Introducción

El presente trabajo retoma algunas reflexiones de un proyecto de investigación más amplio sobre el proceso de construcción de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la articulación que dio nacimiento a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), entre 2011 y 2019^[3]. La estrategia metodológica utilizada fue de carácter cualitativa y se basó en distintas técnicas de recolección de datos. Por un lado, la revisión y sistematización de fuentes primarias, principalmente entrevistas a referentes, documentos de la CTEP publicados en su sitio web oficial, resoluciones ministeriales y legislación nacional referida al sector, y fuentes secundarias académicas. Por otro lado, mediante un trabajo de campo que consistió en entrevistas semiestructuradas y en profundidad a referentes de distintas organizaciones que forman parte de la UTEP. Se realizaron cinco entrevistas en modalidad virtual a referentes de la ciudad de Rosario y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre septiembre y octubre de 2020^[4]. La selección de las y los entrevistadas/os respondió al acceso a informantes clave y a una estrategia metodológica que buscaba incorporar una mirada nacional y local, la perspectiva de las organizaciones fundantes y la visión de informantes que participaron en distintas “trincheras” del proceso (militancia territorial y gremial, instancias de conducción política, representación legislativa). El Movimiento Evita (ME) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) fueron tomados como subunidades de análisis por su importancia en la creación de la UTEP, mientras que la incorporación de Somos Barrios de Pie permitió enriquecer el análisis de la etapa iniciada a partir de 2016.

Las discusiones sobre la economía popular remiten a distintos enfoques teóricos como la perspectiva de la economía social y solidaria (Coraggio, 2004; Maldovan Bonelli, 2018), los enfoques de la informalidad laboral (Neffa, 2008), las lecturas desde la economía política marxista (Gago, 2014), el análisis institucional en clave de política pública (Hopp, 2018; Muñoz, 2018), los estudios antropológicos sobre sentidos e identidades (Fernández Álvarez, 2018; Sorroche y Schejter, 2021) y las investigaciones sociológicas en torno a las relaciones de dominación y las posiciones en la estructura social (Arango, Chena y Roig, 2017; Chena, 2017). En este artículo, la economía popular será definida como una categoría nativa movilizada por las organizaciones sociales que le dan carnadura, por lo tanto, se retomará la definición que estas organizaciones asumen como propia (Grabois y Pérsico, 2015). Esto no impide desconocer otras tradiciones que alimentan estos debates, sino abordar a la economía popular como una gramática socialmente producida al calor de las luchas, las demandas organizadas y sus herramientas institucionales.

Un punto de interés de este artículo se anuda en la reflexión en torno al devenir sindical de los movimientos sociales argentinos. La literatura del Norte sobre los movimientos sociales de la década del ochenta giraba en torno al concepto de identidad (cultural, étnica, de género o de sexualidad) como un corrimiento del economicismo de la clase obrera extensamente presente en la tradición marxista y de las instituciones burocráticas entre las que se contaban los partidos políticos y los sindicatos (Lazar y Sánchez, 2019). En la década del noventa, el foco estuvo puesto en los movimientos antiglobalización, pero más recientemente se empezó a revitalizar la dimensión económico-política presente en las disputas identitarias vinculadas a la precarización de la existencia producto de décadas de neoliberalismo (Lazar y Sánchez, 2019;Neilson y Rositter, 2008; Standing, 2011). En Argentina, estas reflexiones emergieron en el seno de los movimientos de trabajadores desocupados como un saldo de las crisis económicas hacia finales de los noventa, mutaron durante el ciclo de gobiernos progresistas en la primera década de los dos mil y, con posterioridad a la crisis de 2008, gestaron un desplazamiento desde la forma movimiento hacia la forma sindicato configurando lo que aquí se denominará una organización anfibia.

Este escrito está dividido en tres secciones. La primera busca identificar las conexiones entre la economía popular y la fase actual del capitalismo. La segunda sección intenta reconstruir una de las genealogías políticas posibles en la economía popular siguiendo la trayectoria de sus organizaciones fundantes. Finalmente, en la tercera parte se examinan las estrategias de las organizaciones mediante el análisis de sus relaciones con los gobiernos nacionales entre 2011 y 2019. La hipótesis que guía estas reflexiones es que la sindicalización de las relaciones laborales de la economía popular permitió sistematizar una realidad del trabajo heterogénea y fragmentada por los efectos del neoliberalismo, a la vez que habilitó la articulación de una multiplicidad de experiencias de militancia y fortaleció las capacidades del sector en su vinculación con el Estado.

Neoliberalismo y mundos del trabajo popular

La creciente población de la economía popular describe un fenómeno emergente de la fase neoliberal del capitalismo y su organización gremial puede ser concebida como una respuesta a los efectos sociales de este modo de acumulación (Chena, 2017; Gago, 2014; Grabois, 2013;Grabois y Pérsico, 2015). Dos cuestiones que permite pensar la economía popular son: 1) la apertura conceptual de la noción de trabajo y de su distinción formal/informal y la construcción de un sujeto trabajador en términos de clase por fuera del paradigma del empleo asalariado, industrializado y masculinizado (Fernández Álvarez y Wolanski, 2020); y 2) la posibilidad de pensar al capitalismo como un orden social institucionalizado (Fraser, 2020), en el que convive una pluralidad de principios económicos que si bien se subordinan a la lógica del capital, no necesariamente se rigen por un principio de escasez y de acumulación, sino por la búsqueda de la satisfacción material (Polanyi, 1978). A continuación, se describen tres escenas que moldean el surgimiento de la categoría economía popular con relación a las crisis sociales.

En la década del setenta se combinaron dos procesos que reorganizaron las coordenadas históricas de la sociedad: una secuencia de crisis económica internacional seguida del ascenso político de ideologías neoliberales y un período de violentas dictaduras que aterrizaron esas ideas en América Latina. En ese período se inició en Argentina un debilitamiento del modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones y de la relación salarial formal como medios de progreso e integración social (Merklen, 2010). Las políticas económicas de la dictadura iniciada en 1976 priorizaron las actividades primarias (agropecuarias y extractivas), las empresas terciarias y de servicios y la especulación financiera. La industria nacional se vio perjudicada por la creciente transnacionalización, la deslocalización de la producción y la tercerización de los servicios. Los sindicatos se debilitaron producto de la persecución política y la desorganización de la clase obrera. El Estado pasó de tener un rol activo en la intervención macroeconómica y en los conflictos capital-trabajo a constituirse en un garante del libre juego de las fuerzas del mercado. A raíz de estas transformaciones, el sector informal urbano ya existente se incrementó, no solo como una actividad refugio, sino como una alternativa estable al desempleo (Neffa, 2008). Esta primera escena de pauperización, desafiliación y debilitamiento de la clase obrera desplazó su pretendida unidad de clase hacia una situación de creciente fragmentación.

En las décadas posteriores, la informalidad laboral y la desocupación crecieron sostenidamente hasta que las consecuencias sociales se hicieron visibles hacia mediados y fines de los noventa, cuando una serie de levantamientos populares floreció en distintos puntos del país. En 1993, un estallido en Santiago del Estero preanunció un ciclo de protestas que en 1996 se trasladó a las localidades patagónicas de Plaza Huincul y Cutral Có, luego a Tartagal y Mosconi en Salta, pasando por Corrientes y el conurbano bonaerense. En esas protestas callejeras surgieron los primeros colectivos de “trabajadores desocupados” (luego nucleados en la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón) y los movimientos piqueteros que protagonizaron la rebelión popular de 2001 junto a asambleas populares, fábricas recuperadas, movimientos campesinos, experiencias contrainformativas y culturales. Estos colectivos motorizaron fuertes debates sobre la condición de la clase trabajadora argentina y sobre la posibilidad de construir una alternativa al modelo neoliberal imperante. El 2001 escenificó un momentum de potencia de la fracción expulsada de la clase obrera clásica, ahora movilizada en el espacio público. Del mismo modo, expresó la ruptura entre el ideal del trabajo asalariado y su “afuera” (la desocupación), para reescribir la noción de trabajo en un sentido ampliado.

No fue hasta los años posteriores a la crisis financiera de 2008 que lo que hoy se conoce como economía popular empezó a ser objeto de reflexión de las organizaciones piqueteras, aun cuando no contaban con una categoría que la nombre, ensayando otras denominaciones como “socialismo criollo” o basándose en los principios de la economía social y solidaria. Esta tercera escena marca el salto hacia el concepto de economía popular. La incidencia de la crisis en la elaboración de un diagnóstico de las clases trabajadoras populares aparece con claridad en el relato de un referente:

Nosotros siempre profundizamos sobre esta discusión [sobre la clase trabajadora], cuando, a partir de lo que es la crisis de las hipotecas subprime^[5], donde se ve con mayor claridad que el proceso de descarte social a nivel global, del capitalismo que se concentraba y se reconvertía, era mucho más grande […] Ese fenómeno nos permitió entender a nosotros que existía otro circuito económico que ya no tenía posibilidad de insertarse en las tradicionales actividades de trabajo, que ya no era posible el fifty-fifty del pleno empleo y que empezó a aparecer una nueva relación social […] La relación entre el asalariado y el patrón ya no era la única relación social, no es la única relación social que mueve el mundo, y eso nosotros paulatinamente lo empezamos a denominar economía popular. (Referente ME-UTEP, 2020).

La elaboración intelectual de la categoría de economía popular afloró en las discusiones de las organizaciones a partir de la observación de la particularidad de las prácticas de sus bases sociales, mediante la constatación de la existencia de una dinámica social, la diferenciación de relaciones sociales dentro de esa dinámica y el descubrimiento de su posición al interior de una lógica estructural del capitalismo. Así lo retrata una de las entrevistadas:

Son hipótesis y teorizaciones que empezamos a generar a partir de ver que no era un pequeño grupo, que era una dinámica, que generaba relaciones comunitarias y relaciones sociales distintas, ni mejores ni peores, pero que efectivamente tienen una lógica particular, aún dentro del sistema económico capitalista. (Referente MTE-UTEP, 2020)

Los y las referentes de la CTEP-UTEP hablan frecuentemente de “trabajadores que se inventan su propio trabajo” para referirse a las actividades que desarrollan estos sujetos. Tal como sostienen sus protagonistas, la invención del trabajo se realizó sobre la base de saberes populares preexistentes, a disposición del sujeto popular, inscripto en sus territorios y transmitido generacionalmente (Fernández Álvarez, 2018). Una referente política del ME habla de invención del trabajo en este sentido:

Inventarse su propio trabajo significa salir a hacer lo que ya saben hacer, digamos. El que era albañil salió a hacer trabajo de construcción, changueando o formando parte de una cooperativa de infraestructura barrial. Los cartoneros salieron a juntar cartón. Las cuidadoras, las mujeres que trabajaban en servicios comunitarios salieron a hacer eso. El que sabía hacer pan, o panificación, se puso a hacer pan en su casa y a venderlo. Todas estas cosas es un poco la reconversión de los saberes populares en prácticas laborales y es a lo que nosotros nos referimos con esto de inventar su propio trabajo. (Referente ME-UTEP, 2020).

Las actividades de la economía popular se caracterizan por ser actividades de subsistencia, de muy baja escala y productividad^[6]. Son realizadas en forma autogestiva a través de medios de producción propios, explotados de forma directa. Se caracteriza principalmente por modalidades de trabajo sin patrón, aunque en algunos casos media una relación asalariada en condiciones de precariedad e informalidad. Por otro lado, se trata de actividades trabajo-intensivas, ya que utilizan maquinarias y herramientas obsoletas o de baja complejidad^[7]. En las actividades de la economía popular prima una lógica de reproducción ampliada e intergeneracional de la vida (Coraggio, 2004), en lugar de la racionalidad empresarial que apunta a la acumulación de capital.

Si la economía popular empieza por la invención del trabajo para hacer frente a la expulsión del mercado y de las protecciones estatales, su camino conduce a nuevas formas de explotación indirecta que la incluyen en las tramas de extracción del excedente del valor, no solo a través de la intensificación del trabajo (pero por fuera de las relaciones contractuales asalariadas), sino a través de sofisticados mecanismos de consumo y finanzas (Chena, 2017; Gago y Roig, 2019). La apertura del concepto de trabajo y la reflexión sobre el sujeto trabajador contemporáneo precisa refinar las herramientas para captar cómo se reconfiguran los antagonismos sociales. Una de las dimensiones para pensar el antagonismo se vincula a la disputa por la distribución y la redistribución de la riqueza social. En este punto, la economía popular y la economía feminista pueden ser útiles para revisar los postulados hegemónicos sobre la teoría del valor, más precisamente, sobre cómo se genera, cómo se apropia y cómo se expropia el excedente de valor en una fase del capitalismo cuya dinámica se rige por la valorización financiera. En este sentido, son importantes cuatro reflexiones: la crítica a los enfoques que privilegian la esfera productiva como sede del valor cuya “morada oculta” es la esfera reproductiva (Fraser, 2020), la necesidad de retribuir el trabajo reproductivo y de cuidados no pago (Federici, 2018), la importancia de observar no solo el antagonismo capital-trabajo, sino también el antagonismo capital-vida (Gago, 2020), y la relación entre el trabajo reproductivo y el trabajo informal en el sur global (Mezzadri, 2019).

Llegados a este punto, es necesario preguntarse si el sujeto de la economía popular se identifica y se organiza colectivamente por sus condiciones sociológicas, por la experiencia de la precariedad o por la posición de subordinación en las relaciones económicas. Este trabajo asume una postura epistemológica y ontológica con relación a esta pregunta entendiendo que el grupo no preexiste a su articulación política (Laclau, 2009). Esto conduce a estar alerta frente a la trampa esencialista en la definición del sujeto de la economía popular, así como su determinación economicista, para lo cual se vuelve necesario reconstruir sus genealogías políticas y su proyecto colectivo como horizonte. De cierta manera, implica concebir a la economía popular como un concepto que tiende un puente entre una realidad económica y un proyecto político. A su vez, permite explorar a la economía popular como una gramática socialmente construida que reivindica para sí el conocimiento y reconocimiento de sus prácticas en tanto trabajo y que disputa la idea misma de trabajo mediante un doble movimiento: a través de una operación de categorización, cuyo enunciado reclama somos trabajadores y trabajadoras, y por medio de una operación de clasificación dentro de la clase obrera, que se cifra en la enunciación somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

Genealogías políticas de la economía popular

La indagación por las genealogías políticas de la economía popular es otra manera de aproximarse a este objeto de estudio. Como toda indagación genealógica, parte de una postura que no busca el origen de un fenómeno, sino sus comienzos (Nietzsche, 2009), de modo que se pueden reconstruir diversos itinerarios de la economía popular. Es posible plantear la hipótesis de que la categoría economía popular funcionó como un paraguas que permitió articular una diversidad de experiencias militantes dispersas en los territorios. Estas experiencias de organización popular surgieron lentamente con el retorno de la democracia, algunas eran herederas de las organizaciones setentistas y otras hijas del neoliberalismo, pero lo cierto es que mutaron en los años del menemismo y eclosionaron en el fulgor de 2001. La crisis social robusteció las organizaciones barriales, territoriales y piqueteras, y la “normalización” de la legitimidad del Estado posterior a la crisis las balcanizó. El surgimiento de la CTEP se nutrió de muchas de esas experiencias.

Hacia 2011, una multiplicidad de organizaciones populares con diversas trayectorias concertó un diagnóstico sobre la etapa política y la situación de fragmentación social y apostó a la construcción de una nueva herramienta de carácter gremial. En el acto fundacional del Teatro Verdi concurrieron delegados de cooperativas y unidades productivas del Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), la Cooperativa La Alameda y organizaciones agrarias como el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). En 2013, la CTEP ya contaba con la participación del Movimiento Popular La Dignidad (MP-LD), el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (MNER), la Organización Social y Política Los Pibes y la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Hacia 2014, se sumaron el Movimiento Popular Patria Grande y Misioneros de Francisco. En 2016, La Garganta Poderosa anunció mediante un comunicado su incorporación a la CTEP. A lo largo de esos años, la CTEP sumó el apoyo más o menos activo del Movimiento Popular Revolucionario Quebracho, el Frente Popular Darío Santillán, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Seamos Libres, el Movimiento 8 de Octubre, el Encuentro de Organizaciones, la organización Carlos Mujica, entre otras organizaciones locales.

Dos de estas organizaciones son relevantes para la reconstrucción de los pasos iniciales de la CTEP (el Movimiento Evita y el MTE), mientras que una tercera (Somos Barrios de Pie) es útil para reconstruir la etapa que se abrió a partir de 2016 y que confluyó en la creación de la UTEP. Los inicios del Movimiento de Trabajadores Desocupados MTD-Evita se remontan a finales de la década del noventa, cuando se gestó como una organización para un sujeto social desocupado contra el gobierno de Carlos Menem. Recién hacia el 2006 se refundaría como Movimiento Evita. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) nació entre fines de 2002 e inicios de 2003 alrededor de las y los cartoneras/os provenientes de los asentamientos informales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y localidades del conurbano bonaerense.

La CTEP surge originalmente como un acuerdo entre el Movimiento Evita y el MTE, al que se suman otros actores[8]. Estas dos organizaciones coincidían en la necesidad de construir una herramienta con características gremiales y reivindicativas, que defienda los derechos de un sector de los trabajadores sin representación sindical. Esta población constituía la base social de estas organizaciones, aunque su trayectoria militante no coincidía exactamente. Mientras el MTE se organizó desde sus inicios en torno al trabajo de las y los cartoneras/os, el Movimiento Evita tenía características más territoriales. Pero lo importante en aquel entonces fue la puesta en común de una mirada sobre la realidad socioeconómica del país. Así recuerda una referente esa trayectoria previa:

En el caso del MTE ya con una trayectoria mucho más ligada a un proceso de construir una demanda reivindicativa por el reconocimiento de un trabajo, en el marco de lo que fue todo el proceso de organización de los cartoneros en Ciudad de Buenos Aires. En el caso del Movimiento Evita, quizá un poco menos ligado a la demanda por un reconocimiento de un trabajo, sino más ligado, digamos, a la territorialidad de esos actores, o de ese sector social. (Referente ME-UTEP, 2020)

A diferencia del Movimiento Evita, el MTE plantea otro modo de organizarse. Esto se vincula a su base social, a sus actividades y sus demandas. La militancia del MTE estuvo desde el principio centrada en la demanda por la regulación del trabajo y la mejora de las condiciones laborales, más que en las necesidades del territorio. Si bien en la práctica se conjugan ambas determinaciones, su horizonte organizativo apostaba a ir más allá del particularismo de cada territorio para construir demandas gremiales. Así lo plantea una referente de Rosario:

Nosotros nos organizamos a partir del trabajo, no del territorio. Entonces trabajamos con ramas de trabajo, así como los sindicatos. En ese sentido copiamos mucho el formato sindical tradicional […] después vos indefectiblemente tenés que organizar el territorio porque la lógica con la que los compañeros incluso hacen su trabajo o se manejan desde el punto de vista de la identidad, tiene que ver con el territorio. Igual es una lógica que intentamos de alguna manera romper, porque entendemos que es parte de la batalla cultural salir de la lógica de mi pequeño lugarcito. (Referente MTE-UTEP, 2020)

La CTEP supo anteponer la semejanza a la diferencia en la construcción de una herramienta reivindicativa. La articulación entre la heterogeneidad de las trayectorias militantes y políticas permitió constituir un sujeto social en el ejercicio de su representación (Muñoz y Villar, 2017), el cual no coincidía con el desocupado de principios del 2000, sino que al calor de la recuperación económica se había convertido en un trabajador cuya actividad era diferente a la relación salarial tradicional y cuyas condiciones de trabajo eran precarias. Así lo sintetizaba una entrevista:

Se empezó a discutir esto, la unidad, digamos, en principio de estos dos grandes movimientos, que eran los más grandes en ese momento. El MTE y el Movimiento Evita que tenían, si bien algunas diferencias en la construcción, también algunas similitudes […] Se empezó a organizar el trabajo y se empezó a cambiar la lógica del sujeto que ya no era un sujeto desocupado, y que por lo tanto no le tenía que reclamar al Estado trabajo, sino que era un sujeto que tenía trabajo, pero que no estaba reconocido, que estaba en malas condiciones, etcétera. (Referente MTE-UTEP, 2020)

Algunas investigaciones antropológicas rescatan la importancia de la economía popular en la construcción de la identidad trabajadora de los sujetos (Fernández Álvarez, 2018; Sorroche y Schejter, 2021), especialmente en términos de una resignificación de la noción de clase social (Fernández Álvarez y Wolanski, 2020). Un elemento menos resaltado que surge en las entrevistas es su aporte a la identidad de las propias organizaciones. El testimonio de un referente de CABA es ilustrativo:

La economía popular, la red comunitaria, al Movimiento Evita le dio una identidad. Esa identidad es peronista centralmente, porque nosotros sostenemos que el peronismo es darle poder a quien no tiene poder y eso ha definido muy claramente a nuestra fuerza como una fuerza popular, como una fuerza representativa de los excluidos y en función de eso actuamos en la realidad política. (Referente ME-UTEP, 2020)

Al tiempo que la categoría de economía popular dotaba de identidad a los sujetos y a las organizaciones, su incorporación a las discusiones militantes resemantizó sus prácticas. Este elemento se puede reconocer en las palabras de un referente de Rosario:

Nosotros no teníamos teorizado y creo que muy pocos tenían teorizado cuestiones de las que hoy hablamos cotidianamente, como la economía popular. Por suerte apareció y le empezó a dar sentido a un montón de cosas que nosotros veníamos haciendo […] La CTEP me parece que lo que hace, como algo novedoso, es darle sentido a lo que terminó siendo todo esto, la UTEP, el Triunvirato. Le dio mucho más sentido. Porque venía con otro concepto, no era simplemente un agrupamiento como nosotros veíamos, sino que venían con un concepto de ver al desocupado como un trabajador. (Referente Somos Barrios de Pie-UTEP, 2020)

De este modo, es posible reconocer cómo las organizaciones encuentran en la economía popular una forma de forjar una identidad propia y dotar de sentido a sus prácticas. Del lado del MTE, la lucha reivindicativa por el reconocimiento de las y los cartoneras/os y el paso por la Legislatura porteña aportaron un sentido de clase que configuró al sujeto ambiental y definió un modelo de gestión del trabajo fiel a la actividad que el sector desarrollaba. A su vez, la definición de la economía popular sirvió para diferenciarse de las acusaciones de buscar ser empleados públicos y los acercó a las experiencias del cooperativismo. Del lado del Movimiento Evita, la economía popular aportó claridad a una identidad plebeya en la búsqueda de una vía independiente respecto a otras identidades del arco kirchnerista y de los partidos de gobierno, y su paso por el Estado fortaleció su inserción en la agricultura familiar y en el movimiento cooperativo. Por su parte, Somos Barrios de Pie encontró en la economía popular un campo de significación de sus prácticas y un puente para articular con otras organizaciones con las que convivían en el territorio, pero con las cuales primaban las diferencias políticas antes que las semejanzas estratégicas.

Si bien a los fines analíticos muchas veces es necesario abstraer las diferencias, el abordaje de la CTEP-UTEP requiere reconocer sus genealogías políticas y tomar en consideración el punto de vista de sus organizaciones fundantes para comprender mejor sus movimientos tácticos y estratégicos. Metodológicamente, permite evitar los saltos dialécticos para abordar los caminos sinuosos, las complejidades y las contradicciones del curso histórico de larga duración sin los cuales no sería posible comprender en profundidad este fenómeno. Finalmente, permite reconocer los mecanismos de subjetivación en la acción organizada de los sujetos colectivos de modo tal que incluyan el concepto de identidad, pero que a la vez conmueva su fijación espacial y temporal.

Un punto de interés en este trabajo refiere a la discusión sobre la “forma sindical” que detenta la CTEP-UTEP. En las entrevistas realizadas, la CTEP-UTEP es considerada un “sindicato de nuevo tipo”. Si bien no existe un acuerdo teórico sobre esa definición, gran parte de los análisis que abordan esta dimensión ven en la CTEP-UTEP una experiencia que tributa a la historia de los movimientos sociales, pero que a su vez constituye un desplazamiento de aquella experiencia histórica. Paula Abal Medina (2017) se refiere a la CTEP como el “otro” movimiento obrero en estrecha vinculación a la historia sindical argentina. Maldovan Bonelli et al. (2017: 53) plantean: “El formato y los objetivos de la CTEP la sitúan en un camino alternativo a los movimientos sociales tradicionales”. Muñoz y Villar (2017) critican los enfoques que ven a la CTEP como una mera organización reivindicativa y corporativa y se centran en el modo en que la acción de la CTEP disputa por la constitución de un sujeto: “la CTEP se estructuró con la intención de representar a un sector que ni siquiera era considerado de ‘trabajadores’, lo que implicaba no la representación sino la creación del mismo como colectivo con una entidad en el espacio público institucional. Es decir, en el ejercicio de la representación es cuando crean al sujeto que quieren representar” (Muñoz y Villar, 2017: 15). Sostienen que la opción por la forma sindicato tiene componentes simbólicos y organizativos, en la medida en que sus protagonistas reconocen su potencia histórica y se estructuran en espejo al modelo sindical argentino. Natalucci y Morris (2019) consideran a la CTEP como una “coordinadora de organizaciones” y un sindicato para un nuevo sujeto trabajador. Según su análisis, el devenir sindicato implicaba una superación del ámbito territorial y una ruptura con el pasado (Natalucci y Morris, 2019: 189).

En el proceso de construcción de la CTEP-UTEP convive una ambivalencia entre el particularismo de los territorios y el universalismo de la clase, las demandas sociales y la reivindicación por derechos gremiales, los reclamos al Estado y la participación en la gestión pública, la lucha callejera y la institucionalización de las demandas, la forma movimiento y la forma sindicato. Es por ello que la UTEP puede ser definida como una organización anfibia, cuya lógica de acción colectiva se desplaza por diferentes arenas en las que construye su identidad.

El vínculo de la CTEP-UTEP con el Estado

Las características de las prácticas laborales y los sentidos de la economía popular hacen difícil reconocer el antagonismo clásico entre capital y trabajo. En lugar de la figura del patrón como interlocutor de los reclamos obreros, el Estado se constituyó en el foco de las demandas de las organizaciones de la economía popular. Sumado a ello, el Estado ha asumido un rol más intervencionista en respuesta a la cuestión social luego de los estallidos populares de 2001, incidiendo fuertemente en la estructuración de este sector a través de la política social y socioproductiva. De allí la importancia de incorporar la relación con el Estado como una dimensión de análisis. A continuación, se abordará este vínculo de manera sintética para buscar algunos rasgos distintivos, reconstruyendo los lazos que mantuvieron principalmente con las gestiones del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) (2011-2015) y de Mauricio Macri (2015-2019).

En la relación de la CTEP-UTEP con el Estado conviven dos disposiciones: una propensa a actuar en el Estado, lo cual implica una confianza en la respuesta que se pueda dar desde el Estado; otra propensa a actuar con el Estado, la cual sopesa la fuerza que se pueda dirigir hacia el Estado. El cemento común de estas dos disposiciones es la negociación como un mecanismo legítimo y conveniente para obtener conquistas y derechos. La tensión entre integración y autonomía, por un lado, de reclamos y cogestión, por otro, son elementos relevantes para comprender esta relación.

La CTEP se lanza en 2011 de modo que sus primeros años coinciden con el segundo mandato de CFK. El período de los gobiernos kirchneristas fueron los años de estructuración de la economía popular, en los cuales la política social y laboral tuvo un rol importante, principalmente en el aumento de los emprendimientos socioproductivos y de las cooperativas de trabajo (Muñoz, 2018). Entre las principales políticas cabe destacar al Programa de Trabajo Autogestionado (PTA) creado en 2004 bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), y las políticas del Ministerio de Desarrollo Social como el Plan Manos a la Obra de 2003 y el Programa de Inclusión Social con Trabajo (PRIST) creado en 2009 como un esfuerzo para paliar los efectos de la crisis financiera internacional (Hudson, 2020). Del mismo modo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) supuso un piso de ingresos importante para las poblaciones vulneradas.

Fueron años en los que el crecimiento económico permitió la creación de empleo y la disminución de las tensiones sociales, mientras que la orientación política favoreció una distribución más equitativa del ingreso nacional, la revitalización sindical y el fortalecimiento de instituciones laborales (Natalucci, 2017; Porta, Santarcángelo, Schteingart, 2017). Pero a pesar de este ciclo virtuoso, una buena parte de la población se mantuvo en una posición vulnerada y no logró incorporarse al mercado formal de trabajo. Hacia el 2013, las limitaciones del modelo kirchnerista empezaron a ser planteadas de una manera más firme, tal como revela este relato:

La consigna de aquel momento, en los últimos años de Cristina, era: ‘somos la economía popular, somos lo que falta’, decíamos. O en términos políticos, el planteo del Movimiento Evita era: ‘orgullosos por lo hecho, nos duele lo que falta’, es decir, nos situábamos en una posición partidaria integrada a la política, pero en términos sociales teníamos en claro que nuestra mirada era distinta, y siempre lo fue. (Referente ME-UTEP, 2020)

Durante los años iniciales, la CTEP apostó a la construcción de Federaciones^[9] a partir de las cooperativas constituidas y buscó el reconocimiento del Ministerio de Trabajo mediante el reclamo por una personería jurídica. Las diferencias de diagnóstico sobre la situación de los sectores populares, sobre la fase actual del capitalismo y sobre el rol de los agentes estatales y sindicales fueron gestando lentamente un desacuerdo hacia el final de este período. Esto resulta evidente en los balances que hacen sus protagonistas:

No existía, por parte de esa gestión, una comprensión similar a la nuestra acerca de que esos trabajadores tenían que ser reconocidos como tales y que había que empezar a transitar un camino de reconocimiento de derechos y de mejores condiciones laborales […] En ese momento lo que seguía primando era una mirada de que el mercado formal de trabajo iba a seguir creciendo de modo tal que pudiese absorber a todos esos trabajadores y que el índice de desempleo sea muy bajo. Digamos, una idea muy cercana a volver a una situación de pleno empleo, como era a mediados del siglo XX. (Referente ME-UTEP, 2020)

El desacuerdo hacia el final de la segunda gestión de CFK se relacionó con una diferencia en el diagnóstico defendido tanto por el gobierno nacional como por las centrales sindicales clásicas, al cual es posible denominar hipótesis de la absorción. Es decir, la idea de que la realidad que expresaba la economía popular constituía un fenómeno de carácter transitorio que se resolvería por la absorción en la dinámica del mercado laboral formal, ya sea por la vía del crecimiento macroeconómico o por la regularización del trabajo informal y precario. A esta hipótesis de la absorción, la CTEP contrapuso una hipótesis de la integración de las y los excluidas/os. Esta postura consistía en el reconocimiento de la existencia de un sector con características particulares y de su identidad como parte de la clase trabajadora, en la exigencia de políticas estratégicas para el sector pensadas desde la óptica del trabajo y no desde la asistencia, en la búsqueda de la dignificación de las prácticas laborales para este sector y de su inclusión en las instituciones representativas del trabajo, en la integración por la vía del reconocimiento de un marco jurídico que los contenga y que los equipare a los derechos del trabajo formal sin desconocer la lógica de las relaciones sociales de la economía popular. En la superficie, esta diferencia parecía limitarse a la lectura sobre la coyuntura, la historia y el qué hacer, pero en el fondo expresaba una disputa de poder por la conducción del proceso. La pregunta que abría ese desacuerdo era cómo y quiénes gestionarían el futuro de la economía popular.

La llegada de Mauricio Macri al gobierno nacional en diciembre de 2015 generó un rápido proceso de articulación política de los movimientos populares. Apenas días después de asumir el poder, diversas organizaciones empezaron a realizar demostraciones callejeras de fuerza en defensa de sus intereses. La primera conquista de la CTEP fue la ratificación de la Personería Social^[10], en febrero de 2016. Pero a lo largo de dicho año se fue articulando una alianza política entre la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, sumado a un mayor acercamiento hacia algunos sindicatos clásicos. En el contexto de un cambio profundo en la coalición gobernante y en el núcleo de la política pública, un conjunto de actores diversos comenzaron a coordinar su comportamiento en torno a un sistema de creencias cuyo significante central empezó a ser la economía popular.

Estos acercamientos se cristalizaron en la marcha de San Cayetano de agosto de 2016 a partir de tres acuerdos cardinales: la necesidad de luchar para garantizar los derechos básicos de sus bases sociales y de organizar para no repetir ni la crisis ni los sacrificios del 2001, la certeza de ser portadores de un capital político en tanto garantes de la paz social mediante el encuadre del descontento y de las pasiones populares, y el horizonte de esperanza que es necesario insuflar a los colectivos para movilizar las pasiones en torno a acciones políticas con resultados concretos. El denominado Triunvirato de San Cayetano se constituyó bajo estas tres coordenadas: recursos para vivir, paz para negociar y creencias para movilizar.

La sanción de la Ley de Emergencia Social (Ley 27345) en diciembre de 2016, acompañada por una gran movilización al Congreso, fue un verdadero punto de inflexión para la CTEP y para lo que a partir de entonces se consolidaría como el Triunvirato. Esta conquista permitió un salto cuantitativo en la movilización y cualitativo en la acumulación de fuerzas. La ley fue aprobada casi por unanimidad, producto de un intenso trabajo previo de negociaciones con el bloque kirchnerista de Unidad Ciudadana, sectores del peronismo y otros bloques opositores. Al mismo tiempo, dentro del propio bloque oficialista hubo una posición mayoritaria a favor de la ley e incluso se puede ver un aval implícito del Poder Ejecutivo en la medida en que no fue vetada. La Ley de Emergencia Social demostró a los actores de la economía popular que era posible encontrar canales intermedios para la circulación de las demandas en las instituciones, a pesar del signo político de la gestión de gobierno. Según relata un referente entrevistado, la estrategia exitosa fue producto de haber logrado una “línea reivindicativa justa” y además haber podido sumar el apoyo de varios sectores (la CGT, la CTA y la Pastoral Social de la Iglesia católica) a sus demandas:

A la lucha en unidad, a la resistencia callejera y a la capacidad de interpretar que los conflictos sociales tienen que tener canalización institucional. Es decir, un sindicato nunca puede negar el diálogo con la institucionalidad, un sindicato nunca puede desconocer a la voluntad popular [...] Si vos querés construir institucionalidad con tu sector, tenés que dialogar con la institucionalidad y eso fue el éxito. (Referente ME-UTEP, 2020)

Puede que en la negociación entre el proyecto de ley y la versión aprobada de la misma se hayan perdido aspectos del núcleo profundo que promueve la perspectiva de la economía social o aspectos secundarios del proyecto como el monto de incremento de la AUH y los cupos del PRIST, pero lo fundamental fue el sostenimiento del núcleo duro de la política^[11], es decir, el reconocimiento jurídico del sector de la economía popular y del sujeto trabajador. El instrumento que representó esta conquista fue el Salario Social Complementario, aun cuando hubo dificultades en su implementación que requirieron nuevas luchas.

La lucha por la Ley de Emergencia Social se centraba principalmente en la dimensión laboral de la economía popular, pero se puede tomar otra de las agendas de las organizaciones para observar la dimensión territorial de las disputas. Esta es una dimensión a la que no se le ha dado suficiente atención en los análisis del proceso de constitución de la CTEP-UTEP. Sin embargo, es importante rescatar este bagaje de luchas porque una de las razones que explican históricamente la cuestión social es la situación de precariedad habitacional que se vive en las periferias urbanas. Esta dimensión se nutre de una crítica a las formas de “urbanidad neoliberal”, tal como fue mencionado por uno de los referentes entrevistados.

En 2016, funcionarios del gobierno nacional, junto con organizaciones sociales como la CTEP y organizaciones no gubernamentales como TECHO, presentaron una herramienta de política pública para relevar la situación catastral de las villas y asentamientos informales de las grandes urbes del país: el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), creado por el Decreto 358/2017. Al ReNaBaP se sumó luego la aprobación de la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares, la que constituyó otro hito en las conquistas de la CTEP. Estas dos iniciativas partieron de un consenso social y político más amplio sobre la problemática que sufren los barrios humildes y sobre la necesidad de dar una respuesta desde el Estado. Así lo plantea una referente del Movimiento Evita de Santa Fe:

Hay un entendimiento que nos atraviesa a todos que tiene que ver con que en Argentina hay un déficit habitacional y de infraestructura barrial enorme y que eso es un problema que nadie lo va a negar, nadie lo puede negar. Y que está avalado por datos y por información y demás […] Entonces me parece que la ley de barrios populares se fue construyendo en base a algunos consensos y algunos acuerdos que se pudieron encontrar con algunos sectores del gobierno de Cambiemos y que permitió avanzar en este sentido. (Referente ME-UTEP, 2020)

En los años del gobierno de Cambiemos se abrieron varias ventanas de oportunidad por la necesidad de garantizar gobernabilidad de parte de un gobierno entrante, por la reconfiguración del bloque de poder y las disputas que eso generaba, y más tarde por la espiralización de la crisis económico-financiera y la necesidad de apaciguar el conflicto social. Mientras los gobiernos progresistas priorizaron a los municipios como unidades ejecutoras de las políticas sociales, el gobierno de Macri otorgó prioridad a las organizaciones sociales, lo cual contribuyó a su fortalecimiento por la transferencia de recursos y generó un incentivo para que organizaciones de menor envergadura se sumen a la estructura de la CTEP (Hudson, 2020). El gobierno de Cambiemos se caracterizó por la contradicción entre el ajuste y el intento de disciplinamiento del movimiento obrero y una relación tensa, pero con concesiones a las organizaciones de la economía popular.

Hacia el final de este período, el Triunvirato logró ampliar su marco de articulación. Esto supuso el paso de una coalición de organizaciones a una unidad de las mismas, dando como resultado la conformación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La UTEP nació el 21 diciembre de 2019 en un acto realizado en el Microestadio de Ferro. Su creación surgió de un acuerdo que expandió el Triunvirato de San Cayetano, integrando una alianza entre el Movimiento Evita, el MTE, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán como organizaciones de mayor envergadura, quienes a través de sus delegados y delegadas eligieron como secretario general a Esteban “Gringo” Castro. Esta unidad se empezó a construir entre 2015 y 2016, se consolidó en las calles mediante un plan de lucha común y arribó a la unificación a través de un acuerdo entre las organizaciones para constituir una herramienta sindical que funcione como un paraguas que integre a todas las fuerzas que se encontraban por fuera de la CTEP. Las victorias sectoriales logradas durante los años previos sellaron la unidad de las organizaciones populares.

Mientras que las políticas impulsadas en los años del kirchnerismo estructuraron progresivamente al sector de la economía popular, los años del macrismo dieron paso a su incipiente institucionalización en leyes y políticas específicas para el sector. Las limitaciones de las conquistas de la CTEP en el período kirchnerista se relacionan con la participación en la gestión estatal por parte de algunas organizaciones fundantes como el ME que tornaban difícil una confrontación con el gobierno, pero también se vinculan a una cosmovisión bajo la cual las demandas de la economía popular se resolverían mediante el crecimiento económico. Otro elemento a considerar son las disputas internas entre las fracciones del kirchnerismo, en particular entre La Cámpora y el ME. Durante el gobierno de Macri, la relación con las organizaciones de la economía popular estuvo signada por la necesidad de evitar la escalada del conflicto social. Por su parte, las organizaciones aprovecharon esa ventana de oportunidad para negociar. Esto fue posible porque organizaciones como el MTE tenían un vínculo previo con funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que pasaron a la gestión nacional, entre las que se encontraba la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. De modo general, el fortalecimiento del vínculo con el Estado puede ser visto como un proceso en el que la CTEP-UTEP fue capaz de disputar recursos públicos y posiciones en la estructura gubernamental, del mismo modo que supo instalar una agenda que se tradujo en proyectos, leyes y políticas públicas para el sector de la economía popular.

Reflexiones finales

En este trabajo se abordó la condición de las clases trabajadoras populares en la fase actual del neoliberalismo para observar cómo la categoría economía popular movilizada por una herramienta gremial permitió sistematizar una realidad del trabajo heterogénea y fragmentada. A su vez, se indagó cómo en la CTEP-UTEP se articularon las experiencias dispersas en una multiplicidad de organizaciones sociales y en qué sentido esta centralización fortaleció las capacidades del sector para vincularse con el Estado en distintos ciclos políticos. Este recorrido estimula la necesidad de ensayar algunas reflexiones sobre la forma sindical.

No hay que perder de vista que el proyecto de la economía popular plantea al mismo tiempo la organización económica y la organización gremial de las prácticas de sus bases sociales. Es por ello que se hace necesario observar cómo se fue estructurando el sector mediante el ordenamiento de las labores, ya sea por su clasificación en ramas de actividad como por los arreglos institucionales que las contienen en unidades de trabajo, en cooperativas, en emprendimientos asociativos o en espacios sociales como las ferias. Del mismo modo y en paralelo, se debe observar el reflejo de esta estructuración en construcciones organizacionales para la representación y la defensa de sus derechos, ya sea en organizaciones de segundo o tercer grado. Tampoco hay que confundir los terrenos de disputa, las organizaciones de la economía popular son entidades anfibias que luchan tanto en la arena gremial como política, pero el análisis debe establecer una diferenciación para no empantanar la comprensión. Una manera de evitar este obstáculo epistemológico es diferenciar el análisis de la UTEP y las organizaciones fundantes no para tomarlas aisladamente, sino para observar la analogía y la diferencia de sus movimientos tácticos y estratégicos en su trayectoria histórica.

El método de contrastación entre tradición e innovación es un camino posible, pero una pregunta por la estrategia conduce a indagar sobre la actualidad de la forma sindical en dos sentidos. Por un lado, bajo qué condiciones históricas la forma sindical se torna una necesidad y adquiere viabilidad para los trabajadores y trabajadoras y, por otro lado, qué describe esto de las coordenadas del tiempo presente. Este proceso no refleja tanto un sindicalismo de movimiento social que se despliega desde los poderosos sindicatos clásicos hacia los movimientos sociales, como fue el caso de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en la década del 90 e inicios del 2000 (Ferrero y Gurrera, 2007). La historia de la CTEP-UTEP parecería describir un camino inverso, desde los movimientos sociales hacia la forma sindical, sin que uno ni otro se disuelva en una síntesis definitiva convirtiendo a las formaciones de la economía popular en organizaciones anfibias.

El proceso histórico de estructuración y organización de estos actores sociales abre una pregunta respecto a la relación entre las economías populares y la temporalidad de la crisis (Gago, 2014). Hacia el 2001, una multiplicidad de movimientos sociales, organizaciones barriales y piqueteras irrumpieron en el escenario político y social, mientras que, tras la crisis internacional de 2008 y sus réplicas locales, estos actores reescribieron los diagnósticos sobre el presente y el futuro de la clase trabajadora en el capitalismo contemporáneo que conducirían a la creación de la CTEP. La crisis inducida por la pandemia deja abierta la incógnita en torno a qué escenarios de organización de las clases populares trabajadoras será posible aventurar después de este estado de excepción.

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Notas