguntas es realizar una reconstrucción del mapa ideológico de las clases de nivel macrosocial a partir de los datos microsociales provistos por los estudios por encuesta. En particular, el autor propone utilizar el promedio de las actitudes que tienen las personas de una posición de clase respecto las políticas de redistribución socioeconómica como un proxy de la orientación político-ideológica de esa clase social respecto de la distribución de esos recursos. En nuestro caso, proponemos la reconstrucción de estas miradas a partir de un análisis de promedios predichos para cada posición de clase controlando por el resto de las variables incluidas en la regresión lineal multivariada. Este método de análisis nos permite reconstruir, como vemos en la Figura 1, el promedio de actitudes hacia políticas redistributivas de las personas de una clase social, controlando por el resto de las variables sociodemográficas y actitudinales. A su vez, presenta un intervalo de confianza para esos promedios, lo que nos brinda información sobre cuáles son las diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes posiciones de clase (aquellas con intervalos no superpuestos):

Lo primero que se destaca es que el espectro ideológico de las distintas posiciones de clase en Argentina presenta dos extremos claramente definidos. Por un lado, las perspectivas más contrarias a las políticas de redistribución fueron sostenidas por los gerentes, quienes, con un valor promedio de 2,4, representan el núcleo del polo “antiredistribución” en la Argentina de la pandemia. En el extremo opuesto, el proletariado informal fue la clase más favorable a las políticas redistributivas, con un promedio predicho de 3,7 (más de un 50% superior al de los gerentes). Esto confirma la información brindada por la regresión lineal, aunque en este caso la representación gráfica y los intervalos de confianza estadísticos nos permiten una exploración de las dinámicas de formación de alianzas entre clases que se pueden inferir de estos datos.

Estos promedios, junto con sus intervalos de confianza, constituyen los puntos de referencia para mapear un espectro ideológico polarizado, en el que se ubicarán las demás posiciones de clase. La tarea ahora es poder definir si en la Argentina existen formaciones de clase alrededor de cada uno de estos extremos ideológicos. Tal como señala Wright, estas formaciones no incluyen sólo a las posiciones más extremas del espectro (gerentes y proletariado informal en nuestro caso), sino también a aquellas que se encuentran más cercanas a ellas en términos estadísticos. Para poder definir estas posiciones, establecimos que serán parte de las respectivas formaciones de clase aquellas posiciones cuyo intervalo de confianza tenga una superposición con la posición núcleo y a la vez no tenga superposición estadística con ninguna de las posiciones de la formación opuesta. En otras palabras, definiremos como una formación de clase al grupo de posiciones cuyos intervalos de confianza se encuentren superpuestos y a la vez tengan diferencias estadísticas significativas con el grupo de posiciones de clase que sostienen la mirada antagónica sobre la redistribución.

Utilizando este criterio, identificamos dos formaciones policlasistas polarizadas que se ubican a ambos extremos del espectro ideológico. Por un lado, la formación de clase más antagónica a la redistribución incluye a los gerentes y a los empleadores, que son las posiciones con promedios más bajos de todo el mapa de clases y sin superposición con las posiciones de clases ubicadas en la formación antagónica. Por otro lado, el núcleo ideológico más favorable a la redistribución presenta al proletariado informal en conjunto con los profesionales asalariados y el proletariado formal. Observando la Figura 1, podemos ver claramente como ambas formaciones de clases tienen fronteras bien delimitadas, ya que el punto más alto de las posiciones antiredistribución (identificado con el valor de 3,27 del límite superior del intervalo de los empleadores) no llega a tener superposición estadística con la frontera señalada para las posiciones favorables a la redistribución (que identificamos con el valor de 3,5; límite inferior del intervalo del proletariado formal).

Finalmente, la figura nos permite identificar a una serie de posiciones de clase que se ubican en una posición intermedia con respecto a las políticas de redistribución. Del lado de las más contrarias a estas políticas, pero que no llegan a cumplir el criterio de pertenencia a esta formación, podemos encontrar al cuentapropismo calificado. Si bien el intervalo de confianza de esta posición de clase tiene mayor cercanía al de los gerentes, observamos que su límite superior traspasa la demarcación que habíamos establecido y se ubica en el terreno de la alianza más favorable a la redistribución. Por otra parte, los supervisores y el cuentapropismo informal presentan una situación similar, aunque partiendo de valores más altos. Estas posiciones tienen promedios que las ubican más cerca de la alianza “prodistribución”, pero a su vez el límite inferior de su intervalo de confianza traspasa la frontera de la formación “antidistribución”. De esta manera, estas tres posiciones pueden ser consideradas como “intermedias” en el marco de miradas ideológicas más polarizadas.

Discusión y conclusiones

El análisis de las preferencias redistributivas en Argentina durante el primer año de la pandemia de covid-19 ha revelado patrones claros de apoyo a las políticas redistributivas en un contexto de crisis económica y sanitaria. A pesar de la crisis, la mayoría de la población expresó un respaldo significativo a medidas como el congelamiento de alquileres y tarifas y el Ingreso Familiar Extraordinario (IFE), lo que sugiere un consenso general sobre la necesidad de la intervención estatal para mitigar los efectos de la desigualdad y la vulnerabilidad social. No obstante, este apoyo no es homogéneo, ya que las preferencias redistributivas están influenciadas por la posición de clase social, las características sociodemográficas y las orientaciones políticas de los individuos.

En este artículo hemos confirmado que la clase social juega un rol crucial en la formación de opiniones sobre las políticas redistributivas, en articulación con otras variables relevantes como la orientación política, el género y la autopercepción de clase. Con ello no queremos afirmar que la clase social será siempre y en todo lugar la variable más relevante para explicar orientaciones redistributivas, ya que el efecto puede variar según el momento del trabajo de campo, el tipo de preguntas incluidas y los esquemas de clase utilizados. Por el contrario, con estos resultados nos proponemos contribuir al creciente interés (no carente de debates) por investigar lo que Asussa y Benza (2023) denominan la “dimensión cognitivo-narrativa de la desigualdad” en el contexto de los profundos cambios políticos y sociales de la Argentina reciente (Maceira, 2025).

Con respecto a las variables sociodemográficas, las mujeres y las personas de mayor edad se muestran más favorables a la redistribución, aunque su efecto estadístico en los modelos es moderado o bajo. Por otra parte, es más relevante el impacto de la orientación política, siendo las personas de izquierda o centro-izquierda más favorables a la redistribución, al igual que las personas autoidentificadas con la clase trabajadora. Estas variables sociodemográficas y actitudinales, aunque relevantes, no anulan el impacto de la clase social, que sigue siendo el factor determinante más significativo en las preferencias redistributivas.

Cuando pasamos del análisis microsocial al análisis macrosocial centrado en la clase, pudimos observar que se confirmaban algunas de nuestras hipótesis y se debían matizar otras con base en la evidencia empírica. En primer lugar, podemos afirmar que existe cierto grado de polarización ideológica entre clases en la Argentina, con un bloque prodistribución conformado por el proletariado informal, el proletariado formal y los profesionales asalariados, enfrentado a un bloque antidistribución que contiene a gerentes y empleadores.

Sin embargo, dentro de este mapa polarizado, aparecen algunas posiciones de clase que se mantienen, en promedio, en una posición intermedia del espectro ideológico. Este es el caso del cuentapropismo calificado y no calificado, y de los supervisores. En resumen, no existe en la Argentina una polarización absoluta entre clases, sino que hay dinámicas polarizadoras que incluyen un espacio intermedio no definido entre estas posiciones extremas. En particular, podemos resaltar lo que aparece como una diferenciación ideológica entre el sector asalariado y el sector cuentapropista de la fuerza de trabajo informal, siendo los primeros más favorables a la redistribución que los segundos. Tal como se señala en otro trabajo sobre este tema (Maceira y Elbert, 2025), el clivaje de la autonomía laboral precarizada pareciera ser un factor que va ganando peso en la explicación de las orientaciones ideológicas y redistributivas en la Argentina contemporánea.

Esperamos que estas conclusiones puedan aportar al necesario debate sobre el futuro de las políticas de reducción de la desigualdad en América Latina, una de las regiones más desiguales del planeta. Nuestras sociedades están experimentando vertiginosos cambios tanto a nivel político como social, en el contexto de un capitalismo cada vez más desigual y en el cual los procesos de cambio tecnológico afectan cada vez más dinámicas laborales, políticas y sociales. En este contexto, la Argentina presenta una paradoja interesante, ya que niveles altos de apoyo a las políticas de redistribución se combinaron, un tiempo después, con un apoyo electoral a una fuerza política que sostiene una mirada política antagónica a la intervención del Estado en la economía y las políticas orientadas a la reducción de la desigualdad social. ¿Cómo podemos explicar que una sociedad que en pandemia mostró un fuerte apoyo a la redistribución un tiempo después votó por un programa político antagónico a estas políticas públicas?

La respuesta a esta pregunta excede las ambiciones del presente artículo, pero nos orienta a investigaciones futuras en las cuales debemos comprender no sólo los condicionamientos de las preferencias redistributivas, sino también su efecto sobre las opciones electorales y las dinámicas políticas más generales de una sociedad. Asimismo, este estudio abre la puerta a futuras investigaciones comparativas, que podrían arrojar luz sobre cómo se configuran las posiciones sobre la redistribución en otros contextos nacionales durante periodos de crisis. En este sentido, es crucial seguir investigando la articulación de procesos micro y macrosociales en diferentes países para explicar cambios en las actitudes hacia la redistribución y su articulación con el voto y el comportamiento político. Es condición necesaria, aunque no suficiente para sostener en el tiempo políticas públicas inclusivas y sostenibles en contextos de creciente desigualdad.

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Notas