Introducción

Pueblada, levantamiento, crisis, reclamo, corte, piquete, florecían como lo hacen los cardos: entre las condiciones más difíciles, marcados por la adversidad, aunque visibles y contundentes. El ciclo de movilizaciones y demandas populares de finales del siglo XX en Argentina constituyó una etapa que, a todas luces, inauguró nuevas formas de interpelación entre el Estado y sus actores sociales. La sostenida participación del espacio público fue conformando, a partir de la segunda mitad de la década de los 90, un ciclo de protestas por parte de desocupados, empleados públicos, movimientos campesinos e indígenas, diferentes grupos sociales que cargaban las marcas del proceso de ajuste salvaje que el gobierno de Carlos Menem imprimió sobre la Argentina (De Piero, 2005). La conflictividad social entonces alcanzó expresiones de importante visibilidad: los casos de las ciudades neuquinas de Cutral Có y Plaza Huincul, General Mosconi y Tartagal, en Salta, incluso los movimientos de trabajadores desocupados que devinieron en las organizaciones que resistieron los hechos de diciembre de 2001 (Klachko, 2004).

Sin embargo, poca tinta corrió sobre “el 99” en Corrientes. O por lo menos es lo que sostienen algunos de los y las protagonistas de aquella “gesta”. Y utilizamos el término gesta por dos razones. La primera de ellas, porque las voces que recuperamos para la elaboración de este artículo identifican al Correntinazo del 99 desde esta acepción. Y la segunda es porque nos interesa comprender la significatividad de los sucesos (el porqué de su trascendencia), aun cuando entendemos que esa significatividad no será unívoca. ¿Cuál fue el contenido de la gesta? ¿Qué límites franqueó el Correntinazo? ¿Qué alambrados “atropelló^[5]” con fuerza arrolladora el movimiento generado por las y los estatales correntinos? ¿Cuáles fueron los aspectos catalizadores del conflicto?

Nos interrogamos buscado establecer diálogos entre las subjetividades emergidas de aquellas circunstancias a fin de construir una interpretación desde su centralidad como conflicto, pero desde la periferia de las teorizaciones que intentan explicarlo: casi como en una labor de arqueología, desde este trabajo y apoyados en el recupero de las memorias orales, iremos desgranando el suelo, ordenando materiales, identificando lugares y estructuras. Una característica unifica estos elementos: su sustrato, la pertenencia a una configuración cultural que lejos de ser, en palabras de Rosana Guber (2001), un dominio nítido de la realidad, permea gran parte de los discursos y que, por lo tanto, entendemos necesario incorporar.

En términos metodológicos, este ejercicio de recupero/rastreo de la memoria activa, que afecta y otorga sentido a las expresiones, prácticas y sentidos en torno al Correntinazo, fue posible desde las etnografías de la memoria, las cuales privilegian este tipo de construcciones, instaladas en espacios y territorios culturales con una carga de historicidad ineludible (en términos de subjetividades y politicidades^[6]). De ello, lo que los sujetos signifiquen en la actualidad referirá a aquella institucionalidad elaborada colectiva e históricamente por múltiples subjetividades. Tal como lo sostienen Gil y Ramallo (2012: 7), “los procesos sociales suelen ser recordados a partir de una multiplicidad de voces y subjetividades que se producen en el marco de contextos que habitualmente caracterizan las luchas por el sentido”.

Recuerdo, memoria, olvido y presente. El acto de rememoración es en sí praxis social, en tanto se erige sobre pilares sociales, culturales, históricos y políticos, unidos por la argamasa de la intersubjetividad (Kuri Pineda, 2017; Ricoer, 1997; Rivaud, 2010). Nuestra apuesta metodológica busca precisamente estimular esa reactualización del pasado en el presente^[7], pues “la memoria -dinámica, transformable, definida por recuerdos y olvidos siempre fluctuantes en la tarea de reconstrucción- se inscribe en nuestro presente y nos atraviesa” (Neira Castro, 2020: 2). Como marco de significados de naturaleza colectiva, su carácter es dinámico, dado que “la memoria es siempre la producción colectiva de un asunto significativo que es continuamente puesto a deliberación y a nuevos consensos” (Ramos, 2021: 14). Pero también contiene un carácter performativo, porque es en la centralidad del presente, como lugar o espacio en el que residen las experiencias, en donde se sustancian los asuntos recordados, tomando como vehículo por excelencia el acto conversacional.

De allí que la entrevista socioantropológica haya sido el instrumento que hemos privilegiado para esta ocasión. De ello, hemos trabajado con referentes sindicales, de organizaciones sociales y con trabajadores autoconvocados de especial protagonismo durante aquella etapa, a quienes identificaremos desde sus adscripciones laborales de origen^[8]. Asimismo, para terminar de delinear el paisaje del conflicto, también hemos apelado a la prensa escrita, así como a las producciones independientes que emergieron en el marco del movimiento.

Finalmente, una advertencia. Este ejercicio de memoria de un hecho de gran importancia en la historia reciente de la provincia de Corrientes no busca cristalizar una imagen del pasado^[9]. Entendemos que son las mismas tramas de poder(es), las dinámicas en el ejercicio de ese(esos) poder(es) las que operan para construir diferentes visiones y versiones del Correntinazo, las cuales son bienvenidas en el marco de este posicionamiento epistemológico que hemos abrazado.

Componentes de la conflictividad

La evidencia teórica de naturaleza crítica es generosa en demostrar la complejidad de las conflictividades que emergen de las relaciones sociales. En su base, como elementos inmanentes y polaridades en permanente interpenetración, el par contradictorio capital-trabajo opera como núcleo de la inestabilidad. El fenómeno socioeconómico llamado trabajo se funda a partir de una contradicción basada en la asimetría de una relación (inicialmente) diádica: patrón y obrero, empleador y empleado. El primero posee la capacidad de concentrar la propiedad y el control de los recursos económicos, mientras que el segundo solo cuenta con su fuerza de trabajo y la pone a disposición (en el marco de algún tipo de contrato de trabajo), con el objetivo de contar con una contraprestación que le garantice los medios para su reproducción y la de su familia (Marx, 1976 citado en Neffa, 2003).

Esta lectura, que inaugura los marcos de entendimiento y conflicto entre actores de naturaleza tan disímil, ha formado parte de las interpretaciones más clásicas en torno al trabajo y su objeto: el trabajo industrial, formal, asalariado, de naturaleza fordista, propio de configuraciones socioproductivas y laborales de países centrales, que busca incentivar la productividad con el objeto de obtener beneficios. En nuestros contextos periféricos^[10], marginales, la organización del trabajo y de la fuerza de trabajo opera bajo una dinámica asociada a matrices tradicionales, de nula o reducida competitividad, en donde el rol de capitalista se confunde con el poder político^[11]. El trabajo estatal, entonces, funciona como reparo de aquellas deficiencias sobre el mercado de trabajo que la misma política estatal no logra componer^[12]. De allí nuestro afán de empatar las lógicas de mantenimiento del poder y del control sobre la fuerza de trabajo en el Estado, sosteniendo la contradicción esencial en la correlación de fuerzas.

Si la conflictividad emana de la relación de trabajo, pues esta premisa se articula con el conjunto de aspectos históricos, culturales y políticos que modelizan las expresiones de lo social (movimientos, organizaciones sociales, sindicatos, entre otros). Así, se yuxtaponen en planos porosos o –valga la metáfora textil– se tejen con diversas hebras, colores, puntos, tramas, para lograr una tela que permita dar cuenta de la interdefinición de las dimensiones estructurales y aquellas que derivan de la acción colectiva y de los significados (culturales, identitarios, simbólicos, volitivos) volcados a la misma.

¿Cómo pensar la conflictividad emergida en el Correntinazo del 99 integralmente? Quizás, una arista pueda ser recuperarla desde aquellos sujetos colectivos que dinamizaron y/o surgieron al fragor de los hechos y demandas. Si bien sostenemos que la contradicción primaria entre capital y trabajo constituye un núcleo imperecedero de la conflictividad moderna, adherimos a la perspectiva althusseriana respecto a la validez de recuperar otras contradicciones “con orígenes diferentes, pudiendo atender así las especificidades y la diferencia, examinando las múltiples determinaciones para así dar cuenta de las particularidades en tiempo y espacio” (Galafassi, 2017: 21). Entre ellas se contarán las “significaciones, representaciones, interrelaciones, construcciones ideológicas, legitimaciones de liderazgo y rangos por pre disposiciones psicológicas, relaciones de poder y construcciones de hábitus cotidianos, etc., además de la trama política” (Galafassi, 2017: 18). Estas otras dimensiones estructurales de la acción colectiva emergerán en los discursos de nuestros consultantes, especialmente los apelativos respecto de la identidad compartida, la relación con la autoridad y la búsqueda de legitimidad en los liderazgos^[13] forjados al calor de aquel conflicto, todo ello amalgamado en un acto de disputa del poder político^[14].

Estas dimensiones, que por su definición intersubjetiva se presentarán como de naturaleza contradictoria, permitirán asomarnos a la comprensión de la génesis y el discurrir del conflicto. Y especialmente nos permitirán entender que de esta multiplicidad de condiciones brota una complejidad en permanente discusión/reedición y que no nace ni se agota en el hecho o circunstancia conflictiva en análisis. La temporalidad del Correntinazo y las memorias de la crisis dan cuenta de dos aspectos que dialogan en este análisis, tales como “la producción de tiempos/espacios dominantes y subalternos en el orden social y la apropiación-producción por parte de los sujetos (la elaboración de lugares de resistencia y disputa)” (Retamozo, 2009: 103).

¿Una provincia sin problemas? Antecedentes de conflictividad en Corrientes

El pasaje de la década del 60 a la del 70 en Argentina estuvo impregnado por sentidos vinculados a la resistencia, expresados en distintas puebladas y levantamientos obrero-estudiantiles. El “ciclo de los azos” (Fernández et al., 2013; Gordillo et al., 2019) significó una serie de movilizaciones y protestas populares, de los cuales el “Cordobazo” y el “Rosariazo” pueden encontrarse como los más estudiados. No obstante ello, otros de menor alcance acaecidos en lugares más periféricos del país, pero con igual o mayor contenido reivindicatorio, ocuparon parte de la escena. El Correntinazo de mayo de 1969 emerge así como parte de esta etapa de protestas^[15].

El sufijo “azo” trae consigo un componente disruptivo y de desestabilización que da cuenta de una circunstancia o conjunto de circunstancias que, en términos de la demanda social, son necesarias de revertir. Asimismo, lo aumentativo del sufijo construye imagen de relevancia de la situación. No fue cualquier momento ni cualquier lugar.

La producción de cientistas sociales sobre ese Correntinazo en particular es relativamente moderna y se asienta en el aporte de Zarrabeitia (2003), Millán (2013) y Campusano (2017). Sobre estos antecedentes, aunque mayormente sobre la producción periodística y estudiantil^[16] en torno al suceso, se han construido significados y explicaciones acerca de los valores constitutivos de aquellos hechos del 69: coraje, valor y lucha.

Como un ejercicio de la memoria social, correntinos y correntinas de las generaciones posteriores a 1950 se han apropiado de la significatividad de los hechos, pero por sobre todo de lo que representaron: el primer y único levantamiento contra la autoridad instituida^[17], en un marco de acción directa, violenta y colectiva.

No es un registro menor entonces que a la crisis institucional, social y política que vivió Corrientes tres décadas después se le asignara la misma denominación, el “Correntinazo del 99^[18]”, para distinguirlo de aquel del ciclo 1969-1974.

El reclamo como un acto de locura

Cuando en agosto de 1998 un grupo de trabajadores y trabajadoras que reunían la condición de militantes sindicales de las áreas de Vialidad, Ministerio de Educación y Poder Judicial de la provincia, agremiados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), empezaron a marchar por las calles de la ciudad Capital de la provincia, poco hacía sospechar los carriles que luego tomaría el reclamo de aquellos cuatro o cinco loquitos^[19]. Y es que la convocatoria realmente no era cuantiosa: podían casi contabilizarse y por lo tanto identificarse con mucha precisión a los involucrados en las marchas, cuestión que los movilizados sostenían como de conocimiento público. Vinculado a ello, una de nuestras consultantes docentes nos decía: “Recuerdo que una tarde estábamos frente a la Legislatura y salió Garay^[20] y me miró fijamente [hace las señas de dos dedos que cruzan de mirada a mirada], y me dijo: ¡Y usted es docente! A lo cual yo le respondí: ¡Sí! [lo dice estruendosamente, recuperando el gesto de aquel momento]. A lo que me respondió: ¡Y no le da vergüenza!”.

Y es que rebalsar los límites de lo funcionalmente establecido, en este caso el “comportamiento esperado” para una docente, se constituía en un desafío, en un atrevimiento propio de aquellos que habían perdido la cordura. Mucho más cuando esos “locos” eran identificables.

Al recorte salarial del 25% establecido por el entonces gobernador Pedro Braillard Poccard, perteneciente al mismo partido del intendente de la Capital, Raúl “Tato” Romero Feris, se sumó en diciembre el no pago del segundo medio aguinaldo. Durante los meses del verano subsiguiente, la situación financiera de la provincia se agravó, especialmente por la falta de aprobación del presupuesto para el año 1999.

Finalizado el receso estival e iniciado el ciclo lectivo, el funcionamiento pleno de la administración estatal dio pie a la puesta en común de las inquietudes, demandas y dificultades salariales por las cuales estaban atravesando los empleados y empleadas públicas. Esto se vio especialmente favorecido en las escuelas primarias y secundarias de la Capital, en las que las asambleas promovidas por los y las docentes se convirtieron rápidamente en el espacio de discusión y planificación de las estrategias a desplegar ante la situación que se estaba viviendo.

Sin embargo, a inicios de abril, aquello que primeramente constituyó una demanda de índole económica, concreta y traducida en el recorte a los salarios y el retraso en el pago de los mismos fue dando paso a la integración de una serie de críticas más del orden de lo político, de lo institucional y también de lo simbólico. La base del reclamo se amplió y nuevas áreas de la estructura estatal se plegaron a las manifestaciones de disconformidad, inicialmente expresadas en marchas hacia la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de gobierno provincial. La docencia, uno de los colectivos más cuantiosos de la plantilla de personal público (le sigue en importancia la policía), encabezaba estas movilizaciones que ya habían perdido el calificativo peyorativo señalado en párrafos anteriores. A la petición de regularización salarial, se le fueron sumando a lo largo de los meses posteriores cuestionamientos respecto de las mismas formas desde las que se gestionaba lo público en la provincia: la prebenda, la privatización de lo público, la particularización y el enchamigamiento^[21], como elementos emergentes resignificados por los empleados públicos en términos de hastío, constituyeron el telón de fondo de esta crisis.

La emergencia de un sujeto colectivo con la suficiente solidez para disputar no solo lo que le es propio por derecho (el reclamo salarial), sino especialmente enfrentar las lógicas y prácticas políticas que hasta el momento no habían sido puestas en discusión, resultó una novedad en el aparente sosiego conservador provinciano. Un título del 5 de junio de 1999, publicado en el diario El Litoral, propiedad de Carlos Romero Feris (hermano de “Tato” Romero Feris), daba cuenta de esta mutación. En una provincia conservadora, la clase dirigencial en su conjunto fue sorprendida ante un nuevo repertorio de prácticas desde los sectores subalternos, quienes “ahora” exigían.

Además, había que estar loquito para reclamar. Entonces, ¿en qué consistía esa locura?

Y en realidad, yo no creo que sea miedo a perder el laburo. En los contratados puede ser. Creo que es cultural, digamos. Acá hay identificación ideológica con el patrón siempre. Y el patrón decepcionó esta vez, porque dejó de pagarte. Así que fue una ruptura como el ad

No es menor el apelativo a la figura paterna en la cita precedente, y especialmente el momento de ruptura y discusión de la autoridad característico de la adolescencia. Para la mayoría de nuestros entrevistados, discutir esa autoridad, romper con la tal “identificación ideológica” que señala nuestro consultante, implica reconocerse como un otro, en asimetría de condiciones, revelado como un sujeto con potencial político. Y cuando se enfatiza en la cuestión cultural, claramente se expone la fortaleza del arraigo de este patrón de relación establecido entre trabajadores estatales y empleadores (las gestiones de gobierno), casi de índole paternalista.

Lo que el poder político de aquella etapa no había previsto fue que la multiplicación exponencial de la locura: para mediados de mayo de 1999, las marchas reunían a más de veinte mil trabajadores estatales, encabezados por las docentes (y acompañados por los policías, los que se habían acuartelado por su imposibilidad de ejercer el reclamo vía acción directa).

Las marcas visibles e invisibles del conflicto

En ese marco de resurgimiento e identificación de la clase trabajadora estatal con su dimensión política, surge la figura del autoconvocado, en el cual “se había condensado un nivel tal de interpelaciones como muy pocas veces se ha visto en la historia correntina” (Avellaneda, 2007: 5). Como sujeto individual, quien se definía como autoconvocado daba cuenta de un núcleo de sanciones hacia las formas tradicionales de ejercer la ciudadanía laboral, tal el rol de los sindicatos. Esta movilidad desde lo democrático a lo popular no permaneció incólume durante el proceso, sino que se vio permeado por el devenir de las circunstancias (de hecho, como “movimiento de autoconvocados” desapareció al año siguiente^[22]). Una docente, un empleado del registro civil, una médica del hospital de niños, una empleada del Instituto de Vivienda de Corrientes, entre las múltiples pertenencias (e identidades) institucionales existentes en la estructura del empleo público provincial, podían sentirse incluidos en esta definición, sin mediar ningún tipo de adscripción formal ni organización/estructura al respecto. Su heterogeneidad les calificaba, aunque también la multiplicidad de sus demandas: desde el pago de los salarios adeudados hasta el hartazgo respecto de las relaciones político-institucionales vigentes, desde la modificación de las formas de gestionar la cosa pública y ejercer el gobierno por parte del entonces Partido Nuevo hasta la necesidad de “hacerse escuchar”.

cuando se cansa el correntino es bravo. Es como que sale y sale, ¿viste? […] Pero para que se canse tienen que pasar muchas cosas. Tienen que combinarse un montón de cosas, y sobre todo la inestabilidad en el bolsillo. (Empleado estatal)

De ese “montón de cosas” a las que se alude, las más concretas se vinculaban a demandas del tipo laboral.

Imagen 1. Recorte del periódico “Aguanta” (Benetti, 1999). Extraído de Por qué estamos en la Plaza, en “Aguanta. Hoja del pueblo correntino autoconvocado”. Mes de Julio, Año 0, Nº28.

La cuestión salarial dominaba el panorama, seguida por la regularización de la seguridad social y por el pedido de retorno a la democratización de los entes autárquicos de la provincia. Esto no es un punto menor, aunque ocupe el último lugar de las demandas que figuran en la imagen precedente.

Los “entes autárquicos”^[23] son organismos altamente especializados, independientes en su gestión de la Administración central y con participación democrática de los interesados. Sin embargo, desde 1992, todos y cada uno de los gobiernos que se sucedieron en el Poder Ejecutivo provincial han utilizado el recurso de la intervención administrativa como “instrumento para avanzar sin aval legislativo y sin límite temporal sobre las potestades de los entes descentralizados” (Goldfard, 2016: 86).

Pedir la regularización de estos organismos descentralizados significaba poner en territorios de disputa las formas de ejercer la autoridad en aquellos segmentos de la estructura burocrática que limitaban, a través de instituciones formales, el ejercicio unitario del poder. Esta demanda específica ponía en jaque uno de los elementos más sólidamente incorporados a la interpretación de la gestión de los trabajadores en el Estado: la legitimidad de aquella autoridad empezaba a tambalear. Al respaldo que otorgaba la institucionalidad burocrática, en este caso expresada en la normativa que regula las intervenciones a los organismos descentralizados, se le adicionaba la corporización del reclamo, concretizada en las prácticas de vulneración de derechos verificadas por los trabajadores de estos institutos.

Del conjunto de organismos descentralizados, el Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor) era el que más vinculación tenía con las trabajadoras y los trabajadores, dada la naturaleza de sus funciones: velar por la salud y bienestar de sus afiliados activos y pasivos. Pero, a la cuestión institucional descripta en el anterior párrafo, se le sumaba una dimensión bien concreta. La angustiosa situación salarial, con los recortes y retrasos, tenía su correlato en las vidas y salud de los trabajadores y las trabajadoras. Y una de las consecuencias del deterioro del poder adquisitivo fue, precisamente, el aumento de la demanda de servicios de salud, el cual se multiplicó durante aquella etapa. Demandas a las cuales el Ioscor no podía responder justamente por encontrarse desfinanciado: los prestadores cancelaron sus servicios, y los trabajadores quedaron sin la protección de su obra social.

Porque fue extremo pue, ¿viste? Fue la situación límite […] pero ya pasó a ser casi una cuestión de vida o muerte, ¿me entendés? Porque el Ioscor andaba mal, vos no tenías para comer, cómo pagabas el transporte, con las arbitrariedades de designaciones o no designaciones. Todo, ¿entendés? Pero se llegó a un límite, se llegó a un límite. Y lo económico fue EL límite. (Trabajadora docente)

Las marcas del conflicto se inscribían en los cuerpos de los estatales correntinos. La lucha no se circunscribía a los momentos de choque, levantamiento o expresión en las calles, sino que se trasladaba a los hogares e impregnaba todos los ámbitos de la vida. El problema económico, que generalmente se constituye en el elemento liminar de la conflictividad en el marco de las sociedades modernas, aquí también era calificado como el elemento que condensaba el hartazgo y la reacción social: la tensión entre los elementos tangibles e intangibles del conflicto -o en todo caso el diálogo entre ambos- es un aspecto que nos interesa rescatar.

Casi como una oposición dialéctica, encontramos que aquello que falta, el contenido de la demanda en este conflicto, se impregna de referencias simbólicas fuertes, tales como la dignidad, valor que se constituyó en bandera del levantamiento, y sino recordemos cómo esta polaridad quedó reflejada en los nombres que asumió el acampe de más de doscientas carpas durante casi seis meses en la plaza 25 de Mayo: de Plaza del Aguante a Plaza de la Dignidad.

Ahora, ¿qué peso tuvieron los elementos intangibles/simbólicos en el desarrollo de este conflicto? ¿Es posible pensar escisiones entre lo simbólico y lo material?

A mí una vez […] me dio tanta indignación un periodista (que) me dice: “Bueno, (que nosotros) mucho dignidad, dignidad, pero en realidad lo único que nos importa es el bolsillo”. Y le digo: Y, bueno, que si el bolsillo está vacío, ¿qué dignidad se está respetando? Dignidad es poder dar de comer a tus hijos, y no podés. Dignidad es poder vestirlos, y no podés. Dignidad es poder darles una educación, y no podés. Todo eso es dignidad. Si el bolsillo está vacío, vos estás aniquilado… (Trabajadora docente y militante social)

Diego Cazorla (2000) en uno de los textos sobre el levantamiento con mayor circulación en Internet, titulado justamente “El Correntinazo”, sostiene que “quizás para alguien que no haya vivido ‘el aguante’ le resulte difícil comprender este punto, pero básicamente se trataba de una sensación colectiva de recuperación de la identidad de un pueblo que parecía dispuesto a hacerse cargo de revertir una larga historia de sometimiento. Esta es la razón por la que la Plaza 25 de Mayo, escenario del aguante fue rebautizada por la gente con el nombre de “’Plaza de la Dignidad’” (p. 7).

Se coloca entonces a la identidad social como un núcleo que compendia una serie de atributos socialmente significativos, que permite identificar a estos actores de otros y otras. Una historia compartida permite por lo tanto diferenciarse de otros grupos o colectivos. Y la referencia casi obligada entre nuestros consultantes se refleja en las formas que asume la conflictividad en la orilla del frente: la provincia del Chaco y específicamente su ciudad capital, Resistencia. Este ejercicio comparativo distingue el carácter más “combativo” de los trabajadores resistencianos, el permanente “estado de alerta”, la capacidad de “tomar las calles” y “ejercer el derecho al reclamo” (construcciones que se mantuvieron estables entre todos nuestros consultantes).

En tanto coproducción, la identidad se alimenta de sentidos e interpretaciones que resultan relevantes para los integrantes de determinados colectivos. Rosana Guber sostiene que

estos sentidos se construyen en un continuo y complejo entramado de relaciones sociales en el seno de una estructura social. Los atributos que canalizan una identidad son los depositarios de esos significados los que, a su vez, se asientan en y debaten con el esquema normativo y valorativo dominante, el “buen orden”, el “buen sentido”, y con otros esquemas alternativos. (1984: 1)

El Correntinazo vino a subvertir ese esquema normativo y valorativo dominante, asociado a las construcciones en torno a la “correntinidad”, como una colección de propiedades vinculadas a la pasividad, la docilidad y la mansedumbre. Y paradójicamente son estos los elementos que nuestros consultantes recuperan al momento de pensarse en este marco de conflictividad. Los puntos de quiebre, los límites o extremos que se experimentaron durante aquella etapa fueron tales y de tal magnitud que tensionaron las nociones de identidad vigentes, sorprendiendo a propios y ajenos.

A mí me gustaría recordar, pero ya no recuerdo, ¿sabés? El autoritarismo y las arbitrariedades en el campo de la educación. La célebre Chun^[24]… se volvía intolerable. Me encantaría poder decirte ejemplos, pero ya seguro que no tengo más… solo tengo la certeza y hasta el sentimiento mientras te voy hablando, el sentimiento de indignación que nos producían muchas arbitrariedades de este personaje. Eso fue muy determinante también, además de lo salarial. La sensación de estar inmersos en un sistema de injusticia, digamos. Y de arbitrariedad. Y bueno. Mi memoria no da para más. (Trabajadora docente y militante social)

Claramente, en la definición e interpretación de los elementos de quiebre o de aquellos límites que fueron forzados, el sector de proveniencia opera como marco para tal identificación. Lo que nuestra consultante sentía (siente) como indignante se vincula a injusticias específicas del campo docente que “ya no las recuerda”. Sí quedan vívidas las sensaciones que aquello le provocaba.

En el caso de uno de nuestros entrevistados que se desempeñaba en un área de comunicación institucional de la administración provincial, el permanente bombardeo mediático, operado a través de un importante blindaje llevado adelante por las principales radios y diarios de la provincia^[25], resulta el punto de quiebre.

El Notitato^[26] tuvo que ver, la agresión pública continua hacia todo lo que no sea el líder… fue fuerte, goebbeliano fue, de terror. Por ahí nos olvidamos ya, pero... era el continuo escenario de conflicto. Te ibas a dormir, digamos, y querés relajarte y te puteaban porque sos de los cincuenta loquitos, porque sos legislador de otro partido… todo estaba mal, menos Tato. Y eso yo creo que también cansó. (Empleado de la administración central)

El pensamiento único, la “bajada de línea” como reforzamiento para la cooptación de voluntades, resultó una estrategia utilizada intensamente durante los gobiernos nuevistas^[27] en Corrientes. El nivel de propaganda y la intensidad de los mensajes era tal que excedía la publicidad de las acciones de gobierno. “Usaban una música medio mesiánica^[28] y lo mostraban al Tato caminando entre el barro. Era medio macabra la voz en off, ni me acuerdo lo que decía, pero la verdad metía miedo” (Trabajadora de un ente autárquico y referente sindical).

Sin embargo, esta práctica de toma fáctica de los medios de comunicación no resulta privativa de los gobiernos del PaNu. Nos hemos encontrado con referencias de nuestros consultantes, correspondientes a otras circunstancias.

Yo me acuerdo que una vez me fui a una reunión para organizar lo de Margarita Belén, me invitaron. No me acuerdo qué año era, hace mucho. Nosotros no teníamos espacio en los medios para nada. Nosotros teníamos que negociar con el director, con el jefe de redacción para que pongan una cosita así, dos párrafos: “se busca a Rómulo Artieda, desaparecido, ta, ta”. Todo era negociaciones, o sea, teníamos que hablarle una hora y pico. Me voy al Chaco y estaban organizando lo de Margarita Belén, y yo les preguntó: “Cómo se va a difundir esto”. “Vamos a hacer una conferencia de prensa”, me dijeron. Y yo me reí, porque pensé que me estaban bromeando. (Empleado estatal y militante social)

Pensar por fuera de los discursos “oficiales” de los gobiernos y estructuras de poder de la provincia de Corrientes implica, por lo tanto, desafiar el adoctrinamiento y correr el riesgo de ser tildado de “conflictivo”. Esto es una cuestión que discute de manera directa uno de los elementos identitarios más fuerte entre los correntinos y correntinas: la mansedumbre.

Yo creo que tiene que ver con la historia. Yo creo, yo estoy convencido de que es así, que nuestro pueblo es muy manso, muy apegado a la religiosidad popular y demás, y ve como un valor el no ser conflictivo. El 99 fue una excepción. (Militante social)

Ser manso implica ajustarse a las formas en las que el poder hegemónico determina el ideal de ciudadanía y, en consecuencia, su comportamiento. En una provincia con una fuerte matriz política conservadora, el ocultamiento del conflicto, su minimización y/o su tramitación por canales que no impliquen escaladas resulta una práctica característica. Y quienes expongan de alguna manera indicadores de conflictividad resultan señalados como infractores a las lógicas dominantes

(Hay) un modo de ser docente. Y el docente que es ejemplo. ¡Y qué mal ejemplo le está dando al chico!, ¡cómo va a hacer eso si es ilegal cortar una calle! ¿Cómo vos vas a hacer algo ilegal? Y entones yo le decía a la gente de los medios: “¿Pero no es ilegal que no me paguen? ¿Y no es ilegal que no me paguen en término? ¿Y no es ilegal que no me paguen todos mis beneficios? Y entonces, ¿cuál ilegalidad es primera? ¿Cuál ilegalidad es la causa de mi ilegalidad?”. Ese era mi razonamiento […] Y bueno, como había todo ese modo de ser, que tenías que ser ejemplo vos, ya cuando, cuando monseñor dijo: “Lo justo hay que defender y métanle”. ¿Sabés qué? (Trabajadora docente y militante social)

El “modo de ser”, que en Corrientes orgullosamente se sostiene y entiende como “ñanderekó^[29]”, se encuentra vinculado a la referencia que nuestra consultante aporta acerca del rol de la Iglesia y de la religiosidad como marca de identidad correntina.

Durante el Correntinazo, esta institución ocupó un lugar definitorio en la demarcación del cauce de los hechos. Si en un primer momento del conflicto (fines de 1998 a marzo de 1999) eran los docentes de las escuelas públicas quienes traccionaban las acciones, ya para abril, y ante la venia del Arzobispado de Corrientes, acrecentaron el paisaje de las movilizaciones las escuelas privadas confesionales^[30].

Entonces ahí monseñor dice: “Lo justo es justo, y si tienen que reclamar, reclamen. La Iglesia los acompaña”. Listo. Habilitó. Y […] conocía muchos colegas que les pareció una barbaridad, ¿entendés? Eso de “¿cómo vas a salir a cortar la calle?”. Pero que el obispo te diga: “Mirá, ¿sabés qué? Si es justo y hay que reclamar, andá a reclamar. Eviten la violencia”, fue lo que él dijo, ¿viste? No sean violentos… pero reclamen por lo suyo. (Trabajadora docente y militante social)

El aporte de la Iglesia católica de Corrientes puede considerarse fundamental desde el punto de vista que marca la docente. Las homilías e intervenciones del arzobispo Castagna constituían nortes para gran parte de la comunidad correntina movilizada. Sin embargo, por la institucionalidad de su rol, Castagna no participaba activamente en las marchas y movilizaciones, sino que lo hacía a través de otros sacerdotes comprometidos con la causa social^[31], legitimando de esta manera la protesta.

Algunas inquietudes se desprenden de la observación del rol que sostuvo la Iglesia católica correntina en los hechos del 99. Más allá del cuidado por proponer cursos de acción que no promuevan escaladas del conflicto y el acompañamiento “pastoral”, especialmente a los docentes de las escuelas dependientes de su órbita (en un claro mecanismo de autorización de la protesta), cabe dejar planteados algunos interrogantes como líneas de trabajo a desarrollar. Especialmente cuáles fueron los elementos que operaron como desencadenantes de la participación activa de la Iglesia. Y, por el contrario, cuáles los fundamentos del repliegue y llamamiento al regreso a las aulas a todos los docentes de escuelas confesionales, aún sin haberse resuelto la situación salarial, luego de la suspensión y remoción del gobernador e intendente en julio del 99[32].

Liderazgos y estrategias durante el Correntinazo

Encontramos por lo tanto una marca de liderazgo concreta en el rol del Arzobispado de Corrientes, especialmente durante la primera etapa del conflicto, por supuesto derivada de su pregnancia social como institución. Si bien no operaba en el terreno de las decisiones operativas, sí se trasladaba su peso ideológico a los movilizados, a las discusiones acerca de las estrategias a seguir y a la forma de comprender la dinámica cada vez más compleja que iba asumiendo el conflicto.

La multiplicidad, la heterogeneidad de voces que conformaron Correntinazo, los sectores políticos y sociales involucrados, las organizaciones con arraigo como los sindicatos y aquellas “novedosas” como los “Autoconvocados”, se conjugaron en un tiempo y espacio, en el intento de formular “una instancia colectiva, de crear algo, aunque sea un cuerpo colegiado, pero tratar de unificar más o menos, tener una mirada…” (Empleado estatal y militante social). Si bien los intereses no eran ni homogéneos ni estables, sí permanecía intacto el interés iniciático del conflicto: la cuestión salarial, la cual no fue resuelta incluso luego del colofón, con los sucesos del 17 de diciembre de 1999.

Por lo tanto, la dimensión de liderazgo jugaba un papel situacional y en permanente resolución. Un ejemplo de ello fue el “Cabildo Abierto”, que se formó hacia agosto de aquel año, “cuando ya se fueron los primeros sectores, los que estaban interesados que se le eche al gobierno nada más” (Militante social). Muchos de los movilizados en la primera etapa (de marzo a julio, y que se sellara con la destitución de Romero Feris y Braillard Poccard) eran militantes y/o simpatizantes de los partidos que asumieron el “Gobierno de Coalición^[33]” y creían en la llegada de sus partidos al nivel nacional y, por lo tanto, a la habilitación de fondos.

Ante la partida de los sectores vinculados a la nueva coalición, el paisaje de la plaza cambió. También, a instancias del pedido realizado por el Arzobispado, se retiraron del acampe las escuelas confesionales y quedaron algunos sectores vinculados a organizaciones de Derechos Humanos, sindicatos, entre otros. “Cabildo Abierto” realizaba asambleas en la plaza, en la cual tomaban la palabra regularmente sus integrantes, desarrollando extensas argumentaciones e interpretaciones acerca de la continuidad del conflicto. La dinámica de estos espacios era horizontal y participativa, sin embargo

se deliraba mucho, no sé si creían que estaban en una situación prerrevolucionaria, ¿viste? Pero había gente que no pisa la tierra, que cree que la realidad se va a acomodar al documento que vos escribís, y no es así pue. Tenés que ver cómo generás correlación de fuerzas. Primero tenías que entender cuántos quedaron. Ya quedamos muy… ya quedamos no tanta gente, quedaron muy pocos después que cayó el gobierno provincial. (Empleado estatal y militante social)

Como pasaban los meses y el “Gobierno de Coalición” no resolvía el tema salarial, quienes resistían en la plaza se encontraban en un estado de radicalización muy importante. El ánimo confrontativo era alto, y la relación construida con la dimensión colectiva del conflicto se iba desdibujando. La estrategia de mayor visibilidad (hacia los gobiernos nacional y provincial, pero también hacia los propios trabajadores estatales) y al mismo tiempo de mayor conflictividad era la toma del puente que une las provincias de Chaco y Corrientes.

Los integrantes del movimiento subieron en tres oportunidades al puente General Belgrano. La primera de ellas fue el 7 de junio del 99, día en el cual decidieron además la instalación del acampe en la plaza 25 de Mayo, rebautizada Plaza del Aguante y luego de la Dignidad. La segunda a finales de julio, ya suspendidos los gobernantes del PaNu y con el gobierno de coalición sin respuestas al reclamo.

La tercera y última oportunidad fue el 10 diciembre (día de la asunción al gobierno nacional de Fernando de la Rúa). Este corte, decidido por Autoconvocados, gremios y militantes de organizaciones sociales, se extendería durante diez días y sellaría el fin de la expresión concreta del conflicto^[34]. Los intentos de desalojo del puente y la violenta represión de la protesta por parte de Gendarmería Nacional el 13 de diciembre no hicieron más que reavivar aquella energía que había empezado a languidecer desde agosto, cuando se retiraron de la protesta varios sectores.

“Quiero hablar con los encargados, los responsables del corte”, dijo el jefe del operativo de Gendarmería Nacional. ¡Y bajaron como 200! Nadie reconocía como un liderazgo único. Bajaban la gente de Cabildo Abierto, de los sindicatos, representantes de cada uno de los movimientos, y era un malón, ¿viste? […] Era la nada misma, y a la vez éramos todos. Todos los sectores se sentían parte del asunto, pero vinculados desde diferentes aristas: desde lo económico, desde lo político, desde lo ideológico… Hubo quienes pensamos que se podían establecer reglas nuevas. (Militante social)

La constitución de legitimidades en torno a las figuras de liderazgo resultó interpelada durante los hechos del 99. La historia correntina es generosa en figuras fuertes, de autoridad, caudillísticas. En la matriz cultural, el poder reside en el “jefe”, quien aglutina las voluntades de sus seguidores. “Tato” Romero Feris representaba todo ello y paradójicamente también significó la clausura temporal de aquellas prácticas de sostenimiento y legitimación del poder. Y decimos temporal en tanto la oportunidad abierta por la crisis derivó en un movimiento espasmódico, que no encontró sostenibilidad en el tiempo.

La horizontalización de la participación, la puesta en marcha de ciertos elementos de la democracia participativa, la toma del espacio público y la experiencia de “animarse” a elevar la voz por encima de los poderes hegemónicos no lograron consolidar figuras de representación colectiva. Los liderazgos que prosperaron durante aquella etapa eran difusos, heterogéneos y hasta podríamos sostener que se encontraban en fases muy iniciales en el ejercicio de la representación. La legitimidad emergida en aquel contexto era situacional, contingencial, respondía a las urgencias del momento. La consecución de las demandas, sea una negociación política o la resistencia más cruda a los dispositivos de coacción estatal, requería de perfiles diversos, que se agotaban en la acción.

No es llamativo entonces que la memoria signifique las figuras de liderazgo surgidas del 99, nuevamente vinculadas a las formas tradicionales de “hacer política” en Corrientes. Si el colofón del movimiento “Autoconvocados” fue el cese de actividades a inicios del 2000, el surgimiento de nuevos “caudillos” en la escena política -algunos incluso de activa participación en la “Plaza de la Dignidad”^[35]- no fue un resultado inesperado.

De la condena a las “formas tradicionales de hacer política”, encarnadas en Romero Feris como una premisa de circulación permanente en el levantamiento del 99, a la emergencia de apellidos^[36] ya no del grupo de los “notables”, en el sentido de familias históricamente ligadas al poder terrateniente, aunque con prácticas de relación con la ciudadanía de naturaleza similar a la sancionada por el Correntinazo, el ciclo de la ilusión y el desencanto -emulando aquel libro de Llach y Gerchunoff- se inscribe en las interpretaciones acerca de este proceso trunco.

Conclusiones de un hito inconcluso: identidad, autoridad y liderazgos en permanente reedición

Una movilización de nueve meses, un ciclo lectivo sin clases en las escuelas, un acampe en la plaza central de la ciudad Capital -y de otras importantes plazas del interior de la provincia- que se extendió durante medio año, un gobernador y un intendente destituidos, un corte de puente que culminó con la mayor de las violencias ejecutada por la Gendarmería Nacional enviada por el flamante presidente Fernando De la Rúa y el arribo de una Intervención Federal (la número 17) a la provincia, fueron los resultados más visibles de aquella etapa.

Un estallido de potencia inusitada conmovió las interpretaciones en torno al empleo estatal y su gestión, a la autoridad y al poder derivado de las instancias colectivas. Las esquirlas de aquella explosión aún perduran en los cuerpos y especialmente en las memorias construidas sobre la gesta. Aún duelen los muertos, la indignación, el terror y las arbitrariedades.

Nos preguntábamos al inicio de este artículo cuáles fueron los límites que franqueó el Correntinazo, el contenido del levantamiento, las cuestiones que significaron el conflicto. El ejercicio de intentar rastrear algunos rasgos de la memoria colectiva sobre aquellos hechos nos trajo inmediatamente a la actualidad de la conflictividad, en tanto no son hechos que hayan “quedado” en la historia, sino que se amalgaman en las interpretaciones presentes acerca del reclamo, las reivindicaciones y las potencialidades de la fuerza de trabajo estatal como sujeto colectivo.

La contradicción fundante del vínculo entre empleadores y trabajadores quedó expuesta en la demanda inicial del levantamiento: la cuestión salarial definitivamente operó como elemento aglutinante del descontento, de la incomodidad, de la necesidad de empujar cambios en las formas de sostener las relaciones entre trabajadores y el Estado provincial como patronal. El retraso salarial permitió vislumbrar las condiciones en las cuales se estaba sosteniendo la reproducción de la fuerza de trabajo, condiciones deplorables que asimismo estaban siendo vulneradas: autoritarismo, injusticia, atropellos, sometimiento y miedo.

Aquí ingresaron entonces aquellas otras dimensiones estructurales de la acción colectiva, que en 1999 se tradujeron de manera concreta en las demandas de los movilizados y que a los objetivos de este artículo emergieron de los intercambios con nuestros consultantes: los apelativos a las marcas identitarias compartidas, la caracterización de los vínculos con las figuras de autoridad -sea el Estado como empleador o la Iglesia como habilitante de la acción colectiva- y la legitimidad de los liderazgos en relación con las representaciones culturales acerca del poder.

La sumisión, como uno de los elementos diacríticos de la identidad correntina (“correntinidad”), se desnuda en expresiones como la siguiente

Porque como te tienen justamente sometida, con un salario de hambre, que tenés que trabajar doble y triple turno, entonces todo está muy bien pensado para que no pienses vos, ¿entendés? Así es muy fácil manejarte. Siempre cuatro es dos más dos. Fue muy de terror, fue muy de terror. (Docente)

Es una trabajadora de la educación quien plantea esta crítica que asimismo encierra miedo (“terror”) y disciplinamiento como dispositivos de sostenimiento de la sumisión. Diego Cazorla Artieda, en “El Correntinazo” (Ibíd.: 7) señalaba que “este sistema cleptocrático y autoritario por el que atravesaba la provincia generó un enorme cansancio moral en la conciencia colectiva de un pueblo tranquilo y permisivo y logró confraternizar a sectores de la comunidad que difícilmente imaginarían, en condiciones normales, realizar siquiera un pequeño trecho (de reclamo) juntos”.

“El Tatismo nos movió la tranquilidad […] cuando está en juego la tranquilidad, ahí nos ponemos locos” (Militante social). Las fronteras que atravesó el conflicto pusieron en juego aquellos valores que definen la identidad correntina y que son recuperados y resignificados a la luz de esta gesta. La mansedumbre, la paciencia, la docilidad, tienen un límite: la dignidad, asociada a la posibilidad de sostener la reproducción de la vida en condiciones de libertad y justicia.

Finalmente, la proyección del movimiento generado en 1999 encontró grandes obstáculos para su sostenibilidad. Si la fortaleza de aquel movimiento social radicó en su amplitud y masividad, como contracara los mecanismos de toma de decisiones basados en asambleas populares hacían virtualmente imposible la influencia sobre la clase política. Creemos que su debilidad más importante radicó en la incapacidad de generar una síntesis política y una consecuente herramienta que pueda disputar el poder a aquellos a quienes se criticaba (tanto el régimen nuevista caído como el gobierno de Coalición y las gestiones subsiguientes asentadas sobre el mismo patrón de relación patrimonial-autoritaria).

Nos queda revisar cuáles fueron los aprendizajes que provocó el Correntinazo, sobre qué contenidos y qué manejo de estos saberes se ha hecho a lo largo de estos últimos veinte años. El interdiálogo entre pasado, actualidad y proyección, derivado del ejercicio de memoria colectiva propuesto, nos permite comprender uno de los más fuertes y que alude a un saber que caló hondo en la dirigencia política, en tanto poder formal: el salario como elemento de disciplinamiento y contención del conflicto. “Vos fijate que nunca más se retrasaron en el pago del sueldo. Es más, te pagan antes que termine el mes” (Docente autoconvocada).

Nos interesa especialmente recuperar qué saberes emergieron en la clase trabajadora estatal. De allí entendemos que este ejercicio sea el primero de muchos otros, de indagaciones más profundas y focalizadas sobre lo que resonó y aún resuena de aquel reclamo popular, de aquel conflicto que, a manera de hipótesis, sostenemos aún pervive, desde formas más sutiles.

Referencias bibliográficas

Artese, M. (2005a). Enfrentamiento simbólico y protesta social. Un acercamiento al análisis de las declaraciones públicas durante un corte de ruta (Corrientes, 1999). III Jornadas de Jovenes Investigadores. IIGG-UBA.

_______ (2005b). Lucha de clases y enfrentamiento simbólico: Corrientes 1999. Razón y Revolución, (14).

Avellaneda, A. (2007). Construcción de identidades populares. Los autoconvocados y las vicisitudes de un nombre. III Jornadas de la Universidad Nacional del Nordeste y Segunda Jornadas Regionales de Difusión e Intercambio de resultados en Investigaciones en Ciencias Sociales. Corrientes. http://gricso.blogspot.com/p/bibliografia.html

Barrios, G. (2001). El ejercicio de la violencia legítima en el Estado Neoliberal. La represión al movimiento de protesta social, el caso de Corrientes. XXIII Congreso de la ALAS. Antigua Guatemala (Guatemala).

Benetti, O. (2000). Aguanta. La epopeya inconclusa del pueblo correntino. Moglia Ediciones.

Calvo, N. (2004). Politicidad, reflexividad y auto-referencia organizada ¿Estamos hablando de política? VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Campusano, M. (2017). Los estudiantes en el relato: el movimiento estudiantil correntino de 1969. Revista La Trama de la Comunicación. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Departamento de Ciencias de la Comunicación.

Cazorla Artieda, D. (2000). El Correntinazo. www.rebelion.org

De Piero, S. (2005). Organizaciones de la sociedad civil en la Argentina. Tensiones de una agenda en construcción. Paidós.

Fernández, J., Iglesias, L., Seia, G., Tate, P., Weisbrot, V. y Yep, A. (2013). Aportes para el estudio de los levantamientos de masas en Argentina entre 1968 y 1974. VII Jornadas de Jóvenes Investigadores. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Friggeri, F. (2019). Hacia un ñandereko latinoamericano: identidad de resistencia e integración contrahegemónica. Relaciones Internacionales, (39). Octubre 2018-Enero 2019. Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM.

Galafassi, G. P. (2017). Conflictividad social, contradicción y complejidad: entre las clases y los movimientos sociales. En G.P. Galafassi (ed.) Perspectivas críticas sobre la conflictividad social. Extramuros Ediciones,

Gil, G. y Ramallo, F. (2012). Memoria, historia reciente y etnografía. Confluencias disciplinares entre la antropología y la historia oral. Aristas. Revista de estudios e investigaciones de la Facultad de Humanidades, “El estudio de las Memorias”, (7), UNMdP.

Goldfarb, M. (2016). Intervención Administrativa de los entes descentralizados en la provincia de Corrientes, Argentina. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas – UNNE, (17).

Gordillo, M. (1969). A cincuenta años: repensando el ciclo de protestas. Clacso, Universidad de Nacional de Córdoba (UNC).

Guber, R. (1984). Identidad Social Villera. Revista Enía, (32). https://bit.ly/3SgmQ4o

_____ (2000). La Dimensión Cultural de la Crisis en Corrientes. En A. Pérez Lindo (comp.) Análisis de los factores intervinientes en la crisis del estado en la provincia de Corrientes. UNNE. Versión digital.

Guglielmucci, A. (2013). La consagración de la memoria: una etnografía acerca de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina. Antropofagia.

Klachko, P. (2003). El proceso de lucha social en Corrientes, marzo a diciembre de 1999. Los «Autoconvocados» PIMSA (142-200).

_____ (2004). Luchas sociales en la provincia de Corrientes, 1999. Periodización y análisis. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Kuri Pineda, E. (2017). La construcción social de la memoria en el espacio: una aproximación sociológica. Península, XII(1), 9-30.

Millán, M. (2013). Entre la Universidad y la política. Los movimientos estudiantiles de Corrientes y Resistencia, Rosario, Córdoba y Tucumán durante la “Revolución Argentina” (1966-1973). Tesis de Doctorado. Universidad de Buenos Aires.

Neffa, J. C. (2003). El trabajo humano. Contribuciones al estudio de un valor que permanece. Ceil-Piette/Conicet-Lumen Hvmanitas.

Neira Castro, E. (2020). La etnografía es memoria o no es nada. El papel de la historia en el método etnográfico. Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, XV(30), 1-31, 2020. Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Ojeda, V. (2016). Configuración de intereses en la gestión de la fuerza de trabajo en el ámbito público. Implicancias políticas e institucionales en la administración pública de Corrientes (1983-2012). Instituto de Investigaciones Geohistóricas.

Ramos, A. M. (2021). La memoria río: etnografías sobre el pensamiento político afectivo del estar en el tiempo. 12° Congreso Argentino de Antropología Social. La Plata.

Retamozo, M. (2009). Orden social, subjetividad y acción colectiva. Notas para el estudio de los movimientos sociales. Athenea Digital. Revista de pensamiento e Investigación social, (16), 95-123.

Ricoeur, P. (2010). La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica.

Rivaud, F. (2010). El hacer cotidiano sobre el pasado. UNAM.

Rodríguez, M. (2010). Politicidad, acción política y marco histórico interpretativo: dimensiones políticas en las prácticas de los mensajeros en moto del Ámbito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA). https://bit.ly/3gjz1QP

Zarrabeitia, C. (2003). La rebelión estudiantil del ’69 en Corrientes. Moglia Ediciones.

Notas