I. Introducción

Para diferentes autores, el denominado “proceso de globalización¹,” no ha logrado satisfacer las necesidades sociales y económicas de su población (Martine, 2000, pp. 1-4), como tampoco lo hizo el Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado en 1993. En el caso mexicano, autores como González (1999) y Canales (2000, 2002), consideran que, en épocas recientes, el desempleo, la inestabilidad salarial y las constantes crisis económicas y políticas son las principales causas de la migración hacia países europeos, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. De esta manera, la entrada de México a la globalización, se caracterizó por su ingreso al GATT² en 1994 (General Agreement on Tariffs and Trades) y, por tres grandes crisis económicas: la primera se presentó en 1982, la segunda en 1994 y la tercera en 2008.

En lo que respecta al ingreso al GATT, México estableció una reforma comercial que implicó la reducción arancelaria y la eliminación de cuotas y precios de protección que favorecían al productor nacional; aunque el anterior Presidente Norteamericano, Donald J. Trump (2016-2020), amenazó, desde su arribo al poder, con incrementar los aranceles, bajo el supuesto de que México no ha hecho nada para controlar las “caravanas de migrantes provenientes de países centroamericanos, Haití y países de África”, practicamente, también, canceló las opciones de asilo político, bajo la política “Quédate en México”, luego de intentar convertir a México en el país que debe controlar la migración, algo que ya esta haciendo al apostar durante 2018, a 27 mil uniformados a lo largo de la frontera norte y sur, de la recién creada Guardia Nacional, a fin de controlar y repatriar a sus lugares de origen a inmigrantes indocumentados que intentan cruzar, particularmente por el Estado de Chiapas.

Las crisis de 1982, 1994 y 2008, se presentaron como consecuencia de las medidas establecidas primero por el TLCAN y, luego por el GATT, debido a que, además de la puesta en marcha del modelo de economía abierta, también se inició un proceso de flexibilización laboral, en donde las condiciones de trabajo, desempleo y bajos salarios llevaron al empobrecimiento de una buena parte de la población (Stiglitz, 2006, citado en Huerta, 2006, p. 10).

Actualmente el fenómeno de las migraciones internacionales constituye un factor de preocupación entre distintos países y autores, entre otra serie de razones por la supuesta pérdida de población en edad productiva y a nivel de hogares, cambios en la estructura familiar que se han estado presentando recientemente, particularmente a partir de la migración internacional (Martine, 2000, citado en Huerta, 2006, pp. 15-18).

En 2018 con la firma del nuevo tratado entre México-USA y Canadá denominado T-MEC, se espera que se incrementen las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y con ello se genere una mayor cantidad de empleos bien remunerados y un aumento en el nivel de ingreso de la población, lo que contribuiría a la reestructuración y modernización de la base productiva de la economía mexicana. A su vez, actuaría como un factor de retención de la población contribuyendo a frenar la migración hacia los Estados Unidos. Esto en parte ha sucedido, pero más a favor de los Estados Unidos, sobre todo a raíz de las constantes amenazas del anterior presidente Trump (2016-2020) de cerrar la frontera norte, continuar con la construcción del muro fronterizo, imponer aranceles a productos mexicanos y, el incremento de efectivos de “The United States Imigration and Customs Enforcement (ICE)”, que incluye a la patrulla fronteriza y otros cuerpos tales como: “The Department of Homeland Security”, situación compleja que se ha extendido a diversos países centroamericanos a través de diversas políticas restrictivas que se han visto incrementadas, debido a que Trump prometió a los estadounidenses frenar la migración hacia los Estados Unidos, calificando a los migrantes como “violadores, bandidos y personas no gratas”.

Contrario a lo que se esperaba con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con la entrada libre de la inversión extranjera directa en México se generaron nuevos empleos estables, aunque con bajos salarios y una desregulación laboral que acarrearía una creciente precariedad del empleo (Canales, 2000). Otro factor que contribuyó al incremento de la migración mexicana en las últimas dos décadas del Siglo XXI, es que la economía de los Estados Unidos entró en un claro estancamiento que se expresó en una creciente pérdida de competitividad en el comercio mundial. Ante esta situación, diversas estrategias se pusieron en práctica para recuperar el nivel de competencia de las empresas estadounidenses. Entre éstas, la innovación tecnológica orientada a mejorar los niveles de productividad del trabajo, también se presentó la flexibilidad y desregulación del mercado laboral, ofreciendo trabajo a la población migrante. Además, la mano de obra migrante mexicana, históricamente se ha preferido por los bajos salarios que están dispuestos a aceptar, por lo que el propio vecino país del norte, ha contribuido con el incremento del flujo migratorio (Canales, 2000) y (Stiglitz, 2006, como se citó en Huerta, 2006, pp.16-20).

El objetivo general del presente trabajo es analizar, bajo el contexto de la globalización, el proceso de migración de México a Estados Unidos y la implementación de políticas migratorias norteamericanas. En términos generales, se trata de presentar y comentar algunas de las diversas “políticas sobre migración” que, los Estados Unidos, han venido implementado desde los años 1970’s y que, a partir de la firma del TLC en 1993, entre otras cosas, dejó al descubierto la trascendencia de lo comercial al contexto de política migratoria.

II. Metodología

El artículo se desarrolla a partir de una minuciosa revisión bibliográfica de documentos, y artículos científicos publicados por autores de reconocida trayectoria, esto permitió desarrollar una discusión analítica de las diversas medidas adoptadas por México y Estados Unidos como parte de las estrategias implementadas para frenar la migración especialmente de mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos. La información se complementó con datos estadísticos del Pew Hispanic Center (2020), portal que registra las tendencias de la migración de manera permanente. A lo largo de la discusión se muestra evidencia empírica del proceso de migración entre México y Estados Unidos, identificando la implementación de políticas migratorias en diferentes períodos.

III. Discusión de resultados

3.1. Algunos cambios del nuevo modelo económico

El cambio de modelo económico provocó modificaciones en las condiciones de vida y trabajo en México, en este contexto, la migración a Estados Unidos, puede ser percibida como una estrategia que en las últimas dos décadas del Siglo XX se ha generalizado a otras zonas del país y a otros sectores de población de países centroamericanos, sectores que antaño se mantenían al margen del proceso migratorio.

Con la incorporación definitiva al fenómeno de la migración internacional de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, el Distrito Federal e Hidalgo en 1980, y desde los años 1990, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, se confirma la existencia de una nueva región expulsora de mano de obra a Estados Unidos, denominada por Canales (2002): “migración emergente”. Así, durante la década de los 1990s algunos de los supuestos eran que: en términos generales, la gran mayoría de los migrantes en forma creciente se habían estado trasladando hacia diferentes destinos urbanos en los EE.UU. y ellos mismos eran (o son), en porcentaje considerables, de origen urbano. También que los migrantes (incluidas las mujeres) tienden a permanecer de manera más estable y permanente en ese país, particularmente a partir de la implementación de la Ley Simpson-Rodino³ de 1986, que permitió a muchos migrantes legalizar su estancia en los EE.UU. y facilitó que esposas e hijos se hayan podido reunificar (Roberts y Bean, 1999, p. 34; Vega y López, 2016).

Otro argumento esgrimido se relaciona con el incremento de los costos y las dificultades de los migrantes indocumentados para reingresar fácilmente a los Estados Unidos. Evidentemente, esto tiene que ver con las políticas restrictivas norteamericanas, simbolizadas por operativos como “Operación Guardián” (1994), implementado en la frontera California y Baja California Norte. Autores como Alonso (2001) y Cornelius (2001), han mostrado que para controlar las entradas ilegales por la frontera, Estados Unidos creó “Gatekeeper”, que entre otras cosas incremento las muertes entre los migrantes que fallecen en su intento de lograr el sueño americano⁴. Lamentablemente ninguno de los autores diferencia las estadísticas por sexo o edad, por tanto, no es posible distinguir cuantas de estas muertes corresponden a mujeres y/o niños que han fallecido en su intento por realizar “el sueño americano”.

Reich (1991), Secretario del Trabajo del presidente Clinton escribió algo que hoy en día a nadie sorprende: “cuando uno observa un auto, probablemente no se imagina (y quizás ni le preocupa) que las llantas fueron hechas en China, el arnés (cableado del auto) en algún lugar de la frontera mexicana, etc.”. También afirmó que a partir de ese momento las fronteras prácticamente habían desaparecido y que las preocupaciones de los nacionalismos probablemente iban a empezar a perder importancia. Este, entre otros, fueron algunas de las primeras expresiones de la globalización.

Años después los antropólogos introdujeron su preocupación y llamaron la atención sobre la importancia de la relación entre lo global y lo local, a lo que algunos autores le llamaron “glocalización”. En la discusión sobre el papel de las denominadas “ciudades globales”, autores como Waldinger (2001) comenta que el análisis social del proceso migratorio desarrolló conceptos para estudiar fenómenos como el matrimonio entre personas de diferentes grupos étnicos, pero no dio cuenta de la estructura ocupacional según etnicidad. Para este autor fue el trabajo de (Lieberson, 1980), que al usar los conceptos de “nichos espaciales” mostró que la gran mayoría de los grupos étnicos y raciales tienden a desarrollar concentraciones en determinados empleos, reflejando con esto características culturales, habilidades laborares especiales, u oportunidades laborales al momento de inmigrar (p. 302). También, durante esta época, autores como (Wilson y Portes, 1981), estudiando el caso cubano, encontraron que una significativa proporción de nuevos migrantes empezaron a trabajar con empleadores de su mismo país, y que económicamente les iba mejor que a aquellos migrantes que trabajaban para otros empleadores, situación que derivó en la elaboración de la “hipótesis del enclave étnico” (p. 303).

Desde una perspectiva crítica, Waldinger (2001): sostiene que su conocimiento de la economía de la inmigración muestra que los migrantes no están distribuidos a lo largo de todas las ramas de la economía, sino que, por el contrario, estos migrantes “se han especializado” o los han confinado en unas pocas industrias donde los “negocios étnicos” disfrutan de las ventajas competitivas de esta alta especialización (p. 304). Para este autor los nuevos migrantes tienden a agruparse en actividades donde otros paisanos suyos se encuentran ya establecidos, y que una vez que nuevos migrantes empiezan a llegar, éstos “prefieren ubicarse” en un medio ambiente laboral en el cual, al menos, algunos rostros son conocidos, encontrando que contactos personales proveen la manera más eficiente de conseguir empleo (haciendo un eficiente uso de las redes sociales). Si bien en el pasado se hablaba de que esta concepción de los “nichos laborales” asumía que los nuevos migrantes carecían de habilidades laborales, educación formal o buen manejo del idioma. Waldinger (2001) cuestiona la validez, hoy en día, de este tipo de aseveraciones (p. 306).

Por su parte, autores como Sassen (2003), se pregunta: ¿por qué es importante recuperar la ciudad en el análisis de la economía global, particularmente en las grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Tokio, etc.? La autora responde afirmando que: “Porque nos permite observar la multiplicidad de economías y de culturas del trabajo en las que la economía de la información global está incorporada. Nos permite recuperar los procesos concretos y localizados, a través de los cuales la globalización existe, y sostener que mucho del multiculturalismo de las grandes ciudades sean tanto parte de la globalización como lo son las finanzas internacionales. Finalmente, el enfoque sobre las ciudades nos permite especificar una geografía de lugares estratégicos en la escala global. Me refiero a esto como una nueva geografía de la centralidad, y una de las preguntas que aparece entonces es sí esta nueva geografía transnacional es también el espacio para las nuevas políticas transnacionales” (pp. 81-88).

Sassen (2003) sostiene, también, que “el capital global y la nueva mano de obra inmigrante son dos instancias parciales de categorías/actores trasnacionales que han unificado propiedades a través de las fronteras, y que se encuentran en mutua competencia dentro de las ciudades globales”. Estas ciudades son sitios para la sobrevaloración del capital corporativo, y para la consecuente desvalorización de los sectores económicos en desventaja, tanto las empresas como los trabajadores. “Los principales sectores del capital corporativo son ahora globales en su organización y también en sus operaciones. Y gran parte de los trabajadores son las mujeres, los inmigrantes, las personas de color, cuyo sentido político de pertenencia y cuyas identidades no están necesariamente incorporadas a la “nación” o a la “comunidad nacional”. Ambos encuentran en la ciudad global un sitio estratégico para sus operaciones políticas y económicas (pp. 16-17). Esta nueva geografía económica trasnacional incluye desde los trabajadores fabriles en las zonas de procesamiento de exportaciones hasta los limpiadores de Wall Street.

Para Sassen (2003): “la transnacionalización de la mano de obra en las ciudades globales es aún referida solamente como inmigración”. La autora explica que la inmigración es como una serie de procesos por los cuales los elementos globales son localizados, los mercados internacionales de trabajo son constituidos y las culturas de todo el mundo son desterritorializadas y reterritorializadas las coloca justo allí, en el centro, junto a la internacionalización del capital, como un aspecto fundamental de la globalización (pp. 28-29).

Hace ya un buen tiempo que los estudios del “transnacionalismo” dieron cuenta de la complejidad de la vida cotidiana de la población envuelta en la migración, en el sentido de que los migrantes, al igual que sus familiares que se quedan en las comunidades de origen, viven un proceso que les permite “tener un pie en México y otro en los Estados Unidos”. Y aunque existe un buen número de publicaciones que dan cuenta de esta situación, aún queda mucho por escribir respecto a la heterogeneidad que caracteriza al proceso migratorio. Por ejemplo, la migración no la viven de igual manera hombres, mujeres o jóvenes. Si bien se ha avanzado mucho en el terreno de los “nichos laborales” o el mercado laboral de los migrantes (uno de los mejor conocidos es el del trabajo doméstico que desarrollan mujeres mexicanas), y se continúa dando cuenta de las diversas experiencias o transformaciones en los aspectos culturales, sociales y/o de género, hace falta profundizar en la heterogeneidad de estas dimensiones de la migración.

Respecto al tema del trasnacionalismo, autores como Portes (1981) sostienen que la globalización ha generado, a través de la migración, la creación de comunidades transnacionales. Así, Bryan et al. (2003) sostienen que: “en tanto comunidades, estos agrupamientos humanos reconocen un marco identitario a partir del cual sus actores definen una referencia social que les es común, un origen y hasta un proceder cultural que les es específico. En este sentido, no se diferencian mucho de lo que la literatura tradicional reconoce como etnias, grupos nacionales y naciones” (pp. 8-9).

Para autores como Portes, el transnacionalismo se refiere en lo básico a: “ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución. La unidad de análisis es el individuo y sus redes sociales, a partir de cuya acción es posible reconstruir entornos institucionales más amplios” (Portes, 1981, p. 283). Este autor considera que la corriente principal de la globalización reconocía esencialmente en las empresas transnacionales y los estados-naciones, junto al papel del capital financiero y las nuevas realidades económicas y socioculturales (la economía de la información, la industria cultural a distancia) en tecnologías como el Internet, el marco determinante de la globalización. El fenómeno es más complejo, la gente común no solo tiene capacidad de respuesta, sino que la realidad de la migración internacional subvierte incluso el campo político y económico que le dio impulso, dando lugar a nuevos fenómenos como el de las comunidades transnacionales que constituyen a su vez componentes significativos de la mundialización (pp. 8-9) o la constitución de Comunidades Santuario.

Una de las observaciones interesantes de Bryant, et al. (2003) es que: “mas allá de la flexibilidad de la producción contemporánea, tras la revolución informática y tecnológica, las comunidades transnacionales flexibilizan la organización del mundo social del trabajo, penetrando en los Estados que involucran las migraciones de esta población: como inmigrantes y trabajadores en el país de recepción, por un lado; como agentes generadores de remesas y otros bienes económicos y culturales y, en general, como constructores de nuevas identidades en espacios transnacionales, por otro” (p. 11). Quizás habría que aclarar que no necesariamente son sólo las comunidades transnacionales las que flexibilizan la organización del mundo social del trabajo, también los empresarios y la demanda en los países receptores juegan un importantísimo papel.

Las denominadas comunidades transnacionales no son absolutamente homogéneas, como algunos autores lo presuponen, les caracteriza la heterogeneidad y no todo mundo se beneficia del capital social que logran acumular, ni en términos étnicos, ni nacionales. Por ejemplo, en “Return to Aztlan,” Mássey et al. (1990) encontraron que el proceso de establecimiento es el resultado de la maduración de las redes sociales mediante las cuales los migrantes construyen nexos personales, sociales, y económicos con la sociedad receptora (un buen ejemplo de esto son las organizaciones de poblanos en Nueva York o la de los Oaxaqueños en California, EE.UU.). Las redes sociales no solo dan acceso al empleo sino también llevan a la formación de concentraciones de migrantes originarios de una misma localidad rural en ciertas áreas en los Estados Unidos. En este estudio, la evidencia etnográfica y el análisis estadístico muestran que el tiempo pasado en los Estados Unidos es la variable más importante que explica el proceso de asentamiento.

Una integración diferente se da también por la existencia transnacional de muchos migrantes mexicanos que parecen vivir simultáneamente en México y los Estados Unidos. Smith y Guarnizo (1998) proponen que las prácticas transnacionales de los migrantes se han expandido en un contexto en el que se ha dado la globalización del capitalismo acompañado por la revolución tecnológica en el transporte y la comunicación junto con la expansión de las redes sociales migratorias que facilitan el desarrollo de la migración laboral, la organización económica y la militancia política más allá de las fronteras nacionales (pp. 46-49). Goldring (1996) postula que las comunidades transnacionales mexicanas se construyen y se mantienen a través de matrimonios endógamos, intercambios de capital social e inversiones individuales y colectivas de los migrantes (pp. 69-104).

Una de las cuestiones más fascinantes del trabajo de Harris (1985) es la vinculación que este autor establece entre el empleo femenino, la liberación de las mujeres y, sobre todo, la actitud que históricamente asumieron los hombres ante la participación laboral de las mujeres. Obviamente nosotros estaríamos pensando en mujeres migrantes que trabajan o han trabajado en los Estados Unidos. Harris (1985) argumenta “que fueron justamente los varones los que más se oponían al trabajo femenino aduciendo que ello representaría el fin de la institución de la familia, este autor también señala que parte de la reacción de los varones tenía que ver con el hecho de que la participación laboral femenina atentaba justamente contra los privilegios de los varones respecto al trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, y el poder que los hombres ejercían sobre las mujeres a partir de ser básicamente éstos los que fungían como principales proveedores económicos (pp. 22-34). En este sentido, Becker (1991) planteó en el desarrollo de su concepción sobre los “mercados matrimoniales”, que los matrimonios poco tienen que ver con asuntos de romanticismo y que se trata más bien de intercambios (de bienes o de “capital humano” en la terminología de Becker) en los que los novios tratan de maximizar sus ganancias (p. 54). La explicación de Becker incluye cuestiones como el número de hijos y el empleo femenino. De hecho, explica que las parejas determinan el número de hijos que desean tener basados en cálculos de costo/beneficio, y postula que el número de los hijos está supeditado al tipo de empleo, remuneración y tiempo disponible para atender a los vástagos. Es, inclusive, en esta cuestión de la disponibilidad de tiempo que Becker da como razón central respecto al número de hijos que las parejas deciden tener y no en la disponibilidad de medidas de planificación familiar como algunos académicos suelen pensar. De aquí deriva su idea de que el tipo de empleos al que se integran las mujeres tiene mucho que ver con el tiempo disponible para atender a los hijos y con cálculos de costos de educación y tiempo libre. Becker establece que son justamente los altos costos de educación de los hijos, incluidos manutención y escolaridad formal, los que definen y/o limitan la participación laboral de las mujeres.

Por su parte, Giddens (2000): “señala que mientras gran parte del comercio continúa regionalizado, sí hay una “economía plenamente global” a nivel de mercados financieros. No obstante, la idea de globalización no se comprende si se aplica únicamente a conexiones que son literalmente mundiales y si se considera únicamente en su dimensión económica (p. 191). Para este autor, la globalización no es sólo, ni implica interdependencia económica, sino la transformación del tiempo y del espacio en nuestras vidas. Acontecimientos lejanos, económicos o no, nos afectan más directamente que nunca antes. A la inversa, las decisiones que tomamos como individuos tienen, con frecuencia, implicaciones globales. Los hábitos dietéticos de los individuos tienen, por ejemplo, consecuencias para los productores alimenticios, que pueden vivir al otro lado del mundo (p. 43).

Sobre el tema de la migración Giddens (2000) comenta que, por ejemplo, la inmigración en los Estados Unidos ha sido desde sus comienzos una sociedad inmigrante. A pesar de ello, la inmigración ha sido durante mucho tiempo suelo fértil para el racismo, a pesar del hecho de que estudios de todo el mundo demuestran que la inmigración es normalmente ventajosa para el país anfitrión. Habitualmente, los inmigrantes quieren trabajar y son con frecuencia más aplicados que la población autóctona porque quieren prosperar, y al hacerlo se convierten en consumidores, creando empleos en lugar de usurparlos. Las propias diferencias culturales que pueden causar resentimiento u odio tienden a producir un efecto vigorizador sobre la sociedad en su conjunto.

Para Giddens (2000): cosmopolitismo y multiculturalismo se fusionan en el tema de la inmigración. Una perspectiva cosmopolita es condición necesaria para una sociedad multicultural en un orden globalizador. El nacionalismo cosmopolita es la única forma de identidad nacional compatible con ese orden (pp. 160-161). Este autor acota que para promover una identidad cosmopolita han de cambiarse las leyes de nacionalidad y realizarse un gran giro cultural. Una nación cosmopolita necesita valores con los que todos estén comprometidos, y una identidad con la que los ciudadanos se sientan cómodos, pero también ha de aceptar la ambigüedad y la diversidad cultural (pp. 161-162).

3.2. Políticas migratorias norteamericanas

Vega e Illescas (2009) escribieron: “A principios del 2008, aún bajo la administración del presidente George Bush, la Patrulla Fronteriza implementó una serie de “redadas”, particularmente en los lugares de trabajo de los migrantes con la finalidad de repatriar, encarcelar o deportar a aquellos trabajadores que no cuenten con documentos que les permita trabajar en los Estados Unidos, que por cierto es la misma política que “convinieron entre 2017 y 2018, tanto el Presidente Trump y López Obrador, aunque parezca ironía”. Así, pues, “Ante la carencia de una reforma migratoria o un programa “huésped” de trabajadores mexicanos (conocido como Programa Bracero durante 1942-1964), es muy probable que el decremento en las deportaciones de emigrantes no autorizados en Estados Unidos sólo se dará si, tanto los migrantes como los traficantes de personas descubran maneras de evadir los nuevos obstáculos y, una vez logrado esto, es posible que la probabilidad de aprehensión descienda de alguna manera” (Cornelius, 2005, como se citó en Vega e Illescas, 2009 p. 122). Aunque esto no se ve nada fácil, particularmente por las cada vez más severas políticas restrictivas de los Estados Unidos, hoy ejemplificado por la pandemia COVID-19, estas políticas restrictivas fueron aún más evidentes ante el “acuerdo entre Trump y López Obrador para controlar la migración de migrantes de otros países, principalmente centroamericanos.

En un reporte reciente del Pew Hispanic Center⁵ se estima que en marzo de 2008 había 11 millones 900 mil indocumentados en Estados Unidos, de los cuales siete millones eran de México (59%). Sin embargo, el reporte expone que la población indocumentada creció más lentamente entre 2005 y 2008 que al principio de la década. Se estima que el flujo de inmigrantes indocumentados llegaba en promedio a 800 mil por año entre 2000 y 2004, pero que este promedio bajó a 500 mil entre 2005 y 2008 con “tendencia decreciente”. Y agrega que ni la Ley Simpson Rodino de 1986, ni la proposición 187 de 1994, de las que se especulaba generarían retornos masivos de mexicanos a sus lugares de origen, jamás tuvieron este efecto. Todo lo contrario, la Ley Simpson-Rodino de 1986, no sólo permitió la reunificación familiar, facilitó que miles de indocumentados regularizaran su estancia en los Estados Unidos y se trasladaran hacia otros centros de trabajo que incluía a las grandes ciudades de Estados Unidos.

Por otra parte, esta pandemia obligará a diversos sectores de migrantes a retornar a México e incluso, habrá migrantes que envíen más remesas a sus lugares de origen (como se evidenció en el caso mexicano desde 2018), tanto para ayudar a sus familiares como para formar un fondo de resistencia mientras se aminoran los diversos efectos (tanto de salud como de empleo). Por otro lado, este proceso de riesgos y devoluciones de migrantes mexicanos está conectado, de algún modo, tanto con la situación económica de los Estados Unidos como con el patrón migratorio mexicano, mismo que ha presentado algunos cambios, Cornelius (1992), considera que existe una diversidad de opiniones. Este autor, observó que los cambios en el perfil de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos correspondían básicamente a cuatro factores: En primer lugar, a la composición de la demanda de trabajadores migrantes en el país de destino; en segundo, a la crisis económica de México durante la década de 1980; en tercero, a la política de inmigración de los Estados Unidos (Immigration Reform Control Act, IRCA) en 1986, con lo que aumentó la migración de mujeres y niños; y por último la gestación de las redes migratorias trasnacionales. (Hoy en día -2018 y 2021- se puede agregar la situación de inseguridad que se vive en todo México). Como consecuencia de estos cuatro factores, se alteró la composición demográfica de los flujos de migración y permitió la incorporación de Estados no tradicionales.

Fernández, et al. (2006): “considera que, actualmente el patrón migratorio mexicano y, ahora centroamericano, presenta las siguientes características: 1) Un notable incremento en la intensidad y magnitud del fenómeno migratorio, 2) El desgaste de los mecanismos de circularidad migratoria, 3) La migración es ahora predominantemente no autorizada o indocumentada, 4) El movimiento migratorio no autorizado es cada vez más riesgoso y más costoso, 5) El fenómeno migratorio ya no se origina únicamente en la región centro-occidente de México, sino que se ha extendido- en mayor o menor medida por todo el territorio nacional, 6) La migración mexicana (y la centroamericana) también es cada vez más visible en todo el territorio estadounidense, 7) Los migrantes mexicanos registran una creciente diversificación sectorial y ocupacional en los lugares de origen y destino, 8) El flujo migratorio hacia Estados Unidos de migrantes procedentes de las áreas urbanas de México es cada vez más notorio (p. 14).

Verduzco (2006), por su parte, “sostiene que es evidente que las interacciones entre México y los Estados Unidos han sido muy intensas en distintos niveles y dimensiones, pero las exportaciones de mano de obra desde México no deben de ser vistas de manera aislada y sin tomar en cuenta los demás intercambios. Por otra parte, si consideramos que hoy en día casi 20% del total de la mano de obra mexicana trabaja en Estados Unidos, podemos plantearnos que se está dando una especie de integración entre estos dos países. Todo esto ha ocurrido a pesar de las tensiones que existen entre los gobiernos de ambos países y a pesar de los intentos por ejercer el control de la frontera (p. 72). Verduzco explica, también, que la firma, durante 1994, del TLC fue una de las estrategias económicas de la que se valió los Estados Unidos para apuntalar su papel en el continente, y que parte de esa estrategia consideraba que la migración mexicana a los Estados Unidos sería frenada una vez que se hubiera invertido suficientemente en México para promover un mayor desarrollo. También se creía que otros flujos migratorios hacia Estados Unidos, sobre todo de Centroamérica, disminuirían en intensidad cuando la situación económica en México empezara a mejorar, pues este país podría convertirse en un importante polo de atracción para las migraciones de Centroamérica (p. 68). Sin embargo, tanto los analistas, como las diversas caravanas de países centroamericanos, haitianos y africanos, contradicen estas tendencias. De hecho, la reciente presencia de la Guardia Nacional, formada bajo la Presidencia de Manuel López Obrador (2018--), ha mostrado que ante la amenaza de Estados Unidos de poner más aranceles a diversos productos a México y otros países y, el rechazo o retorno de migrantes centroamericanos, muestra de manera clara que México tuvo que aceptar de los Estados Unidos: controlar y rechazar población indocumentada que ha intentado cruzar por el sureste mexicano y otros estados.

Cornelius (2007) menciona que “las consecuencias de la estrategia estadounidense de reforzamiento de la frontera se pueden resumir de la siguiente manera: Los grupos ilegales se han distribuido a lo largo de la frontera suroeste; el costo económico del ingreso ilegal se ha incrementado en más de cuatro veces (aumentando también el uso de los polleros y los precios de éstos); los migrantes indocumentados están permaneciendo más tiempo en Estados Unidos y México, (en su intento por conseguir una Visa Humanitaria o por razones de persecución política) una mayor proporción se está asentando permanentemente; las muertes de migrantes han aumentado significativamente y existen un incremento alarmante en la actividad antiinmigrante del tipo vigilante “minuteman”⁶, etc. Cornelius, 2007, p. 251).

Pese a las medidas implementadas, Cornelius (2007) considera que hay supuestos que no se han materializado, entre ellos: desalentar la migración ilegal en los lugares de origen en México; desalentar a los migrantes potenciales en la frontera después de haber sido aprehendidos en múltiples ocasiones por la Patrulla Fronteriza para hacerlos retornar a sus lugares de origen, que sus posibilidades de obtener empleo en Estados Unidos se hayan visto disminuidas y que el número de inmigrantes indocumentados que residen en el país vaya a la baja”. Indica, también, que diferentes encuestas aplicadas en los Estados Unidos muestran que la política estadounidense de control migratorio refleja tanto la baja importancia del tema como la ambivalencia de las actitudes del público, en general, hacia los recién inmigrados, particularmente aquellos que perciben como “trabajadores necesarios”. “La estrategia estadounidense se enfoca sólo sobre el aspecto de la oferta, el flujo de los migrantes ilegales, y no intenta de manera absoluta reducir la demanda de los empleadores de mano de obra migrante” (pp. 254 y 266). De manera bastante crítica, Cornelius concluye, afirmando que:

1) La política de control de la inmigración ilegal no está funcionando. En primer lugar, está la consideración política de que un esfuerzo de mano dura, de cierre de fronteras sigue siendo útil para convencer al público en general de que los políticos no han perdido el control sobre la inmigración. Se pueden ganar votos si se defienden estas medidas, sin importar la evidencia.

2) En la era posterior al 11 de septiembre, el control de la inmigración y las acciones contra el terrorismo tienden a fusionarse, y las muestras permanentes de fuerza en la frontera simbolizan la determinación de la nación de luchar contra el terrorismo incluso si no se logra nada para incrementar la seguridad.

3) La economía de Estados Unidos en el Siglo XXI muestra tener un insaciable apetito por la fuerza laboral inmigrante -mucha de ella no capacitada- que no se satisface con las leyes y políticas existentes. Consecuentemente, el número de interesados en que exista una política migratoria expansionista de facto es muy grande y sigue aumentando. Esto se refleja en la ambivalencia de la opinión pública estadounidense sobre el tema migratorio. El estadounidense promedio puede oponerse a la migración a gran escala porque contribuye a la diversidad cultural o las cargas fiscales, pero reconoce las realidades del mercado de trabajo y la función económica de la inmigración” (pp. 274-275).

Por su parte, Corona (1998), al caracterizar, la migración laboral de México a Estados Unidos, concluye: “que el patrón migratorio se ha modificado, ya que, aunque la migración sigue siendo eminentemente masculina, hay una mayor participación femenina en el flujo migratorio, los desplazamientos se realizan en edades productivas, presentan una mayor escolaridad, son principalmente de origen urbano y con una mayor participación de los estados del norte, centro y sur del país (p. 250). El autor señala, que los cambios de la migración laboral mexicana tienen su origen básicamente en el proceso de urbanización por el que ha atravesado el país, particularmente a partir de la década de los setentas. Asimismo, Durand, et al. (2001), consideran que los cambios en el patrón migratorio se han dado como consecuencia de la progresiva urbanización de la sociedad mexicana; no obstante, estos autores señalan que la urbanización no representa ningún cambio en la selectividad de la migración (pp. 21-25).

Lozano (2002), considera que, hacia la década de los ochenta, en la región tradicional⁷ predominaba la participación de migrantes de origen rural, del sexo masculino y con bajos niveles de escolaridad; mientras que en la región emergente⁸, los migrantes eran, en su mayoría, de origen urbano, con una mayor presencia de mujeres y una escolaridad promedio superior. Sin embargo, este autor asegura que actualmente, se está asistiendo a un aparente resurgimiento del predominio de migrantes de origen rural, por lo que, considera que se debe de replantear la discusión teórica sobre los cambios en el perfil de la migración mexicana hacia Estados Unidos, ya que a partir de la década de los noventa la participación de migrantes de origen urbano empezó a declinar en todo el país (p. 123).

Por otro lado, de los 400 mil a 600 mil migrantes mexicanos que se presume se trasladan año con año a buscar empleo en los Estados Unidos aún está conformado por personas que carecen de documentos para trabajar en este país. Un porcentaje considerable de estos migrantes probablemente no encontrará la forma- en el corto o mediano plazo- de obtener documentos de manera legal para ingresar al mercado laboral norteamericano. En este sentido, el recorrido a los Estados Unidos probablemente se efectuará en condiciones más o menos adversas. Obviamente, esto dependerá de sus recursos económicos, del contacto y acceso al conocimiento de las trayectorias y redes sociales que les permitan llegar, ser devueltos o morir en el intento, en una palabra: el éxito para lograr trabajar en los Estados Unidos dependerá del capital social de estos migrantes.

Fernández, et al. (2006), y Cornelius (2007), han señalado que las características del fenómeno migratorio no serán con un modelo anclado únicamente en el reforzamiento del control fronterizo como podrá administrarse o regularse adecuadamente el flujo entre ambos países. Fernández, et al. (2006), indica, que tanto Estados Unidos como México han desarrollado un doble juego en la gestión de la migración: “El gobierno estadounidense- no obstante, el discurso beligerante contra los migrantes indocumentados- ha practicado tradicionalmente ‘la política de la tolerancia’, tanto con el ingreso como con la estadía de los inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. En contrapartida, el gobierno de México ha construido un discurso a favor de los migrantes y de sus derechos, aunque en realidad hace muy poco por atenderlos, practicando una auténtica ‘política de la omisión’ (la política de, no tener política migratoria), la cual es recreada permanentemente por un marco jurídico e institucional inapropiado y anacrónico” (Fernández, et al. 2006, pp. 14-15).

Posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense cambió sus prioridades y colocó la seguridad en el centro de sus preocupaciones. Estados Unidos concentró su atención en el combate al terrorismo. La aprobación de la llamada “Patriot Act” y la creación del “Departamento de Seguridad Interna” (ICE) constituyen algunas de las expresiones concretas de los cambios estructurales que en fecha reciente iniciaron las políticas de seguridad en el vecino país. La enorme concentración de recursos en esta dependencia (humanos, presupuestarios, tecnológicos y operativos) no tiene precedente alguno: se agregaron en un solo mando a 16 agencias y a cerca de 140 mil empleados, con un presupuesto inicial de 80 mil dólares. El tema de la seguridad fue colocado en el centro de la relación con México. Para las autoridades estadounidenses, esto significaba el abandono de la ‘política de la tolerancia’ en materia migratoria” (Fernández, et al. 2006, pp. 16-17).

3.3. El control de la entrada de trabajadores indocumentados a Estados Unidos

Cercar la frontera sur de Estados Unidos ha sido un objetivo desde 1993 en las administraciones federales de aquel país. Estas acciones trascienden el terreno virtual de propuestas como la 187, promovida por el partido republicano, aunque no hicieron mella en la dinámica de la inmigración indocumentada. A partir de entonces ha sido desplegado un vasto conjunto de propuestas, acciones y actividades que, durante el período 1993-2005 estableció un incremento de agentes de la patrulla fronteriza⁹: Todos estos elementos forman parte de lo que Dunn (1996) denominó como “una guerra de baja intensidad”. A continuación, se presentan estas acciones o políticas migratorias norteamericanas en su intento por “controlar” el flujo de migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos:

- 1993: Operación bloqueo, que posteriormente se llamó “Hold the line” en El Paso Texas¹⁰.

- 1994: Operación Guardián en el corredor Tijuana-San Diego. Inicia en el corredor que va del océano Pacífico hasta Otay Mesa primera fase. En la segunda fase se habría extendido hasta Tecate y en la tercera hasta Yuma, Arizona. Incluyó el aumento de alta tecnología para vigilancia, construcción de nuevas barreras fronterizas, iluminación de los lugares de cruce e incremento de efectivos de patrullas.

- 1995-1997: Operación salvaguarda para mejorar el control de la frontera con Arizona.

- 1997: Operación Río Grande, para reforzar la frontera sur del valle del Río Grande en Texas y Nuevo México.

- 2004: Control del la Frontera de Arizona.

- 2005-06: Construcción del Muro fronterizo e incorporación de la Guardia Nacional en la vigilancia de la frontera (Cornelius, 2005 y 2007; Vega e Illescas Vela, 2009).

En el terreno jurídico, en 1996 el Congreso autorizó la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva¹¹ y la Ley para la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad Migratoria. El refuerzo de las fronteras ya no tendrá mesura, a partir de que el Senado estadounidense aprueba 595 kilómetros de muros nuevos y más de 900 barreras vehiculares que serían complementadas por la posterior aprobación de mil 126 kilómetros de fortificaciones. Aunado a este espíritu restrictivo, las reformas de 1996 limitan los derechos de los extranjeros, particularmente de quienes no tienen documentos, al tiempo que aumenta la lista de infracciones que son causales para su deportación y/o devolución. En dicha formulación legal, se sanciona con deportación inmediata a los infractores con sentencias de un año de cárcel (Cornelius, 2005, como se citó en Vega e Ilescas, 2009, p. 132).

La ley más contundente en materia de política de restricción y sanción a los inmigrantes ha sido “la Ley para la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad Migratoria” que promueve la expulsión lo más rápido posible a las personas indocumentadas. Algo que el Presidente Trump, desde principios de 2016 ha puesto en marcha con la colaboración de la Guardia Nacional. En este procedimiento, los propios funcionarios migratorios son quienes tienen en sus manos el poder de tomar decisiones sin que las personas indocumentadas tengan acceso a un proceso de deportación. Existe en tal caso, sólo el trámite administrativo por el cual la persona es trasladada a los centros de detención para reubicarlos en el menor tiempo posible en los puntos de cruce y efectuar su devolución. “Hemos acelerado el proceso legal para reducir el tiempo medio de deportación. Y hemos dejado claro a los gobiernos extranjeros que deben aceptar el regreso de sus ciudadanos que violan nuestras leyes de inmigración. Como resultado de estas acciones, hemos puesto fin a la “detención y liberación” de inmigrantes ilegales de algunos países. Y pediré al Congreso recursos y autoridad adicionales de manera que podamos poner fin a la “detención y liberación” en la frontera sur de una vez por todas. Cuando la gente sepa que serán capturados y se les enviará de regreso si entran a nuestro país de manera ilegal, será menos probable que traten de entrar furtivamente¹² (Tuirán, 2006 como se citó en Vega e Illescas, 2009, p. 132).

De esta forma, la frontera es cerrada mediante leyes y tecnología de tal suerte que se incrementa la probabilidad no sólo de ser aprendidos sino de morir en el intento de cruzar hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la instalación de bardas y equipo de alta tecnología para limitar -no erradicar necesariamente- el flujo de personas no autorizadas, no es exclusiva de Estados Unidos. Para los países receptores, las migraciones indocumentadas cumplen una función nodal en la economía: “Para Estados Unidos es fundamental la mano de obra indocumentada en el cultivo de perecederos y en los empleos urbanos con salarios bajos ya que con este tipo de trabajadores ha logrado alcanzar liderazgo en el sector probablemente con las mínimas exigencias de inversión en seguridad social para ellos, y un gran ahorro en pago de impuestos por parte de los empleadores. Por ello, es que habrá de analizar la política anti-inmigrante y las acciones para la devolución de migrantes con una óptica del doble discurso de permisividad en un contexto de fortalecimiento de las barreras físicas y legales para ingresar a trabajar a Estados Unidos. El caso de los países emisores de trabajadores, la utilidad es más clara en cuanto esta salida representa una “válvula de escape” demográfica y laboral (Verduzco, 2006 como se citó en Vega e Illescas, 2009, p. 133). Otros actores se benefician de un comercio subrepticio que surge al cobijo de la emigración indocumentada. Tal es el caso de la organización de traficantes de personas, quienes ante una acometida de restricciones cambia sus estrategias, rutas y aprenden cómo sortear los obstáculos y hacer más rentable este negocio global” (Vega e Illescas, 2009, p. 133).

Como sugiere el término de “migración indocumentada”, no hay y no puede haber cifras exactas acerca de la magnitud y características de los emigrantes. Sin embargo, la estimación de los que no tuvieron éxito en su intento de cruce a Estados Unidos, es decir, de los que pertenecen al universo de “devueltos o deportados por la patrulla fronteriza”, son más fácilmente visualizados por instrumentos de recolección de datos como la Encuesta Mexicana de Migración o EMIF. Esta encuesta, ofrece en su cuestionario para emigrantes deportados (el registro de las personas devueltas por la patrulla fronteriza), y permite conocer algunas de las principales dimensiones y características del flujo de emigrantes devueltos. Este espacio analítico es relevante por cuanto representa su contundencia jurídica y operacional en el ámbito de las “Acciones para el control de indocumentados a Estados Unidos”. En este marco jurídico, es importante que la forma de devolución sea expedita, y para ello existen dos mecanismos legales: el primero es mediante la solicitud de la expulsión voluntaria, en este caso la permanencia en centros de detención migratoria es mínima, porque no son detenidos formalmente y son devueltos en algún punto de la frontera con México. Otra forma, es solicitar revisión del caso, en esta circunstancia, los emigrantes no autorizados quedan sujetos a procedimientos que pueden durar meses en tanto su calidad es de detenidos, a expensas de las condiciones del centro donde purguen esa detención, ya que al no contar muchos de ellos con representación consular, no es posible que cuenten con asesorías, e incluso ocurre que los procesos se llevan a cabo en inglés, cuando al detenido no le es posible comprender ese idioma y queda en estado de indefensión. Algunas irregularidades son detectadas por representantes de organismos internacionales y muchas de ellas ocurren cuando los detenidos son trasladados de un centro de detención a otro sin aviso o sin razón explícita, por lo que el contacto con representantes, asesores o familiares tiene el riesgo de perderse. La posibilidad de quedar detenido sobre todo cuando se es reincidente, lleva a la persona a solicitar su expulsión voluntaria” (Castillo, 2005; citado en Vega e Illescas, 2009, p. 134).

IV. Conclusiones

A pesar de las diversas “Políticas Norteamericanas” bajo un contexto de globalización, encontramos, que Cruz (2007) expone dos aspectos de suma relevancia: 1) Las condiciones de la economía estadounidense regula en gran medida la inserción laboral de los mexicanos. En los últimos años, esta economía se ha visto frenada y ha dejado de crecer; sin embargo, la participación económica de los mexicanos inmigrantes ha crecido y es superior a la participación de la población de origen mexicano, ya que muchos de los empleos tomados por ellos son de baja calidad, 2) La inserción laboral en los mercados estadounidenses se ha vuelto más rígida y de difícil acceso, requiriendo, ante todo, un mayor nivel de educación de la mano de obra. Los inmigrantes mexicanos muestran niveles educativos muy bajos si se comparan con los de otros grupos de inmigrantes procedentes de otros países. El 58% de la fuerza de trabajo mexicana tiene sólo 12 años cursados o menos, sin alcanzar el grado de preparatoria, y sólo 5.4% cuenta con la licenciatura o postgrado. Llama la atención que, en el caso de las mujeres, ésta muestra una superioridad en su nivel educativo respecto al de la masculina, ya que un 14% de las mujeres tiene algún año de licenciatura cursado y casi el 7% tiene el nivel de licenciatura o postgrado. Por otro lado, es bastante significativo que los inmigrantes mexicanos den un ingreso promedio de 22,969 dólares al año, cantidad que representa aproximadamente la mitad del promedio nacional de ese país. No obstante, es muy superior al ingreso promedio anual en México (Cruz, 2017, pp. 325, 326 y 330).

Para los países receptores, las migraciones indocumentadas cumplen una función nodal en la economía: Para Estados Unidos es fundamental la mano de obra indocumentada en el cultivo de perecederos y en los empleos urbanos con salarios bajos ya que con este tipo de trabajadores ha logrado alcanzar liderazgo en el sector probablemente con las mínimas exigencias de inversión en seguridad social para ellos, y un gran ahorro en pago de impuestos por parte de los empleadores. Al igual tenemos que considerar al mismo tiempo analizar la política anti-inmigrante y las acciones para la devolución de migrantes con una óptica del doble discurso de permisividad en un contexto de fortalecimiento de las barreras físicas y legales para ingresar a trabajar a Estados Unidos. En el caso de los países emisores de trabajadores, la utilidad es más clara en cuanto esta salida representa una “válvula de escape” demográfica y laboral (Verduzco, 2006; Vega e Illescas, 2009). Con esto en juego otros actores se benefician de un comercio subrepticio que surge al cobijo de la emigración indocumentada. Tal es el caso de la organización de traficantes de personas, quienes ante una acometida de restricciones cambia sus estrategias, rutas y aprenden cómo sortear los obstáculos y hacer más rentable este negocio global (Vega e Illescas, 2009, p. 125).

Giddens (2000): “señala que mientras gran parte del comercio continúa regionalizado, sí hay una “economía plenamente global” a nivel de mercados financieros. No obstante, la idea de globalización no se comprende si se aplica únicamente a conexiones que son literalmente mundiales y si se considera únicamente en su dimensión económica (p. 191). Sobre el tema de la migración comenta que la inmigración en los Estados Unidos ha sido desde sus comienzos una sociedad inmigrante. La inmigración ha sido durante mucho tiempo suelo fértil para el racismo, a pesar del hecho de que estudios de todo el mundo demuestran que la inmigración es normalmente ventajosa para el país anfitrión. Habitualmente, los inmigrantes quieren trabajar y son con frecuencia más aplicados que la población autóctona porque quieren prosperar, y al hacerlo se convierten en consumidores, creando empleos en lugar de usurparlos. Las propias diferencias culturales que pueden causar resentimiento u odio tienden a producir un efecto vigorizador sobre la sociedad en su conjunto. Para Giddens (2000): cosmopolitismo y multiculturalismo se fusionan en el tema de la inmigración. Una perspectiva cosmopolita es condición necesaria para una sociedad multicultural en un orden globalizador. El nacionalismo cosmopolita es la única forma de identidad nacional compatible con ese orden (pp. 160-161). Este autor acota que para promover una identidad cosmopolita han de cambiar las leyes de nacionalidad y realizarse un gran giro cultural. Una nación cosmopolita necesita valores con los que todos estén comprometidos, y una identidad con la que los ciudadanos se sientan cómodos, pero también ha de aceptar la ambigüedad y la diversidad cultural (pp. 161-162).

A pesar de la mayor participación de mujeres en el flujo migratorio, situación que en parte cambió y se incrementó a partir de la firma de la denominada Ley Simpson-Rodino durante 1986, particularmente a través de la implementación del programa de reunificación familiar, que facilitó el traslado de inmigrantes a otras regiones de los EE.UU., particularmente en áreas urbanas. Aunque después, con la explosión de las Torres Gemelas en Nueva York en 2001, nuevamente las cosas cambiaron: se implementó la Ley Patriota y la expulsión rápida y expedita de población indocumentada de cualquier país; obviamente todo esto bajo un contexto de globalización que, evidentemente favoreció a Estados Unidos, misma política que fue dirigida a todo indocumentado de cualquier país, incluidas mujeres, algunas de éstas, paralelamente, sufrieron la separación de algunos de sus hijos y, otras fueron forzadas a sufrir esterilizaciones, aunque se trató de mujeres indocumentadas.

Vega e Illescas (2009) mostraron que ante la carencia de una reforma migratoria o un programa “huésped” de trabajadores mexicanos, es muy probable que el decremento en las devoluciones o repatriaciones de migrantes no autorizados en Estados Unidos sólo se dará si, tanto, los migrantes como los traficantes de personas descubran maneras de evadir los nuevos obstáculos y, una vez logrado esto, es posible que la probabilidad de aprehensión descienda de alguna manera (Cornelius, 2005 como se citó en Vega e Illescas, 2009). Aunque esto no se ve nada fácil, particularmente por las cada vez más severas políticas restrictivas de los Estados Unidos (como fue mostrado recientemente en el caso del Estado de Arizona, Estado que aprobó verificar la autenticidad de los documentos de los inmigrantes, multar a los patrones que no cumplan esta verificación y “repatriar” o encarcelar a aquellos migrantes que no tengan en regla sus documentos). Esta situación tenderá a agudizarse mientras no sean resueltos algunos de los problemas domésticos de los Estados Unidos, como la falta de personal calificado, al igual que el desempleo y la “estabilización”, tanto de la bolsa de valores como industrias tipo de la construcción, y, por tanto, los deseos de una reforma migratoria, planteada por el actual Presidente Joseph R. Biden Jr., dependerá de la aceptación de una buena mayoría de representantes de ambas Cámaras (Senadores y Representantes). La elaboración de un proyecto de contratación “temporal” de mano de obra mexicana, no será por el momento una prioridad para el nuevo presidente norteamericano: hasta no lograr controlar la pandemia del COVID-19 y la recuperación de la economía norteamericana. Sin embargo, tampoco podemos cerrar los ojos ante esta situación de crisis económica y la reciente pandemia del “Coronavirus” que ha estado golpeando más duro a México y países centroamericanos, dado que en muchos de éstos ni siquiera se cuenta con vacunas.

A pesar de esto, las nuevas promesas del actual presidente de los EE.UU.: Joseph R. Biden Jr. acerca de revertir las políticas anti migratorias del anterior presidente Donald J. Trump, necesitan aún un buen tiempo para ser llevadas a la práctica, ya que implican el asilo a los indocumentados, reformular la política de “quédate en México” mientras se revisan las situaciones de la potencial aceptación de los indocumentados y, un potencial acuerdo con México y otros países sobre la legalización de la población indocumentada de ese país, así que más que conclusiones, lo que se necesita es esperar cómo avanzan estas propuestas del presidente Joseph R. Biden Jr., a fin de cambiar las condiciones de vida de la población migrante indocumentada. Por último, pensamos que no va ha empezar a avanzar los cambios que propone el actual presidente Joseph R. Biden Jr. hasta que el tema del coronavirus concluya y ambas cámaras en el senado de EE.UU. aprueben sus propuestas.

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Notas

Enlace alternativo

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